Ha sido la gran pesadilla para miles de ahorradores en Andalucía en los últimos años. Para ellos –y para muchos otros-, el término financiero “participaciones preferentes” se ha convertido en algo tan conocido como “libreta de ahorro” o “cuenta corriente”.

La chispa saltó en enero de 2012 cuando comenzaron a conocerse las primeras reclamaciones de personas que habían contratado participaciones preferentes y que veían cómo no podían sacar su dinero en un tiempo indefinido. Tras las primeras reclamaciones, se descubrió todo un reguero de 46.616 afectados, según estimaciones ofrecidas a eldiario.es/andalucia por la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz.

Según Rafael Fernández, coordinador en Andalucía de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), los afectados serían más: entre 60.000 y 70.000 andaluces. Las cifras se han obtenido en función de estimaciones o según los datos facilitados por aquellas entidades financieras que han mostrado su disponibilidad. No obstante, a día de hoy, habría entre 20.000 y 30.000 personas que aún tienen su dinero atrapado en preferentes, ya que el resto han conseguido rescatarlo tras las soluciones ofrecidas por los bancos ante la alarma social generada y las protestas.

¿El dinero atrapado en Andalucía?

El dinero atrapado en Andalucía por las preferentes asciende a la cifra de 1.055.589.600 euros (más de mil millones de euros) y Dolores Muñoz, apunta que es la cantidad ofrecida por las entidades que han colaborado en dar información, por lo que esos mil millones “distan de ser la cifra real ya que está bastante por encima de esto”.

La principal entidad que ha comercializado preferentes en la región andaluza ha sido CaixaBank ya que llegó a tener un depósito de 1.042 millones de euros en preferentes, comercializadas a cerca de 25.000 personas. Eso sí, Muñoz quiere apuntar que la propia CaixaBank había ofrecido soluciones a la mayor parte de sus ahorradores cuando Consumo contactó con ellos en abril.

Rafael Fernández, de Adicae, señala que los ahorradores andaluces que siguen atrapados en preferentes son principalmente los que ingresaron sus ahorros en Bankia –unos 10.000-, y un número menor en Catalunya Caixa y Novacaixa Galicia.

Pero en general, la pesadilla de las participaciones preferentes está cerca de pasar a la historia como uno de los episodios que más ha convulsionado a los pequeños ahorradores españoles en tiempos de crisis. Es así porque actualmente las entidades financieras han solucionado el problema en más de un 95 por ciento de los casos.

Responsabilidades

La Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA), la Fiscalía Superior de Andalucía y asociaciones como Adicae han pasado a la acción para, primero, solucionar el problema de las preferentes, y segundo, depurar responsabilidades, si las hubiera.

La Fiscalía Superior de Andalucía emitió a finales de año unas diligencias de investigación penal a raíz de un escrito del Defensor del Pueblo Andaluz en el que José Chamizo trasladaba “numerosas quejas” de personas afectadas por participaciones preferentes “denunciando la falta de información sufrida y el abuso cometido” por las entidades financieras.

Previamente, la propia Fiscalía publicó un decreto con el que recopiló “un ingente número de denuncias” recibidas directamente en la Fiscalía Superior de Andalucía, en las fiscalías provinciales; 388 enviadas por el Defensor del Pueblo Andaluz y 315 remitidas por la Secretaría General de Consumo de la Junta.

La Fiscalía detalla en estas diligencias que la Unidad de Policía Judicial ha realizado un análisis “pormenorizado” sobre “un número significativo” de las denuncias interpuestas ante el Defensor del Pueblo Andaluz –al servir de muestreo- y “se puede concluir que ha existido una mala praxis generalizada por parte de las entidades financieras denunciadas”.

La Policía ve esta mala praxis en no observar “escrupulosamente” las directrices comunitarias, en la vulneración de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores “y en los casos más graves, en la utilización del engaño”, “no siendo descartable, incluso, en algún supuesto, la utilización de fondos existentes en libretas de ahorro o imposiciones a plazo para la suscripción” de las participaciones preferentes “sin el consentimiento del titular”.

Finalmente, el fiscal superior de Andalucía, Arturo Gómez, dice que, tras la investigación inicial realizada en el territorio andaluz, es “razonable”, dada “la gran cantidad de denuncias recibidas”, remitirlas a las fiscalías provinciales para que investiguen por provincia.

En ese punto se encuentra ahora la justicia respecto al asunto: esperando a la resolución de esas diligencias en cada provincia y ver en cada caso si se abren procedimientos penales.

En espera de las sanciones

Por su parte, la Secretaría General de Consumo de la Junta ha abierto expedientes sancionadores contra algunas entidades financieras. En el caso de CaixaBank, esta caja se enfrenta a una sanción superior a los dos millones de euros. En su investigación, Consumo detectó irregularidades en la comercialización de preferentes, como ofertar servicios sin cumplir los deberes de información; incumplir requerimientos de la propia administración o incumplir funciones que imponen las disposiciones vigentes.

Muñoz deja claro que, aunque los bancos hayan buscado soluciones, “la comercialización irregular” se efectuó “abusando de la posición de debilidad y la confianza de muchas personas”.

Si todo funciona según lo previsto, el asunto de las participaciones preferentes podría quedar cerrado este mismo año.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) sigue confirmando, a golpe de sentencia, las sanciones impuestas en su día por el Ministerio de Economía contra ex consejeros y altos cargos de CajaSur como consecuencia del expediente abierto tras la intervención, el 21 de mayo del 2010, de la antigua caja cordobesa.

Los afectados habían presentado recursos ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio de Economía de sancionarles por su gestión al frente de la caja pero, de momento, no les están dando la razón.

Ya a primeros de abril de 2013, la AN emitió sus primeras dos sentencias en las que ratificaba la multa de 142.000 euros para el vicepresidente segundo, el canónigo Fernando Cruz-Conde, y 49.000 euros para Miguel Contreras, ex vocal del consejo de administración de la caja.

Ahora ha sido el turno para 12 ex consejeros, la mayoría de IU y PSOE, que tenían designados diferentes cargos en la caja cordobesa y que tendrán que pagar un total de 535.000 euros.

En la sentencia, facilitada a eldiario.es/andalucia, la Sala de la Audiencia confirma las siguientes multas:

El exvicepresidente Salvador Blanco (78.000 euros) -PSOE, nombrado en representación de la entidad cofundadora, la Diputación-; ex alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), (41.000 euros); el vicepresidente tercero, Juan Ojeda -PP, nombrado en representación de la Junta de Andalucía- (74.000 euros); el actual secretario provincial del PSOE cordobés, Juan Pablo Durán, (64.000 euros); el ex portavoz de IU en la Diputación Andrés Hens (56.000 euros); María de los Ángeles Delgado (49.000 euros); Francisco Pulido (51.000 euros); la ex concejal del PSOE en Lucena María José Lara (26.000 euros); el ex concejal de IU en Córdoba Francisco Cárdenas (20.000 euros); la ex alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz (23.000 euros); el ex alcalde de Lucena José Luis Bergillos (33.000 euros) y la ex alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz (20.000 euros).

Son, en definitiva, 12 miembros designados en su día por los partidos políticos para formar parte del consejo de CajaSur.

La resolución de la Audiencia

Los 12 recurrentes habían alegado ante la Audiencia cerca de una decena de argumentos para evitar la multa. Entre ellos, el principal es que los 12 exconsejeros políticos entraron a formar parte de la caja cuando ésta ya se encontraba inmersa en los problemas financieros y de solvencia de los hechos por los que se les quiere multar. Es más, ellos dicen en su recurso que “trataron por todos los medios superar los desequilibrios” y piden que “el reproche más intenso” se dirija hacia quienes fueron responsables entre 2002 y 2004.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala, no obstante, que la situación de CajaSur a partir de 2004, “lejos de mejorar, no hizo sino empeorar de forma significativa y grave” y aclara que estos 12 recurrentes “participaron en la toma de decisiones de la entidad y tuvieron conocimiento del desarrollo de la gestión empresarial de la caja”.

La Audiencia reitera que en ese periodo “tuvieron lugar grandes deficiencias en materia de control interno” y “no existieron políticas prudentes de financiación”.

Tras esta desestimación, se espera que en las próximas semanas sigan notificándose sentencias ya que aún quedan 23 recursos por resolver. Entre ellos, los del expresidente, Juan Moreno, el actual obispo auxiliar de Sevilla y también expresidente, Santiago Gómez Sierra, con una multa de 180.000 euros, y el actual alcalde de la capital, José Antonio Nieto, que se enfrenta a una sanción de 18.000 euros.

La decisión del Tribunal Constitucional que obligaba a los ayuntamientos a eliminar de su estructura a los concejales no electos se ha saldado en Andalucía con cambios en cuatro corporaciones que han afectado a ocho cargos de libre designación. Los alcaldes de Sevilla, Málaga, Córdoba y Marbella, todos ellos del Partido Popular, han tenido que reorganizar sus equipos de Gobierno para encajar el cambio impuesto por los tribunales en la Ley de Grandes Ciudades.

De estos casos, el más destacado es el de la ciudad de Málaga. El primer edil, Francisco de la Torre (PP), mantenía tres delegados municipales en el equipo de Gobierno. Uno de ellos, Diego Maldonado, era el segundo hombre fuerte del Consistorio al ser el responsable de Urbanismo, Vivienda y de la portavocía municipal. Maldonado se mantuvo así en la corporación malagueña después de las últimas elecciones en las que quedó excluido de la candidatura del Partido Popular. Sin embargo, su cese no lo aleja por completo de la vida municipal. De hecho, ha sido nombrado Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, lo que en la práctica le mantiene como máximo responsable de una delegación en la que ahora figura como concejal Raúl López. El nuevo portavoz municipal es Mario Cortés.

En una situación similar queda la hasta ahora delegada municipal de Empleo y Promoción Empresarial, Esther Molina, quien ha pasado a ocupar el cargo de Directora General de Promoción Empresarial y de Empleo. Ella, junto a Maldonado, seguirán cobrando lo mismo que en su anterior etapa como delegados municipales. El tercer afectado por esta medida, Miguel Briones, ex responsable de la Junta de Distrito de Teatinos y ex concejal de Cultura en el anterior mandato, ha dejado la política municipal y se ha reincorporado a sus tareas profesionales. El alcalde, Francisco de la Torre, aseguraba que, tras la reforma del equipo de Gobierno, la cuarta desde que se iniciara el actual mandato municipal, se ahorrará dinero a las arcas municipales.

También mantienen su vinculación con el Ayuntamiento los cargos no electos cesados en Marbella. En este caso la recolocación se ha realizado mediante concurso público. Federico Vallés y Baldomero León, quienes ocupaba las responsabilidades de Deportes y Participación Ciudadana, Innovación y Desarrollo Tecnológico respectivamente, son ahora directores generales de las delegaciones que antes tenían bajo su control como ediles no electos. Estas designaciones no han gustado a la oposición, que ha pedido que se anule el concurso. Tanto PSOE como Izquierda Unida mantienen que las nuevas plazas se han diseñado a medida.

En el caso de Córdoba también se han realizado complicados ajustes de puestos para que la sentencia del Tribunal Constitucional no afectara demasiado a la estructura municipal, pese a que la misma afectaba a dos concejales no electos: Miguel Reina, que llevaba Deportes, y Verónica Martos que estaba al cargo de Juventud y Cooperación. Además de ello, la citada sentencia afecta a la Delegación de Personal. En Córdoba, los cambios se han demorado hasta que la sentencia no fue publicada en el BOE la semana pasada.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido varias reuniones para determinar cómo rediseñan la Junta de Gobierno Local y el resultado es el siguiente:

La hasta ahora concejal delegada de Mujer e Igualdad, Eva Pedraza, ha renunciado “por motivos personales y por compromiso y solidaridad” a su acta de edil, lo que ha permitido que Miguel Reina –delegado no electo- tome posesión del acta de concejal electo, por lo que mantendrá sus funciones. Pedraza, sin embargo, seguirá como asesora en el grupo municipal.

La Delegación de Juventud, hasta ahora ejercida por Martos, ha pasado a ser dirigida por la concejal de Participación Ciudadana y Mayores, Blanca Córdoba. La Delegación de Cooperación, que también tenía, es asumida por el portavoz y teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico. Así, Verónica Martos, licenciada en Derecho, podría quedarse como técnico del Consistorio. La delegación que hasta ahora ejercía Eva Pedraza, Mujer e Igualdad, la ocupará la teniente de alcalde de Movilidad, Accesibilidad y Transporte, Ana Tamayo.

Finalmente, la Delegación de Recursos Humanos seguirá con la gestión técnica de la directora general, Antonia Luisa Sola, que sale de la Junta de Gobierno porque la delegación política de dicha materia pasa al concejal de Comercio y Vía Pública, Ricardo Rojas.

En la ciudad de Sevilla la sentencia ha obligado al cese de Demetrio Cabello -abandona la política municipal- hasta hace unos días responsable de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento. Tras conocerse la sentencia presentaba su renuncia al alcalde, Juan Ignacio Zoido, quien nombraba a Juan Bueno –presidente del PP en Sevilla- concejal de estas áreas de Gobierno.

En diciembre de 2011 abrió sus puertas en Córdoba 'La Tejedora'. Un nuevo concepto, un mercado social que hasta esa fecha no contaba con ninguna ubicación física en Andalucía. Al calor de la crisis, estos mercados se están poniendo de moda. El último en abrir lo hizo el 18 de enero en Sevilla capital bajo el nombre de 'La Rendija'. Mientras, en Granada y Málaga, ya hay proyectos avanzados. Uno de los objetivos es crear un Mercado Social del Sur que los coordine y acuerde aspectos como una central de compras o almacenes para albergar grandes cantidades de productos de comercio justo. Estas tiendas buscan potenciar un mercado 'verde', alejado de la imagen que pueden transmitir grandes empresas del mercado capitalista.

Los mercados sociales son distintos a los mercados convencionales, según asegura Eduardo Muñoz, uno de los trabajadores de 'La Tejedora' La idea de grandes superficies o grandes almacenes se aleja completamente de estos espacios, que tampoco podrían compararse con un supermercado de barrio.

'La Tejedora', 'La Rendija' y otras experiencias menores, como 'La Alacena' en Alcalá de Guadaíra y 'Casa Cornelio', también en Sevilla, apuestan por una línea de trabajo en la que se mima al productor y movimientos cooperativistas locales, se prescinde en todo lo posible de intermediarios (grandes distribuidores) y se ofrece al consumidor productos ecológicos y de comercio justo -a precio que rondan los de mercado convencional- en los que se pueda acreditar perfectamente su procedencia. De hecho, los proveedores interesados deben aceptar unos criterios que ahondan en lo natural, ecológico, en la producción libre o el propio comercio justo, que garantice condiciones laborales dignas.

Los grandes márgenes de beneficios que se llevan los intermediarios en el mercado convencional, en detrimento de los productores –bien saben de ello en el sector agrario-, no se dan en el mercado social. Muchos de los productos que se pueden adquirir en La Tejedora o en La Rendija provienen del entorno local –artesanía, frutas, hortalizas…- en las que es el propio productor quien pone el precio en tienda, sin necesidad de intermediario. Eso sí, para productos como el chocolate, el café, el azúcar o el ron, que no se producen en su entorno, necesitan un proceso de importación con intermediarios en el que, en todo caso, se aseguran que el proveedor cumpla exigencias éticas, ecológicas y/o de comercio justo y vinculados a una economía social.

Muñoz dice que 'La Tejedora' comenzó contando con la aportación de pequeñas empresas como 'Transformando', dedicada a la importación de ron; la editorial 'Atrapa sueños', un estudio de arquitectura e ingeniería y la ecoempresa 'La vuelta al mundo'.

La producción de Somontes

La producción de SomontesComo cabe esperar, la producción de frutas y hortalizas de la finca ocupada de Somontes (Palma del Río) tiene su espacio en 'La Tejedora'. También pimientos, alcachofas o aceite envasado de una cooperativa de Marinaleda (Sevilla) ocupan un sitio privilegiado en el mercado social. Junto a todo ello, un batiburrillo de productos en los que no faltan vinos ecológicos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, miel de la Sierra de Montoro, chocolate biológico a la taza, artesanía de Marruecos y Córdoba o una amplia gama de productos de la marca Bioles o friegasuelos y detergentes fabricados por personas con Síndrome de Down de un centro de día de Sevilla.

Un concepto muy amplio para un espacio en el que también tienen cabida reuniones, organización de talleres o cursos semanales e incluso un bar que han abierto en una zona cercana.

El movimiento cooperativo y de asociacionismo con el que cuenta 'La Tejedora' para continuar con su actividad sigue creciendo gracias a los productores, consumidores y un eslabón principal: los socios. Ya cuentan con 180 socios que aportan una mensualidad de 15 euros, intercambiables con productos de la tienda.

Una central de compras

Una central de compras

En 'La Rendija', con un período de vida más corto, ven a 'La Tejedora' como su madre a pesar de que ellos han alcanzado ya los 200 socios, que aportan una cuota mínima de 10 euros al mes para adquirir productos. Están junto a la Plaza del Pumarejo. Uno de sus miembros, Óscar Acedo, dice que ha tenido muy buena aceptación y que que están buscando la coordinación necesaria entre mercados para conseguir el Mercado Social del Sur. Ellos profundizan más en los productos ecológicos y buscan ahora dar a conocer más su tienda, de la que ya son asiduos numerosos vecinos del barrio.

La intención que recoge el mercado social de 'La Tejedora' en sus criterios de gestión es clara: “Estos mercados están constituidos por entidades entre cuyos fines está la transformación social, que con su actividad construyen una sociedad justa, libre, democrática e igualitaria. Entidades que con su actividad promueven la toma de conciencia acerca del poder transformador personal y colectivo del consumo. Son entidades que se definen como defensoras de la rentabilidad integral: económica, medioambiental, humana y social, que no tienen como fin la maximización del beneficio económico”.

Tras un concienzudo trabajo, los cerca de 90 alumnos de 3º Grado de Derecho de la UCO, que han realizado un laboratorio jurídico contra los desahucios, ya tienen las 11 medidas que buscaban para evitarlos.

El interés por saberlas es tal que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y hasta varios grupos parlamentarios del Congreso se han interesado por las mismas.

Han sido semanas y semanas trabajando, debatiendo, confrontando puntos de vista y poniendo blanco sobre negro entre la normativa hipotecaria española y la de otros países europeos y ver qué se podía modificar, ampliar, pulir o incorporar a las leyes para conseguir una norma que aspire a acabar con el drama de los desahucios.

En total, cerca de 90 alumnos que han hecho de su asignatura Derechos Reales un auténtico laboratorio del que quiere que salga la fórmula perfecta para acabar con esta lacra. Las cuatro paredes del aula XI de la Facultad de Derecho se han convertido en una especie de parlamento donde sus “diputados” universitarios han aprobado las siguientes medidas:

Fase de Constitución de hipoteca

1. Limitación de la responsabilidad del deudor al valor de la vivienda hipotecada. Consiste en convertir en obligatorio el artículo 140 de la Ley Hipotecaria que dice: “…podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados”. Se busca la dación en pago y por tanto eliminar la “responsabilidad universal” por la que una persona responde en caso de impago con todos sus bienes. Se tiene en cuenta algo fundamental y es que ahora, en el momento de reclamar la deuda, se da una desproporción “enorme” entre el valor del bien (que se ha desinflado) y la deuda, que se ha inflado con cláusulas abusivas como intereses de demora. Para el caso de que el bien pierda valor en el momento de la ejecución hipotecaria, se ha previsto un seguro (lo llaman de depreciación) que se acordaría durante la firma del préstamo o que esa pérdida de valor la cubra un fondo de garantía hipotecaria para que en “los bancos no puedan decir que se atenta contra su garantía”.

2. Control previo de cláusulas abusivas.

Han concluido que la ley hipotecaria actual contiene cláusulas abusivas porque permite, mediante pactos, que el precio de salida de la subasta se reduzca un 25% y es inconstitucional porque permite que los notarios manden los lanzamientos hipotecarios.

En el laboratorio, piden que en el futuro las escrituras no contengan ninguna cláusula abusiva (suelo-techo, intereses de demora…). Para ello, demandan un análisis en el momento de la constitución de la hipoteca, sancionando los incumplimientos a los notarios, registradores y las entidades bancarias.

3. Extrapolar al resto de comunidades las oficinas autonómicas de asesoramiento y mediación hipotecaria que ya tiene Andalucía. Piden además una ampliación de sus competencias, con un servicio de tasación gratuito y que salvaguarde la independencia en este proceso.

Fase de Riesgo de insolvencia

4. Concurso de insolvencia singular (Propuesta ampliada de una propuesta de Islas Baleares)

Reformar la Ley Concursal para ampliar derechos a deudores hipotecarios de buena fe. Con esta medida, lo que acuerdan es que se aplique sobre la hipoteca de la vivienda habitual de las personas físicas algunos beneficios que ya poseen las sociedades cuando se declaran insolventes. Así, piden que, como ocurre con las sociedades cuando entran en concurso de acreedores, se suspenda el lanzamiento hipotecario; y el Fresh Start o “Comenzar de nuevo”, es decir, una vez hecho el concurso, que las deudas se extingan para que el ciudadano pueda comenzar de nuevo.

5. Acción de rescate hipotecario por un tercero (“El banco malo”)

Una de las medidas más potentes que han acordado y que está tomada del derecho anglosajón se basa en la idea de que “si el conocido como ”banco malo“ compró activos tóxicos de los bancos, ¿por qué no puede comprar las hipotecas (activos tóxicos de las personas)? Es una acción de rescate de personas, asegura Antonio Manuel.

6. Fondo de garantía hipotecaria

Nace como idea para garantizar que, en caso de depreciación del bien, habrá un fondo monetario que se haga cargo de esa diferencia. Lo puede hacer directamente o bien a través del abono de un seguro de depreciación. Su misión es similar a la del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero para asegurar en este caso la función social de la vivienda. (Más información en medida 1). Algo curioso es que, entre los métodos de financiación del fondo de garantía, han contemplado la creación de una casilla “Función Social de la Vivienda” en el IRPF.

7. Condonación moratoria.

La medida más “revolucionaria” y que es idea original de los alumnos. Basada en el hecho de que un deudor hipotecario quiere dos cosas: una moratoria en el pago de la deuda y que le quiten deuda. La nueva ley aprobada ahora en el Congreso permite la moratoria o quitar deuda en casos “muy excepcionales”, dice Antonio Manuel. No hay en cambio una combinación de ambas, que es lo que quieren. Proponen que, en función del tiempo que se haya pagado, se calcule una rebaja de la hipoteca y se reduzca, asimismo, los meses aún por pagar. Con ello, el banco no recibe un activo tóxico, el deudor no pierde su vivienda y la condonación de cantidad se realiza con cargo al crédito concedido por la UE a los bancos españoles.

Fase de pérdida de la vivienda

8. Desahucio judicial.

Los alumnos dicen que es inconstitucional las ejecuciones hipotecarias que llevan a cabo los notarios.

9. Suspensión humanitaria.

Viene del derecho francés. Piden que el juez suspenda de oficio los desahucios por razones humanitarias –por ejemplo época invernal- aunque vaya más allá de lo establecido por ley. La suspensión durará hasta que la Administración encuentre una alternativa digna para los afectados.

10. Garantía de la función social de la vivienda deshabitada

Relacionado con el decreto antidesahucios de la Junta. Se trataría, en casos muy concretos, de legitimar la ocupación de viviendas vacías por desahuciados ante circunstancias de necesidad y de buena fe.

11. Amnistía fiscal en caso de desahucio

Piden exenciones fiscales y modificación de la plusvalía para el deudor hipotecario de vivienda habitual de buena fe.

Antonio Manuel Rodríguez asegura que con estas 11 medidas se consigue un equilibrio entre las partes y muchos mecanismos de salida anteriores a la dación en pago. A pesar de eso, ha dicho que “son solo 11 pero podían haber sido muchas más” ya que “en clase se han debatido otras”.

En un lugar céntrico de la ciudad y a escasos metros del Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde, José Antonio Nieto (PP), es propietario al 50% de un solar que conserva la fachada protegida de la antigua casa. La compró a CajaSur en 2010, procedente de un embargo, y fue demolida la parte interna meses después.

Sin embargo, los años han pasado y la fachada protegida aún sigue en pie a pesar de su evidente estado de deterioro. De hecho, de las balconadas se han desprendido cascotes (como se puede apreciar en la foto) por lo que los bomberos han tenido que vallar la fachada, apuntalarla, precintarla y tenderle una lona negra que proteja a los viandantes de más desprendimientos. El acerado de esta calle es estrecho por lo que, una vez precintado, el transeúnte no puede pasar por él.

Todo esto lo ha hecho público el grupo municipal de IU y su portavoz, Francisco Tejada, ha pedido que el alcalde “dé ejemplo” en cuanto “al compromiso de mantenimiento del patrimonio de la ciudad”.

Según Tejada, “todos los responsables públicos debemos ser cuidadosos con la legalidad urbanística y el mantenimiento del patrimonio”.

Aunque se trata de una fachada protegida, el portavoz de IU ha recordado que hace un año y medio se demolió otra fachada protegida en la calle Gran Capitán y ha denunciado que en el Consistorio “está habiendo relajación en cuanto al cumplimiento de diferentes edificios del casco histórico”.

Desde las filas de IU piden a Nieto que refuerce la fachada “en vez de dejar que se deteriore para justificar su demolición y la pérdida de la misma”.

El caso ha llamado la atención del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que ha abierto, según Tejada, un expediente de oficio para analizar éste y otros casos similares en la ciudad.

Por otro lado, el alcalde ha declinado hacer algún tipo de declaración al respecto.

Son afectados en riesgo de desahucio que aún no han comenzado el proceso judicial de ejecución hipotecaria

Les dicen a los directores de los bancos en el escrito: “Conoce la ilegitimidad de la norma de ejecución hipotecaria y debe cuanto antes instar a la nulidad de los procedimientos, instados por su entidad”

Stop Desahucios seguirá con sus actos porque la normativa estatal “no resuelve nada” y el decreto antidesahucios de la Junta “es más flexible” pero “no resuelve definitivamente el problema”.

A las 10.00 de la mañana se habían dado cita en el bulevar del Gran Capitán de Córdoba todas aquellas familias que no estaban haciendo frente a los pagos de su hipoteca y que aún no han comenzado la vía judicial en el proceso de ejecución hipotecaria.

Todos –en concreto miembros de un centenar de familias afectadas- han entrado en numerosas entidades financieras del centro de la ciudad (empezando por el Banco Popular, siguiendo por Cajasur o La Caixa) para depositar un escrito firmado al director de la sucursal con el deseo de que tome, de oficio, medidas para renegociar la hipoteca y no tener que comenzar un proceso de desahucio.

Según Rafael Carmona, miembro de la plataforma cordobesa de Stop Desahucios, han llevado a cabo esta acción a pesar del reciente decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía y de la normativa aprobada en el Parlamento nacional.

Dice que la medida del Gobierno central “no resuelve nada” porque “prácticamente nadie se puede acoger al mismo al imponer condiciones muy difíciles”. El de la Junta, a pesar de ser “más flexible y amplio”, “no resuelve definitivamente el problema de las familias, ni el carácter retroactivo para otras familias afectadas”. Con eso, justifica que sigan en la calle “para conseguir que realmente las familias se queden con sus casas”.

Al grito de consignas como: “El pueblo unido, jamás será vencido”, “No más muertes”, “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”, “Rescatan al banquero, desahucian al obrero” u otras dirigidas a las personas que había en la calle “A ti que estás mirando, también te están robando” han entrado en los bancos para depositar su escrito.

En él, piden literalmente “modificar el préstamo hipotecario, eliminando las cláusulas abusivas, y negociar un nuevo acuerdo, teniendo en cuenta especialmente la dación en pago y el alquiler social” para evitar los desahucios.

Para justificarlo, el escrito recuerda al director de la entidad la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14 de marzo de 2013 en la que se recoge que la normativa española de desahucios es contraria al Derecho europeo.

Los casos

Miriam Yáñez, 34 años, es una de las que se ha entregado hoy el escrito. Ella lo ha hecho en La Caixa donde firmó un préstamo a 35 años en 2006. Dice que lleva cinco meses sin pagar la hipoteca y 2,5 años intentando renegociar con el banco nuevas condiciones, sin resultado hasta ahora alguno.

Con 39 años, su marido José Manuel Arcas, está parado, ella es la única que lleva a casa un sueldo por un trabajo a media jornada, lo que no les da para mantener a una familia con tres hijos y hacer frente a los pagos hipotecarios. Pide la dación en pago y lamenta que firmase en su día un préstamo “con cláusula suelo, un tipo de interés ascendente cada seis meses y un tipo suelo al 4,5 por ciento”.

Eulogio Rafael Blanco Molina, con 47 años, también ha entregado hoy en CajaSur el escrito firmado. A él, el banco le reclama 120.000 euros como avalista de un préstamo que recibió su hija para abrir un negocio que “fue mal y se cerró”.

Él ya ha abonado 40.000 euros del préstamo y ahora reclama la dación en pago para finiquitar su deuda.

“CajaSur no quiere acuerdo”, asegura este hombre que lleva desempleado 14 meses. Su último trabajo duró un mes para hacer una sustitución.

Desde Stop Desahucios Córdoba, una plataforma muy activa, Carmona asegura que “no vamos a parar” y seguirán “peleando”.

“Ahora vamos directamente contra los bancos con el objetivo de que no haya ninguna familia sin vivienda”, concluye.

Los vecinos de la calle Imágenes, como cada año desde hace nueve, han decorado esta vía con motivo del mayo cordobés, pero en esta ocasión el tema de actualidad que han escogido es la transparencia.

Consideran que "transparencia" es la palabra de moda ahora en España y la piden también para "los sobres" (en clara referencia al caso Bárcenas), en las subvenciones (por el caso de los EREs), en la banca o en los discursos.

La calle Imágenes de Córdoba capital se convierte a lo largo de este mes de mayo en el reflejo de un deseo que todos los españoles tienen: la transparencia. Los vecinos de esta calle, en el barrio de Santa Marina, se han puesto manos a la obra para recabar todos los deseos de transparencia de los cordobeses y muchas otras personas –a través de Internet- para plasmarlos posteriormente en paneles de plástico, por supuesto, transparente.

Imágenes de transparencia se llama esta original iniciativa con la que esta estrecha y alargada calle cambia su fisonomía durante este mes, como lo lleva haciendo desde hace nueve años para retratar temas de actualidad.

En la corona, en las instituciones, en los recortes, en los sobres (de Bárcenas), en la prensa, en la información, en las subvenciones (por el caso de los EREs en Andalucía), en la banca o en los discursos son sólo algunas de las peticiones de más transparencia que han llegado hasta esta calle peatonal.

Todos los vecinos se han implicado pintando las cortinas con el nombre de aquello en lo que piden más transparencia y un dibujo que lo simboliza. Las cortinas, además, dejan pasar la luz a través de ellas y sirven como metáfora de transparencia y calidad.

Uno de los coordinadores del proyecto, Goval Gómez, ha señalado que han querido tratar un “tema de rabiosa actualidad” que “invite a la reflexión, al debate y la crítica”.

Dicen los vecinos que solicitan transparencia “en la gestión y en los asuntos que incumben a todos” frente “a ciertas prácticas que por su ocultismo minan la confianza”.

Situada en una zona de gran relevancia para los patios cordobeses, la calle se ha convertido en protagonista hasta la que acuden numerosas personas a diario para inmortalizar la iniciativa con una fotografía.

Recepción de ideas

En la fase de recepción de ideas, muchas de ellas recibidas en la página que Calle Imágenes tiene en la red social Facebook, los interesados han pedido más transparencia también en temas personales, como el amor, y otros de muy diversa índole como en la mente, en la alimentación, en la justicia, en el urbanismo, en la paz, en el mundo, en la prensa, en la comunicación o incluso en la preparación deportiva (que hace pensar en casos como la Operación Puerto contra el dopaje en el ciclismo).

Goval Gómez dice que los vecinos hacen de la calle “una escultura social que pretende modelar” la relaciones entre los ciudadanos.

Los niños del barrio también se han implicado en la iniciativa pintando el suelo de diferentes colores con los que quieren transmitir más transparencia.

No es la primera vez que Calle Imágenes muestra su compromiso con la ciudadanía haciéndose eco de todos los temas que afectan a la sociedad. Así, otros años, los vecinos han defendido la ecología, se han hecho eco de la violencia de género o han pedido un consumo responsable de agua en años de sequía.

Gómez dice que la calle tiene asumido ya su “cierto nivel compromiso” para con los temas de actualidad y reitera que este año era “obvio” que la transparencia era el asunto estrella.

La iniciativa Imágenes de transparencia permanecerá hasta finales de mayo y se espera que centenares de personas visiten este enclave que ya se ha convertido en una cita más del mayo cordobés.

Desde la llegada de la democracia a España, el movimiento obrero y anárquico se vehiculó fundamentalmente a través de asociaciones, sindicatos y opciones políticas que no han llegado a tener un peso relevante en el panorama político y social de España y de Andalucía, si bien en la comunidad andaluza, por razones históricas, su tirón es mayor.

Sin embargo, al calor de la crisis, han despuntado en los últimos años una serie de acciones obreras –las ocupaciones de tierras- que parecían de otra época y que ahora se ponen de actualidad. De hecho, hasta la propia Junta de Andalucía tiene previsto poner en marcha un banco público de tierras con 10.000 hectáreas para 10.000 empleos.

Pero la realidad es que estas actuaciones –la última de ellas esta misma semana en Las Turquillas- tienen una historia reciente tan antigua como la democracia española.

Echando la vista atrás y tirando de hemeroteca, hay que detenerse en un municipio que fue y es clave en todo esto: Marinaleda, en la comarca de la Sierra Sur sevillana. Ya desde las primeras elecciones municipales democráticas, en 1979, se marca un futuro obrero para el pueblo con la victoria del Colectivo de Unidad de los Trabajadores que obtienen 9 de los 11 concejales. Al siguiente año, 700 personas se declaran en huelga de hambre para pedir más dinero y una mejor regulación del antiguo empleo comunitario. El éxito de la acción fomentó la lucha por la tierra mediante la ocupación de fincas de grandes terratenientes. Se retomó el lema –ahora nuevamente de moda- de “La tierra para el que la trabaja”.

La historia en democracia de las ocupaciones comienza así en 1984 con el asalto al pantano de Cordobilla durante 30 días. Los ocupantes demandaban agua para un cortijo, el Humoso, propiedad de un duque. Finalmente fue expropiado y gestionado por 16 cooperativas que a día de hoy trabajan los diferentes cultivos, como recuerda el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.

El éxito de esta acción relanza aún más la actividad hasta el punto de que en 1985 se realizan más de un centenar de ocupaciones, según se recoge en la historia oficial de Marinaleda. Los días de estancia en las tierras ocupadas también se incrementan. Llegan a estar en algunas más de tres meses.

En la década de los 90, se centran en movilizaciones, especialmente en 1992 y 1994, con muchas acciones de ocupaciones de edificios oficiales e instituciones.

Ocupaciones del siglo XXI

Con la irrupción de la crisis económica en 2007 y el nacimiento del SAT ese mismo año, se retoma una actividad de ocupación en la que Diego Cañamero y el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), encabezan unas acciones para ocupar (permanente o simbóliamente) fincas públicas con “tierras muertas” y otro tipo de actuaciones, como asaltos a supermercados, bancos o corte de vías de tren.

Las ocupaciones de fincas, propias de los 80 en Marinaleda, recobran fuerza en varias provincias andaluzas en los últimos años:

4 de marzo de 2012: Cerca de 500 jornaleros entran en las 400 hectáreas que la Junta de Andalucía tiene en la finca de Somontes en Palma del Río (Córdoba). Tras ser desalojados, volvieron a la finca y allí siguen. Una veintena de campesinos están trabajando.

24 de julio de 2012: Alrededor de un millar de personas ocuparon Las Turquillas en Osuna (Sevilla). La finca pertenece al Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, de las cuales el Ejército utiliza 20 para una yeguada. El 10 de agosto de 2012 fueron desalojados por la Guardia Civil.

21 de agosto de 2012: Ocupación simbólica del Palacio de Moratalla en Hornachuelos (Córdoba). Numerosos jornaleros, entre ellos Cañamero y Gordillo, que participan en una marcha obrera por Andalucía, deciden asaltar el Palacio de Moratalla, ahora en obras para convertirlo en hotel. La imagen de jornaleros bañándose en la piscina y comiendo y bebiendo en los jardines versallecos da la vuelta al mundo y la recogen diarios como The New York Times. Dura un día.

17 de marzo de 2013: Cerca de 200 personas protagonizan otra ocupación simbólica, organizada en esta ocasión por COAG y CCOO, en la finca Peñarrubia, situada en el término municipal de Campillos (Málaga), en desuso y propiedad de la Junta de Andalucía. El objetivo de esta iniciativa era reivindicar la creación de un banco público de tierras para generar puestos de trabajo.

6 de abril de 2013: En Arahal (Sevilla), miembros del Partido Comunista de Andalucía promueven una ocupación simbólica de una finca cercana al municipio para reivindicar también un banco público de tierras.

13 de abril de 2013: Unas 60 personas ocupan una finca en Pizarra (Málaga). La acción es promovida por el sindicato CGT, SAT y la CNT, miembros del 15M, del Frente Cívico, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Plataforma 47 y por el Banco Bueno de Pizarra para que familias con necesidades básicas sin cubrir pudieran cultivar la tierra.

1 de mayo de 2013: Jornaleros del SAT vuelven a ocupar la finca Las Turquillas. Son desalojados pero quieren volver a ocuparla el sábado 4 de mayo.

1 de mayo de 2013: Cerca de 200 jornaleros ocupan la finca de olivar “La rueda y casa baja” entre Úbeda y Baeza (Jaén) y anuncian su intención de acudir diariamente para ayudar a generar una cosecha de 3.000 toneladas de aceituna en la próxima campaña.

Acciones para “crear debate”

Diego Cañamero atiende a eldiario.es/andalucia mientras permanece apostado a las puertas de Las Turquillas, finca que prevén ocupar este sábado a las 11.00 horas. El líder sindical del SAT cree que han merecido la pena los actos reivindicativos y de ocupación que su sindicato lidera desde que se creó en 2007. Él defiende que las acciones han servido para “crear un debate”

Son cerca de 90 alumnos de 3º Grado de Derecho de la UCO, la mayoría de ellos roza la veintena de años y han decidido pasar a la acción frente al drama de los desahucios. Futuros jueces, fiscales y abogados que protagonizan un pionero laboratorio jurídico contra los desahucios en los que una dinámica proactiva alentada por su profesor Antonio Manuel Rodríguez les anima en cada sesión a revisar la normativa hipotecaria actual –tanto española como de otros países- y a partir de ahí que propongan “el derecho que debería nacer”, indica el profesor.

El aula XI de la Facultad de Derecho se convierte en este laboratorio y eldiario.es/andalucia asiste a la primera sesión en la que los alumnos comienzan a proponer soluciones. Antes, se han dividido en grupos para analizar puntos concretos como los intereses de demora, las cláusulas abusivas y las leyes hipotecarias de países como España, Alemania, Francia o Reino Unido.

En el transcurso de la clase, cada grupo expone unas primeras soluciones al punto que les ha tocado estudiar a fondo. La dación en pago es defendida en la clase como una buena medida pero plantean qué pasaría si en el momento de entregar el bien, éste ha bajado de valor respecto al día en el que se firmó la hipoteca. Para ello tienen una solución: el seguro de depreciación que se contrataría en el momento de la firma del préstamo hipotecario para responder con dicho seguro en caso de que el bien haya depreciado su valor. Es una medida que han pulido procedente del derecho francés.

También quieren acabar con las cláusulas abusivas –como algunas cláusulas suelo y techo-. Para ello, otro grupo propone crear una ley en el que se detalle qué y cuáles son las cláusulas abusivas y haya un “control previo de abusividad” ejercido por notarios, registradores o funcionarios.

Entre las más llamativas, se encuentra una acción de rescate hipotecario por un tercero, una idea cogida del derecho anglosajón, aunque ahora tienen que determinar quién sería ese tercero: si el conocido como “banco malo”, un fondo de garantía hipotecario u otras opciones.

Establecer un período de indulgencia al deudor, una tasación pericial en el momento de la subasta o convertir en obligatorio y no potestativo el artículo 140 de la Ley Hipotecaria en el que se recoge lo siguiente: “…podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados”. Es un apartado que ya deja abierta la puerta a la dación en pago –si la banca lo quiere de forma voluntaria-. Lo que estos alumnos desean es que adquiera un rango de obligatoriedad.

Mari Carmen Reyes, de 21 años, ve favorablemente el laboratorio jurídico porque “podemos aportar soluciones y, aunque no lleguen a nada, ofrecemos nuestro punto de vista” sobre este drama.

Mientras detalla alguna de las propuestas hechas en su grupo, esta joven dice que se trata de una “buena experiencia” que sirve para “ser más conscientes de la realidad”.

Verónica Nieto, también con 21 años, considera que esta clase es “muy enriquecedora” ya que se sale “de lo típico”, al ser “más activa, participativa y menos magistral”. Su deseo es que las propuestas finales “llegaran a fraguar” porque “sería una satisfacción personal, aportar nuestro granito de arena” a esta problemática.

La génesis del laboratorio

Hasta llegar aquí, hay un trabajo previo intenso y una maduración de ideas cuyo promotor fue el profesor de la asignatura Derechos Reales, Antonio Manuel Rodríguez. Explica que la iniciativa surgió el primer día de clase cuando tuvieron conocimiento del suicidio de una persona en Málaga amenazada de desahucio. “Me sorprendió que no tuviese repercusión mediática. Me impactó mucho y propuse buscar soluciones” para evitar estos episodios.

La primera idea fue la creación de un cortometraje sobre el asunto para remover conciencias. Y se grabó “La navaja”, producido por Yaumate Films, un estremecedor corto en el que se ve cómo un padre de familia utiliza la navaja para usos cotidianos pero está obligado a mendigar en la calle donde coloca la navaja junto a un cartón en el que se lee: “No encuentro trabajo. Necesito salvar mi casa y mi familia. Si no lo consigo, me quitaré la vida con esta navaja”. Llega un empresario y le compra la navaja firmando un cheque con la cuantía a la que asciende su deuda. Empresario que finalmente acaba quitándose la vida con esa misma navaja al estar en quiebra.

El film es un homenaje a los casos de suicidios recientes “y en agradecimiento a quienes se dejan la vida para que otros no pierdan ni la vivienda ni la esperanza”. Dice Rodríguez que la Ley Hipotecaria es como una navaja porque puede ser útil “pero también puede matar”.

Además, lo más importante es que hace un llamamiento a la reflexión porque “no tiene que morir el empresario, sino el sistema” y una señal de esperanza reflejada en el gesto del empresario al firmar el talón.

Tras el corto, presentado recientemente en una mesa redonda sobre el asunto, se pusieron manos a la obra en el aula. En las horas de clase, Antonio Manuel pide que “crean en la utopía. Tienen que innovar, hacer un barrido del derecho que aún no acaba de morir y plantear lo que aún no existe”.

El planning marca principios de junio para que las 11 conclusiones estén redactadas y sean enviadas al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.

Ellos mientras tanto buscan una meta que Antonio Manuel tiene clara: “Destapar las injusticias de la Ley Hipotecaria y buscar mecanismos paliativos para los desahuciados hoy y preventivos para los desahuciados mañana”.

Ha pasado el 19 de abril, el día pactado entre la Iglesia Católica y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para que los monumentos eclesiásticos restaurados con dinero público se acogieran a la Ley de Patrimonio Histórico. El objetivo era que todos los monumentos, declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o de gran valor patrimonial, y que recibieron dinero público en su reforma estuviesen al menos cuatro días al mes abiertos de forma gratuita para los ciudadanos.

Desde la Junta de Andalucía, señalan que aún no han recibido una notificación de la Iglesia con los calendarios de apertura previstos. Por el momento, la Consejería de Cultura no ha decidido comenzar un expediente sancionador contra las Diócesis por incumplir lo que, en definitiva, reoge la ley. A pesar de haber expirado el plazo, el Gobierno autonómico le sigue dando vueltas a la posibilidad de multar a la Iglesia y el consejero de Cultura, Luciano Alonso, confía en que la institución religiosa abra un período de reflexión y actúe.

Sólo las Diócesis de Sevilla y Jaén han publicado por su cuenta unos calendarios en los que cuesta entender si realmente cumplen las exigencias de cuatro días al mes. Desde la diócesis de Córdoba, se pronunció recientemente el presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, para asegurar que la Mezquita-Catedral ya abre gratuitamente.

El resto de Diócesis, de momento, permanecen calladas y la Oficina de Información de los Obispos del Sur de España (Odisur) ha dicho a eldiario.es/andalucia que esto será así hasta que algún prelado decida manifestarse. En ese caso, lo hará en un comunicado distribuido a todos los medios.

Mientras tanto, Luciano Alonso, se muestra “poco optimista” respecto a un acuerdo con la Iglesia y dice que la institución religiosa “no está dispuesta a cambiar su forma de valorar el esfuerzo presupuestario de los andaluces con el patrimonio eclesiástico que ha restaurado”.

El patrimonio restaurado

La Junta le pide a la Iglesia y, más concretamente a los obispos, que detallen con claridad en un documento dirigido a la ciudadanía y la administración los cuatro días al mes y los horarios de visita gratuita. El Gobierno autonómico viene batallando con esto desde el 26 de septiembre de 2012 cuando, en una intervención parlamentaria, hizo saber que se estaban incrementando las quejas de vecinos, visitantes y responsables municipales porque “gran parte de los templos –que son BIC y titularidad de la Iglesia- se encuentran con las puertas cerradas”.

La Junta argumentaba la necesidad de alcanzar un acuerdo razonable que garantizase el derecho de la ciudadanía y se reinvirtiera la inversión pública. Y es que son un total de 387 -162 BIC y 225 no BIC pero de gran valor patrimonial- en los que se ha invertido 93 millones de euros desde 1997.

Todo esto, hizo que se convocara en febrero la comisión mixta y se concretara el mes de abril como fecha límite para dar cumplimiento legal a la apertura gratuita de los bienes de la Iglesia.

Ejemplos sobre el terreno

Sevilla y Jaén son las únicas diócesis que han publicado unos calendarios que llaman la atención por las fechas y horas establecidas.

En Sevilla, la web de la Archidiócesis www.archisevilla.org recoge horarios para todos los templos tanto de la ciudad como de la provincia. Por su importancia, cabe reparar tanto en la Catedral como la Iglesia de El Salvador. Para estos dos monumentos, la entrada gratuita se ha establecido los lunes a las 16.30 por tiempo de una hora. Con lo cual, estarían dejando cuatro horas al mes de pase gratuito, sin contar lógicamente el acceso a los cultos religiosos.

Algo más generosos son en la Diócesis de Jaén, donde la catedral no modifica sus horarios al considerarlos suficientes. La entrada es libre de 9.00 a 10.00 y de 18.00 a 20.00 todos los días.

Por su parte, la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda (Jaén), el monumento por el que se iniciaron las protestas, será gratis los lunes no festivos en horario de tarde (dos horas y media a partir de las 16.00 o las 17.00). También en la provincia jiennense, la catedral de Baeza podrá visitarse gratuitamente los lunes de 9.30 a 11.00.

En el resto de Diócesis, el mutismo es la nota predominante a día de hoy. En Córdoba, el presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, se limita a recordar que la Mezquita-Catedral “en lugar de abrir cuatro días al mes” gratuitamente, permite la entrada gratuita al monumento “todos los días, hora y media por las mañanas, entre las 08,30 y las 10,00 horas, de lunes a sábado, todas las semanas, menos los domingos, por las razones litúrgicas obvias”. Es decir, una interpretación de la ley con la que consideran que hay “equilibrio”.

En la ciudad cordobesa, destacó la gran rehabilitación de la iglesia de San Agustín con dinero de la Junta de Andalucía. Se abrió al público tras una profunda restauración en octubre de 2009 que costó 3,6 millones de euros. Tras la jornada inaugural de puertas abiertas, aquél que desee visitar este imponente templo tiene que informarse de los horarios de culto porque, de lo contrario, se encontrará las puertas cerradas.

Ejemplos así hay en el resto de provincias, como la Iglesia de El Carmen en Antequera (Málaga) o la Iglesia de los Agustinos de Huécija (Almería).

Crear un banco público de tierras para entregar terrenos públicos sin aprovechamiento a parados. Es uno de los anhelos de Izquierda Unida, multitud de jornaleros andaluces y parece que también de sindicatos como COAG y CCOO, que protagonizaron en marzo la ocupación simbólica de una finca malagueña en Campillos.

El proyecto es de IULV-CA, socio de Gobierno del PSOE en el Gobierno autonómico, lo cual hace que tenga que prestarse una especial atención para un deseo que hace años podía parecer una utopía. Pero la situación ha cambiado y el desempleo de miles de hogares puede ahora hacer viable esta opción de habitar una finca donde se vive trabajando y rindiendo la tierra.

Desde IU, su responsable de Agricultura en el Parlamento andaluz, Lola Quintana, tiene claro que el banco público de tierras debe estar a pleno rendimiento antes de que finalice esta legislatura, es decir, en el primer trimestre de 2016. Es más, la coalición de izquierdas quiere que toda la normativa referente al asunto se apruebe en este período de sesiones, es decir, antes de julio de este mismo año.

En total, serán cerca de 10.000 hectáreas repartidas por las ocho provincias las que formarán parte de este peculiar banco. Según los cálculos de Quintana, cada hectárea debe generar un empleo, es decir, un total de 10.000 puestos de trabajo para personas sin actividad laboral alguna. Teniendo en cuenta las últimas cifras de paro en la región: 1.126.452 parados, se traduce en que este banco público de tierras serviría para absorber el 0,88 por ciento de estos demandantes de empleo.

Pero, ¿cómo se podría acceder a ocupar estas tierras? Según el modelo previsto por IU, la idea es que se puedan adjudicar a cooperativas que se creen con el tutelaje de la Junta de Andalucía. No obstante, también son posibles otras fórmulas con la colaboración de los ayuntamientos. Así, los consistorios que tengan en su término municipal alguna finca perteneciente al banco público de tierras también tomarían parte en la adjudicación de los beneficiarios.

Marinaleda y Somontes

El plan que perfila IU trataría de coger lo mejor del movimiento cooperativista de la localidad de Marinaleda (Sevilla), cuyo alcalde es el mediático Juan Manuel Sánchez Gordillo, y lo mejor de la experiencia en la finca ocupada de Somontes, en Palma del Río (Córdoba).

Según Quintana, “se deben aprovechar las experiencias positivas puestas en marcha hasta ahora” y entienden que esas dos lo son. Somontes lleva ocupada más de un año y sus 400 hectáreas dan cobijo y alimento a una veintena de personas que antes de la ocupación estaban paradas. Eso sí, de salir adelante en la Cámara autonómica la propuesta del banco público de tierras, no habría que hablar de ocupación ya que todo quedaría amparado bajo la ley.

Por más que llame la atención un banco público de tierras, no hay que creerse que es una idea nacida en la región andaluza. Ya existen los kibutz israelíes y Lola Quintana dice que “reflejan una idea parecida a lo que se pretende impulsar en Andalucía”. Estos kibutz son comunas agrícolas y se rigen por postulados como la propiedad colectiva, salarios igualitarios, rotación de los puestos y decisiones democráticas.

La apuesta de IULV-CA por el banco de tierras es muy fuerte. Desde la formación ya tienen pensado proponer a los compañeros de partido en el resto de regiones de España que intenten implementar estas medidas en sus comunidades. Y es que según Lola Quintana, desde IU creen “que en estos momentos cualquier patrimonio público debe ponerse a la disposición de la creación de empleo”.

Es un compromiso de Gobierno

Ante la pregunta a IU de ¿Saben si tendrán un apoyo total del PSOE? La respuesta de Quintana es clara: “Es un compromiso del Gobierno”.

Así, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, (PSOE) detalló recientemente que los “trabajos técnicos” para crear el banco público de tierras estaban “bastante avanzados”. Esto quiere decir que el socio de IU en el Gobierno, el PSOE, también estaría decidido a seguir hacia delante con esta iniciativa.

Planas ve que “puede ser una idea interesante” para “desarrollar, incrementar si ello es posible, el empleo”.

No obstante, consciente de que esta medida sólo reduciría el paro registrado en un 0,88 por ciento, ha añadido que el empleo se incrementaría “de una forma limitada, porque estamos hablando de pequeñas cifras, pero de una forma significativa, como un gesto de cara a la situación realmente difícil que se está viviendo ahora en muchas localidades de Andalucía”.

Eso sí, el consejero ha matizado en alguna intervención que “en ocasiones, las informaciones” dadas sobre este tema “no se ajustan exactamente a la realidad”, de manera que “las fincas a las que se hace referencia, no son fincas que no estén explotadas”, aunque “pertenecen aún a la Administración pública porque no han sido enajenadas”.

Parece que IU se ha ganado el favor del PSOE para hacer realidad una iniciativa que a buen seguro dará que hablar próximamente.

Se está dejando sentir en todo el país y en Andalucía es especialmente virulento en el norte de Córdoba.

Tres familias de lecheros de Añora cuentan su situación.

El pueblo de Añora, al norte de Córdoba, se levanta cada mañana pendiente de la situación de centenares de familias dedicadas a la producción de la leche de vacuno. Una labor heredada de sus antepasados en la que, si bien, el fin sigue siendo el mismo (la extracción de leche de vaca) la metodología ha cambiado con el desarrollo tecnológico, que ha permitido la instalación de modernas ordeñadoras.

Esa novedosa maquinaria, de alto coste, fue instalada en unos años en los que valía la pena producir leche porque era rentable. Hoy, muchos de los 1.500 habitantes de Añora, buque insignia de la producción de leche en la mayor zona láctea de Andalucía, no dejan de echar cuentas y nunca salen como debieran.

Las pérdidas se han multiplicado desde el verano pasado y producir leche es un negocio que no renta. A cada litro producido, el ganadero le pierde cerca de 4 céntimos. Mientras producir un litro de leche en España cuesta actualmente entre 0,38 euros y 0,40 euros, el precio que se paga en origen difícilmente llega a los 0,34 euros. Lo que significa perder dinero por cada vaca que se ordeña.

Las historias se suceden en muchas de las casas con fachadas de tiras de granito, tan representativas de este municipio.

Es el caso de Miguel García Herruzo, un joven de 29 años que se hizo cargo de la lechería cuando su padre falleció. Contaba entonces con sólo 14 años y ahora se afana día a día, junto a una persona que tiene empleada, en extraer la leche de sus cerca de 70 vacas productoras.

“Si se pone la cosa muy complicada, de aquí salgo, y tendré que pegar cerrojazo o en todo caso pasarle la vaqueriza a mi cuñado, si él quiere seguir perdiendo dinero”. Así de tajante se muestra Miguel. Su situación recuerda a la de muchas otras familias.

Él está soltero y vive junto a su madre, que recibe una pensión, y su hermana, que está en paro. Desde julio pasado y hasta final de 2012, la situación que ha vivido ha sido “criminal”, según califica.

Miguel y su trabajador echan una media de 7 horas diarias en su explotación, a un kilómetro de Añora, y como el ganado no entiende de domingos ni festivos, cada uno libra fines de semana alternos.

Este joven lamenta una situación a la que se ha llegado por la subida de los costes de producción –como el pienso-, que no ha venido acompañada de una subida de la leche. Además, se queja de que las grandes marcas de supermercado hayan banalizado la leche utilizándolo como producto gancho.

Espera, no obstante, que la situación cambie porque si cae el sector lácteo, aventura que se producirá un efecto dominó en el resto de economía de la comarca de Los Pedroches.

Y es que el sector lácteo español ha formulado una difícil ecuación en la que no salen las cuentas. Al núcleo de la problemática convergen diversos factores a tener en cuenta:

En primer lugar, una producción muy atomizada (multitud de cooperativas) que no puede hacer fuerza para imponer precios más rentables a los intermediarios. Esto lo convierte en un producto barato que es usado como “producto reclamo” en supermercados y grandes superficies. A todo ello, se suman las cuotas de producción dentro del mercado comunitario y, por si fuese poco, ahora hacen frente a una subida de los precios de los piensos por el encarecimiento de la materia prima.

De la ampliación al cierre

Más trágica, si cabe, es la historia de Juan González Parra, de 65 años, y su hijo Ángel, de 36 años, que, al igual que otra quincena de lecherías de la zona, han cerrado ya debido a la situación insostenible. Además, han cerrado cuando justo tenían previsto ampliar el negocio y contratar empleados, pero el cambio de la situación lo ha impedido.

“Hemos cerrado porque era imposible aguantar”, reitera en varias ocasiones Juan. Este hombre ni siquiera ha podido esperar unos cuantos meses que le quedaban para jubilarse y ha cerrado una lechería donde había un total de 300 vacas -140 productoras-. Unas reses que han sido vendidas para sacarles un dinero. Ahora buscan a la desesperada arrendar los terrenos de la explotación para obtener algo de financiación.

González se lamenta de este final después de tirarse “toda la vida en el campo” y tras adquirir una maquinaria de ordeño y montar unos establos que ahora “se quedan parados”. “Las instalaciones son bastante buenas, es mucho dinero invertido pero qué voy a hacer, ya no se puede hacer nada”.

“Estamos hasta el cuello”

Junto al río Guadarramilla y muy cerca de Añora tienen su lechería Sebastián Fernández Madrid, de 48 años, y su hermano Antonio, de 36. Ambos están casados y con hijos y afrontan con resignación, aunque uno más positivo que el otro, la situación que les ha tocado vivir.

Tienen unas 60 vacas productoras y han tomado el testigo de una lechería que comenzó su andadura en 1975, de la mano de su padre y un tío.

“En nuestro caso estamos hasta el cuello. Venimos a trabajar para perder dinero”, indica Sebastián. Por su parte, Antonio dice que a la vaqueriza le queda “un mes de vida”, a lo que su hermano contesta un clarificador: “Si esto sigue así, desde luego”.

No obstante, Sebastián está esperanzado en que las medidas que ahora está tomando el Gobierno central, con las grandes distribuidoras y cooperativas, tengan éxito para que a cada litro de leche le quede un margen de beneficio.

En el caso de Antonio, la situación no es tan dramática porque su mujer trabaja, pero Sebastián dice hasta en cuatro ocasiones que su situación es “fatal” porque su mujer no trabaja, tiene dos hijos, un préstamo y diversos gastos periódicos que le ahogan económicamente. Recuerda que, si no fuese por lo ahorros y por “apretarse el cinturón al máximo” la situación sería aún peor.

El sector, sin embargo, ve una luz de esperanza en el convenio 'Productos Lácteos Sostenibles', suscrito el 12 de febrero pasado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con 14 industrias lácteas y nueve empresas de distribución. El objetivo es poner freno a la depreciación de la leche y mejorar las condiciones de todos los agentes de la cadena, promoviendo principios de comercio responsable y evitando la banalización del producto ante el consumidor.

Sentado frente a su ordenador en una mesa de su salón, Pedro Vera, celador con 48 años, narra su historia. La historia que comenzó a escribir sin quererlo un día de enero de 2012 cuando se dio cuenta de que su padre –aquejado de alzheimer- y su madre –con una hemiplejía-, ambos con 91 años, habían firmado un producto, de los llamados tóxicos, que eran 21.000 euros en participaciones preferentes. Vera remarca que en la oficina de La Caixa de Villanueva de Córdoba le habían asegurado que podría disponer de este dinero en 48 horas si lo necesitaba. Cuando se presentó para sacar dicho dinero: “me contaron una milonga, una historia que no se sostenía. Empecé a ver que se trataba, no de un corralito, sino de un corralazo”.

Desde que se dio cuenta de ese “corralazo”, comenzó una labor constante y diaria para recopilar a más “estafados”, denunciar públicamente el caso en uno de sus grandes apoyos –la emisora local Radio Luna-, y comenzar el engranaje de un movimiento ciudadano que le ha llevado a protagonizar múltiples reportajes en prensa, radio y televisión –incluso se interesó la ADR1 alemana- y que le ha valido el reconocimiento de la Administración autonómica.

Así, Vera recogió su premio “C” de consumo el pasado 15 de marzo como “reconocimiento a la unión de un pueblo en la defensa de un interés justo y legítimo”. Así lo recoge la resolución de la Junta.

Él es consciente de la importancia que tiene ganarse el favor de un poder político que en esta ocasión da la razón a un colectivo ciudadano frente a un gran poder, el financiero. La Junta habla en su resolución de “graves perjuicios causados por productos financieros de alto riesgo con el incumplimiento de la disposiciones legales por las entidades financieras”.

En la recogida de su premio, hizo suyo el proverbio africano de “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo” y el famoso lema de Barack Obama “Sí, se puede”.

Vera ve su premio como “un triunfo al movimiento ciudadano” y pidió a los que siguen atrapados en preferentes que permanezcan unidos, en lucha “pero siempre con conciencia, respeto y educación”.

Información, formación y protestas originales

Pedro Vera notó el alcance del problema cuando comenzaron a llegar afectados –él defiende que se llamen estafados- a las puertas de su casa. Entonces, vio que había gente “casi en la indigencia”, mayores e incluso discapacitados que estaban atrapados en preferentes. Además, se dio cuenta de que los ahorradores habían llegado a tener dinero en preferentes por diversas vías: unos con su propia firma ante el compromiso de que podían disponer de ese dinero en 48 horas; otros, a los que habían falsificado la firma; y algunos otros a los que el banco había cogido parte de sus ahorros en otras cuentas para ingresarlas en participaciones preferentes.

Vera apunta a que los trabajadores de La Caixa “sí sabían que este producto no era un plazo fijo y que era a perpetuidad”.

Desde ese momento, se empeñó en buscar información y formación para todos los afectados, mediante conferencias de expertos, y convocaba asiduamente concentraciones ante la entidad financiera.

El gancho a los medios de comunicación lo consiguió con unas protestas ante La Caixa de lo más originales: disfrazado del logo de esta entidad financiera, haciendo de trilero, cuentacuentos, convocando a degustar un menú que servía chorizos de primero; entregando tortas de aceite a las puertas del banco bajo el lema “Hoy hay tortas en La Caixa” o proponiendo a la entidad un canje de pelo con el que quería cambiar mechones por preferentes ya que “nos habían tomado el pelo”.

Los casos

Los casos de afectados están presentes en cada calle del municipio. Una de ellas es Lola Ayala Cantador, peluquera de 29 años, quien relata a eldiario.es/andalucia cómo firmó las preferentes en 2007, pensando que era un plazo fijo. En enero de 2012, le llamaron del banco para decirle que tenía que firmar un cambio de condiciones y le prometieron que en marzo podría sacar la mitad de los 12.000 euros que tenía en preferentes.

No fue así, y Lola, que se casaba en esa época, dice que se vio sin dinero para afrontar los gastos del enlace. “Me vi sin nada y, si no hubiese sido por el apoyo económico de mi marido y mis padres, hubiese tenido que suspender la boda”. Además, destaca, “he tenido que comenzar con mi negocio desde cero porque me quedé sin nada”.

María Gutiérrez, de 63 años, firmó en 2005 un total de 20.000 euros en preferentes porque le dijeron que era como un plazo fijo. Cuando le llamaron para firmar un canje en enero de 2012, ella dice que sí le dijeron que era un dinero perpetuo. A partir de ahí, se unió al movimiento ciudadano y comenzó una fase de “presiones e impotencia” que, según mantiene, le ha pasado factura ya que a los pocos días de saber que le habían devuelto las preferentes, sufrió una angina de pecho. “Cuando superé la situación, me vino ese bajón”.

Sin embargo, a Pedro Vera le siguen llamando de todas partes de España personas que siguen atrapadas en preferentes. Uno de los casos que sigue es el de Andrés Sáez García, un invidente de 64 años, de San Pedro del Pinatar (Murcia), que tiene 56.000 euros atrapados en preferentes, firmadas con la antigua CAM. Andrés no descarta ponerse a protestar en la puerta del banco, siguiendo la línea de Pedro Vera, y asegura que firmó un documento que nunca le leyeron. Ha acudido a Vera, quien le ha pedido que luche y persevere.

El banco

El caso de Villanueva de Córdoba caló en La Caixa y en sus empleados. La persona que era director durante la polémica trabaja ahora en otra sucursal fuera del municipio y sólo ha querido aclarar a eldiario.es/andalucia que desde el punto de vista personal ha vivido una situación que “lógicamente” ha sido desagradable. Para tratar el asunto, remite al gabinete de Comunicación de la entidad financiera.

Precisamente, desde La Caixa han enviado un documento en el que clarifican qué son las participaciones preferentes, el contexto de mercado y la oferta de recompra de CaixaBank, entre otros aspectos.

Asimismo, han facilitado una nota de prensa conjunta con la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en la que aclara que ambas instituciones han consensuado soluciones a medida para los afectados.

En el comunicado, detallan que en febrero de 2012 el 99,47% de los titulares de preferentes de la caja canjearon al 100% del valor nominal de sus títulos por obligaciones subordinadas a 10 años (70% nominal).

El responsable de Urbanismo, Luis Martín, dice que está a la espera de conocer el recurso en su integridad.

Argumenta la aprobación en Pleno del expediente “porque no se podía quedar en el limbo” y había que cerrarlo.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Luis Martín, ha afirmado, tras conocerse que la Junta de Andalucía ha impugnado el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, que dicho plan fue realizado por IU y PSOE cuando gobernaron la ciudad, “los mismos partidos” que ahora impugnan desde el Gobierno autonómico.

Martín, quien ha lamentado que haya tenido que enterarse de la decisión de la Junta a través de los medios de comunicación, ha dicho que está a la espera de conocer el recurso en su integridad, ya que parece que la suspensión del plan sólo sería para el ámbito donde se ubicaron las naves de la antigua Colecor, por lo que se entiende que el resto lo admite.

El responsable de Urbanismo añade que lo que se aprobó el pasado 11 de diciembre en el Pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PP, UCOR, IU, PSOE), responde a un acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del año 2010, cuando gobernaban IU y PSOE.

De este modo, ha explicado que el hecho de que se llevara a su ratificación por el Pleno y nuevo dictamen para su aprobación era porque “un expediente no se podía quedar en el limbo administrativo, teniendo en cuenta que estaba dictaminado, pero no aprobado”.

Por ello, ha señalado que lo que se pretendía era “cerrar un expediente administrativo iniciado por IU y PSOE durante su etapa de gobierno en el Ayuntamiento con independencia de que la Junta o cualquier particular lo pudiese recurrir”.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente considera que el plan municipal no respeta el PGOU vigente.

El Plan Especial Carretera de Palma fue aprobado definitivamente en pleno en diciembre pasado y contemplaba la demolición de una parte de las naves.

Las polémicas naves de Colecor fueron construidas sin licencia, lo que acarreó a Rafael Gómez una multa de 24,6 millones, convirtiéndose en el mayor deudor del Ayuntamiento y siendo curiosamente el líder de la oposición por su partido UCOR.

Las naves de Colecor, construidas por el empresario cordobés Rafael Gómez, “Sandokán”, a las afueras de Córdoba, cuentan ya con un capítulo más en su dilatada historia.

Es uno de los temas más relevantes en el municipalismo y urbanismo cordobés ya que su construcción se realizó sin licencia y ocupando 40.000 metros cuadrados, de los que deberían demolerse 15.000 en función del Plan Especial Carretera de Palma, aprobado en diciembre por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. El caso es que el acuerdo plenario permitiría mantener en pie 25.000 metros cuadrados de naves y darles unos usos en los que la Junta parece no estar de acuerdo.

La aprobación en dicho Pleno ha sido el punto de partida de trabajo para la Junta que ahora impugna el plan. ¿Basándose en qué? Básicamente a que el Plan Especial Carretera de Palma del Río se extralimita en sus competencias y otorga nuevos usos en zonas de industrias históricas –como la Colecor- que no están permitidos en el PGOU vigente. Es decir, se ha redactado sin tener en cuenta en varios puntos al Plan General de Ordenación Urbana.

La Junta considera que el Plan Especial por tanto “se ha excedido” en las facultades que le otorga la legislación urbanística y recuerda que una normativa de estas características debe limitarse a “precisar y complementar” el PGOU.

Si bien en el PGOU se establece que el Plan Especial debe hacer viable la permanencia de las zonas industriales históricas que alberga -Butano, Colecor, etc-, en el documento aprobado por el Ayuntamiento se regulan unos parámetros de ocupación “muy por encima” del que disponían estas edificaciones, “todo ello agravado por la posibilidad de que estos parámetros puedan ser aplicados sobre una superficie mayor de la original, lo que supone un incremento sustancial de la edificación permitida”, detalla la Junta.

La decisión de la Junta de impugnar el acuerdo plenario del Consistorio no sorprende si se tiene en cuenta que la Administración autonómica ya emitió un informe técnico no vinculante en el que aclaraba que las determinaciones del Plan Especial no se ajustaban al actual PGOU.

Por el momento, el Ayuntamiento de Córdoba no se ha pronunciado sobre este revés que le da la Junta a su plan.

La dirección provincial del PSOE cordobés ha expulsado a los cuatro concejales socialistas insumisos que tenía en la corporación municipal de Cardeña, población de 1.700 habitantes situada al norte de Córdoba. La notificación les ha llegado ahora pero su resolución, según indican desde el propio partido, se produjo bastante antes. El resultado: un PSOE sin representación en un municipio con claro respaldo a la izquierda; cuatro expulsiones y una agrupación municipal socialista que intenta ahora reconstruirse.

Mientra tanto, la alcaldesa del PP, Trinidad Moreno, (única concejal por este partido) y los cuatro concejales –ahora no adscritos- pero con sentimiento socialista, como así indica Mario Torralbo, llevan el timón de un pueblo bajo un mandato que ya alcanza su ecuador.

Torralbo es el primer teniente de alcalde y, según ha mantenido, la agrupación provincial “le ha estado dando vueltas a la pelota” hasta que les han notificado la expulsión. “Es algo que nos duele” y “no entendemos por qué se tienen que extrapolar a un pueblo las relaciones que hay entre partidos a otros niveles”, asegura, mientras deja entrever las malas relaciones a nivel local entre IU y PSOE en Cardeña.

Desde el PSOE de Córdoba, su secretario de Organización, Antonio Ruiz, dice que “desde un primer momento” se opusieron “a que ese gobierno municipal del PP, con el apoyo de los concejales socialistas, fuese una realidad” porque “el compromiso es trabajar por Cardeña desde la izquierda”.

Por su parte, la concejal de IU, Catalina Barragán, y exalcaldesa del municipio, mantiene que el pueblo ha vivido “un esperpento en toda regla”, con el apoyo del PSOE al PP y con la llegada a la Alcaldía de una “señora” -ya que no la reconocen como alcaldesa- “que vive en Córdoba”, viene “dos días en semana y ejerce un ordeno y mando”.

Distintas ve las cosas la regidora, quien afirma que se ha impuesto un Gobierno que da estabilidad al municipio y “ha tenido que llegar una persona que no es de Cardeña y del PP, para tratar a todos los vecinos por igual”. Para Moreno, las declaraciones de IU son “patéticas” y resalta que, mientras ella ofrece formación a las cardeñeras, Izquierda Unida se limita a “montar meriendas de churros y chocolate en los que critican a la alcaldesa”.

El juego democrático

El juego democráticoPero, ¿cómo se ha llegado a esta situación de rencillas, celos y enfrentamientos que no cesan tras dos años discurridos? Para responder hay que remontarse al 11 de junio de 2011, cuando se celebró el Pleno de elección de alcalde: IU había sido la fuerza más votada con 584 votos y 4 concejales; PSOE 514 votos y otros 4 concejales mientras que el PP había obtenido un único concejal con 133 votos. La votación parecía puro trámite ya que en Cardeña se preveía un nuevo gobierno, en todo caso de izquierdas, como ha venido ocurriendo históricamente. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando, en el recuento de votos, se desveló que los concejales socialistas habían votado a la edil del PP, convirtiéndola en “alcaldesa por sorpresa”, como fue conocida.

Ante la incredulidad de los asistentes, Moreno recogía su bastón de mando con la curiosidad añadida de que ella es cordobesa y no está empadronada en el municipio. Desde IU la criticaban porque, según Catalina Barragán, tuvo “poco más que buscar la localización del municipio en Google Maps”. Lo cierto es que Moreno había sido puesta en su partido para encabezar una lista de la que, por los escrutinios históricos, jamás pensaba que fueran a llegar a la Alcaldía.

La situación inédita hizo verse a Trinidad Moreno con todas las áreas en su poder por lo que pidió un Gobierno de concentración a tres bandas, rechazado por IU. Moreno reformuló su idea de Gobierno y decidió repartir cargos entre el PSOE, entre ellos a Mario Torralbo, quien renunció al poco tiempo presionado por la dirección provincial.

La crispación entre vecinos del municipio se hizo patente y no dudaron en salir a la calle para manifestarse en contra de la alcaldesa, que llegó a denunciar ante la Guardia Civil pintadas en su contra.

La moción

La moción

Con el paso de los meses, PSOE e IU a nivel provincial comenzaron a gestar una moción de censura que echaría del sillón a Trinidad Moreno. Sin embargo, cuando las negociaciones provinciales iban avanzadas, Torralbo volvió a dar la sorpresa y dinamitó la moción de censura, anunciando un pacto con la alcaldesa para ser el primer teniente de alcalde.

Fue en mayo del año pasado, y el detonante para que el PSOE iniciase un expediente de expulsión. La gobernabilidad, tras estos dos años, está asegurada, según asegura este gobierno municipal tan peculiar.

La finca de Peñarrubia, en el término municipal de Campillos (Málaga) y propiedad de la Junta, ha sido la protagonista de una ocupación simbólica organizada por COAG y CCOO para reivindicar la creación de un banco público de tierras. Esta ocupación simbólica se produce prácticamente al mismo tiempo en el que se cumple un año de una ocupación real. La que se produjo hace un año en la finca Somontes, en Palma del Río (Córdoba).

Cuando amanece en Somontes, muchos de sus habitantes están ya en el “tajo” trabajando la tierra. 50 hectáreas de trigo, 20 de girasol, garbanzos, cinco hectáreas de otro tipo de cultivos, gallinas ponedoras, ovejas y cabras dan trabajo como para que estos jornaleros estén ocupados de sol a sol.

El entorno de Somontes ha sido transformado en cuestión de un año –cuando fue ocupado por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)- por una tierra que produce con excedente, según fuentes del sindicato.

Las 400 hectáreas de Somontes, con sus cuatro viviendas y cuatro naves, dan cobijo a una veintena de personas de diferentes edades: desde los 8 hasta los 60 años. Una comunidad que ha resurgido y resistido a lo largo de un año pese al desalojo que sufrieron en abril de 2012. Sus inquilinos se empeñaron en vivir allí y volvieron de nuevo a unas tierras cuya producción ha permitido aliviar la situación por la que pasaban algunas personas cuando llegaron a Somontes. Así lo cuenta Lola Álvarez, secretaria general del SAT en Córdoba y una de las inquilinas de 44 años, que además recuerda que parte de los productos son vendidos en algunos mercados de Córdoba y Sevilla, un dinero que sirve para satisfacer aquellas necesidades que el campo no cubre.

Javier Ballesteros, de 49 años, lleva también todo este año viviendo en Somontes y relata que su adaptación al medio ha sido sencilla porque ha ejercido labores en el campo desde los 16 años. Ballesteros está “contento y muy satisfecho” de su nueva vida, a pesar de los “pocos medios” con los que cuentan. Por ello, muestra su deseo de seguir “indefinidamente” en estas tierras. Este jornalero bendice su situación actual porque “al menos aquí, la comida la tenemos garantizada” y asegura que es “incomprensible” que “haya tierras vacías y abandonadas”

El día a día en esta finca, propiedad de la Junta, está sometido a una planificación horaria. Los domingos celebran una asamblea para repartir el trabajo semanal y definir el cuadrante de limpiezas y comidas. Desde las 8.00 hasta las 14.00 y desde las 16.00 hasta las 18.00 horas las labores agrícolas son las protagonistas. El resto del tiempo, Somontes se convierte en un lugar de convivencia donde sus habitantes y visitantes comparten comida, dormitorio y actividades como “los domingos verdes”, dedicados a realizar talleres.

De visita

Detrás de cada jornalero, hay una familia que no vive en la finca: padres, abuelos, hermanos. Así lo cuenta Lola Álvarez, natural de la cercana localidad de Posadas. En este año, han pasado a verles numerosos familiares. “Estamos de forma indefinida y nuestros familiares llevan esto bien porque se acercan a visitarnos. Es nuestra casa”, apunta.

Sin embargo, a lo largo de este año, estas no han sido las únicas visitas que han recibido. Hasta Somontes se han acercado también desde diferentes puntos de España y Europa: “siempre nos tienen como un ejemplo” porque “estamos luchando por conseguir una vida digna, por tener trabajo en nuestra propia tierra y por que no haya propietarios”

Este año de ocupación se ha convertido en una especie de ejemplo práctico de lo que sería un futuro banco de tierras andaluz, proyecto promovido por IU. La parlamentaria de IU Alba Doblas recuerda que ya se consiguió suspender la subasta de tierras que pertenecían a la Junta de Andalucía. Detalla que es un proyecto “muy avanzado” al que le queda la regulación de todas las convocatorias, concesiones y duración de concesiones de terrenos, que serían gestionados por los ayuntamientos donde se encuentren estas fincas. La idea es “recuperarlas para la economía social y el cooperativismo”, asegura Doblas.

Pese a esta propuesta que se está barajando, Álvarez, como representante del SAT en Córdoba, asegura que “se ha solicitado una reunión con la Junta de Andalucía que nunca llega” y que el silencio de la Administración autonómica es “absoluto”

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Dice Emilio Calatayud (Ciudad Real, 1955) que la población española, especialmente los menores y jóvenes, viven bajo una crisis de valores. Pero, ¿cómo se ha llegado a esa situación? Su respuesta es inmediata: “Hemos tenido complejos de joven democracia, hemos pasado de un extremo (dictadura) a otro (democracia) y estamos pagando las consecuencias de todo esto”. Es más, asegura que “no hemos tenido término medio en este país” y “estamos pagando las consecuencias” que, según admite, se ven en política, en la escuela, en la familia y, en general, en la sociedad. “Nos hemos empeñado en decir que todos iguales, todos iguales, y al final resulta que todos somos iguales pero unos más que otros”.

Este libertinaje al que hace referencia es consecuencia de un estado democrático de derecho excesivamente proteccionista con los menores hasta el punto de que ha dejado a los padres “prácticamente indefensos”. Es ahí donde este juez de Menores, conocido por sus “sentencias educativas ejemplares”, ejemplifica muy claramente con los controvertidos cachetes. Calatayud lo tiene claro: si se da un cachete “en el momento justo, con la intensidad adecuada, es una victoria. Pero confundir un cachete con un maltrato me parece una tontería”.

Poca confianza en los políticos

Si hay alguien o algún colectivo que debe eximirse de buscar una solución a la crisis de valores, esa es la clase política. Emilio Calatayud dice que “los políticos son los menos capacitados para poner remedio a esto” y les pide, en cambio, que hagan un “examen de conciencia porque viven en un mundo distinto al del ciudadano”.

Restaurar los valores requiere, según el juez de Menores de Granada, la creación de un movimiento social “y empezar, por supuesto, por la familia” para “reconducir” la situación.

Aunque “el panorama en España es muy preocupante”, Calatayud tiene claro que la familia, su estructura y el apoyo que la unidad familiar presta “está salvando un poco la crisis” de valores. “Si no llega a ser por la familia, nos estamos dando de tortas, por lo que lo bueno que tenemos en España es la estructura familiar y hay que apoyarla”.

Pero, ¿dónde se encuentran esos valores a restaurar? Calatayud considera que “muchos” de los valores y principios que propugna la Iglesia Católica “son buenos”. Y es que piensa que “una institución que dura 20 siglos merece la pena, aunque haya cosas que se tienen que acomodar a los tiempos”.

Además, Calatayud hace una defensa a ultranza de los valores de la Iglesia Católica y los considera únicos ya que “no pueden ser suplidos por el laicismo con el que nos quieren rodear”.

Los valores en el extranjero

En la entrevista, este juez de Menores echa una breve mirada al extranjero para analizar la situación en Europa. Calatayud dice que en muchos países del viejo continente está volviendo la autoridad. “Hay más disciplina entre los jóvenes y más autoridad entre los padres”, asegura el magistrado, quien afirma por tanto que la situación es ya diferente a la española.

En su última intervención en una conferencia en Córdoba, junto al obispo, Demetrio Fernández, Calatayud se desenvuelve como pez en el agua disertando sobre las relaciones padres-hijos, el “difícil” papel de los progenitores o los problemas actuales como el alcohol y “la hipocresía social” en la juventud. Con sus planteamientos, ampliamente conocidos, recorre universidades, colegios y centros de congresos en los que Calatayud diserta sobre la educación, en su más amplio concepto.