Un órgano que controla a Frontex alerta de los riesgos para los derechos humanos de su alianza con Libia para frenar la inmigración
Las críticas suenan cada vez más cerca del seno de la Unión Europea. El Foro Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales, un órgano independiente encargado del monitoreo de sus operaciones, ha solicitado a la Agencia de Fronteras la realización de una “evaluación de riesgos” antes de ejecutar “cualquier alianza” con terceros países, en particular, la impulsada con Libia para frenar los flujos migratorios hacia Europa.
Es una de las recomendaciones incluidas en el informe anual del Foro Consultivo, creado por la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex) en 2012 con el objetivo de “asesorar de forma imparcial” al director ejecutivo de Frontex y a su órgano de gestión sobre asuntos relativos a los derechos fundamentales durante sus operaciones de control migratorio.
De momento, Frontex ha desatendido la petición del órgano, según detalla Amnistía Internacional, una de las organizaciones de la sociedad civil que ocupa uno de los asientos del Foro. “Este análisis de riesgo no se ha concretado. Sí existe una ficha de proyectos sobre la cooperación con Libia en la que aparecen mencionados algunos riesgos, pero han ignorado la situación de derechos humanos en el país expresamente”, explica María Serrano, portavoz de la organización.
Sin embargo, recuerda, esta responsabilidad no es exclusiva de la Agencia de Fronteras, dado que son los Estados miembros quienes han formalizado los acuerdos con terceros países y han impulsado la cooperación fronteriza entre Frontex y Libia. Entre las actuaciones amparadas por las instituciones comunitarias se encuentra la formación de guardacostas libios para reforzar las devoluciones de migrantes, a pesar de los abusos documentados en la zona.
“El respeto de los derechos fundamentales de los migrantes y los refugiados es uno de los principios fundamentales en los que debe basarse la cooperación entre los países de tránsito, de origen y de destino”, destaca el Foro en su informe anual. El grupo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales también ha recordado a Frontex que sus códigos de conducta “son aplicables a todos los participantes en las operaciones de Frontex, incluidos los observadores de terceros países”.
Los miembros del Foro dirigen la mirada a Hungría para mostrar otra de sus principales preocupaciones. Desde noviembre de 2016, el equipo de consulta sobre derechos humanos ha aconsejado al director ejecutivo de Frontex “suspender las acciones operativas en la región húngara” debido a las denuncias de devoluciones sumarias de inmigrantes y refugiados a Serbia.
El grupo de organizaciones exigía que el “apoyo a la frontera serbio-húngara sería posible siempre y cuando Frontex estuviese convencida de que los migrantes fuesen debidamente registrados por las autoridades y hayan tenido acceso a un procedimiento de asilo estudiado de forma individual”. Hasta que estas circunstancias no fuesen garantizadas, señaló el Foro, los oficiales de la Agencia de Fronteras Europea no deberían apoyar a las autoridades húngaras.
Riesgos de implicación de Frontex en “graves” abusos
El director ejecutivo de agencia europea rechazó la indicación de su órgano consultivo. A su juicio, “mantener la presencia de oficiales de Frontex puede minimizar los riesgos potenciales relacionados con el uso de la fuerza, así como documentar circunstancias en el terreno”, recoge el informe anual.
Dos años después, el Foro sobre derechos fundamentales concluye que la situación en Hungría “se ha deteriorado aún más”. Entre las medidas anti-inmigración adoptadas por Viktor Orbán se encuentra la nueva legislación que permite la detención en centros cerrados de todos los solicitantes de asilo hasta que se resuelva su petición de protección internacional.
La situación de los refugiados en Hungría empujó a la comisión consultiva a solicitar a Frontex información específica acerca de las actividades de sus oficiales en la región, incluidos los incidentes graves y los informes individuales de quejas. La Agencia contestó a la solicitud pero, según el Foro, la documentación “no estaba completa”.
“Los acontecimientos y la nueva legislación en Hungría han incrementado aún más los riesgos de que Frontex esté implicada en graves violaciones de los derechos fundamentales”, ha concluido el informe. “Esta es una de las recomendaciones más fuertes del Foro: solicitamos la suspensión de las actividades de Frontex en Hungría”, comenta la portavoz de Amnistía Internacional.
Exigen una estrategia para proteger a la infancia
La protección a los menores migrantes acapara otra buena parte de sus advertencias.
El Foro solicita a la Agencia “garantizar un examen sistemático de las cuestiones relativas a la protección de la infancia en las actividades ya existentes y en el diseño de nuevas actividades”. El equipo de expertos teme que la ampliación del mandato de Frontex no vaya acompañado de instrumentos claros para garantizar el trato que sus oficiales deben dar a los niños y niñas migrantes.
Save the Children, otra de las ONG integrantes del Foro, ha reiterado sus demandas sobre la “desprotección” con la que chocan muchos menores migrantes en las fronteras europeas. Estas derivan de la “ineficacia” de los sistemas de identificación de los menores, así como de sus situaciones de riesgo, como la posibilidad de ser víctimas de trata.
“Uno de los principales aspectos es una agencia muy enfocada hacia la protección de las fronteras, en vez hacia las personas. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil abogamos por un enfoque amplio: una agencia que tiene como objetivo la seguridad de fronteras debe ir acompañada de mecanismos de protección de personas vulnerables en operaciones de retorno o vigilancia costera”, indica Jennifer Zuppiroli, técnica de migraciones de la ONG.
Atendiendo a las demandas de las organizaciones especializadas en infancia, el Foro alerta de los posibles efectos ligados a la falta de acción por parte de Frontex: “Si no lo hace, podría dejar un vacío peligroso, con el riesgo de violaciones graves de las obligaciones en materia de protección de la infancia por parte del Organismo y de sus asociados”.
