Giros en la narrativa oficial sobre política migratoria de un viaje africano

Muchos de nosotros saludamos con alivio el mensaje inicial del presidente del gobierno en su primera etapa de la gira africana, en Mauritania, cuando subrayó que las migraciones son fuente de “riqueza, desarrollo y prosperidad”. Fue asimismo un alivio que reiterase lo que a muchos nos parece obvio: que, para gestionar la movilidad migratoria, hay que desarrollar vías legales, regulares y seguras. 

Ahora bien, que el gobierno de España trabaje en establecer esas vías, no es una osadía progresista: es simplemente cumplir con lo que establecen no ya las recomendaciones, sino el título mismo del Pacto Global sobre Migraciones aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU (Global Compact for Safe, Regular and Legal Migration), una exigencia constante desde hace muchos años por parte de ONG y expertos y también del papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Insisto: no debería presentarse como novedad la voluntad política de cumplir con un compromiso ratificado por nuestro país hace seis años. Más bien eso habla de que hasta ahora no ha habido voluntad política de hacerlo. Tampoco por parte de la UE, todo hay que decirlo.

Muchos matices requiere, en cambio, otra afirmación del presidente en este viaje: “la inmigración no es un problema, sino una necesidad”. Eso sí, nada sencilla de gestionar. En principio, ese mensaje es también positivo y además, para subrayar su firmeza, viene acompañado de la pátina de “realista”, para diferenciarse de los discursos buenistas. Pero lo cierto es que, si se quiere desarrollar un pilar internacional de política migratoria, lo primero en lo que habría que trabajar es en reducir las causas del déficit de expectativas de vida digna que hace que la migración sea un destino fatal, inevitable, para centenares de millones de personas en todo el mundo, y no una elección para mejorar sus proyectos de progreso profesional, como sucede en países como el nuestro. Recordaré una vieja tesis que conocen bien algunos iusinternacionalistas: si hablamos de migraciones, el primer derecho es el derecho a no emigrar, salvo que esa decisión sea resultado de una libre elección. 

Lo cierto, además, es que antes que necesidad (para quienes viven sin condiciones de vida digna y para los países como el nuestro, que están inmersos en un invierno demográfico que hace insostenible su sistema de Estado de bienestar), las migraciones son, como afirmaron los sociólogos de la escuela de Mauss en el XIX, un hecho social global, total. Una constante en la historia de la humanidad: los humanos necesitamos arraigo, pero somos seres migrantes, no árboles. No se trata de estar a favor o en contra. Se trata de gestionar todas sus etapas, teniendo en cuenta a todos sus actores y, sobre todo, que reconocer que las migraciones no son sólo un fenómeno laboral o económico, sino que afectan a todas las dimensiones de lo social (también la cultural, la política) y de ahí la dificultad de su gestión, que requiere cambios por parte de todas las partes afectadas: también por parte de las sociedades de recepción (lo de acogida es un desiderátum) que deberían plantearse qué contrato social ofrecemos a los inmigrantes y cómo su presencia nos obliga a reformular nuestro propio contrato social y político.

Hay más: ese “realismo” -acomodarse a la necesidad- parece demasiado condicionado a una perspectiva unilateral de “egoísmo racional”: aprovechar esa mano de obra barata cuando tenemos déficits importantes en numerosos sectores del mercado de trabajo y garantizando como primer objetivo nuestro beneficio. 

Todo esto tiene mucho que ver a su vez con una tercera afirmación, también en principio positiva, pero necesitada de aclaraciones de principio, la propuesta de la “inmigración circular” como modelo y no como ejemplo de una vía para gestionar un sector del mercado laboral necesitado de mano de obra ocasional (trabajos de temporada), de la que hablaré enseguida. 

Con todo, el giro más notable en esta narrativa del viaje del presidente es la vuelta de tuerca final sobre la primacía de la seguridad. No me refiero sólo al hecho de que se entreguen funciones de externalización de fronteras a países que no respetan los derechos humanos, como Mauritania (lean cualquier informe sobre los derechos de las mujeres allí), sino al regreso del presidente al discurso de la prioridad de la seguridad y a la exigencia de “retornar a los inmigrantes irregulares”. 

Este último giro, como he tenido ocasión de explicar recientemente en una entrevista en Infolibre , es muy revelador de la esquizofrenia en la que parece vivir la izquierda en sus propuestas sobre políticas migratorias y de asilo. Y es un giro compartido por el gobierno de coalición en Alemania, ante el temor de la ventaja que ofrece a la extrema derecha del AfD los atentados en Solingen. Así, se reitera el mantra de que hay principios y exigencias que proclaman con énfasis. Eso sí, morales, lo que es revelador, porque las exigencias morales, a diferencia de las obligaciones jurídicas, forman parte del ritual del arsenal retórico, pero no de compromisos de cumplimiento exigible. Dicho esto, vuelven a la realidad y se pliegan a la exigencia de reiterar aún más enfáticamente como prioridad de prioridades la voluntad de firmeza frente a la inmigración irregular, con la excusa de que es por el propio bien de los inmigrantes. Un discurso que pasa por alto el hecho difícilmente rebatible de que nuestras fronteras (no digamos las de países como Mauritania, Marruecos, Túnez o Libia) son muchas veces un agujero negro para los derechos.

Sobre los límites del modelo de inmigración circular

Vuelvo sobre el argumento de la bondad del modelo de inmigración circular. Lo que quiero subrayar es que ese modelo de inmigración con contratación en origen, nada novedoso, como ya explicó Gabriela Sánchez en estas mismas páginas de elDiario.es, no puede generalizarse como la panacea. Me preocupan, sobre todo, dos aspectos de ese mensaje.

El primero, que la generalización de ese modelo abunda en la justificación de una política migratoria groseramente instrumental, de egoísmo racional, si se me permite llamarlo así, lo que se advierte en su caracterización de las migraciones (que es un paso positivo, insisto) “no como un problema, sino como una necesidad”. No: las migraciones no son una necesidad (una necesidad que, por cierto, implica en buena medida una desgracia: tener que abandonar tu hogar), sino ante todo lo que los sociólogos del XIX ya llamaban un , un rasgo estructural de la humanidad, que se acrecienta en contexto de globalización. 

Generalizar la inmigración circular como modelo es abundar en una tesis que ya enunció Marx, el uso de los migrantes como ejército de reserva del capitalismo, mano de obra precaria y disponible, que perjudica los derechos de los propios inmigrantes y desestabiliza a los trabajadores nacionales. En suma, lo de Bauman: industria del desecho humano. Para contrarrestar esa crítica sería necesario que los acuerdos bilaterales con esos países incluyeran no sólo proyectos de formación y promoción de los inmigrantes, sino resultados concretos, objetivables en términos del Indice de Desarrollo Humano de la ONU (que incluye avances en democracia y derechos humanos) para los ciudadanos de los países de origen y tránsito. Veo factible que así sea en el caso de Senegal, como ha proclamado el ministro Cuerpo al sacar pecho de las medidas anunciadas en el paquete del plan África Avanza. Dudo mucho que lo sea en el caso de Gambia y, desde luego, no tengo ninguna duda de que no habrá nada de eso en el de Mauritania.

A riesgo de que me critiquen quienes desprecian las obligaciones con los derechos humanos como ejemplo de buenismo, quienes consideran esos deberes como meras opciones, insistiré en que la primera exigencia en la gestión de la movilidad humana es garantizar los derechos de quienes los tienen más en riesgo, los propios inmigrantes (no digamos los niños, los menores), algo que brilla por su ausencia en este discurso. Derechos violados por las mafias que los explotan, desde luego. Pero también, lamentablemente, por buena parte de los gobiernos de los Estados por los que transitan y a los que llegan.

Pondré un solo ejemplo: me llama la atención que quienes, como Silvia Intxaurrondo (y la cito porque sé de su conocimiento del mundo árabe), son justamente críticos con los despropósitos del PP en política migratoria, alaben el acuerdo con Mauritania, descontextualizándolo del conocimiento de la realidad de ese país en materia de respeto a los derechos humanos y a los elementales principios e instituciones de la democracia. La pregunta que todos, también los más agudos periodistas, debemos hacernos es ésta: ¿podemos permitirnos esos acuerdos que, sobre todo, no nos engañemos, tienen como núcleo la externalización del control de fronteras (no sólo de salida y tránsito, también a la hora de las expulsiones mal llamadas devoluciones), con países cuyo standard de respeto de los derechos humanos es ínfimo? Y pondré un solo ejemplo: ¿saben qué hay en el acuerdo con Mauritania acerca de condicionar las ayudas económicas a la exigencia de respeto a los derechos de las mujeres y de las niñas, de las propias mauritanas y de las mujeres y niñas inmigrantes que transitan por Mauritania, por no hablar de las mujeres inmigrantes que nosotros vamos a devolver a Mauritania para quitárnoslas de encima? Les responderé: nada ¿Alguien en su sano juicio cree que el régimen mauritano que, para empezar, condicionó la ratificación de la CEDAW ONU a la interpretación rigorista de la sharía que hace de las mujeres infrasujetos de derechos, va a garantizar sus derechos?

La ausencia de garantías para los necesitados de protección internacional y asilo

No quiero dejar de referirme a lo que a mi juicio es un déficit particularmente preocupante en la narrativa de este viaje. Me refiero a la absoluta ausencia de referencia a otro fenómeno característico de la movilidad humana y que se ve afectado por estos acuerdos: los millones de personas que se desplazan buscando refugio, protección. No olvido la situación de los menores en Ceuta, pero apunto ahora al hecho (que el Defensor del Pueblo ha constatado) de que, en Canarias, por ejemplo, hay más de mil niños malienses: huir de Mali (como de Sudán, de Yemen, de tantos países que no garantizan e incluso prohíben los derechos de las mujeres y las niñas) es una necesidad vital. Y debemos facilitarles a ellos y a todos los que huyen de la muerte, de la ausencia de derechos humanos, de la persecución, vías legales, seguras, para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional, incluido el asilo. 

La práctica de las devoluciones en caliente, de los retornos masivos a países terceros, violan el principio básico de non refoulement del Convenio de Ginebra de refugiados. Por no hablar de las eufemísticamente denominadas “devoluciones” colectivas, que suponen una violación del artículo 19 de la Carta europea de derechos fundamentales (1 Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un. Grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes). Las expulsiones colectivas, como saben todos los gobiernos de la UE y deben saber cualquier político europeo responsable, están también prohibidas por el artículo 4 del protocolo adicional 4 del Convenio europeo de derechos humanos, ratificado por España. 

Otra cosa es que un buen número de gobiernos europeos (incluidos los nuestros, de diferente signo), hayan recurrido y recurran a todas esas prácticas, en flagrante violación de tales obligaciones jurídicas. Que algunos políticos del PP o de Vox alardeen de la exigencia de expulsiones masivas sólo certifica su ignorancia o su mala fe. Alguien debería avisar a los estrategas electorales del PP que tratar de emular a Vox, o a Alvise, no les da más votos, sino que se los transfiere a Vox o a Alvise

Una estrategia útil, pero de corto alcance

Concluyo. Creo que este viaje apuntala un tipo de discurso sobre política migratoria que, en su simplismo argumentativo, parece estratégicamente eficaz. 

El gobierno se sitúa así en el óptimo in medio virtus. Pone a un extremo la verborrea xenófoba, llena de contradicciones y falsedades, que le ha regalado la torpe estrategia del PP en estos días, de nuevo con pasajes tremendistas y desveladores de una profunda ignorancia de la más elemental legalidad, de la que suele hacer gala el diputado y portavoz Miguel Tellado que cada vez que pretende innovar quiebra un elemento básico de la legalidad interna e internacional. 

Por otra parte, con la insistencia en el realismo, en la prioridad de la seguridad en las fronteras, en la dureza “contra las mafias” y contra la inmigración irregular (reconocida por el presidente como “un infierno”), se posiciona en el centro realista frente al buenismo ingenuo y contraproducente de quienes, según se dice, proclaman una política de puertas abiertas (no conozco a nadie que haya trabajado en serio en migraciones que sostenga esto, y menos aún que esa medida pueda ser adoptada por un solo Estado). Pero el gobierno parece olvidar que ese mensaje de dureza ignora que, si las mafias tienen negocio, es porque hay quien compra su mercancía: no sólo los desgraciados inmigrantes que se ven obligados a recurrir a ellas porque no hay vías legales, regulares y seguras, sino también quienes emplean a los irregulares, aprovechándose de su precariedad.

Esta estrategia, al menos a corto plazo, funcionará. Lo malo es que sus déficits suponen insistir en una política migratoria y de asilo tantas veces fracasada, sin atreverse a ensayar las propuestas que han puesto a su disposición numerosos equipos de investigación, expertos y ONG con decenas de años de experiencia en el campo. Véase por ejemplo la sorprendente ignorancia que parece mostrar la responsable de migraciones sobre el plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, un instrumento que respondía a otra filosofía sobre la presencia de los inmigrantes y enfatizaba la colaboración con las administraciones municipales y autonómicas, que se puso en marcha en 2007 y al que puso el finiquito el gobierno Rajoy en 2012.

Es posible que el comienzo de este prólogo sorprenda al lector. Suele ser aconsejable como cláusula de estilo reservar para el final lo que yo quiero proponerle desde el principio, esto es, felicitarle por haber escogido una lectura -la de este libro- que, a mi juicio, le va a interesar, incluso apasionar. Estoy convencido de que esa es la suerte de los que se decidan a abrir estas páginas, interesados por la presencia de Nietzsche en el título, por la referencia al debate animalista o, quizá, por la curiosidad que produce ver asociado a Nietzsche con esa cuestión. Van a encontrar, creo, mucho más. Y les envidio por tener la oportunidad de hacerlo por primera vez. Lo cierto es que no resulta nada frecuente tal asociación, incluso si el propósito que anima a la autora, como sucede en este caso, es una firme convicción en torno a los derechos de los animales; más aún, de la necesidad de lo que, sin hipérbole, se ha caracterizado como un verdadero giro civilizatorio, el que debemos adoptar a propósito de nuestra mirada, torpemente antropocéntrica, sobre nuestra relación como seres humanos con todo aquello de lo que formamos parte, la vida. Es decir, lo que da sentido, si es que aún podemos hablar en esos términos, a la idea misma de Derecho, y al trabajo de los juristas.

Pero, ¿por qué Nietzsche?

Quizá convenga empezar por el principio. A menos, por una parte de él. En el origen de este libro se encuentra la propuesta que Virtudes Azpitarte nos hizo a quien suscribe y a la profesora Consuelo Ramón, entonces directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia y conspicua defensora de los derechos de los animales, así como responsable de la introducción por primera vez en la historia de la Facultad de Derecho de una asignatura (de libre opción) sobre derechos de los animales, cuya docencia tuve el honor de compartir con ella durante tres cursos. Una tesis doctoral sobre el animal en Nietzsche y sus consecuencias sobre la debatida cuestión de los derechos de los animales. Esa tesis fue el origen de este libro, que se publica en la colección 'Animales y Derecho' de la editorial Tirant lo Blanch, colección que dirige mi admirada colega y amiga, la profesora María Teresa Giménez Candela, probablemente la responsable de la mayor institucionalización que se haya dado en nuestro país de los estudios sobre derechos de los animales, por sus propias investigaciones y publicaciones pioneras, por el prestigioso Máster que dirige en la UAB y por esta colección.

Retomo los antecedentes. Durante la realización de los preceptivos estudios de doctorado, Virtudes se decantó muy pronto por dedicar la tesis a un asunto, el análisis del animal en la obra de Nietzsche, que de suyo revela su ambición intelectual y su buen criterio: puestos a dedicar algunos años a un trabajo que se realiza gratis et amore -la autora es registradora de la propiedad y no alberga interés profesional por una carrera académica-, al menos que sea sobre algo que permita aprender en serio. Y Nietzsche lo es, como la autora ya había tenido ocasión de comprobar cuando cursó sus estudios de Máster de Filosofía en la UNED.

La mirada de Nietzsche sobre el Derecho y la noción de derechos humanos

No creo que sorprenda a nadie si aseguro que hay pocos desafíos como este de intentar un análisis radical de la obra de Nietzsche, es decir, un análisis que se atreva a la lectura y al diálogo directo con su obra, y no al uso de fuentes secundarias, esto es, de la denominada bibliografía nietzscheana. Y ello, aunque es muy cierto que es en la tradición de estudios de impronta nietzscheana, donde se halla buena parte de lo mejor de la filosofía occidental contemporánea, desde Jaspers y Heidegger a Foucault, Derrida o nuestro Eugenio Trías, por mencionar sólo algunos nombres. Pero, además, afrontar una tesis en torno a lo que Nietzsche ofrece sobre la noción de animal y sus consecuencias a propósito de los derechos de los animales, resulta un doble tour de force. Téngase en cuenta que Nietzsche no es precisamente un pensador que haya dedicado parte sustancial de su trabajo al estudio del Derecho o de la tarea de los juristas. Todos los filósofos del Derecho hemos leído ese aserto de Jaspers, para quien Nietzsche era un lego, si no un ignorante en lo que se refiere al conocimiento del Derecho. Quizá sería más justo decir que la mirada de Nietzsche sobre el Derecho encierra un juicio profundamente negativo. Lo encontramos, por ejemplo, en un conocido pasaje de La gaya ciencia: “¡El carácter del conjunto del mundo es, desde toda la eternidad, el del caos, en razón no de la ausencia de necesidad, sino de la falta de orden, de articulación, de forma, de belleza, de sabiduría y de cualesquiera que sean nuestras categorías estéticas humanas (…) No le afectan ninguno de nuestros juicios estéticos o morales! (…) Desconoce toda clase de ley. Guardémonos de afirmar que hay leyes en la naturaleza. No hay más que necesidades”.

Lo cierto es que, conforme suele repetirse, uno de los campos en los que Nietzsche sobresale como maestro de la sospecha es su acercamiento crítico al Derecho y, desde luego, a la noción de derechos humanos, como derechos universales. Lo han destacado los escasos juristas de nuestro país que han escrito sobre él con rigor. Desde luego, el profesor Ballesteros, quien -a mi juicio- quizá haya sido el iusfilósofo que ha penetrado con mayor profundidad en su obra. También Jesús Ignacio Martínez, José Ignacio Lacasta y, en particular, la profesora de la Universidad de Zaragoza Maria José González Ordovás, quizá la voz más propiamente nietzscheana en nuestro ámbito académico. Me permito recomendar al lector que se regale con la lectura de su ensayo Las raíces del viento, que considero imprescindible y al que me referiré varias veces en este prólogo, entre otras razones porque ha sabido subrayar, frente al tópico de Jaspers, que “Nietzsche es capaz de ver con claridad la profundidad filosófica del hecho y la relación jurídica”. Quizás una de las mejores pruebas de ello es la contundencia argumentativa con la que, como escribe la misma profesora González Ordovás, Nietzsche se enfrenta con las tesis de Kant, referencia inexcusable del intento de fundamentación metafísica del Derecho, de su justificación moral. González Ordovás escoge con mucho acierto tres pasajes: uno de su Más allá del bien y del mal, en el que habla de “la tan tiesa como morigerada tartufería del viejo Kant”. El segundo, la descarnada ironía con la que sostiene que “el imperativo categórico huele a crueldad”, en la Genealogía de la Moral. Finalmente, la referencia a la “filosofía de las puertas traseras”, con la que caracteriza a Kant en El crepúsculo de los ídolos.  

Sin duda, Nietzsche ofrece una lectura corrosiva, debeladora de lo jurídico y aun de la noción de derechos humanos. Pero no en la perspectiva en la que se inscriben los ensayos de Bentham o de Marx, sino en otra, dotada de una enorme y quizá mayor carga de profundad. Y añadiré que, a juicio de algunos de nosotros, creo que también de Virtudes Azpitarte, es una crítica certera, no tanto contra lo que entendemos por la igual garantía de necesidades básicas por las que no debemos dejar de luchar, sino frente a esa superchería que es la religión de los derechos humanos, con sus iglesias, sacerdotes y dogmas, con su antropocentrismo y también su patriarcalismo y eurocentrismo, una religión que se revela como un instrumento particularmente eficaz de domesticación, mediante esa falacia que consiste en proporcionar la buena conciencia propia de “hombres mejorados”, como escribe el filósofo de Sils Maria.

Dejó dicho Fink y recuerdo que me lo explicaba el profesor Ballesteros cuando comencé a trabajar en el entonces Departamento de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, que la extraordinaria filosofía del lenguaje que ofrece Nietzsche es un riesgo para todo el que se ocupa de él, un riesgo que “no está solo en su naturaleza de ratonera, en la musicalidad de su persuasivo lenguaje, sino que consiste más bien en una mezcla inquietante de filosofía y sofística”. Pero también es imposible olvidar el juicio del gran albacea de occidente que fue Stefan Zweig, para quien Nietzsche ofreció al mundo una inmensa oportunidad de pensar con independencia, con libertad. De nuevo es González Ordovás quien nos brinda el brillante diagnóstico de Berkowitz: “Quienes tengan la valentía de sus convicciones deben probarlo valiéndose por sí mismos; quienes quieran saber si tienen el valor necesario para un ataque contra sus convicciones deben estudiar a Nietzsche”.

Nietzsche: la pregunta sobre la relación de los humanos con los (demás) animales es la gran pregunta filosófica

Pues bien, creo que esa máxima se aplica especialmente al coraje intelectual que demuestra Virtudes Azpitarte, que ha hecho suya en su lectura del gran filósofo alemán lo que éste enseña en Así hablaba Zaratustra: “Uno corresponde mal a un maestro si sigue siempre sin ser más que un discípulo”.  Y lo sostengo porque creo que en este libro se advierte que su admiración y dedicación al estudio de la obra de Nietzsche va mucho mas allá de la glosa o exégesis de sus textos.

En el acto de la defensa de su tesis, de forma conscientemente provocadora, Virtudes eligió una paráfrasis del conocido motto kantiano sobre los dos hechos que provocaban admiración en Kant. Pero en lugar de esa bóveda del cielo estrellado sobre nosotros y la ley moral en cada uno de nosotros, la entonces doctoranda lo explicaba así: “Mis razones personales están en la tierra, son más tangibles y cercanas, son corpóreas y viven, o malviven, junto a mí. Desde que recuerdo tener eso que llaman conciencia, tanto gewissen como bewusstsein, por introducir ya la terminología de Nietzsche, me ha maravillado el mundo de los seres vivos, la vida animal y me ha inquietado, indignado, su maltrato, su tortura y exterminio; cámaras de los horrores ante la pasividad de casi todos, sadismo festivo, un desequilibrio que me impedía reconocerme como ser vivo perteneciente a la naturaleza, vivir en armonía con ella, pero también como ciudadana de una comunidad política. Una dislocación tan grave que sería un obstáculo para eso que llaman progreso, emancipación, superación”.

Vuelvo a la pregunta: ¿por qué el animal en Nietzsche, como objeto de la tesis doctoral? El lector advertirá enseguida que el libro no se adentra sin más en los argumentos filosófico jurídicos que ofrece la obra de Nietzsche y que puedan tener relevancia sobre el debate acerca de los derechos de los animales. A mi juicio, la autora escoge a Nietzsche, ante todo, porque ve en él no tanto las respuestas, sino las preguntas adecuadas para tratar de abrirse camino en lo que ella misma ha llamado su propia “dislocación”: “Como ser vivo, parte de la naturaleza y como ciudadana que quiere una comunidad política mejor”.

A su entender, Nietzsche está en la base de los mejores intentos de respuesta entre los filósofos contemporáneos que se han acercado al debate animalista y deja apuntadas las pistas para reconsiderar nuestras relaciones con los animales. Por si fuera poco, escribe Virtudes Azpitarte, para Nietzsche “ésta de la relación con lo animal, con los animales, es la gran pregunta de la filosofía (...) Zaratustra camina entre los animales, como un animal más. El rechazo al sufrimiento causado por la supremacía de un hombre que construyó culturalmente al animal, solo para dominarlo y abusarlo, es algo que debe ser superado. Se buscan compañeros de viaje para ello, que creen nuevos valores que respeten el sentido de la tierra”. Y así, puede concluir: “La pregunta por el hombre es la pregunta por el animal, la gran cuestión en la filosofía de Nietzsche”.

Ha arriesgado mucho en su trabajo Virtudes Azpitarte, pues ha querido llegar a Nietzsche sin mediaciones, aun consciente de que, como ella misma reconoce, esa tarea “tiene un hándicap evidente, la lectura que pretende ser fiel a los textos de Nietzsche, seguramente acaba, espero en menor grado, en otra interpretación, la propia. He intentado ser fiel al espacio entre el autor y su obra; en cuanto al espacio entre su obra y mi lectura, he hecho explícita mi opinión, porque no hay interpretación, no hay lectura, sin creación”. Pero la autora ha tenido, en mi opinión, un cuidado sobresaliente por evitar el propósito apologético o meramente exegético. Su trabajo, como ella misma escribe, es “un trabajo crítico, de deconstrucción, de levantamiento de velo (...) pero desde el agradecimiento, pues siempre agradezco mucho a quien habla acertadamente de este tema, y desde la empatía, más acorde con la generosidad que rodea a la cuestión animalista; pero reconociendo sus debilidades (…) sus contradicciones”.

El libro, como se verá, se sistematiza en torno a tres grandes bloques, a tres miradas sobre los textos de Nietzsche: en el primero, la óptica dominante es la de la teoría del conocimiento, la filosofía del lenguaje y filosofía de la historia. El segundo prima el análisis propio de la filosofía de la cultura y la filosofía de la alteridad. Finalmente, se ofrece la mirada desde la perspectiva de la filosofía del derecho y filosofía política.

Lo que más quisiera destacar es el carácter decididamente audaz de su propósito central, genuinamente nietzscheano, en el que resultan capitales dos conceptos, das haus Thier, o, como escribe la autora, “el animal doméstico, enjaulado, vuelto contra sí, que simboliza la cultura. O más precisamente: los efectos de la cultura en el animal hombre. El hombre está domesticado, se le ha arrancado su pasado animal y se ha rebelado contra sus instintos, que se descargan contra su interior. Es el origen del alma, según Nietzsche”. Y, de otro lado, lo que con Nietzsche denomina das krankhafeste Thier, “el hombre, el más enfermo de los animales, el más inseguro, el que le dice no a la vida y abraza el ideal ascético. Enemistado con su cuerpo, se esconde temeroso de la vida afirmativa y pletórica”. Se esconde de ese Das innere Vieh, “la bestia salvaje a la que más teme el hombre, la que anida en su interior”. Por eso, una de las conclusiones más comprometidas de la tesis es que, precisamente en su afán de protegerse como animal desvalido y enfermo, construye un muro, el muro del especeísmo, que le hace incomprensible su relación con los animales. Un muro cuyo cemento es la falsa, pretenciosa y vacía noción de dignidad, como cualidad exclusiva del ser humano. Todo ello se resume en el aserto de Nietzsche: “La humanidad es un prejuicio, de la que los animales no adolecen”.

Debo concluir. La razón de ser de un prólogo es, al menos, introducir un texto y -generalmente también- dar razones para recomendar su lectura. He intentado cumplir con ambas funciones. Pero voy a permitirme añadir algo más, aunque con ello incurra en infringir un precepto que no ha dejado de repetirse como el lema que ha de guiar la conducta de todo investigador. Me refiero al que enunciara Francis Bacon en su Instauratio Magna, la primera parte de su Novum Organum (algunos sostienen que quizá parafraseaba a su vez el último ensayo de su admirado Montaigne, De la experiencia) que, sobre todo, después de que Kant lo eligiera como exordio para la segunda edición de su Crítica de la razón pura, se ha erigido como símbolo de la objetividad del conocimiento: “De nobis ipsis silemus; de re autem quae agitur, petimus, ut homines eam non opinionem, sed opus esse cogitent”. No evoco ese “guardemos silencio sobre nosotros mismos”, para poner en cuestión el corte epistemológico entre ciencia y discurso narrativo, sobre el que Mintzel y nuestro Eugenio Trías dejaron escritas páginas muy certeras. Mi propósito es más modesto, porque se trata simplemente de no resistirse a cerrar un círculo, aunque con ello sea preciso mostrar por un momento el rasgo biográfico.

Virtudes Azpitarte fue, a mi juicio, la alumna más brillante de una promoción llena de estudiantes destacados, la tercera de las que tuve la oportunidad de ser profesor, tanto en la asignatura de primer curso, como en la de quinto. Una de las personas más inteligentes y brillantes que he tenido como estudiante. No conseguí reclutarla para la filosofía del Derecho, porque tenía muy clara su opción profesional, que era otra. Y siempre lo lamenté. Por eso, cuando, ya cercano el fin de mi recorrido como profesor de filosofía del Derecho, Virtudes me propuso dirigir su tesis, no lo dudé. Y decidí que sería la última en dirigir, seguro como estaba de que así cerraría bien un círculo. Creo que el pronóstico se ha cumplido, al menos en lo que me toca. He tenido mucha suerte en la mayoría de las tesis que he dirigido a lo largo de casi cuarenta años. Y la de Virtudes Azpitarte, que ahora se publica como libro, es un magnífico cierre. Me ha llevado no poco tiempo, que considero muy bien empleado porque -además de interesarme- me ha obligado a estudiar, a reflexionar y a debatir: con Nietzsche y con Virtudes, que sabe argumentar muy bien y defender sus opiniones y juicios de forma exhaustiva. He aprendido y me he divertido. No se puede pedir nada mejor a la vida. Por eso, gracias, Virtudes.

Hace veinte años, cuando la detención del general Pinochet en Londres abría el difícil camino hacia la justicia universal, el benemérito Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger la definía como “un movimiento consistente en someter la política internacional a procesos judiciales”. A quien había disfrutado del poder de mover como peones políticos en el escenario internacional a genocidas y torturadores, le debía parecer inadmisible, claro, el intento de someterlos a la “tiranía de los jueces”. Bajo el pretexto de la realpolitik, a duras penas se escondía el proyecto real: mantener el ámbito de la vieja razón de Estado fuera del alcance del funcionamiento de los principios básicos del Estado de Derecho, nacido precisamente para eso, para asegurar el control del ejercicio del poder y evitar su actuación impune.

La batalla por mantener ese ámbito de impunidad se hace más dura cuando no se trata sólo de someter al control judicial eso que eufemísticamente se llama cloacas del Estado, sino de reducir e incluso eliminar la existencia de zonas institucionales de alegalidad, el lado oscuro pero inevitable -al menos tendencialmente- del poder. La razón es obvia: el oxímoron de la alegalidad institucional, supuestamente exigido en aras del realismo político (en el colmo de la desfachatez, hay incluso quien lo considera el precio que ha de pagarse por mor de la ética de la responsabilidad) es un cáncer letal para el Estado de Derecho. Por eso, no se trata sólo de hacer controlable a posteriori el ejercicio desviado, el abuso de poder. El proyecto en el que encaja la justicia universal es más ambicioso y tiene que ver con una lógica jurídica, la que, entre otros, ha teorizado Luigi Ferrajoli como lógica expansiva del Estado constitucional, del constitucionalismo, que no puede dejar de instalarse en al ámbito del Derecho y de las relaciones internacionales, desarrollando tesis de raíz kelseniana.

El proceso recorrido en esa lucha del Derecho contra la impunidad que es la justicia universal, tiene etapas muy conocidas. Su línea argumental viene señalada en la propia sentencia del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores que, en el juicio sobre la extradición del dictador chileno advertía que “el Derecho Internacional estipula que los crímenes de ius cogens, entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución”. Con este mismo espíritu, en el verano del 2002, se ponía en marcha el Tribunal Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma asegura que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Y siendo así, el mismo tratado internacional -del cual España es parte- recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.”

Nuestros tribunales, apoyándose en el Derecho internacional y en la redacción original del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporaron esa lógica jurídica y convirtieron a nuestro país en una referencia internacional en la lucha contra la impunidad. Ahora bien, cuando los criminales perseguidos, en lugar de ser líderes genocidas ruandeses o guatemaltecos, como Efraín Ríos Montt, pasaron a ser gobernantes de grandes potencias, hicieron saltar las señales de alarma en los ejecutivos de turno. Así, a principios del año 2009, la entonces Ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, exigía al ejecutivo de Zapatero el archivo de la investigación abierta por los crímenes cometidos en una ofensiva militar en la Franja de Gaza y se permitía anunciar una reforma legal del marco jurídico español de la jurisdicción universal (de un tercer Estado, como España!!). Poco después, desde Beijing, los líderes del Partido Comunista Chino apremiaron a adoptar medidas “inmediatas y eficaces” para cerrar cuanto antes la “falsa querella” que acusaba a mandatarios del Politburó de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en el Tíbet. Simultáneamente, como hemos sabido también después, gracias a la difusión de los cables diplomáticos estadounidenses en el affaire Wikileaks, ministros españoles visitaban la Embajada de Estados Unidos en Madrid para tratar de atender las peticiones de Washington que protestaban sobre el avance de las instrucciones de la Audiencia Nacional en casos como los vuelos de la CIA, torturas en Guantánamo o el asesinato en Bagdad del periodista español José Couso. Por cierto, a la sede diplomática de la Calle Serrano también acudió en ese contexto el entonces Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, que adoptó una actitud beligerante en la exigencia de rebajar ese standard de justicia universal incorporado por los tribunales españoles.

Ese baño de presiones diplomáticas, sumado a la argumentación realista esgrimida desde no pocos sectores de la política y la judicatura, condujo en mayo de 2009 al acuerdo de PSOE y PP que consensuaron la primera reforma del principio de la jurisdicción universal a través de la Ley Orgánica 1/2009, una reforma legal dirigida en principio a otro objetivo, pues venía referida a otra cuestión, la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. En aquel contexto, unos y otros aseguraban que la enmienda del artículo 23.4 LOPJ afianzaría de forma más sólida (por más realista) el compromiso con la justicia universal, y no provocaría un retroceso. Así lo manifestó públicamente la eficaz Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que coordinaba los contactos del Gobierno español con la embajada norteamericana.

Más allá de estas declaraciones de intenciones, lo cierto es que como consecuencia de ese “compromiso”, la fiscalía solicitó con celeridad el archivo de las causas contra dirigentes israelíes, chinos o norteamericanos. En efecto, la reforma del 2009 de la jurisdicción universal imposibilitó continuar con las investigaciones en las que no concurriera -de forma subsidiaria- uno de los nuevos requisitos exigidos: existencia de víctima española, residencia en territorio nacional del querellado o “vínculo de conexión relevante con España”. Por cierto, a ese respecto, cuando se archivó el caso Tíbet, la representación jurídica de la demanda inquirió a los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo si las relaciones comerciales y económicas con China podían constituir ese vínculo de conexión relevante con nuestro país. Los jueces guardaron silencio sobre este particular. Años después, el ministro de Exteriores del Gobierno del Partido Popular, García Margallo, admitió sin complejos que el 20% de la deuda pública en manos de China había provocado la segunda gran reforma de la jurisdicción universal, la de 2014: un cambio legislativo que supuso la derogación de facto de la justicia universal, ya que condiciona la persecución de los graves crímenes internacionales a “que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”, circunstancias acumulativas de imposible concurrencia en la práctica.

Las informaciones disponibles permiten suponer que el PP de Casado, junto a Ciudadanos y el PSOE, pretenden llegar hoy a un consenso que nos devuelva una suerte de versión 2.0 de la justicia universal del 2009. Una versión que, por lo que se conoce, puede calificarse al menos de edulcorada y a la que no sería ajena la perspectiva realista que mantiene la asesoría jurídica del Ministro de Asuntos Exteriores, que sigue dirigida por quien nombró el PP en enero de 2018. A nuestro juicio, ese realismo esconde una vez más una posición conservadora, si no francamente retardataria.

Ese proyecto de resucitar la reforma de 2009 parece en abierto contraste con los objetivos proclamados por el Gobierno Sánchez y muy en concreto desde la cartera de Justicia, que consistían en recuperar e incluso ampliar el ejercicio efectivo de la Jurisdicción Universal conforme a su sentido en Derecho internacional. Así lo ha reclamado también públicamente la plataforma de la sociedad civil recién constituida, justiciauniversalya.com. Es más, resulta inadmisible que un dictamen de la Asesoría Jurídica de Exteriores, que supuestamente debe esgrimir motivaciones legales en sus razonamientos, fundamente su rechazo al borrador de Justicia esgrimiendo que éste, “introduce elementos que pueden afectar directa y gravemente a las relaciones internacionales de los Estados”. En otras palabras, el clásico argumento de la razón de Estado según el cual “una política exterior viable” está por encima de los derechos humanos. Afrente a esa posición, preguntamos si el Derecho penal internacional y los tratados internacionales de derechos humanos, se han redactado para defender la razón de Estado o para proteger a los ciudadanos más desprotegidos de la comisión de horrendos crímenes internacionales. ¿Cuáles son los intereses que debe proteger en este ámbito ley internacional? ¿la del Estado soberano junto con su deuda pública y las inversiones de las grandes corporaciones o las de las víctimas de torturas, genocidios o crímenes de guerra? Kissinger lo tenía claro, y parece que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores también.

Con todo, debe asimismo ponerse de manifiesto que esta propuesta no sólo confunde el principio de jurisdicción universal con otros principios de extraterritorialidad de la ley penal, como es el de la legitimidad pasiva, sino que manipula los genuinos intereses de las víctimas. En efecto, el dictamen asegura que el pleno ejercicio de la jurisdicción universal, con los “serios problemas prácticos” que acarrea, conduce a una “decepción para las víctimas”. Nos preguntamos con cuántas víctimas palestinas, tibetanas o saharauis se ha reunido el gabinete jurídico de Exteriores para llegar a dicha conclusión. Al margen de haber convivido durante décadas con ellas, es fácil intuir sus sentimientos, cuando, por ejemplo, con ocasión de la reforma del 2009 se archiva el caso de los crímenes de guerra cometidos por militares israelíes o el de los crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo tibetano en plena celebración en 2008 de los Juegos Olímpicos en Beijing. No creemos que la decepción para las víctimas de la Franja de Gaza fuera continuar con la instrucción del asunto, a pesar de los innegables obstáculos legales que deben soportar y que fundamentalmente proceden de la fiscalía, sino más bien todo lo contrario. ¿Pueden imaginar el rostro de “decepción”, frustración y rabia de las madres de los palestinos asesinados cuando tras el archivo y publicación de esa reforma, Simon Peres le daba públicamente la enhorabuena a nuestro entonces Presidente Zapatero en su visita oficial a Israel por dicha reforma legal? ¿o los sentimientos de la joven tibetana Dolma Palkyi, superviviente en la travesía al exilio por los altos pasos del Himalaya, que fue testigo del asesinato a tiros por los guardias fronterizos del Ejército Popular de Liberación de su amiga Kelsang Namtso? Difícilmente pueden imaginar tanto dolor y sufrimiento infringido quienes desde sus mullidos sillones del Ministerio son ajenos a estas tragedias y pierden la perspectiva del propósito último y humanizador del Derecho de Gentes. Insistimos, un Ius Gentium en el sentido que hoy se trata de defender, no el de las viejas naciones, los Estados o las grandes corporaciones, sino de las personas, los ciudadanos. Una vez más debe remarcarse que el Derecho Internacional debe proteger la soberanía, “pero la soberanía del pueblo, y no la del soberano”, como precisa el internacionalista de la Universidad de Yale, W. Michael Reisman.

A nuestro juicio, un gobierno progresista no puede ni debe renunciar a situarse en una posición de firme defensa y garantía de los valores que sostiene la Unión Europea, en clara asunción de los principios y normas de la legalidad internacional. La coherencia más elemental exige el valor de rechazar convertirse en rehén de los chantajes de regímenes autoritarios, dictatoriales o de las grandes corporaciones. Por supuesto, somos conscientes de que aquí, como en otros escenarios que preocupan a la opinión pública, el difícil equilibrio entre valores jurídicos y políticos e intereses nacionales (sí, aceptamos que no se trata sólo de planteamientos espúreos) alcanza el máximo grado de tensión. Pero frente a la óptica del corto plazo que parece dominar entre los spin doctors y gabinetes de comunicación de nuestros responsables políticos, frente a los innegables costes que pueden significar decisiones coherentes con la legalidad internacional, sugerimos la mirada del medio y largo plazo, en la que el coste contrario, el de sacrificar la coherencia con esa legalidad, con nuestra condición de miembros del proyecto europeo, se muestra letal. Parece que no hemos aprendido la lección de lo que no sólo nuestro país, sino la UE y occidente estamos pagando por la aventura en Iraq: una lección que, por cierto, se mide también en intereses contantes y sonantes.

Los viajes de Gulliver (1729) es, posiblemente, uno de los mejores libros de filosofía política que se hayan escrito jamás. Su autor, Jonathan Swift (1667-1745), además de un gran estilista de la lengua inglesa, es uno de los grandes maestros de la ironía y la sátira política, como lo prueban otras pequeñas joyas. Por ejemplo, Historia de una barrica (1704) o la imprescindible Una modesta proposición (1729). Swift, a lo largo de su obra, se revela un crítico implacable de la crueldad y los vicios de la especie humana, así como de la soberbia pretensión que olvida la animalidad del hombre, al tiempo que desvela la relatividad de las costumbres y las leyes, en línea con Montaigne o Montesquieu.

En el fondo, como se ha dicho, los de Gulliver son un trasunto de un viaje hacia dentro: de la visión del ser humano a la , del espejo deformado a la proyección invertida del mundo. Su hilo conductor es el mismo de otros escritores de la Utopía: la crítica antropológica, social y política del mundo en el que viven. Pero lo que me interesa aquí es su demolición del tópico del animal racional y también del ideal de civilización, que identifica con la sociedad inglesa de la época. Porque este libro de viajes es una metáfora tan lúcida como implacable del discurso monista, el que sirve de justificación al imperialismo y al colonialismo y se arroga la competencia para calificar de barbarie cualquier forma de diversidad cultural en sentido amplio. Es la historia del desmoronamiento de la presunción de quien se toma por master and commander del universo conocido en el XVIII (Gulliver es varón, inglés, médico y capitán de barco) y acabará por descubrir que los verdaderos atributos de la humanidad se encuentran en animales no humanos, los caballos.

En efecto, el último de esos viajes de Gulliver, que ocupa la cuarta parte del libro, le llevará hasta el país de los houyhnhnms -genial onomatopeya de relincho-houyhnhnms. El nombre de estos seres, los caballos, significa en su lengua “la perfección de la naturaleza”. Su sociedad convive con los yahooyahoo –un vocablo también acuñado por Swift y que ha perdurado, como sabemos-, paradójicamente próximos a los seres humanos y caracterizados por rasgos como la codicia o la violencia. Frente a la sociedad pacífica e ideal que forma la raza de caballos nobles e inteligentes, están esos yahoos, los seres humanos que constituyen una verdadera plaga para la naturaleza, calificativo que Gulliver ha descubierto ya en sus viajes anteriores. Baste recordar que en su segundo viaje, el rey de Brobdingnag, tras escuchar las explicaciones de Gulliver sobre su raza, concluye que éste pertenece a “la más perniciosa ralea de repugnantes sabandijas que se arrastra por la superficie de la tierra”.

En esas páginas de la cuarta parte, sobre todo en los capítulos cuarto a sexto, es donde descubrimos la proximidad entre el irlandés y nuestro Nietzsche. Y no me parece inútil recordarlo al lector, máxime en estos días en los que hemos visto, de nuevo so pretexto de la fiesta -esta vez la feria de abril en Sevilla- cómo se puede disfrazar el maltrato animal de costumbrismo y salero (#ladOscuroDeLaFeria).

Leer las consideraciones que extrae el amo houyhnhnm de Gulliver (recuerdo, un caballo), cuando éste le explica hasta qué punto el reino más próspero y culto de la tierra, la Inglaterra del XVIII, basa su Gobierno en la mentira, la guerra, la desigualdad, en el imperio de un Derecho que, a la postre, no es sino la imposición de la mentira, la violencia y la desigualdad, resulta aterrador para el lector de hoy porque muestra cuán poco hemos avanzado en el proyecto civilizatorio. Por no hablar del especieísmo del que es preso Gulliver y que se le revelará tan falto de fundamento. En efecto, el personaje de Swift comprobará que la sabiduría, el buen juicio, el apego por la educación, incluso el sentido de la justicia y aun de la democracia como asamblea de iguales y, sobre todo, la pietas, son atributo de quienes no tienen la apariencia de humanos.

Y en una vuelta de tuerca que, a mi juicio, supera incluso la escena de Nietzsche en Turín, Swift nos relata que, a su regreso a Inglaterra después de este último viaje, Gulliver cayó en lo que para su familia y amigos era una locura: no podía soportar la convivencia con esos seres humanos tan poco humanos y, “harto de soportar la estulticia humana”, necesitaba refugiarse en las cuadras para reconfortarse con la compañía de los caballos. Son esos animales no humanos los que humanizan al hombre, nos propone en definitiva Swift. Una lección que aún no hemos aprendido.

Uno de los síntomas de la escasa convicción democrática que impera en buena parte de los círculos monárquicos es el atavismo que consiste en seguir calificando al rey como “soberano”. Todo el mundo sabe que el soberano, en democracia, es el pueblo, los ciudadanos. Y el rey, un alto funcionario que debe su empleo a la voluntad de la ciudadanía expresada -tácita más que expresamente, eso sí- al aprobar la Constitución de 1978.

Consecuencia de ello es que son los ciudadanos –las Cortes que reúnen a sus representantes- quienes deben tener la decisión última en alguno de los supuestos excepcionales que puede afectar al desempeño de las funciones del mentado funcionario. Es el caso, me parece, de lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Constitución.

En efecto, es cierto que la redacción presenta cierta ambigüedad y, sobre todo, no ha habido el menor interés en su desarrollo legislativo en este punto (la ley orgánica que menciona el artículo 57.5 de la Constitución: “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá en una ley orgánica”, como tampoco en otros aspectos básicos relativos a la corona). Pero es imposible soslayar que la lógica democrática impone una solución cuando se constata la incapacidad del monarca para el ejercicio de su cargo y ésta no es asumida por quien desempeña la función. Ese es el sentido, a mi juicio, del artículo 59.2: “Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad”.

La habitual y pacata interpretación de ese precepto sugiere que la actuación de las Cortes sólo se puede producir si el propio rey decidiera que ya no tiene capacidad para continuar con su tarea. La fórmula “se inhabilitare” sería reflexiva, no impersonal. Estaríamos así ante un supuesto complementario, pero distinto, de la abdicación, decisión de la que sólo es competente el rey: nadie puede abdicar por él, es decir, obligarle a tomar la decisión de dejar su función. Del mismo modo, sólo el rey puede decidir que está inhabilitado para el desempeño de su cargo y en ese caso las Cortes se limitan a constatar –“reconocer”- tal incapacidad y abrir paso a la regencia. Esta es, por cierto, una interpretación más próxima a un modelo predemocrático, en el que el rey es el soberano. Dicho de otro modo, el 59.2 sólo se habría pensado para casos de “incapacidad temporal” en los que las funciones serían desempeñadas por el regente, previa declaración de las Cortes asumiendo esa incapacidad.

Sin embargo, creo que cabe otra interpretación, que recupera el papel protagonista de las Cámaras como expresión de la soberanía popular. El artículo 59.2 sería la expresión de que el soberano es el pueblo, pues son sus representantes quienes deciden si el rey está inhabilitado –cuando obviamente el rey mismo no lo hace- y, por tanto, al reconocer esa inhabilitación, dan paso a la regencia. La forma “se inhabilitare” sería impersonal: la constatación de que habría quedado incapacitado, constatación que requiere el reconocimiento de las Cortes a falta del reconocimiento del propio rey. Esta interpretación no sería opuesta a la sino que la incluiría. Esto es, la inhabilitación del rey, obviamente, puede ser decisión del propio rey, pero lo que sucedería normalmente es que el titular no reconoce esa incapacidad y es quien está por encima de él, quien le ha contratado, el que tiene la competencia para constatar su estado y actuar en consecuencia.

Son ya demasiadas las actuaciones recientes del rey en las que ha acreditado carecer de la capacidad necesaria para el ejercicio del cargo. Tampoco parece estar a la altura de los desafíos para los que se requiere la capacidad de mediación del jefe del Estado: ni en el contencioso de Cataluña, ni ante el modo en que la gestión de la crisis golpea a los ciudadanos; en particular, a los más vulnerables. Por no hablar de su falta de ejemplaridad no ya en su conducta personal, sino en casos más relevantes e incompatibles con su alta función, como su gestión en el escándalo Noos, que afecta directamente a su familia y por tanto a él mismo, la opacidad de su situación financiera (cuentas en el extranjero, comisiones), o la gestión privada de bienes que son patrimonio público.

Que su estatus es el de super-privilegio, pudiera justificarse desde una concepción predemocrática, en la que el monarca es casi sagrado y por tanto ajeno al imperio de la ley, que se confunde con su voluntad. Pero la democracia, cuya regla es la egalibertad, casa mal con el privilegio y por eso la lógica democrática coherente es republicana en cuanto a la forma de Estado. De ahí el rechazo generalizado y creciente que resulta de constatar que, en tiempos de crisis y de durísimas medidas para todos los ciudadanos, los recortes apenas existen más que muy simbólicamente para el rey y su familia.

Que el rey está inhabilitado dicho queda, aunque no parece que ni él ni su entorno lo quieran reconocer. Pero no cabe esperar que él reconozca tal incapacidad ni tampoco que vayan a intentar convencerle de hacerlo quienes –en su entorno- deberían adoptar esa iniciativa, en interés también de la propia monarquía. Tampoco quiere oír una palabra sobre su abdicación. Así que los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que con el pretexto de que no toca ahora (nunca, en realidad), se oponen a replantearse lo que es cada vez más un clamor popular, esto es, ejercer el derecho a reformar la Constitución para poder elegir República o monarquía, ya saben lo que tiene que hacer para maquillar su resistencia a responder a ese clamor. Deberían, a mi juicio, tomar la iniciativa que les ofrece el artículo 59.2 de la Constitución y actuar en consecuencia. Una decisión que se justifica por la prioridad del interés general de los ciudadanos, que es el interés de la democracia misma.

Que se ofrezca esta última oportunidad a la monarquía. La inmensa mayoría de los republicanos, que somos gente leal con la legalidad constitucional (por democrática) y queremos cambiarla a través de la ley, aguantaremos esa prórroga. Si no, muy probablemente más pronto que tarde los ciudadanos sabrán exigir responsabilidades por la incapacidad de la monarquía para adoptar decisiones en aras del interés general. Pero también por la nula capacidad de esos partidos mayoritarios para salir del servilismo y actuar en consecuencia con ese interés. No pueden seguir tratando al pueblo como un menor de edad al que no se puede consultar porque que no es capaz de decidir por sí mismo. Precisamente en los momentos difíciles, que sufren en primer lugar los ciudadanos, es cuando éstos deben poder tener el derecho de decir lo que hay que hacer. Eso es lo que llamamos democracia.

Pasados los primeros días de bochorno e indignación, podemos extraer algunas consecuencias que ayuden a poner en claro lo que no debemos volver a hacer y a resituar nuestras prioridades.

Primera evidencia: Organizar unos Juegos Olímpicos no es una necesidad, ni siquiera una prioridad. Menos aún para un país embarcado en el desmantelamiento de derechos básicos, de puestos de trabajo, de estructuras de ciencia e investigación, porque “no tenemos dinero” para garantizarlos.

Preguntas: Por mucho que nos haya molestado la admonición de la vicepresidenta del COI, ¿a alguien le parecería lógico que Detroit organizara unos juegos? ¿Está Madrid, en términos de su deuda -convenientemente trabajada por el Sr Ruiz Gallardón-, tan lejos de Detroit? ¿Puede y debe organizar los juegos un país en el que un porcentaje nada desdeñable de sus colegios deben abrir en verano para asegurar que a su vez un considerable número sus niños tengan garantizada una alimentación suficiente?

Más preguntas: ¿Un país en el que los recortes en educación son brutales se puede permitir invertir en deporte de élite como prioridad? Dicho de otro modo, ¿cuál es nuestra prioridad: sacar pecho con medallas olímpicas o conseguir que los niños, los adultos y los ancianos practiquen deporte con instalaciones y profesorado adecuado?

Segunda Evidencia: el COI y sus Juegos no obedecen a una lógica de excelencia deportiva, sino de negocio, quizá el más importante negocio global en términos coste/beneficio, porque lo que pone el COI no tiene ninguna proporción con lo que obliga a que le proporcionen los aspirantes y, no digamos, los organizadores de los Juegos. Ese beneficio (hacer caja y recibir privilegios), es lo que les que interesa a un buen número de sus 103 miembros, una buena parte de los cuales son un club de comisionistas y pícaros que avistan el negocio que los Juegos suponen para constructoras, cadenas hoteleras, etc.

Preguntas: ¿Qué tipo de negocio es lo que llaman “espíritu olímpico” y “modelo de los juegos”? ¿Tiene cabida en ese modelo algo remotamente parecido a la austeridad o eso es justamente lo contrario del nudo del negocio? ¿Qué es el COI (y el COE)? ¿Quiénes forman parte de él y por qué? ¿Cuáles son sus extraordinarias capacidades y aptitudes para poder juzgar sobre la complejidad de unos Juegos?

Tercera evidencia: los Gobiernos (y una parte de los medios de comunicación no carecen de responsabilidad en ello) siguen jugando a un viejo juego, el de tapar su déficit de legitimidad a base de pan y circo. El argumento de la capacidad de ilusionar y movilizar con los Juegos a un país sin pulso, deprimido, es otra versión falaz del panem et circenses…Sin desconocer el mérito de los deportistas, las selecciones olímpicas son en buena medida el último refugio de la soberanía trasnochada y del chauvinismo

Preguntas: ¿Cuales son las prioridades del Gobierno Rajoy, del Gobierno de la comunidad del Madrid, del Ayuntamiento presidido por la Sra. Botella? ¿Cuál ha sido el papel y la responsabilidad de las diferentes administraciones públicas en la estrategia de la candidatura? ¿Por qué buena parte de los medios de comunicación han jugado a ese juego, prestándose al engaño con lamentable seguidismo, si no servilismo?

Cuarta evidencia: la estructura del sistema deportivo español está bajo sospecha.

Las respuestas oficiales de los representantes “olímpicos” españoles, pero antes de las autoridades deportivas ante las sombras de dopaje y corrupción, son manifiestamente insuficientes. El compromiso de esas instituciones en la lucha por un deporte limpio parece manifiestamente mejorable.

Quinta evidencia: todo esto no ha sido gratis.

Preguntas: ¿Qué se ha gastado y por qué? ¿Qué fastos, uniformes, zapatos, viajes, alojamientos y fiestas para al menos la “comitiva de la ilusión, esto es, 180 personas? ¿Qué gastos se han llevado a cabo –inútilmente- a los largo de estos años en tareas de lobby?

Qué responsabilidades: ¿de quiénes y de qué tipo? Ya tarda en dimitir el COE y el Secretario de Estado. ¿Y qué decir Ministerio de Exteriores? ¿Dónde queda el supuesto prestigio la marca España y sus pregoneros? ¿Cómo sostener aquello del rey como gran embajador (y del príncipe, en su caso)?

Sexta evidencia: no pasará nada. “Lo hemos hecho tan bien que mejor era imposible”. “no es la hora de explicaciones” (Rajoy dixit). La culpa es de alguna conspiración.

Pregunta: ¿Alguien asumirá la responsabilidad y dimitirá? Alguien entre los muchos incompetentes que han llevado adelante este disparate, que prepararon tan mediocre presentación –publicistas y asesores de imagen incluidos (habrá sido el Sr Aznar el asesor de imagen de la Sra Botella) ¿Será despedido? ¿Es o no imaginable que durase cinco minutos en una empresa que hubiera sufrido un fracaso semejante –no sólo de honra, también económico- alguien como el presidente plagiario o la castiza alcaldesa?

La operación propagandística pergeñada por la Casa del Rey, con la ayuda del ministro Margallo, pone al descubierto alguno de los elementos que prueban la toxicidad que ha desarrollado la monarquía borbónica restaurada por Franco en la persona de Juan Carlos de Borbón, que vive su peculiar otoño del patriarca desplegando una capacidad de contaminación inusitada.

La “visita de Estado del rey Juan Carlos I a Marruecos”, ha sido utilizada como la prueba de la utilidad de la monarquía para los intereses de la “marca España” y diseñada sobre todo con el evidente propósito de reflotar la muy maltrecha imagen del monarca. Para ello el rey ha contado con la complicidad del monarca marroquí, al que nuestro Jefe de Estado honra con tratamiento familiar de sobrino, para recibir a su vez el privilegio de ser acogido en pleno ramadán e incluso saludado con dátiles y miel. Todo ello es, sin duda, la quintaesencia de un modelo difícilmente cohonestable con una democracia decente.

Es verdad que esta operación publicitaria ha tenido la desgracia de coincidir con un momento álgido del “caso Bárcenas”, que le ha robado la exclusividad de primeras planas y tertulias que habían soñado quienes la diseñaron. Pero vayamos más allá. Veamos el modelo de visita de Estado. ¿Es imaginable un país democrático en el que sus intereses son defendidos mediante los guiños de complicidad entre dos patriarcas que pasan por encima de las molestias derivadas de la sujeción a las leyes y procedimientos para resolver sus asuntos? ¿Es propio, no de un Estado democrático, sino simplemente serio que los verdaderos problemas de las relaciones entre Estados sean resueltos en el clima de secreto de familia que encima nos presentan como una ventaja, un privilegio? ¿Tiene cabida en un Estado en el siglo XXI la imagen de un representante democrático, de un ministro del Gobierno elegido por las urnas, que se vanagloria de su papel de mera comparsa del rey?

La idea peculiar de democracia de ese ministro la encontramos en su elogio de la similitud entre Marruecos y España, que es similitud entre sus dos monarcas: “Marruecos ha elegido la buena vía, que no es muy distinta de la que escogimos en España a partir de 1975: una evolución a la democracia desde la ley, guiados también, y no es casualidad, por una monarquía porque es elemento de estabilidad. Don Juan Carlos fue el motor del cambio en ese proceso y el rey Mohamed VI lo está haciendo en Marruecos”. Aún más el ministro Margallo aseguró que la vía elegida por “Marruecos y Argelia” es la “buena”—, y no la de los “procesos revolucionarios en Túnez, Libia y Egipto, que son objeto de preocupación en todas las cancillerías del mundo”.

Y sí, también debe ser el modelo de democracia al que se aspira, ése que consiste en que ambos reyes animen a los empresarios a aprovecharse de las facilidades para hacer negocios, que es lo mollar, lo importante, aquello para lo que hemos venido, mientras se orillan asuntillos menos vistosos. Por ejemplo, las dificultades que vive la libertad de expresión y prensa, los derechos de las mujeres o la represión del movimiento ciudadano opositor. Por ejemplo, la venta de armamento español a Marruecos (un interés clave para el rey, que siempre ha reservado el nombramiento del ministro de defensa, cargo desempeñado hoy por un experto en esos negocios), denunciada por casi todas las ONGs independientes. Y, por supuesto, la vergonzosa deslealtad del Estado español hacia el pueblo saharahui, inaugurada por la primera actuación del entonces jefe de Estado interino por enfermedad de Franco, el príncipe Juan Carlos, que cedió a la estrategia de su primo Hassan II, deslealtad e incumplimiento de sus deberes internacionales que hoy prolonga de nuevo nuestro ministro de Asuntos Exteriores, quien sostiene que “La posición de España es la que hemos mantenido en Argel y Marruecos: una solución estable, pacífica y justa de acuerdo con los parámetros y la doctrina de la ONU”. Es decir, que sigan reprimiendo al pueblo saharaui y que se sigan conculcando los derechos humanos, que nosotros estamos a lo que hay que estar.

¿Son esos los modos que sirven para que avance en España la democracia de los ciudadanos? ¿Es esa la utilidad de la monarquía? Quizá en el fondo sí, este monarca que se resiste a dejar su responsabilidad y sus privilegios, nos ha prestado un gran servicio: evidenciar una vez más por qué, más pronto que tarde, hemos de librarnos de ese vestigio atávico y recuperar la libertad que significa una República.

Quizá más de un lector se pregunte si hay algún criterio que vaya más allá de la simple discrecionalidad detrás de tantas decisiones judiciales que parecen ajenas a la escala de valores que el Derecho debiera recoger para ser acorde con ese sentido común.

Hay pocas cosas que causen tanto desconcierto en la opinión pública como las crónicas de tribunales. Y sucede que hoy, lejos de lo que acontecía hace pocos años, ese tipo de información ha invadido todos los espacios de comunicación, incluso los titulares de primera plana, lo que quizá contribuye al grado de confusión, frustración, agravio comparativo e indignación que se puede palpar. Por ejemplo, hoy día a nadie que no sea, no ya un lego, sino un extraterrestre, le puede llamar la atención la creciente disparidad de criterios entre lo que el común de los ciudadanos entiende como una decisión justa, aceptable –es decir, razonable- y buena parte de las que ocupan esas crónicas. Esa divergencia es precisamente detectable con mayor facilidad gracias a la sobreabundancia y emergencia informativa del género y también, por qué no decirlo, como consecuencia de cierto déficit recurrente en la formación jurídica de los autores de la mayoría de esas crónicas- (con notables excepciones: véase el blog ¡Protesto, Señoría!, de teniente Kaffee, en eldiario.es).

Quizá más de un lector se pregunte si hay algún criterio que vaya más allá de la simple discrecionalidad, cuando no la arbitrariedad, detrás de tantas decisiones judiciales que parecen ajenas a la escala de valores que el Derecho debiera recoger para ser acorde con ese sentido común, para que no parezcan un coto privado de una casta cuya racionalidad queda a años luz de la que creemos compartir los ciudadanos y, por consiguiente, de lo que ingenuamente los mismos ciudadanos pensamos que el Derecho debería expresar. ¿Cómo dejar de pensar que la moralidad particular, las creencias religiosas o los gustos estéticos de un juez, por no decir su digestión, son las que determinan tantas decisiones que escandalizan a la mayoría?

Todo eso ocupa sesudos manuales y monografías de quienes se ocupan de la posibilidad de racionalidad en el Derecho y teorizan sobre las condiciones y límites de la argumentación jurídica que reduzcan al mínimo esas anomalías. Además de esos meritorios esfuerzos doctrinales, la cultura y la praxis jurídica pluriseculares tienden a ofrecer instrumentos complementarios que sirvan para iluminar a los juristas cuando sus entendederas topan con casos difíciles –o trágicos- en los que desde el ordenamiento jurídico no parece ofrecerse una solución acorde con lo que algún colega ha denominado la ardua tarea de . Para eso pueden servir, además de ese código de principios (y valores) que ofrece la Constitución, los denominados códigos deontológicos.

Todo lo anterior viene a cuento de un caso que ha escandalizado a la opinión pública recientemente, sin que las instituciones jurídicas pertinentes (los Tribunales, el ministerio fiscal, los Colegios de Abogados que tienen códigos deontológicos) hayan sabido o querido, a día de hoy, poner remedio eficaz.

Me refiero a lo que podríamos denominar caso Palluz, que seguro que los lectores recuerdan sin demasiado esfuerzo. Resumamos los elementos del caso empezando por el final, la sentencia 34/2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, recaída en la causa número 2/2011, por un delito de lesiones tipificado en el artículo 149.1 del Código Penal y publicada el 19 de marzo de 2013.

Al mismo tiempo, se tuvo noticia del auto de la misma fecha en relación con la solicitud del Ministerio Fiscal para que se dedujera testimonio para la investigación de la presunta comisión de un delito por el letrado de oficio de dos de los procesados, D. Angel Pelluz Granja, en relación con el contenido de un escrito de defensa de sus representados.

Se trataba de dos de los cuatro procesados por una agresión brutal realizada por uno de ellos, en presencia de los otros tres, el 23 de agosto de 2009, al pisotear violenta y reiteradamente en la cabeza a una persona que se encontraba dormida en la vía pública, sin que hicieran nada por evitarlo o detenerlo los otros tres.

La agresión produjo a la víctima severas lesiones que derivaron en discapacidades neuromusculares y trastorno cognitivo hasta el punto de que le ha sido reconocida una discapacidad del 67%. El tribunal condenó al autor de la paliza por un delito de lesiones con agravante de alevosía y a los otros tres procesados por un delito de omisión del deber de impedir determinados delitos (artículo 450.1 Código Penal).

Lo que nos interesa de este caso es la conducta del mencionado abogado de oficio y, por consiguiente, la respuesta del Tribunal ante esa conducta, así como la de la fiscalía y el Colegio de Abogados. Resulta que el letrado defensor de oficio de dos de los procesados, el ya mencionado Sr Pelluz, de 91 años de edad, con más de 60 años de ejercicio de la profesión, presentó el 4 de junio de 2012 ante el Tribunal un escrito de conclusiones provisionales en el que, tras añorar la Ley de Vagos y Maleantes, literalmente señalaba que “la vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna. La ocupación de terreno público por quien no se procura una existencia digna es causa de rechazo en otras personas que cumplen las leyes. La vagancia, el no querer hacer nada, el constituirse en parásito de lo decente, lleva a la repulsión”.

Cuando se celebró el juicio, en marzo de 2013 y se tuvo conocimiento de esas afirmaciones, ante el escándalo que produjeron, fue entrevistado por la prensa a la salida de la Audiencia Provincial. El caso de la agresión a un presunto mendigo se convirtió en el caso del abogado Pelluz. El abogado declaró: “Esto no son personas humanas. No han trabajado en su vida. Son cánceres de la sociedad. Yo, si tengo un cáncer, el médico no me pone paños calientes: me lo extirpa: Pues esto es igual” (El País, 12 de marzo de 2013). Entrevistado esa misma tarde en su domicilio por el periodista de El País Álvaro de Cózar, se ratificó en tales declaraciones al afirmar: “Lo que quiero decir es que este caso se explica porque ha habido una provocación previa, la existencia de esa persona en la calle. A nadie le gusta ir apartando pies descalzos por la Gran Vía. La mierda siempre se ha recogido… Para mí lo que se juzga es una agresión, pero la ONG que ejerce la acusación particular ha politizado el tema, así que he tenido que enfocar el asunto de esa manera” (El país, 12 de marzo de 2013 y 16 de marzo de 2013).

La fiscal, al tener conocimiento de las declaraciones, solicitó que se dedujera testimonio a los efectos de la investigación de un posible delito de incitación a la violencia contra los mendigos. El juez Decano de Madrid realizó unas declaraciones en las que apuntaba la misma tesis y se preguntaba si el letrado se encontraba en condiciones físicas e intelectuales de ejercer la defensa.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid anunció en un comunicado institucional que solicitaría testimonio del escrito forense en el que se contenían manifestaciones “manifiestamente atentatorias contra la dignidad de las personas y de la abogacía”, para poder actuar después “en aplicación estricta de la normativa deontológica que regula la actuación de los abogados, incluso el ejercicio del derecho de defensa de sus patrocinados y en el que no todo vale”.

Pues bien, en el mencionado auto de 19 de marzo, el mismo Tribunal, aunque califica como inadmisibles las afirmaciones en cuestión, resuelve que no procede aceptar la solicitud del Ministerio fiscal. Y ello, en primer lugar, por un defecto de forma: el escrito en cuestión era un escrito de conclusiones provisionales (previo a la celebración del juicio) en el que concurrían dos defectos de forma: de un lado, no iba firmado por el letrado Pelluz. De otro, ese escrito se excedía en la medida en que solicitaba la aplicación de la “eximente de provocación” no sólo a sus dos representados, sino a los cuatro procesados.

El escrito en cuestión fue devuelto mediante providencia del Tribunal a la representación procesal de los dos acusados defendidos de oficio por el Sr Pelluz. Este presentó el 29 de junio de 2012 un nuevo escrito de conclusiones provisionales, ya con su firma original como letrado de oficio, en el que se disculpó ante la Sala por su omisión y rechazó el reproche del Tribunal, reafirmando su lealtad al orden jurídico y sin hacer mención alguna a la eximente de provocación. Por otra parte, la Sala entiende que las declaraciones del Sr Pelluz a la prensa pueden ser objeto de persecución por el Ministerio Fiscal, pero al no haberse producido en la Sala, no son de su competencia.

Finalmente el auto reprocha al fiscal el hecho de que, aun teniendo conocimiento de los hechos pues se le dio traslado del escrito inicial de conclusiones provisionales, no hubiera realizado ninguna actuación. Concluido el mes de marzo, no se conocen actuaciones del ministerio fiscal ni del Colegio de Abogados en el que sigue colegiado el letrado Pelluz, ni relativas al escrito (que, al no estar firmado con firma original no le es imputable), pero tampoco por sus reiteradas declaraciones en prensa. El letrado se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica.

No hace falta ser un experto en Derecho ni en deontología profesional para advertir que asoman serias dudas, al menos en términos deontológicos, sobre el comportamiento del Tribunal, del ministerio fiscal, del letrado Pelluz y del Colegio de Abogados de Madrid. Por mucho que el Tribunal se autojustifique en criterios formales y reproche al fiscal no haber formulado alegación alguna.

En efecto, aunque hubiese defectos de forma, es obvio que se trataba de un escrito elevado por la representación de oficio y es a esa representación a la que el Tribunal envía su providencia. Por otra parte, si el propio letrado se excusa por no haber firmado el escrito anterior, eso significa reconocer que él era el autor del anterior. Y tampoco puede dejar de ser tenido en cuenta el hecho de que el letrado fuera advertido verbalmente por el Tribunal acerca de expresiones improcedentes en su intervención ante el mismo y que confirmaban el tenor del mencionado primer escrito de conclusiones provisionales. Tampoco ha tenido por ahora ninguna consecuencia la existencia de declaraciones a numerosos medios de comunicación, en las que el letrado reiteraba su posición: no ha sido objeto de ninguna denuncia, ni de procedimiento alguno. Tampoco por parte del Colegio de Abogados. El colegio no ha actuado ni siquiera en lo que se refiere a la pertinencia de que un letrado como el Sr Pelluz siga en ejercicio de su profesión, habida cuenta además de sus condiciones físicas y de su posible incapacidad mental, perjudicando a ciudadanos que se encuentran en posición más vulnerable desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, como son aquellos que necesitan letrado de oficio.

Las preguntas son evidentes: dejando claro que según todos los elementos disponibles parece obvio que el letrado Sr Pelluz no sólo parece haber incurrido en una conducta en la que concurren serios indicios delictivos, es evidente que incumplió con elementales deberes deontológicos. Pero, ¿cumplió el Tribunal con sus obligaciones deontológicas, más allá de las estrictamente procesales, técnicojurídicas? ¿cumplió con las mismas obligaciones el Ministerio fiscal? ¿Y el Colegio de Abogados de Madrid? La respuesta, a mi juicio, en todos esos casos, es negativa, desde luego. Se me dirá que estamos ante un caso de incumplimiento de esos deberes deontológicos, y que ello sólo pone de manifiesto lo evidente, esto es, que hay casos en que no se cumplen. Pero lo grave de éste es que aparentemente ninguno de los operadores jurídicos cumplió con sus deberes. Y que estos deberes guardaban una relación directa con el núcleo de la obligación jurídica profesional de quienes ejercían el Derecho en este caso: la tutela judicial efectiva. De ahí su gravedad.

La monarquía, incluso la parlamentaria, no es compatible con las exigencias de renovación de la democracia

Hoy las instituciones y poderes de las democracias deben ser capaces de renovarse para mantener la libre aceptación de los ciudadanos

La responsabilidad política exige ejercicio continuo del deber de transparencia y de la disponibilidad de dar cuentas a los ciudadanos

Inviolable e irresponsable. Así define el status del Rey el artículo 56.3 de la Constitución española de 1978: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Aunque en realidad ese atributo responde a la tradición sacral o, al menos, absoluta -propia del ancien régime (the King can no do wrong)-, nos han explicado mil veces que no puede ser de otra manera si queremos garantizar la función de alta magistratura –ejemplar y vitalicia- que se atribuye al monarca como Jefe de Estado en nuestra monarquía parlamentaria. Un Rey al que el mismo artículo en su primer apartado atribuye la condición de “símbolo de su unidad y permanencia”, característica a la que añade las de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, así como la “más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales”.

Pero ese no es un atributo exclusivo de los monarcas. Entre el rey de una monarquía parlamentaria y un presidente de República no presidencialista la diferencia estriba, en primer lugar, en la condición adquirida de por vida, desde el nacimiento (o será desde la concepción?) hasta la muerte (o improbable abdicación). En uno y otro caso, como no hay poder real, no hay responsabilidad política en principio: ambos cumplen similares funciones simbólicas y por eso los segundos son también inviolables, aunque en sentido estricto -esta es una segunda diferencia- no son irresponsables. No son irresponsables políticamente si puede renovar su mandato, porque en ese caso debe someterse a un escrutinio electoral en el que se juzgará esa responsabilidad. Y en sentido estricto, no son jurídicamente irresponsables, sino sólo mientras se encuentran en el cargo, como comprobamos hace poco en el caso de un Presidente de República presidencialista, Jacques Chirac, quien, una vez que dejó de ser Presidente de la República francesa, fue condenado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida cometidos durante su mandato como alcalde de Paris.

Que esa condición de inviolabilidad, en su dimensión de irresponsabilidad jurídica, de inmunidad de jurisdicción pugna con progresos jurídicos como el de jurisdicción universal que se han impuesto en el Derecho internacional después del caso Pinochet, a través del Estatuto de la Corte penal internacional o Estatuto de Roma, es bien sabido. Aunque casi todos estaremos de acuerdo en que la hipótesis de un hipotético monarca de España genocida o autor de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión parece, más que remota, inverosímil. Claro que hay un supuesto en el que cabría analogar el régimen de responsabilidad jurídica del rey con el del presidente de la República: el caso de abdicación. En efecto, como señalan algunos colegas constitucionalistas, ex Constitutione no parece que se pueda argumentar que la irresponsabilidad jurídica (la inmunidad) se extienda desde la dimensión institucional a la personal. Precisamente por esa razón ya he apuntado en algún ensayo anterior que, a mi juicio, es un elemento en contra de la posibilidad de abdicar, por el temor de que al rey abdicado se le pudieran exigir tales responsabilidades jurídicas al no continuar cubierto por el privilegio.

Sin embargo, cuestión distinta es la atinente a la responsabilidad política. Porque en el estatuto privilegiado de la corona se produce una exacerbación de las contradicciones o déficits que parecen lastrar hoy más que nunca la clásica distinción entre responsabilidad política y jurídica. Y es que el rey no sólo es irresponsable jurídicamente, sino también políticamente y de forma vitalicia y por eso nuestra Constitución impone el refrendo de sus actos.

A mi juicio, esa es una de las razones, si no la fundamental, de la creciente toma de conciencia de la inadecuación de una institución como la monarquía ante los tiempos que corren. Hoy, las instituciones y poderes de las democracias deben ser capaces de renovarse para mantener la libre aceptación de los ciudadanos, su contrato con ellos. Un contrato que es tanto de confianza como de desconfianza. Unos cambios que podrían concretarse en saber responder. Esta es una condición activa, no pasiva. Significa saber asumir plena responsabilidad política, por sí y por quienes actúan bajo su mandato y supervisión porque esa función es la que le encomendamos. Algo que, insisto, es muy distinto de la responsabilidad jurídica (y, desde luego, de la penal).

Cuando un cargo público se aferra como criterio de legitimidad al hecho de que no ha sido condenado por los tribunales, significa que no ha entendido nada de lo que es la responsabilidad política. Como lo enseñan una vez más el reciente episodio de la moción de censura en Ponferrada, la creativa “delegación de cargos” del Sr Oriol Pujol o el episodio de los ERES en Andalucía, ésta no se demuestra por la inexistencia o caducidad de antecedentes penales. Para todo cargo público, la responsabilidad política exige ejercicio continuo del deber de transparencia y de la disponibilidad de dar cuentas a los ciudadanos, que son sus jefes. No es un don adquirido para siempre por lotería (la de la lista del partido, o la biológica, la de nacer de padre o madre rey/reina y, eso sí, dentro de matrimonio heterosexual y monogámico). Día a día. Y si no se cumple, no basta con pedir perdón y seguir como si nada. Aquí no vale lavar los pecados mediante la confesión y el propósito de enmienda (que permite volver a pecar cuantas veces sea el caso). Asumir la responsabilidad política significa marcharse cuando uno no ha estado a la altura de la alta función (del privilegio) encomendada. Sin necesidad de parapetarse tras el muro de interminables procesos y el derecho de presunción de inocencia. Porque ese derecho protege otra cosa, que no la responsabilidad política.

Por eso puede decirse que la responsabilidad política se ejerce cuando se observa la transparencia, la delimitación republicana entre lo público y lo privado (ese modelo de la Roma de Catón), el escrupuloso respeto al Derecho y a la ley (a la igualdad ante la ley). Por eso, es incompatible con el bochornoso espectáculo de la corrupción o de los privilegios –desigualdades, impunidades- aparentemente inevitables de los poderosos (los reyes y sus familiares en este caso), por ejemplo cuando hacen negocios “como si fueran igual que los demás”, la coletilla periodística que, aplicada a quienes viven en permanente privilegio, sólo puede aceptarse como sarcasmo, lo que justifica que seamos particularmente exigentes con ellos. Por eso no podemos aceptar que ni el rey ni la familia real hagan negocios, pues no entran en ellos en igualdad de condiciones con los demás y suman así un enorme privilegio añadido al status de privilegio que ya les hemos otorgado por definición.

Así, hay que concluir que no es adecuada a las exigencias de los tiempos un sistema institucional en el que se excluye de por vida la responsabilidad política del Jefe del Estado, donde no se le somete al test de máxima publicidad, transparencia y control al que deben sujetarse –iguales ante la ley- todos los ciudadanos y sobre todo aquellos que administran poderes, funciones públicas. El oxímoron es evidente: por definición las monarquías son opacas e irresponsables de por vida. La luz, la publicidad, la transparencia, les hace daño porque desvelan el secreto de polichinela, el hecho de que el rey está desnudo.

No sólo es que la experiencia nos muestre machaconamente la verdad del dicho de Lord Acton, esto es que como cualquiera que ejerce el poder, resulta inevitable que los monarcas también se corrompan (más aún si su poder no está sujeto al mínimo control de la transparencia). Es que el carácter vitalicio dificulta la comprensión de que la justificación de su existencia –su magistratura ejemplar y su utilidad- se gana sólo si se ejerce día a día esa magistratura ejemplar. No basta con haberlo hecho bien in illo tempore.

No. Además, cuando los vemos sin los oropeles, cuando podemos hacer cuentas y pedirles que respondan del cumplimiento de sus funciones, exigirles que respondan (que sean responsables) también en lo tocante a su utilidad, es inevitable el asombro ante lo que les pagamos. Para qué. Qué hacen. Para qué sirven. Preguntémonos hoy, por ejemplo si hoy (no en 1977) el rey une a España y a los españoles, o sólo une a los que quieren tenerlo todo atado y bien atado. ¿Comprende el rey el carácter plurinacional del Estado? ¿Puede ser símbolo de esa realidad cada vez más plural? Podemos y debemos preguntarnos si se sienten representados los ciudadanos por quien en los 70 y 80, desde luego, tuvo su contribución al denominado eufemísticamente “éxito de la transición”, pero desde hace ya bastantes años, según nos vamos enterando (pese al tabú sobre su vida, que debiera ser pública por su status de privilegio), parece dedicar buena parte de su tiempo a ir de la cacería de osos a la de elefantes, golpear a su chófer porque le deja demasiado cerca de manifestantes, frecuentar como parientes a monarcas que violan masivamente los derechos humanos y propagan ideas medievales (eso sí, sentados en petrodólares), emplear a una de sus amigas como comisionista en tareas de Estado para las que nadie la designó, interrumpir groseramente en público a un Jefe de Estado (eso sí, mestizo), o hacer lo mismo con la reina consorte cuando aparecen juntos, étc, etc…Y todo eso mientras el común de los ciudadanos (que no súbditos, ni vasallos) pasan dificultades sin cuento. La respuesta, para muchos de nosotros, es sencilla: no. Al menos, ya no. Ya no nos representa. Ya no nos sirve.

Dejemos de pedir peras al olmo. La monarquía –incluso la parlamentaria- no es compatible con las exigencias de renovación de la democracia que son hoy más agudas que nunca ante las contradicciones que la crisis ha contribuido a airear. Necesitamos cerrar el capítulo de democracias y ciudadanías vigiladas paternalistamente por nuestro propio bien. Somos mayores de edad y no necesitamos creer que los reyes son magos. Ni siquiera son nuestros padres.

Si el rey sigue es, seguramente en primer lugar, porque en España hay un enorme vacío jurídico relativo a la figura de un exmonarca

Ya no cumple ninguna función que la justifique, es un lastre para una sociedad que aspira a la normalidad del imperio de la ley y del Estado de Derecho

La verdadera decisión ya no es elegir entre monarquía o república, sino elegir el procedimiento para librarnos de una institución que no nos sirve

Hablaba la semana pasada Iñaki Gabilondo del dilema en el que a su juicio se encuentra el rey Juan Carlos: o su corona, o la monarquía. Pero uno tiene toda la impresión de que esta nueva versión del “retirarse a tiempo”, el famoso editorial del diario Madrid que aconsejaba a Franco imitar a De Gaulle y que tuvo funestas consecuencias para aquel periódico, va a obtener la callada por respuesta. Nada de abdicar. Probablemente el rey tiene razón por lo que se refiere a sus intereses personales. Luego volveré sobre eso. No la tiene en lo que hace a la monarquía. Y los republicanos se lo agradeceremos

Con su toma de posición a lo “mantenella y no enmendalla”, el rey ayuda a la causa de quienes pretendemos decir adiós a la monarquía, tal y como hizo malgré soi, tras el , puesto que la famosa secuencia televisiva en el hospital estaba en las antípodas del arrepentimiento real y de una rectificación seria de rumbo (como lo ejemplificó la posterior "conversación" con el cortesano Hermida). Está claro que el rey (y quizá quienes le aconsejan) no ha entendido el mensaje. No ha caído en la cuenta de la decepción, disgusto y hartazgo que provoca con una pauta de comportamiento absolutamente alejada de la realidad. Es más, es así como se demuestra que la institución no sirve, puesto que desconoce la realidad de sus ciudadanos (sus apelaciones al insomnio que padece ante el paro juvenil parecen una mala broma, si no un cruel sarcasmo). Y la subliminal analogía con la , permanentemente encendida por el bien del país, como adulaba el Señor Hermida, se ha vuelto impropia hasta el ridículo cuando sabemos el tren de vida alejado de lo que entendemos por trabajo y quehaceres del común de los mortales.

No. Si el rey sigue es, seguramente en primer lugar, porque en España hay un enorme vacío jurídico relativo a la figura de un exmonarca: por ejemplo, ¿qué sería de su inviolabilidad, incluso de su irresponsabilidad, privilegios del rey en ejercicio conforme al artículo 56.3 de la Constitución? Y, además, no abdica porque abriría un futuro incierto acerca de su patrimonio y modo de vida. Ya no podría mantenerse la confusión entre lo público y lo privado del rey, ni su amplísima discrecionalidad a la hora de administrar la partida presupuestaria, que ahora pasaría a ser competencia de su hijo. Por lo demás, ¿acaso, pese a la enorme fortuna que se ha labrado partiendo de una relativa pobreza, podría mantener sus privilegios, su círculo de influencias?

Por eso, aunque parezca una paradoja, su decisión de seguir ayuda objetivamente a quienes pretendemos un régimen en el que el status del Jefe del Estado arranque de la lealtad a la Constitución y al imperio de la ley, comenzando por la igualdad ante la ley; un Jefe de Estado que sea jurídica y políticamente responsable y no tenga más inmunidad que durante el período de ejercicio del cargo, como por ejemplo el Presidente de la República alemana o incluso el de la Francesa (Chirac ha sido juzgado y condenado por corrupción). Un Jefe de Estado que sea consciente de que es un (alto) funcionario que debe responder ante sus jefes, el soberano, que somos los ciudadanos. Sí, ya sé que podemos elegir como presidente de la República a alguien que repugne a nuestro sentido común y al menor criterio estético (pongan el nombre que quieran, eligiendo entre alguno de los anteriores Presidentes del gobierno, por ejemplo). Pero cuando caigamos en nuestro error, podremos exigirle cuentas y mandarlo al baúl de los recuerdos. Es una diferencia interesante. Todo ello forma parte de una democracia muy diferente, la que queremos construir, seguramente desde un proceso constituyente.

La monarquía pudo ser una opción aconsejable por la prudencia, en el momento en que necesitábamos salir del régimen franquista para llegar a una democracia sin coste de sangre. Pero hoy ya no cumple ninguna función que la justifique. Antes al contrario, es un lastre para una sociedad que aspira a la normalidad del imperio de la ley y del Estado de Derecho, que quiere salir de los círculos de corrupción y arbitrariedad posibilitados por comportamientos que son posibles gracias a la existencia de círculos de poder ajenos e inmunes al control, que por eso han creído en su impunidad. En un contexto de máxima crisis del sistema, por razones económicas, ideológicas y de poder, el rey ha demostrado que no sirve para ejercer una función de mediación en el conflicto territorial, ni puede ser símbolo de unión del Estado porque ha apostado por una posición partidista, ni es una barrera frente a la marea de corrupción, ni tiene competencia y capacidad para ofrecer salidas a la situación de crisis social y económica. Ya ha pasado su tiempo: ha alcanzado sobradamente la edad de la jubilación y en realidad, no debe temer por su pensión. Que se vaya a una de sus propiedades o a Bostwana, donde le plazca.

No. El problema no es este rey. Es la monarquía. Como supo entender Walter Bagehot, quizá el mejor estudioso de la monarquía británica, esta institución no puede sobrevivir cuando pierde su halo sacral, ahí donde la razón sustituye al sentimiento, es decir, en una ciudadanía suficientemente ilustrada. Para Bagehot, “la República sólo tiene ideas dificiles de aprehender en su teoria gubernamental: la monarquía constitucional tiene, por el contrario, la ventaja de ofrecer una idea simple, encierra un elemento que puede ser comprendido por la multitud de los cerebros vulgares...” y por eso, escribe en el Capitulo 3º de su English Constitution, “en tanto que la raza humana tenga mucho corazón y poca razón, la monarquía será un gobierno fuerte porque concuerda con los sentimientos difundidos por todas partes, y la República un gobierno débil, porque se dirige a la razón”.

A la monarquía, como supo avisar el inteligente conservador británico, le sienta mal el aggiornamento, esto es, la vía de la campechanía, del acercamiento al “pueblo”, que la monarquía siempre entiende en perspectiva paternalista, fiel a los orígenes teóricos de su justificación propuestos ya por Filmer en su obra “El Patriarca”. Eso, el (también en el sentido sexista, en el caso de la monarquía española restaurada por Franco) no sólo ya no es ejemplar, sino que resulta rancio y, lo que es peor, ha sido desmentido por los hechos: el comportamiento privado (y la indistinción entre lo privado y público, siempre en su beneficio) del que hacen gala buena parte de los miembros de la familia real, comenzando por el rey, no es un modelo para nadie. Porque a la monarquía le sienta muy mal la transparencia, como explica a la perfección el cuento del rey desnudo. Cuando los vemos sujetos a las mismas manías, defectos y arbitrariedades que los demás –“como si fueran una familia normal”, según reza el tópico (hoy diríamos una “Modern Family”, como en la serie de la tele), la pregunta es: ¿por qué debemos mantenerles de por vida?

Por eso, hoy, la verdadera decisión ya no es elegir entre monarquía o república, sino elegir el procedimiento para librarnos de una institución que no nos sirve. Como han escrito Pisarello y Ausens, asistimos a un “proceso destituyente de la restauración borbónica”. Y para eso ya no nos hace falta un “delenda est monarchia” escrito por el Ortega de turno. Nos basta y sobra con la cada vez mayor toma de conciencia de que ese resto del pasado, que ha conseguido sobrevivir bajo lo que muchos consideramos un oximoron, el de “monarquía constitucional”, es sólo eso: un vestigio destinado al museo. El cómo y el cuándo es lo que nos queda por decidir.