Opinión y blogs

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La transubstanciación de las pruebas

Hoy ha sido noticia en todos los informativos el comienzo del juicio por el asunto de las llamadas "tarjetas black", término que aborrezco, como ya les conté en alguna ocasión.

Como en todos los juicios con letrados de postín en la defensa, máxime en un proceso con más de sesenta acusados, las primeras jornadas se nos irán en la presentación de las cuestiones previas.

Éste es un trámite que contempla la ley para que, antes del comienzo de las sesiones propiamente dichas, las defensas puedan alegar alguna circunstancia sobre la que haya que decidir con antelación. Por ejemplo, porque haría imposible o absurda la continuación del mismo, como sería la cosa juzgada: si un asunto ya ha sido juzgado y sentenciado, no puede haber un segundo pronunciamiento sobre el mismo.

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Derecho de algoritmos 101

Al comenzar a teclear este artículo, pensé en comenzar por un complicado ejemplo de accidente de un coche con funciones de conducción autónoma. Luego me enteré de que el asunto ya ha sido tratado en la magnífica “The Good Wife”, en el séptimo capítulo de su última temporada, titulado “Driven”, que todavía tengo pendiente de ver. Y por supuesto, la realidad no tardó en imitar al arte, ya tenemos el primer caso de un flamante Tesla Model S involucrado en un accidente mortal mientras su ¿conductor? veía una película. 

¿Me voy a meter hoy con la rebelión de las máquinas? No exactamente. Lo que reflejan estos incidentes es la problemática jurídica que provoca una máquina tan avanzada que llega a sustituir al ser humano en actos que implican toma de decisiones complejas. ¿Quién es el responsable, el humano o la máquina? En realidad, mientras no empecemos a considerar la emancipación jurídica de las inteligencias artificiales, es una disyuntiva bastante tramposa: la responsabilidad, por definición, sólo puede corresponder a un ser humano con conciencia y voluntad, que toma una decisión.

Pero refleja un problema que ya está entre nosotros. Cada vez más, la tecnología condiciona nuestra realidad jurídica. Dependemos de tal forma de sistemas informáticos, que llegan a sustituirnos en la toma de decisiones, que dilucidar la responsabilidad jurídica de determinadas acciones va a llevarnos a tener que examinar el código informático que subyace a esas acciones. Obviamente, llevar eso a juicio requerirá el concurso de un perito informático que pueda explicar semejante galimatías a un juez.

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Acoso en los grandes almacenes

Una constante de las relaciones entre la prensa y los tribunales del orden penal es lo problemático que resulta el uso, por el legislador, de términos incorporados al lenguaje coloquial, pero con un sentido distinto al que les da el ciudadano medio. 

La estrella de estos equívocos es el ensañamiento, que está definido en la ley con un significado bastante distinto al que se le pasaría por la cabeza a cualquiera. Al menos, a cualquiera no contaminado por el paso por una facultad de Derecho.

El caso es que esta semana se ha conocido una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que se absuelve a un jefecillo subalterno de El Corte Inglés de la acusación de acoso sexual que pesaba contra él.

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Continúa el culebrón de Otegi

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Hace unos días se ha hecho pública la decisión de la Junta Electoral de Gipuzkoa sobre la admisión de las candidaturas presentadas en su territorio por los distintos partidos políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas del País Vasco. Como era de esperar, la de EH-Bildu ha sido rechazada por irregular, al ir encabezada por una persona inhabilitada para el derecho de sufragio pasivo: Arnaldo Otegi.

Hace algunos meses, allá por marzo de este año, ya escribí una pieza sobre esta cuestión, tratando de centrarme en las cuestiones técnicas legales, siendo la clave del asunto la naturaleza de la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.

Con la convocatoria anticipada de elecciones por parte del lehendakari Urkullu, esta cuestión ha vuelto a ponerse de actualidad, y por ello, han vuelto a aflorar las opiniones sobre el tema, tanto en las redes sociales de políticos de diverso signo, como en artículos  publicados en prensa.

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35 borrados y un rayado desesperado

Les decía la semana pasada que se habían publicado, simultáneamente, varias noticias sobre ordenadores y discos duros relacionados con casos de corrupción. Por supuesto, la estrella de todas estas informaciones fue la decisión de la titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid de tirar para adelante con el asunto de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas.

En lenguaje técnico, la resolución se conoce como “auto que ordena continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado”, y en versión un poco más corta, “auto de acomodación procesal”, o “auto de P.A.”, para los iniciados. A partir de aquí, se cierra la fase de diligencias previas, donde las partes pueden solicitar medidas de investigación, y arranca la llamada “fase intermedia”, en la que se da traslado a las acusaciones para que puedan formular su escrito de calificación, paso previo a que se abra el juicio propiamente dicho. 

La importancia de este papelote, que pueden consultar on line en numerosos repositorios de medios de comunicación, es que cierra el relato de hechos. A partir de aquí, las pruebas a favor o en contra, y la discusión sobre inocencia o culpabilidad, versarán exclusivamente sobre la historia que se nos cuenta en el auto, sin que se puedan introducir hechos nuevos, ni acusar a personas distintas de las que se mencionan en él. 

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El ordenador del fiscal

La pasada semana tuvieron su hueco en los medios varias noticias que relacionan dispositivos informáticos con casos de corrupción. Concretamente, hablamos de ordenadores que contienen documentos sobre procesos judiciales en marcha, desde distinta perspectiva.

En particular, aunque no fuera el que mayor repercusión tuvo, me llamó la atención el robo sufrido en el domicilio familiar del fiscal delegado de Anticorrupción en la Fiscalía de Murcia, quien lleva asuntos relacionados con tramas urbanísticas delictivas en las que, oh sorpresa, aparecen como investigados altos cargos de la formación que gobierna en dicha comunidad y muchos de sus ayuntamientos, el Partido Popular.

Si fuera Nietzsche, les hablaría del eterno retorno, porque lo cierto es que ya he hablado de estos temas, o de otros relacionados, en más de una ocasión. Y los hechos me siguen dando la razón.

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Facu y el Pequeño Hermano

Esta semana tenía en preparación un artículo en el que divagaba un poco. El verano, las vacaciones, el interminable proceso de formación de gobierno… No me venían a la cabeza muchos asuntos que requirieran de análisis jurídico, la verdad. Sin embargo, repasando el timeline de mi cuenta de Twitter, resulta que Ángel Calleja  me remite a este hilo de Facu Díaz, a quien recordarán de otras apariciones en este blog. Y se me enciende la luz roja de "alguien la está cagando muy fuerte".

Sobre la actuación de determinados policías en Lavapiés. Luego, que si no hace falta un plan específico. https://t.co/ZMrhCbgI1N

Recapitulemos. El risueño Facu se pasea por Lavapiés, cuando se encuentra con un bochinche bastante importante, a cuenta de una detención policial. No me voy a meter en las razones de la misma, pues las desconozco, y a lo que parece, el protagonista tampoco las tiene muy claras. El caso es que tira de smartphone y se pone a grabar la actuación policial, pues a su juicio está siendo excesiva.

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Toros, tuits y rap

Esta semana han coincidido en el tiempo diversas noticias que involucran a los tribunales con la red social del pajarito, a cuento de la tan traída y llevada libertad de expresión. Lo primero que quisiera decir al respecto es que el hecho de que se trate de una libertad fundamental no significa que sólo deba emplearse para decir cosas bellas o ingeniosas. Precisamente, la esencia de ser una libertad del ciudadano es que pueda emplearse para expresar ideas que pueden ser poco agradables, o incluso deleznables. Parece un pleonasmo, pero es importante, no existe libertad cuando ésta sólo sirve a fines correctos y estimables.

Ojo, no soy de los que opinan que se trata de un derecho sin límites. No existe tal cosa, y precisamente por ello existe la figura del abuso de derecho, o del uso antisocial del mismo. La cuestión, como siempre, está en los detalles, en la altura a la que se coloca el listón. En una sociedad democráticamente sana, ese listón debe estar muy alto, sólo aquellas expresiones más decididamente dañinas para el cuerpo social deben ser rechazadas, y sólo las más graves deben tener un reproche penal. No olvidemos que el Derecho Penal es la última línea de defensa, la última barrera que debe colocarse para proteger la convivencia. Dicho esto, la cuestión de los límites a la libertad de expresión es como la receta de la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla, prácticamente tendrá tantas respuestas distintas como personas a las que se les haga la pregunta. Pero, manejándonos en las procelosas aguas del Derecho Penal, esa variedad de respuestas es, en sí mismo, la respuesta: si el carácter punible ofrece dudas, no deberíamos ir por esa vía.

Pero vayamos a lo concreto, de mayor a menor desarrollo procesal de cada caso. En el día que empiezo a escribir estas líneas, se ha celebrado el juicio contra Cesar Strawberry, miembro del grupo DefConDos. Una de las peculiaridades llamativas de este caso es que ha habido juicio. Es decir, se diferencia de otros procesos que terminaron con una sentencia de conformidad, sin necesidad de celebrar el juicio, debido a que el acusado reconocía los hechos, aceptaba la calificación jurídica de los mismos y se conformaba con la pena reclamada por la acusación, frecuentemente tras una negociación para obtener una rebaja en la petición de condena.

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Leyes obsoletas

Andaba estas últimas semanas un tanto descentrado, sin encontrar tema que echarme a la tecla, cuando una de mis lectoras habituales ha acudido al rescate, sirviéndome el enlace en bandeja, vía Twitter.

La noticia se refiere a una resolución de un juez federal estadounidense, en una de las múltiples causas judiciales abiertas a raíz de la operación " Plaype", pero para entender de qué va el asunto hay que hacer un poco de retrospectiva.

Playpen era el nombre de un foro oculto en la red TOR, punto de encuentro de pederastas que intercambiaban su repulsivo material aprovechando el anonimato que brinda esta tecnología. El FBI, gracias a la colaboración policial internacional, consiguió localizar el servidor de esta página en una empresa de hosting de Carolina del Norte e identificar a uno de sus administradores. Tras detenerle e incautar el material informático, acudieron a un juez para obtener una orden que les permitiera continuar con sus pesquisas, lo que en derecho anglosajón conocen como search warrant.

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Artículos y sentencias

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Habrán visto la noticia en la mayoría de los medios, que ha generado gran indignación popular: un joven, condenado a cinco años de prisión por haber pagado con una tarjeta falsa la ridícula cantidad de ochenta euros, debe ingresar en un centro penitenciario después de seis años de los hechos. 

A continuación, vemos la petición de pena que articula la Fiscalía para los delitos que supuestamente cometió uno de los hijos del clan Pujol, y apenas es superior en dos meses. 

Un meme que compara ambas noticias ya circula por diversas redes sociales. La indignación popular es la única reacción lógica, por los motivos ya habituales: la Justicia es sólo para los pobres, los ricos y poderosos siempre salen bien librados, etc.

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