Odiada y respetada al mismo tiempo. Así era Isabel Carrasco, la presidenta del PP y de la Diputación de León, asesinada este lunes en pleno centro de la ciudad. Nunca fue una política ni una mujer corriente; siempre fue vehemente y protagonista.

Las primeras hipótesis de los investigadores, las mismas que reconocen en voz baja los protagonistas políticos de la provincia, apuntan al reciente desenlace de un conflicto laboral como detonante. Triana Martínez, una de las detenidas e hija de la presunta autora material de los disparos, había trabajado como personal de confianza para la Diputación hasta 2011. Ese año fue despedida y su plaza, sacada a concurso, sin que ella la lograra. Y, con el visto bueno de Carrasco, de la liquidación se le habían reclamado cantidades por complementos abonadas en exceso. Esos 60.000 euros reclamados se saldaron recientemente con una sentencia judicial desfavorable para ella y que valoraba la cantidad a devolver en 12.000 euros, más el pago de las costas.

Esta circunstancia había ocasionado a Martínez dificultades económicas tan graves como para que estuviera a punto de perder el piso en el que vivía con su madre. Tantas como para librarse por poco de la subasta judicial. La crisis, como a tantos otros, la dejó sin empleo o encargos profesionales.

Pero a esta circunstancia de índole laboral y política se unía la personal. Hasta hace unos años, la relación familiar y personal de la familia Martínez González con la presidenta de la Diputación fue estrechísima. Tanto que en 2007 Triana integró las listas del PP en Astorga como número 7. No salió elegida y estuvo a punto de tomar posesión por la dimisión de un concejal. En esta ciudad, a 40 kilómetros de León, residía entonces la familia: el padre era allí inspector de Policía y ahora ejerce de comisario.

Quienes le han visto cuentan que está destrozado y que no sospechaba de las intenciones de esposa e hija. Con la víctima, afirman fuentes consultadas, mantuvo una estrecha relación personal que acabó en enfrentamiento hace unos años y que podría haber influido en la conducta de las dos mujeres detenidas. Se investiga si también tuvo que ver la situación laboral difícil de la madre y de la que también culpaba a Isabel Carrasco.

Un talante autoritario

Carrasco no era nada amiga de que le llevaran la contraria y tenía un fuerte temperamento, lo que le permitió superar todos los obstáculos habituales en la derecha leonesa. Una primera incursión en los puestos más altos se vio frenada cuando su padrino –Manuel Pérez Villar, presidente de Alianza Popular en León y consejero de Economía con Aznar en Castilla y León en los años 80– tuvo que retirarse a raíz de su condena por prevaricación en el escándalo de la minería.

Con Juan José Lucas, fue nombrada consejera de Economía en 1995, pero volvió a sufrir un revés, lo que en su caso significó tener que conformarse con ser senadora. Pero comenzó a maniobrar en León para hacerse con la presidencia del PP provincial a través del apoyo de pequeños alcaldes y de dirigentes locales. A pesar del interés del aparato en Valladolid y Madrid para que no fuera así, logró desarbolar a sus enemigos internos. Su innata habilidad le permitió convertir León en su fortín personal y que destacados miembros de su partido en León, Valladolid o Madrid no fueran capaces de doblegarla.

No faltaron contactos con personajes oscuros. Nunca ocultó su estrecha relación y amistad con José Martínez Núñez y su familia: son conocidos por el caso Gürtel, el de Cuiña, el del hormigón, y la operación Caballo de Troya, vinculada al caso Marsans.

En la penúltimas elecciones locales, Carrasco fue capaz de convertirse en presidenta de la Diputación contra el criterio de su propio partido. Aunque ya era presidenta del PP en la provincia, no le dejaron presentarse por León, ciudad. Hasta entonces, el presidente de la Diputación solía ser un concejal elegido en las listas de la capital. Tuvo que irse de la capital –donde vivía- a su pueblo, al pequeño municipio de Cuadros, para entrar en una lista que le permitiera salir elegida.

Después ejerció su poder entre las juntas locales del partido a base de promesas futuras y de los favores concedidos como consejera en el pasado, para alcanzar el puesto de presidenta. El vicepresidente de la Diputación que ha aparecido en todas las fotos de las honras fúnebres, Marcos Martínez, es el alcalde de Cuadros.

Desde allí se aupó a la vicepresidencia primera de Caja España. Y, con los dos cargos, logró tejer una red de confianza y de respaldo a sus fieles, ya infranqueable para sus rivales dentro del PP.

Carrasco volvía a sonar ahora de nuevo “para un cargo en Valladolid”, quizá de consejera del Gobierno autonómico con vistas al relevo en la presidencia de Juan Vicente Herrera. Ni el odio que despierta en sus adversarios, ni la división interna que el partido en León ya casi reconocía abiertamente, ni los años habían desgastado lo suficiente su fortaleza política.

La presidenta de los 13 sueldos

Ni siquiera los escándalos recientes. Es la presidenta que saltó a la fama nacional por sus trece cargos con otros tantos sueldos o dietas. Fue una de las personas que lideraban una Caja España que acabó inundada de números rojos: terminó siendo absorbida por Unicaja. Una presidenta que, por la denuncia del partido regionalista leonés PAL-UL, estaba inmersa en una investigación por presunto cobros irregulares de kilometrajes en la Caja mientras viajaba en el coche oficial de Diputación. O una presidenta con causas laborales abiertas por recursos y acusaciones de enchufismo en oposiciones.

Su imagen no era buena, pero era temida, a pesar de su cercanía en el trato corto. Era lo que procuraba cultivar en la prensa local, a pesar de los exabruptos públicos que a veces provocaba su fuerte temperamento. Esa imagen quedó en evidencia cuando ordenó retirar la publicidad institucional a Radio León-Cadena SER por informar del caso de los kilometrajes. No hizo sino evidenciar algo que en el mundo de la prensa leonesa era sabido: que a Carrasco había que tratarla bien en los medios por los recursos públicos en publicidad que manejaba directa e indirectamente.

Era una mujer de fuerte carácter, con un liderazgo que se ha comparado a los de Fabra, Baltar y compañía, los que durante años mantuvieron la férrea estructura de poder del PP en las provincias. En León se vio este lunes en un céntrico restaurante cenando a Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera, Juan Vicente Herrera, el subdelegado en León, Juan Carlos Suárez Quiñones, y al delegado en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano o al alcalde de Salamanca y secretario del partido en la región, Alfonso Fernández Mañueco, que se perfila como delfín de Herrera. El martes, uno de los comentarios más extendidos dentro del PP local y de las instituciones es qué pasará con el PP en León: si el triste suceso evitará un desmoronamiento en luchas fratricidas o si lograrán otro líder como ella.

“Trabajé desde los 23 en el metal, la construcción o las campañas contra incendios. Después de dos años en paro, mi padre se jubiló: quedaban ahí las fincas y decidí cogerlas”. Francisco Javier Padierna describe así cómo se hizo agricultor justo antes de cumplir 40 años, y cómo ha puesto en marcha su explotación esta campaña como salida laboral. Hace unos años, no se lo planteaba, a pesar de haber nacido en una familia y un pueblo agroganadero de la provincia de León, Quintana de Rueda. “También me gusta. Y tienes quien te enseñe o te dirija incluso”, indica.

La crisis está trayendo al joven de vuelta al campo. La agricultura y la ganadería ralentizan gracias a ellos la sangría laboral respecto a otros sectores. Pero según los propios protagonistas y organizaciones agrarias como Asaja, no se están convirtiendo en áreas económicas de oportunidades: fundamentalmente se trata de casos como el de Padierna. “No es la leche, pero es un sector que se ha mantenido o incluso está tirando un poco”, reflexiona desde una de las tierras que está roturando para sembrar maíz.

Un buen ejemplo es Castilla y León, donde “en 14 o 15 meses se ha doblado el número de incorporaciones, de 500 a 1.000 al año”. “Pero las salidas son aún más”, explica el secretario general de Asaja en esta región, José Antonio Turrado. “Aquí perdemos el 2,5% de campesinos, y en algunas provincias como León más, el 3,5%”, detalla. Son más los mayores que abandonan que los jóvenes que toman el relevo.

Turrado indica que esa vuelta al campo es engañosa también porque hay quien trabaja la tierra como segunda actividad mientras “es su padre el que figura como titular de la explotación”. Aunque por las oficinas de Asaja “viene gente cada día para ver cómo empieza”.

En todo caso, “el 90% vuelve a la explotación familiar, y alguno a la de los abuelos. Casi nadie puede empezar de cero”. Porque a las dificultades generales se añade que el campo ya tenía antes su propia crisis. Aunque ahora los precios se hayan estabilizado, se multiplicó el del gasóleo. También los recortes han acabado con prejubilaciones que facilitan el relevo generacional. Más cuando la estructura de la propiedad pasa a manos de hijos en otra actividad, quienes conservan en cambio los derechos de las ayudas PAC de la UE son otros. “Se ayuda al poseedor, no al productor de la tierra”, indica Turrado.

Según las estadísticas de la EPA y el Ministerio de Empleo, el campo ocupa a 754.200 personas en España, 65.000 menos que en 2008. Son un 8% menos, y por tramos de edad, de 35 a 50 años la caída es escasa, lo que indica incorporaciones al campo. La afiliación en el sector, según Empleo, sólo ha caído en unas 33.000 personas, e incluso en 2010 llegó a crecer hasta los 1,2 millones de afiliados, frente a los 1,12 de la última estadística en marzo.

Aunque no es nada fácil. “Si partes de cero, no puedes, lo primero porque no te darían el dinero en ningún banco. Y la gente que se incorpora ahora tiene que tener tierras; si no, es imposible”, dice rotundo Francisco Javier. Está al pie de tractores y aperos o propiedades que cuestan más de 100.000 euros, cultivando 60 hectáreas en tierras de regadío recién modernizado que rondan los 5.000 euros por hectárea y cerca de otras de secano que se acercan a los 3.000. A eso hay que sumar naves, adquisición de semilla y fitosanitarios, pago de agua de riego, impuestos y gasóleo. “En combustible, ahora que empezamos la campaña, gasto 1.000 euros cada dos días”, resalta.

Harían falta más de 360.000 euros de inversión para partir de cero con una explotación como la suya. Castilla y León otorga hasta 30.000 euros para inversiones y 4.000 por ser joven. Eso si las obtienes. Además, hablamos del caso de agricultura extensiva de interior, en Castilla y Leon o la Meseta: en Andalucía y Levante, Cataluña, Galicia o Rioja el precio por hectárea está entre 10.000 y 20.000 euros, según la encuesta de precios de la tierra del Ministerio de Agricultura.

“Yo aún estoy pendiente de que me aprueben las ayudas, y creo que me las darán”, subraya. Ha invertido “mucho más” ya en tractores y complementos, y parte con algunos aperos y tierras de su padre y otras que alquila a una media de 150 euros por hectárea. También sembrará cereal y avena. Padierna tuvo además que pasar un curso de formación económica, ambiental, agrícola y legal. Lo hizo a través de Asaja, que es quien le está asesorando.

Innovar, transformar y comercializar

Innovar, transformar y comercializarLa principal organización agraria del país advierte que para que una pequeña explotación de este tipo sea rentable es necesario además “agrupar y modernizar para que luego también puedan venir asalariados a las explotaciones, no sólo autónomos”. Turrado comenta que las circunstancias son distintas en función de cada región española. En Murcia se necesitan unas pocas hectáreas, más agua y mano de obra asalariada, y aquí una explotación ganadera requiere 300, una de secano 200 y 50 o 60 de regadío para que viva un joven solo, según detalla Asaja.

Desde la organización agraria ven clave “innovar”. “Es necesario mayor inversión y riesgo con jóvenes que elaboren y transformen sus propios productos porque tampoco hay iniciativas de este tipo. Lo ideal es que tuviera las ovejas, hiciera el queso y lo comercializara”, comenta Turrado. Pero avisa que para eso se precisan “vocaciones agrarias, no que se venga al campo como último recurso por la crisis que padecemos”.

Si no, recalca, “van a tener poco recorrido y se van a generar un problema para toda la vida”, por la enorme deuda que van a arrastrar si fracasa la explotación. “Las administraciones están recortando ayudas, y financiación privada, como para todos los demás, no hay”.

Por este modelo sostenible se encamina Padierna. “La idea principal es modernizar la explotación, y si te incorporas hay un plan de mejora de hasta 120.000 euros a dos años, que si te aprueban, te dan el 60%”, proyecto que ha presentado y del que está pendiente. “Si no, va a ser difícil, porque aunque vivo en el pueblo con mis padres y ni tengo hipoteca, tienes que adelantar 160.000 euros. Y ¿quién te adelanta eso? Yo para el crédito tengo las tierras y me avalan mis padres. Si no…”, subraya el nuevo agricultor. Por eso “aquí en Quintana de Rueda somos sólo 4 ó 5 agricultores de menores de 40 años”.

Padierna sólo anima a que sigan su ejemplo “si además te gusta el campo y tienes un nivel mínimo de conocimiento para saber cuándo sembrar, regar y cosechar”. Y si se tiene su ilusión. “Porque este es al final el motor de un país. Si falla, te quedas sin nada, no comes”, apostilla antes de volver a subir al tractor. Un domingo.

El empresario minero Victorino Alonso guarda más de 800.000 toneladas de carbón mientras el Estado, a través de la empresa pública Hunosa, busca 500.000 que le compró para el Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC). El mayor patotrono del sector en España, con las dos minas más grandes del país y 2.100 trabajadores vinculados a ellas, apila en menos de una decena de emplazamientos cerca del doble del carbón que el encargado de velar por su custodia y destino ahora no encuentra.

El empresario tiene colocadas tablillas visibles en emplazamientos como el viejo pozo abandonado de Caleyo, dos en el cielo abierto de Gran Corta, uno en el lavadero de Fabero, otro en el de Alinos, uno más en la vieja mina cerrada de San Luis en Toreno y uno de grandes dimensiones en Cubillos del Sil, cerca de la central térmica de Endesa. Aquí Hunosa le acusa de haber marcado con una tablilla de la eléctrica una pila que se supone pertenece al AETC.

Hunosa, a la postre el Estado a través del Ministerio de Industria, pagó por ese carbón. Y también por el alquiler del emplazamiento en instalaciones de Victorino Alonso y sus empresas: Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC). Pero es comprobable que nada hay en los de Santa Cruz y Recuelga, poco en Alinos, falta una parte en Caleyo y Jarrina y bastante en Cubillos.

Alonso niega haberlo vendido dos veces. Pero ha dado explicaciones distintas, que van desde increíbles pérdidas por viento y lluvia del 10% de los tres millones de toneladas que le compró el AETC en 2010 a que movió el mineral para ajustar calidades y mezclas. O que Hunosa no lo ha contabilizado bien. Ha ofrecido entregar del que tiene apilado en otros puntos. Pero niega fraude o que lo haya vendido dos veces, o que no esté donde debiera. Incluso ha demandado a Hunosa en los tribunales por paralizarle pagos, perjuicios y acusarle de fraude.

Sea como fuere, el caso es que el Estado ha perdido medio millón de toneladas de carbón comprado al empresario y que parece que no custodió debidamente.

El caso de la desaparición de tal cantidad de carbón está a punto de llegar a los tribunales. De momento Hunosa ha pignorado ayudas públicas, a través de un Juzgado de Oviedo, por 26 millones de euros. Pero además reclama otros 20 millones más, hasta sumar 46, por ese medio millón de toneladas que no encuentra donde supuestamente debería estar.

Fuentes del holding público Sepi, del que forma parte la minera estatal, confirman que esta semana tiene previsto presentar una querella criminal y una demanda civil contra el controvertido empresario. Incluye peritajes independientes del Colegio de Ingenieros de Minas y de la Guardia Civil, dado que el carbón del AETC es bien público. Acusará a Victorino Alonso de fraude y apropiación indebida, y le reclamará el reintegro de las cantidades abonadas por el carbón que le compró en 2010.

Eldiario.es ha visitado los emplazamientos en los que Hunosa dice que debería estar el carbón, y efectivamente no está. Pero también ha estado en los que Alonso almacena más de 800.000 toneladas, según cifras que facilitan sus propios trabajadores y cálculos de un ingeniero de minas en base a imágenes. Y en esos emplazamientos hay miles de toneladas de carbón. Parte de esas inmensas pilas están marcadas con tablillas, curiosamente nuevas e impolutas, que muestran la leyenda ‘Sepi’ y ‘AETC’. Pero los lugares no coinciden, según Hunosa, con los indicados en los partes mensuales enviados hasta principios de año.

Desde entonces no se ha movido una tonelada: las térmicas mantienen una disputa con el Gobierno y hasta esta semana estaba paralizada la adquisición y consumo de carbón nacional. Eso ocurre, a pesar de que un decreto les obliga a utilizarlo, por 6,5 millones de toneladas anuales más cantidades del AETC, creado en 2010 por el Estado para salvar al sector carbonero de 14 meses sin quemar mineral autóctono, debido a la crisis energética, la caída del consumo eléctrico y -sobre todo- a otro conflicto entre eléctricas, mineras y Gobierno.

Desde entonces no se ha movido una tonelada, y las minas privadas de León y Asturias llevan paradas desde el 4 de marzo, con un ERE de seis meses que afecta a 3.000 trabajadores. El motivo, una errática política del Gobierno para un sector que el PP ya intentó liquidar en época de Aznar. Pero sobre todo, el carbón no se mueve porque el lobby las eléctricas mantiene una disputa más amplia con el Gobierno. Todo a pesar de que un decreto les obliga a comprar cantidades que suman hasta 6,5 millones de toneladas anuales a las minas, más el que deben adquirir del AETC y que se fija ahora mensualmente.

Este almacenamiento estratégico fue creado en 2010 por el Estado para salvar al sector carbonero de 14 meses sin quemar mineral autóctono por la caída del consumo eléctrico y de otro conflicto entre eléctricas, mineras y Gobierno.

Miles de trabajadores pendientes

Ese medio millón de toneladas mantiene en vilo a los cerca de 2.200 empleados del Grupo Alonso vinculados a la minería, el transporte de carbón, los suministros, la seguridad privada, las excavaciones y las contratas auxiliares. Les adeuda entre dos y cuatro meses de salario –según los casos– y la mayoría está en paro por seis meses, desde principios de marzo, mediante un ERE temporal. Para unos 250 mineros, la regulación de empleo es definitiva.

La disputa entre el Ministerio de Industria –que controla Hunosa– y Victorino Alonso va más allá del sector. En las cuencas mineras de León y Asturias, en territorios como el Bierzo, Laciana, Degaña, Ibias o Tineo absolutamente toda la actividad económica gira en torno al sector carbonero. Hay un monocultivo económico con el que no se ha acabado desde hace tres décadas, pero que ha pasado de una atomización patronal a un oligopolio de menos de una decena de empresarios. Uno es el Estado a través de Hunosa, a la que en todo este proceso se ha inyectado ayudas por 26 millones de euros. Evita así un conflicto social en la empresa con mayor plantilla directa, dos millares de mineros.

En la actualidad hay 3.000 mineros en ERE en León y Asturias, que se manifestaron masivamente este miércoles en la capital leonesa y Mieres. El conflicto cruzado entre mineras y Estado –Alonso y Hullera Vasco Leonesa tienen retenidas las ayudas estales supuestamente por no pagar a Seguridad Social–, Industria y eléctricas –por la obligación que rechazan de quemar carbón nacional–, y todos contra todos por el nuevo marco energético nacional que se diseña o la adaptación a directrices europeas, tiene al límite de la asfixia económica y social a la mitad de estas dos provincias. A miles de familias: se calcula que unas 60.000 personas.

El Ayuntamiento de León reconoce que puede ser el primero de entidad en ser intervenido por el Estado a causa de sus deudas. “Estamos en quiebra técnica”, advirtió hace pocas fechas el propio alcalde de León, Emilio Gutiérrez (PP), que ha sido quien ha alertado sobre esta posibilidad. Quiere entrevistarse con el ministro Cristóbal Montoro, al que augura que si no cede al auxilio se verá con el bastón de mando leonés. Le reclama una excepción en la rigidez impuesta para recortar el déficit público y devolver créditos. De momento no hay respuesta.

El regidor leonés sólo encuentra solución en flexibilizar el pago del crédito ICO de 170 millones de euros que pidió el año pasado al plan de pago a proveedores y para salvar entonces los muebles de la liquidez en el pasado ejercicio. Ya ha solicitado también ayuda a la Junta de Castilla y León.

La capital leonesa cerró 2012 con 131.680 habitantes y 2.475 euros de deuda per cápita. Y eso que redujo la cifra récord que alcanzó en 2012, 437 millones según una auditoría de Deloitte, hasta los 325,8 millones actuales. Principalmente porque 108 son los intereses de demora a los que los proveedores renunciaron legalmente: sólo podían percibir el principal facturado.

El resto es fruto de más recortes y de dejar de gastar más de lo que si ingresa. Es ese ajuste en el que se ampara ahora el alcalde Emilio Gutiérrez para pedir aire a Montoro. Ha dejado entrever que la alternativa es alargar los plazos, acabar de pagar el crédito en 2034 en vez de en 2024. Desde la oposición el PSOE le insta a que pida reducir los intereses, del 5,6%, porque duplicar el plazo sería duplicar también el dinero a pagar.

Las condiciones del plan de proveedores establecen que si no se hace frente a los plazos, el Estado retendrá las transferencias corrientes, la principal fuente de ingresos de entidades locales. Tres adeudos conllevarían la intervención.

De las deudas corrientes más altas

De las deudas corrientes más altas

El Consistorio leonés arrastra desde la década de los 90 una deuda que ha sido creciente y opaca hasta que la crisis obligó a desnudarse para acceder al plan de rescate. León reveló que adeudaba 280 millones de euros sólo a proveedores. Con Madrid (1.017 millones de euros), Jaén (cerca de 300), Valencia o Zaragoza (164) y Palma de Mallorca (109), lideró el ránking de los municipios con más facturas impagadas de España. La suma del resto de acreedores –bancos, organismos, subvenciones y sentencias judiciales– llegó a los 437 mencionados.

Con un presupuesto menguante de 178 a 128 millones, León tiene que hacer frente a 27 millones en intereses y a otra deuda financiera sólo en este 2013. En 2014 serán 46, al terminar el periodo de carencia del crédito del Estado. En 2024 los 170 millones del plan de proveedores habrán costado unos 260,90 de intereses.

No es tampoco un problema menor en la comunidad. León solicitó a Hacienda el 40% de los 410 millones aprobados por el Ministerio para toda la región. Valladolid no pidió nada, Salamanca 16 y la provincia de Burgos 34 millones. Toda la de León sumó 252 millones, incluidos los mencionados 170 de la capital. Pero también los 8,3 de Ponferrada, una ciudad de 68.000 habitantes. En toda España fueron 9.263 millones.

Paradigma del descontrol y la burbuja

Paradigma del descontrol y la burbujaEn cómo se ha llegado a este punto suman varias corporaciones. Desde Juan Morano –que gobernó por UCD, AP e independiente entre 1979 y 1995 y hoy es senador díscolo del PP en el Grupo Mixto–, al socialista Francisco Fernández –que perdió estrepitosamente en 2011 en medio de un escándalo por su prejubilación de Caja España-, sin olvidar a Mario Amilivia, que saltó a la fama como el ‘alcalde de la gomina’ ­–que le pagaba el Ayuntamiento– hoy presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Las facturas se amontonaron desde hace más dos décadas, y en sólo una se duplicó la deuda, en medio de cuatro cambios de gobierno. Lo que sale ahora a la luz no es nada que no se supiera desde hace más de una década. Un informe de la Comisión Mixta para la Relación con el Tribunal de Cuentas, fechado en 2002 pero fiscalizador de las de 1997, hablaba ya de casi 19.000 millones de pesetas, unos 100 millones de euros de deuda. Una cifra astronómica para entonces. Ese informe detalla que en el presupuesto “el estado de deuda no está incluido en la cuenta general” y que a los fiscalizadores se les llegaron a enviar tres distintos.

En 2003, tras la época de los fondos europeos para peatonalizaciones y museos o auditorios, hay un gobierno breve del PSOE con el leonesismo y se cifra la deuda en 183 millones de euros. En 2004 vuelve el PP con Amilivia. Fue tras romperse el pacto y los propios leonesistas de UPL, quienes se dividen, dejan a los socialistas y aúpan a unos populares con los que ya habían gobernado antes.

Cambiarán de socio de nuevo en 2007, apoyando a un PSOE que cifrará las deudas de las que se hace cargo en cerca de 290 millones. Hasta 2011 no dejaron de aparecer facturas, alguna hasta de 1993. Con el regreso del PP y la crisis que golpea al país, llega el récord: los 437 que también dejaron en evidencia los 250 manifestados por sus antecesores al irse.

Una combinación de descontrol, ingresos abundantes por un desarrollismo urbanístico que se creía eterno, venta de suelo, subvenciones europeas, fuertes inversiones en época del presidente Zapatero –leonés– y utilización de las cajas de ahorro y del crédito fácil explican los motivos. Hoy quebrada y entonces dominada por políticos y constructores, en especial Caja España siempre acabó concediendo un crédito para pagar deudas que terminaban acuciando. Santander, La Caixa o Caja Madrid se sumaron a este carro.

La huida hacia adelante, pagar deuda anterior con un crédito nuevo mediante cajas entendidas como instrumento político, sólo paró cuando el nivel de endeudamiento llegó al límite. Y llevó al sistema al borde de la quiebra.

León es el Ayuntamiento más grande en esta situación, pero no el único y quizá sólo el primero. En otras ciudades cercanas como Burgos la oposición avisa que no son ciertas las cifras de deuda del equipo de gobierno sino que que alcanzarían realmente los 500 millones de euros. Y la Federación de Municipios y Provincias ha pedido una reunión a Montoro porque prevé que habrá decenas de situaciones como esta.

Gürtel, Cuíña, Hormigón, Nevenka, Pongesur, Caballo de Troya, Minería… Son sólo algunos de los nombres de los casos que durante las últimas dos décadas han manchado y ensombrecido Ponferrada. Casos como el que este fin de semana abrió una crisis de órdago en el PSOE a nivel nacional, tras el pacto de 8 concejales con el partido del ex alcalde condenado por acoso sexual Ismael Álvarez y su abandono del partido en un pulso al mismísimo Alfredo Pérez Rubalcaba.

Al calor de la boyante construcción, la minería, la agroalimentación y la industria energética –es la cuna de Endesa y la industria eléctrica española- Ponferrada es desde los años 50 origen de imperios empresariales, como el de Teconsa o Begar, ligados desde siempre a todas las operaciones con sombra de sospecha en la ciudad y a presuntas o demostradas corruptelas.

En Ponferrada se gestaron y crecieron dos de los empresarios con mayor presunta implicación en el caso Gürtel: José Luis Martínez Parra y José Luis Ulibarri. Este último fundó un grupo constructor, de servicios y de la comunicación, el Grupo Begar, desde Ponferrada y León. Sectores políticos y sociales locales le acusan en las últimas semanas de presionar para adjudicaciones de contratos en Ponferrada de hasta cerca de 60 millones de euros. El alcalde depuesto, el popular Carlos López Riesco, trató de cerrar a favor de una de sus empresas la contratación de los servicios de jardines por entorno al millón de euros cuando ya estaba en el registro la moción de censura del escándalo de los últimos días. Esa que ha llevado a Samuel Folgueral a abandonar el PSOE en vez de una alcaldía ganada gracias al voto de un edil, exalcalde condenado por acoso sexual en el Caso Nevenka hace una década.

A lo largo de este año hay por adjudicar la recogida de basuras (50 millones aproximadamente), ahora en manos de FCC y por el que pugnaría Urbaser y también Seralia, de nuevo, de Ulibarri. Este empresario imputado en la trama Gürtel gestiona además el transporte urbano de Ponferrada (1,5 millones anuales más) y estaría interesado en concursar por servicios como el de mantenimiento y otros de menor cuantía que han de ser contratados por el Ayuntamiento en próximos meses.

El Grupo Begar fue además al que el Supremo retiró la adjudicación de 42 televisiones locales y regionales en la Comunidad Valenciana por el Gobierno de Francsico Camps y se ha beneficiado también de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, presuntamente de forma irregular. Posee el 20% de Punto Radio. En Castilla y León es socio al 50% de Televisión Castilla y León, el canal autonómico existente gracias a una concesión de la Junta, y en el que es socio con Antonio Migue Méndez Pozo –condenado hace años por el Caso de la Construcción en Burgos-. Además posee varios periódicos, como Diario de Soria, Correo de Burgos o Diario de León, que ha virado de línea editorial desde la defensa del depuesto López Riesco hacia el nuevo regidor, Samuel Folgueral. Tanto TVCyL como Diario de León han sufrido varios ERE para sus trabajadores en los últimos meses. El Grupo Begar está inmerso en un concurso de acreedores que ha se ha superado con una importante quita.

El emporio de Ulibarri ya se vio inmerso en 2002 en otro caso sonado en Ponferrada, Pongesur, en el que siendo alcalde del PP Ismael Álvarez y López Riesco, su número dos entonces. Adjudicó 185.000 metros cuadrados de un enorme polígono urbanístico, La Rosaleda. Parte de ese proceso fue declarado ilegal por los tribunales, pero no acabó ocurriendo nada.

De aquella época es el sonado enfrentamiento con el que fue su jefe, José Martínez Núñez, propietario de Tecons. En el Consejo del grupo empresarial que lleva los apellidos del hoy anciano, retirado en Canarias, se sentó un tiempo otro importante imputado en Gürtel, José Blanco Balín, otro berciano de cuna que luego pasó por la dirección de Repsol.

Ulibarri fue empleado de Martínez, de cuyo grupo salió para fundar su propio imperio. Además de enfrentarse por el suelo de la Rosaleda, en el Caso Pongesur, era notoria su animadversión por la competencia en obra pública y civil. Ulibarri llegó a denunciar a su antaño jefe por ser el presunto instigador del arrojo de cócteles molotov contra sus oficinas. Coincide en el tiempo con el Caso Cuiña, en el que el fallecido consejero de la Xunta de Galicia de Manuel Fraga acusó a Martínez Núñez de presunto intento de asesinato.

El único caso que acabó en condena al empresario ponferradino, también de aquella época, fue hace pocos meses el de sabotajes a instalaciones de su competidor en el negocio del hormigón en en Ponferrada y León, Sindo Castro. Además de canteras en León y Galicia, negocios de hormigón y transporte y hoteles, también poseen un periódico, La Crónica de León, a cuyos trabajadores adeuda ocho nóminas.

Hoy el imperio Martínez Núñez está en descomposición. Teconsa –implicada en presuntas irregularidades en adjudicaciones por la visita del Papa a Valencia- está en manos de otro que fue su antiguo empleado en Ponferrada, Ángel de Cabo, en la cárcel por el caso Marsans y Rumasa. Sus hijos han sido detenidos y han tenido que depositar una fianza de cuatro millones de euros en propiedades, en el marco de la Operación Caballo de Troya. Con ellos, el hijo de un gran amigo de su padre, el fallecido expresidente de la patronal CEOE, José María Cuevas. Dejó imágenes de la hija del antaño intocable empresario esposada y entre policías durante el registro de bancos y oficinas en Ponferrada.

En el caso de Pongesur -empresa pública de suelo del Ayuntamiento de Ponferrada en la época de gobierno de los populares Ismael Álvarez y Carlos López Riesco- también se vio implicado otro gran empresario que ha hecho su fortuna con la minería en el Bierzo y Laciana. Se trata del controvertido Victorino Alonso: se declaró irregular la adjudicación que Álvarez le hizo para retirar estériles y urbanizar el suelo para el nuevo barrio de la ciudad.

Recientemente el Gobierno le ha denunciado a través de Hunosa por fraude en la compraventa de carbón con destino a la reserva estratégica nacional. Está condenado además por fraude a la Seguridad Social y en el IVA, así como en la venta de carbón a Fenosa hace una década. Es el mayor empresario minero del país y propietario de la constructora asturiana Ferpi. Fue acusado de caza ilegal en una finca de su propiedad en Extremadura y de fallos e irregularidades en las obras del AVE en Aragón.

No es el primer caso de minería que tiene protagonismo en el Bierzo y Ponferrada. A finales de los 80 el entonces consejero de Economía de la Junta de Castilla y León que presidía José María Aznar, el leonés Miguel Pérez Villar: fue condenado por concesión irregular de ayudas a empresas carboneras.

El nuevo alcalde de Ponferrada y hasta ahora número dos del PSOE de León, Samuel Folgueral, no acata las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba de renunciar al cargo al que ha accedido gracias al apoyo de un condenado por acoso sexual y decide abandonar el partido, junto con los otros siete ediles de la localidad.

Así lo ha anunciado este domingo el propio Folgueral que ha asistido al Congreso del partido en la comarca leonesa de El Bierzo, junto toda la cúpula regional del PSOE. En una rueda de prensa, Folgueral ha querido dejar claro que contaba con el beneplácito de las ejecutivas federal y regional del PSOE antes de apoyarse en el exalcalde condenado por acoso sexual para arrebatar la alcaldía al Partido Popular mediante una moción de censura.

Brecha con Ferraz

Fuentes cercanas a Folgueral indican que hay un profundo malestar por ser el PSOE de Ponferrada el que corre con todo el desgaste, mientras Rubalcaba sale fortalecido por un asunto del que estaba al tanto. En este sentido, ha señalado el “unánime, caluroso y directo” apoyo que ha recibido por parte de “todos” los compañeros de Ponferrada, El Bierzo y León. “Me siento muy respaldado. Ya me gustaría haber tenido ese respaldo en las últimas horas desde otras instancias superiores”, ha reprochado rodeado de varios miembros del PSOE de la comarca. También ha criticado la actitud de Rubalcaba, con quien no ha podido contactar “de ninguna manera”, y ha asegurado que se ha enterado de la postura de Ferraz por los medios de comunicación.

Folgueral, que ha expresado que la decisión de dejar el PSOE no ha sido “nada fácil” y que lo hace “con enorme tristeza”, ya manifestó ayer a la ejecutiva del PSOE de Castilla y León que no tenía la intención de dimitir tal y como exigía el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en una entrevista en televisión aseguró que Folgueral solo tenía dos opciones: renunciar o abandonar el PSOE. El ponferradino ha optado por la segunda opción y, a su decisión, se han unido también a los demás concejales socialistas de la localidad, que han solicitado su baja del partido.

Sin alcalde, con la Corporación en suspenso y una deuda de cuatro millones de euros para 1.943 habitantes. Así se sostiene Valderas, un pequeño municipio del sur de la provincia de León, un Ayuntamiento sin cabeza y con la mayor deuda per cápita relativa de España: 2.060 euros por habitante.

Funciona “de milagro”, reconoce un empleado municipal que rehúye hablar. “Por inercia”, sentencia una vecina en un bar. Y “con el esfuerzo de sus trabajadores”, a los que se les debe un número de nóminas que los consultados no quieren precisar. Todos coinciden en que “menos mal” que no ha pasado nada grave, una simple avería o que se haya precisado adoptar decisiones importantes.

Al no haber gobierno formal no hay capacidad legal. Tampoco la hay económica. Las tasas e impuestos municipales sostienen apenas ese día a día y el mantenimiento básico de infraestructuras, limpieza, recogida de basura y nóminas. Porque hasta el Estado tiene embargadas sus transferencias debido a una deuda de casi 850.000 euros con el ICO y la Seguridad Social.

Nadie parece querer hacerse cargo. Sólo Eloy Rubio, el mismo personaje que aparentemente lo llevó a la quiebra, que repitió como candidato y al que el PP expulsó en noviembre, justo para aplicarle in extremis la ley antitransfuguismo. Iba a ser el único en aceptar el bastón de mando en el pleno que debía sustituir a la dimisionaria alcaldesa socialista Cristina López. Tras destapar la deuda y un año en el puesto, López denunció la falta de ayuda del PSOE y las instituciones y dimitió el 5 de noviembre. Alegó también que las decenas de demandas de acreedores del Ayuntamiento estaban exigiendo garantías de su patrimonio personal como alcaldesa.

Pero López no dejó ni el acta de concejal ni el de diputada provincial en León. Se pasó al grupo mixto con otros dos de los siete ediles socialistas. Ese grupo no adscrito hoy es el más numeroso de la corporación, puesto que con Rubio recalaron otros dos concejales del PP.

La situación es de absoluta ingobernabilidad. La Junta Electoral Central dice que se celebre un pleno y que el PSOE como fuerza más votada nombre alcalde. Pero ha perdido tres ediles y López le ha agravado una crisis que ya tenía en la Diputación Provincial. Además, no tendría una mayoría que está ahora en el grupo mixto.

No hay perspectiva de salida a corto plazo, porque nadie quiere hacerse cargo del desaguisado, por los enfrentamientos internos y porque los intereses de PP y PSOE también juegan su papel. El último teniente de alcalde, Saúl Carriedo –ex socialista en el mixto ahora–, es algo parecido a un regidor en funciones: la Junta Electoral le ha obligado a hacerse cargo de trámites y decisiones menores. Su dimisión en noviembre no se ha tratado en pleno y está obligado a ejercer.

Algún vecino asegura que en las dependencias municipales se amontonan papeles de solicitudes y trámites que precisan de un regidor y una Corporación. El último pleno en febrero se suspendió porque Rubio insiste en que pertenece al PP y es elegible. Carriedo ha consultado a la Junta Electoral con el aval de la secretaria municipal. La secretaria es la cuarta que ocupa el puesto en un año. Sus antecesores han ido renunciando a la plaza.

La Diputación, que preside la también líder del PP en León, Isabel Carrasco, ha pedido a la Junta de Castilla y León que disuelva la Corporación y nombre una gestora, que se haga cargo de una responsabilidad que nadie quiere.

Todos los protagonistas locales se tornan ilocalizables o rehúsan pronunciarse respecto a la situación del pueblo. Valderas es un buen espejo de lo que le pasa al país. Nadie se explica cómo se ha podido permitir a llegar a esta situación. El caso es que ni siquiera ha habido faraónicas obras como en Madrid o Barcelona, megalíticos proyectos culturales y deportivos como en Valencia o aeropuertos sin estrenar como en Castellón.

Un cementerio fantasma

Un cementerio fantasma

Paradójicamente, el mayor proyecto reciente fue un nuevo cementerio para poder hacer frente a la creciente demanda que dicta el inexorable envejecimiento del mundo rural del noroeste de España. No se hizo, es un camposanto fantasma: el entonces alcalde compró el terreno, cobró a vecinos 50.000 euros por las parcelas para nichos y panteones y… hasta hoy.

La cuantía es similar a los 54.000 euros que reclaman en comilonas restaurantes de Valderas (sólo en uno 20.000 e incluye hasta paquetes de tabaco), no demasiado superior a los 30.000 euros que una empresa de cortinas acaba de ver reconocidos en los tribunales para un despacho de Alcaldía en otras dependencias municipales. Iberdrola llegó a cortar la luz cuatro meses, nada más tomar posesión la nueva Corporación, por una deuda de 100.000 euros. Los acreedores reclaman en unos treinta pleitos otros 300.000 euros.

Un polígono industrial que no se hizo y otras obras para las que se recibió subvención pero que no se ejecutaron –ahora hay que devolverlas–, un sueldo “de lujo” para “una superasesora” en un pueblo de menos de 2.000 personas y que se ha hecho una gran casa en el centro de Valderas, completan el círculo que suman los cuatro millones de euros de deuda.

Valderas es un núcleo agrícola al pie del río Cea, con una vieja fábrica de explosivos, una quesería, una bodega vitivinícola, una cooperativa y negocios de servicios para los pequeños pueblos del entorno y que en el entorno rural miden la importancia aún de una localidad: centro de salud, farmacia, colegio e instituto, oficinas bancarias y hasta cuartel de la Guardia Civil. Salvo milagro, parece abocado a una gestora y a ser el primero en ser disuelto y anexionado a otro mayor cercano, ¿Valencia de Don Juan?, tras ser saneado por Junta, Estado o Diputación.

La moción de censura para hacerse con la alcaldía de Ponferrada (León) ha abierto una crisis profunda en el núcleo duro de la cúpula federal del PSOE. Beneficiarse del apoyo de un exalcalde condenado por acoso sexual, justo además el Día de la Mujer Trabajadora, ha salido demasiado caro al partido socialista. Alfredo Pérez Rubalcaba ha tenido que salir a enmendar la plana a su número tres, Óscar López, quien por la mañana aún amparaba el pacto con el partido de Ismael Álvarez, condenado por el caso Nevenka en 2002.

Rubalcaba ha tenido que hacer frente a un clamor interno y externo con la orden de dimitir a Samuel Folgueral apenas unas pocas horas después de que este fuera elegido como nuevo alcalde con los votos del exalcalde acosador. Ha quedado en evidencia Óscar López, quien según fuentes socialistas, fue el que dio el visto bueno a Folgueral –vicesecretario general del PSOE leonés- y al partido en León para firmar el pacto con Álvarez.

López sólo puso como condición que Álvarez no formara parte del futuro equipo de gobierno, pero aceptó –a regañadientes, indican sus defensores- si dimitía una vez se lograra la alcaldía. Permitió que Ismael Álvarez obtuviera la foto de presidir el pleno de ayer con la intención de aparecer entregando el bastón de mando al socialista Folgueral.

Pero el caso de Ponferrada se convirtió el viernes en portada de todos los medios y en escándalo nacional. A nivel interno también le ha estallado en las manos al secretario de Organización y en su propio feudo. López es portavoz en las Cortes de Castilla y León. Y Rubalcaba se ha visto obligado a reaccionar en el último momento cuando el daño ya estaba hecho.

Zapatero dijo no

En 2011 José Luis Rodríguez Zapatero ya ordenó paralizar un pacto similar, como ahora tras fracasar las negociaciones entre Ismael Álvarez y el PP. El exalcalde, empeñado en regresar al mando en Ponferrada o echar a su antiguo delfín Carlos López Riesco, acudió al PSOE. Tanto a nivel local como regional -entonces el secretario autonómico era Óscar López- se dio el visto bueno. Zapatero, exsecretario general del partido en León y buen conocedor del personaje, ordenó paralizar el pacto.

La cúpula del PSOE de León se reunió de urgencia la tarde del viernes para dar una respuesta a la orden del secretario general. Su primera reacción ha sido desobedecer la orden de Rubalcaba. En una escueta nota, aducen que Ferraz avaló inicialmente la operación y que sería difícil o imposible volver a presentar otra moción de censura. Además, afirman que la dimisión dejaría a Ponferrada en una situación ingobernable. Su principal argumento es que Ismael Álvarez dimitirá este sábado según lo pactado, y que eso es lo que pide Rubalcaba.

Óscar López tuvo que reconocer en público a reconocer su error “personal” y pedir disculpas. En una entrevista en la Cadena Ser, aseguró que Rubalcaba desconocía el pacto en Ponferrada, a pesar de que el asunto lleva días en las portadas de la prensa nacional y regional. “He medido mal, me he equivocado y pido disculpas”, afirmó el secretario de Organización, antes de asegurar que van a adoptar una decisión “conforme a la orden” dada por Rubalcaba, en referencia al anuncio del partido en León y de Folgueral de que no dimitirá. Pero se justificó: “El error está en que Ismael Álvarez no haya abandonado el acta antes de la votación”.

La moción de censura había abierto una fuerte brecha interna en el Partido Socialista, desde que se conoció hace quince días. Ahora le genera a Rubalcaba la primera gran crisis en su equipo de confianza. De hecho, este mismo viernes la número dos, Elena Valenciano, guardó silencio y remitió al propio López para las valoraciones sobre el asunto.

Crisis interna también en Castilla y León

El propio secretario regional en Castilla y León, el diputado Julio Villararrubia, había guardado un sospechoso silencio público hasta ahora. Fuentes cercanas al barón regional explican que sí mostró a Ferraz su oposición a la operación en Ponferrada. Incluso que este viernes conversó e influyo en la decisión de Rubalcaba de dar marcha atrás a la moción.

Pero antes, aunque guardó silencio, ni siquiera participó en el cierre del pacto. Queda así de manifiesto además la división que hasta ahora se mantenía soterrada en los socialistas de la comunidad. Para convencer a Óscar López y cerrar la negociación en Ponferrada con Ismael Álvarez, fue clave también el senador Iván García del Blanco, responsable de política institucional y coordinación parlamentaria de la Ejecutiva autonómica socialista. Un “hombre de López”, explican, que heredó su escaño en la Cámara Alta y que se dio a conocer hace unos meses al entregar un casco minero a Mariano Rajoy para pedirle soluciones a la crítica situación de la minería del carbón.

De momento el único que ha sacado su tajada del desaguisado es Ismael Álvarez. Ha logrado su objetivo. El líder de su propia formación, IAP, ha obtenido de una tacada la venganza contra su antiguo partido, el PP, y sacar de la alcaldía a su ahora archienemigo y antes mano derecha, Carlos López Riesco.

Ponferrada (70.000 habitantes y quinta ciudad de Castilla y León) podría quedar en una situación ingobernable si dimite Folgueral. El PP tiene 12 concejales, el PSOE 8 e IAP 5. De momento el líder socialista ha dicho que se pare todo hasta que renuncie a su acta Álvarez, algo que ha prometido para el sábado o el lunes, cuando se abra el registro municipal.

Despechos y venganzas políticas y personales, vendetas internas en el PP y entre viejos amigos en definitiva, harán que el día 8 de marzo el PSOE vuelva a la Alcaldía de Ponferrada. Todo gracias al mismo personaje que se la arrebató hace dos décadas: Ismael Álvarez, el exalcalde condenado en 2002 por acoso sexual a su concejala de Hacienda, el del 'caso Nevenka'.

El populista empresario de la noche y la hostelería ha prometido que dejará la política en cuanto vea a su antaño delfín y mano derecha, Carlos López Riesco, fuera del despacho de regidor. Y para ello auspiciará una moción de censura, pactada con los socialistas, que se votará el 8 de marzo. Tiene el visto bueno de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista: Ferraz sólo pidió que Álvarez no continuase y este aceptó con tal de derrocar a su ahora enemigo Riesco. Si no falta ninguno de los 13 firmantes de la censura, en menos de dos semanas el arquitecto y vicesecretario general del PSOE de León, Samuel Folgueral, será nuevo alcalde de Ponferrada.

El exalcalde condenado por acoso sexual parece no haber perdonado que el que fue su amigo íntimo, mano derecha, teniente de alcalde y delfín, no le apoyase tras ser condenado y verse obligado a abandonar la política. Y menos que no le volviese a dejar paso como líder de las listas del PP en los últimos comicios municipales. Entonces, tras pasar del ocio nocturno de éxito a empresario hotelero local, intentó pactar su vuelta al PP.

Faltó poco para que la líder de los conservadores en la provincia y presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, le reintegrara al primer puesto de la lista por Ponferrada. Pero Riesco, que en estos años se había hecho con buena parte del control del partido en la ciudad y el Bierzo, logró resistir el envite y repetir en el puesto de salida. Desde entonces se alineó con el sector crítico del PP leonés.

Carismático, encantador y populista nato, hábil tras años de regentar discotecas y pubs, “el hijo de la lechera” –como él mismo se enorgullece destacar– había tratado de lavar su imagen con paciencia. E incluso antes de volver a la primera línea política –nunca dejó de moverse entre las bambalinas del poder local– maniobró también para hacerse con las riendas de la SD Ponferradina –de la Segunda División del fútbol español– en una estrategia encaminada a reforzar su capacidad de influencia y recuperar parte del apoyo popular perdido a consecuencia de su condena.

Las negociaciones con Carrasco fracasaron entonces: la lideresa popular no pudo imponerse a Riesco y los que le apoyaban. Álvarez, tras flirtear con el regionalista Partido del Bierzo, fundó su propia agrupación política, Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP).

La quinta ciudad de Castilla y León, en el noroeste de la autonomía y de la provincia de León, con 70.000 habitantes y capital de la comarca minera del Bierzo, vive en precariedad política desde las últimas municipales, cuando Álvarez regresó a la primera línea tras las elecciones de 2010. El controvertido hostelero logró 5 concejales en los comicios municipales, por los 12 del PP y 8 socialistas.

El exalcalde condenado por acoso sexual logró explotar su innato populismo para ganar por una mayoría absoluta contra pronóstico en 1994 el hasta entonces bastión socialista, logró repetirla dos veces y sin unas grandes siglas detrás obtuvo de una tacada cinco ediles. Capitalizó a aquellos 3.000 manifestantes que en 2002 defendieron en Ponferrada su inocencia y que fuera un acosador. También se recuerda que la hoy alcaldesa de Madrid y entonces esposa del presidente del Gobierno, Ana Botella, le brindó su apoyo público.

Álvarez y la operación pactada con el PSOE para derrocar a López Riesco ahondan la herida interna del PP leonés. Riesco estaba claramente alineado desde hace tres años contra el sector oficialista de Isabel Carrasco. De hecho le ha culpado directamente de instigar la moción de censura.

Segunda opción

Son diversas las fuentes que indican que el PSOE es “segundo plato” de Ismael Álvarez, quien hasta hace no demasiadas fechas negoció con el PP dar estabilidad al Ayuntamiento de Ponferrada a cambio de la cabeza de Riesco. El apoyo de miembros de su equipo de gobierno y de un sector del partido que incluiría un consejero de la Junta de Castilla y León o del senador Grupo Mixto Juan Morano Masa (pariente suyo y expulsado del PP hace menos de un año por votar a favor de la minería y contra su partido) habrían impedido la operación.

La oferta a los socialistas parece haberse fraguado en sólo unas semanas. Lo único que pidió el secretario de Organización Federal y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Óscar López, al alcalde in péctore Samuel Folgueral es que no estuviese Ismael Álvarez en un gobierno municipal en coalición. Este accedió, aunque dimitirá sólo cuando se haya asegurado que la moción prospera y derroca al antaño amigo, compañero de farras y pareja de rancheras al micrófono de karaokes nocturnos en Ponferrada hace sólo unos años.

El pacto ha causado malestar en sectores del PSOE. Se recuerdan los duros enfrentamientos, y que Álvarez fue quien los desalojó a ellos del poder. Sus ataques al socialismo local fueron notorios y públicos en su momento.

Es el caso de Charo Velasco –nombrada por Zapatero vocal del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y recién renovada en el cargo–, con quien chocó duramente al ayudar a Nevenka Fernández, la concejal de Hacienda del PP a la que acosó. Otras fuentes socialistas auguran que Álvarez acabará dejándolos en la estacada, que intentará usarlos como medio para su objetivo personal de volver al poder y al PP. Que con esta maniobra de un abandono que aún no se ha producido sólo refuerza su popularidad, granjeada en la noche y la política. Otras personas lo niegan y consideran que ya no tendrá tiempo. Los líderes socialistas regionales y provinciales defienden que Ponferrada logrará estabilidad política y hasta un presupuesto que no tiene.

“Es el único sitio que he visto en 16 años en la cárcel en que se cumple el artículo 25 de la Constitución, en el que la cárcel es para rehabilitar a la gente. Eso es la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Villabona. Ahora se lo quieren cargar y no quiero ni pensar qué le espera a la gente de allí dentro si lo desmantelan”. La sentencia es de Jon, exconvicto con tres lustros de prisión a su espalda, que recorrió ocho de las cárceles más duras de nuestro país por un centenar de condenas por robo y estafa.

Lleva casi cinco años reinsertado gracias al único modelo de éxito probado que existía en España hasta ahora. Instituciones Penitenciarias parece haber decidido desmantelarlo, acabar con 20 años de resultados palpables. Primero lo descabezó y, según denuncian funcionarios, internos y familiares, continúa “desguazando” su funcionamiento y los equipos que lo hacen posible. No ha atendido ni requerimientos políticos del Principado de Asturias y grupos parlamentarios, ni recomendaciones, premios internacionales o trayectoria.

Por la UTE de Villabona han pasado ladrones, atracadores, yonkis, estafadores, maltratadores, homicidas, narcos, terroristas y hasta condenados por delitos sexuales. Decenas y decenas de presos de los que, según cuentan responsables y voluntarios colaboradores, se han reinsertado en la sociedad con éxito un 75%. Hasta hoy la mitad de la cárcel de Asturias era una unidad terapéutica, cinco módulos de los diez totales, 460 internos. Iba a pasar a tener un sexto, el que se conoce en la jerga carcelaria como el de ‘destinos’.

El modelo nace en 1993 de la mano del impulso voluntario y desinteresado de dos funcionarios, Faustino García Zapico y Begoña Longoria. Eran los tiempos duros de la droga y se buscaba acabar con la toxicomanía en la recién estrenada prisión de Villabona. Ha resultado premiado en múltiples ocasiones y reconocido como modelo en Europa, América Latina y EEUU: el premio Príncipe de Asturias de Cooperación, Bill Drayton ha tomado a la UTE como ejemplo piloto para un proyecto internacional a través de su asociación mundial de emprendimiento social Ashoka. Incluso Instituciones Penitenciarias lo ha puesto como ejemplo en sus documentos internos. Del empeño de dos personas hace dos décadas se pasó a 70 implicados en los equipos multidisciplinares que trabajan con los presos 24 horas al día. Hasta ahora.

Jon explica para qué sirve la UTE de Villabona. “Me hizo recuperar la esperanza de vida: yo había protagonizado hasta una fuga en Nanclares de Oca por el mono y allí, en las celdas de aislamiento, ví cómo se suicidaban seis personas porque no había esperanza de vida”, relata. “Sin la UTE yo hoy no estaría aquí. Porque para salir del círculo de delincuencia y carcelario, de la droga, se necesita ayuda. Y ahora se ha roto esa cadena: los que quedan dentro o tienen grandísima fuerza de voluntad o se morirán allí”, afirma Jon, quien hoy sigue colaborando con la UTE.

“La unidad acababa con una sociedad paralela ficticia, con un código de silencio y un lugar en que sólo sobrevives si eres el más violento y fuerte”, subraya el exconvicto. Explica que cuando entras lo haces “voluntariamente”, que “firmas un contrato y te reciben otros presos, que es lo primero que te choca”. “Vas para escapar de celdas de aislamiento, de monotonía, de palizas, de silencio… buscas paz, y la encuentras”, relata Jon. Apunta también que el éxito está “en la cogestión” y en que todo se basa en el apoyo entre compañeros y “de los de la corbata”, los funcionarios. “Aquí no están frustrados y no se dedican a apretar botones o dar palos sino a lo que vinieron, a ayudar a reinsertarnos”, recalca en relación a los 70 trabajadores de la cárcel implicados.

Todo esto hasta las últimas semanas, cuando se descabeza la UTE. Se destituye a tres de los cuatro coordinadores y el 21 de febrero se prohíben las reuniones de coordinación diarias. Lo explican los propios funcionarios de las unidades, que como Zapico y Longoria prefieren no hacer declaraciones públicas por temor a represalias.

“No vamos dejar que esto se muera”, advierte con firmeza Rosa Fernández García, presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de la UTE Villabona. “Es acabar con el modelo penal y penitenciario constitucional de condena y reinserción.

“¿Por qué estrangulas el proyecto que te garantiza que allí no haya droga ni trapicheo?”, sentencia Rosa mientras denuncia que “hay quien campa por la cárcel fomentando todo lo contrario”. “Y se le permite desde la dirección”.

“¿Qué es más importante, la autoridad o erradicar la droga?”, agrega la presidenta de la asociación, quien como otras fuentes consultadas coincide en indicar que la UTE desaparece justo cuando se iba a hacer cargo del módulo “de destinos”, el de presos “recomendados, los de confianza y donde el trapicheo y el conchabeo funcionan”. La integración de ese módulo de privilegios en el grupo de unidades terapéuticas ya no ocurrirá. Es más, de cinco módulos UTE, más ese posible sexto hace menos de medio año, en la actualidad ya sólo quedan cuatro. Pronto quizá ninguno.

Fue, sostiene Rosa y algún funcionario, cuando empezaron los problemas. “¿Por qué no se ha querido que entre a formar parte de la UTE el módulo de destinos?”, pregunta con vehemencia. “Las familias están intranquilas, tienen miedo de que se disuelva la UTE y vuelvan a entrar drogas en los cinco módulos de Villabona que ahora están libres, donde los propios presos controlan que los compañeros no les fastidien”.

El rechazo al desmantelamiento de la UTE de Villabona no sólo tiene a organizaciones de voluntarios, presos y familiares enfrente. También al propio Principado de Asturias. La Junta General aprobó hace pocas fechas una contundente moción de apoyo. Y su Gobierno realiza gestiones, sin éxito de momento, para que no se desmantele. Además, ha logrado el inédito consenso de todos partidos políticos en Asturias. Sólo falta el PP.

El diputado socialista, Antonio Trevín, y el de IU, Gaspar Llamazares, han llegado a hablar con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz: “Nos dijo que lo miraría. Y hasta hoy. Ha sido peor, se están acelerando la toma de decisiones y la caza de brujas”.

Denuncia de privatización de las prisiones

Trevín denuncia además algo que funcionarios y personas relacionadas con prisiones también señalan: “Creemos que hay una instrucción directa de Interior, que es el principio de una contrarreforma conservadora en base a principios ideológicos para privatizar el sistema penitenciario en España”. Se pretende, añade, que un modelo de éxito “y con tanta fuerza” como este “fracase” para hacer ver que es necesario externalizar la gestión de la reinserción.

Antonio Trevín destaca que PSOE, IU, UPyD y Foro han consensuado una proposición no de ley que elevarán al Congreso pidiendo que el Gobierno no desmantele la UTE de Villabona y restablezca su funcionamiento y equipos. El diputado socialista apunta que en la Comisión Mixta Congreso-Senado en septiembre, “incluso el Grupo Popular defendió la UTE de Villabona como modelo a implementar en todo el sistema penitenciario español”.

Llamazares, que también ha escrito al ministro una carta, viene denunciando además del desmantelamiento persecuciones personales a funcionarios y al propio impulsor del proyecto.

Instituciones Penitenciarias y la cúpula de la prisión de Villabona no han respondido a requerimientos para ofrecer su versión. En varias ocasiones han negado el desmantelamiento y en noviembre llegaron a manifestar que no sólo no ocurriría lo que está acaeciendo sino que se iba a ampliar el modelo a otras prisiones.

“Si pudiera tener al ministro delante, le diría que no se trata de una cuestión de poder, sino de personas y de vida: el que no hace prevalecer esto por encima de todo lo demás no sirve para estar ahí”, sentencia Jon con vehemencia: “Yo hoy le debo a la unidad lo que nunca pensé que iba a tener ya: una vida, una pareja, un coche y un trabajo que me dura dos años y medio”.

“Queda irse de España, acaban con todo”. La sentencia demoledora es de Plácido Álvarez Agra, minero y en la calle desde octubre. Es uno de aquel puñado de mineros de la Marcha Negra que entró a pie en Madrid en julio al grito ciudadano de 'Esta es nuestra selección' tras 19 días a pie desde Bemibre. Hoy es uno de los seis millones de parados.

Placi, como se le conoce en Matarrosa del Sil, donde reside, nació hace 38 años en Santa Cruz del Sil. Es el pueblo que se hizo célebre el verano pasado porque ocho compañeros permanecían encerrados en un pozo. Quería defender “el futuro de la zona y del país, porque esto es de todos”. Pero aquel grito de ‘Sí se puede’ con el que cruzaron entre miles de personas no paró la política de acelerar la liquidación del sector por parte del Gobierno del PP –ya lo intentó en 1996–, ni prácticas empresariales decimonónicas. Como víctima, narra la desunión del sector y un desgarro en el país.

Hizo la Marcha Negra y ahora está en la calle.

La realidad es que se hizo todo lo que se hizo para otros, para el politiqueo. Fue acabar la marcha, llegar aquí, con la gente encerrada en Santa Cruz y desconvocar la huelga... No contaron con nadie para hacerlo. Y esos que dicen que apoyan, los alcaldes, han chupado fondos del plan del carbón. Tanto que apoyan, que dimitan. Están callando, nadie sabe nada, pero están echando gente y no pasa nada.

¿Qué fue de la mítica fuerza de los mineros?

Había unión, pero eso se ha ido perdiendo. No sé muy bien por qué. Igual es por la corrupción que hay, empezando por sindicatos, alcaldes, el Gobierno... es lo que explica que se haya perdido la unión.

Ya participó en una marcha minera en 2010. ¿Cómo se llega a este punto?

Yo hace dos años estaba trabajando en una mina, con Victorino (en referencia a Alonso, el mayor empresario minero privado de España) en Santa Cruz. Estaba en una subcontrata. Cuando las eléctricas dejan de quemar carbón, en 2010, hacemos la huelga, nos hacen hacer la marcha, llegamos a León... Logramos lo que queríamos. Pero los de las subcontratas quedamos en la calle. En mi caso, 30 compañeros. Estuve en ERE tres meses y en la calle un año. Me busqué la vida y logré volver a la mina en el Grupo Viloria, en Alto Bierzo. Allí estaba contento.

Cuando parecía todo estabilizado, llega el cambio de Gobierno de Rajoy y…

Sí, y los recortes. Se pasaron por el forro todo lo que estaba firmado. Tendrían que haberlo cumplido. Entonces volvemos a las calles. Empieza la Marcha Negra, llegamos a Madrid, cuando vuelvo trabajo un mes y medio, pero como el Gobierno no suelta la pasta, nos largaron. Nos dijeron que nos volverían a llamar cuando esto tomará rumbo. Llevo en el paro seis meses.

¿Hasta dónde estaba dispuesto a seguir tras la marcha?

Cuando llegué a casa de vuelta de Madrid me enteré que se desconvocó la huelga y aún había compañeros encerrados. Yo hubiera seguido lo que hiciera falta. Y ahora igual. Ya no miro solo por nosotros: ¿qué queda a los que vienen por detrás?

¿Cuál es la razón de la falta de unidad, de la inacción cuando están en la calle?

La lograron el empresario y el Gobierno. Unos cobraban, otros no... hubo muchos factores. Al que cobra no le interesa ir a la huelga.

¿Qué diría a los que dicen que en la mina se gana un sueldo astronómico?

Eso es todo mentira. Eso era antiguamente. En los ochenta, sí se cobraba bien. Yo he estado siete años dentro, en varias etapas, y no he pasado de 1.400 euros al mes haciendo diez y doce horas diarias. Que me lo expliquen. Y como yo muchísima gente, casi todo el mundo. Nunca he trabajado seguido siquiera. Hay la misma precariedad que en cualquier otro sector. Solo que no se puede estar mucho tiempo. En la mina estamos como las ratas, quienes dicen que somos unos privilegiados que entren allí.

¿Cómo explicaría la evolución de su trabajo desde que empezó?

No ha cambiado en nada. Ni en sueldo, ni en condiciones: sigo igual que entonces. Solo ha cundido la desunión y el hartazgo.

Madrid les recibió como a la selección de fútbol, como líderes obreros. ¿Cómo cree que se tenía que haber aprovechado?

Tendríamos que haber seguido hacia adelante. Sin pacto ninguno: las huelgas no se pactan. Yo me hubiera quedado en Madrid hasta lograr algo claro. Tendríamos que haber ido más allá, coger al empresario o al político y encerrarlo en la mina. ¿Acampar? No, porque no se puede estar molestando. Hay que ir a por quien hay que ir.

Pero, ahora van unos mil despidos en seis meses, los que quedan en la minería privada no cobran hace dos, las eléctricas no compran carbón, el Gobierno incumple…incumple…

Movilizaciones ya hay, pero no serán como antes. Estamos la mitad en la calle y no van ni los de las plantillas propias de las empresas, que ni cobran hace dos meses o los están echando.

¿Qué le pediría al Gobierno, qué le diría a Mariano Rajoy si se lo cruzase?

Que la están cagando, pero bien. El carbón no es de ahora, ha hecho mucho por este país. Que apuesten por él, que dentro de unos años será necesario. Le recordaría que Endesa nació en el valle del Sil. O que Ciuden, la planta de captura CO2, está a punto de cargársela y van a tirar muchos millones y futuro.

¿Y a las personas que les recibieron en Madrid como héroes?

Se lo agradeceré toda la vida y nunca lo olvidaré. Ahí me hicieron sentir que estábamos haciendo algo, algo importante.

¿Cómo explicaría que ahora en cambio no hagan nada, por el momento al menos?

Hay que salir a la calle y echar al Gobierno. Si nosotros les pusimos ahí, también les podemos echar. Ya está bien de aguantar que nos asfixien poco a poco. Mientras, ellos siguen igual.

¿Rajoy y Soria enterrarán la minería?

Yo creo que todos están poniendo de su parte. Pero sí, Rajoy puede poner el punto y final al carbón, cada vez creo más que no quedará nada.

¿Qué espera del futuro?

Tengo un niño de cuatro años al que tengo que dar una educación y una vida. Acabo el paro en un par de meses. La perspectiva que tengo es marchar, como todo el mundo. Los que queden aquí les va a tocar pagar lo que nos han robado. Y con marchar me refiero de España: aquí que paguen los que se han llenado los bolsillos. Porque no esperarán que cojamos trabajos precarios por 500 euros y arreglar todo lo que ellos han estropeado. Conmigo que no cuenten: antes prefiero robar.

¿A dónde se irá? ¿Busca trabajo como minero?

No necesariamente. De lo que salga: tendremos que adaptarnos a lo que haya e irnos a donde sea.

Los mineros y las cuencas carboneras españolas se preparan. No saben aún si “para morir matando” como se presumiría de ellos, o si tal vez sólo para bajar la tapa de un cierre que el Gobierno de PP planea de aquí a 2015. La Marcha Negra de julio y su épico recibimiento en Madrid no sirvieron para mucho.

2.500 mineros, la totalidad de los leoneses y buena parte de los asturianos, no cobran desde hace más de un mes: la mitad de los que quedan en España. Arrastran además retrasos en los pagos desde octubre y contemplan cómo comienzan los despidos. El mayor empresario carbonero del país, Victorino Alonso, acaba de formalizar más de 500 –los últimos este mismo martes- y pretende o ejecuta rebajas de sueldo de entre el 5% y el 37% para 1.400 de sus obreros aún restantes en el sector, o vinculados a él, en León, Asturias y Palencia.

Tras la huelga del verano ya no regresaron al trabajo más de medio millar de operarios de subcontratas, de las que las matrices prescindieron. Hoy, otros cerca de 350 obreros del grupo Viloria, en el Bierzo, permanecen en ERE de suspensión temporal. La Hullera Vasco-Leonesa adeuda un mes a cerca de medio millar de obreros. La Compañía General Minera de Teruel tiene de vacaciones a sus empleados, a la espera de acontecimientos en los próximos días. Y en el resto de Aragón (520 mineros), de Asturias (dos millares en Hunosa), León y Palencia (otro centenar además de los anteriores) o en Puertollano (120) es previsible que pase algo parecido si de aquí al día 13 diversas reuniones no ofrecen resultados.

Desde este lunes los mineros del norte de León y del suroccidente asturiano impedirán el paso de carbón importado hacia las térmicas que, además, han dejado de comprar el nacional. Es una primera medida de presión. Pero el conflicto puede radicalizarse en 15 días, si la tensión larvada y el enfado por los impagos aumentan.

Por primera vez el sector más emblemático del movimiento obrero ha perdido una batalla contra el Gobierno. No han servido ni la Marcha Negra de 2012, ni las brutales movilizaciones de la primavera y el verano, que ha dejado exhaustos a los mineros, desmoralizados y hasta descolocados. La situación que les hizo entrar en Madrid el 10 de julio a pie y como héroes no ha cambiado.

Hunosa, estratégica excepción

Sólo la mina pública estatal Hunosa opera sin aparentes problemas. Las térmicas no le compran carbón, ni recibe los subsidios publicados en el BOE para el conjunto del sector. Sin ingreso alguno, es la única que no se ha manifestado ahogada, a diferencia del resto de la patronal Carbunión. Algunas voces apuntan en privado que el Gobierno le facilita “ayudas encubiertas” a través de su matriz, la Sepi, que “es la que paga” para que cobren sus 1.700 mineros, más los 300 de subcontratas. El Gobierno, dicen, sabe que si estalla Hunosa arrastra a la calle a todo el sector.

El sector depende de los subsidios: como el automovilístico, el agrario o el resto del energético por otra parte. Cada minero auspicia otros cuatro puestos de trabajo indirectos. Como ejemplo, en León la minería supone un 20% de su PIB: 12.000 familias dependen de esa actividad económica. Se cifran en más de 30.000 en España. Castilla y León reconoce que 70.000 personas en la comunidad dependen del carbón.

Comarcas enteras quedarían abandonadas y despobladas. Porque otra de las decisiones del Gobierno Rajoy es no renovar el plan de desarrollo alternativo 2006-2012. Lo poco que se ha hecho hasta ahora en crear alternativas queda parado o abandonado, aunque el martes el ministro Soria trató de justificarse diciendo que lo que va a quitar de ayudas al sector lo va a destinar a reconversión. Hasta ahora se ha negado a negociar nada: no recibe a los interlocutores sociales desde antes del verano.

186 millones de euros que no llegaron

Desde que Soria es ministro, Industria adeuda al sector 75 millones de euros del último trimestre de 2011 y los 111 millones de 2012 (cerca de un 70% de recorte respecto al año anterior). Cumplido enero, falta también la orden que fija las producciones de carbón para 2013. Incluye 154 millones más en ayudas para compensar la diferencia entre precio de carbón importado y nacional.

A todo esto, se suma la normativa. En 2010 el Gobierno de Zapatero logró de Bruselas que le dejase obligar a las eléctricas a comprar carbón nacional por razones de seguridad energética, a lo que se opuso parte del PP. A cambio, tuvo que recuperar un incentivo a las térmicas por quemar mineral autóctono. La UE autorizó la medida hasta 2014 inclusive. Al no estar actualizado para 2013, las eléctricas han vuelto a decir que no compran carbón español, más caro que el que llega en barcos.

En esta tesitura el PP ha negado con su veto la comparecencia en el Congreso del ministro para dar explicaciones.

Golpe al medio ambiente y contradicciones

En los últimos días se ha conocido que el Gobierno no piensa prorrogar el decreto. Y que eliminará las ayudas a las minas en 2015, a pesar de que la decisión europea que las regula las permite hasta 2018 con carácter decreciente. Aunque de forma contradictoria, reduce un 20% la producción ya para este año en la de minería subterránea tan sólo, mientras duplica los cupos de la de cielo abierto, más rentable pero de mucho mayor impacto ambiental.

En esta tesitura queda sólo por saber cómo serán de convulsos los próximos meses. La última huelga pesa: muchos no pueden afrontar otra. Y pesa también el nulo resultado de la Marcha Negra. Los mineros se debaten entre saltar a las carreteras y el temor a “hacerle el juego al empresario” si se movilizan ya.

La realidad es que difícilmente las minas podrán aguantar sin ayudas en 2015, con lo cual esta podría ser la fecha de defunción del carbón español. Y los escasos rescoldos que pudieran resistir deberán clausurarse en 2018, si no cambia de idea Bruselas: han recibido ayudas a partir de enero de 2011 y para continuar abiertas deberían devolverlas.

¿Pasará a la historia Mariano Rajoy como el presidente que acabó con los mineros?