Nunca me he topado con José Antonio Griñán, no le conozco y, seguramente, nunca le habría votado, pero sí tengo algo en común con él y, además, una experiencia que a él aún le falta por vivir: he tenido cáncer de próstata, que es lo que nos une, y, además, he estado en prisión, que es la experiencia que él todavía no tiene. Ambas cosas, a mi entender, son incompatibles y me explicaré.

Tal cual me dijeron mis médicos nada más diagnosticarme el cáncer de próstata hace ya más de un año y medio, existían varias alternativas de tratamientos y cada una tenía sus pros y sus contras; después de que me explicaron todas, la decisión fue mía y opté por la quirúrgica, cosa de lo que no solo no me arrepiento sino que, además, me felicito porque fue la mejor decisión que pude tomar.

Ahora bien, tanto antes de la cirugía como después de ésta hay cosas que son esenciales, tal cual también me explicaron mis médicos, y una de ellas es el cómo uno afronta la enfermedad y cómo quiere salir de tan complejo trance: la parte anímica o psicológica es muy importante y este tipo de desafíos que nos pone la vida o se abordan para ganar o se pierden definitivamente.

Obviamente, enfrentarse a todo ello es muy complejo, consume muchas energías y, sobre todo, requiere de un entorno en el cual uno pueda sentirse apoyado y querido, sobre todo porque no todos los días son buenos y, en el fondo, siempre está por medio el fantasma de lo que entendemos por cáncer, pero, también, las consecuencias, si el tratamiento no funciona o la enfermedad va más rápido que la sanación. ¿Cómo se combina anímicamente enfrentarse a un cáncer y estar en prisión al mismo tiempo?

Darle vueltas a la idea no es sencillo, más bien es la parte más compleja de todo el proceso y, en mi caso, conté con el apoyo irrestricto de mi pareja, mis hijas y un núcleo muy reducido de amigos conocedores de la situación; con eso me bastó para salir adelante junto con contar con los mejores médicos que aplicaron todos sus conocimientos y técnica para sacarme bien parado de una enfermedad que nunca se sabe por dónde terminará complicándonos. ¿Cuál sería el entorno de Griñán en el patio de una prisión?

En los meses previos, me dediqué a prepararme física y mentalmente para la operación y, después de ésta, a recuperarme lo más rápido posible, ya que las potenciales secuelas dependen de muchos factores, pero uno esencial es cuán preparado esté uno para afrontarlas.

La prisión, cualquiera que sea y teniendo presente que es una realidad que conozco bien, no es el sitio adecuado para enfrentar una enfermedad de estas características; no un lugar que cuente con las condiciones necesarias para una correcta y rápida recuperación y, además, el proceso de recuperación tiene una primera etapa, ya postoperatoria y post hospitalaria que en una cárcel no se puede abordar adecuadamente y, mucho menos, con garantías de poder conservar un mínimo de intimidad y dignidad.

Insisto, no conozco a Griñán y seguramente no le votaría nunca, pero defiendo, sin dudarlo, su derecho a la salud y su derecho a tener el mejor de los tratamientos que la medicina actual pueda brindarle y, sin lugar a dudas, para eso no puede estar en prisión, ni ahora ni durante el periodo que necesite para recuperarse al cien por cien después del tratamiento que decida seguir.

Las penas privativas de libertad no son para castigar al enemigo, son para reeducar y reinsertar al infractor y en ese proceso han de seguirse criterios de humanización, lo que implica que ningún ser humano pueda verse sometido a un castigo mayor que el de exclusivamente verse privado de la libertad.

Creo que, como sociedad, estamos ante un falso debate si discutimos sobre si Griñán debe cumplir ahora la pena o no; no me cabe duda de que, constatada la enfermedad y decidido el tratamiento a seguir, se debe suspender su ingreso en prisión hasta que se reestablezca; lo contrario sería retroceder muchas décadas en la configuración y entendimiento de lo que han de ser las penas privativas de libertad pero, además, nos estaríamos transformando en una peor sociedad.

Tampoco es hora de entrar en el debate de si fue bien o mal condenado, eso lo tendrán que decidir, primero, el Constitucional y, llegado el caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en estos momentos lo único que se debe decidir es si un ciudadano condenado a una pena privativa de libertad merece ser, además, privado del mejor tratamiento médico que se le pueda dispensar… se llame Griñán o como se llame.

Seguramente, en una sociedad tan polarizada como la española no seamos capaces de separar la política de la ética, pero, en un caso como el de Griñán, que tanto me da quién sea, se ha pensar si se debe de penar doblemente a la persona o no… es decir, si no basta con la pena privativa de libertad sino que, además, hay que añadirle una suerte de “pena privativa de la salud”, esta y no otra es la clave de lo que se ha de dilucidar y, a partir de cuál sea la respuesta, sabremos en qué tipo de sociedad vivimos.

Se trata de una enfermedad de desarrollo variable y que puede llegar a complicarse mucho, llevando a algunos pacientes a la muerte, pero, no solo ha de suspenderse el cumplimiento de las penas ante un riesgo inminente para la vida, sino que también ha de hacerse ante un riesgo para la salud incluso si no existe riesgo vital.

Este tipo de temas no puede ser sometido al arrojadizo terreno de la discusión política, ha de mantenerse en el ámbito de lo médico y lo jurídico, pero, sobre todo, en el campo de la ética y para quienes tengan duda, basta con que se pregunten ¿cómo me gustaría que me tratasen si el afectado fuese yo?

Al señor Griñán, como a cualquier otro enfermo de cáncer o padecimiento grave, le deseo una pronta y definitiva recuperación y, en cuanto a la resolución de su caso, simplemente deseo que no nos tengamos que ver en un espejo ante el que luego, como sociedad, sintamos vergüenza.

La garantía del juez imparcial no solo viene reconocida en la Constitución española sino, también, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, normas de obligado cumplimiento en España.

La necesidad de imparcialidad es una garantía en cualquier sistema judicial democrático y esto el Tribunal Constitucional lo tenía claro, al menos cuando se dedicaba al derecho y no a la política.

El juez, cuando se aproxima a un tema, ha de hacerlo desde una posición de tercero ajeno al proceso y, como decía el propio Constitucional, quien ha de resolver cualquier asunto “no puede asumir procesalmente funciones de parte (...) y no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en su contra” (STC 140/2004, Fj 4).

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) garantizar el derecho al juez imparcial es clave que el juez no sólo sea imparcial, sino que también tiene que parecer que lo es; esto lo manifiesta reiteradamente el TEDH citando el adagio inglés “justice must not only be done: it must also be seen to be done” o, como ha dicho en su sentencia del caso Delcourt contra Bélgica, 17.1.1970, parágrafo 31: “No sólo debe impartirse justicia; también ha de verse cómo se imparte”.

En el fondo, la imparcialidad la podemos resumir como la ausencia de prejuicio, también de interés en el resultado del pleito cuyo conocimiento le es sometido a consideración, y, todo ello, visto desde la perspectiva de un observador objetivo y razonable, desapasionado y con la distancia suficiente.

Con estos criterios en la mano, resulta más que sorprendente que el Tribunal Constitucional pretenda revisar los recursos planteados tanto por el Partido Popular como por Vox en contra de las reformas ya aprobadas en el Congreso y pendientes de su tramitación en el Senado; al menos en lo que respecta a aquellos magistrados que se ven directamente afectados por esas reformas.

En un caso como este, un observador imparcial debería hacerse, como mínimo, la siguiente presunta: ¿cómo se compatibiliza el derecho al juez imparcial con el interés personal del juez si la materia sobre la que se tiene que pronunciar le afecta directamente incluso respecto a su propia condición de Juez?

Dicho más claramente: ¿puede sostenerse que se cumple con el criterio, como mínimo, de apariencia de imparcialidad si quien ha de resolver sobre la constitucionalidad o no de una determinada norma es, al mismo tiempo, el afectado directo de la norma en caso de aprobarse?

Creo que cualquier observador objetivo, razonable y desapasionado dirá que en un caso así no se cumple, como mínimo, con el criterio de la apariencia de imparcialidad.

Basta ver las prisas que le ha entrado a un sector del Constitucional de cara a resolver la solicitud de medidas cautelares planteadas por el PP frente al más de un año que lleva sin pronunciarse sobre el caso de Alberto Rodríguez, también pendiente de, entre otras cosas, medidas cautelares.

Sería razonable que antes de pronunciarse sobre las cautelares del PP lo hiciese respecto de las de Alberto Rodríguez ¿o es que Alberto tiene menos derechos que el PP a los ojos del Constitucional?

El Constitucional, a la vista de estas inusitadas prisas, no parece estar por la labor de cuestionarse su propia falta de imparcialidad pero, al menos, debería tratar de guardar las formas y, por ello, tendría que iniciar, de oficio o a petición de parte, un diálogo entre tribunales y realizar una remisión prejudicial el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que por este órgano se dictamine la compatibilidad de su futura decisión con las normas de Derecho primario de la Unión Europea.

Las preguntas y sus derivadas son múltiples, especialmente porque todas afectan a la forma en que se han de aplicar las normas nacionales para no colisionar con las garantías recogidas, entre otros, en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con lo previsto en los artículos 258, 259 y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre otras normas de la Unión de obligado cumplimiento también para el propio Constitucional.

Un planteamiento de cuestiones prejudiciales como el que propongo -que sería de obligada tramitación según establece el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal”) suspendería la tramitación del recurso y de la solicitud de cautelares planteadas por el PP hasta que las prejudiciales fuesen resueltas por el TJUE, cosa que no parece ser la intención de un sector del Constitucional aferrado al asiento y al sueldo, así como a los compromisos políticos contraídos con quienes les han designado para el cargo.

La pregunta que entonces surgiría, en el supuesto de negarse a cumplir con tal obligación, sería de mayor relevancia aún: ¿están dispuestos, el PP y un sector mayoritario del Constitucional, a arrastrar a España a un procedimiento de infracción con las consecuencias que ello tendría? Seguramente sí pero es un buen momento para que se definan sobre cuán patriotas son y cuánto de lo que hacen solo tiene sentido desde una perspectiva tanto personal como partidista.

No estoy de acuerdo en cómo se ha hecho la reforma, tan cuestionada por el PP y en vías de sabotaje por parte del Constitucional, pero mis discrepancias, que son técnicas, no pueden llevarme a pensar que sea correcto que un poder del Estado, carente de cualquier contrapeso, secuestre las competencias de los restantes poderes del Estado y se termine de cargar lo poco que de democracia queda en España.

Las disfunciones sistémicas son muchas y las vengo denunciando desde hace mucho tiempo, clamando en el desierto, y lo que ahora está sucediendo puede ser, si así lo quieren aquellos que ostentan la gestión de la mayoría parlamentaria, que no el poder del Estado, un punto de inflexión para abordar, con serenidad pero sin pausa, las reformas necesarias para que ningún poder del Estado carezca de los necesarios contrapesos que permitan que todos nos sintamos cómodos y seguros en un Estado absolutamente desbalanceado, como se está viendo en estos días.

La salida de la encrucijada constitucional en la que se encuentra España está escrita y se llama derecho de la Unión; encontrarla ya es cosa de voluntad política y, sobre todo, de valentía y compromiso con los valores democráticos.

Algunos, que llevan años viviendo instalados en una concatenación de relatos, ahora han comenzado a sembrar uno nuevo: la sentencia del procés está tocada de muerte en Europa por los indultos concedidos y las declaraciones realizadas por miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tal cual ha ocurrido en los últimos casi cuatro años, tal afirmación no pasa de ser un relato mediante el cual se trata de adaptar la realidad a unos concretos intereses que distan mucho de ser los encomendados constitucionalmente hablando.

No, la sentencia del procés y el procedimiento penal del que trae su origen no están tocados de muerte ni por los indultos ni por las declaraciones que, como corresponde a todo actor político, han concedido y realizado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto el procedimiento como la sentencia estaban ya tocados de muerte mucho antes y ahora lo que se pretende no es más que trasladar las culpas propias a un nuevo enemigo bien determinado que estaría encarnado por el actual Gobierno de España.

La realidad, que siempre ha distado mucho de los distintos relatos con los cuales se han ido creando, difundiendo y modulando a lo largo de los años de politización del conflicto catalán, es mucho más seria, más profunda y de más severas consecuencias que las recientes decisiones y dichos gubernamentales.

La sentencia del procés, desde una perspectiva europea y de interpretación democrática del derecho, nació muerta, porque todo el procedimiento se ha asentado en bases incompatibles con los pilares fundamentales del derecho de la Unión entre los que destacan aquellos contenidos en el Título I del Tratado de la Unión y, también, a lo largo del articulado de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La concatenación de relatos surgidos para mantener vigente una visión de la realidad que, como digo, es incompatible con el derecho de la Unión ha sido extensa y muy variopinta, pero una somera revisión de esa ya dilatada lista nos permite asumir que, una vez más, estamos en presencia de un relato que solo pretende confundir a la gente y negar la mayor: el procedimiento al procés nunca sobreviviría a la internacionalización del mismo tal cual venimos demostrando desde el 3 de noviembre de 2017. Vamos por partes.

Cuando un grupo relevante de miembros del Govern del president Puigdemont marchó al exilio en octubre de 2017, el primero de los relatos fue bifocal: no era posible tomarles declaración por videoconferencia y Bélgica les entregaría a España en menos de 30 días. Ya el 5 de noviembre, cuando todos ellos quedaron en libertad en Bruselas, el relato comenzó a hacer aguas. En paralelo, se había enviado a prisión al resto de dicho Govern.

El 5 de diciembre de 2017, cuando el juez Llarena, en lo que no fue otra cosa que una honda preocupación por el resultado de la primera euroorden europea de detención y entrega (OEDE), la retiró, se instaló el segundo de los relatos: es un gran estratega que está construyendo el procedimiento para asegurarse la entrega. Otro tanto se dijo en enero de 2018, cuando el mismo Llarena se negó a cursar una OEDE, en este caso a Dinamarca.

En marzo de 2018, después de dictado el auto de procesamiento y tras la detención de Puigdemont en Alemania –en base a una segunda OEDE por los mismos hechos–, el relato que se construyó fue que Alemania marcaba el camino de regreso de “los fugados”. Ese relato duró 12 días, los que estuvo en prisión, y se transformó en una serie de reproches y menosprecios hacia una justicia y un tribunal que fue el que primero dictaminó la verdadera enfermedad del procedimiento que se seguía en el Tribunal Supremo.

El 16 de mayo de 2018, la Justicia belga se negó a tramitar la segunda OEDE en contra de los políticos catalanes por venir mal formulada, al carecer de una orden nacional de detención que la sustentase, y surgió un nuevo relato que se decantaba por que los belgas nos tienen manía y han convertido a su país en un refugio de terroristas y delincuentes. Nadie quiso admitir que el fallo radicaba en el Supremo y no en Bélgica.

En julio de 2018, después de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein dictara sentencia en la OEDE cursada en contra de Puigdemont, todo fueron ataques, una vez más, a la Justicia alemana y se gestaron una serie de relatos entre los que se establecía que los jueces alemanes se habían excedido en sus funciones y que el juez Llarena cursaría una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que les pusiese en su lugar. Una vez más, solo fueron relatos pero que permitieron ocultar un hecho esencial: Alemania había terminado por emitir el parte de defunción del procedimiento que se seguía en España y ello en base a una serie de elementos que, primero, tuvo muy en consideración el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y, recientemente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En ese proceso de concatenación de relatos tampoco podemos olvidar la serie construida a partir de la elección de Puigdemont, Comín y Ponsatí como miembros del Parlamento Europeo; entre ellos destaco aquel que decía que la condición de eurodiputado se adquiría mediante el juramento ante la Junta Electoral en Madrid. Este relato duró hasta el 20 de diciembre de 2019, fecha en que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictaminó lo contrario y su criterio fue asumido por el Parlamento Europeo, al que se incorporaron el 13 de enero de 2020 con efectos a junio de 2019.

Por sorprendente que parezca, tal planteamiento sobre el momento de la adquisición de la condición de eurodiputados sigue sosteniéndola, ya casi en solitario, la Sala Tercera del Supremo, que es la misma que tendrá que resolver los recursos interpuestos por la derecha en contra de los indultos.

Pero como la cosa de los relatos nunca resulta suficiente para no reconocer los errores propios, se instaló un nuevo relato según el cual la concesión del suplicatorio les traería de regreso a España; no contaron ni con las dos sentencias de Puig ni con las cautelares acordadas por el TGUE.

Finalmente, y ante el varapalo que ha representado el dictamen de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que no dice nada distinto a lo que ya dijo Schleswig-Holstein en julio de 2018 o haya dicho la Justicia belga o la escocesa, se instala este nuevo relato según el cual los grandes males que afectan al procedimiento y sentencias dictadas en el caso del procés son única y exclusivamente culpa de Pedro Sánchez.

La verdad es muy otra: construir contra viento y marea un proceso y una sentencia que no encaja en un derecho, el europeo, que es tan propio como el que surge de las Cortes, no solo es un error, sino un empecinamiento que más temprano que tarde llegaría a este punto.

Los indultos no han dado el certificado de defunción a la sentencia del procés, eso ya se consiguió en 2018 –fue en Schleswig-Holstein– solo que, de relato en relato, nunca se ha tenido la honradez intelectual de asumir el error propio y siempre se ha trasladado la culpa a un tercero. Esta vez le toca a Pedro Sánchez que, en definitiva, parece que se ha convertido en caza mayor porque siempre se vive mejor contra un enemigo que contra los fantasmas propios.

Capítulo 10. Octubre

El comienzo de mes me pilló de viaje en Escocia, y por la mañana del 1 de octubre regresé a Madrid en el primer vuelo vía Londres. Fue más largo que el de ida pero no había otra combinación posible que me permitiese estar en el despacho antes de las 14.00, cuando tenía una reunión convocada que fui preparando, en gran medida, en ambos vuelos, ya que me quedaba por revisar una parte importante de la documentación.

Al día siguiente, 2 de octubre, y una vez más a primera hora de la mañana, tuve que volar a Ginebra, donde tenía concertada una importante reunión con la defensa de Marta Rovira y con la propia Marta para coordinarnos de cara a todo lo que sucedería a partir del dictado de la sentencia. El vuelo de ida fue todo menos agradable, porque nos pilló una fuerte turbulencia que ni me dejó dormir ni mucho menos trabajar; pensé que lo mismo sucedería esa noche al regreso, pero afortunadamente no fue así.

El jueves 3 estuve toda la mañana en el despacho, donde tenía muchos temas que solucionar y el tiempo apremiaba. A las 3 de la tarde me tenía que ir nuevamente al aeropuerto para volar en esta ocasión a Palma de Mallorca, donde tenía una presentación de mi libro y posteriormente una cena con los organizadores del evento.

Conseguí llegar justo a la hora prevista para el despegue y traté de dormir en el vuelo, pero la cabeza me daba vueltas y vueltas pensando en algo fundamental: cualquier día de esos saldría la sentencia y, si hasta ahora la cosa estaba agitada a partir del dictado de la misma y las consiguientes euroórdenes, no tendría un minuto de calma.

Palma es una ciudad que me encanta y a la que, por motivos profesionales, me tocó ir muy seguido hace ya algunos años. Además, en ella tengo recuerdos muy buenos porque fue allí donde se estrenó un documental que hizo Sebastián Arabia sobre mí, que fue presentado por uno de mis mejores amigos, Rafa Escudero, y adonde acudieron Isabel, mi hija Sandra y mi querida tía Graciela; esta, como regalo, me trajo dos grandes álbumes en los que había recopilado y ordenado todas las cartas que le envié en los casi ocho años que estuve en prisión.

En esta ocasión presentaba mi libro, pero la presentación fue mucho más allá de lo que se cuenta en él y se centró, a través de las preguntas que surgían del público, en la situación que se vivía en ese momento y en las muchas dudas que generaba todo lo que estábamos haciendo de cara al Parlamento Europeo. También se hicieron preguntas sobre cómo veía el juicio y qué sentencia esperaba; sobre ese tema siempre fui claro y crítico, pero a la vez muy realista: no podíamos esperar nada bueno como días después se confirmó.

También desde el público se me hizo una dura pero educada crítica por mis quejas acerca de la actuación del Tribunal Supremo y de la JEC; intenté explicar mis razones, pero era evidente que a mi interlocutor no le interesaban, y estoy seguro de que aún hoy, y ya con el tema resuelto por el TJUE, esa persona no es capaz de aceptar que todo lo que he dicho sobre lo hecho en este caso por el Supremo y la JEC ha terminado siendo cierto y jurídicamente bien fundamentado. Lo realmente inadmisible es pretender, como intentan muchos, que el poder judicial esté exento de críticas, mucho menos cuando estamos viendo, día a día, que el auténtico problema que tiene España, para su democratización, no es la falta de independencia del poder judicial, sino que este no tiene contrapesos y además cuenta con una agenda política propia; me refiero a sus altas instancias jurisdiccionales.

Es evidente que nadie criticaría a un tribunal, mucho menos al Supremo, si no fuese con una base clara y con fundamentos jurídicos contrastados. Nosotros siempre que les hemos criticado lo hemos hecho con razones jurídicas y con el deseo de provocar un cambio de rumbo no solo en este caso, sino también en términos generales y para que comiencen a aplicar la Ley desde una perspectiva democrática.

Como cada día, iba tan pillado de tiempo que el vuelo de regreso lo reservé para primera hora de la mañana, con lo que salí del hotel sobre las 05.00 para poder tomar el de las 06.30. El aeropuerto de Palma parecía desértico, lo que no es habitual, y tardé mucho menos de lo esperado en hacer todo el embarque y pasar los controles de seguridad.

El fin de semana nos reunimos con varios amigos en casa y pudimos relajarnos un poco sin perjuicio de las llamadas, que no cesaban porque, a esas alturas, ya todo el mundo estaba instalado en la rumorología y cada día surgía un rumor nuevo sobre cuándo saldría y cómo sería la sentencia del Supremo. El tema era, en esos momentos, muy fatigoso, pero no quedaba más remedio que ser didáctico y explicar a todo el mundo que Marchena tenía una agenda y que solo él y el resto de miembros de la Sala la conocían; por tanto, la sentencia saldría cuando ellos quisieran y en todo caso sería dura.

Internamente el razonamiento era más complejo: Marchena había jugado muy fuerte con las prejudiciales solicitadas por la defensa de Oriol Junqueras. Pero la verdad es que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 apartado tercero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como último órgano decisorio en la jurisdicción interna, no tenía más remedio que cursarlas al venir solicitadas por una de las partes en el proceso; es decir, tuvo que cursar las prejudiciales porque le obliga el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ahí se vio entrampado.

Poniéndome en su lugar, la cuestión no era cursarlas o no, sino cómo hacerlo para, sin incumplir su obligación, conseguir que las mismas no le explotasen en la cara, como finalmente terminó sucediendo. Nosotros veníamos sosteniendo, públicamente y al menos desde marzo, una serie de ideas que nadie quería aceptar, y una de ellas era que la condición de eurodiputado se alcanzaba por la elección y proclamación de los resultados y, a partir de ese momento, se contaba con inmunidad.

Teniendo presente tal razonamiento, que finalmente ha sido avalado por el TJUE, es evidente que Marchena, que siendo buen jurista se pierde al salir del derecho español, hizo un juego de malabares para, de una parte, no reconocerle la inmunidad a Junqueras y, de otra, remitir unas preguntas que, en la forma en que iban redactadas, le cubrían solo para el periodo en que siguiesen en prisión provisional. Su jugada, la que diseñó desde el principio, era plantear prejudiciales referidas a un preso preventivo, y luego, antes de que se pronunciase el TJUE, cambiarle la condición a la de penado; de esa forma no se vería vinculado por la decisión que dictase el TJUE.

En realidad, y como se ha demostrado posteriormente, cursó las prejudiciales en el caso de Junqueras con la vista puesta en Puigdemont, Comín y Ponsatí, que, en definitiva, es lo que realmente le obsesiona. Hizo trampas y le salió mal, por mucho que sigan existiendo algunos medios que le entronizan como salvador de la patria o vaya uno a saber qué.

Dicho ahora no tiene mucho valor, pero lo dijimos desde marzo, como consta publicado en diversos medios de comunicación y artículos que escribí sobre el tema. Cuando decíamos estas cosas, tanto a Costa como a mí se nos dijo de todo y se nos trató como auténticos iluminados, vendedores de humo y cuantos otros calificativos se quiera uno imaginar. De una parte, el relato instalado desde el Supremo era muy potente y, de otra, muchos repiten lo que escuchan sin mayor estudio ni análisis; en realidad, les pueden los sentimientos y se aferran a los relatos surgidos del Supremo como a un clavo ardiendo. Tampoco faltan los que tratan de justificar sus propios errores tácticos y estratégicos a costa de desprestigiar al exilio y el trabajo que se ha hecho fuera del Estado, que, en definitiva, es el único que ha dado resultado. Son como el sol de invierno: iluminan un poco pero no calientan.

Marchena tenía que dictar sentencia antes de que se pronunciase el TJUE, ese era nuestro auténtico análisis, y lo más seguro es que tuviese que retirar la prejudicial, aduciendo que había devenido inútil porque se había dictado sentencia. Esto era lo más sensato poniéndonos en sus zapatos, y por eso escribí y publiqué un artículo titulado «¿De quita y pon?» en elnacional.cat. Está claro que Marchena no me hizo caso y eso ha terminado siendo su perdición, o puede ser que saberse tan buen jurista le llevase a pensar que en Luxemburgo las cosas se resolvían como en Madrid. Hoy sabemos que, al final, Waterloo estaba en Luxemburgo y no en Bélgica, y que su objetivo no era Junqueras, a quien ya tenía entre rejas, sino Puigdemont, a quien quería atar con esas prejudiciales.

El resto de la semana estuve sacando escritos y resolviendo temas que teníamos pendientes, y el jueves 10 fui a Lleida para dar una charla en su universidad, en la sede de Linyola. La gente que la organizó, aparte de cariñosa y muy bien informada, tuvo detalles muy prácticos, como reservarme hotel para esa noche junto a la estación del AVE para poder regresar en el primer tren de la mañana siguiente.

El domingo 13 fui a Igualada, donde me concedían un reconocimiento. No conocía la ciudad, pero me llevé una grata impresión no solo de su pasado medieval, sino de cómo abordan el tema del turismo y de su historia. El viaje fue breve e intenso porque regresé esa misma noche a Madrid; no quería estar fuera el 14 porque estaba prevista la vista de las prejudiciales de Junqueras ante el TJUE y, además, ya el viernes habían comenzado los fundados rumores sobre la inminente notificación de la sentencia por parte del Supremo.

En realidad esta había sido filtrada a determinados medios que desde el viernes comenzaron a publicar partes de su contenido. Para ser la sentencia más importante de la historia reciente de España y haber sido «un juicio modélico», como lo definieron muchos corifeos, o «justo», como sin rubor ni estrategia lo definió otro abogado, lo cierto y verdad es que filtrar la sentencia fue una más de las múltiples vulneraciones y errores cometidos por el director de orquesta, al que unos determinados medios no se cansaban de elevar a los altares.

La sentencia era importante, pero, en lo que a mis defendidos respecta, lo auténticamente relevante estaba aún por venir: a partir de su notificación sería cuestión de horas o días que se cursasen las nuevas euroórdenes. El lunes 14 fue hecha pública la sentencia, cuyos principales «misterios» ya habían sido adelantados por los medios más afines a su muñidor; por tanto, lo que correspondía era un análisis sosegado de la misma para ver sus vulnerabilidades. El problema es que desde primera hora de la mañana no paró el teléfono con llamadas de distintos medios que, por una parte, intentaban tener unas primeras impresiones y, por otra, algún tipo de pista o explicación sobre las claves de tan esperada como filtrada resolución.

Mi primera lectura de la sentencia fue en diagonal y partiendo por el final, que es donde está la parte dispositiva, donde se establece la absolución o condena y las penas. Una vez comprobada esa parte me dirigí, directamente, a los «hechos probados», que es donde se establece la «verdad jurídica» y que necesitaba conocer para ver cómo afectaba a nuestros defendidos y en qué medida nos beneficiaría o perjudicaría de cara a las euroórdenes.

La lectura de los hechos probados la hice con rotulador amarillo para ir destacando aquello que más me llamaba la atención y que no fue poco. La sedición era evidente que carecía de cualquier sustento fáctico que permitiese encajar los hechos en ese tipo penal, algo que ya habíamos demostrado en Schleswig-Holstein hacía más de un año, por mucho que les duela a tantos. Mi conclusión fue clara: nos acababan de regalar la euroorden. En cuanto a la malversación, que es un delito «feo» o «sucio», por tratarse de dineros públicos, y al que tratarán de agarrarse en el futuro, la sentencia era lapidaria afirmando y dando por probado que: «Ninguno de esos pagos fue finalmente ejecutado». Eso es lo mismo que hemos venido sosteniendo durante más de dos años: no existía malversación pero se condenaba por ella, y mis defendidos serían reclamados, en las correspondientes euroórdenes, como si la misma se hubiese producido.

Repasados los hechos probados comencé la lectura de los fundamentos jurídicos, que es la parte donde se razona cómo se llega a la conclusión de absolución o condena. Esta lectura me resultó muy compleja por las continuas interrupciones y porque en medio nos enteramos de algo que, para mis defendidos, era esencial: Llarena había cursado, por tercera vez, la euroorden.

No sabíamos cómo pero, el jueves anterior a conocerse la sentencia, la Fiscalía del Supremo, que se supone que es una parte más del proceso y por tanto debería conocer lo mismo que nosotros, solicitó que se cursase una euroorden en contra del president Puigdemont. Ante dicha solicitud, Llarena, que no forma parte del Tribunal de enjuiciamiento, acordó emitir una nueva orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión para el president. Solo era en su contra y eso ya era raro.

A partir de ese momento, y en medio de una reunión con un par de periodistas amigos, llamé al president Puigdemont y después comuniqué al resto de defendidos la situación indicándoles, expresamente, que solo se había cursado una euroorden. Acto seguido me puse en contacto con el que hemos denominado Brussels Team, el equipo de abogados de Bélgica, para informarles de la situación y poner en marcha el protocolo que meses antes habíamos diseñado.

Una vez hecho lo más urgente contacté con el Scottish Team y con Marc, el abogado suizo de Marta Rovira, con quien mantengo una buena relación. La idea era ponerlos al día de todo lo que sabíamos hasta ese momento y que supiesen, sobre una base fáctica cierta, cuál era la situación a la que nos enfrentábamos.

Todo lo teníamos preparado, y los equipos ya estaban activados; el proceso no duró más de diez minutos y se hizo evidente que el trabajo realizado en los meses precedentes había dado sus frutos. Terminada esa ronda de activación continué con mi reunión y mis dos amigos periodistas acababan de ser testigos de un momento crucial en toda esta estrategia de internacionalización; pero como buenos profesionales y amigos que son saben lo que es un off y mucho más lo que es la amistad.

Ese día no fue sencillo, pues no solo eran las llamadas de los medios, sino también algún dúplex o entrada en directo en distintas televisiones y radios, lo que me fue marcando la agenda de manera irremediable. Mientras todo esto sucedía, Isabel entraba y salía de mi despacho haciéndome comentarios sobre la sentencia, que la iba indignando por momentos; ella es mucho mejor penalista que yo, que soy más procesalista y, por tanto, sus comentarios se centraban en eso: el derecho penal puro y duro, que no dejaba de sorprenderla y a mí interesarme, pues en estos temas siempre me fío de lo que me dice.

A mediodía tuve una larga conversación con Paul Bekaert y, acto seguido, otra con Christophe Marchand. No sabíamos cuándo se activarían las euroórdenes contra Toni y Lluís pero, en principio, nos quedaba claro, o me quedaba claro, que no la habría contra Meritxell, ya que su conselleria ni siquiera se mencionaba en la sentencia. Decidimos que lo mejor era que Paul contactase con la Fiscalía de Bruselas y allí acordasen cuál sería el procedimiento que había que seguir para presentar al president ante las autoridades, dando formal cumplimiento a la orden de detención... que nunca será de entrega.

Terminamos muy tarde ese día porque, aparte de todo esto, tenía que preparar una serie de documentos y papeles para llevarme a la mañana siguiente a Algeciras, donde me habían señalado diligencias en un juzgado de allí. El viaje lo haría en AVE hasta Sevilla y luego en coche, y la intención era regresar el mismo día porque el miércoles 16 tenía que estar en Madrid a primera hora.

Desde Sevilla a Algeciras el teléfono no paró de sonar, y una y otra vez la pregunta era la misma: «¿Habiendo sentencia firme será más sencillo que Bélgica los entregue?». Era evidente que quienes me la hacían, varios periodistas especializados, no habían escuchado ni leído nada de lo que yo había dicho y escrito en todos esos meses, que resumidamente consistía en que la sentencia sería nuestra principal aliada para conseguir que no les entregasen. Marchena y Llarena tampoco me habían leído, como se está demostrando día a día.

No eran capaces de abstraerse de los «relatos» que tan interesadamente les habían vendido desde la Sala y la Fiscalía del Supremo. La realidad ha ido demostrando que estos no eran ciertos y que, como tantas veces ha sucedido en estos más de dos años, al final la razón la teníamos nosotros, pues trabajábamos sobre bases ciertas, objetivas y jurídicas, en lugar de hacerlo desde una construcción emocional impropia de profesionales del Derecho.

El problema que tienen algunos es que asumen, como si de un dogma de fe se tratase, todo lo que les dicen las «fuentes oficiales», sin discernir si lo hacen con algún interés o no y mucho menos si saben siquiera de lo que les están hablando. En estos dos años debería ya ser evidente que esas «fuentes oficiales» son interesadas y en la mayoría de los casos no tienen ni idea de lo que están hablando.

Aproveché el viaje de regreso para darle un nuevo repaso a la sentencia; siempre había sostenido que sería dura, pero sinceramente creía que sería, al menos, técnicamente más sólida, y que obviamente no tendría errores sintácticos ni faltas de ortografía. Las penas eran duras o muy duras, carecían de un sustento legal claro y, además, la métrica penológica se había construido, como todo en esta causa, forzando el derecho de forma tal que nos generaba una nueva vía de defensa para las euroórdenes y, de pasada, dejaba abierta una excelente oportunidad de defensa para los condenados, al establecer una nueva e inesperada definición del tipo penal, lo que vulnera el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El miércoles 16, por la mañana, me llamó Paul Bekaert para informarme de que la Fiscalía de Bruselas quería que al día siguiente presentásemos al president Puigdemont ante la policía e iniciásemos los trámites de la nueva euroorden. De pasada, pero de manera muy clara y contundente, me dijo que el fiscal había pedido absoluta discreción y que no quería tener cientos de medios en la puerta de los juzgados mientras se realizaba toda esa tramitación inicial; por tanto, me pidió que no se lo dijese a nadie.

Minutos después el president Puigdemont y yo hablamos de cómo organizarlo, y, mientras eso sucedía, en el despacho trataban de conseguirme un billete para el jueves 17 a primerísima hora a Bruselas que me permitiese regresar por la noche a Madrid, ya que el viernes 18, también a primera hora, tenía previsto salir hacia Frankfurt para presentar mi libro en el marco de la Feria del Libro, que se celebraba en esa ciudad y que es una de las más relevantes del mundo.

Tomé, ya el jueves 17, un vuelo a las 6 de la mañana a Bruselas y aterricé sobre las 08.15. Nada más bajar del avión contacté con el president Puigdemont y acordamos dónde nos veríamos, muy cerca de la comisaría principal de Bruselas. Llegué minutos antes que el president, que vino acompañado de Jami y dos personas de su seguridad. A los pocos minutos llegó Paul y, luego de revisar los últimos temas, nos encaminamos a la comisaría, donde inmediatamente fuimos atendidos por tres agentes que no solo fue- ron muy amables, sino que, además, eran perfectamente conscientes de la situación y relevancia del caso.

Subimos a la novena planta y allí, en un moderno y frío despacho con vistas a toda Bruselas, una vez que llegó la traductora de neerlandés, se procedió a los trámites de lectura de derechos, entrega de copia de la euroorden cursada por Llarena y el resto de trámites necesarios para regularizar la situación del president Puigdemont. Con la policía tuvimos ocasión de hablar por espacio de unas cuantas horas y pudimos explicarles aquellos datos que ellos no conocían aún. Si algo les quedó claro, y así lo demostró el trato recibido, fue que se trataba de una persecución política y no de la detención de un presunto delincuente.

La paradoja, que comentamos con el president Puigdemont y con Paul, fue que desde la ventana de esa sala estábamos viendo un constante ir y venir de helicópteros y, al fondo, el edificio donde esa mañana estaban reunidos los jefes de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea. Mientras, nosotros comenzábamos a solucionar la tercera euroorden sin que nadie se enterase de ello.

Terminados los trámites, Paul y yo nos fuimos hacia los Juzgados, que quedan a unos mil metros de distancia, y el president se quedó en las dependencias policiales, desde donde fue trasladado al cabo de una hora aproximadamente. De camino a los juzgados nos reunimos con Jami y le explicamos la situación y lo que vendría después: comparecencia ante el Juzgado de Guardia, que era el que debía acordar la puesta en libertad del president y fijar la agenda para comparecer ante la Cámara del Consejo, el tribunal encargado de resolver sobre la entrega o no a España.

Cuando Paul y yo llegamos al juzgado nos estaban esperando, y a los pocos minutos se nos unió Simon, que venía de un juicio. Nos hicieron pasar a la sala de prensa y allí nos encontramos, casi media hora después, con el president. Cuando ya estábamos todos reunidos, bajó el fiscal para saludarnos y comentar cuál era su visión de lo que había que hacer; nosotros le expusimos la nuestra y acordamos entre todos la mejor forma de proceder.

Desde antes de la comparecencia habíamos indicado al fiscal nuestra intención de reclamar la inmunidad con la que contaba el president, y le informamos de que el Parlamento Europeo no la estaba reconociendo y de que teníamos dos demandas pendientes en el TJUE por este tema, más una cuestión prejudicial que había cursado Marchena en relación a Oriol Junqueras.

El tiempo pasaba y no entendíamos por qué seguíamos esperando que nos llamaran para la comparecencia ante el juez, por lo que fui a preguntar y me indicaron que seguía con detenidos y que se iba a alargar un poco más. Simon tenía que coger un vuelo a Madrid y yo otro; al final solo Simon cogió el vuelo previsto.

Sobre las 18.30 subimos al despacho del juez y, nada más entrar, nos saludó a los tres y me preguntó por mis otros defendidos; le indiqué que estaban en Bélgica pero que, según teníamos entendido, solo se había cursado una única euroorden. Tras revisar los documentos me confirmó que así era pero que no lo entendía; nosotros tampoco, pero, a esas alturas, en la justicia belga ya no tratan de entender a Llarena, sino simplemente de cumplir con sus compromisos internacionales.

El juez informó al president Puigdemont de los cargos, como era su obligación, y le preguntó si quería ser entregado; la respuesta fue simple, clara y sin márgenes para la duda: «No, no quiero». Continuó la comparecencia y se entró en el ámbito de la situación personal, es decir, qué medida se acordaba mientras se sustanciaba el procedimiento. Fue entonces cuando Paul alegó que se trataba de un diputado al Parlamento Europeo y que, por tanto, contaba con inmunidad.

Como habíamos hecho con el fiscal, fuimos claros indicándole al juez la situación completa y dejando patente que el Parlamento negaría tal condición, al menos mientras el TJUE no se pronunciase respecto a los casos que allí teníamos. El juez nos comunicó lo que había decidido: el president debería permanecer en dependencias policiales hasta la mañana siguiente, que sería cuando el Parlamento le respondería a la consulta que iba a realizar en esos momentos; si era positiva, se rechazaría la euroorden y quedaría en libertad, y si era negativa, la euroorden seguiría su curso pero el president, igualmente, quedaría en libertad con la obligación de informar al juzgado si iba a salir de Bélgica. La situación no era la mejor, en realidad no nos la esperábamos, y todos los esfuerzos de discreción que nos había pedido o mejor dicho impuesto la Fiscalía saltaron por los aires, pues a nadie se le escapó que el president Puigdemont llevaba todo un día en silencio y no se encontraba localizable.

Ante ese panorama pedí instrucciones al propio president y acordamos que yo hablaría con Elsa Artadi para que ella se encargase de lo político, y nada más salir también hablaría con Jami para llamar a su esposa y explicarle la situación. No quedaba más remedio y, según nos habían asegurado, los trámites se terminarían a la mañana siguiente sin más demora.

Nos despedimos del president, que me dio algunas instrucciones de ámbito más doméstico. El jefe de la unidad policial me pidió mi teléfono y me dio el suyo por si teníamos que comunicarnos, cosa que hicimos en un par de ocasiones entre esa noche y la mañana siguiente.

Antes de separarnos les expliqué a los policías que, si introducían en el sistema la situación del president, en España se filtraría la noticia y toda la discreción solicitada por la Fiscalía de Bruselas saltaría por los aires. Me indicaron que no lo harían sino hasta muy avanzada la noche, para de esa forma evitar una filtración hasta que hubiese finalizado el proceso de regularización de la situación del president.

Al salir, Paul tuvo que correr para alcanzar el último tren a su casa, y, como me estaban esperando Jami y los responsables de la seguridad del president, me encargué de informarle inmediatamente y procedimos a llamar a Marcela para explicarle la situación. La entereza, determinación, entrega e inteligencia emocional de Marcela Topor algún día serán apreciadas en toda su intensidad, pero quienes la conocemos no necesitamos esperar nada para saberlo.

Después de esta llamada, que no es ni un trámite ni algo sencillo, Jami y yo nos encargamos de cuestiones más prácticas como, por ejemplo, conseguir un hotel donde alojarme y ver de comprar artículos de aseo y una muda de ropa, puesto que yo había ido solo para un día. Con todo esto resuelto llamé a Isabel para contárselo, aun cuando ella estaba al tanto de cómo iban las cosas.

Al llegar al hotel lo único que me apetecía era dormir un poco; no había comido en todo el día, pero en la tensión entre hambre y sueño siempre se termina cediendo a favor de este último, y en esta ocasión no iba a ser distinto. Justo cuando me estaba acostando me llamó el policía encargado de la situación del president para preguntarme si habría alguien en Waterloo para ir a buscar sus artículos de aseo y ropa para la mañana siguiente; claro que sí, pues siempre hay alguien allí por razones de seguridad, así es que avisé de que iban de camino y me fui a la cama, dejando el teléfono conectado y con la alarma puesta para las seis de la mañana. Menos mal que la puse.

Por la mañana del 18, después de ducharme bajé a desayunar para estar preparado para un día que no sabía cuán largo sería, con la cabeza puesta en lo que teníamos que resolver en Bruselas y mirando en Internet la mejor forma de llegar a Frankfurt antes de la hora de la presentación a la que me había comprometido.

Jami y yo quedamos para juntarnos sobre las 8 de la mañana cerca de los juzgados, en una cafetería que conocíamos de anteriores ocasiones. Mientras iba en el taxi me sonó el teléfono. Era un periodista madrileño de tribunales que me dijo: «Gonzalo, tengo alguna información y necesito confirmar si Puigdemont está detenido». No tuve mucho que pensar porque era evidente que al introducirse los datos en el sistema desde España se había filtrado la noticia y no tenía sentido negarla, así que mi respuesta fue directa: «Sí, pero quedará en libertad antes de las 3 de la tarde. No puedo darte más datos».

Al juntarme con Jami, y antes de que le dijese nada, me soltó: «Ya es público, así que ahora hay que sacarlo cuanto antes». La respuesta fue simple: «No te preocupes, lo tengo claro». Y es que en esos momentos en Catalunya se estaban viviendo intensas y duras jornadas de protesta como reacción a la sentencia, y tanto el president como Jami y yo éramos conscientes de que, si se alargaba la situación, el simple hecho de que Puigdemont estuviese detenido incendiaría más los ánimos y las calles. Muchas veces, a lo largo de estos más de dos años, el contexto ha sido clave, y eso es algo que no se puede omitir si se quiere actuar correctamente y con responsabilidad.

No podíamos fallar, se trataba de evitar males mayores y, por tanto, había que correr. No alcanzamos a tomarnos un café entre llamadas y más llamadas, muchas de periodistas y otras de gente cercana al president, muy molestos porque no se les hubiera informado con antelación a su presentación. No entendían, creo que ahora ya lo hacen, que se actuó como se debía y que eso fue lo mejor y lo más responsable, pero nada impidió que tuviese que oír todo tipo de improperios.

Pocos minutos después me llamó la policía para decirme que trasladaban al president al juzgado y que fuese lo antes posible porque ya se había filtrado la noticia. Inmediatamente pagamos y nos fuimos para allá. Al llegar vi a un grupo de periodistas catalanes y españoles, entre ellos algún buen y querido amigo, pero mi misión ahí no era atenderles, sino solucionar la situación, así que, aprovechando que llovía, puse el paraguas de lado y pasé junto a ellos sin que se diesen cuenta, entrando rápidamente en el edificio y subiendo a la planta donde está ubicado el juzgado de guardia.

Arriba, en una amplia sala de reuniones, me esperaban los policías del día anterior y el president Puigdemont, que venía perfectamente vestido y afeitado... Él se había podido afeitar mientras yo, que no estaba detenido, no lo había conseguido. Nos trajeron café en cantidades industriales y pudimos retomar la conversación donde la habíamos dejado la noche anterior, no sin antes informar al president de todo lo sucedido y de las diversas conversaciones con las personas de su equipo político y con Marcela, que era la que más le preocupaba.

Sin solución de continuidad, el president me dijo: «Confío en que esto se solucione rápido porque estoy muy preocupado con la situación en las calles». La respuesta fue sencilla: así se haría. Justo en esos momentos entró una persona pidiéndome que fuese al despacho del fiscal jefe para comentar un tema. Al llegar, este me saludó con exquisita corrección y muy afablemente, y lo primero que me dijo era que sentía el retraso y que abajo estaba lleno de medios, por lo que sería conveniente que acordásemos una línea de comunicación para que todos dijésemos más o menos lo mismo. Me enseñó el borrador del comunicado que había preparado y le indiqué que me parecía bien, que no veía problemas y que nosotros diríamos lo mismo. Es un placer trabajar en las jurisdicciones donde existe respeto mutuo y donde al abogado no se le ve ni como un contrario, ni como un enemigo, ni como a uno de «los malos», sino como a otra parte necesaria para que la administración de justicia y el sistema de justicia democrática funcione.

Volví a la sala de reuniones, comenté con el president y con los policías lo acordado y a los pocos minutos agentes del juzgado nos informaron de que ya había contestado el departamento de protocolo del Parlamento Europeo indicando que «hasta la fecha no les consta el señor Puigdemont como diputado». Por tanto, el juez no le reconocería por ahora la inmunidad y continuaría la tramitación del procedimiento, dejándole en libertad en ese mismo momento.

Sabíamos que esa sería la respuesta del Parlamento, no esperábamos otra, pero desde un punto de vista de nuestra estrategia legal era absolutamente obligatorio plantear la concurrencia de un requisito de procedibilidad como era la inmunidad, que en nuestra opinión y como se ha demostrado posteriormente tenían el president Puigdemont y, cuando llegase el momento, también Toni Comín y Clara Ponsatí.

Al salir fuimos rodeados por los muchos periodistas allí presentes y el president explicó la situación, luego yo di algunas respuestas técnicas y finalmente logramos avanzar y subirnos al coche en el que nos esperaba Jami. Partimos rumbo a la Gare du Midi, donde me dejarían a mí, ya que tenía que tomar el próximo tren a Frankfurt si quería llegar a tiempo a mi presentación.

El viaje lo hice pegado al teléfono, solucionando temas del despacho y contestando a múltiples llamadas de medios, y también hablando con Christophe y con Aamer, que necesitaba saber cómo habíamos resuelto lo del president; él, como yo, no entendía por qué Llarena solo había cursado esa euroorden... no sabíamos si era un error, una trampa o simplemente una más de las estrategias de Llarena, que tan malos resultados le han dado siempre.

En Escocia la cosa era más confusa si cabe, puesto que la policía nos informaba de que estaban activas las euroórdenes pero aún no ejecutaban la de Clara; más tarde descubrimos que era porque el servicio jurídico de la NCA, la agencia contra el crimen del Reino Unido, consideraba que la euroorden contra Clara era confusa, poco definida y por unos hechos que no tenían encaje delictivo en el Reino Unido. Cuando eso se hizo público fue un nuevo revés para el Tribunal Supremo, tanto es así que la diplomacia española tuvo que salir a ganarse el sueldo y mover Roma con Santiago para conseguir que se rectificase el comunicado y salvar la situación.

Al poco de producirse esa rectificación, Borrell salió en Twitter exhibiendo la nueva resolución, pero, como suele hacer, con excesivo ímpetu y escaso consejo legal, desvelando datos protegidos de Clara, cosa que más temprano que tarde le traerá una nueva sanción. Los nervios le pudieron y siempre son malos consejeros, más aún en personas a las que se les presume cierta capacidad y experiencia.

Al llegar al hotel de Frankfurt me duché, necesitaba despejarme, y me cambié de ropa por otra que había comprado cerca de la estación de Bruselas. Desde allí me fui a la presentación, que duró cerca de dos horas; al finalizar me invitaron a cenar y luego partí, cerca ya de medianoche, hacia mi hotel junto al aeropuerto para tomar el vuelo de las 6 de la mañana rumbo a Madrid.

Sábado y domingo lo pasamos en casa, descansando y revisando algunos temas pendientes; en esos momentos ni Isabel ni yo podíamos ser conscientes de lo que se nos venía encima y de lo mal que lo pasaríamos, especialmente nuestra hija Elena, unas pocas horas después. La mañana del 21 de octubre me levanté, como suelo hacer casi a diario, sobre las 05.30; después de ducharme saqué a pasear a Lili. Nada más salir vi al fondo de la calle un coche con el motor y las luces encendidas, algo que siendo una zona muy tranquila y en la que todos nos conocemos me llamó la atención, pero seguí caminando. Al girar hacia la calle principal observé cómo un coche aparcaba pero nadie se bajaba del mismo, lo que no dejó de parecerme extraño teniendo en cuenta que eran las 6 de la mañana y que en esa zona solo hay casas... Sabía que algo estaba sucediendo, pero no tenía claro el qué.

Regresé con Lili y sobre las 07.15 desperté a Elena para que se preparase para ir al colegio. Justo antes de las 08:00, mientras Elena desayunaba y yo leía la prensa, sonó el timbre. Nuestra hija quiso ir a abrir pero la frené en seco, pues en esos momentos caí en la cuenta de que evidentemente nada era casual y se me vino a la cabeza el nombre de Manuel Puentes Saavedra, su falsaria declaración y las palabras que me dijo Wolfgang al despedirse en agosto, así como más de una advertencia que había recibido meses antes sobre cuál sería mi futuro si seguía «defendiendo a esos catalanes»... Todo pasó por mi cabeza a gran velocidad, pero no me impidió actuar como tenía que hacerlo.

Cogí el telefonillo y, sin alcanzar a decir nada, escuché una voz de mujer que decía: «Policía, abra la puerta». Salí no sin antes decirle a Elena que fuese a buscar a su madre, que se estaba terminando de vestir.

Cruzaron el jardín un grupo de unas ocho personas con chalecos de policía, de esos que se ven en las películas y en los telediarios; entre ellos vi una cara conocida: era la secretaria judicial —ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia— del Juzgado Central de Instrucciones Número 3 de la Audiencia Nacional, a quien conozco por razones profesionales desde hace ya muchos años.

Me entregaron copia de la parte dispositiva del mandamiento de entrada y registro y me preguntaron por mi teléfono móvil. Les señalé que estaba encima de la mesa del escritorio y uno de los policías fue a cogerlo. El trato, desde el comienzo, fue muy correcto y la pobre secretaria judicial me saludó con un gesto de «lo siento», pero tampoco era momento y lugar para decir nada.

Isabel bajó inmediatamente acompañada de Elena, y justo en esos momentos llegó Sandra, la persona que nos ayuda con el cuidado de nuestra hija. La agente encargada del operativo, con muy buen criterio, le dijo a Isabel que esto era «rutinario», en lo que creo que fue una forma de rebajar tensión ante la presencia de mi hija. Inmediatamente Isabel repitió «rutinario» y Elena hizo lo propio.

Le di un gran abrazo y un beso a nuestra hija, pues en esos momentos no sabía cuándo ni cómo ni dónde volvería a verla, pero sabía que era un momento clave en nuestras vidas, especialmente en la suya. Por tanto, manteniendo la serenidad, le deseé un buen día en el colegio y la volví a besar, pero no le dije el acostumbrado «nos vemos a la noche». No sabía si eso iba a ser así y no quería mentirle o que ella, luego, se sintiese engañada. Acto seguido, Sandra la sacó de allí, haciéndonos un gesto de complicidad a Isabel y a mí, y partieron rumbo al colegio.

La policía buscaba algo en mi teléfono y en nuestros ordenadores y memorias USB, nunca hemos sabido el qué, pero a medida que los iban probando nos los iban devolviendo con manifiesto desengaño. Lo revisaron todo muy superficialmente y sin atropello ni desorden alguno. Debo decir que nada me encajaba porque he estado en muchos registros y no suelen ser así, mucho menos en una casa donde hay tantos libros que podrían ser el escondite perfecto para cualquier tipo de objeto, documento o lo que sea.

Al cabo de hora y media y antes de terminar les pregunté si estaba detenido y la primera en responder fue Isabel, que dijo: «No, eso ya lo han dejado claro». La verdad es que no entendía en qué momento lo habían dejado claro, pero seguramente yo no me había dado cuenta y era el único que no sabía cuál era la situación.

Sabiendo ya que no estaba detenido, les informé de que me haría un café y les ofrecí lo mismo, pero nadie aceptó, imagino que por protocolo de actuación. Antes de terminar hablé con la agente al mando y acordamos que Isabel y yo nos iríamos al despacho en mi coche para poder volver a casa por la tarde; en realidad, lo que quería era estar seguro de que no sería detenido después.

Cuando nos indicaron que habían terminado —cuando ya no quedaban memorias USB ni ordenadores por revi- sar—, nos organizamos para irnos y les recomendé seguirme porque no es sencillo salir hacia el despacho, donde tendría lugar el siguiente registro.

Isabel y yo nos subimos a mi coche, y nada más salir del portal nos encontramos con dos cámaras de televisión cubriendo en directo el espectáculo del registro en la casa «del abogado de Puigdemont», pues ese era, en definitiva, el titular que buscaban. Creo que la cara de sorpresa de los cámaras fue mayúscula cuando me vieron a mí conduciendo, la misma que puso más de uno cuando comprobaron que no estaba detenido.

De camino a Madrid conecté el teléfono de Isabel al manos libres, y justo en ese momento entró una llamada de un periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, al que le contesté yo mismo. Tampoco él daba crédito a todo esto y a que fuese yo quien atendía el teléfono mientras conducía. Cuando colgó llamé a Wolfgang Kaleck para informarle de la situación, pero él iba ya por delante y justamente esa mañana su equipo y una serie de organizaciones y destacados abogados habían remitido a Diego García-Sayán, reportero especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, Fiscales y Abogados, una comunicación denunciando la situación de acoso y de continuos ataques que yo venía recibiendo desde hacía meses por mi trabajo de defensa de los procesados catalanes.

Claro está, alcanzaron a incorporar lo de las entradas y registro. Wolfgang estaba muy preocupado, trataba de darme ánimos, de indicarme lo que estaban haciendo y de transmitirme saludos de muchos amigos y compañeros de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Australia, Suiza, Italia, etc. Las muestras de solidaridad fueron múltiples y en el momento preciso, sumándose, minutos después, la de Edward Snowden, amigo y defendido, que la hizo pública en Twitter y luego en privado.

Le expliqué que íbamos al despacho y que en principio no estaba detenido, pero que mi teléfono había sido incautado y se encontraba en poder de la secretaria judicial porque querían clonarlo. Wolfgang no daba crédito a una medida así e insistía en preguntarme si eso de verdad lo había autorizado un juez. Mi respuesta: «Eso parece, no creo que se hayan inventado la resolución cuya parte dispositiva me han enseñado».

Una y otra vez me insistía Wolfgang en lo mismo: «Gonzalo, no deben acceder a tu móvil, no es tuyo lo que hay ahí, sino de tus defendidos». Yo lo tenía claro, lo sorprendente es que se hubiese autorizado, algo que no habría pasado en ningún otro país de la Unión Europea... Veremos cuál será la respuesta judicial que tal medida obtendrá de la Justicia europea si llega ese momento.

Antes de llegar al despacho les hice señas a los policías que venían en un coche detrás del nuestro de que iría a aparcar; por tanto, en lugar de girar en la calle del despacho seguí unos metros más y me metí por otra. Bajamos al parking y de ahí fuimos caminando hacia nuestra oficina para, metros antes de llegar, encontrarnos con los compañeros de despacho, que estaban allí esperándonos, desconcertados y dispuestos a ayudar en lo que fuese necesario.

Isabel y yo les indicamos que se podían ir a casa y que era mejor así, pues no sabíamos cuánto tiempo llevaría todo aquello. Nuestros compañeros no quedaron convencidos y nos dieron ánimos y dijeron que, de ocurrir cualquier cosa, les avisásemos. Isabel y yo continuamos caminando hasta llegar al despacho no sin antes encontrarnos con multitud de cámaras de televisión y periodistas apostados frente a nuestras oficinas, vaya uno a saber avisados por quién.

En la puerta del despacho nos esperaba una persona del Colegio de Abogados en representación del decano, como establece la ley para estos casos, y una vez se presentó entramos todos. El registro fue, al igual que en casa, muy superficial, sin entrar en los ordenadores de ninguno de nuestros compañeros ni tampoco en el de Isabel, y limitándose a buscar en mi ordenador unas palabras claves que traían apuntadas en un papel, ejercicio que repitieron una vez dentro de mi correo corporativo pero sin resultado alguno, lo que se reflejaba en las caras de frustración que iban poniendo.

Al no encontrar nada de lo que buscaban optaron por copiar todo el correo electrónico desde 2012 en adelante en un disco duro que llevaban a dichos efectos. Luego, se instalaron en la sala de reuniones para intentar clonar mi teléfono móvil por orden judicial, porque yo me negué a que se llevasen el equipo, ya que ahí tengo todo mi trabajo, contactos, notas profesionales, etc., todo ello amparado por el secreto profesional.

El proceso de clonado fracasaba, por razones técnicas que me superan, una y otra vez, por lo que dicha acción se iba eternizando. En un momento dado me preguntaron si teníamos caja fuerte y les indiqué que no. Fue un grave error, porque solo dos horas más tarde me pidieron que bajase y me enseñaron, justo debajo de la escalera, lo que parecía ser una caja fuerte; yo, por extraño que parezca, no tenía ni idea de que existiese.

Mi cara de sorpresa debió de dejarles descolocados, pero, como estaba muy tranquilo, reaccioné bien y les dije que, si querían, lo consultábamos con el propietario de la casa donde tenemos el despacho, a lo que accedieron. Contactamos con él y nos indicó que, efectivamente, era una caja fuerte, que llevaba ahí décadas y que, seguramente, estaba abierta. No era así y no había forma de abrirla, por lo que llamaron a una unidad especial de la Policía Nacional.

Llegaron dos agentes con monos azules y comenzaron a maniobrar con la caja. Al no poder abrirla acordaron perforarla con un equipo que traían e introdujeron una pequeña cámara que les permitía ver todo su interior: la caja, efectivamente, estaba vacía, por lo que todos los esfuerzos, y más de dos horas de trabajo policial, corroboraban lo que se les 203 había dicho. Meses más tarde sufrimos un extraño robo en el cual no se llevaron nada, y por sorprendente que parezca los «ladrones» trajeron un soplete especial para abrir esa misma caja fuerte que, hasta el 21 de octubre de 2019, era desconocida para nosotros.

El clonado de mi teléfono, auténtico objetivo de toda la operación, seguía sin poderse realizar, y mientras todo esto sucedía Isabel iba recibiendo cientos de llamadas de familiares, amigos, clientes, periodistas, etc., y me iba informando. Eran momentos complejos y todos los apoyos recibidos ese día se agradecieron y se agradecen mucho, pues es en situaciones como esa en las que uno ve con quién cuenta y con quién no. A mí, entonces y ahora, lo que realmente me preocupaba era Elena y cómo estaba yendo su jornada escolar; en realidad, no me preocupaba tanto ese día como los siguientes, porque cuando se filtró la noticia ella ya estaba en el colegio y, por tanto, sus compañeros no contaban con información, pero al día siguiente sí que la tendrían y eso podía pasarle una dura factura a nuestra hija.

Sobre las 21.30 llegó al despacho Eduardo García- Peña, abogado al que designé, junto a Francisco Andújar, para mi defensa. Ambos son no solo grandes abogados, sino buenos amigos, y en sus manos me siento absolutamente seguro. Eduardo venía muy acelerado de un largo juicio, y cabreado con la situación pero no sorprendido porque, estando ellos personados en el mismo procedimiento, conocían las declaraciones de Puentes Saavedra y sabía cuán falsas e interesadas eran.

Nos reunimos en mi despacho un buen rato, Eduardo habló con el compañero que había enviado el decano y luego se instaló en la sala de reuniones, donde seguía el proceso para clonar mi móvil. Sobre la medianoche terminó el proceso y, antes de irse, la policía montó una pequeña caja de esas que se usan para sacar los efectos intervenidos; como no lo entendíamos, porque no se había intervenido nada, el representante del decano preguntó para qué era y, sin rubor, uno de los agentes dijo: «Después de quince horas no podemos salir con las manos vacías, esto está lleno de periodistas».

Sí, los periodistas seguían ahí y yo ni me había dado cuenta de que, por la mañana, uno había intentado entrar diciendo que era «prensa policial» y venía, como el resto de policías, con un chaleco policial; fue Isabel quien lo impidió porque, sinceramente, yo ni me enteré de ese episodio hasta muy avanzada la noche. Teniendo una unidad de «prensa policial» no me extraña que sean tan comunes las filtraciones que se producen de causas secretas, con lo que ello implica a nivel de respeto a la presunción de inocencia y a lo expresamente establecido en la Directiva Comunitaria 2016/343, que por lo visto en España creen que no les afecta.

Una vez se fueron, y como habíamos pedido a nuestra compañera Rocío que se acercase, nos sentamos los tres con Eduardo a estudiar los pasos que debíamos seguir toda vez que me habían dejado citado para declarar, en calidad de investigado, para el miércoles siguiente, 23 de octubre. Además habían bloqueado mi cuenta personal y la del despacho, lo que, estando a fin de mes, nos generaba serios problemas.

Cuando terminamos, cada cual se fue a su casa después de ser abordados por una periodista joven que era la única que seguía «al pie de la noticia». Después de contestar a sus preguntas, Isabel y yo nos fuimos a coger el coche y regresamos a casa, donde Elena dormía plácidamente. Aprovechamos para hablar con su cuidadora y explicarle lo sucedido, aunque ella lo tenía bastante claro, y darle una serie de pautas para el día siguiente, ya que nosotros teníamos que ir a Barcelona y hacer noche allí.

Casi sin dormir, porque la cabeza no paraba de darme vueltas, sobre las 5 de la mañana me levanté, me duché, me vestí y saqué a pasear a Lili. Con las imágenes del día anterior muy vivas, puse atención a cualquier cosa que me llamase la atención durante el paseo. Al regresar salí disparado al aeropuerto ya que volaba a las 07.00 a Barcelona e Isabel lo haría a mediodía; por la tarde yo tenía una serie de reuniones y ella una mesa redonda organizada por la gente de VilaWeb.

Estaba agotado, pero no dormí durante el viaje porque tenía mil cosas en la cabeza y no fueron pocas las personas que me saludaron durante el vuelo y dieron discretas pero claras muestras de apoyo. Al llegar a Barcelona cogí un taxi para ir al hotel donde nos alojaríamos y dejar el equipaje para moverme con más tranquilidad. El taxista fue muy discreto, me saludó y no dijo nada, pero al llegar a mi destino y preguntarle por el importe me dijo: «Si le cobro a usted, después de todo lo que está haciendo por nosotros y de lo que está padeciendo, mi mujer me echa de casa. Le deseo mucha suerte, señor Boye».

Al entrar en el hotel, el mismo donde nos alojamos siempre, las muestras de apoyo y cariño por parte de los trabajadores fueron un no parar y, mientras me tomaba un café, apareció uno de los dueños a darme un abrazo y todo su apoyo. Así sería durante todo el día allí adonde fuese, y sinceramente es algo que tanto Isabel como yo agradecimos entonces y agradecemos ahora.

Tuve una primera reunión en el despacho de Costa a la cual se acercó Cekpet, que llegó un poco tarde porque se nos olvidó pedir una credencial para su acceso al Parlament; en ella hicimos una breve valoración de lo sucedido con el registro de mi casa y despacho, pues había que discernir a cuánta documentación confidencial habían podido tener acceso. Inmediatamente nos pusimos a trabajar, no teníamos tiempo que perder toda vez que nos vencía un tema del Supremo relacionado con la demanda que habíamos interpuesto por no notificar al Parlamento Europeo los resultados electorales y su correcta proclamación.

Nada más salir de allí me fui caminando al Palau de la Generalitat, donde tenía prevista una reunión con el president Torra y su equipo para ir preparando su juicio, que se celebraría en tres semanas. Como siempre hago cuando acudo a una reunión con el president Torra, antes de llegar pregunto por dónde hay que entrar, pues su agenda es muy compleja y nos reunimos en una u otra zona del Palau en función de ella. Se me informó de que entrase por delante y al acceder me estaban esperando y me escoltaron para subir al patio de los naranjos. En el rellano de la escalera estaba ya el president Torra; me sorprendió la situación, pero al acercarme a él me dio un fuerte abrazo y me dijo: «Aquí te recibimos como a una autoridad. Confiamos en que tú, Isabel y Elena estéis bien después de lo de ayer».

Fue un claro acto de cariño y apoyo que me vino muy bien, y hasta después de salir del Palau no supe que el president Torra, muy valientemente, había tuiteado una foto que nos hicieron al saludarnos con un mensaje de apoyo. Se lo agradezco mucho porque, como digo, es en estos momentos donde uno sabe con quién cuenta y con quién no. Comí con el president Torra y su equipo, y aprovechamos ese tiempo para revisar algunos temas de su juicio y, sobre todo, algunos planteamientos que queríamos hacer, pues si bien técnicamente eran acertados requerían ser contrastados con el defendido porque, como he dicho en más de una ocasión, defender a un político implica no solo el uso de la técnica jurídica, sino también la comprensión de a quién se está defendiendo y qué defiende el defendido. Abstraerse de ello es renunciar a ver la realidad y dejar coja la defensa; un buen abogado siempre mira la situación en su conjunto y no la segmenta; de hacerlo solo demostrará una escasa o nula comprensión sobre el encargo profesional que ha asumido.

La reunión fue fructífera, logramos avanzar mucho y dejamos establecida la agenda previa al juicio, en que ya abordaríamos aspectos más puntuales que en esos momentos no eran necesarios. El president Torra tenía las ideas muy claras, su condición de abogado facilita mucho la discusión jurídica, y compartía plenamente la línea de defensa escogida.

Al salir fui a otra reunión con una buena amiga abogada para comentar todo lo sucedido el día anterior; ella era consciente, desde hacía tiempo, de que me habían transformado en un objetivo que abatir y, por tanto, que algo así podía suceder en cualquier momento y bajo cualquier pretexto. Lo estuvimos analizando todo por espacio de cerca de dos horas para irnos juntos al acto en que participaba Isabel. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que estaba lleno a rebosar, y es que era un buen panel: Jon Iñárritu e Isabel Elbal presentados o moderados por Josep Casulleras. Nos sentamos donde pudimos y seguimos el acto con mucha atención; la conversación, porque no era debate, fue tremendamente interesante, en un tono amable y con mucha profundidad.

Al finalizar nos fuimos a cenar con Josep, Jon, Vicent Partal con su esposa e hija y algunos amigos, entre ellos Costa y Miriam. Fue una cena muy agradable, pero siempre he tenido la impresión de que todos estaban como despidiéndose de mí, pues eran conscientes de que al día siguiente comparecería en la Audiencia Nacional y poco o nada se sabía de lo que allí me esperaba y se pudiese decidir. Por eso, al despedirnos, todos nos dieron fuertes y emotivos abrazos.

Después de dormir muy pocas horas, nos levantamos y partimos al aeropuerto, ya que teníamos que coger el primer vuelo de la mañana. Al subirnos al avión una de las azafatas me dio la mano y me dijo: «Mucho ánimo, señor Boye, somos muchos los que le apoyamos y confiamos en que vaya todo bien». Esa no fue la única muestra de apoyo vivida en ese vuelo, ya que muchas personas pasaron junto a nosotros dándonos muestras inequívocas de cariño. También, es innegable, todos nos miraban con cierta pena.

Al llegar pasamos por el despacho para hablar con nuestros compañeros, dejar el equipaje y coger algunos documentos que podíamos necesitar. Una vez hablamos todos, y tras tomar un par de cafés, salimos hacia la Audiencia Nacional, ya que habíamos quedado con Francisco Andújar en una cafetería cercana; Eduardo García Peña vendría cuando terminase un juicio por jurado que tenía ya comenzado.

Cuando llegamos a la cafetería en la que habíamos quedado con Paco, nos saludamos efusivamente y comenzó a explicarnos lo que había preparado; a medida que avanzaba vi no solo lo mucho que conocía la causa, sino lo preocupado que estaba por si adoptaban una medida de prisión provisional. Paco es muy buen abogado y, en este caso, le tocaba defender a un amigo; conociendo como conoce la Audiencia Nacional, venía preparado para todo.

Minutos antes de la hora prevista cruzamos hacia la Audiencia y allí nos encontramos con muchos periodistas de diversos medios de comunicación; gran parte de ellos conocidos o amigos nuestros de tantos años trabajando allí. En general fueron muy respetuosos y nos preguntaron si haríamos declaraciones en ese momento o al salir y contesté rápidamente: «Al salir». Creo que lo hice como reforzándome en la idea de que saldría a pesar de no saber a qué me enfrentaba.

La jueza nos hizo pasar con exquisita puntualidad y me ofreció sentarme en el estrado para declarar, pero decliné su oferta indicándole que me sentaría donde me correspondía en función de mi situación procesal. No quise ser desagradable, pero creo que era lo correcto. Como ya me habían leído mis derechos como investigado, fue al grano indicándome que me encontraba allí expresa, única y exclusivamente en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales, porque habría fabricado unos contratos mercantiles para intentar recuperar un dinero incautado en Barajas a unos clientes míos. Me explicó, aunque yo ya lo sabía, que la pieza de blanqueo de capitales de la causa que se seguía en contra de mis defendidos había sido declarada secreta y me preguntó si iba a declarar.

Tal cual habíamos acordado con Paco e Isabel, y también antes con Eduardo, indiqué que, primero, me ratificaba en lo dicho en un escrito presentado el 26 de julio, después de las declaraciones de Puentes Saavedra. Dije que no había cometido ningún delito pero no podía declarar al estar la causa secreta y sin saber en qué medida y sobre qué base mis defendidos se podían ver afectados; de hacerlo podía incurrir en un delito de deslealtad profesional o de revelación de secretos. Por tanto, cuando se levantase el secreto de las actuaciones, hubiese visto en qué medida se veían o no afectados mis defendidos y, llegado el caso, solicitase las oportunas dispensas de secreto profesional, yo mismo pediría comparecer y declarar.

Mientras iba explicando mi postura, el fiscal asentía con la cabeza porque todo lo que les estaba diciendo era de una lógica jurídica apabullante. Un abogado, en una situación como esa, primero debe velar por los intereses que tiene encomendados, luego por el respeto a la legalidad y, finalmente, por su propia situación: ese y no otro es el orden que ha de seguirse. Esto, en resumidas cuentas, nos pone, a mí y a cualquier abogado en mi situación, en una tesitura extremadamente compleja... básicamente en una posición de indefensión.

Al terminar de hablar, el fiscal intentó solicitar una medida cautelar consistente en firmar ante la autoridad judicial los días 1 y 15 de cada mes, a lo que con sólidos argumentos se opuso Paco, mi abogado, con mucha coherencia y vehemencia. Cuando me concedieron la palabra traté de ser lo más claro posible: no es necesaria la medida porque todos los días del año estoy a disposición judicial, el daño reputacional ya hecho es bastante y una medida cautelar lo sería aún más; además, una medida de esas características podía afectar a derechos de terceros, ya que una parte importante de mis defendidos vive en el extranjero y comparecer quincenalmente me impediría desarrollar libremente mi profesión.

La jueza, que iba mirando todo atentamente, dijo muy directamente: «Voy a dejarlo claro: no voy a adoptar ninguna medida cautelar porque no es necesario, así que esta comparecencia ya ha finalizado». Luego firmamos todos el acta, Isabel incluida porque estuvo presente en toda la diligencia, y salimos con la intención de atender a los medios con los que nos habíamos comprometido antes de entrar y en lo que tardamos unos quince minutos.

No eran pocos los periodistas que no entendían lo sucedido pero eran perfectamente capaces de darse cuenta de que nada era inocuo y que las coincidencias no existen en la vida, mucho menos en la Audiencia Nacional, por lo que sus preguntas iban en esa dirección: «¿Por qué crees que ha pasado todo esto?».

Estábamos terminando cuando llegó Eduardo y los cuatro cruzamos a otra cafetería para tomarnos una merecida cerveza y ponerlo en antecedentes de cómo se había desarrollado todo y de cuáles eran los siguientes pasos toda vez que se pretendía acceder al contenido de mi móvil, a mis correos, y habían decretado el embargo preventivo de mi cuenta bancaria... Trataban de paralizarnos.

Al llegar al despacho nos reunimos con todos los compañeros que esperaban ansiosos por saber cómo había ido todo y qué había sucedido. Fuimos bastante detallistas a la hora de dar explicaciones, más bien lo fue Isabel, que es quien tiene la paciencia y, justo al finalizar, les indicamos que, si alguien se sentía incómodo en el despacho o consideraba que era mejor no seguir con nosotros, lo entenderíamos; la respuesta fue unánime y, a lo largo de estos meses, nuestro equipo ha ido demostrando que no solo lo fue de compromiso, sino por convicción: nadie mejor que la gente del despacho para saber cómo trabajamos, qué hacemos, qué no hacemos y que, en este caso, no se trata más que de un montaje por el cual una persona presuntamente involucrada en dos delitos de tráfico de drogas, y también presuntamente en un asesinato, fue puesta en libertad después de declarar en mi contra... Blanco y en botella.

Por la tarde, y de forma inesperada, llegó al despacho una gran amiga que estaba de vacaciones en Madrid y al ver las noticias pasó a saludarnos y a ofrecernos todo su apoyo en lo que pudiésemos necesitar; el gesto no pasaría más allá de lo anecdótico si no fuese por el puesto que ocupa como fiscala jefa de Lavados de Activos en su país. Nos tomamos unos cuantos cafés y le estuvimos explicando todo lo sucedido y, al final, sentenció: «Eso no es lavado ni es nada, simplemente han venido a molestarle y a preocuparle».

Por la noche tuve una larga conversación con Wolfgang Kaleck, que estaba preocupado por la comparecencia en el juzgado y quería todos los detalles. Entre mi anterior conversación, el lunes cuando se produjeron los registros, y ahora había una novedad importante: Diego García-Sayán, reportero especial de Nacional Unidas para la Independencia de Jueces, Fiscales y Abogados, había emitido un comunicado expresando su preocupación por mi situación, y eso se había producido en un plazo de veinticuatro horas, lo cual deja patente el nivel de preocupación que mi situación generó a nivel internacional. Era la primera vez que su gabinete emitía una comunicación de este tipo respecto a un abogado en un país de la Unión Europea... Así de grave era todo y así lo asumió el reportero especial.

Las llamadas y mensajes de apoyo no cesaron en todos esos días y, como he dicho muchas veces, son muy de agradecer porque es lo que al final cuenta. Entre los mensajes destaco uno de Edward Snowden en que me decía: «Permanece libre, amigo mío. Estoy contigo». Lo destaco porque Ed sabe muy bien lo que es ser perseguido no por delinquir, sino por hacer lo que se considera correcto. Todo el jueves lo dediqué a contestar correos, sacar escritos y atender llamadas, y también a darle vueltas a la situación que me habían construido y a cómo eso terminaría afectando a Elena, que hasta ese momento no había tenido problemas en el colegio y a la cual Isabel había preparado mucho por si sucedía cualquier cosa.

Lo triste de todo es que estas cosas ocurran sin más y, abiertamente, para mermar el derecho de defensa de quienes no son considerados como oponentes, sino como auténticos enemigos. El viernes a primera hora salí hacia Bruselas donde teníamos programada una reunión del Brussels Team y también con el president Puigdemont, Lluís y Toni, toda vez que era inminente que cursasen las órdenes de detención en contra de ellos. No sabíamos el día, pero estábamos seguros de que así sucedería y, por tanto, teníamos que evaluar cómo lo habíamos hecho en el caso del president Puigdemont y qué había salido bien y qué mal; sin autocrítica no hay progreso y en un trabajo como este resulta fundamental para no tropezar dos veces con la misma piedra.

En el aeropuerto me estaba esperando Christophe Marchand, que me recibió con un fuerte abrazo, muy emocionado de verme libre; como somos amigos desde hace muchos años, sé que su preocupación era sincera. Aparte de eso, Christophe y yo habíamos hablado hacía más de un año de que era posible que se intentase alguna acción policial, y seudolegal, en mi contra para tratar de neutralizar la estrategia internacional. Del aeropuerto nos fuimos directamente a Waterloo y, nada más entrar, tanto el president como Jami me dieron sendos abrazos y me preguntaron todo tipo de detalles sobre lo sucedido; ellos habían estado en todo momento en contacto con Isabel durante los registros, pero no es lo mismo que contar las cosas directamente.

Poco después llegó Lluís, y más tarde y con algo de retraso —tengo que decir que poco para lo que es habitual en él— Toni. Ambos fueron muy cariñosos y estaban sinceramente preocupados, eran y son conscientes de que este tema no hubiese sucedido de no llevar la defensa que llevamos. También lo era mucha gente, unos lo admiten y otros no, pero es evidente que algo así no habría sucedido sin el papel que me ha tocado jugar en este caso.

Sobre las 12.00 llegaron Paul, Simon y Michelle Hirsh, y dimos comienzo a la reunión con la revisión de lo sucedido durante la comparecencia del president Puigdemont buscando cómo evitar que algo así volviese a suceder; el tiempo que transcurrió entre comisaría, fiscalía y juzgado fue excesivamente largo y debíamos buscar la forma de acortarlo. Después de dar muchas vueltas encontramos la manera y todos estuvimos de acuerdo en que era la mejor solución, porque no podíamos renunciar a plantear, en el caso de Toni, el tema de la inmunidad.

Superado el tema de análisis y decisiones sobre la primera fase de la euroorden de Toni y Lluís, teníamos que abordar una no menos relevante: llevar los tres procedimientos a un mismo tiempo porque existen elementos de lógica jurídica, pero también de derechos fundamentales, que obligan a hacerlo así. Al president y a Toni se les reclama por un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación, y a Lluís se le reclama por uno de desobediencia y otro de malversación que, dicho así, parece sencillo, pero técnicamente hablando es algo bastante complejo en el marco de una euroorden.

Cuando terminamos la reunión, Toni y yo nos quedamos con el president y la conversación discurrió, más bien, sobre el tema del Parlamento Europeo y los diversos escenarios a los que nos podríamos enfrentar en cuestión de días o semanas, ya que, de una parte, el recurso de casación en contra de la decisión que nos denegó las cautelares estaba listo para sentencia y podía resolverse en cualquier momento y, de otra, en el tema de las prejudiciales de Junqueras estaba previsto que el abogado general se pronunciase en dos semanas. Finalmente, respecto de nuestra demanda de anulación solo faltaba fijar fecha para la vista oral.

Todos los caminos estaban abiertos y lo que uno y otro me pedían era un escenario lo más realista posible; para ello lo mejor es pensar qué haría uno si estuviese en los zapatos del otro. Así es como hemos operado todo este tiempo y así es como mejor nos ha ido. Les indiqué que, en mi opinión, nadie diría ni movería nada mientras no estuviese el informe del abogado general, previsto para el 12 de noviembre, que abordaría en un único documento la globalidad del problema planteado porque no podía permitirse fisuras en la doctrina que emitiese; finalmente, que las resoluciones saldrían por orden de mayor a menor en función del nivel de la Sala.

Me dijeron: «Traducido, ¿eso qué significa?», y expliqué que, en mi opinión, primero saldría el informe del abogado general en el que daría respuesta a lo de Junqueras, a nuestra casación y a nuestra demanda de anulación, luego se pronunciaría la Gran Sala, es decir el TJUE en pleno, que lo haría en el caso de Junqueras, y luego la vicepresidenta del TJUE, que iría en la línea marcada por el abogado general y la Gran Sala para, finalmente, hacerlo el Tribunal General en relación a la demanda de anulación. Ante ese escenario Toni hizo una de sus clásicas, por agudas, preguntas de cierre: «¿Y cuándo habremos ganado?». A esto contesté que cuando tengamos las dos primeras, porque el abogado general sienta la doctrina del TJUE y la Gran Sala su jurisprudencia, y en un caso así necesitamos de ambas.

Las cosas quedaron claras, pero, antes de separarnos, acordamos un plan de actuación para las siguientes semanas, que, como creíamos y luego así se demostró, serían claves dentro de la estrategia política y jurídica que se había gestado dos años antes a partir de que ellos tomaran la decisión de exiliarse, sobre la base de los distintos «Efectos Dominó» que les fuimos enviando.

Con el tiempo justo llegué al aeropuerto para coger el último vuelo de regreso a Madrid, pues quería pasar el fin de semana en casa y reunirme con calma con mis amigos y abogados para revisar la situación en la que me habían metido, sin comerlo ni beberlo, a partir de la declaración de Manuel Puentes Saavedra, cuyas múltiples contradicciones y mentiras habían servido de base para investigarme y acordar una entrada y registro en nuestra casa y despacho.

A pesar de la ingente actividad, mi estado de ánimo no era el mejor, puesto que no paraba de darle vueltas a la situación, a cómo enfrentarla y al mucho daño que se nos había hecho y, sin duda, aún se nos podía hacer. Mi cerebro bullía pensando en Elena y las consecuencias que todo esto tendría para ella, que es, por su edad, la que más lo sufre y la que menos herramientas tiene para combatirlo.

El sábado, a primera hora, me fui al supermercado para hacer las compras de casa y lo necesario para hacer una barbacoa a la que vendrían Eduardo, Carola y la hija de ambos, así como Paco, Salva y Marta, también con su hijo. La idea era que mientras nosotros hablábamos los niños se entretuviesen y, de esa forma, que no se convirtiese en una aburrida reunión de mayores para nuestra hija.

Fue un día muy agradable, lo revisamos todo y, como siempre ocurre con Eduardo y Paco, sus impresiones eran las correctas y tanto Isabel como yo necesitábamos conocerlas para saber qué terreno estábamos pisando. Ya al anochecer la conversación derivó hacia el tema del caso de nuestros defendidos catalanes y cómo podría terminar todo; meses más tarde, Salva me ha recordado que esa noche dije algo que le llamó mucho la atención: «Les vamos a ganar la partida, de eso no me cabe duda, y mi única preocupación es cómo me lo van a cobrar desde las cloacas del Estado». El precio aún está por fijarse.

El lunes 28 cogí el primer vuelo a Barcelona porque tenía señaladas unas declaraciones en un juzgado de Sabadell por una querella presentada en defensa de los intereses de una farmacéutica palestina. Al llegar al juzgado nos informaron de que se suspendía dicha diligencia porque los testigos no habían sido localizados; estas cosas suceden y es tiempo que los abogados perdemos pero que nadie valora.

Por la tarde tenía que dar una charla en Hospitalet y, durante el día, acudí a varias reuniones que había organizado para revisar y resolver diversos temas. Como no podía ser de otra forma, también me reuní con Costa y con Cekpet, los tres desbordados, y es que nuestra estrategia en relación al tema del Parlamento Europeo tenía un punto débil: nuestro agotamiento. Fueron tantas las demandas que interpusimos por los diversos temas que 217 fue entonces cuando comenzábamos a ver cuánto trabajo genera gestionar, en paralelo, tantos procedimientos, que además han de ser contestados al más alto nivel porque cualquier cosa que dijésemos sería utilizada en contra de lo que estábamos defendiendo.

Para ordenarnos habíamos confeccionado en el despacho una hoja excel de procedimientos con sus correspondientes temas, el estado de cada cual y lo que tendría que ir pasando en cada demanda o procedimiento y en la fase en que nos encontrábamos. Es un esquema que refleja muy bien que el camino a Europa no era sencillo pero sí posible, así es que nada más sentarnos los tres sacamos la hoja y establecimos quién hacía qué en cada situación para, de ahí, discutir nuevas vías dentro de cada procedimiento, así como comentar los puntos esenciales de lo que estaban planteando los contrarios y a los que deberíamos dar respuesta en breve.

Nuestras reuniones suelen ser bastante ejecutivas porque, de una parte, mantenemos comunicación constante y, de otra, porque los tres sabemos muy bien lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y, sobre todo, porque nos fiamos mucho de los criterios jurídicos de cada uno. Además, porque Cekpet tiene que robar tiempo a su trabajo y escaparse para acudir a las reuniones con nosotros. Obviamente nunca dejamos de discutir cuál es la respuesta más adecuada ni qué línea jurídica es la mejor, pero eso, entre buenos y cualificados profesionales, es algo que solo lleva a mejores soluciones.

El martes regresé a Madrid después de tener varias reuniones a primera hora en Barcelona; debía estar en el despacho antes de mediodía porque había quedado con clientes que venían de fuera y, además, no podía postergar una comida con un buen amigo al que también habían tratado de causar daño con la campaña de desprestigio orquestada en mi contra, que tan rabiosamente se había reeditado a partir de las entradas y registro.

El resto de la semana lo usé para ir sacando trabajo de despacho, atendiendo diversas reuniones y tratando aún de digerir todo lo que había sucedido desde el 21 de octubre y cómo ello afectaría al despacho, a nuestra familia y, en especial, a nuestra hija pequeña.

La situación a la que nos estamos enfrentando producto de la pandemia que asola al mundo, y en estos momentos de manera muy especial a España e Italia, nos tiene que llevar a algunas reflexiones que, seguramente, pocos quieran comenzar a hacer pero que, día a día, se hacen más y más urgentes. No sólo estamos hablando de una crisis sanitaria sino, también, de un cambio de mundo entre aquel del que venimos y el que nos vamos a encontrar cuando se haya superado la fase más aguda de esta plaga.

Seguramente, cuando hayan pasado los suficientes años como para adquirir la adecuada perspectiva histórica, se hablará de esta pandemia como el momento en que realmente se terminó el Siglo XX y comenzó, en términos históricos, sociológicos, culturales y económicos el Siglo XXI. Si esto es así, es muy probable que cuanto antes asumamos que estamos ante el auténtico cambio de siglo o de sistema antes estaremos en condiciones de enfrentarnos a lo que viene y, sobre todo, más preparados estaremos para dar las respuestas adecuadas a desafíos que aún no logramos ni dimensionar ni controlar.

Todo aquello que conocíamos y dábamos por garantizado hasta ahora deja de tener sentido por inaplicable a un problema de estas dimensiones; todas las recetas que se llevan aplicando durante décadas también han quedado superadas por los acontecimientos y, seguramente, una de las grandes frustraciones que estamos teniendo respecto de la clase gobernante, sea en España o donde queramos mirar, es que los propios políticos son incapaces de asumir que esto es así y, por tanto, siguen acudiendo a los mismos manuales y recetas que llevan años aplicando. El problema es que nada de eso servirá y, es más, podría aventurarme a decir que justamente esas viejas medicinas serán las que terminen por colapsar la situación que, sin duda, ya es de una gravedad como nunca se había visto.

El problema es de tal calado que, si no queremos agarrotarnos, lo que debemos hacer es centrarnos en pocos y muy concretos objetivos que han de ser medidos más bien a corto plazo: el primero, qué duda cabe, es el de la supervivencia médica y el segundo, conseguir que la actividad productiva y económica, aun cuando se llegue a paralizar por completo, esté luego en condiciones de volver a funcionar.

Básicamente se necesita centrar todos los esfuerzos en curar a la gente, evitar más enfermos y asegurarnos de que los ciudadanos, como partícipes de un determinado tejido productivo, estemos en condiciones de ponernos en marcha nada más superarse la fase aguda de esta pandemia. Claro, los dos objetivos son muy ambiciosos, pero ambos están planteados en lo que podríamos denominar un corto plazo.

Coincido en que este no es el momento de recriminaciones ni de exigencias de responsabilidades. Sin embargo, creo igualmente, que es un buen momento para pedir que, de una vez por todas, se abra los ojos ante lo que esta crisis realmente significa y se exija que las recetas no sean las de siempre porque no sólo no funcionaron en el pasado, sino que es seguro que no servirán en el futuro.

Parte del problema de salud al que como sociedad nos enfrentamos no sólo es aquel que hace referencia a la afectación directa por la pandemia sino, también, aquella resultante de diversos factores que afectan a la salud mental de los ciudadanos. El conjunto de la población está sometido a una sobrecarga emocional que, por definición, es insana y entre los factores que más nos afectan a todos están la asimilación de la intensidad de la pandemia, en muchos casos con pérdidas de familiares y amigos directos, pero, también, la falta de certezas sobre el futuro inmediato y, sin duda, algunos de estos factores sí que pueden ser abordados por las autoridades aún a un costo económico elevado.

Es claro que ningún gobierno está en condiciones de darnos ningún tipo de certeza sobre el futuro, pedirlo es no solo ingenuo sino absurdo, pero sí que pueden ayudar a la salud mental de todos el que se adopten medidas extraordinarias que vayan encaminadas a paliar las consecuencias más inmediatas de este confinamiento y cierre productivo masivo al que estamos sometidos. Este tipo de actuaciones irá en las dos direcciones antes apuntadas: la sanitaria, que también incluye la salud mental, y la económica.

Empecinarse en aplicar viejas recetas es tanto como reconocer que se carece de capacidad de análisis de la realidad, que es muy compleja, y una escasa o nula visión de futuro. Esta no es una réplica de la crisis económica de 2007-2010, de la cual pocos salieron bien parados y, miren por dónde, se benefició a los de siempre, por lo que dejémonos ya de excusas, quitémonos las anteojeras y hagamos una panorámica de la situación para así comprender a qué realmente nos enfrentamos.

Seguramente habrá economistas que dirán que es inviable, pero el sentido común, que también tiene una relevancia a nivel de comportamiento económico, indica que, así como se nos ha obligado, con acierto, a paralizar nuestras actividades económicas, el Estado ha de paralizar su actividad recaudatoria, al menos el tiempo suficiente para que podamos volver a ponernos en marcha.

No me estoy refiriendo a una suerte de “amnistía fiscal”, que ya sabemos a quiénes benefició, sino a una moratoria inmediata que permita a las familias, a los autónomos y a los pequeños empresarios, que son la mayoría y quienes sostienen el tejido productivo de este país, poder respirar aliviados y pensar en la mejor forma de afrontar lo que vendrá en los meses venideros. Los tributos y la cotización a la seguridad social son una obligación, pero en momentos de crisis ese dinero puede ser la diferencia entre poder o no poder reanudar la actividad al finalizar el confinamiento.

Algunos, defendiendo lo indefendible, sostienen que sin esa recaudación será imposible mantener el llamado “escudo social”, pero incluso los de letras, como es mi caso, sabemos que eso es absurdo porque la recaudación durará lo que dure la actividad. Si por asumir en estos momentos las cargas tributarias y de seguridad social se paraliza definitivamente una actividad - y serán muchas las pymes que caigan en esa dinámica-, entonces, la recaudación se resentirá de manera irremediable y por mucho tiempo.

Es más, si una actividad se paraliza, de una parte cae la recaudación y de otra se traslada el “costo salarial” al propio Estado que deberá asumirlo por vía de subsidios de desempleo; es que hasta los de letras sabemos hacer estas cuentas.

Conocer, y cuanto antes mejor, que no tendremos que salir en medio del confinamiento a realizar declaraciones tributarias, a pagar seguridad social e impuestos en los próximos días, semanas y meses, como se ha hecho en Estados Unidos, igual nos da un respiro que nos permite rebajar el estrés al que estamos sometidos todos los ciudadanos (salud mental) y, de esa forma, nos permite ver perspectivas y, también, creer que el Estado piensa en todos y no solo en aquellos a los que va a trasladar el negocio de hacer de intermediarios en la financiación de la crisis.

El esfuerzo económico que implicará, primero, sobrevivir a esta pandemia sin poder trabajar y, luego, volver a ponernos en marcha es de tal calado que, insisto, no se puede estructurar sobre recetas caducas y propias del Siglo XX; hemos entrado de golpe en el siglo XXI y se necesita aplicar imaginación y, seguramente, fórmulas incompatibles con el modelo neoliberal hasta ahora imperante.

Parece evidente que no queda más remedio que generar liquidez y hacerlo de manera inmediata, sin intermediarios, y que la misma llegue directamente a todos los ciudadanos y que así vayamos despejando incógnitas sobre qué haremos una vez pase esta fase aguda de la pandemia.

Conservar los puestos de trabajo y la capacidad productiva ya no está en manos ni de los autónomos ni de los pequeños empresarios sino en las del Estado y hacerlo bien o mal será de la exclusiva responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones que, soy consciente, son complejas. Nuestros gobernantes sufrirán muchas presiones, pero aguantarlas va en el sueldo y, además, esas presiones se corresponden con una visión social y económica ya en vías de extinción impropias del escenario al que saldremos más temprano que tarde.

El mejor papel que puede cumplir el Estado, en el plano económico, es el de garantizarnos a todos que estaremos en condiciones de poder volver a ser productivos y mantener la actividad recaudatoria. No actuar en esa dirección, sería un error económico, político y, también, ético, pues recurriendo al refranero popular, sería “pan para hoy y hambre para mañana”.

En democracia, criticar a los políticos no solo es sano sino, también, necesario. Y quien no quiera ser criticado, lo mejor que puede hacer es buscarse otro trabajo. Ahora bien, la crítica, para que surta los efectos esperados, ha de ser seria, responsable, bien documentada y venir construida sobre la base de unos conocimientos mínimos que permita asumirla como tal y no como simple pataleta de quien no ve sus expectativas satisfechas o, peor aún, como un mero ataque ad hominem vaya uno a saber por qué motivo o por encargo de quién. Quiero entender que los ataques que han recibido estos días Alberto Garzón y las medidas propuestas por su ministerio, sobre publicidad del juego online, corresponden al ámbito de las pataletas.

En cualquier caso, no deja de sorprender que tan ácidas e infundadas críticas, llegando incluso a la descalificación, han venido, primero desde la izquierda, para luego ser asumidas como propias, por amplios sectores de la derecha. Seguramente, el nexo entre unas y otras sea la molestia que causa que un comunista llegue a ministro, pero así están las cosas.

A Garzón y a su equipo se les ha acusado de todo. Y un breve análisis de las medidas adoptadas demuestra que esas críticas no tienen ni seriedad, ni responsabilidad, ni se basan en un mínimo entendimiento; no ya de lo regulado sino, incluso, del ámbito de competencias que tiene un ministro. Entre esas críticas y una cena de cuñados no se aprecia gran diferencia, pero intentaré explicarme.

No cabe duda de que el juego, en su vertiente más extrema o patológica, puede llegar a ser un problema de salud pública y que, en un mundo ideal, igual tendría que no estar permitido. Aunque, claro está, toda prohibición siempre termina generando mayores disfunciones que su bien regulada existencia. Pero antes de criticar el conjunto de las más de cien medidas sobre publicidad del juego online, que suponen prohibir el 80% de los actuales anuncios y una restricción muy severa para el resto, igual habría que tener claros algunos conceptos básicos.

En primer lugar, la industria del juego no se puede prohibir en España porque eso, al estar permitido en el resto de países de la Unión Europea, contravendría el derecho a la libre circulación de capitales y, también, al derecho a la libertad de establecimiento. Expuesto más claramente: prohibir el juego, de entrada, solo se puede hacer si tal prohibición parte de la propia Unión Europea, no de Garzón ni de su equipo.

Un ministro, sea comunista o no, tiene unas limitadas competencias regulatorias y, más aún si lo que se pretende es que luego no le tumben esas iniciativas por ilegales; en este caso se ha acudido, como no podía ser de otra forma, al instrumento establecido en la Constitución y denominado “Real Decreto”. Este tipo de instrumentos tiene, además, una serie de limitantes como son las establecidas en las propias leyes y cuya razón de ser no es otra que la de impedir que el ejecutivo pueda invadir competencias exclusivas del poder legislativo.

Pero los límites no solo están en las propias normas reguladoras del juego sino también en el conjunto del ordenamiento y, por tanto, solo desde una apreciación simplista o de deliberada ignorancia puede aducirse que la propuesta de Garzón sea una rendición, una cesión o, incluso, una traición. Quienes así se posicionan en contra de estas medidas parecen desconocer aspectos básicos que afectan al sector cuya desaparición pretenden como son, por ejemplo, que en materia de juego las competencias están delegadas en las comunidades autónomas o que, a la hora de reconducir o restringir la publicidad de este tipo de actividades no sólo operan las normas directamente aplicables al sector del juego sino también, y, por ejemplo, las contenidas en Ley General de Comunicación Audiovisual.

Los objetivos iniciales de estas medidas, de cuya urgencia no dudan ni los más acérrimos detractores, no son otros que los expuestos por el propio Garzón: “proteger a los menores, a los mayores de edad en edad temprana, a los colectivos más vulnerables y en general a toda persona que quiera jugar” regulando tanto la difusión de publicidad −horarios− como el tipo de mensajes permitidos.

Pero no todo tiene que ver con la publicidad que, insisto, por decreto no puede ser prohibida como pretenden los cuñados de turno. También existen otras medidas que apuntan a algo esencial ante este fenómeno del juego como son aquellas orientadas a la “información, prevención y control sobre las posibles consecuencias que tiene el juego sobre la salud” y que, según han afirmado desde el ministerio, no son más que “un primer paso de una estrategia integral contra la ludopatía y para proteger la salud pública”.

Por otra parte, una de las críticas que más duramente se han realizado apuntan a la inexistencia, en la propuesta de Garzón, de medidas que regulen los salones presenciales de apuestas. No me cabe duda de que ese tipo de establecimientos han de ser regulados, no prohibidos, de forma tal que se desincentive su proliferación y la del juego para proteger tanto a los menores como a los ludópatas. El problema es que la regulación de este tipo de establecimientos, como ya he dicho, no es competencia del ministerio sino de las Comunidades Autónomas lo que, una vez más, no es culpa del comunista que tenemos por ministro.

Los criterios seguidos a la hora de establecer estas medidas no parecen sustentarse ni en presiones ni de precipitaciones, sino en la experiencia acumulada en otros países y en estudios muy claros que demuestran que la mejor solución pasa por la adecuada regulación y no por la prohibición del juego. Tal cual sucede con las drogas y otros tantos productos, en el caso del juego, la prohibición estimula la actividad ilegal y más aún cuando resulta tan accesible como sucede con el juego online que puede, incluso, llegar a implicar no solo su proliferación, sino el absoluto descontrol fiscal del mismo.

El paso dado hasta ahora, dentro de un ambicioso plan integral de regulación y de prevención contra los efectos patológicos del juego, es gigantesco, teniendo en cuenta de donde se ha partido: de un ámbito absolutamente descontrolado o desregulado o como el propio ministro ha expresado, provenimos de la “ley de la selva”.

Por tanto, convendría conocer el contexto, los límites legales y competenciales, así como el alcance de la norma y su sentido, antes de dispararse en el pie, como algunas voces de izquierda han hecho en su precipitación por ser los primeros en exhibirse duramente críticos contra un ministerio que se habría rendido ante los lobbies del juego, según su sesgada y poco formada opinión.

En todo caso, lo relevante no es si son las más acertadas o no, sino la ligereza con la que han sido criticadas y el que esas críticas vengan de sectores que se presumen de izquierda y que no han dado ni los cien días de gracia a un ministro al que parece no perdonársele que sea comunista.

En cualquier caso, y como partí diciendo, las críticas a los políticos han de ser bienvenidas y deben ser agradecidas si las mismas tienen una mínima solidez intelectual y no surgen de meros arrebatos producto del galopante cuñadismo que se está adueñando del debate político en nuestra sociedad; siendo muy triste tener que explicar conceptos básicos de cómo ha de funcionar un estado democrático y de derecho que son materias que, sin duda, debieron de explicarse en “primero de cuñadismo”.

Desde hace más de dos años venimos insistiendo en que la judicialización de la política, y especialmente, del conflicto con Catalunya no es más que un error. Además, dejar tal tema en manos de los tribunales no sólo es una anomalía democrática sino, también, abre las vías para una más que segura errónea aplicación del Derecho porque la que se haría, y el tiempo nos ha dado la razón, sería contraria al derecho de la Unión Europea que, por definición, es el derecho que ha de prevalecer en España por mucho que le moleste a los neoconstitucionalistas. Es decir, a aquellos que ahora se arropan con la Constitución, pero justamente, lo hacen para desnaturalizarla si no destruirla.

Han bastado dos demandas y una cuestión prejudicial para poner en evidencia, de una parte, que teníamos razón y, de otra, que las altas instancias jurisdiccionales españolas viven de espaldas no ya a la realidad sino al prevalente derecho europeo. Cuando digo “prevalente” lo hago en función de lo establecido en los tratados firmados y ratificados por España que hablan, claramente, del principio de “prevalencia” y cuya aplicación viene también recogida en el “derecho patrio”, si es que este término se puede usar, al estar específicamente establecido así en el art. 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Ahora bien, como parece que en el Tribunal Supremo existe algún tipo de confusión sobre estos temas de derecho comunitario, también en otros sectores de la administración y en muchos “opinólogos”, conviene tener en consideración algunos extremos relevantes.

Así, el principio de prevalencia del derecho de la Unión es una regla sin la cual no puede existir, tampoco avanzar, la Unión Europea y que, como primera consecuencia, tenemos que se hace inaplicable toda norma interna que sea contraria al derecho comunitario.

Al respecto, nada más didáctico que lo establecido en la sentencia Simmenthal de 9 de marzo de 1987 (asunto 106/77) en que se establecen algunos precedentes de aplicación hasta hoy como son: la derogación implícita de las normas nacionales anteriores a las normas de la UE, la derogación implícita de las normas internas posteriores pero que sean contrarias al derecho de la UE y que todo órgano jurisdiccional nacional, incluido el Supremo, debe excluir cualquier norma interna incompatible con una comunitaria al momento de resolver cualquier caso.

Aclarado lo anterior, podemos avanzar hacia algo que, en estos momentos y de cara al juicio y sentencia del procés, tiene gran importancia: las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que es el órgano encargado, entre otras cosas, de dictar la jurisprudencia respecto de la forma de interpretar el derecho de la Unión. Este Tribunal dicta la Jurisprudencia y el Abogado General establece la “doctrina” de dicho tribunal por lo que, a la hora de aplicar el derecho comunitario, debe acudirse a una interpretación integrada tanto de la doctrina como de la jurisprudencia del TJUE.

Pues bien, si tenemos en consideración las sentencias dictadas los pasados 19 y 20 de diciembre de 2019 en los asuntos referidos a Junqueras, Puigdemont y Comín, así como la doctrina establecida en las conclusiones del Abogado General de 12 de noviembre pasado tenemos que: “El artículo 9 del Protocolo establece, por su parte, la inviolabilidad de los miembros del Parlamento (inmunidad procesal). Conforme al artículo 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo, los miembros del Parlamento gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país.” (Párrafo 74 de las Conclusiones del Abogado General) y “La inmunidad establecida en el párrafo primero del artículo 9 del Protocolo se aplica a los miembros del Parlamento, en principio, desde la apertura del primer período de sesiones del nuevo Parlamento electo. En ese mismo momento comienza a correr el mandato de tales diputados (artículo 5, apartado 2, del Acta de 1976). Dado que el Parlamento está permanentemente en período de sesiones, la duración de la cobertura de la inmunidad en cuestión coincide con la duración del mandato.” (Párrafo 83 de esas mismas conclusiones) y, además, “debe considerarse que goza de inmunidad en virtud del artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión una persona que, como el Sr. Junqueras Vies, ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo” (Párrafo 87 de la Sentencia).

Teniendo estos razonamientos, criterios interpretativos en mente, es evidente que quienes fueron elegidos y proclamados como diputados y senador en las elecciones generales del 28 de abril pasado contaban con iguales prerrogativas y eso desde el mismo momento de sus respectivas elecciones y proclamaciones. Es decir, Junqueras, Romeva, Sánchez, Rull y Turull tenían una inmunidad que les fue vulnerada por el Tribunal Supremo con la innegable ayuda del Congreso y el Senado tal cual hoy la tienen Puigdemont, Junqueras y Comín como diputados al Parlamento Europeo. Esto es así por aplicación, entre otros, de equivalencia y efectividad.

A efectos prácticos, lo que sostengo es que desde abril pasado el Tribunal Supremo debió suspender el juicio y el procedimiento en contra de los electos y proclamados hasta obtener el correspondiente suplicatorio y que, además, todos ellos debieron ser inmediatamente excarcelados. El “apaño” que se inventaron para impedir tales consecuencias del hecho innegable de la elección y proclamación ha generado una vulneración de tal calibre que hacen inviable el futuro procesal de la sentencia dictada, que no filtrada, el pasado 14 de octubre.

La voluntad condenatoria era tan intensa que cegó a destacados juristas y les ha llevado a cometer unos errores de tal calibre que, como venimos sosteniendo desde hace ya mucho tiempo, hacen necesario replantearse muchas cosas pero cuya única solución honesta, ética y jurídicamente aceptable pasa por asumir los errores y rectificar por la única vía que, para estos dislates, prevé el ordenamiento jurídico: la declaración de nulidad con retroacción de las actuaciones hasta el momento mismo de producida la vulneración.

Obviamente, las consecuencias no solo son jurídicas, también lo son políticas, desde el punto y momento en que por dichas resoluciones judiciales se alteró la composición y el funcionamiento, primero, del Congreso y Senado y, luego, del propio Parlamento Europeo. El daño es inmenso y solo quienes pretendan estar a la altura del juicio de la historia podrán reconocer lo hecho, asumir sus responsabilidades y rectificar. Cualquier otra salida será persistir en una carrera que solo conduce a precipitar, tal vez de manera irremediable, la ya mermada credibilidad de las altas instancias jurisdiccionales españolas y, además, arrastrar a esa patria que dicen defender, a una situación de rebeldía respecto no ya del derecho de la Unión sino, también, de sus instituciones.

Mientras en el panorama político se están moviendo las fichas de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre, en la escena judicial son muchas otras fichas las que se mueven y, algunas, por inocuas que parezcan, tendrán grandes repercusiones tanto de cara a ese procedimiento como a la situación que afecta a los diputados electos y proclamados al Parlamento Europeo.

Aún no se sabe cuándo saldrá la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés ni la calificación jurídica que se dará a los hechos ni las penas que se impondrán, pero sí sabemos cuándo se resolverá algo que se nos antoja como esencial y a lo que no se le ha prestado ninguna atención: la vista oral ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para contestar las cuestiones prejudiciales elevadas por Marchena y la Sala Segunda del Supremo.

Aventurar lo que pueda o no decidir el TJUE es mucho aventurar, pero sí hay algunos temas que, de entrada, se puede tener claro que serán establecidos por dicho tribunal: la inmunidad que protege a los eurodiputados electos y proclamados (Puigdemont, Junqueras y Comín) y la obligación de los Estados de respetar dicha inmunidad. Sí, el TJUE no negará la condición de electos y proclamados, tal cual fue publicado en el BOE el pasado 14 de junio, ni negará que están protegidos por la inmunidad propia de los diputados electos y proclamados.

Cosa distinta, y ahí es donde estará la clave, es cuándo comienza la misma a operar: si como ha sido hasta ahora, desde el momento de la proclamación como electos o cuando haya comenzado el periodo de sesiones o, finalmente, cuando hayan prestado un juramento o promesa que no se pide en ningún otro país de la Unión. El Juez Marchena y el Tribunal Supremo han apostado a esta tercera alternativa que, además, es la más improbable por los múltiples precedentes que existen en sentido contrario (acuérdense de este nombre: Francesco Musotto).

La apuesta del Tribunal Supremo fue muy arriesgada porque de tres opciones posibles, dos le dejan a pie cambiado y ante una compleja situación que invalidaría lo realizado en dicho procedimiento, como mínimo, desde el 13 de junio que es cuando Puigdemont, Junqueras y Comín fueron oficialmente proclamados como diputados electos. Sin embargo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 267.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no les quedaba más remedio que elevar la cuestión prejudicial a pesar de haberlo hecho en la pieza de situación personal de Junqueras con lo que el procedimiento no se ha visto suspendido y, por eso, están camino de dictar la sentencia que pondrá fin a meses de especulaciones y rumores.

Si el TJUE determina que los diputados electos y proclamados gozan de inmunidad desde su proclamación o, incluso, desde el comienzo del periodo de sesiones (comenzó el 2 de julio), entonces todo lo que se ha estado haciendo, deliberaciones y sentencia incluida, serán nulos de pleno derecho debiendo, además, suspenderse el procedimiento, al menos contra Junqueras, hasta que se solicite y conceda el suplicatorio por parte del Parlamento Europeo. Un suplicatorio que, a la vista de los precedentes y unidos eso a la Sentencia de Schleswig-Holstein, se nos antoja difícil de conseguir.

Pero no sólo se deberá suspender el procedimiento contra Junqueras y dejarle en libertad, sino que tampoco se podrán cursar las terceras euroórdenes en contra de Puigdemont y Comín que contarían con plena inmunidad para, incluso, regresar a Catalunya y España, no pudiendo ser detenidos. Otro tanto ocurrirá con el resto de los procedimientos abiertos en contra de los eurodiputados en diversas jurisdicciones.

Solo en el improbable caso en que el TJUE dijese, saltándose su jurisprudencia y la doctrina del propio Parlamento Europeo, que la inmunidad depende del juramento o promesa, se salvaría del rigor de la nulidad todo lo que se ha venido actuando desde que los tres eurodiputados resultaron elegidos con más de dos millones de votos… La apuesta, como se ve, no solo es arriesgada sino que, además, podría terminar actuando, lo más probable, como la mejor línea de defensa de Puigdemont, Junqueras y Comín.

Como ya hizo en su día Llarena, que terminó siendo el mejor abogado de mis defendidos, ahora el turno parece haberle tocado a Marchena que, sin duda, no sólo es mejor jurista que el primero sino un auténtico gran jurista con el que discrepo y en mucho.

La vista, punto de no retorno, se celebrará el próximo 14 de octubre ante el TJUE y, una vez celebrada, quedará visto para sentencia que, por sistemática, puede aún tardar unas semanas en emitirse, al tratarse de un procedimiento preferente. Una vez que el TJUE se pronuncie, su decisión será de obligado cumplimiento para España y, especialmente, para el órgano remisor: el Tribunal Supremo, que deberá actuar conforme ahí le determinen.

Lo que desconozco es si Marchena midió o no el riesgo que ha asumido o si, como digo, siendo un gran jurista también previó una salida a una situación de la que no podía inicialmente huir. Seguramente las claves están en los tiempos y las preguntas que fueron remitidas al TJUE y me explicaré.

Las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE lo fueron en razón a la situación de prisión provisional de Junqueras (lo pendiente de resolver es un permiso penitenciario para salir a prometer la Constitución) y, por tanto, las mismas sólo tienen sentido mientras exista tal situación. En el supuesto de que antes del 14 de octubre se dicte sentencia, al ser ésta firme de forma inmediata por no caber recurso en su contra, esas preguntas ya no necesitarían ser contestadas y, tal vez, esa sea la apuesta de Marchena, solo que para que la jugada le resulte debe comunicarlo al Tribunal antes de la celebración de la vista, retirando la cuestión prejudicial e impidiendo que el asunto ante el TJUE quede visto para sentencia.

Un escenario de estas características es complejo, difícil de imaginar, pero no imposible y, tal vez, solo tal vez, esa sea la auténtica jugada para, de una parte, no vulnerar el 267.3 del TFUE y, al mismo tiempo, impedir que el TJUE se pronuncie sobre un tema de amplia repercusión tanto para Junqueras como, especialmente, para Puigdemont y Comín. Como digo, la apuesta es muy arriesgada, pero lo sería menos si es que realmente no era tal sino un simple bluf de un buen jurista… Tiempo al tiempo, que ya veremos por dónde nos salen, pero igual, y sin quererlo, la cuestión prejudicial termina siendo un gol en propia puerta.

La situación creada en los últimos días a raíz del rescate de migrantes realizado por el buque Open Arms ha servido para conocer, aparte de las miserables posturas de muchos políticos especialmente italianos y españoles, una serie de carencias del actual gobierno o, al menos, de su portavoz Carmen Calvo quien ha llegado, incluso, a plantear la posibilidad de que se sancione al capitán de dicha embarcación porque “el Open Arms no tiene permiso para rescatar. Lo sabe el capitán del barco y se lo recordó el ministro de Fomento”.

Desconozco lo que sabe o no el capitán, pero sí tengo claro lo que dicen las normas internacionales y, concretamente, lo que establece el Convenio de Montego Bay sobre Derecho del Mar de 1982, que fue firmado y ratificado por España según consta publicado en el BOE de 14 de febrero de 1997. Más concretamente, lo que dice su artículo 98, según el cual no es que el capitán no tenga permiso para rescatar, como sostiene la ministra Calvo, sino que, además, tiene la obligación de hacerlo y si no lo hace, el propio Gobierno del cual Calvo es portavoz, tendría la obligación de exigirle responsabilidades.

Ese convenio internacional, que no ha sido alterado hasta la fecha por ninguna otra norma internacional posterior, establece en su artículo 98: “Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar; b) Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo; c) Caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala”.

Es decir, en base a Montego Bay existía, y existe, una obligación de rescate, pero, es más, si lo que se pretende es ampararse en normas de la Unión Europea tampoco le asiste la razón ni al Gobierno ni a quienes quieren criminalizar las actuaciones de aquellas ONGs que están dedicadas a ayudar y salvar a los migrantes en el Mediterráneo.

El artículo 2 del Tratado de la Unión establece. “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos…”. Y, como si esto no fuese bastante, el artículo 6.3 del Tratado de la Unión preceptúa que “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”.

Más claro es imposible: existía un deber de auxilio por parte del Open Arms y también existe un deber de garantizar que dicho auxilio sea prestado. En caso de no hacerlo, se procede a exigírselo al responsable del buque y también existe una serie de valores y derechos que han sido asumidos como fundamentos de la Unión Europa.

A pesar de todo esto, no han faltado voces desde la cátedra que argumentan en la misma línea que el gobierno y que la ministra Calvo. Sirva como ejemplo la intervención en la radio de la Profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea, Mariola Urrea, quien afirmó: “El derecho internacional no resuelve la idea de la entrega y la obligación de los Estados de aceptar a esos náufragos”.

No es correcto dar a entender que existe una suerte de vacío legal respecto a la suerte que han de correr los migrantes una vez rescatados y ello porque España también es parte, entre otros convenios, del Convenio sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo 1979 (SAR) (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1993) y que, de acuerdo a las enmiendas que se le introdujo el 20 de mayo de 2004, mediante Resolución del Comité de Seguridad Marítima (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2007) se establece, en su Preámbulo, lo siguiente: “Consciente asimismo de que el propósito del párrafo 3.1.9 del anexo del Convenio, enmendado por la presente resolución, es garantizar que en todos los casos se proporciona un lugar seguro en un periodo de tiempo razonable, hace suyo el propósito de que la responsabilidad de proporcionar dicho lugar seguro, o de cerciorarse de que se proporciona”.

Este convenio, ha de ser puesto en relación con el de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS V) (BOE núm. 302, de 18 de diciembre de 2002) según el cual, como recuerda José Luis Gabaldón “las partes están obligadas a coordinarse y colaborar entre sí para garantizar que los capitanes de buques que presten auxilio embarcando a personas en peligro en el mar sean liberados de sus obligaciones con una desviación mínima del buque de su viaje proyectado”.

Y ello porque, siguiendo también a Gabaldón: “Corresponde a la Parte responsable de la región SAR de que se trate la responsabilidad primordial de que la coordinación y colaboración se produzcan de modo que las personas rescatadas sean desembarcadas del buque que les prestó auxilio y entregados en un lugar seguro, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la situación. En todo caso, las Partes tomarán las medidas pertinentes para que el desembarco tenga lugar tan pronto como sea razonablemente posible (Norma 3.1.9 Anexo SAR). Y el proceso para determinar el lugar o lugares más idóneos para el desembarco debe ser indicado por los centros de salvamento del Estado responsable de la región SAR (Norma 4.8.5 del Anexo SAR)”.

El derecho internacional es un conjunto armónico, aún cuando no lo parezca, según el cual no existen lagunas o vacíos legales. Simplemente, existen áreas en las que debe hacerse un mayor esfuerzo de integración de las normas sin que ello permita atribuirle carencias inexistentes, que sólo sirven como argumentos para incumplir las obligaciones que todos los Estados tienen o, peor aún, para hacer guiños políticos a los sectores más reaccionarios de la sociedad ante futuros debates de investidura o convocatorias electorales.

Si hay algo que está claro es que no cabe la suspensión pretendida, al menos no hasta el dictado de la sentencia condenatoria, y eso es algo que saben Fiscalía y Tribunal Supremo… lo importante es que también lo sepa el Legislativo

La suspensión de electos se está complicando a pasos agigantados y, seguramente, ello se debe a algo que es esencial: no existe previsión legal para hacerlo en esta fase procesal y, por ello, el Tribunal Supremo está tan interesado en que lo hagan las Cortes Generales. Me explicaré.

El artículo que se aplicó cuando los presos políticos catalanes fueron procesados es el artículo 384 bis del Código Penal, y dicha norma sólo es aplicable una vez que el auto de procesamiento es firme; pero cualquier interpretación que se haga de dicho precepto impide su aplicación en el momento actual toda vez que la norma dice, literalmente, que: “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. 

Pero no sólo basta tener presente la literalidad de la norma sino, también, su ubicación sistemática dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en este caso, nos encontramos con que dicho precepto se ubica Título II (denominado “De la querella”) y, más específicamente en su Capítulo III (denominado “De la identidad del delincuente y sus circunstancias”) pero, muy significativamente justo antes del Capítulo IV  que se llama “de las declaraciones de los procesados”.

Es decir, lo que el legislador de 1988 –que es cuando se introdujo esta norma– pretendía era que esta suspensión, de carácter cautelar, fuese solo aplicable al momento del procesamiento, pero jamás al momento del juicio oral como ahora pretenden Marchena y compañía.

Lo que tampoco ha querido el legislador, en ninguna época, es que, a una persona, por muy catalana que sea, se le pueda aplicar dos veces y en distintas fases procesales un precepto que solo está previsto para el momento en que el auto de procesamiento adquiera firmeza, que es algo que sucedió hace casi un año.

Si asumimos como cierto y legalmente admisible lo que Marchena y compañía dijeron el pasado 14 de mayo, en un auto que pasará a los anales de la intromisión por parte del poder judicial en la esfera de exclusivas competencias del poder legislativo, mediante el cual se delimitaban las fases en que era de aplicación la necesidad de solicitar el suplicatorio, entonces deberían ellos mismos asumir que la suspensión prevista en el artículo 384 bis) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es sólo aplicable al momento inmediatamente posterior a la firmeza del auto de procesamiento.

Estoy convencido que Marchena & Co saben perfectamente que no pueden volver a aplicar el artículo 384 bis y que, justamente por eso, están trasladándole, con engañifas, la patata caliente a las Cortes Generales. Es decir, sabiendo que ellos no pueden o no deben aplicar una norma que no es de aplicación, se aventuran a inducir a que eso lo hagan las cámaras legislativas indicándole, incluso, cómo han de interpretar sus propios reglamentos.

Es evidente que sólo desde la cesión de soberanía y autonomía de las Cortes Generales se podría acatar los dictados que Marchena & Co le están tratando de colar al Legislativo pero, igualmente es posible, y en ello confío, que los legisladores sepan cuáles son sus prerrogativas y, sobre todo, cuáles son obligaciones entre las que se encuentra la de garantizar la separación de poderes que tan afectada se ve cuando los políticos tratan de influir en los jueces como cuando los jueces tratan de influir en los políticos.

En el caso que nos ocupa, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo saben que no existe apoyo legal a lo que pretenden que hagan las Cortes Generales y el seguir intentándolo solo refleja la intencionalidad del proceso que se sigue en contra de los líderes políticos y, en gran medida, refleja también la predeterminación del resultado de dicho procedimiento.

Si el Tribunal fuese imparcial no estaría dando el espectáculo que se ha generado a partir de los resultados electorales del pasado 28 de abril y, mucho menos estarían insistiendo tanto en lo esencial: mantener la prisión de personas que no tienen riesgo de fuga y conseguir la suspensión de los electos como si en ello les fuese la vida… igual, la explicación hay que buscarla más en lo por venir que en lo ya sucedido.

¿Qué es lo que viene? Dos son los hitos que más le preocupan a Marchena: de una parte, las próximas elecciones al Parlamento Europeo al que no se podrá dirigir en la forma ni con la intencionalidad que lo está haciendo con las Cortes Generales españolas y, de otra, la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial cuya presidencia es su máxima aspiración.

Aquí, lo que está en juego no son las suspensiones de Sánchez, Rull, Turull, Junqueras o Romeva sino la autonomía y soberanía de las cámaras legislativas y, por ende, la separación de poderes. Ahora, la pelota está en manos de sus señorías ilustrísimas y confiemos en que sabrán defenderla de un ataque que es fiel reflejo de lo que estamos viviendo desde hace ya demasiado tiempo: la activa participación y control de las altas instancias jurisdiccionales en la vida política.

En un Estado democrático y de derecho cada poder ha de tener un contrapoder y, en el caso de España, el poder judicial no tiene un contrapoder que, desde una postura externa, pueda establecer pesos y contrapesos a los abusos de un sector de la Judicatura, seguramente el sector más poderoso. Sin embargo, estamos ante una ocasión única para que el Poder Legislativo se defienda y ponga límites a la actuación irrefrenable de las altas instancias jurisdiccionales.

En cualquier caso, si hay algo que está claro es que no cabe la suspensión pretendida, al menos no hasta el dictado de la sentencia condenatoria, y eso es algo que saben Fiscalía y Tribunal Supremo… lo importante es que también lo sepa el Legislativo.

CAPÍTULO 1. La salida

Muchos están convencidos de que conozco todos y cada uno de los detalles de la salida de Catalunya hacia el exilio tanto del president Puigdemont como de sus consellers, pero ya adelanto que no es así, o que la mayor parte de esos entresijos los he conocido con posterioridad y a través de quienes realmente los vivieron... Siguen equivocados. Mi papel fue, y sigue siéndolo, meramente como abogado o asesor jurídico.

Para mí, este caso comenzó el 28 de octubre de 2017, cuando regresaba de Calcuta tras asistir a una reunión del Consejo de la FIFA en representación de la Federación Palestina de Fútbol (PFA). Fue un viaje agotador tanto por la intensidad del trabajo que allí tenía que realizar como por las puñaladas que recibimos de parte de personas muy cercanas, o eso creíamos, a la PFA, así como las peripecias propias de cualquier viaje con muchas escalas y escaso tiempo de conexión.

Salí de Calcuta sobre las 6 de la mañana hora local y, después de una escala con su respectivo cambio de avión, volé a Dubái para hacer allí otro trasbordo a un vuelo que me traería a Madrid. Había dormido poco los dos días que estuve allí y, además, venía con problemas estomacales, mezcla de una dieta que estaba realizando y del abuso del picante que tanto me gusta y que en la India saben preparar de una forma inigualable; picaba hasta el desayuno, pero en esos momentos no me importó y abusé.

Al aterrizar en Dubái conecté mi teléfono y me encontré con una serie de llamadas perdidas de Jaume Asens. Somos amigos desde 2006, cuando tuvo lugar en Barcelona el juicio por los hechos del 4-F, en el que se juzgó a unos jóvenes que asistieron a una esta en una casa ocupada del centro de Barcelona donde, después de una carga policial, resultó gravemente herido un guardia urbano. Esta causa generó una gran tensión en Barcelona y luego fue muy bien explicada en el documental Ciutat morta. Jaume Asens acudió al juicio como observador de la Comisón de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

A pesar de lo que dice la prensa de extrema derecha, Jaume Asens no era el abogado de Rodrigo Lanza en el juicio del 4-F, sino que lo era yo. Él solo fue uno de los muchos observadores que asistieron a un juicio que también marcó mi vida profesional y sobre el que mucho se ha dicho y escrito. Durante sus largas jornadas, nos conocimos, vimos que existía mucha sintonía en lo personal y en lo profesional y, a partir de ahí, hemos mantenido una gran amistad.

Quienes conozcan a Jaume Asens saben que recibir en un mismo día —o en una misma semana o en un mismo mes— varias llamadas suyas no es algo habitual, y mucho menos con ese nivel de insistencia. Así pues, le llamé inmediatamente: sabía que algo estaba pasando.

Lo primero que hizo fue preguntarme si podíamos hablar desde un fijo, y eso me bastó para tener claro que se trataba de algo serio. Le contesté que estaba haciendo escala en Dubái y por el momento no era posible. Me insistió: “¿En cuánto rato más podemos hablar desde un fijo?”. Miré mi tarjeta de embarque, hice mis cálculos y contesté: “Dentro de unas ocho o diez horas más estaré en casa”. Jaume Asens, sin entrar en más detalles, me dijo: “Vale, espero tu llamada. No te olvides”. Como si el de la mala memoria fuese yo.

Una llamada así, entre amigos pero sobre todo entre abogados que llevamos temas complejos y delicados, ya anunciaba que venían curvas. No dejé de pensar en qué podría ser, por lo que aproveché el resto de la escala para mirar la prensa española, descargar algunas noticias que intuía que podían estar relacionadas con la misteriosa llamada de Jaume Asens y poco más; en realidad estaba cansado y necesitaba dormir, así que nada más despegar fue lo que hice para despertar un par de horas después, absolutamente despejado, con una idea en la cabeza: “Esto tiene que ver con el Govern...”. No existían datos ni elementos que, por un análisis lógico, me permitiesen llegar a tal conclusión, pero si un nivel importante de convencimiento basado, exclusivamente, en la intuición.

El resto del viaje, que se me hizo eterno, lo dediqué a pensar en lo que podía estar pasando; llevaba dos días en que prácticamente no había leído la prensa sino solo sus titulares, pero imaginaba que la situación era grave, y si Jaume Asens me llamaba era porque había que encontrar una respuesta jurídica... Las preguntas que me daban vueltas eran “¿cuál es el problema?” y “¿qué tipo de solución necesita?”. Mi intriga iba a más y el reloj avanzaba lentamente. Nunca me ha gustado volar, y mucho menos en momentos como ese, en que necesitaba matar mi curiosidad y no tenía cómo hacerlo.

Al llegar a Madrid intenté localizar a Jaume Asens pero me resultó imposible, por lo que decidí tumbarme un rato e intentar dormir algo. Justo cuando lo había conseguido, comenzó a vibrar mi móvil: era Jaume Asens, que me pedía de nuevo un fijo para hablar. Le di el teléfono de casa y en cuestión de segundos estábamos al habla en una de las conversaciones más esotéricas que he tenido en años... Si hubiésemos estado preparando el atraco a un furgón blindado igual habríamos hablado más claramente.

Lo primero que hizo Jaume Asens fue hablarme de su amistad con un tal Toni Comín, que era conseller de Sanitat y no sé cuántas cosas más; todas me entraban por un oído y me salía por el otro, porque me parecía una mera introducción que impedía entrar en el fondo de la cuestión.

Como tengo poca paciencia, llegó un momento en que pregunté: “Bueno, ¿cuál es el problema realmente?”. Jaume contestó: “Claro, es por lo que te llamaba” pero, en lugar de explicarme el problema, comenzó a interrogarme sobre lo que yo sabía o no sobre el procés, las declaraciones del entonces fiscal general José Manuel Maza, las intenciones del fiscal general José Manuel Maza de querellarse en contra del Govern catalán, etc. Aun así, seguíamos sin entrar en materia.

Llegados a un punto le dije “Jaume, ¿qué necesitas?”, y él contestó con una escueta pregunta: “¿Tú qué harías?”. Sin más detalles y sin siquiera pensarlo, respondí: “Irme, hay que salir de aquí ya”. Creo que era la respuesta que Jaume estaba esperando, porque, sin lógica alguna, me soltó: “¿Cómo y para qué?”.

Obviamente yo no sabía cómo hacerlo pero le di las siguientes pautas: que salgan ya, que no lleven los teléfonos ni vayan en sus coches, que lleven efectivo y se muevan de la forma más discreta posible, pues todos ellos son gente muy conocida. Lo que yo en esos momentos no sabía era que ya habían salido de Catalunya y se encontraban al otro lado de la actual frontera hispano-francesa.

La pregunta que le preocupaba a Jaume Asens no era el cómo sino el para qué, y ahí comencé a exponerle mi idea de lo que se podía hacer, cuáles serían las consecuencias, cómo habría que trabajarlo y desde dónde. No paraba de sacarle diversos temas y Jaume Asens, con mucha delicadeza porque no quería cortarme el rollo, pero también con gran firmeza, me preguntó: “¿Puedes hacer un breve informe y ponerme todo esto por escrito?”. Le contesté que sí y me dijo: “Acuérdate de que son políticos, así que explícalo claramente. ”Lo tendrás en media hora“, fue mi respuesta.

Nada más colgar saqué mi ordenador, me instalé en la cocina de casa, donde mi hija pequeña estaba viendo la tele, y me puse a redactar un documento que titulé “Efecto Dominó”. Elegí el nombre porque sabía que la estrategia que se me ocurría tendría muchas fases y lo que había que hacer era una suerte de construcción por piezas que, al final y solo tocando una de ellas, generase la caída de todas las demás hasta llegar al objetivo final: el efecto dominó.

Minutos más tarde entró Isabel, mi pareja y compañera en todas las luchas, y comenzó a hablar de las vacaciones de Navidad, de que su madre vendría con nosotros y no sé cuántas cosas más; yo estaba absorto en mi redacción y me limité a contestarle “Ahora no, Isa”, pero ella insistió sin ser consciente de lo que estaba sucediendo. Giré el ordenador y le mostré lo que estaba haciendo. Isabel, sin más, me ofreció un café y no volvimos a hablar hasta que terminé el documento, que sería el comienzo de una serie sobre la cual se construyó toda la estrategia internacional que hemos desplegado desde entonces.

Quien mejor explica la relevancia del 'Efecto Dominó' y de la serie de documentos que lo siguieron es Toni Comín, quien por entonces no era más que un nombre en algunas noticias de prensa que había repasado con prisa pero que al convertirse en uno de los destinatarios supo ver, desde el primer momento, que esa era la solución.

Una vez terminado el documento y revisado por Isabel, que es quien revisa todos mis escritos, logré cargarlo en una aplicación segura y se lo envié a Jaume Asens, que me contestó “Lo leo y te digo”. Ese “te digo” tardó varias horas en materializarse, lo cual me intrigó y hasta cierto punto me puso nervioso, porque no entendía qué podría estar cuestionando Jaume Asens de un documento sobre una materia que yo dominaba y él no... Luego descubrí que no había cuestionamientos sino una compleja situación logística: por razones de seguridad, “Efecto Dominó” tardó un buen rato en llegar a su destino: las manos de Toni Comín.

Por la noche me volvió a llamar Jaume Asens para decir que el documento ya lo tenía el tal Toni; explicarme, por segunda vez, su amistad con Toni y la hermana de este y, ya de pasada, darme una serie de nombres de personas que no conocía y que entonces me parecían irrelevantes. Entre que le envié el documento y volvimos a hablar me leí todo lo que pude de lo sucedido en los últimos días en Catalunya para asegurarme de que estaba entendiendo bien el escenario y la situación que se avecinaba.

No fueron pocas las veces que esa noche Jaume Asens me preguntó “¿Estás seguro de que esto se puede hacer?”. Y la respuesta siempre fue la misma: “En teoría claro que se puede, solo tenemos que ponerlo en práctica, pero estoy seguro de lo que digo”. Nuestra amistad siempre se ha asentado no solo en el cariño sino en el mutuo respeto intelectual y en el convencimiento de que ambos decimos lo que pensamos... guste o no.

Sobre la medianoche del domingo 29 de octubre, Jaume Asens me mandó un mensaje bastante críptico pero que no tuve problemas en descifrar: “Ya está, irán donde dijiste y ahora te toca a ti”. Entendí, erróneamente, que ya habían terminado de salir de Catalunya, cosa que habían hecho el día anterior, y que me correspondía comenzar a gestionar lo que decía mi documento.

Propuse cinco destinos: Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica y Alemania. Respecto de este último país, hice una salvedad que tenía que ver con el reciente caso de Dogan Akhanli, escritor turco-alemán que había sido detenido en España en agosto de 2017 acusado por Erdogan de “terrorismo” por haber escrito en defensa de los derechos del pueblo kurdo; me encargué de su defensa y por eso conocía bien el tema: finalmente se denegó la entrega a Turquía a un elevado coste político para el gobierno de Merkel, que tuvo que mover Roma con Santiago para que España denegase su entrega, con lo que no me parecía el destino más adecuado en esos momentos y condiciones. En todo caso, el destino final fue Bélgica y, por tanto, me tocaba contactar con Christophe Marchand, belga, abogado, amigo de muchos años y batallas. Era tarde pero Christophe duerme poco, se acuesta tarde, y, además, me daba un poco igual. Sabía que cuando le explicase el tema entendería la hora.

Le contacté por una aplicación segura y tardó escasos segundos en contestar. Después de los saludos de rigor, preguntarnos por nuestras respectivas familias y esas cosas que siempre se han de hacer, me espetó un “Bueno, ¿cuál es el problema?”, a lo que le contesté: “Ninguno, no hay problema, solo un gran desafío”. Aún resuenan en mi cabeza sus carcajadas... Nos conocíamos bien y él sabía que el término “desafío” implicaba muchas más cosas, sin duda, algunas muy complejas.

Traté de ser lo más didáctico posible hasta que Christophe me interrumpió diciéndome: “Gonzalo, estoy en Lanzarote y leo la prensa; vamos al grano que estoy con mi novia y mi hija de vacaciones”. Como era evidente que sobraban los decorados, entré en materia y le indiqué que en pocas horas llegarían a Bruselas unos cuantos miembros del Govern catalán, y que había que montar un equipo jurídico de manera urgente para defenderles de una más que probable OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega).

Christophe me pidió un análisis de tiempos y le expliqué que ese lunes, ya 30 de octubre, la Fiscalía interpondría la querella, que lo más seguro era que se admitiese a trámite el mismo día o al día siguiente y que a partir del 2 o 3 de noviembre comenzarían las detenciones y los ingresos en prisión. Le indiqué que esas eran mis previsiones pero que no sabíamos nada más que lo que decían los medios de comunicación.

Me explicó que lo del equipo jurídico no era problema, que lo montaría con Michell Hirsh y Annemie Schaus y que le diese su teléfono a ese tal “Tino o como se llame”, refiriéndose a Toni Comín. En realidad este ya lo tenía, porque fue lo primero que les di teniendo el convencimiento de que Christophe se embarcaría en esto. En todo este asunto siempre he contado con amigos, nos conocemos y sabemos trabajar rápido y basados en la confianza.

Tal cual habíamos previsto, esa misma mañana del 30 de octubre la Fiscalía General del Estado presentó sendas querellas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En paralelo, Jaume Asens y yo seguimos hablando para ir avanzando en la defensa desde Bélgica y, al poco rato, me llamó Christophe para decirme que no se llamaba Tino sino Toni, como si fuese yo el que estaba confundido, y comentarme que ya estaban en contacto.

Ese mismo lunes, y ya desde primera hora, comenzó a circular el rumor de que el Govern había salido al exilio. Y lo presentaron como una huida, pero nadie tenía confirmación... Bueno, algunos sí la teníamos pero no podíamos hablar de ello, lo que me ponía en una situación muy compleja con uno de mis grandes amigos, Nacho Escolar, director de eldiario.es, quien me contactó para preguntarme mi opinión sobre el escenario legal que se abría a partir de esas nuevas querellas. Se lo expliqué, de forma neutra, sin poder decirle lo que iba a suceder, o mejor dicho lo que ya había sucedido.

Como era lógico, en esas horas le insistí mucho a Jaume en que era necesario que hablase directamente con Toni. Aquel me decía que sí, que me llamaría en cualquier momento; con el tiempo he descubierto que si Jaume Asens es informal con el teléfono Toni lo es más y, en esta ocasión, ni tan siquiera tenía un teléfono desde el que llamarme, por lo que hablé con él, por primera vez, la noche del 31 de octubre, cuando ya se había hecho público que estaban en Bélgica, se sabía de la admisión a trámite de la querella y estaban ya todos citados para el 2 de noviembre. Todo ello encajaba con el análisis previo que había hecho para ellos en “Efecto Dominó”.

En todo caso, en esos momentos nuestra prioridad con Christophe era poner en conocimiento de las autoridades belgas la presencia allí del president Puigdemont y los miembros del Govern para, de esa forma, evitar una detención y asegurarnos de que el proceso de la OEDE se realizase con ellos en libertad. Eso era esencial desde una perspectiva política, humana y jurídica, por lo que nos volcamos en ello.

Algo que nunca han aceptado, ni en la Audiencia Nacional ni en el Supremo, y mucho menos en Fiscalía, es que en el resto de países europeos existe un entendimiento y aplicación democrática de las normas penales y procesales y, por tanto, la prisión provisional es el último recurso, una medida de la que no se puede abusar; por eso fue prioritario dejar claro a las autoridades belgas que nuestros defendidos no tenían intención alguna de huir y que cuando ellos los citasen comparecerían.

Mientras trabajábamos en consolidar esa situación, el president Carles Puigdemont había contactado a otro aboga- do belga que había llevado muchos procesos de extradición, incluidos algunos casos de miembros de ETA. Se trataba de Paul Bekeart, letrado flamenco del que yo tenía muy buenas referencias y con quien, a lo largo de todo este tiempo, he establecido una excelente relación.

Puse en conocimiento de Christophe este hecho; él se coordinó inmediatamente con Paul y ambos comenzaron las gestiones con la Fiscalía de Bruselas. Una gran diferencia en la profesión entre lo que pasa dentro y fuera de España es la cooperación, lealtad y respeto mutuo entre los compañeros, lo que hace muy sencillo trabajar con gente de distintos despachos.

En ese punto tuvimos que tomar la primera decisión jurídica relevante: elegir el idioma y, por tanto, la jurisdicción ante la que queríamos presentar a nuestros defendidos. Valoramos, siempre utilizando un sistema de comunicación seguro, las alternativas, los pros y los contras de actuar en francés o en flamenco; finalmente, nos decantamos por acudir a los tribunales flamencos para, de esa forma, ganar tiempo con las traducciones.

Como muchas cosas en este caso, la realidad es bastante distinta a lo que se ha especulado y escrito. Decidimos llevar a nuestros defendidos a la jurisdicción flamenca porque consideramos que, como en España casi nadie habla flamenco, tendríamos una ventaja: actuando en ese idioma ganaríamos tiempo, que era lo que por aquel entonces necesitábamos, porque todo nos desbordaba y habíamos comenzado una batalla jurídica en la que enfrente teníamos a todo un Estado.

El 31 de octubre, con unas prisas inusitadas, la jueza Lamela, del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite la querella de la Fiscalía y ordenó citar a todos los querellados para que compareciesen ante ella y prestasen declaración el 2 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Para mí esa fue la confirmación de que la idea era encarcelarlos a todos. Así se lo comuniqué a Jaume y, a través de él, a Toni, quien hasta entonces no era más que un nombre para mí.

La querella contenía un relato de hechos que no solo no se correspondía con la realidad de lo sucedido en Catalunya, sino que, como se demostraría más adelante, conllevaba una visión franquista de la misma y una conceptuación antidemocrática del Derecho Penal. Esos hechos, esos malditos hechos se transformarían, con el pasar de los meses, en la pesadilla europea primero de Lamela, luego de Llarena y, en todo momento, de la propia Fiscalía. El único sustento probatorio con el que contaba ese dislate de querella era una serie de artículos de prensa, de un sector de la prensa, y nada más... y con eso pretendían triunfar, jurídicamente hablando, en Europa.

La noche del 31 de octubre Toni me contactó directamente a través de un teléfono con un número muy raro. Estuvimos hablando y me dijo que había varios consellers que habían decidido regresar a Catalunya pero que él, el president Puigdemont y otros consellers no pensaban volver. Le expuse mi convencimiento de que todos los que estuviesen en España irían a prisión y mi visión del caso, que la única forma de internacionalizar el conflicto, desde una perspectiva jurídica, era que ellos permaneciesen en Europa, así como lo que fuésemos a hacer en los procedimientos de OEDE; igualmente le indiqué que era necesario que me enviase un escrito de designación para poder personarme en la Audiencia Nacional y comenzar allí la defensa.

Toni, a quien solo conocía de esa conversación, fue muy claro: me planteó una serie de dudas y, sobre todo, me hizo preguntas que marcarían el desarrollo posterior de la estrategia de defensa. Como no paraba de hablar y de preguntar le dije: “Te voy a preparar un documento y te lo haré llegar para que tengáis claro lo que estoy planteando y cómo lo podemos hacer”. Su respuesta fue clara: “Perfecto, lo espero y hablamos”.

Me puse a redactar el documento y lo llamé “Dominó 2”; en él expliqué las particularidades del proceso de OEDE, cómo los defenderíamos y las consecuencias que ese trabajo podría tener de cara a las personas que se presentarían el día 2 de noviembre ante la Audiencia Nacional. También fui rotundo sobre un hecho que nadie parecía asumir: en España todos irían a prisión porque ese era el objetivo pretendido por la Fiscalía, que contaría con el apoyo de la jueza Lamela. La única línea de defensa que quedaría sería la que montásemos en el extranjero.

“Dominó 2” fue revisado, como no podía ser de otra forma, por Isabel, y de ahí se lo mandé a Jaume Asens, que lo remitió a Toni por algún cauce que desconozco. Este, al poco de recibirlo ya avanzada la noche del 1 de noviembre, me llamó para darme las gracias e indicarme que el documento no solo era una hoja de ruta jurídica sino también un relato, que tirásemos para adelante.

En paralelo, muchos periodistas me estaban haciendo preguntas, pero no porque pensasen que yo tuviese algo que ver con el caso, sino porque siempre he llevado temas de extradiciones y, sin duda, necesitaban saber cuál era el escenario que venía. Hasta ese momento nadie me asociaba al caso y eso era un buen indicador de que estábamos volando por debajo del radar.

Hasta ese momento, cerca de la medianoche del 1 al 2 de noviembre, yo seguía sin recibir el escrito de designación para poder personarme y presentarme en la Audiencia Nacional a la mañana siguiente. Me preocupaba mucho que no lo enviasen porque, como no nos conocíamos de nada, pensé que a lo mejor era porque no confiaban en mi estrategia o que ya me habían googleado y eso les había generado desconfianza; meses después supe que no lo enviaban por la precariedad en la que se encontraban y la falta de recursos técnicos para hacerlo.

Sobre las 3 de la mañana me llegó el e-mail de Toni designándome abogado y otro de una tal Meritxell Serret cuyo nombre era la primera vez que escuchaba. Intenté dormir un rato más y sobre las 5 de la mañana me levanté, tomé mi dosis habitual de café, leí la prensa, me duché, saqué a pasear a nuestra perra y me fui al despacho sobre las 6.30 para poder enviar por fax y Lexnet los escritos de personación como abogado antes de irme a la Audiencia Nacional.

Llegué a la Nacional sobre las 8.45 de la mañana y, para mi sorpresa, estaba todo lleno de periodistas, policías, curiosos y manifestantes fascistas pidiendo el ingreso en prisión de todos los querellados. Saludéa muchos de los periodistas allí presentes, a quienes conocía de múltiples casos, pero ninguno imaginaba que yo pudiese estar allí por “el tema” de esa mañana; en realidad todos me saludaban por cortesía pero sin mayor interés, ya que esperaban a los abogados de “los catalanes” y a los propios querellados, que era donde estaba la noticia.

Aprovechándome de esa situación, entré discretamente en el edificio donde se encuentran las salas de declaraciones y juicios y bajé hasta la correspondiente al juzgado central 3. Solo estaba la funcionaria encargada y la secretaria judicial (o letrada de la Administración de Justicia, que es como ahora se denominan) y les indiqué que venía en nombre de Toni Comín y Meritxell Serret.

A los pocos minutos salió la funcionaria al pasillo y me preguntó: “Pero ¿usted por qué ha venido si ellos están huidos?”. Mi respuesta fue: “No hay ningún huido, ellos se fueron a vivir a Bélgica antes de la querella y queremos que se les tome declaración por videoconferencia”. Su sorpresa fue mayúscula y me dijo que informaría a su señoría.

Más tarde, ya sobre las 9.30, comenzaron a llegar los querellados y sus abogados. A algunos los conocía por la prensa y, a otros, por diversos procedimientos, pero estaba claro que ellos venían en un grupo y yo pertenecía a otro o a ninguno; a pesar de ello, en un momento dado pudimos comentar la situación y les dije que en mi opinión irían todos a prisión; les expliqué las razones y analicé la estética o escenografía del momento.

Todo estaba a la vista: nos encontrábamos en el pasillo del sótano -1 y estábamos rodeados de policías, no precisamente para protegerlos sino para detenerlos. En esos momentos nadie pareció hacerme caso y, mientras trataba de convencerlos de lo que iba a suceder, apareció Miguel Ángel Carvallo, el fiscal del caso y a quien conocía desde hacía años.

Me acerqué a él, le expuse la situación de Comín y Serret y nuestro deseo de que declarasen por videoconferencia; Miguel Ángel me miró con cara de incredulidad o de lástima, como diciendo “No te estás enterando”. Ante su silencio le indiqué que esa mañana había presentado los escritos de designación, de personación y una solicitud formal para que les tomasen declaración por videoconferencia... Ante mi insistencia dijo: “Vale, ya lo veremos”, y eso es lo último que hemos hablado desde entonces.

Sobre las 10.30 llegó la jueza Lamela y dieron comienzo las declaraciones; no me dejaron entrar, así que dejé constancia de mi protesta y me marché. No tenía sentido quedarme allí toda la mañana si era evidente que no podría estar en las declaraciones ni en las posteriores vistillas para adoptar medidas cautelares. Salí del edificio y se me acercaron muchos periodistas, que ya sabían que defendía a algunos de “los catalanes”, a preguntarme qué había pasado, por qué no me dejaban entrar y cualquier tipo de detalle que les permitiese dar alguna noticia mientras se producía la auténtica noticia, la que todos ellos estaban esperando: el ingreso en prisión de

los miembros del Govern catalán.

De camino al parking de Salesas fui hablando con periodistas a los que conozco desde hace más de una década; todos me insistían en que era una locura eso de huir a Bélgica, que vendrían entregados en menos de un mes, que los hechos eran gravísimos y que ningún país europeo les protegería. Intenté explicarles que las cosas no eran así, que en Europa existe una visión y aplicación distintas del derecho y que en cualquier país democrático sabrían distinguir entre lo que realmente es una rebelión y/o sedición y lo que no es más que el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, manifestación, etc.

No les interesaba, ellos tenían una visión y no querían que un iluminado les contase historias que no se sostenían y que, además, les estropeaba el relato que les habían vendido desde Fiscalía, el Supremo y la propia Audiencia Nacional. Era todo tan evidente para mí que decidí irme rápido al despacho para informar a Toni y Meritxell, hablar con Jaume Asens y comentar todo lo sucedido con Isabel.

Esa tarde del 2 de noviembre, tal cual escribí el 29 de octubre y el 1 de noviembre, la jueza Lamela decretó la prisión provisional para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn; lamentablemente, mis predicciones se habían cumplido pero no estaba contento, más bien preocupado porque acertar, en casos como este, tiene como consecuencia que gente que nada ha hecho termine en prisión.

Uno de los argumentos utilizados por Lamela, y que sería luego sobado y ajado por Llarena y el Supremo, sería el del riesgo de fuga basándose en que otros miembros del Govern se habían fugado ya; en realidad esa excusa no es más que una aberración jurídica impropia de quienes pretenden presentarse como la cúspide de la carrera judicial.

La prisión provisional es una medida cautelar de carácter personal que ha de adoptarse con criterios estrictamente individualizados, y el comportamiento de un determinado sujeto no puede condicionar la situación personal de otro. Eso lo sabe cualquier juez, pero en el relato que se ha construido en torno a esta causa no les encajaba.

No había ni hay huidos, y eso les cuesta asumirlo, pero tiene una razón de ser: en todo momento, incluso antes de cursarse la primera OEDE, las autoridades belgas eran conocedoras del paradero de nuestros defendidos, parte esencial de la estrategia relativa a la libertad provisional; además, dentro de un espacio común europeo nada debe impedir la libre circulación de los ciudadanos, por lo que no existía motivo para ocultar un hecho así.

Igualmente, ese relato sobre los supuestos “huidos” se cae por la simple razón de que algunas de las personas que Lamela envió a prisión estuvieron en Bélgica y aun así decidieron regresar y presentarse ante ella. La dura realidad desmonta los relatos que, de manera sucesiva, se irán construyendo, primero desde la Audiencia Nacional y luego desde el Supremo, para justificar lo injustificable como se iría comprobando con el tiempo.

Este caso, como se ha visto, no solo es una confrontación política y judicial sino también de relatos, y tanto la Audiencia Nacional como el Supremo han ido tratando de instalarlos de forma sistemática hasta que la realidad se los ha desmontado uno a uno.

Sobre las 17.00 horas logré hablar con todos, incluido Christophe, que ya estaba en contacto con la Fiscalía de Bruselas pero que no terminaba de creerse que todos los consellers hubieran sido enviados a prisión. Ambos sabíamos que, a partir de ese momento, la pelota estaba en nuestro tejado y que la responsabilidad era muy alta; no podíamos fallar y teníamos que medir cada paso que diésemos. La presión sería brutal y se prolongaría en el tiempo, como sigo comprobando.

Esa noche dormí bien, tal vez muy bien, aunque no existía más que una razón para ello: no nos habíamos equivocado en cuanto a la previsión de lo que sucedería y habíamos aconsejado en función de unos parámetros que se cumplieron en su totalidad. El comportamiento de Lamela, como luego sucedería con Llarena, resultó del todo previsible y ello por algo muy sencillo: el guion lo traían escrito y se ceñirían a él.

Desde que Mariano Rajoy decidió judicializar el conflicto político existente entre España y Catalunya es claro que han sido muchas las cosas que se han roto; pero en dicha espiral la primera de las víctimas fue la confianza entre las partes y la segunda el respeto hacia la verdad. Intentar reconducir el debate, y buscar una solución política a un problema político, necesariamente pasa por dos etapas muy diferenciadas y sucesivas como son la de diálogo y la de negociación; quien no lo entienda es que o no sabe de lo que está hablando o no está interesado en encontrar una salida al conflicto.

La judicialización del conflicto ha significado, entre otras cosas, la encarcelación y próximo enjuiciamiento de una serie de líderes políticos así como la persecución transfronteriza de aquellos que se encuentran en el exilio como vía para la internacionalización de la solución al problema. Sin embargo, la mayor y más grave de las externalidades de usar los órganos judiciales para solucionar un problema político es que, ahora, parte esencial de la solución pasa por desmontar el andamiaje judicial sobre el cual se ha construido esta persecución y eso llevará tiempo y seguirá unas vías distintas a las políticas.

En el ámbito de la política, y de la solución de conflictos, los pasos a seguir son claros, primero debemos adentrarnos en un proceso de reconstrucción de la confianza perdida y ello ha de hacerse sin agenda y sin grandes condiciones; se trata de ir hablando, de ir reconociéndose, de ir restableciendo puentes rotos a golpe de represión y resoluciones judiciales. Seguramente, la única condición a la que las partes no deben renunciar es a la de iniciar un diálogo honesto, sincero y útil que permita construir las bases sobre las cuales, llegado el caso, adentrarse en un proceso de negociación y solución del conflicto.

Mientras las partes no hayan construido, mejor dicho, reconstruido, la confianza la única garantía que existe de que este proceso de diálogo, que no de negociación, llegue a buen puerto es la de contar con un relator, observador o testigo imparcial que dé cuenta de lo que se ha dicho, cómo se ha dicho y hacia dónde se ha avanzado. Negarse a ello es tanto como negarse a buscar una solución política, por definición pacífica, del problema y tener una escasa visión no ya política sino de Estado.

Las voces que atacan a Pedro Sánchez por avanzar en el proceso de diálogo -insisto: reconstrucción de la confianza perdida-, lo único que pretenden es la implantación, por la fuerza de los hechos, de un modelo de estructura de Estado y de dominación que no es admitido por un amplio sector de la población catalana; están manteniendo con respiración asistida al régimen surgido de la Constitución de 1978 y, con ello, dinamitando las posibles vías de solucionar un conflicto que tanto desgasta a Catalunya pero, también, a la propia España.

Quienes no están de acuerdo con abrir ese diálogo y que el mismos sea observado o supervisado por una personalidad independiente lo que están es negándose a pensar en el futuro, anclándose en el pasado y cerrándole, a España, las puertas de Europa mientras la arrastran hacia una democracia imperfecta, la que hoy tenemos, que, por definición, no es democracia.

Quienes no están de acuerdo con abrir ese diálogo, ni contar con un relator que dé fe del mismo, lo que están es demostrando que o bien no quieren dialogar, sino imponer, o que tienen miedo a que el proceso de diálogo pueda, en el futuro, conducir a otro de negociación; seguramente les preocupa más la siguiente fase que esta y, por ello, incitan a las masas a salir a la calle para intentar condicionar el comportamiento del gobierno de Pedro Sánchez sin medir, siquiera, las consecuencias que ello tiene tanto en el plano de la estabilidad democrática como en el de la credibilidad que tanto se pretende generar en Europa sobre las bondades de la democracia española.

Nadie ha dicho que solucionar este conflicto vaya a ser sencillo pero lo que es inadmisible es que lo estén poniendo tan complicado por meros intereses electoralistas aquellos que, justamente, han de ser vistos, porque lo son, como los principales responsables de la actual situación; no podemos olvidarnos de dónde surge este conflicto y cómo se ha ido escalando hasta el momento actual y la responsabilidad que en ello tiene la derecha nacionalista española.

Si hay voluntad de solucionar el conflicto ha de haberla, igualmente, para admitir unas pocas reglas básicas que no son nuevas en la solución de conflictos: diálogo sin agenda ni condiciones, diálogo sin prisa ni trampas, diálogo cuyo único objetivo sea reconstruir la confianza perdida y diálogo bien relatado para que la verdad no se pierda por los pasillos y que, sobre ese diálogo y sobre esa confianza reconstruida se pueda iniciar un auténtico proceso de negociación que, en definitiva, es la única vía para solucionar los conflictos, especialmente los políticos.

La defensa de los Derechos fundamentales y las libertades públicas nunca ha sido una tarea fácil ni exenta de riesgos y la mayor o menor gravedad que esos peligros puedan tener irán en proporción inversa al poder que ostentan aquellos a los que, desde el Derecho y solo desde el Derecho, confrontemos.

Cuando asumí la defensa de los políticos catalanes en el exilio era perfectamente consciente de la responsabilidad que estaba asumiendo y los riesgos que correría... los mismos que he corrido cuando hemos enfrentado a otras personas muy poderosas en casos como los de los asesinatos selectivos en Gaza, las torturas en Guantánamo, los falsos testigos en Colombia, Edward Snowden y tantas otras causas que, como defensor de derechos humanos, he tenido la suerte de defender.

Lo que está sucediendo en España es grave y, día a día, nos aleja más del entorno en que se presume España tiene que moverse en el marco de la Unión Europea pero, especial y específicamente, dentro de los límites que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por eso, y desde una perspectiva jurídica, el caso catalán está tensionando, quizás hasta límites hasta ahora desconocidos desde la Transición, las costuras de un modelo que presenta serias disfunciones.

Hemos enfocado esta defensa como un litigio estratégico o pleito en el que, a través de un concreto caso, se pretende cambiar una determinada realidad mediante el uso de los instrumentos jurídicos existentes. El caso catalán, sin duda, es un litigio estratégico a través del cual se puede y debe cuestionar, para modificar, una serie de problemas estructurales o sistémicos que se han puesto de manifiesto a partir de la forma en que se reprimieron las legítimas y pacíficas manifestaciones del 1-O de 2017.

Todo estado democrático está obligado, por definición, a tolerar que los ciudadanos cuestionen desde la forma de acceso a la jefatura del estado hasta los límites y extensión territorial del mismo; igualmente, todo estado democrático ha de tolerar, por definición, que los ciudadanos se reúnan, manifiesten, protesten y opinen de todo aquello que consideren oportuno y, en caso de existir algún exceso que conlleve actos violentos, estos habrán de ser reprochados de forma individualizada y proporcionada sin que se exacerbe el Derecho ni se retuerzan las normas para hacer parecer como actos de rebelión o de sedición aquello que no es más que libertad de expresión, reunión y manifestación.

Por sorprendente que parezca, dentro del ámbito europeo, el caso catalán, entre otras cosas, está poniendo de manifiesto algunas de las más graves disfunciones del sistema jurídico-político español donde estamos viendo cómo un poder del Estado, o sus más altas magistraturas, carecen de cualquier tipo de contrapeso ('checks and balances') que pueda impedir que ese concreto poder sea impune, irresponsable e inviolable en el sentido de no podérsele exigir responsabilidad alguna y que, además, termine invadiendo esferas que le son impropias para de esa forma y cargándose la separación de poderes, llegar incluso a condicionar la vida y actividad política no ya de Catalunya sino, también, de España.

Las altas magistraturas judiciales en España, en función de su estructura legal, carecen de cualquier contrapeso que permita, externamente, impedir excesos y abusos y esto no solo es peligroso sino que, además, es impropio de una auténtica democracia.

Enfrentarse a esta situación, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa que me ha sido encomendado por diversos ciudadanos, muchos de ellos políticos catalanes, no puede ni debe conllevar el verme sistemáticamente cuestionado y atacado, de forma virulenta, por quienes dicen defender el orden constitucional y que dicho cuestionamiento se base en los casos y personas que defiendo. Una errónea concepción de lo que es un estado democrático y de derecho lleva a confundir al defensor con el defendido cuando los abogados no defendemos personas sino derechos... sí, los derechos de determinadas personas pero a través de esas personas estamos defendiendo los derechos de todos, incluidos los de aquellos a los que tanto molesta que defendamos a unos concretos políticos catalanes.

El orden constitucional y las leyes no pueden ni deben ser interpretadas a la luz del artículo 2 de la Constitución (ese que habla de “... la indisoluble unidad de la nación española”) sino que ha de hacerse a través del prisma de los Derechos fundamentales reconocidos en igual texto y del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque así es como se debe hacer si queremos mantenernos en el ámbito democrático.

Los ataques a los abogados, en esta ocasión me ha tocado a mí pero le podría tocar a cualquier otro que defienda esta u otra causa incómoda para el poder, no son más que ataques a los pilares fundamentales de cualquier estado democrático y de derecho y reflejan que los auténticos antisistema no somos los que con mayor o menor acierto defendemos los intereses que se nos han encomendado sino aquellos que, abusando de la posición institucional que ocupan, avanzan a paso firme hacia la destrucción de los pilares esenciales de un estado democrático y de derecho.

La democracia es mucho más que votar cada tantos años y solo en situaciones de crisis es posible evaluar si un determinado estado es auténticamente democrático o, por el contrario, lo es en lo formal, en apariencia. En el caso de los políticos catalanes está quedando en evidencia que para salvaguardar la sacrosanta e indisoluble unidad de la nación española están dispuestos a sacrificar no solo el derecho al juez imparcial o el derecho al proceso debido sino, también, el derecho de defensa y arrastrarnos, irremediablemente, hacia una clara destrucción del Estado democrático y de derecho.

Quienes defendemos, con todos los instrumentos legales propios de un Estado democrático y de derecho, sólo estamos apostando por mantenernos en un marco de respeto de las garantías y derechos fundamentales y, sin duda, quienes nos están atacando lo hacen porque no les importan ni derechos ni libertades sino única y exclusivamente un estado de situación en el que se sienten cómodos... no hay mayor antisistema que aquel que, amparado en las estructuras de poder, lo destruye desde dentro para convertirlo en un cortijo en el cual el único derecho garantizado sea el propio.

Como abogado defiendo el derecho de defensa que es patrimonio de todo ser humano y sólo los auténticos antisistema pueden pensar que el derecho de defensa es patrimonio de unos pocos y, peor aún, que sean las altas magistraturas las que puedan decidir quién es digno de ser defendido, por quién debe serlo y cómo ha de serlo. Mi compromiso con los derechos fundamentales es inalterable y ni antes ni ahora me van a intimidar.

Parte de las garantías con las que cuenta cualquier persona que va a ser enjuiciada es la de conocer, de antemano y en base a lo que previamente establece la Ley, el Juez o Tribunal que va a enjuiciarle o, dicho en términos jurídicos tiene derecho al Juez predeterminado por Ley; es decir, con carácter previo a la comisión de cualquier presunto delito, se debe saber quién (qué órgano jurisdiccional) sería el encargado de enjuiciar los hechos. Esta garantía lo que busca, entre otras muchas cosas y explicado de manera muy sencilla, es evitar, en palabras de Díaz-Picazo: 1) la creación de tribunales extraordinarios o de excepción; 2) la creación de jueces especiales, y 3) la alteración de las reglas generales de competencia entre jueces ordinarios.

A este respecto, y ya desde antiguo, tiene dicho el Tribunal Constitucional que el derecho al juez legal «exige también que la composición del órgano judicial venga determinada por ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente» (STC 47/1983), de modo que «una eventual irregularidad en la designación del juez que ha de entender de un proceso puede constituir una infracción del derecho del justiciable al juez ordinario predeterminado por la ley“ (STC 31/1983).

En el inminente juicio a los políticos catalanes no sólo se les está vulnerando el derecho al juez imparcial sino, también, el derecho al Juez natural predeterminado por Ley toda vez que, con la Ley en la mano, este caso no debe ser enjuiciado por el Tribunal Supremo, y me explicaré.

La competencia para enjuiciar a los políticos catalanes viene, en principio, determinada en el propio Estatuto de Catalunya que en su artículo 57.2 dispone que “en las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Es decir, los hechos sucedido dentro de Catalunya serán enjuiciados en el TSJC y los que sucedan fuera en el Tribunal Supremo.

En el auto de admisión a trámite de la querella, los Jueces que ahora les van a enjuiciar, ahora plenamente contaminados, ya se pronunciaron sobre la competencia razonando que: “El carácter plurisubjetivo del delito de rebelión hace perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de las aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña- tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos.”

En realidad, y si nos ceñimos al auto de procesamiento, tendremos que ningún “hecho”  se habría producido fuera del territorio de Catalunya y que lo que se ha buscado, desde un comienzo, es la competencia, primero, de la Audiencia Nacional y, luego, la del Supremo por razones que todos podemos imaginar.

Ahora bien, la “territorial” no es la única regla de competencia que se ha alterado sino también la denominada competencia objetiva en relación con el o los delitos que se imputan: desde la presentación de la querella, e incluso mucho antes (así se ha podido determinar con el hallazgo de determinada documentación), la acusación ha incluido el presunto delito de malversación y, dicho delito es competencia exclusiva del Tribunal del Jurado según establece el artículo 1.2.h) de la Ley del Jurado. La competencia del Tribunal del Jurado se extiende “al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en”, por ejemplo, “a) Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos”, “b) que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello”, “c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad” según el artículo 5.2 de la misma Ley que en su apartado 3ª) establece, además, que: “Cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos será competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento.”

Estas, y no otras, son las reglas que la Ley establece para la determinación de la competencia pero, cosa que pocos saben, estas normas legales han sido derogadas y/o modificadas parcialmente por decisiones “no jurisdiccionales” del Tribunal Supremo que lleva años atribuyéndose la facultad no ya de interpretar la Ley sino, incluso, de modificarla a través de lo que se denomina “acuerdo del pleno no jurisdiccional”.

El acuerdo del pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2010 no es que interprete los artículos 1 y 5 de la Ley del Jurado sino que, saltándose la voluntad del Legislador, los reescribe acordando desperfilar la competencia del Jurado y, de pasada, excluyendo, en cualquier caso y de forma taxativa, los delitos de prevaricación aún cuando fuesen conexos con otros competencia del Jurado lo que no es un dato menor detrás de la intencionalidad de la “reforma legal” practicada por el Supremo en su acuerdo de 20 de enero de 2010.

Resumiendo: por “acuerdo del pleno no jurisdiccional” se ha modificado la Ley del Jurado, no solo en este sino para muchos más casos como si el Tribunal Supremo tuviese capacidad legislativa o de enmienda legislativa, y, además, mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, se estableció que la Sala de admisión de la querella sea la que enjuicie los mismos hechos sobre los que se pronunció el 31 de octubre de 2017. Es decir, son acuerdos no leyes los que han determinado tanto la competencia como el reparto en este proceso.

En cualquier caso, si se quiere hacer un análisis desapasionado de cómo se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por Ley basta con analizar lo sucedido en el caso del 9-N y el juicio a Artur Mas y otros donde, por hechos idénticos (convocar y celebrar un referéndum para la independencia de Catalunya), se les enjuició en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; en esa ocasión, a pesar de generarse un gasto de más de 6 millones de euros no hubo acusación por malversación por lo que no fue, en ningún momento competencia del Tribunal del Jurado como debería ser en el caso actual. Dos supuesto iguales o idénticos no pueden tener un tratamiento procesal diferente si lo que se pretende es afirmar, como hacen algunos con demasiada alegría, que estamos ante un juicio justo que, por definición, implica el respeto de los derechos fundamentales del justiciable entre los que se encuentra el derecho al juez natural predeterminado por Ley.

En resumidas cuentas, este juicio debió y debe celebrarse en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y, de mantenerse la acusación por malversación, será competente para el enjuiciamiento un Jurado dentro del ámbito del TSJC; cualquier otra solución no sólo vulnerará el derecho al juez natural sino que, además, pondrá, una vez más, en evidencia que tenemos serios problemas sistémicos cuando las normas legales de competencia pueden ser alteradas por el Tribunal Supremo mediante sus “acuerdos del pleno no jurisdiccional” que representan, al menos en este caso, una auténtica reforma legal fuera de los cauces legales establecidos...  atribuyéndose competencias que le corresponden, exclusivamente, al Poder Legislativo.

Pues bien, si convocar un referéndum de autodeterminación es considerado por algunos un atentado o delito contra la Constitución ¿cómo debemos llamar a que un poder del Estado invada competencias de otro poder del Estado? ¿Cómo debemos llamar a que un órgano jurisdiccional modifique la Ley sin siquiera pasar por el Parlamento? ¿Cómo debemos llamar a que se prive del derecho al Juez natural?

La imparcialidad judicial es una de las principales garantías que tiene cualquier persona que se va a enfrentar a un proceso y, más aún, cuando se trata de un proceso penal en el que está en juego la libertad; la imparcialidad, por eso mismo, está reconocida y garantizada en lo que podríamos denominar el “núcleo duro” de los derechos fundamentales. Sin imparcialidad no habrá juicio justo, como tampoco lo habrá sin pleno derecho de defensa, de tutela judicial efectiva o de debidas garantías y cuando se vulnera uno de esos derechos el proceso deja de ser justo.

La imparcialidad puede verse afectada por diversas razones y, como tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo es una cuestión objetiva sino, también, subjetiva, lo que implica que el encargado de juzgar no solo debe ser imparcial sino, igualmente, parecerlo. En algunos casos ni se es imparcial ni se parece imparcial y esto es lo que está ocurriendo con el proceso penal que se sigue en contra de los políticos catalanes y no me refiero ya a la actuación del Juez Llarena que, evidentemente, está precedida por la falta de imparcialidad, sino, más concretamente, a la falta de imparcialidad del Tribunal que les va a enjuiciar.

Cuando el 31 de octubre de 2017 el Tribunal Supremo admitió la querella presentada por la Fiscalía en contra de los políticos catalanes, la Sala de Admisión, es decir la que resolvió que los hechos objeto de querella tenían apariencia de delictivos y acordó abrir el procedimiento, estuvo formada por los Magistrados D. Manuel Marchena Gómez, D. Andrés Martínez Arrieta, D. Julián Sánchez Melgar, D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y D. Luciano Varela Castro; ponente de dicha resolución, es decir, quien la redactó, fue el Magistrado Sr. Marchena.

En ese auto, esos cinco Magistrados se pronunciaron sobre los hechos objeto de querella, sobre la posible responsabilidad de una serie de personas y, también, sobre la calificación jurídica de los hechos, llegando a razonar que: “La presente resolución no da por supuestas todas y cada una de las valoraciones fácticas y jurídicas que se deslizan en la acción penal entablada.” pero, de esta sola frase se desprende que: 1) toman conocimiento de todos los hechos objeto de querella, 2) conocen la valoración jurídica que la acusación pretende, y 3) no dan por “supuestas todas y cada una” pero sí algunas sobre las cuales acuerda admitir a trámite la querella y justifica la competencia del propio Tribunal Supremo.

Ahora vendrá un juicio oral en el cual tendrán que dictar sentencia, absolutoria o condenatoria, y, para ello tendrán que valorar unas pruebas, sobre esas pruebas determinar unos hechos probados y, entonces, subsumir (encajar) esos hechos en unas normas jurídicas de carácter penal; es decir, tendrán que hacer un proceso similar al que hicieron el 31 de octubre de 2017, pero con una diferencia: lo harán a la vista de unas pruebas pero con unos hechos idénticos y una valoración jurídica idéntica.

De los cinco Magistrados que formaron la Sala de Admisión, cuatro formarán la Sala de Enjuiciamiento y será ponente, una vez más, el Magistrado Sr. Marchena; es decir, la sentencia la redactará la misma persona que escribió el auto de admisión a trámite de la querella. Esto, justamente esto, es lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que vulnera el Derecho al Juez imparcial no ya por la falta de apariencia de imparcialidad sino, además, por haber resuelto y dictado resoluciones en fases anteriores del mismo procedimiento; en todo caso, esto no solo lo dice la Jurisprudencia del TEDH, sino también la del propio Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional... o, al menos, lo decía hasta ahora.

Llegados a este punto, es evidente que los políticos catalanes no serán juzgados por un Tribunal imparcial sino por uno “prevenido”, es decir, por uno que ya tiene un conocimiento previo del caso, de los hechos y del derecho aplicable y que, ahora, verá las pruebas y podrá ratificar o no el convencimiento que les llevó, el 31 de octubre de 2017, a admitir a trámite la querella en contra de estas mismas personas.

¿Cómo justificará el Tribunal Supremo esta aberración jurídica?

Lo hará sobre la base del Acuerdo de 21 de diciembre de 2016 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que estableció que: El Tribunal que habrá de conocer las Causas Especiales resolverá sobre su admisión a trámite y, en su caso, las enjuiciará, estando formado por el Presidente de la Sala y dos o cuatro Magistrados, según los casos...“. Es decir, en base a un acuerdo, que no una Ley, se vulnerará el Derecho al Juez Imparcial que todo acusado tiene garantizado tanto en la Constitución como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

¿Puede un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial ser el fundamento para privar de un Derecho constitucional?

En mi opinión no y, si se tratase de un proceso justo, ajustado a Derecho y de factura democrática serían los propios Magistrados afectados los que deberían abstenerse de enjuiciar porque ningún derecho fundamental puede verse anulado por un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.

Ahora bien, para analizar esto de una forma más desapasionada propongo el siguiente ejercicio: olvidémonos que la causa que se sigue en contra de los políticos catalanes, imaginemos que vamos a ser enjuiciados y que los mismos jueces que admitieron a trámite la querella (aquellos que vieron ya los hechos y aplicaron el Derecho) van a sentarse a decidir sobre nuestra culpabilidad o inocencia... ¿qué pensaríamos? ¿Sentiríamos que estamos ante un Tribunal imparcial o, por el contrario, estaríamos convencidos de que “todo el pescado ya está vendido”?

Todos, incluidos nuestros peores enemigos, tienen derecho a un juez imparcial y no me cabe duda que el Tribunal que enjuiciará a los políticos catalanes incumple con tal criterio. No cuestiono, en esta sede, su profesionalidad y honorabilidad sino, simplemente, su falta absoluta de imparcialidad que es garantía básica de un proceso justo y lo que tampoco es admisible es que se tenga que esperar a que así lo declare el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... en todo caso, cada cual tiene que asumir su propia responsabilidad y lo que luego no cabe es criticar a los Tribunales belgas o alemanes o desconfiar por adelantado de los escoceses o suizos si la imagen que se está proyectando es esta. Aún están a tiempo de corregir estas “disfunciones” o vulneraciones de derechos fundamentales y sigo confiando en que así se haga.

La última espantada del juez Llarena, retirando no solo la Orden Europea de Detención y Entrega cursada a Alemania en contra de Puigdemont, sino también la existente en contra de Ponsati en Escocia, las inexistentes contra Comín, Serret y Puig en Bélgica, así como la orden internacional de detención cursada a Suiza en contra de Marta Rovira, pone en evidencia tanto el talante de dicha persecución como el escaso rigor técnico de quien las había cursado. En cualquier caso, lo relevante no es la retirada de dichas órdenes, sino las razones para ello y sus consecuencias que, estoy seguro, no han sido adecuadamente calibradas.

Las razones son claras: la tesis acusatoria, que no investigadora, de Llarena se sustenta en una antidemocrática interpretación de los hechos y la correspondiente, también antidemocrática, aplicación del Derecho Penal, como bien ha dejado en evidencia el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no en una ni en dos, sino en tres ocasiones.

Sí, pensar que lo sucedido el 20 de septiembre o el 1 de octubre pasados pueda encajarse en los delitos de rebelión y/o sedición solo refleja que quien está realizando esa interpretación dista mucho de tener una visión democrática de la realidad, porque basta una reposada y desapasionada lectura del auto de procesamiento dictado por Llarena para entender que lo que realmente está criminalizando no es otra cosa que los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación.

La respuesta dada por el Tribunal de Schleswig-Holstein, y las que iban a llegar desde Escocia y Suiza, han infundido tal pánico en el instructor que ha preferido coger el camino indigno de impedir el contraste jurídico de su tesis, retirando todas las órdenes de detención por segunda vez. Se ha hecho un ridículo de proporciones inimaginables y, por la actuación de unos pocos, se ha puesto en cuestión a todo el sistema judicial español, al menos a nivel europeo.

En el ámbito de las consecuencias, la primera y más evidente radica en ese ridículo del que hablo: la credibilidad del sistema judicial español ha quedado abiertamente tocada, producto de un actuar irreflexivo, cargado de pasión, intenciones políticas y muy poco o nada de Derecho. Insisto: una lectura reposada, sin ardores patrióticos, del auto de procesamiento y de una serie de resoluciones dictadas tanto por Llarena como por la Sala de Apelaciones durante la instrucción, lo que realmente refleja son juicios e intencionalidades políticas que nada tienen que ver con un proceso penal dentro de un Estado Democrático y de Derecho.

La segunda consecuencia, también evidente, es que tanto Carles Puigdemont como el resto de políticos catalanes residentes en el extranjero han recuperado su total libertad de movimientos, con la excepción del territorio español. Podrán moverse por todo el territorio de la Unión sin verse privados, por vía de suspensión, de ninguno de sus cargos públicos y derechos porque, bajo ningún concepto, es de aplicación la torticera interpretación que, hasta ahora, se ha hecho del artículo 384 bis) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La tercera consecuencia puede ser menos evidente pero es tan relevante como las anteriores: se ha arrastrado a diversos países de nuestro entorno a unos costosos procedimientos de extradición o entrega para, llegado el momento de la verdad -ese en el que Llarena quedaría en evidencia-, retirar esas solicitudes de cooperación, dejando a la Justicia de Alemania, Escocia y Suiza con unos gastos abrumadores y sin la posibilidad de que haya constancia de algo evidente: los hechos no son constitutivos de delito alguno.

Esta actuación irresponsable, impropia de quien ejerce la función jurisdiccional, tendrá su respuesta cuando se curse, por tercera, cuarta o quinta vez, una nueva orden europea o internacional de detención porque, a diferencia de lo que debe pensar el juez Llarena, esas ordenes serán tramitadas por los mismos jueces y tribunales a los que se les ha hecho trabajar y gastar recursos públicos para nada.

La cuarta consecuencia también tendrá su reflejo en los procedimientos que se pretendan entablar en el futuro, porque la resolución de Schleswig-Holstein, si bien no se ha ejecutado, ha devenido firme. Ahí se ha establecido algo esencial: no existe ni rebelión, ni sedición, ni desórdenes públicos, y aunque esta resolución no es -en principio- vinculante para los tribunales de Bélgica, Escocia o Suiza, sí que será un elemento que se tendrá muy en cuenta cuando, finalmente, el juez Llarena se atreva a volver a cursar nuevas órdenes de detención. Digo que en principio no es vinculante porque se dictó en el seno de un procedimiento archivado. Pero que las apariencias no nos engañen: se han plasmado unos criterios jurídicos homologables en todo el territorio de la Unión Europea.

La quinta consecuencia, auténtica razón por la cual Llarena -solo o en compañía de otros- decidió retirar las órdenes de detención, es el efecto dominó que la resolución de Schleswig-Holstein podría tener en el juicio que se celebrará en breve ante el propio Tribunal Supremo. Se ha pretendido encapsular el resultado obtenido en Alemania para intentar salvar una errática instrucción y una calificación jurídica inaceptable desde una perspectiva democrática. El problema es que, aún cuando se trate de tapar el sol con las manos, la resolución es ya firme y establece que los hechos descritos por Llarena no son constitutivos de delito alguno.

Consecuencias hay muchas más (y sería largo de explicar), pero lo más relevante es que, por cuestiones ajenas a lo que es la correcta administración de Justicia, se ha exacerbado un procedimiento, se han forzado los tipos penales, se han vulnerado derechos fundamentales y se ha llegado a las puertas de un juicio oral, cuyo resultado todos podemos avistar si no se hace nada para reconducir este procedimiento a unos cauces democráticos. Cuando hablo de democráticos me refiero a una interpretación y aplicación democrática del derecho, según la cual los hechos objeto de investigación no pasan de ser situaciones que todo estado democrático ha de soportar si quiere seguir llamándose así.

España, hace muchos años, decidió incorporarse a la Unión Europea y siempre pensé que no lo hacía para que nos construyesen carreteras, líneas de alta velocidad o aeropuertos incluso donde no se necesitaran; creí, y sigo creyendo, que entramos en Europa para formar parte del núcleo duro de los países democráticos y ello, qué duda cabe, tiene una serie de costos, entre los que se encuentra que cuando vayamos a interpretar la realidad, lo hagamos desde un prisma igualmente democrático; y que cuando pretendamos aplicar el derecho lo interpretemos en igual sentido, porque la democracia no es un apellido, sino una forma de enfrentarse a la vida.

El Derecho, como instrumento para solucionar conflictos, no puede ni debe ser usado de manera torticera y falaz para reprimir al disidente, ni mucho menos como coartada para restringir libertades y derechos fundamentales. El Derecho ha de ser un instrumento que ayude a cambiar la realidad y, sobre todo, que garantice los derechos de todos, nos gusten o no sus planteamientos.

En el caso de Catalunya, lo que se ha hecho es destrozar el derecho penal, procesal y constitucional para mantener la más lacerante herencia del franquismo: la estructura monárquica sustentada en la indisoluble unidad de la nación española, como si la misma se pudiese sostener a punta de condenas e indebidos encarcelamientos.

Si queremos quedarnos en Europa, debemos pensar y actuar como europeos; si queremos apellidarnos demócratas, debemos pensar y actuar como tales; y si queremos vivir en un estado democrático y de derecho, nuestra justicia tiene que pensar, actuar y resolver conforme a criterios democráticos.

La pelota está en el tejado del Tribunal Supremo pero, también, en el de la Fiscalía.

La reciente decisión de la Audiencia de Schleswig por la que se acuerda poner en libertad a Carles Puigdemont y, también, se desestima la pretensión de abrir un procedimiento de OEDE por delito de rebelión no es una resolución judicial más, sino una que tendrá profundas consecuencias de cara al procedimiento, Causa Especial, que instruye el Juez Llarena.

Lo que ha establecido la Justicia alemana, esa en la que tantas esperanzas habían puesto tanto Fiscalía como el propio Juez Instructor, es que los hechos descritos por el propio Llarena en su auto de procesamiento no son constitutivos de delito violento alguno, mucho menos rebelión y eso es algo que debería obligar al Juez y a la Fiscalía a meditar si vale la pena seguir caminando hacia el precipicio.

No hay rebelión porque, entre otras cosas, no se dan los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal y, especialmente, no hay la violencia que obcecadamente se les viene atribuyendo.

Muchos han cuestionado la estrategia de defenderles fuera de España, cuestionamiento que ha llegado, incluso, a la descalificación personal de quienes así lo aconsejamos... ahora , más que nunca, se ha demostrado que la estrategia era la correcta y que la vía más acertada era la de someter los hechos a la justicia de otros países de nuestro entorno, a una justicia más objetiva e imparcial, una justicia que no estuviese  encandilada por el brillo de las banderas y, en definitiva, a una Justicia que interpretase los hechos a través del prisma de los valores democráticos.

La resolución de la Audiencia de Schleswig es una buena noticia, así debería interpretarse por parte de todos los demócratas, porque ha venido a establecer que cuestionar el marco convivencial, cuestionar la estructura estatal y la forma de gobierno, no es más que un ejercicio de libertad de expresión, de libertad de manifestación, de libertad de reunión... en definitiva una actividad propia de un sistema democrático.

Pero, es más, al decidir en tal sentido (desestimando la existencia de un delito de rebelión), la Justicia alemana ha abierto la vía a un cuestionamiento global sobre la causa por la cual se ha procesado y encarcelado a un grupo relevante de políticos catalanes... unos mismos hechos no pueden ser delictivos en un país y no en otro dentro del ámbito de la Unión Europea porque ello afecta a uno de los pilares fundamentales de dicha unión: la libre circulación de las personas.

La orden europea de detención cursada por el Juez Llarena ha abierto este escenario, que veníamos reclamándolo desde hace meses, y la respuesta que darán los países democráticos será muy similar a la que ya ha dado Alemania... con esas resoluciones sobre la mesa nuestro Tribunal Supremo deberá plantearse si continúa ‘albanizando’ nuestra Justicia o se sumerge en la interpretación democrática de lo sucedido en Catalunya... la decisión es de ellos, pero las consecuencias las sufriremos todos... y ahí lo dejo

En la época de la posverdad, y cuando se trata de instalar un determinado “relato”, lo último que se tiene en consideración es la verdad, la realidad e, incluso, la propia Ley; en el caso del procedimiento que se sigue en contra de los parlamentarios catalanes y del depuesto gobierno de la Generalitat de Catalunya sucede exactamente lo mismo y no son pocas las ideas, creencias y relatos que se van instalando sin siquiera tener en consideración lo que establece la Ley y cómo esta regula el procedimiento mediante el cual se pretende condenar a quienes participaron en el denominado “procés”.

El último de los relatos que se busca instalar, y con el cual se han comprometido insignes magistrados y hasta el propio ministro de Justicia, hace relación con el inminente procesamiento de los investigados y la subsiguiente “inhabilitación” de todos los hoy investigados. La pregunta que surge, pero que pocos se quieren hacer, es la siguiente: ¿se trata de un relato o de una realidad jurídica?

Para determinar dónde estamos y cuánto camino habría que recorrer para que dichas afirmaciones terminen o no siendo realidad, igual deberíamos ver qué dice la Ley, esa triste olvidada a la hora de reprimir aquello que afecte a la indisoluble unidad de la nación española, y comprobaremos que la misma nos lleva a conclusiones un tanto divergentes respecto del relato que se está pretendiendo instalar.

En primer lugar, por ahora, nos encontramos en el seno de unas Diligencias Previas que, cuando así lo decida el magistrado Sr. Llarena, tendrán que ser transformadas en procedimiento Sumario Ordinario, el que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para aquellos delitos que conlleven pena superior a los 9 años de prisión y que, en este caso, sería el apropiado si se insiste, absurdamente, en imputar los delitos de sedición y rebelión.

Pues bien, dicha resolución de transformación en procedimiento Sumario Ordinario, por previsión legal, es recurrible primero en reforma (en el plazo de 3 días), y resuelta dicha reforma, en apelación en el plazo de 5 días. Una resolución que determine continuar un procedimiento por delitos tan graves implica, necesariamente, un gravamen para los afectados y, por tanto, resulta más que correcto pensar que contra la misma se ejercitarán los mencionados recursos. Y, por otra parte, no recurrir dicha resolución es tanto como aceptar la concurrencia de los presupuestos legales y fácticos para la imputación de esos delitos (rebelión y sedición), por lo que es previsible que se recurrirá y ello, por mucho que se corra, implica, como mínimo, de uno a dos meses antes de la firmeza del auto de transformación en Sumario Ordinario.

Una vez firme dicho auto, entonces y solo entonces, se podrá procesar a los hoy investigados. El procesamiento implica, entre otras cosas, la determinación indiciaria de los hechos y sus presuntos responsables y es el momento en que, además, han de practicarse las llamadas “declaraciones indagatorias” de todos los afectados Como es una resolución que causa gravamen la misma puede y será recurrida, primero en reforma y luego en apelación, fase en la que se tardará, por mucho que corran, como mínimo, entre uno y dos meses hasta la firmeza del auto de procesamiento.

Por tanto, entre la conversión en Sumario Ordinario y el Procesamiento se tardarán, como mínimo, unos 4 meses y, entonces y solo entonces, será de aplicación la regla contenida en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal – tantas veces esgrimido por Llarena - el cual establece que:

“Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Cuando las normas son claras no cabe interpretación (“in claris non fit interpretatio”) y lo que dice el artículo 384 bis) es claro: primero deberá ser firme el auto de procesamiento (es decir una vez desestimados los recursos de reforma y apelación) y luego se suspenderá, que no inhabilitará, a aquellos procesados que: a) ostenten función o cargo público, y b) estén presos. Dicha suspensión, que no inhabilitación, durará todo el tiempo que se mantenga a esos procesados en prisión provisional.

Si en lugar de repetir como un dogma de fe aquello que interesadamente se filtra desde alguna alta magistratura o por el propio Ministro de Justicia nos mirásemos la Ley, revisásemos la Jurisprudencia y comprendiésemos lo que las normas establecen podríamos llegar a una clara conclusión: ni en marzo estarán procesados los investigados ni podrán ser inhabilitados, simplemente podrán ser suspendidos aquellos que estén en prisión y solo mientras dure tal situación, por lo que aquello que se está asumiendo como una verdad revelada no parece ser más que un intento de instalar un relato que poco o nada tiene que ver con lo que la Ley establece.

Como se puede ver, no estamos ante una realidad jurídica sino, simplemente, ante una maniobra política revestida de pseudolegalidad con una clara finalidad: alterar el escenario político a partir de una falsedad que se presenta como verdad revelada. Con la Ley en la mano, esa misma que ya se han saltado muchas veces, ni es creíble el relato del procesamiento en marzo ni es sostenible esa supuesta y directa consecuencia consistente en la inhabilitación de todos los investigados.

Alejémonos de la posverdad judicial para analizar la realidad tal cual se regula en las normas procesales y comprobaremos que: 1) No habrá auto de procesamiento en marzo, y 2) nadie será inhabilitado en función del auto de procesamiento. Lo que habrá, cuando sea firme el auto de procesamiento, que tardará aún en dictarse, será una suspensión provisional de aquellos investigados que estén en prisión y ostenten cargo o función pública.

Por otra parte, y en el caso de aquellos futuros procesados que sean declarados en rebeldía el auto de procesamiento, no adquirirá firmeza porque no se puede decretar la misma en ausencia del procesado que, una vez puesto a disposición judicial, podrá ejercitar ambos recursos (reforma y luego apelación). Dicho claramente: el procesamiento tampoco conllevará la suspensión de los investigados residentes en Bélgica.

Este nuevo relato o posverdad judicial se suma a los muchos que hemos visto, en este procedimiento, en los últimos tres meses. Así, por orden de aparición, serían: que en menos de 30 días Bélgica les iba a entregar, que se retiraba la Euroorden porque sólo les iban a entregar por malversación, que se agotaban los tres meses de residencia en Bélgica, que es legal interceptar conversaciones si se está en un lugar público, etc. etc. etc. Todos estos relatos tienen un denominador común: intentar alterar la realidad con pseudo explicaciones jurídicas que poco o nada tienen que ver con el Derecho y mucho con la política.

Cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones pero sería aconsejable que todos nos preguntemos algo de mucho mayor alcance y sobre lo que los demócratas deberíamos estar de acuerdo ¿es este el Tribunal Supremo que queremos y debemos respetar o preferimos uno técnico, imparcial, independiente y despolitizado? De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá el tipo de sociedad en la que queremos vivir así como su calidad democrática porque el resto solo es relato.

A raíz del tremendo caso de Diana Quer, se está aprovechando, una vez más, un hecho lamentable pero muy concreto para intentar buscar el mismo objetivo: que las penas sólo sean retributivas

Cada vez que se produce un crimen execrable comienza el debate, tanto sobre la duración de las penas como sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a quienes, finalmente, son declarados culpables. El argumento, en el fondo, es siempre el mismo: hay que buscar la fórmula para que las penas se cumplan íntegramente, como si hasta ahora no fuese así. Lo que subyace en estos planteamientos no es otra cosa que una visión inconstitucional de las penas privativas de libertad y el deseo, de no pocos, de adentrarnos en un sistema penal basado exclusivamente en el castigo.

Este proceso de “des-constitucionalización” de las penas, o de arrastrarlas fuera del mismo marco constitucional que tanto se dice respetar, comenzó con la Ley Orgánica 7/2003 que estableció, entre otras cosas, el denominado “periodo de seguridad” según el cual, en función de unos determinados delitos, los penados no podían acceder al tercer grado penitenciario sin antes haber extinguido ese “periodo de seguridad”. Posteriormente han venido otras reformas hasta llegar a la prisión permanente revisable, un eufemismo para referirse a la cadena perpetua, que es una pena contraria a nuestro ordenamiento, tal y como ha establecido, en diversas resoluciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ahora, y a raíz del tremendo caso de Diana Quer, se está aprovechando, una vez más, un hecho lamentable pero muy concreto para intentar buscar el mismo objetivo: que las penas sólo sean retributivas. En esta ocasión, lo intentarán a través de una reforma de la Ley General Penitenciaria estableciendo límites a los denominados “beneficios penitenciarios” que serían los permisos de salida y la clasificación en tercer grado de tratamiento (régimen abierto). El argumento es el de siempre y que tan fácilmente cala en una sociedad que parece asumir, de buen grado, que las penas solo han de cumplir con la función de castigar al culpable: hay que hacer que las penas se cumplan íntegramente.

Seguramente, si tuviésemos las ideas más claras, nos sería más sencillo no caer en las trampas de quienes pretenden, a golpe de telediario, no solo endurecer unos de los códigos penales más duros de Europa sino, al mismo tiempo, vaciar de contenido al artículo 25 de la Constitución y desmontar un sistema penitenciario que, con sus aciertos y errores, es uno de los más avanzados de Europa. La realidad dista mucho de ser como nos la presentan.

¿Cómo se cumplen las penas en España?

Básicamente, sobre la base de un sistema progresivo de cumplimiento que implica que, en función de la evolución del penado respecto a su tratamiento, puede ir progresando en su situación penitenciaria, también retrocediendo. Es decir, se estableció un sistema que muchos denominamos de 4 grados: primer grado (aislamiento), segundo grado (régimen normal), tercer grado (régimen abierto) y cuarto grado (libertad condicional); cada uno de esos grados tiene unos requisitos, unas necesidades y unas obligaciones para el penado y no son más que formas de cumplimiento de las penas. Afirmar lo contrario es faltar a la verdad.

¿Cuándo pueden los penados acceder a “beneficios penitenciarios”?

Simplificando mucho las cosas, podemos decir que a partir de tener la cuarta parte de la pena cumplida, estar clasificado en segundo grado de tratamiento y observar buena conducta. Obviamente, al tratarse de “beneficios penitenciarios”, y no de derechos, su concesión dependerá de muchos otros factores, entre los cuales se analizan, también, el tipo delictivo por el que ha sido condenado, su trayectoria penal y penitenciaria, su perfil psicológico, su adaptación al tratamiento que se le haya impuesto, su asunción del o de los delitos cometidos, etc... por lo que no se conceden de forma automática sino después del estudio individualizado de cada solicitante.

A partir de la concesión de permisos de salida, el penado comienza a salir de la cárcel por periodos no superiores a 6 días, como forma de ir preparándolo para la vida en semi-libertad así como para paliar la “prisionización” o consecuencias negativas de las largas estancias en prisión, que las hay y muchas.

¿Cuándo pueden los penados acceder al tercer grado o régimen de semi-libertad?

Excepcionalmente, podrían hacerlo desde su primera clasificación, pero la realidad es que no nos encontraremos con internos en régimen abierto que no hayan, como mínimo, disfrutado de una serie de permisos y hayan, a través de los mismos y de sus años de cumplimiento, demostrado que están preparados para hacer una vida en semi-libertad. El tercer grado penitenciario conlleva, entre otras cosas, que los internos acudan a dormir a un Centro de Inserción Social (CIS), al menos, de lunes a viernes; tengan un trabajo remunerado que será supervisado por Instituciones Penitenciarias y cumplan con las normas establecidas en cada CIS. Además, desde la Ley Orgánica 7/2003, para muchos de ellos, se agrega otro requisito: haber cumplido el periodo de seguridad que se establece en la mitad de la pena y haber satisfecho o estar satisfaciendo la responsabilidad civil a la que también hayan sido condenados.

¿Cuándo puede un penado acceder a la libertad condicional?

Básicamente, podrán acceder a dicho régimen de cumplimiento quienes estén clasificados en tercer grado, tengan cumplida las dos terceras o tres cuartas partes de la pena y cuenten con un pronóstico favorable de reinserción emitido por los Equipos Técnicos de Instituciones Penitenciarias. También podrán hacerlo los enfermos incurables y los septuagenarios sin cumplir con los anteriores requisitos.

La libertad condicional no es una libertad plena sino sometida a condición, es revocable y conlleva una serie de limitaciones, razón por la cual muchos consideramos que es un cuarto grado de cumplimiento y ello, sin perjuicio de las últimas reformas legales sufridas que la dejan en una suerte de periodo de suspensión de la pena.

¿Hasta cuándo cumplirá la pena un condenado?

Aquí está la clave: hasta el último día de aquellos a los que haya sido condenado por sentencia firme. Sí, todo penado es licenciado del cumplimiento, mediante resolución judicial, solo el día en que termina de cumplir íntegramente la o las penas impuestas y siempre ha sido así a pesar de lo que digan algunos políticos que, o no saben nada o, tal vez, saben demasiado.

Teniendo presente lo anterior, deberíamos asumir como una falacia la necesidad de modificar la legislación para que las penas se cumplan íntegramente porque siempre se han cumplido así. Cosa muy distinta es si queremos cambiar nuestro sistema penitenciario o dotar a las penas de un sentido distinto al establecido en el artículo 25 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del penado”.

Los mismos que se arropan con la Constitución como una suerte de texto sagrado, revelado e incuestionable, son los que desde hace años están vaciando de contenido tanto el artículo 25 de la CE como otros muchos de igual texto. Lo que tenemos que resolver es qué sistema penal y penitenciario queremos y, sobre esa base, adoptar un criterio legislativo claro, duradero y que resista el escrutinio de los altos tribunales internacionales. Obviamente, un debate así no se puede producir a golpe de telediario ni sobre la base de engaños, eufemismos y negación de la realidad porque en España las penas siempre se han cumplido íntegramente,  solo que dentro de un sistema  individualizado y progresivo. Sostener lo contrario solo se justifica desde la ignorancia y/o la maledicencia.

La reciente excarcelación de Fujimori no ha dejado a nadie indiferente y, por sorprendente que parezca, las críticas han surgido tanto de la izquierda como de la derecha; las causas argumentadas para indultarle han sido de carácter “humanitario” debido a su avanzada edad, a su estado de salud y a los 10 años de prisión efectiva que ya ha cumplido por una serie de delitos muy graves, incluidos hechos que bien pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad tal cual recuerda el texto de la Sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú:“los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad”“los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad

Los crímenes de Fujimori no sólo son aquellos por los que fue Juzgado y condenado sino otros muchos que se solaparon o encubrieron en una supuesta lucha contra el terrorismo, guerra en la cual las primeras víctimas fueron tanto el propio estado democrático y de derecho como los derechos humanos de sus enemigos. Los muertos, torturados y detenidos fueron muchos...entre ellos algunos buenos y recordados amigos.

Las condiciones en las que cumplió prisión Fujimori distan mucho de ser aquellas que han padecido y padecen sus opositores. Es inaceptable comparar las condiciones de cautiverio sufridas por Fujimori a las que sigue padeciendo, por ejemplo, Víctor Polay desde 1992 así como tantos otros que llevan décadas encarcelados en condiciones que repugnan a un entendimiento democrático de lo que ha de ser el cumplimiento penal.

Polay, al igual que otros muchos opositores a Fujimori, continúa cumpliendo condena en condiciones inhumanas dentro de celdas de 1,80 metros de ancho por 2 de largo y 3 de alto a las que sus propios guardianes denominan “Némesis” (la diosa griega de la venganza) y con un régimen penitenciario impropio de cualquier democracia. Nada de eso lo ha sufrido el expresidente ahora excarcelado.

En cuanto a las garantías procesales con las que fue enjuiciado Fujimori, obviamente, nada tienen que ver con las sufridas por sus opositores que fueron, incluso, enjuiciados por los denominados "jueces sin rostro"; que fue una figura creada por el propio expresidente, en 1992, para perseguir a todos aquellos a los que su siniestro régimen denominó terroristas, traidores a la patria, etc. Las principales características de esos tribunales eran dos: los jueces cubrían sus rostros para enjuiciar desde el más absoluto anonimato y las garantías procesales (entre ellas la presunción de inocencia) brillaban por su ausencia. Recuperada la senda democrática esas sentencias han sido anuladas si bien no así sus consecuencias encontrándose muchas de esas personas aún en prisión.

Fujimori fue todo menos un demócrata, usó y abusó del poder que le entregó, en su día, la ciudadanía peruana transformando dicho país en un sistema macabro en el cual todo pasaba por sus manos y por las de otro siniestro personaje que hoy también cumple condena: Vladimiro Montesinos... tan ladrón y criminal como Fujimori.

Mientras Fujimori hacía todo esto, la Audiencia Nacional, de forma acrítica, colaboraba con ese sistema tanto a nivel de investigaciones y obtención de pruebas como con la entrega de reclamados en extradición negando, incluso, la existencia de Tribunales especiales y de una sistemática de vulneración de derechos fundamentales.

La propia concesión del indulto no puede dejarnos indiferentes, especialmente si tenemos en consideración que existen serias dudas sobre las auténticas motivaciones que ha tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski para acordar tal medida apuntándose, claramente, a un interés personalísimo por esquivar una acusación constitucional que le impediría seguir en el poder.

Tampoco puede obviarse que Fujimori, una vez excarcelado, sufra una repentina mejoría como la vivida por Pinochet después de ser denegada su extradición a España por parte del Reino Unido; no es nuevo el uso de las denominadas “razones humanitarias” para librar de la cárcel a destacados tiranos y criminales.

Peor aún, no puede descartarse que “el Chino”, que es como se le denominaba a pesar de ser de origen japonés, vuelva a jugar algún tipo de papel político bien directamente o a través de sus hijos; este riesgo existe y va directamente ligado a la veracidad o no de esas “razones humanitarias” en que se ha sustentado su indulto.

Dicho todo lo anterior, creo que el auténtico tema a discutir no es el indulto a Fujimori sino un tema mucho más profundo que afecta a derechos fundamentales, a la comprensión que tenemos del Derecho Penal y, sobre todo, del sentido de las penas y la forma en que las mismas se han de cumplir.

No estoy de acuerdo con que se haya tenido que indultar a Fujimori, el camino no era ese sino el de contar con un sistema penal y penitenciario que impida que personas de esa edad (79 años) sigan en prisión porque las penas han de tener un sentido mucho más allá del meramente retributivo. La humanización del cumplimiento penal tiene un costo, pero también muchos beneficios, tanto tangibles como intangibles, y muchas veces se nos olvida una gran reflexión de Dostoievski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.

No podemos confundir la condena, la imposición de una pena y la forma en que la misma ha de cumplirse. Un sistema penitenciario inadecuado, injusto e inhumano genera situaciones indeseadas como la que ahora se está viviendo con el caso de Fujimori. Indultarle fue una salida política para solucionar un problema individual, la auténtica solución era otra: humanizar el cumplimiento penal y que, a partir de determinada edad, o circunstancias personales (salud, etc.) nadie pueda estar en prisión, ni él ni sus enemigos ni ningún ser humano.

Fujimori, a diferencia de muchos de sus enemigos y de la mayoría de los presos peruanos, se ha beneficiado de una inexplicable “individualización del cumplimiento penal”; sin embargo, no creo que él, ni nadie de su edad, deba estar en una prisión porque a partir de un determinado momento el cumplimiento de la pena pierde todo su sentido arrastrándonos, como sociedad, a un lugar del que difícilmente se regresa.

Tampoco creo que se deban aplicar criterios penales y/o penitenciarios diferenciados en función del cargo que se haya ocupado. A los dictadores, a los genocidas y a esos grandes criminales que han delinquido a partir de la posición de poder que han ocupado, hay que aplicarles la legislación vigente, respetarles sus derechos fundamentales y garantizar que sus sentencias resistan el paso del tiempo y el peso de los recursos porque contra ellos tampoco existen atajos.

El desafío que tiene Perú no es el cómo afronta las consecuencias de la excarcelación de Fujimori sino el cómo se avanza para crear un sistema penal y penitenciario en que la excarcelación de septuagenarios y enfermos no sea la excepción sino la regla. En definitiva, el reto consiste en cómo se humanizan las penas y se construye un sistema penal y penitenciario moderno y justo para que los derechos humanos no sean patrimonio de unos pocos sino de todos, sin olvidar que al enemigo también hay que respetarle sus derechos para no incurrir, justamente, en aquello que estamos combatiendo... y que en el castigo no perdamos la legitimidad.