Podemos observar tres picos en la evolución del saldo neto: uno se produce poco después de las elecciones del año 2000 y los otros dos son coincidentes con las elecciones de 2004 y 2008

Una posible explicación a la desigual “capacidad recaudatoria” a lo largo del tiempo podría residir en la competitividad de las elecciones

La coincidencia entre el saldo de sus presuntas cuentas y el nivel de competición electoral es un dato relevante que no debería pasar inadvertido

Las revelaciones de El País y El Mundo sobre la presunta financiación irregular y sobresueldos opacos del Partido Popular han dejado a la sociedad boquiabierta. El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, niegan la veracidad de parte de estas informaciones. Es de esperar que la duda que ahora se cierne sobre el Partido Popular se esclarezca próximamente. Mientras tanto, podemos detenernos a evaluar la evolución temporal de la presunta financiación irregular del Partido Popular. Para ello, podemos sistematizar las cuentas publicadas el día 3 de febrero por el diario El País en su pagina web, conocidas popularmente como “los papeles de Bárcenas”.

La serie histórica de donaciones y pagos comienza en 1990 y se prolonga hasta 2008. No figuran tres de esos años: 1994-1996. La unidad contable anterior a 1997 tampoco se especifica. Por todo ello, los datos son comparables sólo a partir de 1997. En particular, la unidad contable varía a lo largo del periodo comprendido entre 1997 y 2008. Comienza siendo en pesetas y sólo a partir del año 2002 pasa a realizarse en euros. Para poder comparar la serie histórica debemos transformar todas las unidades a euros y, a continuación, ajustar los datos por la inflación (IPC, datos mensuales del INE con base 2005). El resultado de estas dos transformaciones puede verse en la Figura 1. En ella podemos observar la evolución del saldo (la diferencia entre el debe y el haber) de las presuntas cuentas opacas publicadas por el diario El País para los años 1997-2008. Específicamente, la serie representada corresponde a los valores de la última columna expuesta en la página web de El País y titulada “saldo”.

La unidad de tiempo en la Figura 1 es el “día, mes y año” cuando esta información está disponible. Sin embargo, hay entradas para las que no conocemos el día; sólo el mes y el año. Para estos casos, la cantidad correspondiente queda fechada a día 15 del mes corriente (los resultados no varían si se escoge otra día del mes). Por otro lado, pueden haber varias entradas para un mismo mes sin que conste para ninguna de ellas el día exacto en que supuestamente se produjeron. En estos casos, sólo se tomará en consideración la última entrada del mes (siempre siguiendo el orden del listado de la página web de El País). Para estos casos también, la cantidad queda fechada a día 15 del mes corriente.

A simple vista, podemos observar tres picos en la evolución del saldo: dos claros (uno de ellos próximo al millón de euros), y otro tenue. Este último se produce poco después de las elecciones del año 2000. Los otros dos son coincidentes con las elecciones de 2004 y 2008. Una posible explicación a la desigual “capacidad recaudatoria” a lo largo del tiempo que observaríamos en la Figura 1 podría residir en la competitividad de las elecciones. Esto es, cuán reñidas son éstas. Recuérdese que en el año 2000 el PP alcanzó la reelección con una mayoría aplastante. Tal era su ventaja, que el PSOE e IU firmaron un acuerdo pre-electoral para aunar fuerzas contra el partido en el gobierno. El esfuerzo de la oposición resultó inútil. El PP no sólo resultó reelegido sino que alcanzó la mayoría absoluta.

Las elecciones de 2004 y 2008 fueron muy distintas. En 2004, el PP y el PSOE acudieron a estos comicios mucho más igualados. Las encuestas pronosticaban sólo una ventaja mínima por parte del PP a pocos días de las elecciones. En 2008, las elecciones volvieron a estar reñidas. El PP, ahora en la oposición, buscaba sacar rédito electoral a la movilización popular que había liderado desde la amarga derrota de 2004. No tuvo éxito, pero la duda sobre el resultado definitivo de aquellas elecciones se mantuvo hasta el último momento.

Todavía debe esclarecerse la autoría y autenticidad de los pagos y donaciones que supuestamente gestionó el Sr. Bárcenas desde la Calle Génova con o sin el conocimiento del ahora Presidente Mariano Rajoy y/o de otros superiores suyos en el partido. Pero la coincidencia entre el saldo de sus presuntas cuentas y el nivel de competición electoral es un dato relevante que no debería pasar inadvertido.

Durante el último cuarto de siglo, los países de la OCDE han optado por emitir deuda para financiar su gasto corriente en lugar de recaudar más impuestos

España tiene el nivel de personal a cargo de la Administración Tributaria más bajo de la UE de los 27, sólo superado por Italia

En lugar del aumento de las tasas impositivas, el gobierno podría haber considerado medidas alternativas para aumentar la recaudación del IVA

La capacidad fiscal de los estados vuelve a estar de moda. La crisis financiera de 2008 ha puesto al descubierto los desajustes fiscales de las economías avanzadas. Durante el último cuarto de siglo, los países OCDE han optado por emitir deuda para financiar su gasto corriente en lugar de recaudar más impuestos (ver aquí para un conciso análisis). Las razones pueden ser diversas: desde la competición fiscal entre estados (en lo relativo al impuesto de sociedades), a la impopularidad electoral de los impuestos indirectos o sobre las rentas del trabajo. Sea como sea, la crisis financiera ha puesto coto a la era del endeudamiento. A día de hoy, la emisión de deuda ha pasado a ser un lujo para muchos países, entre ellos España.

Necesitadas de financiación en el corto plazo, muchas capitales europeas han desempolvado sus viejos manuales de fiscalidad. El nuevo objetivo es recaudar más impuestos, ser más autosuficiente. ¿Puede España seguir los mismos pasos? La respuesta no es obvia. La capacidad de recaudar de los estados depende de cuán en forma está su Administración Tributaria. Y en este sentido, los sucesivos gobiernos españoles no han hecho sus deberes.

Uno de los indicadores sobre la capacidad recaudatoria de los estados viene dada por el personal que trabaja para la Administración Tributaria. Este indicador, por simple que parezca, resulta el predictor más certero de la capacidad recaudatoria de los estados.

Tal y como sugiere la Figura 1, a medida que aumenta el personal a cargo de la Administración Tributaria, mayor es la recaudación impositiva en relación al PIB. La Figura 1 también muestra que para niveles muy altos de personal, la recaudación desciende levemente. Este es el efecto de la confiscación fiscal. ¿Esta España cerca del umbral confiscatorio? En absoluto. Como podemos ver en la Figura 2, España tiene el nivel de personal más bajo de la UE de los 27, sólo superado por Italia. En realidad, la dotación de personal de la Administración Tributaria en España es propia de un país en vías de desarrollo: 0.61 empleados por cada 1000 habitantes. Para hacernos una idea, Alemania cuenta con el doble de personal, y Francia con el triple. Si España alcanzase los niveles de dotación de Alemania, la recaudación total de impuestos podría incrementar 10 puntos del PIB, ceteris paribus. Este incremento aliviaría sobremanera los ajustes de gasto que venimos padeciendo.

Además, la infracapacitación de personal de la Administración Tributaria tiene consecuencias prácticas. Hacienda no da abasto. En 2013, tiene previsto recurrir a auditorias privadas por falta de medios. ¿Está tomando el gobierno cartas en el asunto? Todo lo contrario. Desde este año, por cada diez vacantes en la Agencia Tributaria se cubrirá como máximo una. Si la Administración Tributaria ya contaba con pocos efectivos para el nivel de riqueza del país, los planes del gobierno presidido por Mariano Rajoy podrían conducirnos a una situación alarmante en el medio plazo.

Otra de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno ha sido el aumento del IVA. En concreto, se ha aumentado el tipo general en 3 puntos, desde el 18 al 21%, homologándonos así a la media de la UE. Este asunto tiene aristas, y requiere de una reflexión profunda. En primer lugar, debemos tener en cuenta que España recauda sistemáticamente menos impuestos a través del IVA que cualquiera de los países de la Europa de los 27, tal y como podemos ver en la Figura 3.

A la vista de este resultado, parece comprensible que el gobierno haya decidido aumentar el tipo impositivo del IVA. Ahora bien, la baja capacidad recaudatoria de este impuesto no se debe únicamente al bajo tipo fiscal precedente, sino a un problema extendido de fraude fiscal, tal y como ha sugerido el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en numerosas ocasiones (aquí y aquí). Y parece que llevan razón. La Figura 4 muestra que la productividad del IVA es la menor en la UE, sólo por encima de Luxemburgo. Este índice mide, básicamente, la distancia entre el IVA esperado y el observado (o recaudado). A medida que se aproxima a 1, menor es esta distancia, y mayor es la productividad del impuesto.

La productividad del IVA no se soluciona con aumentos de tipos impositivos (en todo caso, la empeoran), sino aflorando la economía sumergida y fortaleciendo la lucha contra el fraude fiscal. Así, la medida adoptada por el gobierno es tan sólo un parche para aumentar los ingresos a corto plazo (a favor del gobierno, lo han logrado), aun cuando la incidencia del impuesto recaiga sobre aquellos contribuyentes que ya pagan sus impuestos en lugar de aquellos que defraudan sistemáticamente a Hacienda.

En lugar del aumento de las tasas impositivas, el gobierno podría haber considerado medidas alternativas para aumentar la recaudación del IVA. Estas podrían aliviar problemas de fraude fiscal sin aumentar la regresividad del sistema tributario. Una medida obvia en este sentido es la de aumentar la dotación presupuestaria de la Administración Tributaria, hoy la más baja de la Unión Europea (véase Tabla 19 en OCDE 2011). Esta medida permitiría impulsar la contratación de más personal y con ello impulsar las inspecciones fiscales (España tiene uno de los índices más bajos de inspección fiscal entre las economías avanzadas. Véase Tabla 23 en OCDE 2011); o potenciar la incorporación de nuevas tecnologías en la Administración Tributaria (el gasto en España en tecnologías de la información aplicadas a la fiscalidad es la más baja de la UE. Véase Cuadro 6 en Onrubia 2012). La mejora de la capacidad tributaria no tendría efectos tan regresivos como el aumento del IVA, en tanto que ayudaría a emerger la economía sumergida en lugar de aumentar los tipos impositivos a los cumplidores.

La experiencia comparada sugiere, aunque tenuemente, que la inversión en Administración Tributaria sí tiene efectos positivos sobre la recaudación del IVA. La Figura 5, trazada a partir de los pocos casos para los que existen datos homologables de gasto en Administración Tributaria, sugieren una relación curvilineal entre esta magnitud y la recaudación final del IVA. Esto es, la relación entra ambas magnitudes es creciente hasta cierto punto y decreciente de ahí en adelante (lo que es otra muestra de los efectos confiscatorios de sistemas tributarios fuertes). A tenor de estos datos, si España dedicase a la Administración Tributaria los mismos niveles de gasto que Alemania, la recaudación del IVA podría aumentar casi un 40%, ceteris paribus. ¿Está poniendo el gobierno cartas en el asunto? Desafortunadamente no, más bien al contrario. Para 2013, la dotación presupuestaria de la Agencia Tributaria se ha visto reducida en un 13%.

En definitiva, la política fiscal puede perseguir tanto objetivos recaudatorios como progresivos, y ambos cuando así se desea. La realidad es innegable. España tiene problema de liquidez inmediato, y es necesario aumentar significativamente la recaudación a corto plazo. En este sentido, la subida del IVA hasta tipos homologables a los del resto de la UE podría interpretarse como inevitable. Pero sería recomendable que el gobierno, simultáneamente, pusiese en marcha una reforma integral de la Administración Tributaria que expandiese los recursos humanos, informáticos y materiales de la misma. De lo contrario, el sistema tributario aumentará su regresividad y con ello el descrédito de los impuestos en la sociedad. Y es ése, precisamente, el mejor caldo de cultivo para acabar con el Estado de bienestar tal y como lo conocemos. Sin impuestos no hay sector público. Soluciones para aumentar los ingresos fiscales y evitar la degradación de los servicios públicos existen. Tan solo falta voluntad política para ponerlas en funcionamiento.

Fuentes de datos

Figura 1: “Collecting Taxes 2009/10 data set” del proyecto “US AID Fiscal Reform & Economic Governance”.

Figura 2: “Collecting Taxes 2009/10 data set” del proyecto “US AID Fiscal Reform & Economic Governance”.

Figura 3: “Collecting Taxes 2009/10 data set” del proyecto “US AID Fiscal Reform & Economic Governance”.

Figura 4: Para calcular la productividad del IVA se ha empleado el indicador “c-efficiency” de Aizenman y Jinjarak (2005) construido a partir de los datos de Eurostat para los valores de consumo sobre PIB para 2010, y “Collecting Taxes 2009/10 data set” del proyecto “US AID Fiscal Reform & Economic Governance” para el ratio de IVA esperado vs. observado.

Figura 5: OCDE 2011 para presupuesto, y “Collecting Taxes 2009/10 data set” del proyecto “US AID Fiscal Reform & Economic Governance” para el IVA recaudado sobre PIB.

Los catalanes no han sido ciegos a la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las desigualdades

Los ajustes derivados de la crisis parecen haber hecho a los votantes más sensibles a la impunidad de prácticas corruptas y decisiones irresponsables

Los resultados electorales obligan a replantearnos la metodología demoscópica

Las elecciones al Parlamet de Catalunya del 25 de noviembre han servido a los catalanes para comunicar dos mensajes:

Primero, el rechazo generalizado a las medidas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno de CIU. De ahí, el crecimiento de ERC, ICV, las CUP y Ciutadans (dándoles a estos últimos el beneficio de la duda). Todos estos partidos, además, llevan años reclamando nuevos canales de participación ciudadana y un fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Este primer mensaje coincide, además, con los precedentes europeos desde el estallido de las crisis financiera, y refuerza la teoría del voto económico. Los catalanes, en definitiva, no han sido ciegos a la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las desigualdades.

Segundo, el apoyo mayoritario al derecho a decidir. La campaña, y las semanas que la precedieron, estuvieron cargadas de augurios catastrofistas para la economía y el bienestar de los catalanes en caso de secesión. Aun así, la mayoría a favor de la consulta no parece haberse resentido. Todo lo contrario, ha incrementado ligeramente su ventaja y enriquecido su pluralidad ideológica. Si tomamos el reparto de escaños como aproximación del resultado de un hipotético referéndum sobre la independencia de Catalunya, el 64% de los catalanes (CIU, ERC, ICV y CUP) estaría hoy a favor de constituirse en un nuevo estado. La cifra bajaría hasta el 60% si sólo la mitad de los votantes de ICV apoyasen la secesión.

La jornada electoral deja espacio a otras reflexiones. Por un lado, sorprende la capacidad retentiva del PSC. Todos los observadores, yo el primero, esperaban un desplome electoral que no ocurrió. Sí, los 20 escaños que mantienen resultan pírricos para un partido que se presentaba como la alternativa de gobierno. Pero la caída puede ser insuficiente para desencadenar una catarsis interna del partido. En los próximos meses veremos si la actual cúpula aprovecha la muestra de confianza de sus votantes para reconstruirse en un partido de gobierno, o si, por el contrario, es instrumentalizada para mantener un status quo que ha llevado al PSC a su mínimo histórico.

Otro resultado destacado del 25-N es el de los partidos anti-incumbent o establishment, esto es, aquellos en contra del sistema de partidos actual, las políticas que de él emanan, y su sistema de rendición de cuentas. Los ajustes derivados de la crisis parecen haber hecho a los votantes más sensibles a la impunidad de prácticas corruptas y decisiones irresponsables (véase el Caso Palau o el rescate a Bankia). El auge de las CUP y Ciutadans debe interpretarse como una llamada de atención a los partidos mayoritarios para combatir sin ambigüedades la corrupción interna de sus organizaciones, adoptar nuevos canales de comunicación con la sociedad civil y, quizá, reformar el sistema electoral.

En las próximas semanas comprobaremos la capacidad de reinventarse de Artur Mas. A su favor, no ha disimulado el fracaso electoral de CIU. Aventurándome a lo que pueda suceder, descarto su dimisión por la ausencia de una alternativa madura dentro de la federación catalanista. Artur Mas deberá pactar con las otras fuerzas soberanistas para avanzar en uno de los dos mandatos que se desprende de estas elecciones: organizar una consulta popular. Otro cantar será la elaboración de los presupuestos de la Generalitat de 2013, por ahora renovados automáticamente. Esta negociación servirá para comprobar la ductilidad ideológica de ERC, partido en el que recae la responsabilidad de paliar los efectos regresivos de las políticas de austeridad. ERC tiene por delante una difícil papeleta.

Por último, y barriendo para casa, los resultados electorales obligan a replantearnos la metodología demoscópica. Hay tres elementos que merecen reflexión. De un lado, el tamaño de las muestras, quizá insuficiente para cubrir la variedad ideológica en sociedades complejas. Del otro, los sesgos derivados de las entrevistas telefónicas y/o telemáticas. Y por último, los métodos para inferir el voto oculto en las encuestas. Todos tenemos deberes.

El aumento de 11 puntos en la participación demuestra que la sociedad catalana no esta dormida, y que reclama cambios en varias direcciones: menos austeridad, más participación y auto-determinación. Los resultados de esta última, sin embargo, continúan abiertos.