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Sueño con un fiscal especial, qué me has dado

El exdirector del FBI, Robert Mueller, actual fiscal especial para investigar la relación de Trump con Rusia

No hay día que no se me atragante el desayuno con un nuevo caso de corrupción. Ya saben, esos "sucesos aislados" que no significan nada, que no implican la existencia de una corrupción estructural, inherente al mismo sistema político en el que vivimos. Sí, eso era sarcasmo.

Pero, en estos últimos tiempos, lo que casi consigue que se me vaya el café por el lado que no es son las decisiones tomadas en las alturas del Poder Judicial. Ese que se escribe con mayúsculas, que no tiene nada que ver con los currantes de la Justicia, con las trincheras de los juzgados de instrucción. Ese que está compuesto por gente que hace décadas que no se come una guardia con diez, veinte o cuarenta detenidos.

Me refiero a nombramientos en fiscalías de las que llevan asuntos de la máxima relevancia, por supuesto, pero últimamente también nos sobresaltan las designaciones de magistrados que presiden salas penales. Una vez más, traigo a colación las palabras de Joaquín Bosch Grau, portavoz de Jueces para la Democracia, quien resume como nadie estas cuestiones en 140 caracteres:

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Ataques en tiempos de paz: yo también "quiero llorar" (wanna cry)

Rasomware ‘Wannacry’, que ha infectado a cientos de miles de ordenadores con sistemas Windows.

El viernes de hace dos semanas, arrancamos la jornada abruptamente, con la noticia de un ataque informático a gran escala, que habría afectado a una de las mayores empresas de este país. Tras unas horas de incertidumbre, empezamos a tener algunos detalles técnicos sobre la causa del follón: un ransomware, una miasma digital de la que ya hemos hablado por aquí. Este espécimen, en concreto, ya había sido liberado meses atrás, y había pasado sin pena ni gloria. Pero la nueva versión llevaba un "suplemento" adicional: disponía capacidades de gusano, aprovechando la vulnerabilidad bautizada como 'Eternal Blue', que consiste en un fallo del protocolo SMB que le permite propagarse indiscriminadamente, dentro de una red local, a través del puerto 445.

¿Lo qué? Vale, tampoco me pidan explicaciones demasiado técnicas, ni que les destripe el código del bicho, para eso ya tiene doctores la Iglesia Hacker. Dentro de los diversos protocolos de comunicaciones existentes, SMB se utiliza para compartir archivos e impresoras entre distintos usuarios de una red interna que funcionen bajo sistema operativo Windows.

Lo curioso de este "bug", de este fallo, es que fue descubierto y explotado durante años con la más absoluta impunidad por la NSA, la infame Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, hasta que un grupo autodenominado 'Shadow Brokers' irrumpió en su cripta de los secretos, se llevó dicha información y la publicó. A partir de ahí, alguien hizo uso de ese conocimiento para "vitaminar" el código de WannaCry, uno de los nombres que recibe el bicho, y convertirlo en algo parecido a una variante del Ébola con la capacidad de contagio de la gripe común.

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Madre no hay más que una, o dos

Hoy vamos a dejar un poco de lado las cuestiones jurídicas relativas a casos de corrupción, y vamos a tratar un asunto al que, sin dejar de ser candente actualidad, le llevo dando vueltas mucho tiempo. No me atrevía a meterle la tecla, porque se sale de la jurisdicción penal, mi "zona de confort". Pero como el debate se ha agudizado, y además, coincide con el del Día de la Madre celebrado el pasado domingo, parece que va tocando.

Verán, al poco de mi incorporación al mundo de la Justicia, se publicó una noticia que me dejó un tanto fuera de juego: Carmen Cervera, más conocida como "Tita", había sido madre a la edad de 64 años, aunque llegó un par de días tarde para ver el parto. Vamos, como aquel chiste del sin par Gila:

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Así no, gracias

Hace algunas semanas que no se habla de uno de los planes estrella del Ministerio de Justicia para esta legislatura: poner la instrucción penal en manos de los fiscales. Evidentemente, con la que está cayendo, no está el horno para bollos. Raro ha sido el día de las dos últimas semanas en el que no hemos amanecido con un sobresalto sobre la situación en determinadas fiscalías que llevan casos especialmente peliagudos. Particularmente en Anticorrupción.

Así las cosas, cualquier insinuación sobre el tema sería una maniobra suicida, invocar las iras del averno sobre quien plantee la cuestión. Incluso los medios de comunicación más proclives al Gobierno se hacen eco de lo que parecen ser intromisiones del Ejecutivo en la labor de los fiscales, y los propios miembros de la carrera fiscal están en “shock”. La frase del presidente de la Unión Progresista de Fiscales en este artículo es para enmarcar:

Hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses y recuperarla va a costar mucho tiempo más.

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Discrepancias y aclaraciones

Evidentemente, no puedo contarles nada sobre la Operación Lezo, no sólo porque se trata de una causa bajo secreto de sumario, con lo cual cometería un delito, como recuerda la nota de prensa publicada por la Fiscalía General del Estado. Es que, aunque quisiera cometer tal acto ilícito, no podría, pues carezco de cualquier fuente directa sobre el tema.

Toda mi información proviene de artículos que he podido encontrar sobre el tema, como éste y sobre todo, este otro. Pero sé cómo funcionan los engranajes internos, conozco el código de programación. Así que, haciendo un poco de ingeniería inversa, cual si estuviéramos en un capítulo de ' Halt and Catch Fire', creo que podré explicarles lo que puede estar pasando.

Como sabrán casi todos ustedes, el Canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, que gestiona el abastecimiento de agua para sus ciudadanos. O sea, una infraestructura imprescindible, que utiliza y sufraga hasta el último sus más de seis millones de habitantes. De su importancia y tamaño, cual Paco Martínez Soria de nuestros días, me enteré en uno de mis primeros viajes profesionales a Madrid, cuando le pregunté a un oriundo qué narices era ese campo de golf que había en mitad de Chamberí.

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Y al tercer día...

Esta semana, aunque la mayoría de los medios de comunicación generalistas no han hecho otra cosa que repetir imágenes de procesiones de Semana Santa, se ha producido un evento noticioso de gran relevancia. Y como siempre, en estos casos, ha pasado prácticamente desapercibido.

Recapitulemos. Un colectivo, autodenominado Shadow Brokers, ganó cierta celebridad en el mundillo de la seguridad informática el año pasado, tras haber conseguido acceder a las herramientas de espionaje usadas por la NSA, la conocida Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. No se trata del trabajo de un insider, como Edward Snowden, quien trabajando desde dentro consiguió desvelar al mundo entero las más que cuestionables técnicas de la inteligencia norteamericana. Al contrario, se trata de un grupo de hackers que penetraron en el corazón de una de las más opacas agencias federales yanquis desvelando su secreto arsenal tecnológico.

Durante este largo fin de semana, en mis redes sociales comenzaron a aparecer menciones a una nueva filtración, hasta que se despertó mi curiosidad y llegué a este post de Genbeta, donde explican brevemente la cuestión.

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El precio de la verdad

Esta semana, he decidido mantenerme un poco al margen de la más rabiosa actualidad, y tomarme un tiempo para leer detenidamente una sentencia que llevaba tiempo con ganas de digerir. Se trata de la nº 116/2017, de 23 de febrero, dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, aunque les resultará más fácil reconocerla si nos referimos a ella como la que valida la conocida como "Lista Falciani", como fuente de prueba para condenar a evasores fiscales.

La historia ya ha sido glosada por la prensa, al margen del análisis más o menos profundo que hayan hecho de sus cuarenta y cinco folios: la Audiencia Provincial de Madrid condenó a un caballero que declaraba unos ingresos de poco más de cuarenta y pico mil euros anuales, un humilde jubilado que, en realidad, disponía de varias sociedades en paraísos fiscales, valoradas en varios millones de euros. Por supuesto, el pensionista en cuestión jamás había dado cuenta a la Agencia Tributaria de su exhorbitante patrimonio, ni había cotizado un solo céntimo por dicha cantidad.

El jubilado en cuestión manejaba su dorado retiro a través de la filial suiza de banca privada del Hong Kong & Shangai Banking Corporation de Todos los Santos, HSBC para los amigos. Cuando hablamos de "banca privada", es un eufemismo del negocio para referirse a aquellos clientes a los que, por su abultada cartera de activos, las entidades financieras consideran merecedores de un trato preferente. Este privilegio suele referirse a sucursales exclusivas a las que no puede acceder el común de los mortales, y en las que, si entra algún jubilado, no es a actualizar su libreta con unos pocos cientos de euros, precisamente. Una acepción menos admisible de "banca privada" es aprovechar la ingeniería financiera transnacional para, como hemos contado en alguna que otra ocasión, sacar dinero del país sin que lo huelan las autoridades.

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Consecuencias inesperadas del caso Cassandra

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Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal

Esta semana, se ha publicado la sentencia sobre un asunto al que ya le dediqué en su día un artículo: el de la usuaria de Twitter llamada Cassandra (@kira_95), juzgada por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en su modalidad de humillación a las víctimas.

Una vez que el público en general ha tenido acceso al texto íntegro de la sentencia, que todavía no es firme, hay muchas cuestiones que analizar y discutir, al margen de los hechos concretos del caso.

En primer lugar, se ha discutido en instancias políticas sobre la misma existencia del tipo penal de enaltecimiento del terrorismo, que se encuentra en el artículo 578 del Código Penal. En realidad, deberían preguntárselo a los integrantes del bipartidismo vigente en este país desde la Transición. Porque, aunque la redacción actual se introdujo en 2015, gobernando el PP, dicha reforma se limita a elevar las penas e introducir subtipos agravados, como el de difusión por Internet. Pero el núcleo del delito está vigente desde 2000, y sobrevivió a dos legislaturas de gobiernos socialistas sin que se modificara ni una coma.

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La verdad sobre el caso Mas, y los demás

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6F;Artur Mas;Irene Rigau;Joana Ortega; Judici Mas; TSJC

Esta semana se ha hecho pública la condena a Artur Mas y otros dos altos cargos de la Generalitat de Catalunya, por impulsar y organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Por supuesto, la sentencia ha dado y dará que hablar, ya que no sólo no es firme, sino que la reacción de los condenados ante la misma puede determinar su futuro más inmediato, como explicaba escuetamente Carlos Sánchez Almeida:

Aunque no sea firme la sentencia, la Ley Electoral impide a Artur Mas presentarse a elecciones. Si se ejecuta, candidato en dos años.

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¿Sentencias incomprensibles o incomprendidas?

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Hoy me trae hasta ustedes la petición de un seguidor de Twitter, que me interpeló el otro día, al hilo de una sentencia reciente. Se trata del caso de una niña víctima de abusos sexuales, cuyo autor ha sido condenado recientemente a una pena de tres años y nueve meses de prisión.

Sin embargo, ha sido un fundamento de la sentencia el que ha desatado la polémica, pues ésta dice que “la niña no se resistió”. Y claro, se ha liado.

Debo decirles que todo delito sexual contra menores, en mi opinión como ciudadano y progenitor, merece penas que no están en nuestro Código Penal. Porque lo de desmembrar al reo atando sus extremidades a cuatro caballos percherones creo que lo abandonamos en tiempos de los visigodos.

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