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Madre no hay más que una, o dos

Hoy vamos a dejar un poco de lado las cuestiones jurídicas relativas a casos de corrupción, y vamos a tratar un asunto al que, sin dejar de ser candente actualidad, le llevo dando vueltas mucho tiempo. No me atrevía a meterle la tecla, porque se sale de la jurisdicción penal, mi "zona de confort". Pero como el debate se ha agudizado, y además, coincide con el del Día de la Madre celebrado el pasado domingo, parece que va tocando.

Verán, al poco de mi incorporación al mundo de la Justicia, se publicó una noticia que me dejó un tanto fuera de juego: Carmen Cervera, más conocida como "Tita", había sido madre a la edad de 64 años, aunque llegó un par de días tarde para ver el parto. Vamos, como aquel chiste del sin par Gila:

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Así no, gracias

Hace algunas semanas que no se habla de uno de los planes estrella del Ministerio de Justicia para esta legislatura: poner la instrucción penal en manos de los fiscales. Evidentemente, con la que está cayendo, no está el horno para bollos. Raro ha sido el día de las dos últimas semanas en el que no hemos amanecido con un sobresalto sobre la situación en determinadas fiscalías que llevan casos especialmente peliagudos. Particularmente en Anticorrupción.

Así las cosas, cualquier insinuación sobre el tema sería una maniobra suicida, invocar las iras del averno sobre quien plantee la cuestión. Incluso los medios de comunicación más proclives al Gobierno se hacen eco de lo que parecen ser intromisiones del Ejecutivo en la labor de los fiscales, y los propios miembros de la carrera fiscal están en “shock”. La frase del presidente de la Unión Progresista de Fiscales en este artículo es para enmarcar:

Hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses y recuperarla va a costar mucho tiempo más.

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Discrepancias y aclaraciones

Evidentemente, no puedo contarles nada sobre la Operación Lezo, no sólo porque se trata de una causa bajo secreto de sumario, con lo cual cometería un delito, como recuerda la nota de prensa publicada por la Fiscalía General del Estado. Es que, aunque quisiera cometer tal acto ilícito, no podría, pues carezco de cualquier fuente directa sobre el tema.

Toda mi información proviene de artículos que he podido encontrar sobre el tema, como éste y sobre todo, este otro. Pero sé cómo funcionan los engranajes internos, conozco el código de programación. Así que, haciendo un poco de ingeniería inversa, cual si estuviéramos en un capítulo de ' Halt and Catch Fire', creo que podré explicarles lo que puede estar pasando.

Como sabrán casi todos ustedes, el Canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, que gestiona el abastecimiento de agua para sus ciudadanos. O sea, una infraestructura imprescindible, que utiliza y sufraga hasta el último sus más de seis millones de habitantes. De su importancia y tamaño, cual Paco Martínez Soria de nuestros días, me enteré en uno de mis primeros viajes profesionales a Madrid, cuando le pregunté a un oriundo qué narices era ese campo de golf que había en mitad de Chamberí.

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Y al tercer día...

Esta semana, aunque la mayoría de los medios de comunicación generalistas no han hecho otra cosa que repetir imágenes de procesiones de Semana Santa, se ha producido un evento noticioso de gran relevancia. Y como siempre, en estos casos, ha pasado prácticamente desapercibido.

Recapitulemos. Un colectivo, autodenominado Shadow Brokers, ganó cierta celebridad en el mundillo de la seguridad informática el año pasado, tras haber conseguido acceder a las herramientas de espionaje usadas por la NSA, la conocida Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. No se trata del trabajo de un insider, como Edward Snowden, quien trabajando desde dentro consiguió desvelar al mundo entero las más que cuestionables técnicas de la inteligencia norteamericana. Al contrario, se trata de un grupo de hackers que penetraron en el corazón de una de las más opacas agencias federales yanquis desvelando su secreto arsenal tecnológico.

Durante este largo fin de semana, en mis redes sociales comenzaron a aparecer menciones a una nueva filtración, hasta que se despertó mi curiosidad y llegué a este post de Genbeta, donde explican brevemente la cuestión.

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El precio de la verdad

Esta semana, he decidido mantenerme un poco al margen de la más rabiosa actualidad, y tomarme un tiempo para leer detenidamente una sentencia que llevaba tiempo con ganas de digerir. Se trata de la nº 116/2017, de 23 de febrero, dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, aunque les resultará más fácil reconocerla si nos referimos a ella como la que valida la conocida como "Lista Falciani", como fuente de prueba para condenar a evasores fiscales.

La historia ya ha sido glosada por la prensa, al margen del análisis más o menos profundo que hayan hecho de sus cuarenta y cinco folios: la Audiencia Provincial de Madrid condenó a un caballero que declaraba unos ingresos de poco más de cuarenta y pico mil euros anuales, un humilde jubilado que, en realidad, disponía de varias sociedades en paraísos fiscales, valoradas en varios millones de euros. Por supuesto, el pensionista en cuestión jamás había dado cuenta a la Agencia Tributaria de su exhorbitante patrimonio, ni había cotizado un solo céntimo por dicha cantidad.

El jubilado en cuestión manejaba su dorado retiro a través de la filial suiza de banca privada del Hong Kong & Shangai Banking Corporation de Todos los Santos, HSBC para los amigos. Cuando hablamos de "banca privada", es un eufemismo del negocio para referirse a aquellos clientes a los que, por su abultada cartera de activos, las entidades financieras consideran merecedores de un trato preferente. Este privilegio suele referirse a sucursales exclusivas a las que no puede acceder el común de los mortales, y en las que, si entra algún jubilado, no es a actualizar su libreta con unos pocos cientos de euros, precisamente. Una acepción menos admisible de "banca privada" es aprovechar la ingeniería financiera transnacional para, como hemos contado en alguna que otra ocasión, sacar dinero del país sin que lo huelan las autoridades.

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Consecuencias inesperadas del caso Cassandra

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Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal

Esta semana, se ha publicado la sentencia sobre un asunto al que ya le dediqué en su día un artículo: el de la usuaria de Twitter llamada Cassandra (@kira_95), juzgada por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en su modalidad de humillación a las víctimas.

Una vez que el público en general ha tenido acceso al texto íntegro de la sentencia, que todavía no es firme, hay muchas cuestiones que analizar y discutir, al margen de los hechos concretos del caso.

En primer lugar, se ha discutido en instancias políticas sobre la misma existencia del tipo penal de enaltecimiento del terrorismo, que se encuentra en el artículo 578 del Código Penal. En realidad, deberían preguntárselo a los integrantes del bipartidismo vigente en este país desde la Transición. Porque, aunque la redacción actual se introdujo en 2015, gobernando el PP, dicha reforma se limita a elevar las penas e introducir subtipos agravados, como el de difusión por Internet. Pero el núcleo del delito está vigente desde 2000, y sobrevivió a dos legislaturas de gobiernos socialistas sin que se modificara ni una coma.

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La verdad sobre el caso Mas, y los demás

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6F;Artur Mas;Irene Rigau;Joana Ortega; Judici Mas; TSJC

Esta semana se ha hecho pública la condena a Artur Mas y otros dos altos cargos de la Generalitat de Catalunya, por impulsar y organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Por supuesto, la sentencia ha dado y dará que hablar, ya que no sólo no es firme, sino que la reacción de los condenados ante la misma puede determinar su futuro más inmediato, como explicaba escuetamente Carlos Sánchez Almeida:

Aunque no sea firme la sentencia, la Ley Electoral impide a Artur Mas presentarse a elecciones. Si se ejecuta, candidato en dos años.

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¿Sentencias incomprensibles o incomprendidas?

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Hoy me trae hasta ustedes la petición de un seguidor de Twitter, que me interpeló el otro día, al hilo de una sentencia reciente. Se trata del caso de una niña víctima de abusos sexuales, cuyo autor ha sido condenado recientemente a una pena de tres años y nueve meses de prisión.

Sin embargo, ha sido un fundamento de la sentencia el que ha desatado la polémica, pues ésta dice que “la niña no se resistió”. Y claro, se ha liado.

Debo decirles que todo delito sexual contra menores, en mi opinión como ciudadano y progenitor, merece penas que no están en nuestro Código Penal. Porque lo de desmembrar al reo atando sus extremidades a cuatro caballos percherones creo que lo abandonamos en tiempos de los visigodos.

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La legalidad

En muchas ocasiones, cuando he traído a colación algún asunto judicial de actualidad, y he tratado de desentrañarles las claves técnicas del mismo, me he encontrado con cierta incomprensión por parte de un sector de los lectores. No es que me queje, ya saben, “a quien no le guste el calor, que no se meta en la cocina”. Pero lo cierto es que algunos lectores tienden a responsabilizar a los operadores jurídicos, o sea, jueces, fiscales y abogados, de lo que no son más que consecuencias directas de la aplicación de la ley.

El ordenamiento jurídico, y esto es algo que se aprende en primero de Derecho, está formado por la ley, la costumbre y los principios generales. Pero en la rama penal, los dos últimos quedan arrumbados, y rige la legalidad más estricta. Lo que no está en el código no se computa. Un juez no puede inventarse la ley, ni salirse de sus cauces, por mucho que le reviente una injusticia manifiesta. 

¿Por qué les salgo con esto? Obviamente, por un par de sentencias de reciente publicación, así como sus consecuencias procesales posteriores, y que son de las que afectan profundamente a la opinión pública. Sí, me estoy refiriendo a los casos del Instituto Nóos y las llamadas “tarjetas black”.

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La vergüenza

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Cristina de Borbón.

El viernes, 17 de febrero, a las doce del mediodía, se dio conocimiento a una sentencia que la opinión pública llevaba meses esperando. Al menos, meses a contar desde el 22 de junio de 2016, fecha en que la presidenta del tribunal pronunció las palabras mágicas: "Visto para sentencia".

Se trata de la Sentencia nº 13/17, dictada en el Rollo de Procedimiento Abreviado 58/2015 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Baleares. ¿Lo qué? Sí, hombre, el procedimiento que dimana de la Pieza Separada nº 25 de las Diligencias Previas 2677/2008 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca. ¿Lo cualo? Lo de Urdangarin y la infanta, hombre. Acabáramos.

¿Y a qué viene semejante pornografía documental, de rollos y piezas, diligencias y procedimientos? Porque la gente se olvida de lo mucho que hay en juego en este tipo de procedimientos por corrupción, y se centra en sus filias o sus fobias personales e ideológicas. Es que la infanta nos robó, claman algunos. Según la única acusación popular que sostuvo cargos contra Cristina de Borbón, ésta habría dejado de pagar unos cientos de miles de euros en concepto de impuestos. No es ninguna tontería, teniendo en cuenta que las sucesivas reformas del Código Penal han ido subiendo los límites del delito de evasión de impuestos, de tal manera que las defraudaciones de menos caché se solventan con una sanción administrativa.

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