La aplicación del derecho europeo en España nunca ha sido tarea fácil, sobre todo cuando se trata de hacer cumplir las directivas comunitarias a los poderes económicos. A pesar de la lluvia de sentencias europeas contra las malas prácticas, las entidades financieras españolas se resisten a perder su posición de privilegio. La reciente decisión de Bankia de pedir la recusación del magistrado Francisco González de Audicana por falta de imparcialidad es un buen reflejo de las dificultades que deben arrostrar quienes intentan tratar a todos por igual y hacer justicia.

Contextualicemos. El juez cuestionado por la banca, es el titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, que presentó varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) - Cajas. Un índice que ha supuesto un sobrecoste para los suscriptores de estas hipotecas de entre 18.000 y 21.000 euros con respecto a los préstamos indexados con el euríbor, que era el utilizado en el 85% de los casos. Hay cerca de un millón de afectados. No se trata de menudencias. En los años más duros de la crisis, pagar 200 o 300 euros de más cada mes suponía en determinados casos la imposibilidad de hacer frente al recibo de la hipoteca para las familias que habían perdido el empleo y, en consecuencia, un elevado riesgo de perder la vivienda. Estamos hablando de esto, del derecho a la vivienda. 

Tras más de ocho años de movilizaciones sociales y pleitos judiciales el asunto fue resuelto por el TJUE el pasado 3 de marzo. La resolución europea corrigió una sentencia anterior del Tribunal Supremo español de diciembre de 2017 que había estimado que la cláusula que fijaba los intereses con el tipo de referencia IRPH era válida. Los jueces europeos, por el contrario, establecieron que los tribunales nacionales están obligados a examinar si la inclusión del IRPH se había efectuado de una manera clara y comprensible. Y especificaron los criterios que deben tener en cuenta los jueces nacionales para comprobar si los bancos han dado la información adecuada a sus clientes antes de que firmaran las hipotecas.

Los jueces europeos tratan de garantizar que los consumidores reciban toda la información necesaria de los bancos para que puedan elegir qué tipo de contrato les conviene más. Una información que en la inmensa mayoría de los casos no facilitaron, según se desprende de las numerosas sentencias judiciales que han dictado los tribunales nacionales. Un estudio de la asociación de consumidores Asufin que analiza 166 sentencias sobre hipotecas con IRPH, dictadas entre 2015 y principios de 2020, indica que 134 resoluciones fueron favorables al consumidor y 32 en contra.

Tras conocerse la sentencia europea del pasado marzo la decisión de los tribunales españoles ha sido dispar. Los jueces españoles de primera instancia, en aplicación de la sentencia europea, anularon el IRPH por considerarlo “abusivo”, lo sustituyeron por el euríbor y condenaron a los bancos a devolver lo cobrado de más a sus clientes. Si se analizan estas sentencias se observan varios aspectos reseñables. De las 17 resoluciones judiciales dictadas, 16 han sido favorables a los consumidores y es significativo que 15 de las mismas han sido dictadas por mujeres. La muestra es muy representativa al proceder de juzgados de distintas ciudades del país (Burgos, Lleida, Jaén, Cornellà de Llobregat, Orihuela, Guadalajara, San Lúcar la Mayor, Ourense, Palma de Mallorca, Vigo, Torrevieja, Zamora, La Laguna y Barcelona. En algunas ciudades se han dictado más de una sentencia).

Es muy llamativo que en la mayoría de los casos además del IRPH, se han declarado nulas por abusivas otras disposiciones como las que fijan las cláusulas suelo, los intereses de demora, los gastos, las comisiones por descubierto, el cálculo irregular de intereses, el redondeo al alza de los intereses, el vencimiento anticipado (que permitía el desahucio con un solo impago) y las primas de seguro. Toda una radiografía de la lamentable profusión y diversidad de abusos que padecen las familias en unos contratos que son los más importantes y decisivos de su vida como son los préstamos hipotecarios.

Las malas prácticas implican a la mayoría de las entidades financieras. Así  aparecen condenadas por el empleo del IRPH y algunas otras cláusulas abusivas Santander, Caixabank, BBVA, Unión de Créditos Inmobiliario, Abanca y Bankia. 

Es también muy ilustrativo que los argumentos de estos jueces se basan sustancialmente en la jurisprudencia europea, que constituyen el núcleo de sus argumentos. Los jueces de primera instancia, en su mayoría pertenecientes a las generaciones jóvenes, representan el frente modernizador de la justicia española que aplica con más diligencia el derecho europeo del que tienen un mayor conocimiento y manejan con más destreza. Estos jueces son bien conscientes, como los magistrados de cualquier país de la Unión, que son jueces europeos y como tales aplican directamente el derecho europeo. Se trata en última instancia de un derecho mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos y financieros. 

Todas las sentencias se pueden consultar fácilmente en la página web de la asociación de consumidores Asufín, que desde hace años proporciona una documentación fundamental para todas las personas interesadas, desde consumidores a abogados, jueces, periodistas, economistas y académicos.

La cuestión de fondo es que el derecho comunitario en esta materia de los contratos de adhesión “se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas”.

Las apelaciones de la banca

Frente a este panorama de resoluciones claramente favorables a los ciudadanos se han producido una docena de sentencias de las Audiencias Provinciales, la mayoría favorables a la banca. Las Audiencias Provinciales  son los tribunales de apelación a los que recurren las partes que no están conformes con las resoluciones de primera instancia. Aquí el panorama es bien distinto. La mayoría de resoluciones son favorables a la banca al validar el IRPH. En realidad sólo la Audiencia Provincial sección cuarta (AP4) de Barcelona, la AP6 de Málaga y la AP1 de Álava han anulado el IRPH. El resto de Audiencias, AP1 de Cáceres; AP5 de Sevilla; AP8 de Alicante; AP2 de Huelva; AP3 de Granada y AP15 de Barcelona han considerado que la aplicación del IRPH es válida y por lo tanto justifican la actuación de la banca. Otras Audiencias como la AP1 de Tarragona y la AP9 de Valencia han anulado el IRPH Cajas y los sustituyen por el IRPH entidades, cuya diferencia es minúscula. 

Ha sido muy referencial la sentencia de la AP 15 de Barcelona que se ha alineado con las tesis del Tribunal Supremo sosteniendo que los razonamientos del Alto Tribunal español han sido confirmados por el TJUE. Esta sala era bien conocida por sus decisiones favorables a la banca y a diferencia de otros tribunales no suspendió los procedimientos a la espera de la sentencia del TJUE. En este caso la decisión ha sorprendido en medios jurídicos porque el ponente de la resolución ha sido el magistrado José María Fernández Seijo, un juez que alcanzó un reconocido prestigio por haber logrado una histórica sentencia del TJUE contra los desahucios, (caso Aziz) en 2013. 

El conflicto del IRPH ha puesto de relieve dos graves problemas que agravan la incertidumbre en que se encuentran los ciudadanos en un terreno tan sensible como el del derecho a la vivienda. En primer lugar se constata que continúa el injustificable trato desleal de la banca con sus clientes por la multitud de cláusulas abusivas. El cúmulo de irregularidades ha conducido a una avalancha de cientos de miles de reclamaciones realizadas tanto por vía judicial como extrajudicial por diversas cláusulas abusivas. 

Solo los juzgados especializados creados para atender esta explosión de protestas han recibido 486.078 demandas entre el 1 de junio de 2017 y finales de 2019. Durante este periodo los jueces han dictado 198.762 sentencias, el 97% de las cuales fueron condenatorias para la banca según datos del Consejo General del Poder Judicial. Quedan todavía por resolver 244.036. La mayoría de los juzgados especializados se encuentran completamente atascados y en algunos casos los juicios tardarán años.

Paralelamente los afectados por cláusulas suelo han presentado 1.213.784 reclamaciones directamente a las entidades bancarias. Los bancos han estimado 535.514 peticiones lo cual ha implicado la devolución de 2.384 millones de euros a los clientes, según el Ministerio de Economía y competitividad. Han sido desestimadas 238.077 reclamaciones, muchas de las cuales optaron entonces por la vía judicial. El disparatado número de condenas judiciales y su elevado coste ponen de manifiesto además de la desprotección de los ciudadanos que tenemos un sistema financiero muy costoso e ineficiente. 

Una división profunda

La segunda cuestión preocupante es la profunda división entre los juzgados. Los tribunales superiores, especialmente el Supremo, están más anclados en el derecho nacional y en bastantes casos no se sienten tan vinculados por el derecho europeo al que por una realidad generacional se sienten más alejados. Hay que tener en cuenta que aunque la Directiva básica sobre cláusulas abusivas es de 1993, la gran eclosión de la jurisprudencia comunitaria sobre esta materia se ha producido durante la última década. De todas formas no se puede simplificar. Bastantes Audiencias Provinciales están realizando una ejemplar aplicación del derecho europeo. También en el Tribunal Supremo, el profesor Francisco Javier Orduña, que ha sido magistrado entre 2012 y 2019 ha dictado numerosas sentencias y votos particulares, apoyado a veces por otros jueces, que han supuesto un referente de la aplicación y desarrollo del derecho europeo, reconocido por las instituciones comunitarias.

Ante las dudas que suscita esta profunda división de los tribunales respecto a la interpretación de la resolución del TJUE sobre el IRPH, el magistrado Francisco González de Audicana decidió el pasado 11 de mayo volver a preguntar a los jueces de Luxemburgo para que esclarecieran el significado de su sentencia. El juez consideró que la conclusión de la sentencia del TJUE del 3 de marzo “no es suficiente para resolver el asunto que fue causa de las cuestiones remitidas y, en concreto, se siguen suscitando dudas en cuanto a la interpretación del alcance del control de transparencia y de las consecuencias en su caso aplicables de resultar insuficiente la información facilitada al consumidor”. Lo que en esencia pregunta el juez es qué debe hacerse si se declara nulo el IRPH.

Así estaban las cosas cuando el pasado 4 de junio Bankia presentó un incidente de recusación del juez por falta de imparcialidad por “tener interés directo o indirecto en el pleito”.  El escrito de acusación del banco se basa en buena parte en la intervención de González de Audicana en el Congreso del 10º Aniversario de Asufin en enero de 2019 y en una conferencia organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona bajo el título “La sentencia del TJUE sobre el IRPH”, el pasado 5 de marzo.

La presidenta de Asufín, Patricia Suárez, ha expresado su malestar con Bankia, “entidad de propiedad pública, por utilizar uno de sus Congresos como motivo de recusación a un magistrado”. Suárez asegura que el Congreso tenía el propósito de “enriquecer el conocimiento jurídico además de reflexionar y encontrar soluciones de futuro”. Recuerda Suárez que en el mismo “participó el magistrado Audicana, junto con una variada y nutrida representación del mundo de la judicatura, los organismos reguladores CNMV, CNMC y Banco de España, registradores de la propiedad, académicos, expertos y periodistas especializados. Contó además con abogados del sector bancario (Banco Santander, Abanca y BBVA) como de defensa de los consumidores”. La presidenta de esta asociación de consumidores subraya que “las instituciones financieras están siempre invitadas a los encuentros que organiza Asufin, incluida, como no puede ser de otra forma, Bankia”.

Es difícil entender cuál es el verdadero propósito del banco al acusar de imparcialidad al magistrado por sus manifestaciones públicas. La verdad es que el contenido de las exposiciones del juez es del mismo tenor que el que aparece en el conjunto de sus resoluciones judiciales. Del texto de las mismas se desprende un profundo conocimiento del derecho europeo y sus esfuerzos para que su carácter más protector beneficie a todos los ciudadanos. Si se profundiza en el fondo del asunto se comprueba que la decisión del juez de preguntar al TJUE es la posición más honesta si tiene dudas sobre el caso que tiene que resolver. ¿A quién le preocupa la respuesta del Tribunal de Justicia Europeo?

Es evidente que el debate jurídico no es causa de recusación. La figura está pensada para situaciones muy distintas como, por ejemplo, los supuestos en que el juez asesora a una de las partes. La participación de jueces, abogados, registradores, notarios, representantes de los bancos, consumidores y los supervisores en los debates es fundamental para el avance de la ciencia jurídica en los países democráticos. En los estados totalitarios no existen este tipo de debates. Prohibir estos debates sería tan absurdo como impedir que los jueces y magistrados publicaran artículos y libros sobre asuntos que han estudiado y conocen. Que un magistrado exponga sus ideas sobre la relevancia de la transparencia en los contratos y la manera de controlarla es algo muy beneficioso tanto para los ciudadanos como para el conjunto de la economía y las propias entidades financieras.

Los congresos, los encuentros organizados por asociaciones de consumidores, colegios de abogados y universidades son la vía más efectiva de conocer las distintas propuestas que pueden contribuir a unificar criterios y en última instancia resolver un conflicto que afecta a millones de personas e inunda los juzgados de demandas con disparatado coste económico. 

Europa manda

La incorporación del derecho europeo a España resulta muy lenta entre otras cosas por las carencias de nuestras leyes consecuencia de la falta de presteza de los Gobiernos y el legislativo. Estos mismos días dos prestigiosas juristas, con una dilatada trayectoria de defensa de los derechos de los consumidores, Verónica Dávalos y Maite Ortiz, han publicado un manifiesto, “Europa manda”, en el que desarrollan los argumentos de fondo sobre este asunto. Para solventar este eternizante conflicto las abogadas “reclaman una solución urgente que contemple una reforma legislativa” de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, sustituyendo el IRPH por un índice legal, el euríbor, “por el que el consumidor se hubiera decantado en caso de haber sido correctamente informado”. “Todo ello sin perjuicio del derecho de todo consumidor a recuperar las cantidades detraídas por aplicación de una cláusulas abusiva”.

Mientras tanto no se producen los cambios legislativos tenemos que seguir apreciando la labor de este selecto grupo de encomiables jueces que han compensado estas deficiencias legales presentando numerosas cuestiones prejudiciales al TJUE, cuyas sentencias han obligado a modificar nuestras leyes, aunque no siempre con la diligencia debida. Hay que tener en cuenta que entre 1976 y marzo de 2020, el TJUE ha dictado 92 sentencias sobre esta materia, 27 de las cuales corresponden a España. Es decir, nuestro país ha recibido el 30% de las resoluciones, casi el triple del peso de nuestra población en la Unión.

Resulta un sarcasmo que con este conflictivo panorama, una entidad que fue rescatada con 23.465 millones de euros de dinero público y con un largo historial de condenas judiciales, tenga el atrevimiento de sugerir que un juez ha actuado “por interés directo o indirecto”. Alguna de las condenas tuvo un gran impacto. Hay que recordar que en 2016, tras una larga batalla judicial y una demanda del abogado José Antonio Ballesteros, el Tribunal Supremo condenó a Bankia a devolver el dinero a los ahorradores que habían sido atrapados con la salida a bolsa de la entidad. Unas 200.000 personas recuperaron sus ahorros.

La decisión de recusar a un juez por parte de Bankia va en la dirección contraria a que las entidades financieras recuperen su reputación, que es uno de sus principales retos y una de las mayores preocupaciones del Banco de España. El derecho es el territorio adecuado para resolver un conflicto de intereses. El debate jurídico es todo lo contrario a una actitud anti bancos. El problema no son los bancos, ni mucho menos, sino las malas prácticas que hay que eliminar con el único instrumento del derecho. Oponerse a la acción del derecho y a los jueces demuestra muy poco interés en que se haga justicia.

El desafío inmediato más serio que afronta el Gobierno es lograr los ingresos fiscales suficientes para financiar sus compromisos sociales. Las promesas políticas encaminadas a reducir las desigualdades y establecer unas relaciones sociales más justas exigen una auténtica revolución fiscal. No es suficiente crear nuevos impuestos o elevar algunos tipos fiscales. Hace falta una nueva cultura fiscal. El Gobierno deberá hacer mucha pedagogía. Los ciudadanos deben percibir las ventajas de pagar impuestos.

Vivimos en un país muy atrasado fiscalmente. La recaudación por impuestos y cotizaciones sociales representa casi la mitad del PIB en Francia (48,4%), y supera el 40% en Dinamarca (45,9%); Suecia (44,4%) y Finlandia (42,4%), frente al raquítico 35% en España.

Es evidente que carecemos del sistema fiscal adecuado para sufragar los costes de los servicios públicos que legítimamente exigen sus ciudadanos. Entre 2012 y 2017 el gasto social en España ha disminuido desde el 25,7% del producto interior bruto (PIB) al 23,4%, según Eurostat. En gasto social en España se sitúa 4,5 puntos por debajo de la media europea, muy alejada de Francia, (34,1%); Dinamarca, (32,2%) o Finlandia (30,6%). De ahí el aumento de la pobreza hasta el 26,1%, cuatro puntos por encima de la media europea.

Desgraciadamente, la cuestión fiscal está muy desenfocada en nuestro país, al haberse instalado el discurso de los intereses de las grandes empresas contrario a la más mínima solidaridad. El pensamiento dominante aboga por reducir la contribución ocultando la verdadera función actual de los impuestos, que es garantizar los servicios y prestaciones sociales. Como ha señalado el profesor Xavier Casanovas, coordinador de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, “la cuestión fiscal se ha situado durante mucho tiempo fuera del debate político y social, y solo los últimos años, con el impacto de la crisis económica y el descalabro de la globalización, volvemos a poner el foco en esta cuestión clave para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar”.

Las dificultades para lograr los recursos fiscales necesarios se han agravado por el proceso de concentración de empresas y la creación de grandes corporaciones tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple, que ha supuesto una importante pérdida de recaudación. A diferencia de las pequeñas y medianas empresas, las multinacionales pueden desviar sus beneficios a paraísos fiscales o a países de baja tributación.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016 revelan la escasa contribución de las grandes empresas. Las 134 multinacionales españolas (ventas superiores a 750 millones de euros) pagaron un tipo efectivo del 12,6% en el impuesto de sociedades. Y 49 compañías pagaron un tipo efectivo medio del 3,1% como señala José María Mollinedo, secretario general de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En España, además, hay cuatro problemas específicos: la economía sumergida representa un 24,52% de la economía, frente a un 16% de media europea, según el FMI; en segundo lugar, el sistema fiscal es cada vez más regresivo —los impuestos indirectos (IVA, tabaco, alcohol y carburantes) pasaron del 36% al 46% del toda la recaudación entre 2007 y 2015, periodo en que el peso del impuesto de sociedades se redujo del 21% al 13%—; en tercer lugar, crece la dispersión en el impuesto de sucesiones entre las comunidades autónomas —entre 2008 y 2015 la recaudación aumentó en un 23,5% en Andalucía, mientras que disminuyó en un 12,2% en Madrid y en un 52,9% en Cataluña—; en cuarto lugar España tiene menos de la mitad de inspectores que en Europa, en términos relativos, según Gestha.

Con los dos nuevos impuestos aprobados, la tasa Google (impuesto digital) y la tasa Tobin (impuesto a las transacciones financieras), se prevé recaudar 968 y 850 millones, respectivamente. No obstante, existen muchas dudas sobre su efectividad. El primero no será efectivo hasta diciembre y no hay experiencia sobre el segundo.

Para Comisiones Obreras es preciso “acometer una profunda reforma fiscal con criterios de progresividad y redistribución”. Una fiscalidad justa, con criterios medioambientales, es necesaria para la estabilidad social y para modernizar la economía. El modelo de transparencia y progresividad de la cultura fiscal de los países escandinavos deberían ser nuestra referencia.

[Este es el editorial del número 78 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La crisis económica ha puesto al descubierto la profundidad de los trastornos causados por un capitalismo sin control dominado por las finanzas. La recuperación, en términos de crecimiento económico, iniciada en España en 2014, no ha logrado corregir los daños causados en la salud de los ciudadanos más vulnerables.

Las empresas y las instituciones han retomado el pulso, pero las condiciones de vida de los ciudadanos más machacados por la crisis han quedado seriamente estigmatizadas y son de difícil reparación. Corregir los daños causados por los excesos de la financiarización de la economía en la salud de los ciudadanos es la gran asignatura pendiente. Relevantes estudios especializados en el ámbito académico empiezan a abordar esta cuestión.

Los daños en la salud de los abusos del capitalismo son claramente perceptibles en numerosos ámbitos. Destacan el creciente deterioro de las condiciones laborales, los perjuicios generados por los fraudes bancarios y, de manera generalizada, los riesgos para el conjunto de la población por la destrucción del medio ambiente.

En el mundo del trabajo el empeoramiento de las condiciones laborales se ha puesto de manifiesto con la aparición de los trabajadores pobres. Este fenómeno se ha agravado por la desregulación impuesta por las dos últimas reformas laborales. En 2016, 2017 y 2018, la proporción de trabajadores pobres, los que el empleo no saca de la pobreza, se ha cronificado en el 13% del conjunto de ocupados, dos puntos más que en 2010, según Eurostat.

Un estudio coordinado por la doctora Àngels Cabasés, de la Universidad de Lleida, demuestra que los trabajadores pobres sufren peor salud mental: tienen entre dos y siete veces más posibilidades de sufrir depresión. Otra investigación del Gobierno de Baleares indica que las kellys (camareras de pisos de hostelería) padecen de manera más intensa lumbalgias y dolores en cervicales, manos y muñecas.

Muy preocupante es el aumento del presentismo (acudir al trabajo estando enfermo) desde la reforma laboral de 2012. “En España hay más personas que trabajan estando enfermas que personas de baja por enfermedad”, según un estudio de CC OO del pasado diciembre. El trabajo utiliza datos de Eurofound que indican que el 43,6% de los asalariados trabajaron enfermos en algún momento de 2015, seis puntos más que en 2010. La situación de los autónomos es especialmente injusta.

La gravedad de esta situación se ha visibilizado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado un despido por baja laboral a pesar de estar justificada por enfermedad. El Gobierno se ha comprometido a cambiar una legislación que antepone la libertad de empresa a la salud de los empleados.

En el ámbito de los abusos bancarios se han elaborado relevantes estudios académicos. Es destacable el trabajo Consecuencias biopsicosociales en la población española afectada por un proceso de desahucio, realizado por las doctoras Nerea Jiménez- Picón, Alicia García-Reposo y Macarena Romero-Martín, del Centro Universitario de Enfermería Cruz Roja de Sevilla. La investigación galardonada con el I Premio de la Fundación Finsalud, que preside el doctor José Manuel Ribera, concluye que “el proceso de desahucio causa numerosas consecuencias sobre la salud física, con aumento y empeoramiento de enfermedades crónicas, sobre la salud mental, … y el impacto se agrava con el avance del proceso”. Las investigadoras consideran que sus hallazgos pueden emplearse para mitigar los efectos de la inestabilidad de la vivienda en la salud física, mental y social del individuo durante esta y otras recesiones económicas.

Otras investigaciones impulsadas por Finsalud ofrecen indicadores relevantes de los daños causados por las malas prácticas bancarias en la salud. El trabajo Fraude financiero, salud mental y calidad de vida: Un estudio sobre la población de la ciudad de Madrid, publicado por International Journal of Enviromental Research and Public Health y elaborado por las investigadoras Encarnación Sarriá, Patricia Recio, Ana Rico, Manuel Díaz-Olalla, Belén Sanz-Barbero, Alba Ayala y María Victoria Zunzunegui es un referente. El trabajo se apoyó en la Encuesta de Salud de Madrid de 2017. Las conclusiones sostienen que el 10,8% de las personas encuestadas sufrieron algún tipo de fraude financiero. La pérdida de ahorros estaba relacionada en el 17% con las participaciones preferentes. También señalaron que el 19% de los hipotecados fueron perjudicados por las cláusulas suelo, que les impidieron beneficiarse de las rebajas de tipos de interés. Otro trabajo apoyado por esta fundación asegura: “La gente que perdió sus ahorros en participaciones preferentes o en hipotecas multidivisa tenían peor salud física y mental y peor calidad de vida que la población general de las mismas características”.

En el medio ambiente es abrumador el número de investigaciones que ponen al descubierto que el cambio del clima “causa defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías”, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea advierte de que la contaminación del aire causa 400.000 muertes prematuras anuales en Europa. Algunas publicaciones científicas duplican esta cifra.

Las propias organizaciones empresariales como la Business Roundtable en Estados Unidos ya se han dado cuenta de que el capitalismo actual es insostenible. Está claro que el capitalismo sin reglas ya no es viable. Sobran las palabras. La tarea urgente es empezar a cambiarlo con obras.

[Este es el editorial del número 77 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Este 2020 se cumplirán 12 años de la peor crisis financiera que ha soportado este país, cuyas secuelas siguen muy presentes. Millones de ciudadanos siguen atrapados en largos y desesperantes pleitos con los bancos. Los juzgados que tramitan estos asuntos se encuentran desbordados. Las previsiones para las vistas se eternizan y en muchos casos tardarán varios años en resolverse.

La judicialización de los conflictos ha sido la estrategia de la banca para retrasar la devolución de las cantidades reclamadas. Las cifras de los litigios son escalofriantes. Desde 2017 los juzgados especiales que examinan los asuntos relacionados con cláusulas abusivas en las hipotecas han recibido 431.920 demandas. Los tribunales han dictado 143.662 sentencias, el 96,69% de las cuales ha sido a favor de los clientes. Los asuntos pendientes de resolución ascienden a 255.247, según datos del Consejo general del Poder Judicial.

A pesar de este abrumador resultado de sentencias favorables a los clientes los bancos continúan acudiendo a los juzgados a sabiendas de que carecen de razón. Tratan de ganar tiempo. Esta situación no tiene parangón en ningún otro país europeo.

El agobio por la abundancia y variedad de este tipo de litigios (ejecuciones hipotecarias, cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, intereses abusivos, cláusula IRPH, swaps o permutas financieras, entre otros) alcanza al Tribunal Supremo. También aquí la mayoría de las sentencias han sido favorables a los clientes, en buena medida porque el alto tribunal español se ha visto obligado repetidamente a corregir su doctrina y aplicar la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Algunos productos fueron especialmente ruinosos para las pequeñas y medianas empresas. En 2016 y 2017, la mitad de los asuntos resueltos por la sala civil del Supremo correspondían a swaps, resueltos mayoritariamente a favor de los clientes.

Para cientos de miles de ciudadanos, los atascos judiciales constituyen un segundo suplicio tras no haber logrado el reconocimiento de sus derechos en el sistema de reclamaciones por cláusulas abusivas organizado por el Gobierno en 2017. A través de este mecanismo los bancos han recibido la impresionante cifra de 1.294.444 reclamaciones hasta el pasado septiembre. Un total de 418.617 fueron inadmitidas y 235.256 desestimadas. Buena parte de los afectados que no lograron satisfacción en sus reclamaciones acudieron después a los juzgados. Hasta el momento los bancos han estimado con acuerdo del cliente 498.917 reclamaciones, que han supuesto la devolución de 2.254 millones de euros. La reparación de unos daños causados por unas malas prácticas supone en el mejor de los casos varios años de espera.

Las noticias sobre la elevada litigiosidad por las malas prácticas bancarias han producido malestar entre los ciudadanos. Estas informaciones han coincidido con las periódicas publicaciones sobre las ayudas públicas para salvar a cajas y bancos, la mayor parte de las cuales ya se dan por perdidas. Los últimos datos, de diciembre, indican que el FROB ha concedido 58.871 millones de euros en ayudas a las entidades financieras, de los que solo ha recuperado 5.917 millones; es decir, el 10%.

Las pérdidas del dinero público concedido a cajas y bancos superan con creces los recortes en sanidad, educación y protección social, que significaron en su conjunto el 0,9 % del PIB (unos 9.300 euros anuales) entre 2011 y 2014, según Fedea. En realidad, el coste real del saneamiento bancario ha sido mucho mayor por la menor recaudación tributaria. Entre 2011 y 2013, el sector financiero pudo recuperar por la vía de impuestos (activos fiscales diferidos) 20.842 millones. En los años posteriores los beneficios han sido mucho más moderados y, por supuesto, los impuestos pagados.

El comportamiento de las entidades financieras de Irlanda y España fue muy temerario en los primeros años de este siglo. Entre 2001 y 2011 el crédito bancario registró un crecimiento desaforado, superior al 250% en ambos países. Al mismo tiempo, el número de oficinas y empleados creció mucho. Ello permitió alcanzar un récord de beneficios en 2007 (25.112 millones de euros). A consecuencia de la crisis el sector ha registrado una drástica reducción de casi 90.000 empleos, que representan la cuarta parte de todo el ajuste de la zona euro.

La realidad es que la banca española registra serias debilidades. Una de las más significativas es que tiene el nivel de capital más bajo de la zona euro. Por otra parte, la rentabilidad media es del 8%, inferior al 10%, que es el coste de capital.

La elevada litigiosidad del conjunto de la banca, los juicios a los directivos del Banco Popular y Banco de Valencia y las ayudas recibidas después de la crisis por el sector bancario ponen al descubierto que no se puede circunscribir la crisis a un problema de las antiguas cajas de ahorros.

Todas estas informaciones han producido una importante pérdida de reputación del sector, lo que supone un obstáculo para el desarrollo normal de sus actividades. Algunos de sus ejecutivos, como Ana Patricia Botín, han empezado a reconocer que han perdido la confianza de la opinión pública.

Las entidades financieras son una pieza fundamental de la economía. Sus directivos deben cambiar sus conductas en aspectos esenciales. No pueden llevar a sus clientes masivamente a los tribunales cuando saben de antemano que en el 96% de los casos los jueces darán la razón a los demandantes. Los directivos saben también que con un desempeño tan precario tampoco pueden mantener sus niveles salariales multimillonarios, que en algunos casos son 200 veces superiores a los salarios medios de sus empleados. Los directivos bancarios tienen que reaccionar con rapidez. El primer banco que decida actuar de manera transparente tiene muchas posibilidades de recuperar la confianza de los ciudadanos.

[Este es el editorial del número 76 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El aumento de las dificultades para formar un nuevo gobierno no hace más que alejar la solución de los problemas concretos que más angustian a los ciudadanos. Estas dificultades son mayores si se considera que no se trata solo de lograr los apoyos suficientes para investir a un nuevo presidente, sino de asegurar la aprobación de un nuevo presupuesto para poder gobernar. Este país no puede seguir funcionando con los Presupuestos del Estado de 2018.

Las conversaciones/negociaciones entre las fuerzas posibles están atascadas por las cuestiones estrictamente políticas, especialmente por el conflicto catalán, el más enconado y el de más difícil solución. Colocar en el núcleo de estas negociaciones los problemas urgentes que más inquietan a la población podría ser una fórmula pragmática de superar el peligroso punto muerto en que nos encontramos. El deterioro económico al que estamos asistiendo no hace más que intensificar la urgencia en alcanzar soluciones.

Un recorrido por las principales preocupaciones de los ciudadanos (paro, pensiones, pobreza, vivienda e impuestos) pone de relieve la peligrosa acumulación de riesgos que se está produciendo. Poner el foco en estos problemas puede ayudar a comprender la necesidad de unir fuerzas para elaborar una respuesta colectiva, que es la única solución posible.

Empleo y paro. La falta de empleo sigue siendo la primera preocupación de los ciudadanos. La paulatina reducción de la actividad económica se ha traducido también en una ralentización de la disminución del desempleo. El pasado octubre el paro experimentó un aumento preocupante de 12.000 personas, en términos desestacionalizados, según Funcas, que lo calificó del peor registro desde la recuperación. Esto ocurre cuando la tasa de desempleo es del 13,9%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), más del doble que en la Unión Europea (6,2%). Hoy hay 3.214.400 personas desempleadas, una cifra muy lejana de los 1.769.900 parados existentes antes de la crisis en el tercer trimestre de 2006. El riesgo es evidente. Es necesario replantear las políticas activas de empleo, a las que se dedican unos 6.000 millones de euros, tras las críticas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Pensiones. Es la palabra más silenciada en las actuales negociaciones políticas. Sin embargo, es una las mayores preocupaciones de los españoles, el 21%, frente al 15% de la media europea, según el Eurobarómetro. El envejecimiento de la población está provocando debates en todos los países europeos. En nuestro país el problema se concentra en el colectivo que reciben las prestaciones más bajas. Un total de 3.178.108 personas perciben pensiones que no superan los 700 euros, el 65% son mujeres. Esta situación se produce en un sistema que registra un déficit anual de 18.000 millones de euros y que ha acumulado una deuda de 50.000 millones en tres años.

El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible con determinadas reformas bien conocidas desde hace años, pero no aplicadas. Las propuestas principales plantean elevar las aportaciones del Estado, cargar a los Presupuestos las pensiones no contributivas y las medidas de fomento del empleo y  quitar topes a las bases de cotización. Sin duda, es fundamental seguir aumentando el número de cotizantes y sus salarios. La subida del salario mínimo el 22% en 2019 ha supuesto un refuerzo significativo de los ingresos.

La fuerte caída de los tipos de interés oficiales hasta tasas negativas ha evidenciado que las pensiones privadas no son una alternativa. En 2018 los ciudadanos que confiaron en los fondos de pensiones privados sufrieron pérdidas en sus ahorros de más del 2% en Francia; más del 3% en Italia, y más del 5% en España, según Better Finance.

Impuestos. España sigue contando con un sector público raquítico comparado con nuestros principales competidores europeos para financiar el Estado de bienestar. La mayor deficiencia procede de la falta de ingresos fiscales. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) cifra en 75.738 millones de euros la menor recaudación de España respecto a lo que le correspondería si aplicara la presión fiscal media de la zona euro. Los técnicos de Hacienda proponen una reforma fiscal integral. Los técnicos ponen el acento en la fuerte caída de la aportación de las empresas a través del impuesto de sociedades,  que ha sufrido un desplome de 19.819 millones de euros (44%) desde los 44.823 millones recaudados en 2007. Gestha apremia a concentrar las energías en reducir la economía sumergida. Estima que si se rebaja en 10 puntos, hasta situarla en la media europea, se podrían recaudar 38.000 millones más.

Cambio climático y medio ambiente. En este campo las medidas de los Gobiernos van con mucho retraso al agravamiento del problema. El último informe de Naciones Unidas ha advertido de que el calentamiento de la tierra puede subir hasta 3,2 grados aunque se cumplan los acuerdos de París. Las consecuencias serían catastróficas. Hay que señalar que España incumple los objetivos de calidad del aire por la falta de medidas en determinadas grandes ciudades. La Comisión Europea ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede dictar una multa.

La lista de tareas pendientes y urgentes es mucho más larga. Este país lleva más de cinco años sin renovar el acuerdo de financiación autonómica, que afecta directamente a los recursos de sanidad y educación. Tampoco ha sido capaz de acordar un plan de viviendas sociales para hacer frente al drama de los desahucios y a la falta de habitaciones para la población más vulnerable. Estos son los asuntos que preocupan a los ciudadanos y que deberían ocupar el grueso de las agendas del actual debate político. Nadie espera soluciones milagrosas, pero sí alternativas viables cuyos avances puedan ser verificados periódicamente. La solución de los problemas cotidianos es el mejor camino para crear un clima propicio para afrontar los asuntos políticos que parecen irresolubles.

[Este es el editorial del número 75 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El debate que se está registrando en Estados Unidos y Reino Unido impulsado por los demócratas y laboristas, respectivamente, sobre la insostenibilidad del capitalismo ha adquirido cada vez más relevancia. Varios de los senadores demócratas que aspiran a la presidencia de EEUU propugnan la participación de los trabajadores en los consejos de administración y en el capital de las compañías y una profunda reforma fiscal intensamente progresista.

Estos planteamientos han provocado importantes respuestas como la de la Roundtable Business, influyente asociación que agrupa a los máximos directivos de las principales corporaciones estadounidenses (Apple, Amazon, AT&T, IBM, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America, entre otras). Estos ejecutivos propugnan ahora sustituir el principio que prioriza la obtención de beneficios como único objetivo que han estado defendiendo durante las últimas décadas. Consideran necesario ampliar los objetivos e incluir a los clientes, trabajadores, proveedores, la protección del medio ambiente y el apoyo a la comunidad en que se desenvuelven. Entre los nuevos objetivos figuran “compensar justamente a los trabajadores”, “tratar justa y éticamente a los proveedores” y “proteger el medio ambiente acogiendo prácticas sostenibles”.

Otra iniciativa impulsada por los estadounidenses superricos propone implantar impuestos específicos para gravar la riqueza. Al mismo tiempo, destacadas universidades sugieren que las empresas deberían establecer en una página cuáles son sus verdaderos propósitos. Lo cierto es que en Estados Unidos y Europa se han publicado más de 300 libros sobre el futuro del capitalismo. Y los periódicos más influyentes del mundo empresarial, como Financial Times, incluyen reiterados editoriales sobre el capitalismo responsable.

Los excesos del capitalismo se han visibilizado por los abusos de la explotación del planeta a costa de la destrucción del medio ambiente y un aumento de la desigualdad que ha perjudicado seriamente la vida de las personas y de la economía. Durante la última década se han producido ciertas respuestas a esta dinámica de deterioro social. En 2010 surgió en Viena el movimiento La Economía del Bien Común, impulsada por Christian Felber. En lugar de que el capitalismo persiga el beneficio financiero, se trata de lograr “la aportación más grande al bienestar”. Felber sostiene: “la actual forma de la economía, la economía de mercado capitalista, ha creado un peligroso escenario de crisis, burbujas económica, desempleo, repartos desiguales, crisis climáticas y de energía, hambrunas, crisis de consumo, de identidad y de la democracia”.

A La Economía del Bien Común ya se han adherido centenares de empresas en Austria y Alemania, que tratan de reducir las desigualdades por decisión democrática. Por ejemplo, los sueldos se limitan a 10 veces el salario mínimo; los bienes privados a 10 millones de euros y las donaciones y herencias a 500.000 euros por persona.

Todo este debate nos lleva a las reflexiones que fundamentaron el nacimiento de la economía social (cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y sociedades sin fines de lucro) hace más de 175 años. No se trata de una utopía, sino de una realidad muy viva tanto en Europa como en Estados Unidos. En la Unión Europea hay 2,8 millones de empresas y entidades de la economía social que emplean a 13,6 millones de personas y representan el 8% del PIB de la Unión.

Los principios y características de la economía social están inspirados en buena parte en los valores del cooperativismo. El aspecto más relevante es que son organizaciones de personas y no de capital. Por esta razón, hay una primacía de los trabajadores y del objeto social sobre el capital, una gobernanza democrática, la reinversión de la mayoría de los beneficios que se destinan a los intereses de los miembros y del interés general. El aspecto esencial es que hay un enfoque moral de la economía.

Estos principios van a adquirir cada vez más relevancia. Hacer frente a cuestiones como el cambio climático exigirán a las empresas la adopción de autolimitaciones de carácter voluntario que son mucho más factibles en sociedades guiadas por principios morales que las que persiguen el beneficio a cualquier precio.

Es necesario que los Gobiernos democráticos adopten medidas de apoyo explícito a la economía social. En nuestro país se ha producido todo lo contrario. Por ejemplo, se han liquidado las cajas de ahorros en beneficio del oligopolio bancario, que ha merecido más condenas de los tribunales de toda la historia. Las cajas, a pesar de sus graves fallos de gobernanza, eran perfectamente reconducibles a los fines sociales de sus orígenes en lugar de haber optado por su eliminación, al obligarles a unas exigencias de capital superiores. a la banca

Los académicos, políticos y empresarios que quieren refundar el capitalismo tienen en la economía social muchas ideas en las que inspirarse. Son los mejores valores para lograr una economía más democrática, más equitativa, más sostenible y en definitiva y más justa. La tarea más urgente es redefinir el tamaño de las finanzas de acuerdo con las necesidades de la economía. Los desmanes de las entidades financieras han sido los principales causantes de la última crisis, provocando unos drásticos recortes sociales que en España han supuesto 34.753 millones de euros.

Hay que huir del debate teórico y plantear medidas concretas por parte de los gobiernos a todos los niveles (estatal, autonómico y local) para exigir una democratización de la economía, un enfoque que implicará sin duda un mayor reconocimiento de la economía social, los sindicatos y las asociaciones de consumidores.

[Este es el editorial del número 74 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de septiembre sobre las ejecuciones hipotecarias y desahucios es, contra todas las apariencias, menos beneficiosa para los consumidores que las soluciones que habían adoptado unos meses antes seis Audiencias Provinciales y varios juzgados de primera Instancia interpretando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 26 de marzo de 2019. Estos magistrados y jueces, que habían aplicado diligentemente la doctrina europea, archivaron y sobreseyeron los procedimientos de ejecución hipotecaria especial de los préstamos impagados por la crisis y mantenían estos asuntos paralizados pendientes de la sentencia del TJUE.

Con base a la sentencia europea, los jueces obligaron a los bancos a acudir al procedimiento ordinario si querían recuperar el préstamo. El procedimiento ordinario tiene una clara ventaja para los afectados porque disponen de más tiempo que el fulminante procedimiento de ejecución especial y les permitía invocar otras cláusulas abusivas por reconvención (IRPH, multidivisas, intereses excesivos, comisiones) y reducir así la cuantía de las reclamaciones a través de acuerdos de reestructuración de deuda.

En todo caso, la decisión de archivar y sobreseer estos casos era consecuencia de anular por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado existente en las hipotecas en litigio que permitía activar la ejecución hipotecaria con un solo impago. La suavización de las exigencias del procedimiento hipotecario que exige ahora 12 impagos mensuales en lugar de 3 no es mérito del Tribunal Supremo, sino de la ley 5/ 2019 de 15 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que costó lo suyo a la izquierda.

La sentencia del Supremo ha causado gran perplejidad entre jueces y juristas por considerar estos que infringe muchas normas de derecho. Frédéric Adan, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili, en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Barcelona, señaló: “La sentencia produce muchas vulneraciones tanto del derecho europeo como de aspectos sustanciales del Código Civil y de las leyes procesales”. Estas vulneraciones pueden provocar nuevas cuestiones prejudiciales al TJUE y al Tribunal Constitucional, según determinados juristas especializados en derecho europeo y constitucional.

En relación con el derecho europeo, varios juristas han mostrado su estupor porque la sentencia no hace referencia a cuál es la voluntad del consumidor. Sobre este punto un magistrado apunta los argumentos de la Comisión Europea en el asunto del IRPH en que señala: “el juez competente debe dar al consumidor la posibilidad de declarar su intención de que el contrato se mantenga”.

Teoría poco acertada

Varios juristas consultados subrayan que el Tribunal Supremo se “ha inventado” muchas cosas para poder salvar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Entre estas innovaciones, se menciona la calificación del préstamo con garantía hipotecaria como “negocio jurídico complejo”. Según un magistrado “es una teoría poco acertada, por la simple razón de que se trata, como siempre ha sido considerado, de dos negocios jurídicos: el principal que es el préstamo, y la garantía que es accesorio, de suerte que persiste el primero si resulta nula, o se extingue la segunda, pero no al revés. Esto ha sido siempre así”.

En relación con estos sorprendentes cambios del Supremo, el magistrado Francisco González de Audicana, titular del Juzgado número 38 de Barcelona, se pregunta: “¿Por qué el Tribunal Supremo dice ahora que la cláusula de vencimiento anticipado es esencial cuando no la ha dicho nunca y este concepto no está en ninguna de sus sentencias?”.

Otros magistrados han señalado que varias resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado (26 de julio de 2016, 7 de febrero y 9 de julio de 2001 y 14 de enero de 2008) argumentan la posibilidad de hacer valer la eficacia de la hipoteca por otros procedimientos cuando ha quedado invalidado el procedimiento de ejecución directa hipotecaria.

Otro aspecto polémico es la aplicación retroactiva de la Ley 5/2019 en contra de lo que dispone la misma ley aprobada sólo hace unos meses. El magistrado Guillem Soler, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona, ha precisado que la sentencia es contraria a la disposición transitoria de la ley 5/2019, que rechaza la retroactividad“. Otro magistrado ha subrayado: ”Esta aplicación retroactiva de la sentencia es inconstitucional“. Hay que recordar que, precisamente el pasado 28 de febrero el Tribunal Constitucional emitió una histórica sentencia por vulneración de la tutela judicial efectiva y dio amparo a una desahuciada.

De todas formas, la decisión del Tribunal Supremo puede resultar aún más inconsecuente si se tiene en cuenta, como sostiene algunos juristas, que es una sentencia que no crea jurisprudencia. Estos jueces consideran que no están “legalmente obligados a seguir los criterios que están expuestos de pasada en una sentencia como en este caso”. “Las sentencias del Tribunal Supremo”, añaden “sólo integran la jurisprudencia cuando la doctrina de las mismas es fundamento de la decisión”. Por otra parte, recuerdan que los procedimientos de ejecución hipotecaria se resuelven por auto, no por sentencia, en las Audiencias Provinciales. Y de acuerdo con la ley, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo sólo puede interponerse contra sentencias, no contra autos. La consecuencia es que el control de la ejecución hipotecaria escapa del Tribunal Supremo con la norma procesal vigente.

[Este es el editorial del número 73 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Durante los últimos meses se han incrementado los malos presagios sobre las probabilidades de una próxima recesión económica de amplitud todavía incierta. Reino Unido, Suecia y la locomotora europea, Alemania, ya registraron una contracción de su economía en el segundo trimestre, mientras que Italia se mantuvo completamente estancada. Los factores que agravan este deterioro son diversos, pero los analistas coinciden bastante en que la guerra comercial de Donald Trump contra China puede tener sus peores consecuencias en Europa. Además, las dificultades europeas podrían verse seriamente acrecentadas por el Brexit a partir de noviembre, sobre todo si no se pacta la gestión de la ruptura.

Este debate de fondo sobre los riesgos que amenazan la economía europea e internacional oculta la debilidad en que se encuentra España, por el espejismo que supone mantener un crecimiento relativamente sólido del 2,3% anual.

El problema está en el punto de partida. España se encuentra en una situación social mucho más frágil que los demás países europeos, salvo Grecia. Los ciudadanos no se dejan confundir por ciertos indicadores económicos positivos. El 62% sigue apuntando el paro como el principal motivo de inquietud, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esta preocupación es un claro reflejo de la realidad del mercado laboral. A pesar de que se han creado casi tres millones de empleos desde el peor momento de la crisis, la tasa de desempleo es aún del 14%, más del doble de la media europea (6,3%), según Eurostat. En Europa hay 12 países con una tasa de desempleo inferior al 5%. La realidad es que todavía tenemos un millón de empleos menos que los registrados en otoño de 2007.

Es especialmente preocupante la situación de los 500.000 jóvenes desempleados, el 32% de los menores de 25 años que buscan trabajo. Los que encuentran empleo lo hacen en condiciones cada vez peores. En España, acceder a un empleo no significa la salida de la pobreza. El 19% de los jóvenes entre 18 y 24 años estaban en riesgo de pobreza frente al 11% de la media europea.

Otro serio motivo de inquietud es la fragilidad del sector bancario, que ha visto disminuida su capacidad para financiar la economía. El volumen de créditos destinados a la financiación de la economía productiva no cesa de disminuir cada año. El Banco de España ha señalado que los bancos españoles son los menos solventes de Europa y ve muy difícil que puedan llegar a ser rentables.

A pesar de las elevadas ventas de inmuebles y créditos impagados a fondos buitre, en operaciones carentes de transparencia, el peso de los préstamos dudosos de las entidades españolas todavía alcanza el 5,6%, por encima de la media europea, que supera el 4%. También aquí hay que contextualizar estos datos con los de la banca internacional. Hay que constatar la debilidad de las entidades financieras europeas por su alta proporción de créditos dudosos cuatro veces superior a la de los bancos de Estados Unidos y Japón, según el Banco Mundial.

Las entidades españolas, por otra parte, registran la peor reputación por la acumulación de malas prácticas y su empeño en seguir recurriendo a los tribunales a pesar de que las sentencias son favorables a los ciudadanos en más del 95% de los casos.

La debilidad del sector financiero es un serio lastre para la recuperación tanto de la economía europea como española. Los percances y malas prácticas del Deutsche Bank, aunque se oculten, no son ajenos al deterioro de la economía alemana.

Por otra parte, las recetas del Banco Central Europeo (BCE) para salir de la crisis, proporcionando financiación barata a los grandes inversores y empresas, han provocado la ruina de los ahorradores, aumentado las desigualdades y, sin embargo, no han resuelto los problemas de los bancos para los que cada vez es más difícil funcionar con tipos de interés negativos.

Para muchos ciudadanos resulta difícil comprender que se haya delegado toda la gestión de la crisis al BCE. Los Estados cedieron soberanía a la Unión Europea, que carece de herramientas para tomar las medidas necesarias para afrontar los problemas económicos y sociales.

Las fallas del mercado de trabajo y del sector financiero ponen al descubierto las serias fragilidades de la economía española, que se agravarían si se produce un deterioro económico europeo o internacional. Ante este panorama resulta inaceptable la falta de planes del Gobierno central, aunque sea en funciones, y de los autonómicos para preparar medidas sobre los asuntos que más inquietan a la ciudadanía. No se pueden amparar en la dependencia de la economía internacional y las instituciones europeas para no adoptar medidas.

Es difícil aceptar que las autoridades no puedan abordar los abusos en la contratación laboral responsables de la pobreza de los jóvenes trabajadores. No es fácil comprender que tras cincos años de retraso de una nueva financiación autonómica se precisen 10 meses más para iniciar la negociación. Tampoco resulta comprensible el aplazamiento sin fin del debate sobre los pensiones, mientras su financiación aumenta la deuda pública, que ya supera el 98%. Tampoco es de recibo la falta de compromiso de las autoridades para que los organismos supervisores (CNMV y CNMC) dispongan de los medios necesarios para hacer frente a los poderes energéticos y financieros.

[Este es el editorial del número 72 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Tras una década larga de crisis económica y social cada vez hay más indicios que apuntan que la nueva sociedad surgida tras la hecatombe financiera de 2008 arrincona a una parte significativa de la población. Para los perdedores de la crisis, un colectivo que incluye casi a  un tercio de la ciudadanía, en su mayoría mujeres y menores, la recuperación no ha llegado ni está en su horizonte. La exclusión social se ha cronificado.

Las estadísticas oficiales indican que todavía faltan 1,2 millones de empleos para alcanzar el número de ocupados de 2007, al tiempo que los nuevos salarios y los derechos laborales son de peor condición que hace una década. Comprobamos que la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social y la desigualdad de ingresos no cesa de aumentar. Entre 2007 y 2016, la renta del 10% más pobre ha caído casi el 40%, mientras que ha aumentado más del 20% para el 1% más rico, según el profesor Branco Milanovic.

Una exhaustiva investigación de esta crítica realidad social ha sido recogida en el VIII Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), que constituye la radiografía más profunda de los mayores desafíos de la sociedad española. El mérito de este trabajo, realizado por 125 investigadores, más de 30 universidades y 13 organizaciones de acción social, es que cuenta con más de 55 años de experiencia en la investigación social de este país. Es obligado prestar una atención  a este trabajo que descubre una realidad  mucho más dramática que la conocida y que debería ser tenida en cuenta por  todos los niveles de Gobierno con urgencia.

El informe ofrece una visión alejada de los análisis  economicistas y se centra especialmente en la condición humana de los ciudadanos. A los investigadores les preocupa que la recuperación económica y del empleo no haya evitado “la erosión del ámbito de los derechos”. De alguna manera piensan que “se ha conseguido reducir el espacio de la exclusión, pero se mantiene por encima de la existente en el año 2007”. Y subrayan que la convulsa contienda política a través de diversos ciclos electorales “ha desplazado la cuestión social a los márgenes del debate”.

La vivienda constituye uno de los elementos clave del análisis. Para los investigadores “la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se convierte en un derecho inaccesible para muchas familias que sufren la inseguridad y la inadecuación del hogar”. En 2018, el 9,5% de los hogares tenía ingresos inferiores al umbral de pobreza grave, una vez satisfechos los costes de su vivienda, el doble que en 2007 (4,5%). A pesar de los casi 2,5 millones de empleos creados, la situación del mercado de trabajo es alarmante. El informe subraya que el empleo precario “es uno de los principales generadores de exclusión social”. Precisa que el nuevo empleo creado “es más desigual que el destruido”. Se destaca que el 31% de la población en exclusión social trabaja menos de 20 horas semanales y que los trabajadores a tiempo parcial (75% mujeres) ganan un 38,2% menos que los de jornada completa. Es terrible el retroceso en la formación para remediar esta situación. En 2013 el 11,6 % de los desempleados optó por algún tipo de formación para el empleo, porcentaje que ha disminuido hasta el 5,6% en 2018.

Sobre  desigualdad de género, el trabajo aporta numerosos datos que revelan las trabas que sufren las mujeres para vivir de forma integrada. El 20% de los hogares sustentados por mujeres (monoparentales y mujeres solas en su mayoría) sufren exclusión social, cuando los mantenidos por varones lo padecen un 16%. Por otra parte, la brecha salarial en las ocupaciones bajas es del 35%, una de las más altas de  Europa.

La intensa precariedad laboral de las mujeres afecta intensamente a sus pensiones. La gran mayoría (8 de cada 10) de los perceptores de pensiones no contributivas (392 euros al mes) son mujeres. En las pensiones contributivas sus prestaciones son inferiores en un 36% a las de los hombres.

Otro aspecto preocupante es la mayor precariedad de los menores. Se observa que los mayores de 65 años han mejorado su situación de exclusión social y en 2018 alcanzaron la tasa más baja (11,4%). Por el contrario, los jóvenes han empeorado continuamente hasta elevar su porcentaje de exclusión al 23%,  el año pasado.

La conclusión más inquietante es que “la situación de los hogares en exclusión grave se ha cronificado y sus condiciones de vida han empeorado”. Y “la distancia social de este grupo con el resto de la ciudadanía se incrementa”. En definitiva, se está produciendo una feminización y 'juvenilización' de la pobreza. El arrinconamiento de un segmento importante de la población está contagiando rápidamente a las clases medias.

Uno de los efectos más inquietantes de este deterioro es que la participación política se reduce en el espacio de la exclusión. Hay barrios pobres en donde el 75% de habitantes no votan.

A la vista de este panorama, es prioritario reconstruir la dimensión social de la Unión Europea, de la que desconfían cada vez más los ciudadanos. Ante estos resultados cobran cada día más valor los modelos alternativos como la economía feminista, la economía del bien común, la economía social y la economía solidaria, que a pesar de los vientos en contra, van ganando adeptos.

[Este es el editorial del número 71 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La inesperada renuncia presentada por Francisco Javier Orduña Moreno como magistrado del Tribunal Supremo ha causado una seria preocupación entre las asociaciones de consumidores y en medios jurídicos y académicos. El profesor Orduña ha anunciado que volverá a su cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, donde proseguirá sus investigaciones sobre el desarrollo de la teoría de la transparencia del que ha sido un destacado impulsor en España. 

Orduña, (Valencia, 1959) ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Alto Tribunal del moderno derecho europeo de defensa de los consumidores mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos como el de la banca. Su labor ha quedado patente en relevantes sentencias de la que ha sido ponente y en decisivos votos particulares en los que expresaba sus disensiones de la mayoría de magistrados. 

Orduña se ha inspirado en los estudios del filósofo y constitucionalista estadounidense Ronald Dworkin y del ensayista polaco Zygmunt Bauman. De este último ha tomado la idea de transparencia “como ideal de lo justo en las relaciones marcadas por la desigualdad de las partes y, por tanto, como un ideal de protección ética de la parte más débil, ideal sólido que se aparta de la mera apariencia de lo que él denominó como posverdad”, como ha señalado en su última obra, La transparencia como valor del cambio social: su alcance constitucional y normativo.

Según Orduña, para los españoles es incuestionable que la noción de transparencia, como ideal o referente, ha arraigado en las aspiraciones de cambio que reclama la sociedad civil. Señala que estas aspiraciones comportan “un auténtico cambio de cultura acerca de los nuevos paradigmas en los que los ciudadanos quieren asentar su relación con el Estado (transparencia política); su relación con la Administración pública, como administrados (transparencia administrativa) y sus relaciones contractuales predispuestas o bajo condiciones generales, como consumidores o clientes (transparencia privada o contractual)”. 

Entre sus resoluciones más relevantes destaca el voto particular de 25 de marzo de 2015 en el que abogó por la devolución total de los intereses indebidamente cobrados por la banca a los titulares de hipotecas con cláusulas suelo. La redacción de este voto es un reflejo del talante del magistrado al reconocer su propio error en una sentencia anterior de mayo de 2013, “en la que yo mismo incurrí al ser firmante de la misma, sin ninguna observación al respecto”. La devolución íntegra de los intereses a los afectados por cláusulas suelo fue establecida en diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha beneficiado ya a más de medio millón de personas a través de reclamaciones extrajudiciales  (525.463) y 81.280 sentencias.

En el asunto de las cláusulas suelo Orduña presentó nuevos votos particulares a las sentencias del Supremo (3 de junio de 2016) en la que ampliaba las reglas de transparencia a una profesional y 11 de abril de 2018, que consideró que las cláusulas suelo rebajadas seguían siendo nulas. Sus argumentos han servido de base para la presentación de nuevas preguntas al TJUE.

Mucho más relevante ha sido su posición ante las ejecuciones hipotecarias que han ocasionado cientos de miles de lanzamientos de familias. Se trata de un procedimiento de efectos fulminantes que a partir de la cláusula de vencimiento anticipado que permiten la ejecución hipotecaria por el impago de una sola mensualidad. En este caso su voto particular de 23 de diciembre de 2015 señaló que la sentencia el Tribunal Supremo infringía la directiva europea sobre cláusulas abusivas y que tras la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado debía procederse al sobreseimiento de la ejecución instada. Los razonamientos de Orduña han sido tomados como referencia tanto por el abogado general Maciej Szpunar como por la Comisión Europea en sus intervenciones ante el TJUE.

El asunto del vencimiento anticipado es de la máxima actualidad tras la reciente sentencia del TJUE del pasado 26 de marzo. Hay más de 20.000  expedientes paralizados en las audiencias y juzgados de primera instancia desde hace más de dos años a la espera de lo que decidiera la Corte europea a las preguntas planteadas por varios tribunales entre ellos el Supremo. Juzgados y Audiencias de toda España están pendientes ahora de la interpretación que haga el Supremo de este asunto que inexplicablemente no se ha pronunciado a pesar de la urgencia manifiesta de las familias afectadas. Cuando han transcurrido más de dos meses desde la sentencia del TJUE, resulta inexplicable que el Supremo no se haya pronunciado. Su inacción resulta más sorprendente aun si se tiene en cuenta que varios juzgados ya han interpretado  la sentencia europea y han decido archivar y sobreseer las ejecuciones hipotecarias que estaban enjuiciando por estimar que el contrato puede existir sin esta cláusula abusiva.

La renuncia del magistrado Orduña será efectiva a partir del próximo 30 de junio. No sabemos si antes de esa fecha el Tribunal optará por dictar la esperada sentencia. Lo que sí sabemos es que su ausencia en el Supremo se echará en falta más que nunca en este momento de profunda transformación de la economía y de las relaciones sociales. 

[Este es el editorial del número 70 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La desconfianza de los ciudadanos en la Unión Europea es el principal problema de la Unión. La causa de esta desafección popular deriva de que el proyecto europeo no ha logrado superar los nacionalismos de los Estados miembros a pesar de sus 60 años de funcionamiento. El objetivo consagrado en los tratados de conseguir “una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, no tan solo no se ha logrado, sino que las distancias entre países han aumentado durante los últimos 20 años, es decir, desde que se introdujo el euro como valor contable en 1999. 

Las diferencias sobre el nivel de riqueza entre países crecen. La distancia entre el producto interior bruto (PIB) por habitante más elevado y el más reducido en la zona euro (sin los países del Este) estaba en 2,5 en la década de 1980, mientras que actualmente es casi de 4, según la gestora de activos Candriam. El Centro de Política Europea, con sede en Alemania, ha proporcionado cifras más precisas detallando los perdedores y ganadores por países. El balance de los últimos 20 años es que los ciudadanos de todos los países perdieron, excepto los alemanes y holandeses, que ganaron 23.116 y 21.003 euros por habitante, respectivamente. Los grandes perdedores fueron los italianos y franceses, con 73.695 y 55.996 euros por habitante, en cada caso. España figura entre los perdedores pero en una cuantía menor, 5.031 euros por habitante. Sin embargo, según Eurostat, las pérdidas han sido especialmente notables a raíz de la crisis económica. Entre 2006 y 2017 el PIB per cápita de Italia pasó del 103,5% de la media europea al 96%. En  España, la caída durante el mismo periodo fue más intensa, desde el 104,1% al 92%.

La falta de convergencia es patente en otros terrenos como el nivel de desempleo, desde el 18% en Grecia y el 13,9% en España al 1,9% en la República Checa y el 3,1% en Alemania. Las diferencias son también notables en el salario mínimo obligatorio, desde 2.071 euros mensuales en Luxemburgo a 286,6 en Bulgaria. España ha logrado subir hasta 1.050 euros (900 euros en 14 pagas) tras la subida del 22% de este año. Las promesas de establecer un salario mínimo europeo, adaptado a la situación de cada país, o un seguro de desempleo común son anuncios y promesas que nunca logran materializarse por la resistencia de los países ricos.

Un reflejo clamoroso de los egoísmos nacionales es la paralización que está registrando la unión bancaria, fundamental para la estabilidad financiera, por la testaruda oposición de Alemania a la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Berlín asegura que no aceptará este fondo hasta que los bancos europeos no limpien sus balances de activos tóxicos, que superan los 600.000 millones de euros. Es una argumentación muy poco convincente proveniente de un país que alberga el Deutsche Bank, uno de los grandes bancos más inestables de Europa.

Esta realidad de crecimiento de las desigualdades supone que los ciudadanos no identifican a la UE como  como las  instituciones que pueden resolver sus problemas. Pero sería injusto culpar a la Comisión Europea o al Parlamento Europeo de la falta de medidas concretas para solventar las necesidades de los ciudadanos. La realidad es que son los Estados los que impiden el progreso de las políticas comunes. 

La carencia de un presupuesto europeo con recursos suficientes para reducir las desigualdades y “hacer una unión cada vez más estrecha”, es una limitación que la UE arrastra desde 2003. En diciembre de aquel año, los principales contribuyentes netos (Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia y Austria) enviaron una carta al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, en la que le exigían que el gasto presupuestario no superase el 1% del PIB comunitario. Desde entonces no hemos avanzado nada en política fiscal.

El ejemplo más palpable de esta ineficiencia es la falta de una política fiscal común. La regla de la unanimidad vigente en este campo permite a cualquier país bloquear las iniciativas por moderadas que sean. Esta situación supone serios problemas de competencia y dificulta la lucha contra los paraísos fiscales, de los que Europa es el principal proveedor.

Los ciudadanos leen en los periódicos las numerosas implicaciones de la banca en prácticas fraudulentas como el actual gigantesco lavado de dinero ruso por el Danske Bank por más de 200.000 millones de euros, que implica a las autoridades de Dinamarca y Estonia. 

Las próximas elecciones europeas, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo, han propiciado hasta ahora pocos debates sobre cómo atender las necesidades más urgentes de los ciudadanos de la Unión. Durante los últimos años hemos visto cómo han ido cayendo las iniciativas como la de crear un presupuesto de la zona euro, una política fiscal común y la unión del mercado de capitales con el establecimiento de eurobonos, que supondría un único activo seguro para  la Unión con el respaldo de todos los países del euro.

Este atasco generalizado del proyecto europeo, que se desvanece entre sucesivas promesas que nunca se llegan a concretar completamente, pone en duda la propia supervivencia de la Unión como ha reconocido el  comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. De este escenario poco esperanzador solo se salva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con apoyos sustanciales de la Comisión Europea, cuyas sentencias que tienen primacía sobre los derechos nacionales van configurando un marco de derechos fundamentales que suponen una mejora de las condiciones de vida en la mayoría de países. En realidad, la curia europea constituye la institución verdaderamente federal de la UE, que iguala de verdad a todos los europeos bajo una misma ley y derechos  forjando  los  cimientos para crear  una verdadera unión en otros ámbitos a largo plazo.

[Este es el editorial del número 69 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Las pensiones públicas constituyen el cemento de nuestro Estado de bienestar. Este año se dedicarán 153.864 millones de euros a ellas, lo que representa el 73% del gasto social.  Las pensiones públicas son el principal mecanismo de redistribución de la renta en España y sus beneficiarios se extienden mucho más allá de sus casi nueve millones de perceptores directos. Estas prestaciones son unos ingresos complementarios para familiares de muchos pensionistas.

El sistema público de pensiones es la principal seña de identidad de nuestro sistema social, que se consolidó a partir de las movilizaciones y pactos acordados desde la transición hasta alcanzar el 11,5% del PIB, casi el triple de 1978. 

Esta historia y esta realidad social son razones más que suficientes para dedicar todo el empeño en asegurar el futuro de las pensiones, que es también el principal estabilizador de nuestra democracia. El sistema español de pensiones públicas es de reparto. Esto implica que las cotizaciones (123.000 millones de euros) aportadas por las empresas y los trabajadores de hoy (2019) sostienen la mayor parte del gasto. Para cubrir las necesidades totales se precisan, además, unos 15.000 millones de aportaciones del Estado y el recurso al endeudamiento público por otros 15.000 millones. La aportación del Estado se destina principalmente a mejorar las pensiones mínimas (7.337 millones de euros), que, pese a ello, siguen siendo muy bajas; las prestaciones no contributivas (4.458 millones) y   la dependencia, (1.723 millones). 

El primer problema del sistema es que una parte significativa de los beneficiarios reciben pensiones muy insuficientes. No es un buen criterio hablar de pensiones medias. Hay que tener en cuenta que en 2018 más de cuatro millones de pensionistas (el 46%) percibieron como máximo 800 euros mensuales. En el caso de las viudas, esta cuantía la recibieron 2,5 millones de mujeres, el 60% del total. Es evidente que la insuficiencia de las prestaciones es la primera preocupación que hay que tener en cuenta.

El segundo desafío es que el sistema público de pensiones es deficitario y hay que recurrir al endeudamiento para su mantenimiento. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), hay un déficit estructural de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, (entre 15.600 y 18.000 millones de euros anuales). Este grave problema fue ocultado durante los años del Gobierno del PP por el recurso al Fondo de Reserva, que había llegado a acumular más de 60.000 millones de euros en los primeros años de este siglo. Casi agotado el fondo, los Gobiernos han acudido sistemáticamente al endeudamiento. La deuda acumulada supera los 50.000 millones de euros.

Fórmula lógica

Resulta una auténtica irresponsabilidad cubrir una parte del gasto de pensiones con endeudamiento. Supone incrementar la carga a las futuras generaciones, cuya situación presenta ya de por sí mayores desafíos por los efectos del creciente envejecimiento de la población. A corto plazo, la necesidad de eliminar el déficit es la tarea más urgente. La fórmula más lógica es que el Estado financie el agujero actual mediante impuestos. La propia AIReF considera: “es factible y deseable que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado”.

A medio y largo plazo los problemas se agravarán principalmente por la evolución demográfica. A partir de mediados de la próxima década, empezará a jubilarse la generación del baby boom, integrada por los nacidos entre finales de las décadas de 1950 y 1970. Se trata, no obstante, de un problema manejable. El gasto de pensiones en España con relación al PIB es inferior al de la media de la zona euro (12,5%) y a otros países próximos como Italia (16,2%), Francia (15%), Austria y Finlandia (14,4%) y Portugal (13,9%). 

El problema del envejecimiento de la población se puede afrontar profundizando en las medidas adoptadas en la reforma socialista de 2011. Se trataría de elevar la edad efectiva de jubilación que actualmente es muy baja (62,4 años), por el abuso de las prejubilaciones por parte de grandes empresas, que está alejada en más de 2,5 años de la edad legal, y está muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) que es de 64,3 años. Otra medida sugerida por esta autoridad es aumentar el periodo de cálculo de la pensión fijado actualmente en 20 años, que llegará a los 25, en 2022.

Sin embargo, la principal fuente de ingresos la seguirán constituyendo las cotizaciones sociales, que dependen del número de trabajadores del nivel salarial. La fuerte creación de empleo de los últimos años ha sido insuficiente para reequilibrar el sistema de pensiones debido de desvalorización de los salarios, que, a su vez, está ocasionando graves problemas de estabilidad a los jóvenes.

La subida del salario mínimo en un 22% ha sido la mejor medida para afrontar tanto unas mínimas condiciones de vida para los jóvenes como para favorecer la financiación de las pensiones. Estos días, hemos conocido la triste noticia del fallecimiento del economista estadounidense Alan Krueger, que revolucionó la economía con sus estudios. Estos probaron que la subida del salario mínimo no afectaba al empleo. Sin salarios dignos no habrá pensiones decentes. Krueger es un buen referente para que los partidos asuman sus responsabilidades y vuelvan a sentarse para recuperar el Pacto de Toledo que tan buenos frutos ha dado. 

[Este es el editorial del número 68 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Los siete meses del Gobierno de Pedro Sánchez han sido decisivos para la recuperación de derechos sociales tras el tremendo retroceso registrado durante los casi siete años de mandato del PP. Los principales avances se han concretado en una subida del salario mínimo del 22%, una revalorización de las pensiones, las recuperación de la sanidad universal, la reversión de los recortes educativos y la mejora de la protección de los autónomos, de la ley hipotecaria y de la ley de violencia de género.

En materia de vivienda ha sido significativo el desistimiento por el Gobierno socialista del recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la Ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El Tribunal Constitucional ya ha notificado a los Gobiernos español y catalán la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso.

La decisión ha sido acogida con especial satisfacción por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, (PAH), que el pasado 22 de febrero celebró el décimo aniversario de su constitución. La plataforma fue el verdadero motor de la ley catalana de protección del derecho de la vivienda tras la recogida de 150.000 firmas en el marco de una iniciativa legislativa popular (ILP). Esta iniciativa fue la respuesta en Cataluña al rechazo del PP a la ILP impulsada por la PAH en el conjunto de España y por la que se habían recogido más de 1.402.854 firmas.

La decisión del PP de recurrir la ley 24/2015 no fue un problema de competencias, como explicó en el Congreso de los Diputados Lucía Martín, diputada de Podemos. Martín recordó que el PP ha suspendido también en estos años leyes muy parecidas en Andalucía, Navarra, Canarias, Euskadi y Aragón.

Para la PAH, con la recuperación de la ley 24/2015 se consiguieron “herramientas tan imprescindibles y efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de los grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario sea un gran tenedor”. También exige la “la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública con el fin de poder ampliar el parque de viviendas para alquiler social y hacer frente a los desahucios”.

La reactivación de la ley catalana supone un avance claro en los derechos de los más vulnerables y una victoria moral para todas las personas comprometidas en la defensa del derecho a la vivienda durante los últimos años.  Sin embargo, la recuperación de estos derechos llega en un momento en que la mayor parte de los daños causados, principalmente las 400.000 familias que han sido expulsadas de sus domicilios por no haber podido hacer frente a la hipoteca o al pago del alquiler, son ya irreversibles.

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Constitucional no recupera en su integridad la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña. Así, por ejemplo, no se recoge la disposición adicional de la ley 24/2015, que establecía que “el acreedor puede ceder su crédito contra el deudor si el crédito ha sido garantizado con la vivienda del deudor y este es un consumidor”. Este aspecto es muy relevante porque la vigencia de esta disposición habría podido evitar la venta masiva de grandes paquetes de inmuebles por parte de los bancos a inversores internacionales, conocidos como fondos buitre a precios de saldo, de entre 4% y el 7% del valor de las casas. La venta de estas viviendas a precios reducidos a sus antiguos poseedores habría permitido solucionar un gran problema social y al mismo tiempo resolver el problema de liquidez que tenía la banca.

La crisis inmobiliaria en nuestro país ha pasado por cuatro dramáticas etapas. En primer lugar, la venta masiva de inmuebles con una irresponsable financiación bancaria en los años previos a la crisis, creando un problema de sobreendeudamiento de la población española, como ha señalado el profesor Fernando Zunzunegui. Una segunda etapa, desarrollada durante la crisis económica, que se tradujo en una avalancha de desahucios que afectó especialmente a las familias que habían perdido el empleo y no pudieron asumir los pagos hipotecarios. La tercera etapa se originó con la venta de paquetes de inmuebles a los inversores internaciones (Blackstone, Cerberus, Lone Star, Axactor, ente otros muchos) a precios de saldo por más de 100.000 millones de euros en los dos últimos años. Actualmente estamos asistiendo a la cuarta fase, en la que los fondos buitre venden por el doble de lo que pagaron a personas físicas (agentes inmobiliarios), que debido a sus menores dimensiones no tienen obligación de ofrecer vivienda social a los desahuciados.

Actualmente sigue registrándose un gran número de desahucios (184 al día) y muchas familias con niños se han visto obligadas a ocupar los pisos vacíos en poder de la banca para sobrevivir. La respuesta oficial a esta situación fue la aprobación de la ley 5/2018 para abordar la ocupación ilegal de viviendas, que ha sido recurrida al Constitucional.

La abogada Verónica Dávalos, redactora del recurso de inconstitucionalidad, ha señalado que no “se puede confundir a las mafias o personas que se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad con la inmensa mayoría de los casos que ocupan viviendas por su extrema necesidad”. Ante esta situación de miles de personas desamparadas sin viviendas disponibles, Dávalos ha fundamentado el recurso invocando el concepto de “derecho al hogar”, basado en los convenios internacionales sobre Derechos Humanos firmados por España. “El hogar”, precisa esta jurista especialista en derecho europeo, “es como una segunda piel, es el lugar que todas las personas necesitamos para protegernos y asegurar nuestro arraigo”. Y recuerda la sentencia McCann del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que “la pérdida del hogar es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto al domicilio”.

[Este es el editorial del número 67 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

A pesar de las barreras establecidas por los poderes económicos y las autoridades, cada día conocemos mejor las causas y consecuencias de la crisis financiera. En esta tarea de esclarecimiento de hechos que causaron enormes daños económicos y sociales se encuadra El libro negro (Editorial Espasa), último libro del periodista Ernesto Ekaizer.

Como significativamente apunta el subtítulo, Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, la investigación se centra en las responsabilidades de la cúpula del organismo supervisor en el desarrollo de la crisis por su rechazo a las advertencias y actuación de sus inspectores. Una crisis en la que, sin duda, tuvieron una responsabilidad primordial los directivos de las entidades financieras y determinados responsables de los Gobiernos central y autonómicos. Los responsables del Banco de España durante este periodo fueron Jaime Caruana, antes de la crisis, y posteriormente Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El trabajo, extraordinariamente documentado y contrastado con numerosas fuentes identificadas, describe con detalle el cúmulo de malas prácticas toleradas y bendecidas por el supervisor. Señala los casos de los maquillajes de la contabilidad para simular beneficios inexistentes o cargar las pérdidas al balance y no a la cuenta de resultados, en contra de lo que establecía la regulación y exigían los inspectores. En este sentido, el libro es de gran utilidad para comprender la evolución de los juicios que se están desarrollando actualmente, especialmente el de la salida a Bolsa de Bankia, en el que Rodrigo Rato figura como principal acusado.

Ekaizer destaca el trabajo de la Asociación de Inspectores del Banco de España, que advirtió al vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, en mayo de 2006, del nivel de riesgo acumulado por el sector financiero por la anómala evolución del mercado inmobiliario. Posteriormente, en la búsqueda judicial de responsabilidades, la labor de los inspectores del Banco de España también ha sido fundamental.

Así, el autor destaca las advertencias del inspector Juan Antonio Casaus y el extraordinario trabajo de los también inspectores Víctor Sánchez y Antonio Busquets, en su calidad de peritos judiciales a las órdenes del juez Fernando Andreu, que desentrañaron las maniobras de los gestores. Relata también los lamentables intentos del Banco de España de desacreditar su trabajo. La comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los inspectores Pedro Sánchez y José Antonio Delgado confirma las trabas de los responsables del supervisor a la actuación de la inspección.

[Este artículo ha sido publicado en el número 66 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Pero el éxito de esta mujer neoyorquina no deriva de su juventud, 29 años, sino de las ideas medioambientales y de justicia social que pregona. Ocasio- Cortez defiende aplicar un tipo fiscal máximo del 70% para las rentas más elevadas y recabar así fondos para luchar contra el cambio climático. La congresista latina ha recordado que en Estados Unidos ya se aplicaron tipos fiscales máximos del 91% en la década de 1950. Y ha precisado que actualmente Suecia aplica tipos del 70% a los asalariados que obtienen ingresos superiores a los 98.000 dólares anuales.

Al mismo tiempo, la veterana senadora demócrata Elisabeth Warren ha anunciado su precandidatura a las elecciones presidenciales. Warren se ha caracterizado por la defensa de la clase media y una crítica incisiva a la desregulación financiera de un Gobierno que considera cautivo de los ricos y los poderosos. Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, comprometida defensora de los emigrantes en la América de Trump, revalidó la presidencia de la Cámara de Representantes con una victoria sin precedentes desde hace varias décadas.

En Estados Unidos ha vuelto a crecer la esperanza, esta vez de la mano de las mujeres, sin olvidar al veterano defensor de los trabajadores y senador demócrata Bernie Sanders. Frente al dominio actual de las políticas de extrema derecha y gobiernos populistas en Estados Unidos, Brasil, Hungría o Polonia, hay una creciente contestación social ante el insoportable aumento de las desigualdades y el retroceso en los derechos civiles. Las movilizaciones registradas en Francia promovidas por los llamados chalecos amarillos son un claro reflejo del malestar existente por el empobrecimiento de amplios sectores sociales.

Oxfam Intermón ha confirmado con cifras la percepción de empobrecimiento general y aumento generalizado de las desigualdades. La fortuna de los multimillonarios del mundo aumentó el 12% en el último año, mientras que la riqueza de la mitad más pobre se redujo el 11%. El poder de las multinacionales y los paraísos fiscales frente a los Estados es una de las principales causas del aumento de la pobreza en los países menos desarrollados. Según Oxfam Intermón, los países pobres pierden 170.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales cada año por la evasión de las grandes empresas y fortunas que son necesarios para los servicios públicos básicos. Esta cifra significa más del doble de la ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea, que en 2016 aportó 75.500 millones de dólares, según la OCDE.

En España, la crisis ha significado un fuerte aumento del desempleo, que a pesar de los cinco años de crecimiento económico todavía se mantiene en 3.304.300 parados, un millón más que antes de la crisis. El deterioro económico de la última década ha arrinconado a más de una cuarta parte de la población, el 26,7% en situación de exclusión social, según Eurostat. Esto significa que durante los últimos diez años el número de personas en riesgo de pobreza ha aumentado en 1.450.000 personas, hasta alcanzar los 12,2 millones.

La pobreza tiene un grave impacto sobre la salud. La diferencia en la esperanza de vida de las personas de los barrios más ricos y más pobres de ciudades como Barcelona llega a los 11 años y a los 7 años en Madrid. La marginación social se ha agudizado especialmente en España por la pérdida de la vivienda de muchas familias. Numerosos propietarios de edificios han vendido inmuebles enteros a empresas de inversión inmobiliaria conocidas como socimis y a inversores internacionales que después no han renovado los contratos de alquiler. Miles de personas han sido desalojadas de sus casas sin poder acceder a otros pisos debido a la imposibilidad de encontrar habitación por el encarecimiento de los alquileres y la dureza de las condiciones establecidas en los contratos.

Alquileres sociales

Los bancos españoles, por su parte, han vendido masivamente a fondos internacionales importantes paquetes de activos inmobiliarios, por una cuantía de unos 130.000 millones en los últimos dos años, con descuentos de hasta el 60% de su valor de adquisición. Esas operaciones, incentivadas por las autoridades priorizando el saneamiento bancario a consideraciones de tipo social, ha dejado en una situación de indefensión a muchos inquilinos que no pueden negociar con los nuevos dueños. Algunas entidades, como BBVA, Sabadell y La Caixa, han empezado a negociar con los afectados el establecimiento de alquileres sociales, tratando de restaurar su reputación hundida por el cúmulo de malas prácticas realizadas durante los últimos años.

Los residentes en viviendas de alquiler han sufrido un último revés por la incapacidad de la izquierda para aprobar un nuevo decreto ley que elevaba de tres a cinco años la duración de los contratos. Podemos votó en contra porque la nueva norma no facultaba a ayuntamientos y comunidades autónomas a limitar la subida de los alquileres que habían pactado con el PSOE.

La pérdida de la vivienda ha provocado un fuerte aumento de las ocupaciones, la mayoría por parte de personas necesitadas. En Cataluña, el delito de usurpación (ocupación de inmuebles) ha pasado de 754 casos en 2006 a 5.773 en 2015, según el informe ¡La vivienda para quien la habita!, de la Obra Social de la PAH, que utiliza datos de la fiscalía.

El clima de malestar generalizado solo puede ser afrontado con un mayor peso del Estado que refuerce los servicios públicos para compensar a los perdedores de la crisis y su capacidad regulatoria. Ni las pensiones, la sanidad, la educación y la vivienda tienen solución sin más recursos públicos. Tampoco se eliminarán las malas prácticas financieras sin más poder de los Estados y los organismos supranacionales. Está claro que hacen falta otros gobiernos.

[Este es el editorial del número 66 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Lo peor de la crisis financiera en España han sido los cientos de miles de familias que se han visto expulsadas de sus casas. Esta realidad ha quedado bien acreditada en diferentes estadísticas oficiales y a lo largo de las numerosas comparecencias en la comisión de investigación sobre la crisis financiera desarrollada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el drama de los desahucios es solo la etapa final de una serie de circunstancias que caracterizan la grave situación en que se encuentra la vivienda en España. Hay varios aspectos que hay que abordar simultáneamente para remediar esta catástrofe social que nos diferencia tanto de los países europeos.

En primer lugar, hay que destacar el raquítico gasto público dedicado en España al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que en 2016 ascendió al 0,15% del PIB, frente al 0,6% de media en la UE, según Eurostat. La construcción de viviendas sociales prácticamente ha desaparecido en nuestro país. De las más de 100.000 viviendas protegidas construidas anualmente durante las décadas de 1970 y 1980 se ha pasado a menos de 5.000 en 2017.

El segundo gran desafío es el minúsculo peso que ocupa la vivienda de alquiler social. En 2017, solo el 1,5% de las viviendas eran de alquiler social en nuestro país, frente al 30% en Holanda, el 24% en Austria y el 20,9% en Dinamarca.

El tercer problema es la existencia de una legislación antisocial, que no respeta los derechos de los usuarios y es contraria a la normativa comunitaria como han declarado reiteradamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las recientes reformas en materia de vivienda de alquiler del pasado diciembre, que elevó el periodo mínimo de arrendamiento de tres años a cinco años y refuerza los derechos de los inquilinos, suponen claras mejoras. Pero quedan pendientes aspectos importantes como la limitación del precio de los alquileres como se había pactado con Unidos Podemos.

El reciente informe de la ponencia sobre la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, norma que probablemente se aprobará finalmente en febrero, tras más de dos años de retraso, es más favorable al derecho de los consumidores que el proyecto inicial elaborado por el Partido Popular. Sin embargo, hay todavía serias deficiencias para equiparar nuestros derechos en este campo a los establecidos en la Unión Europea y por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

En materia de vivienda es necesario fijarse en los extraordinarios logros alcanzados en numerosos países europeos. La primera observación es que no es un asunto irresoluble. En segundo lugar, la medida común es que han sacado una parte de las actividades relacionadas con la vivienda de la estricta lógica especulativa del mercado. El Estado y, sobre todo, los municipios han desempeñado un papel muy relevante construyendo un importante número de equipamientos sociales.

Los ejemplos de algunas ciudades europeas son elocuentes. Viena, con 1.888.776 habitantes, cuenta con 220.000 pisos municipales que pagan un alquiler de 400,20 euros al mes y 200.000 apartamentos pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Vivienda de Renta Limitada, que costean un arrendamiento de 512,40 euros mensuales, según el trabajo elaborado por los profesores Dorothea Greiling y Friedrich Schneider, presentado en la conferencia Housing for All, celebrada el pasado diciembre en la capital austriaca.

El resultado es que el 62% de los vieneses disfrutan de viviendas de renta social. Además, se trata de viviendas de una elevada calidad arquitectónica y de moderno diseño destinadas a amplios segmentos de la población. El 25,5% de las viviendas municipales se destinan a familias con renta inferior a 1.000 euros mensuales. En Viena la tasa de personas en riesgo de pobreza es del 21,5%. Pero también la clase media tiene acceso a estos establecimientos. Un 36% de las viviendas municipales son ocupadas por familias con rentas comprendidas entre 1.500 y 2.500 euros mensuales.

Viena es un referente, pero no es un caso aislado. En Ámsterdam, por ejemplo, con 854.316 habitantes, el 42,9% de las viviendas son de renta social (533 euros al mes) y el 14,50% son privadas pero de renta limitada. El 62% de las viviendas de renta social son ocupadas por familias con rentas inferiores a 30.150 euros anuales.

Estos ejemplos revelan la necesidad de cambiar radicalmente la política sobre la vivienda. Hay que aumentar la dotación pública en viviendas sociales, favorecer y abaratar el alquiler y reformar la legislación. La medida más urgente es facilitar la construcción de viviendas sociales, según el estudio El parque público y protegido de viviendas en España, de la Fundación Alternativas. De acuerdo con un análisis desde el contexto europeo realizado por Carme Trillas y Jordi Bosch “para atender las necesidades residenciales presentes y futuras hasta 2030 sería necesario incrementar el parque de alquiler social en unos 2,65 millones de nuevas unidades, lo que elevaría su peso hasta el 15% de las viviendas principales”.

Sobre el derecho a la vivienda, existe un gran equívoco en nuestro país. La  Constitución española establece en su artículo 47 que todos los españoles “tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero esto no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica. El primer cambio legal necesario es elevar la vivienda al rango de derecho fundamental, como estableció el TJUE en su sentencia Monika Kusionová, en septiembre de 2014. Esto reforzaría las obligaciones del Estado. Las dificultades del acceso a la vivienda son una de las mayores causas del malestar existente. Menos discutir y más actuar. 

[Este es el editorial del número 65 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros mensuales en 14 pagas, que propugna el Gobierno socialista de acuerdo con Unidos Podemos, es la decisión más necesaria que hay tomar en este país para revertir los daños causados por la crisis. Durante la última década la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos ha alcanzado el 30%, y en ocasiones hasta el 50%. Esta subida salarial es la propuesta más esperada por amplios colectivos, especialmente los jóvenes, que precisan una compensación urgente por los daños causados por la crisis. 

En este país, el 12,56% de los trabajadores (unos 1,8 millones de personas) cobraban el salario mínimo o menos en 2016, el último dato disponible, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las mujeres el porcentaje de empleadas que ingresan menos del SMI era el 17,8%.

Hay que tener en cuenta que en  España un 14,5% de los empleados  pertenecen a la categoría de “trabajadores pobres”. Es el porcentaje más elevado de la Unión Europea. Se trata de personas con un nivel de ingresos tan bajo que no salen de la indigencia a pesar de trabajar.

La justa subida del salario mínimo no puede quedar condicionada a la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2019, donde se ha enmarcado inicialmente. Si la aprobación de las cuentas públicas se frustra por la falta de los apoyos parlamentarios necesarios por el rechazo de las formaciones independentistas, el Gobierno tiene que agotar todas las vías legales para hacer posible una medida que significa un cambio sustancial en las condiciones de vida de millones de personas. 

La propuesta ha levantado una fuerte polémica entre especialistas, académicos y autoridades. El principal argumento de rechazo es que una subida del 22% del salario mínimo puede tener un impacto negativo sobre el empleo. Algunas instituciones como el Banco de España han llegado a cuantificar que el aumento podría provocar una pérdida de 156.000 empleos. Sin embargo, la inmensa mayoría de estudios, incluidos los del propio Banco de España, consideran que los resultados obtenidos no son concluyentes. En todo caso hay una coincidencia generalizada en que el impacto de la subida del salario mínimo sobre el empleo es reducido. 

Sobre este tema es importante destacar la opinión de los economistas más prestigiosos. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y otros seis laureados sostienen que la subida del salario mínimo es beneficiosa para la economía en su conjunto porque estimula el consumo. Son también especialmente significativas las reflexiones del nuevo presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, que ha visto con buenos ojos la subida. En su opinión “mientras los salarios no suban no podremos salir de la crisis” y considera que “si las empresas generen riqueza deben repartirla”.

La consideración de los salarios como un simple componente del llamado mercado laboral y que su único referente son los aspectos estrictamente económicos como la productividad resulta muy insuficiente. Los aspectos sociales como las condiciones de vida son también esenciales en economía.  Sobre este asunto, Denis Clerc, fundador de Alternatives Economiques, ha señalado: “Si el salario pudiera bajar hasta un euro la hora, se encontraría, sin duda, empresarios para contratar a este precio y el paro desaparecería”.  Según Clerc “todo esto plantea un problema de ética mucho mayor”. Y se pregunta, “¿Es legítimo que el precio de la lucha contra el desempleo sea pagado principalmente por los asalariados de la parte más baja de la escala, penalizados por la baja o desaparición del salario mínimo? Por otra parte, ha precisado que el salario mínimo ”es uno de los elementos de la cohesión social que una sociedad puede difícilmente sacrificar en el altar de la lucha contra el paro“.

La realidad es que el salario mínimo, que pretende garantizar unas condiciones decentes de vida, fue una conquista social puesta en práctica por los países que impulsaron la legislación social más avanzada. Es significativo que el primer país que lo aplicó fue Nueva Zelanda, en 1894, que fue también el que concedió el derecho a voto a las mujeres en 1893. En Reino Unido fue introducido en 1909 y en Estados Unidos, por el presidente Roosevelt en 1938.

La subida del 22% está perfectamente justificada por encontrarse en uno de los niveles más bajos, (858 euros al mes en doce pagas 10.302 euros al año), con relación a los países de nuestro entorno. En Francia y Alemania está en 1.498 euros y en el Reino Unido en 1.463 euros mensuales.

La realidad es que el salario mínimo en España es muy bajo desde todos los puntos de vista. El aumento previsto está lejos de alcanzar el criterio de consenso europeo que establece que el salario mínimo debe situarse en el 60% del salario medio. Según el último dato de la Encuesta de Salarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2016, el salario medio se situó en 23.156 euros anuales. Esto significaría que el salario mínimo de aquel año debería haberse situado en los 13.893 euros a anuales o 1.157 euros al mes en 12 pagas.

Ante la falta de consenso entre los investigadores sobre la materia, los economistas de Florentino Felgueroso y Marcel  Jansen, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) concluyen en un reciente trabajo: “España necesita un debate global sobre la mejor manera de atajar sus problemas de paro, precariedad y pobreza laboral”. Para encauzar este debate, señalan: “sería muy útil la instauración de una comisión independiente, como la Low Pay Commission en el Reino Unido” que propone la senda adecuada del salario mínimo “que permitiría alcanzar los objetivos políticos sin causar el menor daño posible a los grupos más vulnerables”.

[Este es el editorial del número 64 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, fruto del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos del pasado 11 de octubre, es la plasmación práctica más relevante de la nueva política de izquierda. Se trata de un giro radical respecto a los siete presupuestos anteriores elaborados por el Partido Popular y caracterizados por la austeridad y el recorte de derechos. Estas políticas han provocado un aumento de la desigualdad, la pobreza de los sectores más humildes y la generalización de la precariedad laboral.

El acuerdo presupuestario que ha posibilitado las nuevas cuentas se ha fijado como prioridad el blindaje del Estado de bienestar con unos propósitos ambiciosos que se sintetizan en “revertir recortes y recuperar derechos”. Son unos objetivos ciertamente loables, pero deberán superar importantes desafíos e incertidumbres.

En primer el logro de la mayoría parlamentaria para su aprobación no se plantea nada fácil dada la dispersión y diversidad de fuerzas políticas. Pero ha sido una decisión importante que el Ejecutivo haya trazado una línea bien definida sobre los objetivos para que todos los partidos se pronuncien y queden en evidencia los intereses que verdaderamente defienden.

Una segunda dificultad de arranque es la situación de las cuentas públicas que ha dejado el Partido Popular. Es especialmente preocupante la abultada deuda pública del 98% del producto interior bruto (PIB) existente a finales de 2017, un endeudamiento que durante los Gobiernos de Mariano Rajoy ha aumentado en 29 puntos porcentuales, es decir, en 400.894 millones de euros, lo que exigirá un considerable esfuerzo para iniciar la reducción de 1,5 puntos el próximo año.

También se ha reducido el margen de maniobra en la Seguridad Social. El sistema de pensiones ya no cuenta con el colchón del Fondo de Reserva de las Pensiones que se encontró el PP al principio de 2012, que ascendía a 67.000 millones de euros y actualmente apenas supera los 8.000 millones.

Los condicionantes presupuestarios también se verán afectados por otros factores como la moderación de la actividad de la economía española en sintonía con el menor crecimiento previsto para la zona euro, el aumento del precio del petróleo y la probable subida de los tipos de interés, que supone una amenaza seria para un país tan endeudado.

Con este panorama de fondo, la política de revertir los recortes sociales que implican más gasto social (en pensiones, vivienda, educación, sanidad, dependencia, pobreza y salario mínimo) y al mismo tiempo el propósito de reducir el déficit y la deuda pública exigen el aumento de los ingresos fiscales como un aspecto esencial de los nuevos presupuestos. 

El proyecto de presupuestos de 2019 contiene un decisivo ajuste estructural con un aumento de los ingresos públicos de 0,6 puntos hasta el 39,1% del PIB en 2019, mientras que el gasto se reducirá en 0,3 puntos hasta el 40,9% del PIB. La diferencia del 1,8% es el déficit público del próximo año.

Lamentablemente, este ajuste estructural tendrá un impacto adverso en la inversión pública, que quedará congelada. Las previsiones de creación de empleo a tiempo completo se moderan y solo crecerán el 2% frente al 2,5% del presente ejercicio. El Gobierno prevé que entre este año y el próximo se crearán 800.000 puestos de trabajo, lo que permitirá rebajar la tasa de paro hasta el 13,8%. Es un porcentaje cinco puntos más que la media de la zona euro y especialmente angustiosa para los jóvenes, cuya tasa de desocupación se encuentra en el 34%.

Examen de Bruselas

El proyecto de presupuestos cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ha calificado las previsiones como “factibles” y en lo esencial superará el examen de Bruselas. Las cuentas, sin embargo, han sido puestas en duda por diversos analistas que consideran muy incierta la parte de ingresos fiscales que en total supondrán unos ingresos adicionales de 5.678 millones de euros. 

Los mayores ingresos fiscales procederán del aumento de los tipos impositivos a las rentas superiores a 130.000 euros, a los rendimientos de capital mayores de 140.000 euros y al impuesto de patrimonio para las fortunas superiores a 10 millones de euros.

En el campo fiscal es especialmente significativa la modernización que supone la creación de nuevos impuestos para gravar las actividades empresariales y financieras especulativas que hoy escapan de la tributación a través de los paraísos fiscales, y los diversos mecanismos de evasión y elusión fiscal.

En este paquete de medidas tributarias hay que destacar el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal y la creación del Impuesto de Transacciones Financieras y del Impuesto de Determinados Servicios Digitales. Estas dos últimas figuras fiscales son promovidas por la Comisión Europea y en el caso de las transacciones financieras ya ha sido implantada en 10 países europeos.

Es relevante la inclusión en el texto del plan presupuestario remitido a la Comisión Europea con el propósito explícito de “acabar con los paraísos fiscales” utilizados por las grandes empresas defraudadoras para evitar contribuir a la sociedad. Sobre este punto España ha anunciado que aplicará medidas más exigentes para asegurar que los países que no cumplan los estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales.

En el terreno fiscal España tiene que efectuar una profunda revisión de su sistema impositivo y dotar más medios a la Agencia Tributaria. Hay que tener en cuenta que si se aplicara la presión fiscal media existente en la zona euro, España recaudaría 75.822 millones más, según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). 

[Este es el editorial del número 63 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La declaración definitiva de la ilegalidad de los procedimientos hipotecarios que han afectado a cientos de miles de familias y ha causado más de medio millón de afectados está cada vez más cerca. El origen de estos procedimientos es la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a los bancos exigir el pago de toda la deuda pendiente por el impago de una sola cuota (ahora tres). Este privilegio del banco deja en una situación de absoluta indefensión al deudor que si no puede pagar tres cuotas mucho menos podrá saldar toda la deuda pendiente.

Los derechos de los consumidores en Europa están regulados por la directiva sobre cláusulas abusivas de 1993, materia sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado ya en 26 ocasiones a petición de jueces españoles al tener dudas sobre si la legislación estatal era compatible con la comunitaria. Las resoluciones del TJUE, que son de obligado cumplimiento, han forzado la modificación de la legislación española en numerosos casos.

Sobre este asunto nuclear de nuestro procedimiento hipotecario el abogado general del TJUE Maciej Szpunar presentó unas importantes conclusiones el pasado septiembre que han tenido una notable repercusión. El jurista polaco contestaba así a las dudas expresadas en varias cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo y otros cuatro jueces de Primera Instancia de Fuenlabrada (Madrid), Santander, Alicante y Barcelona.

Las conclusiones del abogado general, cuyos razonamientos suelen ser tenidos muy en cuenta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son terminantes. Así, sostiene que el derecho comunitario se opone a las normas procesales españolas que imponen efectuar una ejecución hipotecaria basada en la cláusula de vencimiento anticipada declarada abusiva. El abogado general también rechaza que el juez que ha apreciado el carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado pueda mantener la validez parcial de la misma mediante la mera supresión del motivo de vencimiento que la convirtió en injusta. Tampoco permite sustituir la cláusula abusiva por una disposición del derecho nacional.

Como señala la abogada Verónica Dávalos, que ha intervenido en Luxemburgo en la defensa del caso de Fuenlabrada, “las conclusiones de Szpunar son muy contundentes. Sustancialmente dicen que si nos hemos cargado el vencimiento anticipado por abusivo, la ejecución hipotecaria no puede continuar a no ser que lo pida el consumidor”. 

El abogado general pone en duda el argumento del Tribunal Supremo que destaca los beneficios de la ejecución hipotecaria frente al proceso ordinario. “Dudo”, afirma Szpunar, “que tales ventajas beneficien a todos los consumidores sin excepción”. Sobre este punto menciona el voto particular a la sentencia del Supremo de diciembre de 2015 emitido por el magistrado Francisco Javier Orduña que señaló:  la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado que figura en la constitución de la garantía hipotecaria, resulta frontalmente contraria a la citada Directiva 93/13, y se debe proceder a la declaración del sobreseimiento del procedimiento de ejecución instado con base a una cláusula declarada abusiva“. Para este magistrado, ”se mire por donde se mire, la continuación del procedimiento de ejecución representa la consecuencia patrimonial más perversa para el consumidor“.

En defensa de la banca

Gracias al escrito de conclusiones de Szpunar,hemos conocido la verdadera razón de la defensa del procedimiento de ejecución hipotecaria por parte del Alto Tribunal español. Sobre este punto, el abogado general precisó: “El Tribunal Supremo ha informado al Tribunal de Justicia de que el sistema bancario español podría sufrir perturbaciones graves y sistémicas si los bancos no pudieran recurrir a la ejecución hipotecaria”.

Resulta lamentable que el Supremo vuelva a tropezar en la misma piedra con similar argumentario al que utilizó para negar los efectos retroactivos de la devolución de los intereses indebidamente pagados por las cláusulas suelo. El Supremo antepone los intereses de la banca a los derechos de los consumidores. En el caso de las cláusulas suelo esgrimió “el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económicos” que no merecieron consideración alguna por parte del TJUE. El propio Supremo reconoce que la razón por la que los bancos prefieren el procedimiento de ejecución hipotecaria es porque es más rápido y les libera de tener que provisionar el crédito fallido durante un largo tiempo.

Hay que destacar que la argumentación del abogado General coincide con la doctrina general expresada por el TJUE en todos los casos menos uno, cuyos requisitos no se dan en el caso. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es que “una cláusula abusiva declarada nula se considera que nunca ha existido y no ha producido efectos”. Szpunar también se apoya en los postulados de la Comisión Europea. En sus observaciones escritas el Ejecutivo Comunitario ha señalado: “en caso de que el juez nacional declare la nulidad de la cláusula del vencimiento anticipado no podría iniciarse el procedimiento de ejecución hipotecaria o, si estuviera ya iniciado no podría proseguir, ya que el pacto entre las partes y la referencia a un vencimiento inscritos en el registro han sido declarado abusivos, y, por tanto, nulos y sin efectos”.

El abogado general aprovecha sus conclusiones para exponer una esclarecedora síntesis del derecho de los consumidores europeos contenido en la Directiva 93 /13 sobre cláusulas abusivas. Así destaca que la mencionada directiva “ha situado la protección del consumidor en el corazón del proceso de integración europea”. Profundizando en esta reflexión, ha recordado que en los primeros años de la construcción europea, la protección de los consumidores era considerada un subproducto del mercado común, pero que a raíz del Tratado de Maastricht, en 1992, adquirió el rango de política comunitaria al consagrar en el derecho primario el carácter específico de la política de protección del consumidor al conferirle carta de naturaleza y autonomía“.

Mejores condiciones de vida

Para Szpunar “desde su origen, el hilo conductor de la política de protección del consumidor ha sido la mejora cualitativa de las condiciones de vida de la Unión”. La política de protección e información de los consumidores había empezado en la cumbre de París en 1972. Así Szpunar señala: “46 años después el objetivo continúa siendo el mismo: proteger los intereses económicos de los consumidores. La protección del consumidor se ha transformado así en uno de los capítulos esenciales del derecho de la Unión, que, con una doble dimensión (tanto económica como social) incide en la vida cotidiana de los consumidores de la Unión”. El abogado general destaca que gracias a la Directiva 93/13, “el grado de protección concedido al consumidor de la Unión resulta bastante elevado y que este disfruta de un acceso más equitativo al crédito general y al crédito hipotecario, en particular, disponiendo de derechos que incumben a los jueces nacionales proteger”.

En materia hipotecaria el Tribunal Supremo también recibió una seria corrección el pasado septiembre por parte de la Comisión Europea en sus observaciones sobre la cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona con relación al índice IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios). Este índice no siguió la senda de descenso que registró el Euríbor tras el estallido de la crisis. Para la Comisión Europea esta cláusula puede anularse si cuando se firmó no se cumplieron las obligaciones de transparencia al no explicar los riesgos que implicaba.

[Este artículo ha sido publicado en el número 62 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cuando el derecho a una vivienda digna parecía un objetivo utópico y una causa perdida, una serie de acontecimientos han cambiado radicalmente el panorama. La formación de un nuevo Gobierno de izquierdas y las contundentes exigencias europeas han abierto un horizonte de esperanzas que podría remediar la secuela más dramática que ha dejado la crisis financiera que ha causado medio millón de desahucios.

La decisión más significativa de este cambio ha sido la toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de emergencia habitacional y de la pobreza energética. Se trata de un texto elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que recoge las reivindicaciones planteadas inicialmente en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2011 para hacer frente a  los desahucios. Es difícil encontrar en nuestra historia reciente un ejemplo de compromiso social más heroico que el mostrado por los miles de integrantes anónimos de las plataformas de la PAH en defensa de las familias que fueron expulsadas de sus casas. 

La ILP, convertida en proposición de ley de regulación de la dación en pago, paralización de desahucios y de alquiler social, que había logrado el apoyo de 1.402.845 firmas, fue durante años sistemáticamente bloqueada por el Gobierno del Partido Popular. El proyecto aprobado el pasado septiembre, presentado por Unidos Podemos y apoyado por el PSOE, ERC, PDeCAT, Bildu y Compromís, persigue acabar con los desahucios, luchar contra el sobreendeudamiento, fomentar el alquiler asequible, aumentar el parque de vivienda social y garantizar los suministros básicos para evitar la pobreza energética.

Entre las propuestas concretas destacan: la dación en pago, la garantía de la Administración de realojar en vivienda adecuada a las familias en riesgo de exclusión que estén en un proceso de lanzamiento y aumento del plazo de los contratos de arrendamiento. El proyecto incluye medidas como la cesión a la Administración pública del 100% de las viviendas que gestiona la SAREB. Para dar respuesta al difícil acceso a la vivienda a las personas con menos ingresos plantea “la necesaria contraprestación social de las entidades privadas que han recibido ayudas públicas para proseguir con su actividad privada y que han mercantilizado un derecho básico como la vivienda”. Las entidades beneficiarias de ayudas deberán ofrecer alquiler social en supuestos de lanzamientos o daciones.

Un segundo hecho significativo también registrado el pasado septiembre han sido las conclusiones de Maciej Szpunar, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que censura el procedimiento de ejecución hipotecaria que se aplica en España. Se trata de la enésima reprimenda europea en esta materia. El pronunciamiento del abogado general, que el TJUE suele tomar muy en cuenta, contesta a las dudas expresadas por el Tribunal Supremo y otros cuatro órganos judiciales españoles sobre la interpretación de la abusiva cláusula de vencimiento anticipado. Dicha cláusula permite al banco la ejecución y posterior desahucio del deudor cuando  deja de pagar un solo plazo (actualmente tres) de la hipoteca. El abogado general señala que una vez declarada abusiva la mencionada cláusula no debe continuar el procedimiento de ejecución por ser contrario al derecho comunitario.

Estas conclusiones llegan después de que el TJUE haya condenado repetidamente a España por las ejecuciones hipotecarias. La primera sentencia fue en marzo de 2013 por el caso de Mohamed Aziz, defendido por el abogado Dionisio Moreno, que acarreó la cuestión prejudicial presentada por el magistrado José María Fernández Seijo ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo. En esa ocasión se consideró que la legislación española que regulaba las ejecuciones hipotecarias era incompatible con el derecho comunitario de defensa de los consumidores. A esta sentencia siguieron otras resoluciones judiciales condenatorias y fueron especialmente significativas las relativas a las cláusulas suelo  y al vencimiento anticipado que han obligado al legislativo a modificar las leyes. 

Sin embargo, las modificaciones legales provocadas por las sentencias del TJUE han sido tan deficientes que han precisado nuevas correcciones del Tribunal Europeo. Las próximas sentencias de los jueces europeos sobre esta materia previstas para los próximos meses podrían ser decisivas para modificar, de una vez por todas, la injusta regulación de las ejecuciones hipotecarias.

En esta materia España se encuentra completamente en falso al no haber efectuado todavía la transposición de la directiva europea sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de febrero de 2014. España lleva ya más de dos años de retraso en la transposición de esta directiva, motivo por el que pende una posible multa de 105.000 euros diarios. En noviembre de 2017 el Gobierno del PP envió al Congreso el proyecto de ley de crédito inmobiliario cuyo principal objetivo era transponer la directiva, que se encuentra estancado.

Un tercer cambio ha sido la decisión de Ayuntamiento de Barcelona, que preside Ada Colau,  de obligar a los promotores a reservar el 30% del techo construido a viviendas sociales. Hay que recordar  que las viviendas protegidas casi  han desaparecido tras reducirse a unas 7.000 al año, un 8% de las construidas antes de la crisis.

Paralelamente, el Gobierno de Pedro Sánchez planea medidas contra los dueños de viviendas vacías y se personará en el proceso penal contra la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid por la venta a fondos buitre de 5.000 viviendas de alquiler social efectuada por Gobiernos del PP. La posibilidad de que el derecho a la vivienda sea realmente efectivo es más firme que nunca.

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