Opinión y blogs

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Chistes y penas

Uno de los asuntos de repercusión mediática que me ha llamado la atención esta semana, ha sido la acusación formulada contra una usuaria de Twitter, Cassandra (@kira_95), por el delito de enaltecimiento del terrorismo.

En su día, ya escribí sobre el tema, cuando saltó a los medios la condena de Loba Roja (@albacorazonnegro). Podría decirse que no cabe mucho más análisis que el realizado en su día, pues mi postura sobre la cuestión no ha cambiado gran cosa.

Porque, al margen de consideraciones jurídicas, sobre la catadura moral de lo escrito en la red social del pajarito en cuanto a asesinatos y otras muertes horribles, se podrían escribir ríos de tinta. De hecho, el artículo definitivo al respecto, para mí, es éste que escribió Juan Gómez Jurado.

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En Luxemburgo tienen un DeLorean

Hoy vengo calentito, la verdad. El pasado 21 de diciembre de 2016, se ha dictado  una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que va a traer cola. Muchísima cola. De hecho, si en el futuro más cercano algún depredador sexual acosa a sus hijos por Internet, o algún desaprensivo les estafa una cantidad de dinero a través de las diversas vías que la Red de Redes ofrece, no se molesten en interponer una denuncia: va a ser imposible que surta efecto alguno.

Verán, la primera vez que acudí como alumno a un curso sobre delincuencia informática, un experto en la materia nos explicó de forma muy didáctica cómo se investigan estas cuestiones. El manual básico, vamos, que igual ha quedado un poco obsoleto, porque las ciencias adelantan una barbaridad. O no. La cosa va como sigue:

Se produce un delito, alguien comete alguna trapacería en un sistema informático. Los técnicos recuperan los registros ( logs) de conexiones, y determinan desde qué dirección IP se conectó el presunto autor de los hechos. Parece complicado, pero en los casos de difusión de pornografía infantil a través de redes P2P, es tan simple como mirar en las tripas del eMule, para obtener los dichosos numeritos de los que comparten el archivo.

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Los jueces de Berlín

Cuenta una vieja historia que el rey Federico II de Prusia, conocido como “El Grande”, decidió desposeer de sus tierras a un humilde molinero, por razones que ahora no vienen al caso. El súbdito se negó a ceder, y el rey mandó que le expropiaran. Sin embargo, el molinero acudió a un juez, y éste le dio la razón, habida cuenta de lo injusto y arbitrario de la pretensión del monarca. Ante el plante del magistrado, finalmente el soberano desistió de su capricho, admirado del carácter del villano y de la inquebrantable imparcialidad del togado. Su frase, “veo con alborozo que aún quedan jueces en Berlín”, es un excelente resumen de que, incluso ante la más avasalladora de las legislaciones, siempre se puede confiar en que haya un juez que le pare los pies al Poder.

Esta frase volvió a mi memoria esta semana, cuando me enteré de que un juez de lo contencioso-administrativo había revocado una sanción impuesta por la expeditiva vía de la Ley Orgánica de Protección Ciudadana, más conocida por su sobrenombre de Ley Mordaza.

Efectivamente, tal y como comentábamos la semana pasada, al hilo del delirante anteproyecto de ley autonómica madrileña de protección del honor, la política legislativa en estos tiempos que nos ha tocado vivir, es muy clara: la huída al Derecho Administrativo.

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Hogwards, escuela de leyes

La escuela de leyes de Hogwards debe ser ese sitio fantástico e irreal del que salen los asesores jurídicos de muchos de nuestros políticos. Imagino que, en lugar de asignaturas como “Defensa contra artes oscuras”, “Pócimas” o “Encantamientos", tendrán otras como “Pasarse los principios básicos de la Constitución por el forro” o “Argumentar jurídicamente contra la lógica más elemental”.

Empecé a sospechar que dicha institución académica existía, allá por 2005. Fue tras un debate en el Parlament de Catalunya, ¿recuerdan? Cuando en una réplica a Artur Mas, el entonces president Pasqual Maragall se levantó, cogió el micro y dijo aquello de: “Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%”.

Yo, que en aquel entonces era un poco parva, no me enteré de qué había tan ofensivo en un simple guarismo. Porque lo cierto es que el destinatario de la frase se ofendió. Se ofendió muchísimo. Tanto que anunció una querella, por un delito de calumnias. Ya saben que la calumnia consiste en acusar falsamente a alguien de haber cometido un delito, sabiendo que es mentira. Lo que los yanquis conocen como “libelo”, y que es de las pocas excepciones que admiten a su férrea defensa de la libertad de expresión. Sinceramente, mencionar un simple porcentaje no parece una acusación a nadie, de nada. Que alguien, al recibir semejante réplica, considere que se le está acusando de ser un corrupto que percibe sobornos, a razón de un tres por ciento de comisión, sobre el presupuesto de cada obra ilícitamente adjudicada… No sé, me recuerda a aquel tipo que vi en una ocasión, acusado de varios incendios de coches, y que al ser sorprendido por la policía, escondido entre unos contenedores y apestando a gasolina, arrojó un encendedor lejos de sí y exclamó: “Yo no se nada de esos fuegos”.

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Fútbol es fútbol

Cristiano Ronaldo a su llegada a Gran Canaria. (Alejandro Ramos)

Estas últimas semanas, ha traído bastante cola que un juez de instrucción de Madrid haya prohibido la difusión de las informaciones relacionadas con el “Football Leaks”. Ya saben, la filtración relativa a la supuesta evasión de impuestos de Cristiano Ronaldo, entre otros ilustres millonarios del balón.

Inmediatamente, se han oído voces críticas poniendo a escurrir la resolución del magistrado. Incluso he leído comentarios sobre la calidad jurídica del auto, y no por parte de un tribunal de apelación que deba revisarla, precisamente. Por supuesto, las comparaciones con el caso de Messi y Neymar no se han hecho esperar. Mientras tanto, el portavoz del Gobierno dice no comprender la decisión, mientras que la Fiscalía la respalda.

Un carajal de desinformación, que compara peras con manzanas, y no atiende a la realidad de los distintos casos, metiendo de por medio incluso el caso Falciani. Así que dejen que sea claro, cristalino: al margen del conflicto con el derecho a la libertad de información, los casos mencionados no tienen nada que ver con éste.

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El meme de los memes

Cuando se configuró el actual Consejo de Ministros, y descubrimos que había una cartera encargada, entre otras, de la “Agenda Digital”, Internet se llenó de chistes. Que si al nuevo ministro le iban a dar una PDA, que si navegaría por las superautopistas de la información, y otras expresiones que resultarán desconocidas a los más jóvenes, pero que hacen esbozar una sonrisa nostálgica a los que tenemos cierta edad. Porque “agenda digital” es una de esas expresiones que intentan resultar increíblemente modernas, pero que no pueden evitar ser tan obsoletas que hasta provocan cierta ternura.

Sin embargo, lejos de adaptarse a los tiempos, el Gobierno se ha embarcado en una política errática en su relación con la tecnología. Me refiero, por supuesto, a la anunciada reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

¿No les suena? Sí, hombre, eso de que “el Gobierno quiere prohibir los memes”, como he leído en casi todas partes. O mejor todavía, en un ejemplo más de churrimerinismo periodístico, “convertirlos en delito”. A ver, almas cándidas de tecla fácil, si hablamos de reformar una ley que habla de “protección civil” de un derecho, esto es, que se refiere a demandas presentadas ante la jurisdicción de esa rama, ello significa que estamos fuera de la penal, la única en la que se ventilan cuestiones relacionadas con delitos.

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Esas odiosas comparaciones

Esta semana, he leído un artículo que, en principio, se sale un poco de mi habitual campo de juego, el Derecho Penal. Se trata de una reflexión sobre el distinto trato dado en los tribunales franceses y españoles a una triste realidad: la existencia de controles policiales discriminatorios en función de los rasgos étnicos del ciudadano.

Como les conté en alguna otra ocasión, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen funciones de carácter administrativo, como el control del cumplimiento de la Ley de Extranjería, que van más allá de las competencias que me son más conocidas, las de policía judicial en averiguación del delito e identificación del delincuente.

Así pues, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están facultados para requerir la identificación de una persona cuando sospechen que puede encontrarse irregularmente en España. El problema, como siempre, está en los detalles: concretamente, en qué se considera suficiente para constituir una sospecha fundada. Porque, claro está, tras un par de décadas de constante recepción de migrantes procedentes de las latitudes más variopintas, el color de la piel no es que sea, precisamente, un síntoma distintivo del carácter extranjero del sujeto. Para empezar, el plazo abreviado de adquisición de la nacionalidad española en caso de personas procedentes de países hispanoamericanos, hace que tengamos centenares de miles de compatriotas, con su DNI tan en regla como el mío, pero cuyos rasgos no son precisamente caucásicos. Por otro lado, la adquisición de nacionalidad por principio de ius soli, hace que una cantidad creciente de personas jóvenes, con rasgos africanos o asiáticos, sean perfectamente españoles de nacimiento.

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Lo discutible

En muchas ocasiones, cuando leo alguna noticia sobre la revocación de alguna resolución judicial, incumplo la máxima de la ya extinta cuenta tuitera Don’t Read Comments (@AvoidComments). O sea, que leo los comentarios. Invariablemente, alguno de los comentaristas de dichas noticias se refiere al juez que dictó la resolución revocada exigiendo su inmediato procesamiento (sic) por prevaricación.

El Derecho puede definirse como la forma de encauzar una discusión sin recurrir a la fuerza. En esencia, un juicio es una disputa entre, al menos, dos partes. Pueden llamarse acusación y defensa, en el caso del derecho penal, o demandante y demandado, si hablamos de la jurisdicción civil. Pero en el fondo, se trata de la misma cosa: hay dos que no se ponen de acuerdo en algo, y antes de acudir a solucionarlo a garrotazos, le piden a un tercero que intervenga, escuche sus alegaciones, examine las pruebas y decida. Bueno, lo de pedir, es un eufemismo. Cuando se inicia una acción judicial, mediante denuncia, querella o demanda, el proceso que se inicia a continuación se parece más a invocar al Golem, el mítico monstruo de la vieja leyenda hebrea (que no de la vieja leyendo ebria, que dirían Les Luthiers). Si uno no es muy preciso en las instrucciones que le da al bicho, puede pedirle que recoja agua del río y acabar inundando Praga, como recordaban hace algún tiempo los Todopoderosos en su podcast dedicado a las criaturas de laboratorio.

El juicio terminará la discusión, en el sentido de que habrá una decisión, pero ello no implica que las partes queden conformes. Siempre digo que, si en el afán privatizador de ciertos liberales, terminara por “externalizarse” la Administración de Justicia, sería un negocio ruinoso por definición: dejamos insatisfecho, como mínimo, al cincuenta por ciento de nuestra clientela.

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¿Es que nadie va a pensar en los niños?

Esta semana, tuve ocasión de leer el artículo sobre la retirada de cierta película de un distribuidor de VOD español, Filmin, por miedo “al nuevo Código Penal”. Tanto se ha criticado el sprint legislativo en el tramo final de la penúltima legislatura, que se olvida que hasta el reloj parado da la hora correcta dos veces al día.

Y varias de las reformas introducidas en el Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de abril, eran necesarias. Entre otras cosas, porque nos lo exigían las normas comunitarias y tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección penal de la infancia.

Recuerdo que una de las cosas que más se tachó como “reaccionaria” fue la elevación de la llamada “edad de consentimiento” para las relaciones sexuales. Veamos de qué trata todo esto, y si es reaccionario o no.

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El pacificador

Esta semana, he podido ver este vídeo del programa de Stephen Colbert, del que sólo lamento no tener un mejor dominio del inglés, para poder disfrutarlo sin subtítulos.

Atención, no traten de imaginar a nuestro recién investido homólogo español desenvolverse con esa soltura, o corren el riesgo de que les explote la cabeza. Sin embargo, lo que más gracia me ha hecho, con diferencia, sucede a partir del minuto 2’45”, cuando el entrevistador de empleo pregunta a Barack Obama por sus premios o méritos reconocidos en su último empleo, y el presidente estadounidense menciona el premio Nobel de la Paz. Impertérrito, el entrevistador le interroga: “Ah, ¿sí? ¿Y por qué se lo dieron?”. La respuesta: “La verdad es que no lo sé”.

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