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El banco público de tierras tendrá 10.000 hectáreas y generará 10.000 empleos

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Juan Javier Ríos

Crear un banco público de tierras para entregar terrenos públicos sin aprovechamiento a parados. Es uno de los anhelos de Izquierda Unida, multitud de jornaleros andaluces y parece que también de sindicatos como COAG y CCOO, que protagonizaron en marzo la ocupación simbólica de una finca malagueña en Campillos.

El proyecto es de IULV-CA, socio de Gobierno del PSOE en el Gobierno autonómico, lo cual hace que tenga que prestarse una especial atención para un deseo que hace años podía parecer una utopía. Pero la situación ha cambiado y el desempleo de miles de hogares puede ahora hacer viable esta opción de habitar una finca donde se vive trabajando y rindiendo la tierra.

Desde IU, su responsable de Agricultura en el Parlamento andaluz, Lola Quintana, tiene claro que el banco público de tierras debe estar a pleno rendimiento antes de que finalice esta legislatura, es decir, en el primer trimestre de 2016. Es más, la coalición de izquierdas quiere que toda la normativa referente al asunto se apruebe en este período de sesiones, es decir, antes de julio de este mismo año.

En total, serán cerca de 10.000 hectáreas repartidas por las ocho provincias las que formarán parte de este peculiar banco. Según los cálculos de Quintana, cada hectárea debe generar un empleo, es decir, un total de 10.000 puestos de trabajo para personas sin actividad laboral alguna. Teniendo en cuenta las últimas cifras de paro en la región: 1.126.452 parados, se traduce en que este banco público de tierras serviría para absorber el 0,88 por ciento de estos demandantes de empleo.

Pero, ¿cómo se podría acceder a ocupar estas tierras? Según el modelo previsto por IU, la idea es que se puedan adjudicar a cooperativas que se creen con el tutelaje de la Junta de Andalucía. No obstante, también son posibles otras fórmulas con la colaboración de los ayuntamientos. Así, los consistorios que tengan en su término municipal alguna finca perteneciente al banco público de tierras también tomarían parte en la adjudicación de los beneficiarios.

Marinaleda y Somontes

El plan que perfila IU trataría de coger lo mejor del movimiento cooperativista de la localidad de Marinaleda (Sevilla), cuyo alcalde es el mediático Juan Manuel Sánchez Gordillo, y lo mejor de la experiencia en la finca ocupada de Somontes, en Palma del Río (Córdoba).

Según Quintana, “se deben aprovechar las experiencias positivas puestas en marcha hasta ahora” y entienden que esas dos lo son. Somontes lleva ocupada más de un año y sus 400 hectáreas dan cobijo y alimento a una veintena de personas que antes de la ocupación estaban paradas. Eso sí, de salir adelante en la Cámara autonómica la propuesta del banco público de tierras, no habría que hablar de ocupación ya que todo quedaría amparado bajo la ley.

Por más que llame la atención un banco público de tierras, no hay que creerse que es una idea nacida en la región andaluza. Ya existen los kibutz israelíes y Lola Quintana dice que “reflejan una idea parecida a lo que se pretende impulsar en Andalucía”. Estos kibutz son comunas agrícolas y se rigen por postulados como la propiedad colectiva, salarios igualitarios, rotación de los puestos y decisiones democráticas.

La apuesta de IULV-CA por el banco de tierras es muy fuerte. Desde la formación ya tienen pensado proponer a los compañeros de partido en el resto de regiones de España que intenten implementar estas medidas en sus comunidades. Y es que según Lola Quintana, desde IU creen “que en estos momentos cualquier patrimonio público debe ponerse a la disposición de la creación de empleo”.

Es un compromiso de Gobierno

Ante la pregunta a IU de ¿Saben si tendrán un apoyo total del PSOE? La respuesta de Quintana es clara: “Es un compromiso del Gobierno”.

Así, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, (PSOE) detalló recientemente que los “trabajos técnicos” para crear el banco público de tierras estaban “bastante avanzados”. Esto quiere decir que el socio de IU en el Gobierno, el PSOE, también estaría decidido a seguir hacia delante con esta iniciativa.

Planas ve que “puede ser una idea interesante” para “desarrollar, incrementar si ello es posible, el empleo”.

No obstante, consciente de que esta medida sólo reduciría el paro registrado en un 0,88 por ciento, ha añadido que el empleo se incrementaría “de una forma limitada, porque estamos hablando de pequeñas cifras, pero de una forma significativa, como un gesto de cara a la situación realmente difícil que se está viviendo ahora en muchas localidades de Andalucía”.

Eso sí, el consejero ha matizado en alguna intervención que “en ocasiones, las informaciones” dadas sobre este tema “no se ajustan exactamente a la realidad”, de manera que “las fincas a las que se hace referencia, no son fincas que no estén explotadas”, aunque “pertenecen aún a la Administración pública porque no han sido enajenadas”.

Parece que IU se ha ganado el favor del PSOE para hacer realidad una iniciativa que a buen seguro dará que hablar próximamente.

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