Opinión y blogs

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El meme de los memes

Cuando se configuró el actual Consejo de Ministros, y descubrimos que había una cartera encargada, entre otras, de la “Agenda Digital”, Internet se llenó de chistes. Que si al nuevo ministro le iban a dar una PDA, que si navegaría por las superautopistas de la información, y otras expresiones que resultarán desconocidas a los más jóvenes, pero que hacen esbozar una sonrisa nostálgica a los que tenemos cierta edad. Porque “agenda digital” es una de esas expresiones que intentan resultar increíblemente modernas, pero que no pueden evitar ser tan obsoletas que hasta provocan cierta ternura.

Sin embargo, lejos de adaptarse a los tiempos, el Gobierno se ha embarcado en una política errática en su relación con la tecnología. Me refiero, por supuesto, a la anunciada reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

¿No les suena? Sí, hombre, eso de que “el Gobierno quiere prohibir los memes”, como he leído en casi todas partes. O mejor todavía, en un ejemplo más de churrimerinismo periodístico, “convertirlos en delito”. A ver, almas cándidas de tecla fácil, si hablamos de reformar una ley que habla de “protección civil” de un derecho, esto es, que se refiere a demandas presentadas ante la jurisdicción de esa rama, ello significa que estamos fuera de la penal, la única en la que se ventilan cuestiones relacionadas con delitos.

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Esas odiosas comparaciones

Esta semana, he leído un artículo que, en principio, se sale un poco de mi habitual campo de juego, el Derecho Penal. Se trata de una reflexión sobre el distinto trato dado en los tribunales franceses y españoles a una triste realidad: la existencia de controles policiales discriminatorios en función de los rasgos étnicos del ciudadano.

Como les conté en alguna otra ocasión, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen funciones de carácter administrativo, como el control del cumplimiento de la Ley de Extranjería, que van más allá de las competencias que me son más conocidas, las de policía judicial en averiguación del delito e identificación del delincuente.

Así pues, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están facultados para requerir la identificación de una persona cuando sospechen que puede encontrarse irregularmente en España. El problema, como siempre, está en los detalles: concretamente, en qué se considera suficiente para constituir una sospecha fundada. Porque, claro está, tras un par de décadas de constante recepción de migrantes procedentes de las latitudes más variopintas, el color de la piel no es que sea, precisamente, un síntoma distintivo del carácter extranjero del sujeto. Para empezar, el plazo abreviado de adquisición de la nacionalidad española en caso de personas procedentes de países hispanoamericanos, hace que tengamos centenares de miles de compatriotas, con su DNI tan en regla como el mío, pero cuyos rasgos no son precisamente caucásicos. Por otro lado, la adquisición de nacionalidad por principio de ius soli, hace que una cantidad creciente de personas jóvenes, con rasgos africanos o asiáticos, sean perfectamente españoles de nacimiento.

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Lo discutible

En muchas ocasiones, cuando leo alguna noticia sobre la revocación de alguna resolución judicial, incumplo la máxima de la ya extinta cuenta tuitera Don’t Read Comments (@AvoidComments). O sea, que leo los comentarios. Invariablemente, alguno de los comentaristas de dichas noticias se refiere al juez que dictó la resolución revocada exigiendo su inmediato procesamiento (sic) por prevaricación.

El Derecho puede definirse como la forma de encauzar una discusión sin recurrir a la fuerza. En esencia, un juicio es una disputa entre, al menos, dos partes. Pueden llamarse acusación y defensa, en el caso del derecho penal, o demandante y demandado, si hablamos de la jurisdicción civil. Pero en el fondo, se trata de la misma cosa: hay dos que no se ponen de acuerdo en algo, y antes de acudir a solucionarlo a garrotazos, le piden a un tercero que intervenga, escuche sus alegaciones, examine las pruebas y decida. Bueno, lo de pedir, es un eufemismo. Cuando se inicia una acción judicial, mediante denuncia, querella o demanda, el proceso que se inicia a continuación se parece más a invocar al Golem, el mítico monstruo de la vieja leyenda hebrea (que no de la vieja leyendo ebria, que dirían Les Luthiers). Si uno no es muy preciso en las instrucciones que le da al bicho, puede pedirle que recoja agua del río y acabar inundando Praga, como recordaban hace algún tiempo los Todopoderosos en su podcast dedicado a las criaturas de laboratorio.

El juicio terminará la discusión, en el sentido de que habrá una decisión, pero ello no implica que las partes queden conformes. Siempre digo que, si en el afán privatizador de ciertos liberales, terminara por “externalizarse” la Administración de Justicia, sería un negocio ruinoso por definición: dejamos insatisfecho, como mínimo, al cincuenta por ciento de nuestra clientela.

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¿Es que nadie va a pensar en los niños?

Esta semana, tuve ocasión de leer el artículo sobre la retirada de cierta película de un distribuidor de VOD español, Filmin, por miedo “al nuevo Código Penal”. Tanto se ha criticado el sprint legislativo en el tramo final de la penúltima legislatura, que se olvida que hasta el reloj parado da la hora correcta dos veces al día.

Y varias de las reformas introducidas en el Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de abril, eran necesarias. Entre otras cosas, porque nos lo exigían las normas comunitarias y tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección penal de la infancia.

Recuerdo que una de las cosas que más se tachó como “reaccionaria” fue la elevación de la llamada “edad de consentimiento” para las relaciones sexuales. Veamos de qué trata todo esto, y si es reaccionario o no.

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El pacificador

Esta semana, he podido ver este vídeo del programa de Stephen Colbert, del que sólo lamento no tener un mejor dominio del inglés, para poder disfrutarlo sin subtítulos.

Atención, no traten de imaginar a nuestro recién investido homólogo español desenvolverse con esa soltura, o corren el riesgo de que les explote la cabeza. Sin embargo, lo que más gracia me ha hecho, con diferencia, sucede a partir del minuto 2’45”, cuando el entrevistador de empleo pregunta a Barack Obama por sus premios o méritos reconocidos en su último empleo, y el presidente estadounidense menciona el premio Nobel de la Paz. Impertérrito, el entrevistador le interroga: “Ah, ¿sí? ¿Y por qué se lo dieron?”. La respuesta: “La verdad es que no lo sé”.

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Ataques y protestas

Hace unas semanas, fue noticia el ataque de denegación de servicio distribuida (DDoS) del que fueron víctima los servidores DNS de una empresa que suministra el servicio a media Internet. Al poco, y según algunas fuentes, se supo que detrás de la acción estaría la misma WikiLeaks, la organización de Julian Assange, y que el motivo sería la represalia por el corte de conexión a la red sufrido por su líder en su encierro en la embajada ecuatoriana en Londres. Vamos, lo que viene siendo un acto de protesta política.

Lo traigo a colación porque, en su día, al hilo de las andanzas de Anonymous y sus "visitas masivas" similares a páginas como las de SGAE o la Junta Electoral Central, hubo quien dijo que estos ataques no eran otra cosa que "sentadas digitales". Una especie de manifestación, algo legítimo, vamos.

Curiosamente, eso se lo leí a juristas que pertenecen a la misma corriente doctrinal que sostiene que cualquier cosa que aparezca en una página web es una publicación protegida por el derecho a la libertad de expresión, siendo ilícita cualquier restricción de la misma no autorizada por orden judicial. Es lo que tenemos los de Derecho, que podemos sostener una cosa, y al día siguiente la contraria, sin sonrojo. 

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Desobediencia de postureo

37 Comentarios

El tercer teniente de alcalde, Josep Téllez, rompe la resolución de un juzgado barcelonés contra su voluntad de abrir las dependencias municipales en el Día de la Hispanidad, momentos antes de la apertura del recinto.

Imagino que conocen la famosa Ley de Godwin: "A medida que una discusión en Internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno". Pues bien, a este paso, en este país vamos a terminar creando un enunciado similar: en todo debate sobre pasarse el ordenamiento jurídico vigente por el arco del triunfo, la posibilidad de que aparezca una mención a Rosa Parks o a Gandhi tiende a uno. En realidad, no sería más que el reverso de la otra, pues habitualmente, los mismos que sacan a colación la desobediencia civil mencionan a los alemanes bajo el III Reich como ejemplo de a dónde conduce el excesivo respeto a las leyes. 

Pero vayamos a los antecedentes jurídicos del caso que nos trae aquí. Hay un Estatuto de los Trabajadores, texto refundido actualmente vigente desde 1995, cuyo artículo 34 establece la fiesta del 12 de octubre como una de las cuatro inamovibles del calendario, junto con Navidad, Año Nuevo y el Día del Trabajo. Hay otros ocho días festivos nacionales, pero estos pueden ser modificados por las comunidades autónomas para dar cobijo a alguna festividad propia.

Curiosamente, una de las cuatro intocables, el 1 de mayo, es una festividad bastante autorreferente, pues conmemora el sacrificio de la lucha obrera que nos trajo derechos como, precisamente, los días de fiesta remunerados. No parece, precisamente, una norma tan injusta como la que obligaba a los ciudadanos estadounidenses de origen afroamericano a ir en la parte de atrás de los transportes públicos.

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Permanecer en el economato

Esta semana he leído un artículo sobre la polémica desatada en el mundillo literario, a raíz de que haya sido desenmascarada una autora que lleva publicando bajo seudónimo desde 1992. Se trata de Elena Ferrante, de la que confieso no había oído hablar hasta la fecha, pero que parece ser todo un fenómeno de masas. La cosa me recuerda un poco al affaire suscitado por Richard Bachman, nom de guerre que adoptó Stephen King a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, después de que sus editores le dijeran que el mercado estaba saturado con su prolífica producción. Curiosamente, los libros publicados bajo dicho alias se cuentan entre los mejores del escritor de Maine, y además, algunos afrontan una temática hasta entonces inédita en él, como es la ciencia-ficción distópica de "El Fugitivo" o "La larga marcha". 

Por obvias razones, me siento profundamente concernido por todo lo relativo a los autores que publican bajo seudónimo, ya sea libros en formato "árbol muerto", ya sea on line. En algunos casos, se cae en el churrimerinismo de decir que quienes escribimos bajo un seudónimo actuamos "amparados por el anonimato", se nos acusa de maldades varias, o se llega a discutir el derecho de un medio "serio" como eldiario.es a dar cobijo a semejantes personajes. Porque aquí somos, al menos, dos los que escribimos con el nickname de nuestras respectivas cuentas de Twitter: Barbijaputa y servidor de ustedes. 

Empezaremos por el principio. No es lo mismo escribir un anónimo que firmarlo bajo seudónimo. El anónimo suele asociarse a fines turbios, como los chantajes o las amenazas, aunque lo cierto es que hay obras cumbres de la literatura mundial que quedaron sin autor conocido. Por ejemplo, "La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades". En Internet, muchos foros primitivos permitían publicar sin ningún dato identificativo. Por ejemplo, el conocido sitio de imágenes "4Chan". Eso sí, para poder asignar un enlace permanente a los comentarios, se les rotulaba como "Anonymous". Con el tiempo, la multitud de Anonymous que escribían en 4Chan se dieron cuenta de su poder como colectivo, y empezaron a hacer algunas trastadas, como influir en la votación popular para escoger el lugar de celebración de un concierto de la estrella adolescente Justin Bieber, al que decidieron mandar a Pyong Yang. De ahí pasaron a los ataques de denegación de servicio, empezando por la Iglesia de la Cienciología, y el resto es historia conocida. Había nacido el colectivo Anonymous, con su avatar trajeado con careta de Guy Fawkes, y su archiconocido lema de "Somos legión". 

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El concurso

El promotor de la fiesta del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Esta semana, oculta entre otras noticias, como ese crossover de Juego de Tronos y House of Cards que ha protagonizado la plana mayor del PSOE, se ha conocido la sentencia del caso conocido como la tragedia del Madrid Arena. 

Creo que, a estas alturas, podemos ahorrarnos detalles sobre la fiesta, las entradas, el aforo y demás. La muerte de cinco chicas en tan desgraciadamente absurdas circunstancias ha hecho que el relato de hechos sea contado hasta la saciedad.

Tampoco me extenderé sobre la culpabilidad o inocencia de aquellos acusados que han quedado absueltos. Entre otras cosas, porque la sentencia es definitiva, o sea, pone fin a este juicio, pero no firme, ya que cabe recurso contra ella. Y previsiblemente, será recurrida por unos y otros.

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La transubstanciación de las pruebas

Hoy ha sido noticia en todos los informativos el comienzo del juicio por el asunto de las llamadas "tarjetas black", término que aborrezco, como ya les conté en alguna ocasión.

Como en todos los juicios con letrados de postín en la defensa, máxime en un proceso con más de sesenta acusados, las primeras jornadas se nos irán en la presentación de las cuestiones previas.

Éste es un trámite que contempla la ley para que, antes del comienzo de las sesiones propiamente dichas, las defensas puedan alegar alguna circunstancia sobre la que haya que decidir con antelación. Por ejemplo, porque haría imposible o absurda la continuación del mismo, como sería la cosa juzgada: si un asunto ya ha sido juzgado y sentenciado, no puede haber un segundo pronunciamiento sobre el mismo.

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