Dice Abascal que el barco de Open Arms debe ser hundido porque es un barco negrero. No es inocente el verbo hundir ni tampoco el adjetivo con el que el Caudillo de Vox describe las embarcaciones que llevan años rescatando de la muerte a cientos de personas en el Mediterráneo.

Cuando Abascal dice negrero y dice hundir actúa como el muñeco inerte que reproduce obediente la voz de sus amos. Pero sabe lo que dice. Y sabe que, sin la normalización desembozada de la crueldad impuesta por los Trump, por los Netanyahu y por los que financian su fascismo ya sin máscaras, estas palabras no tendrían el eco que tienen.

Seguramente Abascal es consciente de que los barcos negreros eran auténticas cárceles flotantes, atestadas de personas secuestradas en África para ser vendidas como esclavas en América.

Lo que ocurre es que en su enajenación patriótica ha decidido hace tiempo que esta práctica podía ser propia del colonialismo inglés o francés, pero jamás del hispano. De ahí que en su negacionismo selectivo no tenga el menor pudor en lanzársela por la cabeza a una organización humanitaria como Open Arms.

Para el Abascal que se escaqueó del servicio militar pero que salió por una ventana con un yelmo en la cabeza queriendo pasar por un nuevo Francisco Pizarro, Open Arms no es un barco que socorre a personas expuestas a la muerte. Es un barco homologable al de los pérfidos colonialistas ingleses y franceses que han intentado manchar con una Leyenda Negra la impoluta conquista española.

Lo llamativo de esta desquiciada operación mental del líder de Vox es que coincide a pies juntillas con las alucinaciones negacionistas de Trump. Mientras Abascal pedía hundir el Open Arms por ser un barco negrero, Trump amenazaba con hundir el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas del Smithsonian, en Washington, por hablar “de lo mala que fue la esclavitud” y “de lo poco exitosos que han sido los oprimidos”.

Es así como hay que leer el mensaje en X del colega de Milei y Meloni: como una provocación miserable, pero consciente, que le permite perseguir varios objetivos simultáneos: presumir de patriota de pecho inflado; criminalizar como antiespañola y esclavista a una de las organizaciones de la sociedad civil que más ha hecho por salvar vidas migrantes; y agradar, como buen vasallo, a su referente supremo, el aspirante a Emperador de los Estados Unidos.

Pero no se trata solo de complacer a Trump. Cuando Abascal proclamó que había que hundir el Open Arms, podría perfectamente haber pedido hundir también la Flotilla que zarpará este domingo desde Barcelona rumbo a Gaza con el propósito de salvar otras vidas, las palestinas, que en el fondo son las mismas que perecen en esa fosa común en que se ha convertido el Mediterráneo.

Que a Abascal no le parecería mal disparar contra la Global Sumud Flotilla resulta evidente. Ganaría puntos con Trump y tendría el visto bueno de Netanyahu, su otro ventrílocuo en esta carrera despiadada por ver quién exhibe mayor crueldad y mayor ferocidad exterminadora.

La aparente bravata de Abascal está perfectamente alineada con una ultraderecha global que niega o distorsiona la historia del colonialismo, del racismo, de los genocidios, para poder prolongar esa violencia en el presente.

El objetivo del antihumanismo psicópata de Trump, Netanyahu o Abascal es amedrentar a todos los que quieran oponerse a él, quebrando la solidaridad entre los pueblos y sobre todo con los más vulnerables.

Al pedir que se hunda el Open Arms, el mandamás de Vox está pidiendo que se deporte arbitrariamente a algunos migrantes pobres, que se explote con descaro a la mayoría que mantienen en pie la economía y los negocios de sus amigos, y que se persiga a quienes defienden sus derechos.

Este discurso racista conecta perfectamente con el genocidio que hoy está permitiendo a Israel eliminar o desplazar forzosamente a miles de palestinos y palestinas sin que la Europa infectada de colonialismo y de sumisión a los Estados Unidos mueva un dedo.

Precisamente por eso, porque el objetivo de estos señores de la muerte es paralizarnos, conseguir que miremos hacia otro lado, como si no fuera con nosotros, la solidaridad debe ser un imperativo ético de primer orden. Que no apela a la heroicidad sino al hecho constatable de que la empatía, la ayuda mutua, tienen mucho más que ver con la especie humana que la voracidad psicópata y sociópata de unos pocos.

Vivimos en un mundo atravesado por desigualdades sangrantes, por catástrofes climáticas cada vez más dramáticas y por un rearme obsceno al servicio de negocios espurios. La única manera digna de transcurrir por él es resistiéndonos a ser parte de esa danza de la muerte y la codicia. Eso implica cooperar con los demás en la lucha por un mundo otro, y tener claro que cuando las campanas doblan por los más vulnerables, en realidad doblan por todos.

No permitamos que unos abusones cobardes como Abascal y sus secuaces nos intimiden. Hoy, más que nunca, hay que estar junto a todos los Open Arms del mundo que salvan vidas y dan cobijo a los desesperados. Y hay que estar, también, junto a las miles de personas del mundo entero que mañana domingo, en Barcelona, acompañarán a la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, en un gesto solidario que tiene el enorme valor de no resignarse al cinismo, a la indiferencia y a la complicidad que hacen posible la barbarie.

Un antiguo espectro parece haber retornado en medio del tórrido verano peninsular: el del federalismo plurinacional. Hace unos días, el presidente Pedro Sánchez dijo que los acuerdos alcanzados por el PSC con ERC y los Comunes suponían un paso hacia “la federalización de España”. Inmediatamente, Isabel Díaz Ayuso respondió, como propulsada desde el mismísimo sepulcro del Cid, con un bramido acusatorio: “¡He ahí su proyecto! ¡Una República laica, federal, plurinacional!”.

La iracundia de la presidenta de la Comunidad expresaba, en el fondo, un temor justificado. Porque una propuesta federalizante basada en profundizar la recaudación, gestión y liquidación de tributos, vinculándolas a la progresividad fiscal y a una solidaridad interterritorial justa y transparente, no es inocua. Supondría, de generalizarse, el fin del régimen de privilegio que Ayuso lidera en beneficio de los más ricos y en perjuicio de las clases medias y populares de todo el Estado, incluidas las de Madrid.

Pero sería injusto apuntar solo a Ayuso. Porque entre los gobiernos autonómicos de derechas (e incluso entre algunos supuestamente de izquierdas) son muchos los que preferirían mantener un régimen de supuesta solidaridad injusto y opaco, antes que reformarlo y practicar, dentro de sus territorios, la progresividad fiscal, la distribución de riqueza y una apuesta decidida por los servicios públicos.

Frente a esto, los acuerdos de investidura firmados por el PSC con ERC y los Comunes podrían abrir un nuevo tiempo para la democratización territorial. Al menos en la letra, que es lo que son por ahora. Pero es que esta letra, nítidamente federal, resultaba impensable con el Sánchez que buscaba pactar con Albert Rivera. O con el Salvador Illa que hasta hace poco elogiaba a Jordi Pujol, escondía a Pasqual Maragall o porfiaba por atraer con propuestas social-liberales a los votantes de Ciudadanos.

Lo cierto es que, por convicción o por pragmatismo, tanto el PSC como el propio Pedro Sánchez han asumido lo que no se consiguió durante el Gobierno Zapatero. Un compromiso histórico en cuya ejecución tendrán una responsabilidad decisiva.

En aquel entonces, muchas catalanas y catalanes partidarios de acuerdos federales y confederales optaron por el independentismo porque concluyeron que el bipartisimo y el Tribunal Constitucional bloquearían ineluctablemente esta posibilidad. Una década más tarde, la consulta de ERC revela que muchos independentistas, por convicción, por pragmatismo, o por la presencia de la ultraderecha, han decidido volver a intentarlo.

La militancia de ERC que ha votado el acuerdo con el PSC no lo ha hecho por ingenuidad. Si ha dado el paso es porque, sin renunciar al derecho de autodeterminación, ha constatado que es imprescindible aliarse con otras fuerzas estatales para ganar autogobierno y mejorar las condiciones de vida de la gente corriente. Y también porque ha visto a dirigentes no independentistas jugarse el tipo con los indultos, la amnistía, o con el uso en el Congreso de las diferentes lenguas oficiales, en aras de un proyecto compartido.

Quienes nos sentimos vinculados al republicanismo federal de abajo hacia arriba de un Francesc Pi y Margall, de un Blas Infante, de un Castelao, de un Labordeta o de un Lluís Companys, no podemos desperdiciar esta oportunidad, que debería aprovecharse en beneficio del conjunto de pueblos y gentes peninsulares.

Es verdad que la combinación entre concierto solidario, progresividad fiscal y refuerzo de los servicios públicos asumida en los acuerdos entre el PSC, ERC y Comunes, es singular. Pero singular no quiere decir exclusivo o no generalizable. Por el contrario, la defensa de conciertos solidarios extensibles a los territorios que quisieran hacerlos suyos ha tenido una presencia innegable en el acervo de las izquierdas. Pi y Margall los consideraba un asunto nítidamente federal. Y ya formó parte de los acuerdos alcanzados en los años noventa del siglo pasado por diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Iniciativa por Canarias y Entesa de la Esquerra per Menorca.

Precisamente por eso, un sistema de conciertos solidarios no puede verse como una amenaza sino como un estímulo para el impulso de otras medidas de mejora de las maltrechas haciendas autonómicas y locales. Desde un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado, al establecimiento de un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todo el territorio.

Nada de esto, obviamente, se conseguirá sin presión y sin una vigilancia constante del cumplimiento de lo acordado. En Catalunya, pero también fuera de ella, si lo que se quiere conseguir es su extensión o generalización a otros territorios.

Que las resistencias vengan del centralismo insolidario y neofranquista de las Ayuso y los Abascal de turno, no sorprende. Que se activen entre “barones” que parecen reducir su socialismo a agitar cada tanto un nacionalismo español rancio a gusto del PP, tampoco.

Frente a ellas, quienes apostamos por formas de convivencia federales y confederales no impuestas, sino libremente acordadas e inspiradas en la justicia fiscal y la solidaridad, no podemos permanecer indiferentes. Desde Catalunya, al menos, estamos decididos a batallar para que los acuerdos de investidura entre PSC, ERC y Comunes se cumplan, y a buscar las alianzas que lo hagan posible. El horizonte común, una vez más, no debería ser muy distinto al prefigurado en su momento por el president Companys: impulsar, en solidaridad con “los hermanos de las tierras hispánicas”, “la protesta general contra el fascismo”, en “el común anhelo de edificar una República federal libre y magnífica”.

Como el ladrón que se camufla en la multitud y grita “¡al ladrón! ¡al ladrón!” mientras apunta hacia adelante. Así inició este miércoles su discurso Santiago Abascal, acusando a la mayoría de investidura de perpetrar un “golpe de Estado”. Y no es lo único. Los días anteriores, Vox no solo alentó manifestaciones con símbolos franquistas, sino que presentó proposiciones de ley dirigidas a ilegalizar a todos los partidos y personas que defiendan programas “basados en el odio al ser de España”.

La apelación esencialista al “ser de España” atraviesa todas sus propuestas de ilegalización, blandidas como un martillo de herejes. En la exposición de motivos, Vox asegura que “la unidad de España” es “anterior” al principio democrático. Que es anterior al principio social. Que no puede ser objeto de debate. Y que no puede serlo porque su creador no es siquiera el pueblo. Es “España”, entendida como un ser trascendental, quien crea su propia unidad. 

Este galimatías esencialista no está exento de efectos prácticos. Por el contrario, la unidad metafísica de España le permite a Vox justificar su propuesta de excomunión de toda disidencia. La lista de quienes pueden ser ilegalizados por atacar la “unidad de España” y sus símbolos es interminable: independentistas, republicanas y republicanos, españoles que, sin serlo de origen, “atenten contra la existencia de la Nación”. 

El cúmulo de vulneraciones a la Constitución que anima el estrambótico proyecto ilegalizador de Vox es interminable. Todas remiten a una misma cuestión: el empeño de la derecha neofranquista en desconocer que la Constitución de 1978 no consagra una democracia militante. La expresión no aparece ni una sola vez en la perorata patriótico-metafísica que, bajo la forma de proposición de ley, han hecho llegar a la Mesa del Congreso. Pero es central. Que la Constitución no consagre una democracia militante implica que no exige una adhesión ideológica a su contenido. No es la Constitución alemana, que permite ilegalizar partidos por sus programas y sus ideas. La española, no.  Por eso ampara por igual a independentistas y no independentistas. A entusiastas del himno y la bandera, y a personas que critican o no agitan estos símbolos desde que amanece hasta que se pone el sol. 

Los juristas y abogados del Estado de Vox lo saben. Pero no les gusta. Querrían que la Constitución impidiera discrepar con su amenazante idea de España. Como saben que no lo hace, actúan como Jekyll y Hyde. Por la mañana, alardean de constitucionalistas con propuestas abiertamente inconstitucionales. Por la tarde, son más directos, y animan a sus escuadristas a exhibir carteles cargados de furia: “La Constitución rompe la nación”. 

La mayoría de la Mesa del Congreso podría haber inadmitido a trámite este despropósito jurídico y político. No lo hemos hecho. Básicamente, porque la función de la Mesa no es controlar si el contenido de una proposición de ley es constitucional o no. Es facilitar su debate. Garantizar que los representantes del pueblo puedan tenerlo y la ciudadanía también. Si hay mayoría, la propuesta se convertirá en ley. Si no la hay, se enmendará o quedará desechada. Y si algún grupo está desacuerdo, siempre podrá recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Lo mismo que se ha hecho con esta iniciativa de Vox debería hacerse con la ley de amnistía: permitir su debate. Con más razón aún, ya que no es posible encontrar en ella ninguno de los obscenos vicios de inconstitucionalidad achacables a la propuesta de la ultraderecha. La ley de amnistía no pretende ilegalizar a nadie ni imponerle ninguna idea. Ni el independentismo ni una unidad de España amenazante y excluyente. Por el contrario, reconoce que hay ideas muy diferentes al respecto y defiende que sean objeto de debate, de discusión, y no de criminalización.

El Partido Popular ha votado a favor de la admisión a trámite de la propuesta de Vox. Lo coherente sería que facilitara la tramitación de la ley de amnistía. No porque esté de acuerdo con ella, sino porque la función de la Mesa del Congreso es facilitar el debate. Hasta ahora han hecho lo opuesto. Han movilizado a jueces con mandatos caducados para denunciarla cuando ni siquiera había un texto articulado. La han presentado como producto de un fraude electoral. Han acometido una reforma inconstitucional del Reglamento del Senado para dilatarla en el tiempo. 

Si Feijóo no fuera hoy intercambiable con Abascal, podría rectificar. Actuar como demócrata en una democracia que, según la propia Constitución que dice defender, no es militante. No lo hará. Porque al igual que Vox, el PP poco cree en esa Constitución con la que se golpea el pecho. Porque al igual que Vox, solo le queda blandir España como una amenaza. Como una excusa para hacer trampas, para embestir, como decía Machado, solo porque ven que el Gobierno se les escapa de las manos. 

Los posibles acuerdos de investidura han devuelto al centro del debate una vieja propuesta teorizada hace siglos por los antiguos griegos: la amnistía. En su sentido más profundo, esta propuesta comporta una suerte de amnesia, de olvido, aunque no político, sino penal. Su propósito, pues, no es cancelar el debate social sobre el pasado. Simplemente se trata de renunciar a un tipo de persecución criminal, de punición, que desnaturaliza ese debate y que bloquea la posibilidad de otras alternativas de futuro. 

Este olvido penal, esta renuncia al “poder de la fuerza” y a la “gran cirugía histórica” de los que hablaba Ortega, son efectivamente fundamentales para restaurar el diálogo entre diferentes sobre lo que el futuro debería ser. 

Se dice que el primero en impulsar una ley de amnistía fue Trasíbulo, un general ateniense que pertenecía al partido democrático de Pericles. Y lo hizo, justamente, en beneficio de los miembros del partido oligárquico, sus grandes adversarios. Con esa renuncia a la venganza de Estado, Trasíbulo buscaba restaurar una cierta paz social y recomenzar políticamente de cero. Podía salir bien o no, pero, a efectos de la salud de la polis, era preferible a entrar en la rueda de la retaliación infinita.

Contrariamente a lo que algunas voces afirman, las amnistías no han tenido lugar solo al finalizar una dictadura. Se han producido también en democracias dañadas por conflictos profundos, como alternativas, precisamente, a la obsesión por el castigo de adversarios enfrentados entre sí. 

En plena democracia, Francia recurrió a la amnistía de militares y de activistas para cerrar las heridas abiertas por el proceso de independencia de Argelia. Portugal aprobó una ley de amnistía en 1996, 20 años después de aprobada su Constitución democrática, para amnistiar a los representantes de una organización revolucionaria, incluido un héroe de la Revolución de los Claveles. 

Actualmente, se entiende que la amnistía no puede suponer el perdón de delitos de especial gravedad como la tortura, los secuestros, o delitos de sangre como los homicidios. Pero eso no quiere decir que haya perdido su razón de ser. El propio Portugal, de hecho, acaba de aprobar, en ocasión de una visita del Papa Francisco, una amnistía para librar de la persecución penal a jóvenes de entre 18 y 30 años por delitos no considerados graves. 

Mientras esto ocurre en el mundo, en España hay miles de personas investigadas o procesadas en el marco de un conflicto político en Catalunya que dura años. Muchos de los procesos seguidos contra algunas de estas personas –dirigentes políticos, activistas, académicos– han ido a parar a jueces obsesionados, no por la aplicación garantista de la Constitución y de la ley, sino por el castigo ejemplar, severo, de quienes son considerados “enemigos de Estado”. De esta suerte, se ha producido una judicialización de la política que ha acabado por menoscabarla de manera preocupante, contradiciendo la idea de “democracia avanzada” a la que apela el Preámbulo de la Constitución de 1978. 

Hoy cuesta creer que los mismos sectores del Poder judicial que se han comportado de manera partisana puedan poner fin a esta ofuscación punitivista y contribuir a la restauración del pluralismo político y de una cierta normalidad democrática. Por eso, la política, encarnada en el Gobierno y en el Parlamento, debe hablar.  

Cuando Pedro Sánchez decidió indultar a algunos dirigentes independentistas, reconoció que lo hacía porque existía un grave conflicto entre Catalunya y el Estado. Y porque pensaba que era la mejor manera de defender la convivencia y fortalecer la democracia. 

Esos indultos fueron una decisión valiente e inteligente, y ayudaron a salir de la espiral del castigo y los agravios sin fin. No obstante, es evidente que no han sido suficientes para restaurar plenamente el principio del pluralismo político y de la plurinacionalidad explícitamente reconocidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución española.  

Para superar ese estado de cosas, la Constitución otorga al Gobierno y al Parlamento diferentes herramientas de intervención. El ejecutivo podría emitir nuevos indultos, pero no indultos generales. El Parlamento, por su parte, podría aprobar rebajas penales de carácter general, y si bien no podría indultar, podría impulsar amnistías. 

Después del 23 de julio, hay una mayoría parlamentaria que está en condiciones propicias para poner en marcha este tipo de medidas de desjudicialización y de desbloqueo institucional. Primero, porque es una mayoría marcada por la presencia en ella de fuerzas políticas con identidades nacionales diversas, especialmente interesadas en que el pluralismo político, social y nacional, sean plenamente respetados. Segundo, por su transversalidad ideológica, que le permitiría adoptar soluciones que no eternicen el frontismo de unos contra otros, sino que abran un escenario de normalización democrática aceptable para mayorías amplias. 

En realidad, hasta el propio PP, que ha avalado sin rubor medidas de amnistía fiscal y privilegios penales para los más fuertes, debería ver la conveniencia de utilizar la política penal para desbloquear la situación actual y no para enquistarla. Pero para ello, claro, debería atreverse a abandonar una deriva radical que lo ha colocado a merced de Vox y que solo le ha servido para quedarse fuera del gobierno del Estado. 

Insistimos: ni una eventual amnistía, ni nuevos indultos, ni la reducción de ciertos reproches penales implicarían un olvido político del pasado. Por el contrario, supondrían renunciar a una lógica punitiva que ha impedido repensar ese pasado con libertad, aprendiendo de los errores, y planteando nuevas alternativas de futuro.  

Este principio del olvido penal como vía para construir un mejor futuro fue lo que defendimos en marzo de 2021, cuando desde la Mesa del Congreso nos pronunciamos a favor de la admisión a trámite de una proposición de ley de amnistía presentada por diversas fuerzas catalanas. Hoy esa vía no es la única disponible. Pero como han sostenido diversos juristas, desde Juan Antonio Xiol a Javier Pérez Royo, Marco Aparicio, Josep Maria Torrent o José Antonio Martín Pallín, es plenamente constitucional, y junto a otras posibles, son clave para articular una mayoría de investidura y de gobierno progresista y plurinacional.

Hay que comprometerse y atreverse, pues, a actuar. Sin aspirar a que los viejos problemas se esfumen de la noche al día, por arte de magia. Pero con la convicción de que solo con una apuesta valiente por una democracia avanzada, sin mordazas ni agravios enquistados, es posible pensar nuevas formas de convivencia más libres, más justas, y gracias a eso, más fraternas.

Pasó con la privación del escaño de Alberto Rodríguez. Ocurrió antes con la arbitraria conculcación de derechos de diputados independentistas. Y podría haber pasado una vez más este jueves si el Tribunal Constitucional hubiera ordenado al Congreso suspender la votación de la reforma que permite renovar sus miembros con mandatos caducados. La víctima, una vez más, habría sido la autonomía parlamentaria. Un nuevo atropello a la autonomía de la Cámara que, como miembros de la Mesa del Congreso, nos habría obligado a dar un paso al frente en defensa de la legalidad. 

La gravedad de la situación es indiscutible. El Partido Popular lleva tiempo instrumentalizando de manera espuria el Tribunal Constitucional para bloquear iniciativas progresistas o que sencillamente cuentan con mayorías legislativas contrarias a sus posiciones. De ese modo, están dinamitando un modelo constitucional que lleva un siglo a sus espaldas. Los tribunales constitucionales se crearon en Europa en los años veinte del siglo pasado. Su impulsor, el jurista austríaco Hans Kelsen, lo hizo con un objetivo claro: proteger derechos básicos, asegurar la división de poderes y evitar que minorías conservadoras pudieran bloquear por sistema reformas impulsadas por mayorías parlamentarias progresistas o simplemente democráticas.

Lo que Kelsen vio a comienzos del siglo pasado fue cómo el sufragio universal permitía que partidos obreros, partidarios de reformas sociales profundas, ganaran peso en los parlamentos. Y vio también cómo las derechas políticas recurrían a jueces vinculados a las élites tradicionales o directamente provenientes de regímenes autoritarios o dictatoriales para frenar esos avances. Para contrarrestar esta ofensiva judicial antidemocrática, Kelsen consideró que había que reforzar el papel de los parlamentos como máximos representantes de la soberanía popular. De ahí su propuesta de crear un órgano específico, el Tribunal Constitucional, que funcionara de manera autónoma del Poder Judicial, con miembros que podrían ser escogidos por los propios partidos en función de las mayorías sociales del momento. Sus funciones, eso sí, estaban muy delimitadas. Proteger los derechos, resolver conflictos entre órganos y censurar aquellas leyes que, una vez promulgadas, pero no antes, contradijeran nítidamente el contenido de la Constitución.

El Tribunal Constitucional no estaba concebido para paralizar preventivamente los trámites legislativos. Por el contrario, su función era respetar la presunción de legitimidad de las actuaciones de los parlamentos democráticos y actuar como una suerte de “legislador negativo”, expulsando del ordenamiento solo aquellas leyes ya promulgadas que lesionaran claramente la Constitución.

A la derecha política y judicial de aquel período de entreguerras nunca le gustó este modelo constitucional democrático. A las derechas actuales vinculadas al PP y a Vox, tampoco. Por eso han intentado dar un golpe contra él por diferentes vías. De entrada, intentando controlar la composición y la orientación ideológica del poder judicial, impidiendo que jueces o juezas progresistas, o simplemente garantistas, puedan abrirse camino. Por otra, convirtiendo al Tribunal Constitucional en una herramienta partidista con capacidad de bloquear cualquier iniciativa de una mayoría social o parlamentaria que no sea la propia.

En estos días se ha visto con toda claridad. La minoría integrada por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ha pretendido que el Tribunal Constitucional actúe como un ariete contra la autonomía del Congreso y contra las mayorías legislativas allí existentes. Supuestamente lo hacían para proteger los derechos de sus diputados. Pero valerse de un amparo “preventivo” para solicitar medidas cautelarísimas que bloqueen el procedimiento legislativo en el Congreso es otra cosa. Es intentar introducir de manera furtiva un control previo de las leyes que la Constitución no recoge y que hoy el Tribunal Constitucional tiene vedado.

Insistimos: que las derechas quieran proteger sus derechos es lícito y tienen muchos momentos procesales para hacerlo. Lo que resulta inadmisible es su intento de frenar debates y votaciones legítimas, aunque con ello se lesionen, a su vez, los derechos de una mayoría parlamentaria clara y transversal que sí quiere que salgan adelante. Y lo que más subleva: que lo hagan instrumentalizando un Tribunal Constitucional con mandatos caducados cuya renovación ellas mismas han bloqueado por todos los medios.

Si el jueves de la semana pasada se hubiera impedido la votación en el Congreso, no solo se habría consumado una grave adulteración de la función que la Constitución y las leyes atribuyen al Tribunal Constitucional. Se habría producido un golpe irreparable contra la división de poderes y contra la inviolabilidad del Parlamento como principio irrenunciable en cualquier democracia constitucional digna de ese nombre.

Tras la reforma del 2015 impulsada por el Partido Popular, el Tribunal Constitucional ya impidió al Parlament de Catalunya discutir simplemente sobre el derecho de autodeterminación o reprobar los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón. Lo que se pretende ahora es ir un paso más allá y suspender cautelarmente iniciativas legislativas de ámbito estatal sin tener jurisdicción para ello.

Si el Constitucional hubiera requerido al Congreso suspender la votación del lunes sin soporte legal, sin dudas nos hubiéramos visto obligados, como miembros de la Mesa de la Cámara, a defender su autonomía. Ya actuamos así cuando, en tutela de dicha inviolabilidad, nos negamos a suspender los derechos de diputados independentistas que habían sido votados por la ciudadanía. Y lo hicimos, también, cuando nos opusimos a que la presidenta Meritxell Batet privara a Alberto Rodríguez de su escaño en supuesto cumplimiento de un mandato de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Haber acatado ahora un nuevo atentado contra la autonomía parlamentaria, esta vez proveniente del propio Tribunal Constitucional, hubiera sido consentir una insubordinación antidemocrática que habría marcado para siempre la historia de nuestro parlamentarismo. En virtud del recurso de recusación presentado contra Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional se ha visto obligada a posponer para el lunes la resolución de las peticiones del Partido Popular. Si ese sector, sin embargo, rechaza la recusación, podría consumar el golpe e intentar que el debate no prosiga en el Senado.

Una situación semejante nos colocaría nuevamente ante lo que venimos denunciando a lo largo de estas líneas: un atentado artero contra la Constitución, contra la ley orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y contra una tradición de constitucionalismo democrático que se remonta a los tiempos de Kelsen. Esperemos que no ocurra. Y, si finalmente pasa, si el Tribunal Constitucional insiste en agredir la legalidad constitucional, tanto el Congreso como el Senado deberían levantar una voz de dignidad y negarse a aceptar su requerimiento, tal como plantea el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, Iñaki Lasagabaster. Ese sería su deber. En defensa de la autonomía parlamentaria, en defensa de la legalidad vulnerada, y contra un intento de “atropello democrático” que debe frenarse en seco antes de que el daño resulte irreparable. 

Una semana de provocaciones y de improperios han bastado para reactivar el debate. De entrada, porque no se está ante exabruptos aislados sino ante una estrategia deliberada. Que ni es nueva ni es exclusiva de nuestra ultraderecha vernácula. Las actuaciones de Vox en el Congreso de estas semanas han sido ensayadas ya por el trumpismo en Estados Unidos, por el bolsonarismo en Brasil, y por algunos de sus nuevos émulos en Europa y América. Se trata, pues, de una estrategia de tensión con objetivos claros. El más evidente, trasladar al Parlamento discursos de odio y noticias falsas ya utilizados en mítines, redes sociales, y medios afines, y minar con ello las condiciones para un debate mínimamente democrático.

Como ya ocurrió en otros momentos históricos, la gran cuestión es cómo lidiar con estas actuaciones. Que en el Congreso se produzcan debates que impliquen discrepancias contundentes entre diferentes fuerzas políticas no solo es legítimo. Resulta imprescindible en sociedades con intereses diversos y a menudo contrapuestos. Pero aquí hablamos de otra cosa: de evitar que esas discrepancias se expresen a través de formas vejatorias, sexistas, racistas, que lesionan la dignidad de las personas y degradan las instituciones representativas.

No se trata de algo sencillo. En el rifirrafe parlamentario, todos los grupos suelen incurrir en salidas de tono. El problema es cuando esto deja de ser un hecho puntual para convertirse en un patrón sostenido en el tiempo, que es lo que Vox viene haciendo desde los inicios de esta legislatura y lo que ha decidido reactivar para recuperar el impulso perdido tras las elecciones en Andalucía.

Ni los insultos y descalificaciones de Vox a la ministra Irene Montero, ni sus ataques a diputadas defensoras de políticas feministas, ni sus incumplimientos sistemáticos del Reglamento de la Cámara, son nuevos. Y lo peor es que en muchos casos han gozado de impunidad. A día de hoy, la presidencia de la Cámara no ha tomado medida alguna para sancionar a los 52 diputados de Vox que se niegan a presentar su declaración de intereses. Tampoco se sancionó a dos diputados de Vox que sabotearon abiertamente un acto dentro del Congreso en el que se condenaba la criminalización de seis jóvenes de Zaragoza que participaron en una manifestación antifascista. Y lo que es especialmente grave, no se adoptó ninguna amonestación clara contra el diputado de Vox que desobedeció a Alfonso Gómez de Celis, cuando este, presidiendo la sesión, lo expulsó del hemiciclo tras haber llamado “bruja” a la diputada socialista Laura Berja.

El problema es que ya no se trata solo de la impunidad creciente de la ultraderecha, sino de que la propia presidencia del Congreso, en su afán de mostrarse firme “con unos y otros”, acabe por equiparar a agresores y agredidos y a actuaciones que poco tienen que ver entre sí.

No es de recibo, por ejemplo, que la presidencia censure por igual a un diputado de Vox que acusa a otros de ejercer el “terrorismo etarra”, que a quien utiliza la expresión “fascismo” para calificar la exaltación del franquismo o de personajes como Millán Astray. Y es que lo primero supone la atribución de un delito grave recogido en el Código Penal. “Fascismo”, en cambio, es un concepto político históricamente datado, como “comunismo”, “socialismo” o “anarquismo”, que un parlamento democrático no puede pretender proscribir.

Tampoco es de recibo intentar, como se ha hecho, equiparar supuestas faltas de respeto institucionales “cometidas por unos y otros” sin que medie justificación suficiente. Recientemente, por ejemplo, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego envió una nota a la Mesa cuestionando que la presidencia le obligara a retirar una serie de críticas a la institución monárquica. Su queja estaba plenamente justificada, toda vez que el propio Tribunal de Estrasburgo ha recordado que las críticas parlamentarias a la monarquía y al propio rey son cuestiones de interés público que la libre expresión de los diputados y diputadas ampara.

Tras debatir algunos de estos temas en la Mesa, la presidenta Meritxell Batet se comprometió ante sus miembros a aplicar el reglamento con rigor para evitar estas arbitrariedades. Pero es significativo que el primer caso en que lo hizo fue para llamar al orden a la propia Irene Montero, quien en respuesta a los ataques sufridos, recordó al Partido Popular que campañas como las que impulsaron en Galicia fomentaban lo que la propia ONU denomina “cultura de la violación”. La impresión, una vez más, fue que Batet intentaba afirmarse en que “aquí todos se exceden” para no incomodar a Vox ni entrar en conflicto con el Partido Popular.

Todo esto, obviamente, es peligroso, ya que un parlamento que se quiera democrático y plural debería poder garantizar con firmeza un principio básico: toda la libre expresión posible para sus miembros y todas las restricciones necesarias cuando de lo que se trate es de evitar humillaciones sexistas, xenófobas u otras formas de difamación dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.

No se trata de algo imposible. Ahí está el ejemplo del ex presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien consiguió atajar con firmeza las bravuconadas machistas del mismísimo Boris Johnson. Ahí está, también, el papel del presidente del parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Partido Popular, quien no dudó en retirar la palabra a un diputado de Vox que insistía en difamar a sus adversarios. Y ahí están, igualmente, casos como el del diputado de la ultraderecha francesa, Grégoire de Fournas, expulsado de la Asamblea Nacional y sancionado a cobrar dos meses la mitad de su sueldo por espetar a un diputado negro de izquierdas que volviera a África.

Lo que Vox está intentando hacer en el Parlamento español para recuperar protagonismo no puede normalizarse ni naturalizarse. Porque no es algo aislado. Es una estrategia ya defendida por juristas de inclinaciones nazis como Carl Schmitt, y por los Trump y los Bolsonaro de turno: erosionar el parlamentarismo y sustituirlo progresivamente por una forma más autoritaria y concentrada de gobierno en manos de algún nuevo Führer o caudillo.

La presidencia del Congreso no puede ser condescendiente ni neutral ante las agresiones reiteradas y sistemáticas de la ultraderecha. Y la sociedad tampoco. Hoy, más que nunca, hacen falta pedagogía y contrapoderes sociales, ciudadanos, capaces de mantener a raya a actores con poder público y privado que no se autolimitarán sin esa presión externa. No es sencillo. Pero es la única manera de evitar que las derechas radicalizadas vayan demoliendo poco a poco espacios democráticos que han sido arduamente conquistados, que hoy deben ser ampliados, pero que bajo ningún concepto podemos permitirnos perder. 

Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, y Javier Sánchez Serna es diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa.

Un 15 de octubre de 1940, por decisión directa de Francisco Franco, era fusilado en Barcelona, en el castillo de Montjuïc, Lluís Companys, president de Catalunya y ex ministro de la República española. El proceso que condujo a su muerte fue una versión extrema, infame, de lo que hoy se conoce como lawfare: una pantomima llena de calumnias sobre la vida pública y privada del acusado, con una sentencia dictada de antemano. Pero el ensañamiento de las derechas radicalizadas con Companys, que hoy pervive en Vox y en el ayusismo que predomina en el Partido Popular, no es casual. Por su catalanismo, por sus convicciones federales, y por el republicanismo que encarnó, siempre solidario y fraternal con los pueblos y gentes trabajadoras de todo el Estado.

El Companys mártir de la dictadura franquista, en efecto, no se explica sin el vehemente abogado catalanista que, en los años previos, se forjó como activista en la lucha por una España republicana, democrática y federal. Desde sus primeros pasos en política, destacó por su compromiso con las clases trabajadores. Fue abogado de sindicalistas y obreros. Como buen conocedor de la vida rural, también contribuyó de manera decisiva a la organización del campesinado, creando para ello la Unió de Rabassaires. Y todo ello, en el marco de una oposición decidida a la monarquía borbónica, cómplice vergonzosa de la dictadura de Primo de Rivera.

En los convulsos años de la Barcelona de la primera posguerra, Companys arriesgó su vida en defensa de los trabajadores y contra la violencia de los sectores más recalcitrantes de la patronal. Esa violencia del poder privado le arrebató dos íntimos amigos: el abogado Francesc Layret, fundador junto a él del Partido Republicano Catalán, y Salvador Seguí, prestigioso líder anarcosindicalista partidario de la creación de un partido político que representara a la clase obrera catalana.

Hasta el advenimiento de la Segunda República, Companys fue, ante todo, un impulsor de la causa republicana. Por ello fue detenido varias veces y encarcelado. Y a ello dedicó su infatigable trabajo como abogado, periodista, concejal del Ayuntamiento de Barcelona o diputado en el Congreso. La victoria republicana en las elecciones de 1931 significó el salto de activista al gobernante. En poco tiempo, fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, ministro de Marina en el gobierno de Manuel Azaña y, a la muerte de Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya.

Ya en este cargo, Companys impulsó una reforma de los arrendamientos agrícolas favorable a los trabajadores que fue férreamente resistida por la derecha catalana y por los terratenientes y propietarios rurales del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Poco más tarde, le tocó asumir algunas decisiones políticas clave que todavía hoy son discutidas.

Una de ellas fue su participación en la proclamación republicana y federal de octubre de 1934. El contexto era enormemente complejo. Las derechas nazis y fascistas crecían en Europa y utilizaban la violencia y la intimidación para abrirse paso en las instituciones democráticas y minarlas desde dentro. Cuando en España se anunció que las derechas locales que simpatizaban con estos sectores ultras entrarían en el Gobierno, se produjo una reacción instintiva entre las clases populares. La revolución asturiana de 1934, protagonizada por trabajadoras y trabajadores socialistas, anarquistas y comunistas, fue eso: un intento de detener preventivamente lo que se percibía, con fundadas razones, como un movimiento antirrepublicano y golpista.

Desde Catalunya, Companys decidió secundar esta llamada a resistir a las “fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la República”. El 6 de octubre proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. Y lo hizo apelando a la “Cataluña liberal, democrática y republicana que no puede estar ausente ni silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispanas luchan hasta la muerte por la libertad y el derecho”.

Por esta decisión, Companys y otros consejeros de su gobierno recibieron una condena de 30 años de prisión. La acusación de sus juzgadores era la de haber querido imponer “por la violencia aquel régimen federal que la soberanía constituyente rechazara”. Cinco de los veintiún vocales del tribunal, sin embargo, se pronunciaron a favor de la absolución. Su argumento fue que los acusados, lejos de haber atentado contra las instituciones republicanas, habían intentado preservarlas frente una regresión golpista de ultraderecha (que efectivamente se consumaría con la sublevación franquista).

Años después, ya restituido en la presidencia de la Generalitat como consecuencia del concluyente triunfo electoral de los frentes de izquierdas, Companys tuvo que volver a afrontar un contexto de similar complejidad. De lo que se trataba, esta vez, era de lidiar con la nueva revolución popular que se había desatado en julio de 1936 tras la victoriosa respuesta al alzamiento fascista en Barcelona. En aquella ocasión, Companys puso todo su empeño en intentar minimizar la violencia en la retaguardia republicana. Se pudo equivocar algunas veces. Pero siempre fue consecuente en su defensa del autogobierno de Catalunya, de la fraternidad republicana y de la libertad.

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables. Pero no será suficiente. Y no lo será porque las derechas radicalizadas que lo calumniaron y lo asesinaron junto a Miguel Hernández, las Trece Rosas, Joan Peiró o Julián Zugazagoitia, vuelven a campar por sus anchas, tanto en España como en Europa.

Costaría, en efecto, encontrar hoy entre las derechas españolas gente como el conservador liberal madrileño Ángel Ossorio y Gallardo, que no solo llegó a ser abogado defensor de Companys, sino que le dedicó una biografía que todavía hoy emociona. Claro que para llegar hasta aquí, el propio Ossorio entendió que ni la monarquía, ni las exaltadas derechas que la acompañaban, podían garantizar las libertades que para él resultaban irrenunciables. La ausencia de gente como él hace que todo sea más difícil. Encontrarla, convencerla, es el gran reto de un antifascismo republicano, democrático, amplio, en condiciones de parar una nueva ola barbarie que la humanidad no puede permitirse.  

Hace algunos años, hubiera sido impensable llegar a un 14 de abril con un rey acusado de fraude, de blanqueo de capitales y de valerse de los servicios de inteligencia para hostigar a una mujer. Y sin embargo, la Casa Borbón lo ha vuelto a hacer. Como en otros momentos de la historia, ha demostrado una capacidad proverbial para compensar con sus desmanes las debilidades de las fuerzas republicanas.

El caso del llamado juancarlismo tendrá su sitio en los libros de historia. Tras la transición, miles de republicanas y republicanos convencidos renunciaron a la República por varias razones: por el chantaje del viejo franquismo y porque lo que se les ofreció a cambio fue una monarquía austera y contenida. Es decir, una monarquía en la que el rey se comportaría rectamente, sometiendo su interés privado al interés general y cumpliendo la ley como el resto de los mortales. Durante décadas, Juan Carlos de Borbón simuló desempeñar sin fisuras el papel del rey-ciudadano. Es verdad que los partidos dinásticos, los grandes medios y los principales poderes fácticos del país contribuyeron a ello con su silencio y su complicidad. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginarse entonces que el otrora rey campechano devendría un símbolo odioso de dispendio, corrupción y abuso contra las mujeres. Y que, por paradójico contraste, se convertiría en uno de los promotores más notables del republicanismo democrático, feminista, que tenemos que construir.

Si uno mira la historia de la dinastía borbónica, esta deriva no debería sorprender. El abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII; su tatarabuela, Isabel II; la madre de esta, María Cristina de Borbón; todos acabaron en el exilio, desterrados por corrupción y por realizar negocios oscuros. Todos expulsados por haberse comportado no como monarcas constitucionales, autolimitados, sino como reyes caprichosos, empeñados en confundir el patrimonio público con su propio patrimonio y siempre reacios a cualquier límite constitucional. 

Juan Carlos de Borbón intentó por muchos medios no repetir la historia de sus ancestros. Pero al final la acabó corroborando. El progresismo dinástico o si se quiere, el llamado republicanismo juancarlista, hizo todo por protegerlo. Lo hizo Felipe González, concediéndole un amplio margen para desarrollar sus negocios privados. Lo hicieron reputados dirigentes socialistas, conservadores y nacionalistas, que entendieron que la Corona no era una simple pieza decorativa, sino la argamasa de poderosos intereses financieros, inmobiliarios, rentistas de los que también podían beneficiarse.

Ese pacto de silencio ayudó a Juan Carlos de Borbón a simular lo que nunca fue: un monarca parlamentario, autocontenido y respetuoso de la legalidad. Cuando el olor a podredumbre llegó a ser insoportable, su propio hijo, Felipe VI, reconoció que su padre podría haber blanqueado dinero y defraudado al fisco. Lo hizo aprovechando el Estado de alarma y el auténtico shock en el que la pandemia había sumido a la ciudadanía. Aun así, el terremoto fue tal que el emérito se vio protagonizando un nuevo exilio, esta vez a Abu Dabi.

Los intentos por dar carpetazo a las corruptelas de las que se acusa a Juan Carlos han sido persistentes. El PP, Vox y el PSOE han bloqueado más de una docena de comisiones de investigación en el Congreso. La Fiscalía ha tardado años en abrir una investigación y se ha facilitado al ex monarca oportunidades de regularización fiscal que no se hubieran reconocido a ningún ciudadano normal.

El cráter abierto en torno a las actuaciones privadas de Juan Carlos de Borbón es demasiado profundo y los materiales que sigue emitiendo, altamente tóxicos. El último episodio ha sido el hostigamiento y vigilancia ilegal de su ex socia Corinna Larsen, en un Estado extranjero –el Reino Unido– y utilizando para ello a los servicios de inteligencia españoles.

La acusación es gravísima. Y el juez británico Matthew Nicklin ha dejado claro que no puede despacharse con el argumento de la inviolabilidad real. Al hacerlo, ha sugerido varias cosas: que España no ha tenido nunca una monarquía parlamentaria digna de ese nombre; que si la tuviera, la inviolabilidad no podría haberse utilizado como sinónimo de impunidad o como carta blanca para delinquir. Y sobre todo, que las últimas actuaciones de Juan Carlos de Borbón no obedecen a un desajuste tardío de personalidad, que esa forma de relacionarse con el dinero, con las mujeres y con los servicios de inteligencia no son nuevos. Que un hombre que actúa así no puede ser muy diferente al que entregó al pueblo saharaui a Hassan II en 1975. Ni al que entre sus primeros viajes internacionales como jefe de Estado escogió al Chile de Pinochet o a la Argentina de Videla, ni al que actuó como intermediario en negocios de armamentos, ni siquiera al que ofreció Repsol a los oligarcas rusos vinculados a Putin y a Lukoil. Nada de eso se improvisa en el crepúsculo de la vida. Y nada de eso se explica sin el vínculo directo de la actual monarquía borbónica con un régimen corrupto, patrimonialista y arbitrario como fue el franquista.

Quienes nos identificamos con los ideales republicanos sabemos bien que una República democrática es mucho más que la ausencia de monarquía. Que implica participación ciudadana en los asuntos públicos; defensa del trabajo digno y de los bienes comunes; honradez en el ejercicio de la función pública; separación de Iglesia y Estado; defensa de la paz como instrumento de política exterior; justicia social, ambiental, de género. Pero también sabemos, por experiencia histórica, que nada de esto puede conquistarse en profundidad si los privilegios vinculados a esta anacrónica forma de dominación no son eliminados de raíz.

Si los desmanes de Juan Carlos de Borbón mantienen vivas las esperanzas republicanas es precisamente por eso. Porque cualesquiera que sean las debilidades de los movimientos republicanos, nos recuerdan algo básico: que la monarquía, como decían las republicanas y republicanos del siglo XIX, es el último vestigio del régimen de castas, con su corte, sus privilegios, sus abusos. Y que, precisamente por eso, no se puede transigir con ella. Porque nos lo veda el principio democrático, porque nos lo veda la razón y porque nos lo impide el sentimiento de la dignidad propia y ajena. Haríamos bien en tenerlo presente este 14 de abril. Para seguir construyendo República en las instituciones y fuera de ellas. Y para hacer del republicanismo no solo una cuestión de convicción, sino también de carácter, de temperamento, de estar en el mundo.

Para que la anormalidad sea perfecta, el Letrado Mayor del Congreso transmite a la Presidenta de la Cámara un recuento votos que no se corresponde con el del marcador electrónico. Meritxell Batet lee lo que le pasan y proclama que el Decreto Ley de la Reforma Laboral queda derogado. Se produce un segundo de silencio que corta el aire. Un segundo. Entonces llega el estruendo.

Desde los escaños de Vox y del PP se alza un rugido de júbilo. Abrazos, vítores. Ruido y furia. Algunos sorprendidos. Otros no. Porque sabían que podía pasar. Que si los dos diputados de la derecha navarra rompían la farsa y se pasaban a su bando natural, la operación estaba hecha. De ahí los vítores. 

Luego vendría el espectáculo esperpéntico. El error Casero. No el primero en su haber. Pero sí el que estropea el plan perfecto. El voto torpe que confunde los botones y tuerce el resultado que UPN y el PP creían amañando. El voto de la justicia poética, también. El que compensa la maniobra infame, ilegal, que privó de su escaño a Alberto Rodríguez. 

Tras los rabiosos vítores iniciales llega la rabia a secas. Es la rabia matonesca de Teodoro García Egea, que ensaya su momento trumpista increpando a Batet en la puerta del hemiciclo. Es el rostro transfigurado e iracundo de Macarena Olona que se siente en el Capitolio. Esos vítores, esa rabia que muestran los dientes, expresa algo peligroso que degrada y amenaza la democracia. Porque es la rabia de quienes no están dispuestos a ceder lo más mínimo de sus privilegios. La de la patronal de las macrogranjas, la que asaltó Lorca por las mismas razones por las que siempre odió la reforma. La de la patronal de la hostelería, que querría a las camareras de piso en estado de semi esclavitud indefinido. La de la patronal de las plataformas, que querría tener a mano a legiones de jornaleros digitales en bicicleta, expuestos a la muerte en cada esquina, corriendo y dejándose la vida para que un reparto llegue a tiempo en cualquier rincón de la ciudad. 

Esa gente que quiso linchar a Garamendi por consentir subidas de salarios, por apoyar indultos, por acordar ERTES. Por no ser una correa de transmisión del PP, como sus antecesores. Esa gente odia todo lo que el Ministerio de Yolanda Díaz ha hecho desde que está en el Gobierno. Enviar inspecciones al campo, para desenmascarar esas relaciones de explotación. Limitar drásticamente las causas del despido, esa expresión brutal de la violencia del poder privado. Aprobar una Ley de Riders. Sumar a los sindicatos mayoritarios y a una parte de la patronal para convertir en indefinidos contratos indecentemente temporales, para que los convenios laborales incrementen salarios y no los constriñan. Para proteger mejor las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de la bahía de Cádiz. Para desactivar no solo aspectos clave de la Reforma de Rajoy. Para desandar, por vez primera en cuarenta años, una filosofía precarizadora que se remonta a la reforma felipista de 1984.

La derecha trumpista que estalló el jueves en el Congreso odia este programa reformista porque sabe que se ha conseguido en un contexto durísimo para la gente trabajadora. Contra la presión de los sectores más neoliberales de la Comisión Europea. Contra las reticencias los sectores centristas del propio Gobierno. Con la movilización social y sindical prácticamente suspendida a causa de una pandemia que ha sido un puñetazo al estómago en términos vitales, psicológicos.

Hay quien pensaba, ciertamente, que aun así se podía llegar más lejos. Lo expresó con honradez Oskar Matute, de EH Bildu. Reconoció que había avances pero que eran insuficientes. Desde posiciones más moderadas, pero igualmente sinceras, Aitor Esteban, del PNV, argumentó que el contenido no le desagradaba, pero que se podría haber negociado mejor desde un comienzo. 

Teniendo en cuenta el singular ecosistema sindical vasco (igual que el gallego), es difícil no respetar estas críticas, sin duda más sólidas que el “nos dan una bicicleta en lugar de una moto”. Lo que cuesta entender, viendo la exultante reacción del PP y Vox, es que la única expresión de esta crítica legítima fuera un voto negativo. Un voto que en la práctica suponía blindar -quien sabe por cuánto tiempo- la Reforma de Rajoy. Con un discurso semejante al de Matute, aunque otorgando más valor a los concretos avances conseguidos, Compromís y Más País justificaron su apoyo crítico a la reforma.

Sea como fuere, el nuevo marco reformista se ha abierto camino. Quedará consolidado en el BOE en un momento áspero, bronco, que las derechas exaltadas querrían aprovechar para un nuevo asalto destituyente. 

Ahora viene la lucha por el derecho y por los derechos. En las empresas, a través de la inspección de trabajo, en los tribunales. Conseguir que lo acordado pase del papel a la práctica. Y que la agenda de cambios no se detenga aquí. Que se siga batallando por mejorar los salarios, por reforzar el contenido garantista del Estatuto de los Trabajadores. Porque es mucho lo que queda por hacer y porque la agresión acometida contra las gentes trabajadoras por el despiadado capitalismo de nuestro tiempo sigue siendo feroz.

Todo esto exige reflexionar con calma sobre el significado de los vítores coléricos del PP y de Vox. Sobre la calculada operación de compra de voluntades perpetrada poco antes. El embate trumpista perpetrado el jueves en el Congreso no será conjurado con la geometría variable. Exige una recomposición decidida de la mayoría de investidura. Una recomposición que parta de una reflexión conjunta, sin autoengaños, de los fallos cometidos por todos. Y exige que la sociedad hable. Que se organice comunitaria y sindicalmente para que lo ganado en el BOE engendre realidades irreversibles. Eso supone asumir que no hay conquista democrática que no suponga conflictos, acuerdos, nuevos conflictos y nuevos acuerdos. No hay más. Solo desde ahí es posible desactivar el ascenso reaccionario de los herederos de Arturo Ui que, a diferencia de la obra de Brecht, no tiene por qué ser imparable.

La rebelión municipalista que ha puesto en pie a centenares de ciudades y pequeños pueblos contra el Ministerio de Hacienda no es un capricho súbito. Expresa agravios que vienen de lejos y que el contexto de emergencia sanitaria, social y económica está convirtiendo en indignación. Las razones no son difíciles de entender. Es incomprensible que en una crisis que amenaza con empeorar, las instituciones más cercanas a la ciudadanía no cuenten con recursos suficientes para hacerle frente. Y menos que sean sistemáticamente desoídas o tratadas como menores de edad. No solo por la prepotencia que una actitud institucional de este tipo trasluce, sino porque deja entrever una idea demasiado pobre de la propia democracia.

Más de 40 años después de la transición, la financiación de los gobiernos locales es similar a la del tardofranquismo. De hecho, los avances sociales y económicos que se produjeron en el mundo municipal no se hicieron gracias a ese marco, sino a pesar suyo, con un enorme esfuerzo vecinal y de alcaldías en muchos casos asfixiadas. Todo esto empeoró tras la crisis de 2008. Primero, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que obligaba, también a los gobiernos locales, a priorizar el pago de la deuda sobre otras necesidades sociales. Luego, con la infausta Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, aprobada por el rodillo del PP aprovechando su mayoría absoluta y el apoyo de CiU, que impedía a los ayuntamientos disponer de sus ahorros y dedicarlos a inversiones prioritarias.

A pesar del ahogo impuesto por la llamada Ley Montoro, el municipalismo demostró una incontestada solvencia y responsabilidad en materia de gestión. Mayor, sin dudas, que la del Estado central o la de las propias Comunidades Autónomas. Al estallar la pandemia, esto fue reconocido por la propia ciudadanía, que en todas las encuestas premió a los ayuntamientos por su seriedad y sus esfuerzos a la hora de atender las necesidades ciudadanas.

Por eso, precisamente, cuando la Comisión Europea anunció que la emergencia sanitaria, socio-ambiental y económica obligaba a inyectar recursos y a levantar las restricciones draconianas sobre el gasto público impuestas en la crisis anterior, lo lógico era pensar que los ayuntamientos podrían, por fin, disponer de sus ahorros y contar con herramientas adecuadas para afrontar esta nueva crisis dentro de la crisis.

Este ha sido el criterio utilizado en Alemania y otros países europeos. Pero no en España. Incomprensiblemente, la prioridad del Ministerio de Hacienda no ha sido levantar el cepo establecido por la Ley de Estabilidad del PP, sino utilizarlo, una vez más, para drenar recursos municipales al propio Estado central.

La filosofía de fondo es tan inaceptable, tan poco respetuosa con el municipalismo, que todas las negociaciones dirigidas a mitigarla están acabando en fracaso y poniendo en evidencia al propio Ministerio de Hacienda. Primero, porque el Estado central ya dispone hoy de un margen amplio para obtener esos recursos en condiciones favorables en los mercados internacionales, con el respaldo del Banco Central Europeo. Segundo, y más importante, porque supone un desconocimiento flagrante de la autonomía local y de la suficiencia financiera municipal consagradas por la propia Constitución en los artículos 140 y 142.

La insistencia obcecada de Hacienda en que los ayuntamientos “presten” sus ahorros al Estado central para que este se los “devuelva” progresivamente hasta en 15 años se está revelando como un error sin paliativos. De entrada, ya se ha cobrado la credibilidad del presidente socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que acabó desdiciéndose de su discurso a favor de la autonomía en la Comisión de Reconstrucción del Congreso para forzar una votación que ha dividido como nunca antes al mundo local. Pero sobre todo, ha generado una coalición contraria a la iniciativa tan amplia, que las posibilidades de que el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto sea convalidado parlamentariamente son ahora mismo ínfimas.

Lo único que podría evitar este naufragio es un cambio radical de actitud por parte de Hacienda. Esto supondría, ante todo, aceptar de una vez que los ayuntamientos son mayores de edad y tienen derecho a disponer de recursos propios, estatales y europeos, para atender las necesidades vecinales. A partir de aquí, establecer compromisos de financiación concretos y calendarizados, y no simples promesas vagas, que conviertan a las corporaciones locales en un dique de contención efectivo para la emergencia social que se avecina. Y sobre todo, escuchar. Escuchar y mostrar respeto por el municipalismo, que es algo que se echa en falta desde hace demasiado tiempo.

El agravamiento de la crisis del COVID-19 está mostrando de manera cruda que no hay una única manera de resolver el dilema entre confinar y mantener la actividad económica. Sin embargo, algo va quedando claro: la responsabilidad y la determinación con la que se afronte decidirán la vida de muchísima gente, así como la posibilidad de salir de esta pandemia con maneras de relacionarnos muy diferentes a las que nos han traído hasta aquí.

Los negacionistas de la emergencia

Los negacionistas de la gravedad del virus, como Bolsonaro o Trump, están siendo los más reticentes en asumir el confinamiento como forma de frenar el contagio y de no saturar a los sistemas sanitarios. Y para justificarlo están apelando, precisamente, a la necesidad de “salvar la economía”. No parece, empero, que su preocupación sea la situación económica de la mayoría. Bolsonaro no ha tenido problemas en pedir el abandono la cuarentena argumentando que los brasileños no debían temer al contagio porque son gente “que bucea en una alcantarilla y no les pasa nada”. Se puede encontrar una colección de citas de Trump en la misma dirección. Y las consecuencias están a la vista. En pocos días, las muertes en Brasil se están disparando y los Estados Unidos se han convertido en el país con más personas infectadas del mundo –unas 81.000–, lo cual es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en su privatizado sistema sanitario un tratamiento por COVID-19 puede costar unos 35.000 dólares.

La falsa dicotomía entre economía y vida

En el otro extremo están quienes vienen defendiendo con vehemencia que la única forma de enfrentar el virus es a través de un confinamiento total y de una suspensión igualmente severa de actividad económica. Se trata de un planteamiento drástico, que se ha llegado a plantear como una disyuntiva radical: “¡O la economía o la vida!”. Esta formulación puede ser útil para llamar la atención sobre la gravedad de la pandemia, pero se ha mostrado irreal como guía para la acción pública. De entrada, porque la protección de la vida no puede plantearse al margen de la economía, es decir, de la producción, distribución y consumo de aquellos bienes y recursos que la hacen posible. Y segundo, porque una interrupción del grueso de la economía, sin un colchón social previo y prolongada en el tiempo, también se enfrentaría con obstáculos de envergadura.

Por eso, justamente, la mayoría de países que está propugnando medidas intensivas de aislamiento, lo que están planteando es reorientar más que parar la economía en términos absolutos. Priorizando, eso sí, la producción ligada a la emergencia socio-sanitaria. En casi todos ellos, de hecho, lo primero que se ha hecho ha sido cerrar bares, gimnasios, tiendas de ropa y sectores similares. Pero en cambio se ha potenciado la producción de mascarillas, respiradores, tests rápidos o equipos de protección para profesionales de la salud y la limpieza.

En algunos casos, esto ha llevado a iniciativas de nacionalización o de control público de sectores privados que el neoliberalismo consideraba anatema hasta hace dos días. En España, la emergencia sanitaria reveló a muchos que existía un artículo de la Constitución, el 128, que subordina la riqueza, “sea cual fuere su titularidad”, al interés general, y que tiene por delante un campo importante de aplicación. En Irlanda, de hecho, el primer ministro democristiano Leo Varadkar ya ha nacionalizado temporalmente 2000 camas, nueve laboratorios y miles de empleados para incorporarlos al sistema de salud estatal para luchar contra el COVID-19.

Deslindar lo esencial de lo que no lo es

Algunos países, como Italia, Nueva Zelanda y ahora España, están dando un paso más allá y están detallando qué actividades deberían cerrar temporalmente y cuáles deberían mantenerse. Italia ha redactado un decreto donde el funcionamiento temporal de la economía se ciñe a ámbitos concretos. Sin embargo, esto dista de suponer un cierre brusco o una paralización extendida del sistema productivo. El decreto aprobado por el gobierno de Giuseppe Conte mantiene como esenciales… ¡unos 80 sectores de la economía! Esto incluye industrias auxiliares, estratégicas, sin las cuales el propio sistema sanitario quedaría en entredicho: químicas, farmacéuticas, aluminio, goma, sector alimentario, ópticas, empresas de recolección y tratamiento de residuos, reparación de industrias básicas, distribución de agua y gas, y un largo etcétera.

Esto muestra que en todos estos países, en realidad, lo que se está imponiendo es un equilibrio de fondo: poder enviar a casa a un número importante de trabajadoras y trabajadores para contener el contagio, pero sin abandonar por ello la realización de actividades esenciales, estratégicas, sin las cuales la triple emergencia sanitaria, social y económica, se agravaría aún más.

Reorientar la economía para proteger la vida

En un contexto así, no hay solución perfecta. Pero el desafío es claro: maximizar el aislamiento durante la cuarentena mientras se establecen las bases de una economía orientada a la proteger la vida de manera sostenible en el tiempo. Algo para lo que hace falta atender las urgencias actuales, pero también mantener la mirada en el ecosistema productivo, comercial, energético, del día después.

Es aquí donde, al igual que en el crack de 2008, vuelve a constatarse que la economía necesaria para afrontar estas pandemias no puede ser la economía capitalista que nos ha traído hasta aquí: precarizadora del trabajo, destructora de los servicios públicos, especulativa y depredadora en sus impactos sobre la naturaleza. Por lo tanto, ya no se trata, como de manera tan altisonante como hipócrita proclamó Nicolás Sarkozy hace una década, de “refundar el capitalismo”. Se trata más bien de escuchar lo que están planteando movimientos como el feminismo o el ecologismo y de aprovechar la crisis para poner los cimientos de una economía distinta: más cooperativa, que priorice lo público, lo común, y que se plantee la reversión urgente del calentamiento global, de la desigualdad social y de la proliferación de los recursos de destrucción masiva.

Cuidar a la gente confinada y a quienes trabajan fuera

En el plazo inmediato, esto exige proteger tanto a las personas confinadas como a las que deben trabajar fuera de casa. Por más importantes que sean los confinamientos para evitar la saturación de servicios médicos, es difícil obligar a todo el mundo a recluirse cuando el punto de partida es una desigualdad social estructural en la que no todos están en iguales condiciones de hacerlo. Basta con mirar a grandes países como la India o México, pero también ciudades Lesbos y otras de Europa, para advertir la dimensión de la tragedia.

Si se tiene vivienda digna e ingresos asegurados, un confinamiento largo puede ser difícil pero llevadero. Si se vive en condiciones de hacinamiento o no se tiene empleo, confinarse puede implicar exponer a los propios a otras enfermedades, no poder pagar un alquiler o sencillamente no poder alimentar a los hijos. Por eso es urgente que se refuercen los servicios de atención domiciliaria –algo a lo que ciudades como Barcelona, Cádiz, Valencia o Bilbao están volcando ingentes recursos– o que se introduzcan rentas básicas de emergencia, como la que la oposición acaba de arrancar a Bolsonaro en Brasil. Y por eso urge, también, que se pongan límites claros a los despidos, como está planteando el gobierno PSOE-UP, o que se suspenda el pago de hipotecas y alquileres para familias vulnerables y comercios, algo que obliga a asumir el conflicto con la banca y los grandes tenedores.

Y lo mismo ocurre en la economía que sigue funcionando fuera de las casas. Una economía sana dispuesta a velar por quienes se confinan, no puede dejar desprotegidas a sus pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, al mundo de la cultura, a las residencias de ancianos, y desde luego, a quienes realizan trabajos esenciales en términos socio-sanitarios. De poco sirve aplaudir a limpiadoras, médicas, enfermeras, cajeras de supermercado, o cuidadoras de personas mayores, si luego no se protegen, con la misma determinación, sus derechos laborales, sus turnos de trabajo y su salud.

La cuestión de fondo: ¿y esto quién lo paga?

Claro que esto tiene un coste, y la obligación de los poderes públicos –de todos ellos– es que no lo paguen los de siempre. En Europa, la propia Unión se está jugando su credibilidad y su supervivencia en ello. Es todo un síntoma que –a diferencia de lo que ocurrió con la crisis griega- Portugal, España e Italia estén cuestionando juntos las mezquinas resistencias de Holanda y Alemania a emitir coronabonos y a facilitar a los países del Sur un financiamiento no condicionado por especuladores y buitres. Y es todo un síntoma, también, que una parte creciente de la ciudadanía comience a preguntarse por qué sus gobiernos no son fiscalmente más exigentes con las grandes fortunas y con los grandes rentistas que fueron rescatados en innumerables ocasiones y no han devuelto aquel esfuerzo a la sociedad.

Obviamente, que la crisis no sirva para apuntalar aún más la economía de casino que se ha impuesto en las últimas décadas, también depende de la capacidad de organización de la ciudadanía y de la gente que vive de su trabajo. Esto no es sencillo en un contexto de aislamiento, pero el desafío es ineludible: organizarse, crear espacios de ayuda mutua, enredarse más allá de las fronteras físicas, para que los anhelos que hoy resuenan en los balcones se abran camino a pesar de la pandemia. La lucha contra el COVID-19 no puede concebirse como una empresa belicista. Lo que hace falta no es matar a nadie ni militarizar la vida cotidiana, sino aprovechar esta inédita situación de vulnerabilidad compartida para construir colectivamente una economía que cuide, que proteja y que salve la vida.

Necesitamos un antifranquismo cargado de futuro: feminista, republicano, capaz conquistar nuevos espacios de libertad e igualdad.

Todas las ciudades llevan marcas que la historia va dejando en ellas. Sus anhelos, sus luchas, también sus desdichas. El propio franquismo es una de esas heridas. Una herida que ha dejado todo tipo de cicatrices dolorosas en las calles, en las plazas, en estatuas que encumbran unos nombres y maldicen otros. Por eso, la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de retirar los honores y medallas concedidos por la ciudad a jerarcas e instituciones de la dictadura, no es inocua. Expresa el irrefrenable deseo de la ciudad de soltar el lastre de un pasado paralizante y de liberarse del miedo que viejos y nuevos inquisidores le querrían imponer.

Fue esta necesidad de respirar, de arrancarnos una mordaza vieja, pegajosa, lo que nos llevó a recordar en nuestros barrios lo que había significado el golpe de estado de julio de 1936, así como la heroica resistencia que generó en nuestras calles. O lo que nos hizo dedicar exposiciones, ciclos de cine, conferencias, a evocar el terror que las bombas de Hitler y Mussolini causaron entre los niños de Sant Felip de Neri o de la Escola del Mar, en la Barceloneta. Fue esa búsqueda de una voz propia, sin imposiciones forzadas, la que nos condujo a implicarnos de manera activa, también, en la querella contra el Estado italiano resultante de aquellos crímenes. O en la que se abrió en Argentina, para abrir algunos de los caminos que los silencios y olvidos de la transición cerraron.

En realidad, podría decirse que las políticas culturales de memoria se han presentado en nuestras ciudades como un complemento imprescindible de las políticas sociales en defensa del derecho a la vivienda, a la educación o al transporte públicos. Como la reacción instintiva de aquel que siente la necesidad de respirar aire nuevo, de darse un baño o de ponerse una camisa limpia. Por eso impulsamos redes de ciudades contra la especulación urbanística, por un aire limpio, pero también contra la impunidad de la dictadura. Por eso incorporamos a nuestros callejeros nombres proscritos de la tradición feminista, obrerista, libertaria o republicana. Y por eso hemos decidido, ahora, retirar las medallas y distinciones a jerarcas e instituciones del régimen franquista.

Nadie podía creer que Francisco Franco, máximo dirigente de un régimen criminal, pero también corrupto e ineficaz, conservara todavía hoy una medalla que lo distingue como “artífice de la paz”. O que la tuviera Luis Carrero Blanco, uno de sus más sanguinarios secuaces. O incluso algunos personajes infaustos que lo precedieron en su crueldad, como Severiano Martínez Anido. Son pocos los jóvenes y no tan jóvenes, seguramente, que saben quién fue Martínez Anido. Pero lo cierto es que aquel Gobernador Civil de aspecto prusiano fue un convencido practicante del terrorismo de Estado en la Barcelona de los años 20 del siglo pasado. Torturó, persiguió y mandó asesinar a centenares de trabajadores, muchos de ellos anarquistas, culpables de un único delito: intentar defender sus derechos frente a la violencia del poder patronal. Y tuvo que ver, también, con el crimen abyecto del abogado y concejal Francesc Layret, una figura querida y todavía viva en la memoria republicana de la ciudad.

Retirar las medallas y distinciones con las que estos personajes fueron honrados es una manera de despojarlos del áurea de respetabilidad con la que aspiraban a esconder tropelías económicas, sus corruptelas, además de sus delitos de sangre. Y es, también, una forma de evitar que su memoria vuelva a humillar a víctimas una y otra vez.

El agravio a las víctimas, a los represaliados de la dictadura, ha condicionado claramente la ciudad que somos y la que querríamos llegar a ser. Hoy, por ejemplo, hay miles las mujeres de todo el Estado, empezando por Andalucía, movilizadas en defensa de la igualdad y contra la violencia machista. Pero esos reclamos no vienen de la nada. Tienen mucho que ver con un régimen –el franquista– que descargó sobre las mujeres formas específicas, sostenidas, de violencia, vinculadas al papel que el nacional-catolicismo les asignaba. Por eso era tan importante que entre las instituciones que perderán distinciones se encontrara la Sección Femenina de Falange, una de las principales responsables –como ha recordado la historiadora y veterana antifranquista Anna Sallés– de la represión ejercida contra miles de mujeres durante la dictadura.

Si algo, de hecho, nos ha enseñado el antifranquismo municipalista, a pie de calle, que se ha abierto camino en estos años, es que la única manera de emocionar e interpelar a las generaciones más jóvenes, es conectando con las exigencias de la nueva ola feminista que recorre el mundo. No en vano, mientras el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba la revocación de medallas y distinciones, aún resonaba el clamor lanzado la noche anterior, en la plaza de Sant Jaume y en decenas de ciudades catalanas, andaluzas y de todo el Estado: “Ni un paso atrás. Nuestros derechos no se negocian”. Con esta consigna, una marea blanquiverde, lila, de mujeres de todas las edades, recordaba al acomplejado partido de la masculinidad ofendida que no consentirá el regreso a las obsoletas prácticas de sumisión impuestas durante la dictadura.

Lo decía la joven y brillante abogada del colectivo Irídia Carla Vall: “No es coincidencia que cuando se pretende atacar derechos colectivos se inicie una brutal campaña contra los derechos de los oprimidos”. Por eso, esta política de desfranquistización impulsada por Barcelona (¡cuánto debemos en esto al compromiso de nuestro Comisionado de Programas Memoriales, el profesor Ricard Vinyes!) implica, en realidad, la afirmación de una ciudad diferente. Una ciudad moderna, feminista, socialmente justa, democrática, y por todo ello, antifascista. Ese antifranquismo municipalista no pretende lanzar una mirada congelada al pasado. Quiere ser un antifranquismo cargado de futuro: feminista, republicano, capaz conquistar nuevos espacios de libertad e igualdad.

Por eso, en medio de la sombría Europa de nuestro tiempo, resultaron tan luminosas las palabras pronunciadas por Vall en la Sala Ciudad del Ayuntamiento, mientras se recordaban los nombres de los criminales que perderán sus galones: “No pasarán. Y no sólo no pasarán, sino que iremos más lejos, porque lo que queremos es una vida plena y libre de violencias”.

Escribo estas líneas después de oír sus declaraciones sobre el estado de la innovación y la ciencia en España. Y me gustaría hacerlo con un tono constructivo. Hace algunas semanas, pudimos ver una intervención suya en la que instaba a los centros privados a “correr por delante” de los públicos en la producción científica. No puedo negarle que aquellas palabras nos generaron una honda desazón. Básicamente porque parecían desconocer el papel central de la investigación pública en los grandes avances científicos de nuestro tiempo, así como su capacidad única para conjugar excelencia e igualdad de oportunidades. Luego supimos que aquellas palabras habían sido previas a su designación ministerial, y que seguramente expresaban un exceso de cortesía con la patronal que organizaba el acto. Sus intervenciones posteriores, sin embargo, han sido más tranquilizadoras. Sobre todo porque han tenido más en cuenta la importancia del aprovechamiento común de un conocimiento que, al fin y al cabo, ha sido colectivamente generado por la humanidad.

Lo cierto, Ministro, es que tenemos una gran oportunidad por delante. Como usted sabe, hace unos días, la Confederación de Sociedades Científicas de España recordaba que en 2017 apenas se gastó el 29,7% de todo el dinero presupuestado para I+D+i. Y que la situación en relación a los presupuestos heredados para 2018 no era especialmente halagüeña. Con esos datos sobre la mesa, no sorprende que quienes ven en la ciencia una herramienta básica para el progreso social hayan respirado aliviados con el fin del gobierno Rajoy. Centros de investigación, universidades, mujeres y hombres de ciencia, han vivido estos años como una época de maltrato, precarización y burocratización crecientes.

Todos sabemos que esta cruzada anti-científica, oscurantista y propia de la Contrrareforma, tiene siglos a su espalda. Y que durante el gobierno del PP alcanzó cotas intolerables. Por eso, la sola creación de un Ministerio específico de Ciencia, Innovación y Universidades supone un mensaje de reparación, de corrección. Al menos en términos simbólicos.

Pero no podemos engañarnos: el retraso y los agravios son tan grandes que los gestos no bastarán. Necesitamos medidas concretas. No soluciones mágicas, pero sí reformas que reflejen una voluntad auténtica de cambio. Su discurso de ayer marcaba algunas líneas interesantes en este sentido. Y si hoy le escribo, también es para decirle que las ciudades ya nos hemos puesto en marcha.

Hace casi un mes, de hecho, presentamos en Barcelona un Plan de Ciencia, siguiendo el ejemplo de ciudades con las que venimos trabajando hace tiempo, como Boston o Nueva York. Lo hemos hecho apurando competencias y recursos que no sobran, pero inhibirnos no era una opción. Si queremos mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, necesitamos producir ciencia de calidad, retener y atraer talento, democratizar y agilizar el acceso a datos e información relevante. Necesitamos una política científica humanista que nos ayude a buscar remedio a enfermedades curables, a garantizar a nuestros mayores un envejecimiento digno, a luchar contra la contaminación y a impulsar una transición energética cada día más urgente. Y la necesitamos, sobre todo, como un antídoto frente a los Trump y los Salvini de turno, para promover una ciudadanía formada en el pensamiento crítico, en la empatía con el sufrimiento ajeno y en el rechazo de los prejuicios y el fanatismo.

La Barcelona metropolitana cuenta ya con un ecosistema científico e innovador dispuesto a implicarse a fondo en este proyecto. Disponemos de excelentes universidades públicas y de centros de investigación de frontera como el Sincrotrón Alba, el Instituto de Ciencias Fotónicas, el Centro de Supercomputación o el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Albergamos grandes congresos tecnológicos que interactúan con un rico tejido empresarial, claramente vinculados a la revolución digital de nuestra época. Y tenemos, también, museos, bibliotecas, ateneos de fabricación y centros cívicos capaces de llevar la formación científica a vecinos y vecinas de todas las generaciones y de todos los barrios de la ciudad, comenzando por los más modestos.

Nuestro Plan de Ciencia pretende dar visibilidad a este potencial y reforzarlo. Por eso hemos abierto una línea de subvenciones para proyectos científicos que nos ayuden a impulsar cambios en el modelo productivo, a generar una economía más centrada en el conocimiento y el valor agregado y menos dependiente del monocultivo turístico e inmobiliario. Por eso hemos lanzado un premio europeo que llevará el nombre de Hipatia, la gran matemática y astrónoma egipcia. Y por eso hemos ampliado los programas de estímulo de las vocaciones científicas entre los jóvenes, sobre todo entre las niñas.

Como bien recordaba usted ayer, no podemos permitirnos que el miedo a lo desconocido abra camino a las pseudociencias, al pensamiento irracional y a una tecnofobia acrítica. Pero para ello necesitamos recursos y la implicación de todas las administraciones. Sería fundamental, por ejemplo, que el Gobierno garantice a las ciudades fondos para impulsar proyectos de investigación vinculados a la transformación de la matriz productiva actual, a la mejora de la calidad de vida urbana, a la lucha contra las desigualdades. Y sería importante, también, que las estrategias del Ministerio se alinearan con las grandes prioridades que propone Europa: grafeno, física cuántica, inteligencia artificial, supercomputación, biomedicina.

Las ciudades, repito, estamos preparadas. Y Barcelona, concretamente, puede ser una capital europea de la ciencia y la innovación. Lo que le planteamos, Ministro, es poder trabajar conjuntamente en la construcción de este sueño. La España oscurantista, rentista, anticientífica, no puede prevalecer sobre la España moderna, productiva e ilustrada. Necesitamos que el Gobierno deje de ser visto como una amenaza para convertirse en un aliado dispuesto, más allá de los gestos, a avanzar con hechos concretos y decididos. Por el bien de la ciencia, de la sociedad y de las generaciones futuras. Sería imperdonable que desaprovecháramos la ocasión.

Llega, como otras tantas efemérides, el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx. Podría ser una fecha más, pero no lo es. Porque un nombre como el suyo nunca deja de interpelar. De interrogarnos críticamente sobre los tiempos que nos están tocando vivir.

He seguido de cerca a Marx desde que era adolescente. Siempre de manera laica y libre. Como se sigue y se quiere a un clásico. He sido de Marx como he sido de Montaigne y de Tom Paine, de Bertrand Russell y de Simone de Beauvouir, de Cortázar, de Rita Levi-Montalcini o de Nina Simone. Y me he sentido, como se sentía él, de la piara de Epicuro.

De Marx aprendimos muchas cosas. Una de las principales, a mirar la historia “desde abajo”. Él lo hizo desde muy joven. Fue sensible a toda clase de abusos e injusticias. Y eso lo llevó a tomar partido. Y a hacerlo a favor de los más débiles y desposeídos. Nunca actuó así por caridad, sino porque creía en la autonomía moral y en la potencialidad creativa de los seres humanos.

Como buen ilustrado, fue un admirador del progreso científico y tecnológico de su época. Y le parecía indignante que esa conquista colectiva de la humanidad quedara en manos de unos pocos. Se rebeló contra una forma de producir riqueza alienante, que condenaba a la mayoría a la precariedad y la explotación para poder subsistir. No se trataba de un lamento moral. Marx creía firmemente que el grado de riqueza generado socialmente hacía posible vislumbrar una sociedad en la que, como dejó escrito con apenas 29 años, “el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos”.

No deja de impresionarnos, todavía hoy, la pasión, el rigor y la agudeza con los que “El Moro”, como le motejaban cariñosamente sus hijas, se acercó a la realidad de su tiempo. Fue un escritor prolífico, brillante y con una curiosidad desbordante. Hizo aportaciones luminosas en el campo de la economía, de la historia, de la filosofía. En su biblioteca no faltaron las obras científicas más avanzadas de su tiempo –como las de Darwin–, ni tampoco las novelas de Balzac o las poesías de Goethe. En las modestas casas en las que le tocó vivir, era usual encontrarlo junto a sus hijas y su mujer, Jenny, recitando las obras de Shakespeare.

Renunciando a una vida de privilegios y en medio de privaciones materiales considerables, estudió con detenimiento a autores a los que respetaba, como David Ricardo o Adam Smith, aunque tuvieran ideas diferentes a las suyas. En cambio, atacó con sarcasmos y sin contemplaciones a los filisteos, a quienes consideraba política e intelectualmente deshonestos. Fue un pensador radical, que iba a la raíz de los problemas. Estaba claramente comprometido con la transformación social pero fue muy autoexigente en sus análisis. Corregía y revisaba sus escritos una y otra vez y adoptó como lema favorito el de las personas librepensadoras de todos los tiempos: “De omnibus dubitandum” (Dudar de todo).

Esa actitud vital e intelectual contrasta con el sectarismo y el dilentantismo de muchos de los que lo han combatido, incluso sin leerlo, y de una parte no desdeñable de los que todavía hoy se denominan “marxistas”. Cometió errores, incurrió en contradicciones y ambigüedades, pero nunca pretendió hacer de su obra un catecismo indiscutible. Siempre defendió la necesidad de alianzas amplias que permitieran profundizar la democracia y cuando escuchaba tonterías que lo invocaban como fuente de autoridad, afirmaba: “yo no soy marxista”.

El número de cuestiones que Marx anticipó o en las que tuvo aproximaciones originales es sorprendente. A dos siglos de su nacimiento, sigue siendo un pensador básico para entender los grandes problemas de nuestro tiempo: la contradicción entre el carácter social de la producción –sobre todo de la científica– y la apropiación privada, excluyente, de sus beneficios. La polarización entre clases (la contraposición entre el 1% y el 99% denunciada por Occupy Wall Street y el 15-M, o entre el 30-40% superrico y el resto, como prefiere Saskia Sassen). El carácter vampirizador de la especulación financiera (la metáfora gótica del “vampiro” está muy presente en la obra de Marx). La tendencia de las relaciones capitalistas a globalizarse y a convertirlo todo en una mercancía, desde los bienes comunes como el agua o la tierra, hasta los afectos o la vida misma.

Obviamente, hay muchas cuestiones que Marx no pudo o no supo prever. Atisbó, por ejemplo, algunas cuestiones ambientales, pero en el fondo fue un pensador productivista que en ocasiones asumió una idea de progreso poco crítica. Esto le impidió censurar con más dureza fenómenos como el saqueo colonial de las periferias o anticiparse a otros como los límites ecológicos de la biosfera.

También fue hijo de su tiempo en las cuestiones de género. Defendió, como Fourier, que los avances de una sociedad debían medirse por la manera en que trata a la mujer y por los derechos que le reconoce. Pero no dedicó al tema la centralidad que merecía, aunque su hija Eleonor sí sería una gran activista y teórica del socialismo feminista.

Visto desde nuestra realidad, sería interesante saber que diría Marx sobre el papel de las ciudades en el actual mundo globalizado y sobre el municipalismo como potencial herramienta de cambio. Tampoco aquí es posible encontrar una reflexión sistemática. Pero eso no quiere decir que no haya en su obra análisis sugerentes sobre la cuestión urbana.

En parte, sus preocupaciones sobre las ciudades le venían de su amigo y compañero Friedrich Engels, quien escribió ensayos excelentes sobre las deplorables condiciones de vida de las clases populares en grandes urbes como Manchester o sobre sus dificultades para acceder a una vivienda digna. Pero Marx también pensó sobre la democracia urbana a partir de algunas experiencias que lo marcaron sensiblemente, como las que tuvieron lugar en algunas ciudades suizas y norteamericanas de su época, o en la propia Comuna de París, hacia 1871.

La Comuna, de hecho, fue una experiencia “municipalista” que lo impresionó mucho. Y aunque fue consciente de sus errores y limitaciones, también vio en ella concreciones importantes de su ideal de democracia política y social: la temporalidad y revocabilidad de los cargos institucionales, la generalización de cooperativas de producción y consumo, la condonación de deudas por impago de alquileres, la gratuidad de la educación pública, la extensión de la ciudadanía a los extranjeros y el rechazo del chauvinismo, la participación directa de la gente de los barrios en los asuntos públicos.

Ciertamente, Marx consideraba que este tipo de experiencias no podía subsistir mientras los viejos aparatos estatales, con sus inercias autoritarias, burocráticas y nacionalistas, no fueran destruidos y reemplazados por otro tipo de institucionalidad republicana. Pero le permitieron vislumbrar algunas alternativas concretas que servirían incluso para cuestionar los frágiles regímenes representativos de nuestro tiempo.

En realidad, el proyecto de cambio social que Marx defendió continúa vivo y bien podría inspirar, enriquecido y actualizado, soluciones nuevas a nuevos problemas. Es verdad que a lo largo del siglo XX se cometieron auténticas barbaridades en nombre del “marxismo”. Sin embargo, también es innegable que el capitalismo desembozado del siglo XXI está llevando a la humanidad de desastre en desastre y que urge construir alternativas civilizatorias que nos libren de ese destino. Posiblemente hoy no es tan fácil dar un nombre único a estas alternativas. Pero todas tendrían que ver, de un modo u otro, con la democratización de la democracia. Con su extensión a la esfera política y, de manera muy señalada, a la esfera económica (incluida la del trabajo doméstico).

Las experiencias más estimulantes de democracia radical, de innovación social y económica, de lucha contra el cambio climático, se están produciendo hoy en las ciudades. Y los intentos más creativos de escalarlas, son las alianzas, las redes, entre ciudades y pueblos, pequeños y grandes, en defensa de las libertades básicas, de los bienes comunes, y de la creación de nuevas instituciones republicanas. “Ciudades rebeldes del mundo, uníos!” sería una consigna del siglo XXI que el genio de Tréveris bien podría haber hecho suya.

Hace dos años, las Naciones Unidas decidieron instaurar el 11 de febrero como Día de las Mujeres y Niñas en la Ciencia. Con ello, se consagraba una conmemoración, pero también una denuncia y un llamado de atención. El año pasado, ni una sola mujer fue galardonada con un premio Nobel en Ciencia. Tampoco el anterior. Desde su primera entrega en 1901, solo el 3% de los casi 600 premios Nobel científicos han recaído sobre mujeres. En Física, los hombres han sido distinguidos en 205 ocasiones y las mujeres solo en 2. En Medicina, se han premiado 202 hombres y 12 mujeres. En Química, 174 hombres y 4 mujeres.

Estas cifras no se justifican por la falta de aportaciones de las mujeres a la ciencia. Mujeres científicas ha habido muchas. Y muy buenas. Comenzando por Hipatia, brillante matemática, astrónoma y filósofa en la Alejandría del siglo IV. Muchas de estas mujeres fueron invisibilizadas, discriminadas y silenciadas por el pensamiento de su época (la propia Hipatia fue asesinada por fanáticos religiosos). Pero su contribución al progreso científico y social ha sido decisiva.

Solo el peso del patriarcado en las sociedades actuales explica que la física austríaca Lisa Meiner (1878-1968) no recibiera el Nobel por el descubrimiento de la fusión nuclear. O que la también física Chien-Shiung Wu (1912-1997) no obtuviera el reconocimiento debido por su refutación de la Ley de Conservación de la Paridad. Y lo mismo podría decirse de Esther Ledesberg (1922-2006), quien contribuyó de manera decisiva a la genética microbiana. O de Dorothy Thomas (1922-2015), impulsora de la técnica para el trasplante de médula ósea.

En España, los pocos avances producidos en los últimos años se han visto eclipsados por retrocesos preocupantes. Las mujeres se gradúan y se doctoran más. Pero solo lideran el 20% de los grupos de investigación. A las dificultades que nuestras científicas tienen que afrontar para conciliar la vida familiar y la dedicación a la investigación, hay que sumar el efecto devastador que los necios recortes en la financiación pública están teniendo en el campo de la ciencia.

Las ciudades no siempre tenemos las competencias y los recursos para revertir esta situación. Pero no podemos permanecer indiferentes. Una ciudad republicana, laica, que se atreva a pensar de forma crítica, como pedía Kant, no puede permitirse desperdiciar el talento y la mirada de nuestras investigadoras. Políticas culturales y educativas, ayudas financieras, premios, congresos internacionales, son herramientas útiles para promover la vocación científica de las mujeres, ya desde pequeñas.

El año pasado, por primera vez, las medallas de honor del Ayuntamiento de Barcelona fueron mayoritariamente para mujeres. Y el discurso en representación de los galardonados fue pronunciado por la oceanógrafa Marta Estrada. Asimismo, estamos aprovechando acontecimientos como el Mobile World Congress para que en barrios y escuelas se debata sobre las necesidades de las mujeres en relación con las nuevas tecnologías digitales. Gracias a un convenio con la prestigiosa Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus iniciales en inglés) Barcelona también promocionará la vocación científica de las mujeres a través de las artes y la cultura. Y en otoño, dedicará una semana específica a talleres y charlas con investigadoras de diferentes edades y orígenes.

Este tipo de iniciativas pueden parecer modestas. Pero son básicas para impulsar otras igualmente necesarias pero menos evidentes, como la promoción de vivienda asequible para acoger científicos y científicas de todo el mundo. La directora del CERN, la física italiana Fabiola Gianotti, recordaba que la ciencia no puede reparar por sí sola las fracturas sociales del mundo actual, pero que sin ella no hay ni progreso ni entendimiento mutuo. La conmemoración del 11 de febrero debería servir para que las administraciones hagamos autocrítica y asumamos un compromiso real con la ciencia. Sería la mejor manera de reconocer la contribución de tantas mujeres a la mejora de la calidad de vida de todos.

Hace ya siete largos meses que los ayuntamientos reclamamos que una reforma justa y negociada de la plusvalía, un impuesto que recaudan pero no regulan los municipios. Son los meses que han pasado desde que el Tribunal Constitucional anuló aquellos artículos de la Ley de Haciendas Locales que someten a tributación situaciones en las que no se registraba aumento de valor de un terreno entre el momento en el que el titular lo adquirió y el momento de su venta.

Desde esa decisión judicial el pasado mes de mayo, los ayuntamientos se encuentran en una situación muy complicada: por un lado están viendo cómo los juzgados y tribunales están anulando la recaudación del impuesto (sin valorar, siquiera, si en cada caso existe o no incremento de valor). Y, por el otro, se ven obligados a paralizar las solicitudes, recursos y declaraciones de los ciudadanos en las que se invoca la inexistencia de incremento de valor.

Todo ello sin posibilidad de modificar el marco legal porque ésta es una iniciativa que corresponde al Gobierno como indica la propia sentencia. A ello hay que añadir la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan los ciudadanos. Por eso, a pesar de la urgencia y necesidad de la reforma, no se entiende cómo ha tardado tanto el gobierno estatal en proponer una primera modificación.

Ahora que por fin llega, la propuesta resulta injusta y mediocre para los ayuntamientos pero también para las personas afectadas. Injusta, porque supone un recorte más, y por la puerta de atrás, a la financiación municipal. Las estimaciones realizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias apuntan a la pérdida de 1 de cada 5 euros de ingresos por este impuesto en caso de aprobarse la propuesta.

Por eso es imprescindible que todo cambio que se proponga venga acompañado de medidas compensatorias para que las corporaciones locales no vean alterada su financiación ni sus políticas públicas. Y esto no ocurre en la modificación que propugna el gobierno del PP. De esta forma, no se está haciendo otra cosa que limitar, si cabe aún más, la autonomía local y pondría en peligro la prestación adecuada de los servicios públicos. Lo que directamente supone una vulneración de los artículos 140 y 142 de la Constitución que hacen referencia a la autonomía de los municipios y a su suficiente financiación.

La responsabilidad de haber diseñado un impuesto que no se ajusta en su totalidad a los principios constitucionales recae en el Congreso de los Diputados, y no es de justicia que sean las corporaciones locales las que paguen, con una merma en sus ingresos, las consecuencias del mal diseño legislativo.

Además, y debido a la Regla de Gasto de la actual Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera –cuya modificación está actualmente en trámite parlamentario y que esperemos llegue a buen puerto-, esta reducción en los ingresos impositivos conllevaría la obligación de reducir el gasto público en la misma cuantía, lo cual empeoraría aún más si cabe la situación.

Por otro lado, la propuesta es también injusta porque perjudica más a unas entidades locales que a otras. Al aplicar coeficientes que responden a un comportamiento general del mercado inmobiliario y no al particular de cada localidad, se producirían situaciones discriminatorias al perjudicar de manera más intensa allí donde el mercado inmobiliario se recuperó antes. Esto ha ocurrido precisamente en las grandes ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población.

De ahí que, en caso de que se aceptase el establecimiento de nuevos coeficientes máximos anuales para la determinación del incremento de valor, estos deberían fijarse de manera individualizada para cada municipio. Así se conseguiría que la propuesta se adaptase a la evolución real del mercado inmobiliario.

Estamos además ante una iniciativa mediocre, que no prevé ningún régimen transitorio. En primer lugar, olvida que el plazo legal que necesitan los ayuntamientos para modificar sus ordenanzas fiscales es de unos dos meses, y no prevé que estas modificaciones se puedan hacer con efectos desde la entrada en vigor de la nueva ley. Además, tiene efectos retroactivos limitados: no van más allá del 15 de junio de 2017, cuando se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional, no ofreciendo solución alguna para las situaciones anteriores no prescritas.

Este olvido de la iniciativa del Gobierno supone que los ayuntamientos deberían hacer frente con sus propios medios a la mayor parte de las devoluciones derivadas de la sentencia, con la consiguiente repercusión en reducciones significativas de políticas sociales y económicas y las de regeneración urbana.

En definitiva, denunciamos esta serie de perjuicios económicos, sociales y administrativos que provocaría la aprobación de la propuesta del Gobierno. Las corporaciones locales ya tienen las manos demasiado atadas como para que ahora un fallo de diseño legislativo producido por el Congreso de los Diputados restrinja aún más el margen de maniobra municipal. Hay alternativas concretas, más justas y sencillas que solucionarían la problemática derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional y que no pondrían en riesgo la prestación adecuada de los servicios públicos municipales. No hacemos otra cosa que reclamar que el gobierno central las atienda.

El aniversario de la Constitución ha pasado con más pena que gloria. Como en el viejo chiste, no puede decirse que la situación sea seria, pero no grave. Al revés: es grave, y poco seria. Como se ha visto recientemente en el Congreso, el fariseísmo constitucional del PP no reconoce límites. Pero si lo puede exhibir con impunidad es porque no ha estado solo en la demolición de los elementos más garantistas del texto del 78. Sacrificó los derechos sociales a los intereses del poder financiero reformando el artículo 135 junto al PSOE. Ha encubierto su propia corrupción gracias a la inhibición de Ciudadanos. Y ha dinamitado la Constitución territorial activando de manera abusiva el artículo 155 con el visto bueno de Coalición Canaria, Ciudadanos y los propios socialistas.

Esta instrumentalización del texto de 1978 ha deteriorado profundamente la cultura de la legalidad. Si desde la cúspide del Estado se la vulnera de manera sistemática, la sensación es que todo vale y la anomia social e institucional crecen.

El deterioro de la legalidad garantista

El caso de Catalunya es paradigmático. Convergència i Unió no estuvo en la reforma exprés del artículo 135. Pero aplicó la austeridad incluso antes de dicha reforma. La Ley Ómnibus impulsada por Artur Mas en 2011 desactivó decenas de leyes progresistas y generó recortes sociales que nunca se revirtieron. Muchas de estas afinidades continuaron con el PDeCAT. La nueva marca convergente apoyó a Rajoy en votaciones clave del Congreso. Y Carles Puigdemont llegó a admitir en su entrevista con Jordi Évole que tenían mucho en común con el PP en temas socio-económicos.

A pesar de estas coincidencias, el PP no dudó en dinamitar la Constitución territorial en Catalunya. Conspiró contra un Estatut que había sido ratificado por la ciudadanía y no ofreció ninguna alternativa razonable. Al final, su legalismo autoritario hizo que el gobierno de Junts pel Sí se sintiera autorizado a ensayar su propia legalidad alternativa. Así, en lugar de reforzar la base social favorable al derecho a decidir y a la ampliación del autogobierno, optó por forzar una ley de “desconexión” con el orden jurídico constitucional y estatutario.

Con el paso del tiempo, esta respuesta se ha revelado como un grave error político. De entrada, porque carecía de alianzas sociales e institucionales suficientes. En Catalunya, pero también en España y en Europa. Miopes en el cálculo de la correlación de fuerzas, estas iniciativas unilaterales podrían haberse contrarrestado por diferentes vías. Pero el PP decidió aprovecharlas para consumar la agresión más grave al principio de autonomía desde la transición y para apuntalar el régimen del 78 en el conjunto del Estado.

La reforma constitucional inviable

Los hechos de Catalunya han agravado la crisis constitucional. Sin embargo, la sensación de que el Régimen del 78 ha recuperado oxígeno, al menos temporalmente, es notoria.

Algunos partidos, como el PSOE, han intentado colocar en el centro del debate la necesidad de reformar la Constitución. El problema es que la reforma, hoy por hoy, o es inviable, o es indeseable. Las mayorías exigidas para reformar la Constitución actual no pueden conseguirse sin el concurso del Gobierno. Y ni el PP ni Ciudadanos están dispuestos a avalar una reforma progresista. Blindar los derechos sociales no está en su agenda. Perfeccionar los mecanismos de lucha contra la corrupción o de participación democrática (incluida la iniciativa ciudadana para enmendar la Constitución), tampoco. Y menos aún consagrar la plurinacionalidad que Pedro Sánchez defendía en campaña y que le permitió recuperar la secretaría general de su partido.

En realidad, todo indica que el PP y Ciudadanos sólo podrían ponerse de acuerdo en una reforma que permitiera blindar las políticas recentralizadoras aplicadas en estos años. Estas medidas, de hecho, han sido una excusa perfecta para cargar el déficit generado por el Estado central a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La Generalitat, atrapada en una suerte de aplicación simultánea del artículo 155 y el 135, lo ha experimentado en carne propia. Lo mismo ha ocurrido con el Ayuntamiento de Madrid y con otros municipios ahogados por las políticas de Montoro.

Pensar nuevas palancas constituyentes

Los signos de una involución anti-social, centralista y autoritaria son numerosos. Pero la resignación sería una manera de facilitarle el camino. Por lo pronto, hay dos cursos de acción impostergables. De entrada, levantar barreras defensivas, cortafuegos, para evitar cualquier operación reformista “deconstituyente” como la del artículo 135. Unidos Podemos y sus confluencias lo han dejado claro: forzarán un referéndum sobre cualquier reforma regresiva que quiera imponerse. Lo segundo es plantear algunas alternativas en positivo, que faciliten un nuevo impulso constituyente, pero que no queden bloqueadas por la dificultad de una reforma constitucional.

El horizonte constituyente, republicano, no debe abandonarse. Pero en el corto plazo, la presión social y la modificación de leyes pueden ser una palanca de cambio más eficaz que una reforma constitucional trampa. Estas leyes pueden ser ordinarias u orgánicas. Estatales o autonómicas. Pero podrían habilitar cambios de fondo que abrirían grietas importantes en el actual régimen de poder.

Pensemos en algunos. Cambiar la legislación electoral para volverla más proporcional. Acabar con la impunidad de casos graves de corrupción. Devolver al Tribunal Constitucional una función garantista, no de partido. Aprobar unos presupuestos y una fiscalidad social y ambientalmente justos. Reforzar derechos sociales básicos y proteger los bienes comunes. Fomentar una reindustrialización inteligente y energéticamente sostenible. Aumentar la inversión en I+D. Mejorar, y no restringir, el autogobierno y la descentralización política. Posibilitar un referéndum en Catalunya.

Nada de esto exige tocar la Constitución. Lo que hace falta es articular mayorías sociales y legislativas alternativas y progresistas. En Catalunya esto sería posible, si se consigue desbordar la política de bloques por una alternativa social y republicana. En el ámbito estatal, es menester construir mayorías que permitan superar el veto del PP y de Ciudadanos. Si el mundo social y sindical presiona y si algunos partidos soberanistas y el propio PSOE revierten su posición y aceptan construir una alternativa, las cosas podrían ser muy diferentes. La aprobación en el Congreso de la proposición de Unidos Podemos dirigida a flexibilizar la regla de gasto de los ayuntamientos con los votos a favor de PSOE, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís, es un ejemplo pequeño, pero significativo.

Construir contrapoderes sociales e institucionales

Hace tiempo que diferentes movimientos sociales y políticos han puesto sobre la mesa la necesidad de generar nuevos procesos constituyentes. Para mantener vivo ese horizonte, lo decisivo es crear contrapoderes que los puedan impulsar. En las calles y en las instituciones. En el ámbito estatal, europeo y local. Este es, de hecho, uno de los grandes retos del municipalismo: demostrar que puede ser una palanca constituyente clave. Que puede contribuir a reforzar la auto-organización social desde abajo y actuar como un contrapoder institucional a la prepotencia de otros poderes públicos y de mercado.

La Constitución de 1978 nació monárquica, bipartidista y antifederal. Estas limitaciones democráticas se compensaron con el reconocimiento de derechos y libertades conquistados gracias a la presión del movimiento antifranquista. La tarea actual es evitar que sus desarrollos más regresivos se consoliden y que los más garantistas se vacíen de contenido. Para ello, no hay que renunciar a ninguna palanca social y hay que incidir en diferentes niveles institucionales.

En efecto, democratizar la democracia, ampliar los derechos de todos, tejer nuevos vínculos plurinacionales, impulsar alianzas para transformar Europa, exige alianzas sociales fuertes, buena pedagogía republicana, e imaginación garantista. Desde mayo del 2011, se ha conseguido mucho. No todo lo que querríamos, pero sí lo suficiente como frenar la restauración y ganar algunas plazas. Ahora hace falta consolidar los espacios conquistados y avanzar con una convicción de fondo: que cada generación tiene derecho a autogobernarse y a dictar su propia Constitución. Y que más temprano que tarde este anhelo se convertirá en realidad.

Fa uns dies, vaig assistir a un acte organitzat a la Universitat de Barcelona a favor de la participació l'1-O. Va ser un acte emotiu. Portava temps sense tornar a la Universitat que em va acollir fa gairebé quinze anys, quan vaig arribar a la ciutat després de viure’n quatre a Madrid. Els estudiants i docents que organitzaven aquest acte venien de xerrades i concentracions festives contra l'escalada repressiva del PP i en defensa del dret a votar i a expressar-se lliurement. En aquestes últimes setmanes, en realitat, hem assistit a Catalunya a manifestacions que no havíem vist en els últims cinc anys. Manifestacions en què les consignes a favor de la independència continuen sent majoritàries. Però a les que darrerament s'ha sumat gent que no és independentista, gent de totes les edats que no comparteix el full de ruta de Junts pel Sí, però que està indignada davant del que considera un inacceptable abús de poder.

I no són només els universitaris. El que es veu als carrers de Barcelona i en molts pobles i ciutats de Catalunya és una eclosió de gent molt diversa que s'ha sentit ofesa, atacada: per la prepotent entrada de policies en diaris i impremtes, per la innecessària requisa de paperetes, de cartells, pel creuer de Piolín ple de guàrdies civils. I parlo, insisteixo, de gent molt diversa: estibadors del port, bombers, artistes, associacions de mares i pares d'escoles, treballadors del món rural, científiques, sindicats de tot tipus, joves que es van implicar en el 15-M.

Els meus propis fills, de deu i quinze anys, han crescut en una casa en la qual s'estima per igual a Machado i a Cortázar, a Ovidi i la Maria Mercè Marçal. I ara surten espontàniament amb la seva cassola cada nit al balcó de casa, cridant entusiasmats que volen votar. No sé si són “sediciosos”, però puc assegurar que no estan “abduïts”, com voldria el fiscal general de l'Estat.

El més gran, de fet, ens va comentar fa dos dies que pensava quedar-se a dormir amb els seus companys al seu institut, per protestar contra l'ordre de precinte de tots els possibles col·legis electorals dictada pel Tribunal Superior de Justícia. Òbviament, l'anunci em va preocupar. Perquè no sabem què passarà diumenge i fins on pensa arribar un govern central que no ha posat cap solució política sobre la taula i que només amenaça amb fiscals i policies. Però també he de reconèixer que vaig sentir cert orgull.

I és que en aquests dies, al carrer, en concentracions improvisades, en petites assemblees de barri, pots trobar gent molt diversa. Joves i senyores grans que defensen el “sí” perquè creuen en la independència, o senzillament perquè consideren que és la millor manera de protestar contra el PP. Gent que no pensa votar, però que sortirà a manifestar-se per impedir el camí de la humiliació a què la vol conduir el govern central. O persones, també, que volen votar que “no”, o en blanc, perquè no se senten interpel·lades per la pregunta binària que se'ls ha plantejat.

Dins dels meus nombrosos dubtes, tinc clara una cosa: no ens podem permetre que aquestes persones, partidàries o no de la independència, se sentin soles en aquests dies. Perquè estic convençut que molts d'aquests petits gestos de protesta, de desobediència civil no-violenta, poden estar posant les bases d’una millor democràcia futura. A Catalunya i més enllà.

Una cosa semblant em va passar aquestes setmanes quan m'arribaven notícies d'actes celebrats a tot l'Estat a favor d'un referèndum a Catalunya. A Madrid, a Sevilla, a València, a Galícia, al País Basc. Actes impulsats per companyes i companys de Podem, d'Esquerra Unida, d'En Marea, defensant amb coratge el dret de catalans i catalanes a votar, així com alcaldes i alcaldesses com Manuela Carmena, Xulio Ferreiro, Martiño Noriega, Jorge Suárez o Pere Santiesteve . Tota aquesta gent increïble que no vol que marxem, però tampoc que ens quedem per la força, i que enfront de l’ominós “a per ells”, ens enviaven missatges per dir-nos: “no esteu sols, estem al vostre costat i junts podem impulsar grans canvis ”.

Enmig de tant de frontisme i de tant de nacionalisme asfixiant, aquests missatges de fraternitat han estat una alenada d'aire fresc. I no només dins d'Espanya. Centenars d'activistes i intel·lectuals progressistes, feministes, ecologistes, d'esquerres, han entès que a Catalunya es disputa una petita batalla per la democràcia de tot el continent. Parlo de gent com Naomi Klein o Boaventura de Sousa Santos, que van escriure articles incisius contra la hipocresia d'un PP que ha perdut tota credibilitat per erigir-se en defensor de la legalitat i en favor de la lliure decisió dels pobles, sense amenaces ni imposicions. Parlo d'amics i amigues que admiro, com Susan George, Yanis Varoufakis o Owen Jones, que després de les fanfarronades del fiscal general van enviar immediatament vídeos de suport, reaccionant com a autèntics brigadistes internacionals del segle XXI.

Sobre aquest escenari de fons se celebrarà l'1-O. Que no serà, per moltes raons, el referèndum necessari per desbloquejar la situació en què ens trobem. No obstant això, moltíssimes dones i homes de conviccions i generacions diferents sortiran al carrer a fer sentir la seva veu, pacífica però determinada. Ho faran com puguin. Amb cassoles, amb pancartes o amb paperetes. Però ho faran. Aquesta voluntat d'auto-determinar-se, de decidir en llibertat, de votar, podrà ser més o menys reprimida. Però no podrà ser ignorada. Ni aquest diumenge ni en els dies que vindran. Perquè comporta una afirmació democràtica, i perquè expressa un digne reflex contra la prepotència i el poder abusiu. És aquest reflex necessari, republicà, precisament, el que més d'hora que tard ens ajudarà a obrir, amb la resta de pobles i gents de la península i d'Europa, nous camins de llibertat, d'igualtat i de convivència fraterna.

Hace unos días, asistí a un acto organizado en la Universidad de Barcelona a favor de la participación en el 1-O. Fue un acto emotivo. Llevaba tiempo sin regresar a la Universidad que me acogió hace casi quince años, cuando llegué a la ciudad tras vivir otros cuatro en Madrid. Los estudiantes y docentes que lo organizaban venían de charlas y concentraciones festivas contra la escalada represiva del PP y en defensa del derecho a votar y a expresarse libremente. En estas últimas semanas, en realidad, hemos asistido en Catalunya a manifestaciones que no habíamos visto en los últimos cinco años. Manifestaciones en las que las consignas a favor de la independencia continúan siendo mayoritarias. Pero a las que últimamente se ha sumado gente que no es independentista, gente de todas las edades que no comparte la hoja de ruta de Junts pel Sí, pero que está indignada ante lo que considera un inaceptable abuso de poder.

Y no son solo los universitarios. Lo que se ve en las calles de Barcelona y en muchos pueblos y ciudades de Catalunya es una eclosión de gente muy diversa que se ha sentido ofendida, atacada: por la prepotente entrada de policías en diarios e imprentas, por la innecesaria requisa de papeletas, de carteles, por el crucero de Piolín repleto de guardias civiles. Y hablo, insisto, de gente muy diversa: estibadores del puerto, bomberos, artistas, asociaciones de madres y padres de escuelas, trabajadores del mundo rural, científicas, sindicatos de todo tipo, jóvenes que se implicaron en el 15-M.

Mis propios hijos, de diez y quince años, han crecido en una casa en la que se ama por igual a Machado y a Cortázar, a Ovidi y a Maria Mercè Marçal. Y ahora salen espontáneamente con su cacerola cada noche al balcón de casa, gritando entusiasmados que quieren votar. No sé si son “sediciosos”, pero puedo asegurar que no están “abducidos”, como querría el Fiscal General del Estado.

El mayor, de hecho, nos comentó hace dos días que pensaba quedarse a dormir con sus compañeros en el instituto, para protestar contra la orden de precinto de todos los posibles colegios electorales dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Obviamente, el anuncio me preocupó. Porque no sabemos que pasará el domingo y hasta dónde piensa llegar un Gobierno que no ha puesto ninguna solución política sobre la mesa y que solo amenaza con fiscales y policías. Pero también debo reconocer que sentí un cierto orgullo.

Y es que en estos días, en la calle, en concentraciones improvisadas, en pequeñas asambleas de barrio, puedes encontrarte a gente muy diversa. A jóvenes y a señoras mayores que defienden el “sí” porque creen en la independencia, o sencillamente porque consideran que es la mejor forma de protestar contra el PP. A gente que no piensa votar, pero que saldrá a manifestarse para impedir el camino de la humillación a la que quiere conducirla el Gobierno. O a personas, también, que quieren votar que “no”, o en blanco, porque no se sienten interpeladas por la pregunta binaria que se les ha planteado.

Dentro de mis numerosas dudas, tengo clara una cosa: no podemos permitirnos que estas personas, partidarias o no de la independencia, se sientan solas en estos días. Porque estoy convencido de que muchos de estos pequeños gestos de protesta, de desobediencia civil no-violenta, pueden estar sentando las bases para una mejor democracia futura. En Catalunya y más allá.

Algo parecido me pasó estas semanas cuando me llegaban noticias de actos celebrados en todo el Estado a favor de un referéndum en Catalunya. En Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Galicia, en Euskadi. Actos impulsados por compañeras y compañeros de Podemos, de Izquierda Unida, de En Marea, defendiendo con coraje el derecho de catalanes y catalanas a votar, al igual que alcaldes y alcaldesas como Manuela Carmena, Xulio Ferreiro, Martiño Noriega, Jorge Suárez o Pedro Santiesteve. Toda esa gente increíble que no quiere que nos vayamos, pero tampoco que nos quedemos por la fuerza, y que frente al ominoso “a por ellos”, nos enviaban mensajes para decirnos: “no estáis solos, estamos a vuestro lado y juntos podemos impulsar grandes cambios”.

En medio de tanto frentismo y de tanto nacionalismo asfixiante, estos mensajes de fraternidad han sido una bocanada de aire fresco. Y no solo dentro de España. Centenares de activistas e intelectuales progresistas, feministas, ecologistas, de izquierdas, han entendido que en Catalunya se disputa una pequeña batalla por la democracia de todo el continente. Hablo de gente como Naomi Klein o Boaventura de Sousa Santos, que escribieron artículos incisivos contra la hipocresía de un PP que ha perdido toda credibilidad para erigirse en defensor de la legalidad y a favor de la libre decisión de los pueblos, sin amenazas ni imposiciones. Hablo de amigos y amigas que admiro, como Susan George, Yanis Varoufakis u Owen Jones, que tras las bravuconadas del Fiscal General enviaron de inmediato videos de apoyo, reaccionando como auténticos brigadistas internacionales del siglo XXI.

Sobre este escenario de fondo se celebrará el 1-O. Que no será, por muchas razones, el referéndum necesario para desbloquear la situación en la que nos encontramos. No obstante, muchísimas mujeres y hombres de convicciones y generaciones distintas saldrán a la calle a hacer sentir su voz, pacífica pero determinada. Lo harán como puedan. Con cacerolas, con pancartas o con papeletas. Pero lo harán. Esa voluntad de auto-determinarse, de decidir en libertad, de votar, podrá ser más o menos reprimida. Pero no podrá ser ignorada. Ni este domingo ni en los días que vendrán. Porque encierra una afirmación democrática, y porque expresa un digno reflejo contra la prepotencia y el poder abusivo. Es este reflejo necesario, republicano, precisamente, el que más temprano que tarde nos ayudará a abrir, junto al resto de pueblos y gentes de la península y de Europa, nuevos caminos de libertad, de igualdad y de convivencia fraterna.

La por és un sentiment humà. Massa humà. I en aquests dies ens ha assaltat implacable, com un cop de puny ferotge a la boca de l'estómac. La por a no entendre res. De veure les cares espantades corrent sense rumb per les Rambles, per uns carrers que eren els nostres carrers. La por a li hagués passat alguna cosa a un ésser estimat. La por a no poder plorar, a no poder posar paraules al que estava passant. A quedar-nos sols en una ciutat amb por.

I no obstant això, el mateix cop atroç que ens pretenia paralitzar ens va despertar. Va activar a la ciutat una reacció si de cas imprevista, que va començar amb alguns gestos petits, senzills, i que la van ajudar a mantenir-se en peu. Els de les desenes de dones i homes, policies, bombers, treballadores dels serveis d'emergència, de neteja, que de manera immediata van guanyar les Rambles per socórrer les víctimes. Els de les veïnes i veïns que es van afanyar a obrir les portes de les seves cases, dels seus bars, dels seus comerços, per atendre-les. Els dels que es van amuntegar davant dels hospitals per donar sang i fer sentir a les persones ferides i les seves famílies que no estaven soles.

Aquests gestos van connectar amb la millor tradició cooperativa i d'ajuda mútua que Barcelona ha anat construint al llarg del temps. I van permetre a la ciutat desfer-se del nus llòbrec que tenia instal·lat a la gola per recuperar la seva veu. Primer, com una remor suau, expressada a través dels incomptables memorials improvisats a les voreres per gent de diferents procedències i edats. Espelmes, dibuixos, flors, peluixos, frases gargotejades amb guix sobre les rajoles o sobre l'escorça d'algun arbre. Més tard, a través d'un crit col·lectiu. De dolor, de ràbia, però també d'una gran dignitat: “no tenim por”.

Cridar que no tenim por no suposa que la consternació s'hagi esvaït de cop i volta, o que puguem prescindir del dol. Vol dir que la por no prevaldrà. Que el terror no aconseguirà imposar els seus propòsits. Per una raó senzilla. Perquè paradoxalment, els que han pretès destruir tots els ponts, han acabat per generar-ne molts més.

“No tenim por” ha estat el crit d'una ciutat que es nega a veure en cada veí i veïna, en qui acaba d'arribar, una amenaça constant, un potencial sospitós. Ha estat el missatge d'una ciutat que sap distingir perfectament entre la majoria que professa una creença i respecta la vida, i una minoria fanatitzada que postula una ideologia que ofèn els principis ètics elementals de qualsevol religió.

“No tenim por” vol dir que sabem que el terror no sap de fronteres. Que pot matar a París, Londres, Nova York o Madrid. Però que també pot acarnissar-se amb Nairobi, Marràqueix, Bagdad o Kabul. I és per això, perquè, sabem que el terror no sap de fronteres, que no deixarem d'obrir les portes als que fugen de la mateixa barbàrie que ens ha colpejat aquests dies. Les famílies que omplien les habitacions dels nostres hospitals, originàries de països molt diversos, eren les nostres famílies. Les que es deixen la vida a la Mediterrània o en els murs infames amb què els rebem, també ho són. Els carrers de Barcelona ho van dir fa uns mesos i ho han tornat a repetir ara: la nostra casa comuna només té raó de ser mentre aspiri a ser la casa de tots.

Per això diem que no tenim por. Perquè sabem distingir entre víctimes i botxins. Perquè ens esgarrifa i ens interpel·la, per exemple, que els joves que van perpetrar els atemptats, tot just uns xavals, haguessin nascut a les nostres ciutats o crescut a les nostres escoles. Perquè sabem que malgrat els crims horribles que van cometre, són només una baula d'una cadena de responsabilitats que no és possible silenciar. La primera, la dels autèntics senyors de la guerra. Els que trafiquen amb la mort. Els que tanquen negocis amb els fanàtics, emparant el terror que després condemnen amb hipocresia.

Per això, perquè sabem que els fets de Barcelona, de Cambrils, d'Alcanar o de Ripoll, no s'expliquen només per la captació sectària d'un grup de joves, no acceptarem que el nostre dolor sigui utilitzat per atiar l'odi entre pobles i creences. Barcelona és una ciutat mediterrània acostumada a mobilitzar-se contra la intolerància. Ho va fer en temps molt durs, contra el nazisme i el feixisme. Va tornar a sorprendre el món quan va omplir els carrers, fa pocs anys, en un únic clam contra la guerra. I tornarà a fer-ho, les vegades que calgui, per impedir que la islamofòbia, l'antisemitisme, o qualsevol forma de racisme o xenofòbia posin en dubte un model de convivència i una voluntat de pau a la qual no renunciarem.

Els atemptats terroristes que ens han sacsejat amb tanta duresa van tenir lloc un dia abans de l'aniversari de l'assassinat de Federico García Lorca. Aquesta tràgica coincidència ens ha permès recordar els versos en què el poeta granadí escrivia que la Rambla era “la única calle de la tierra que desearía que no se acabara nunca”. Moltíssims catalans, moltíssims barcelonins i barcelonines, moltíssima gent que ens visita cada any, compartim aquest sentiment. I així serà. Malgrat les ferides obertes, tornarem a “Voltar per les Rambles”, com cantava Quimi Portet.

Sabem que res no serà igual. Que el cop ha estat terrible i que deixarà cicatrius. Però també sabem que ens obliga a construir una ciutat millor. Una ciutat aixecada precisament sobre els valors que hem reforçat aquests dies: la solidaritat, el respecte per la diversitat, la confiança en els altres. Aquest canvi ha de començar a cada barri, a cada plaça. Perquè els carrers, l'espai públic compartit, són un antídot poderós contra les passions tristes que l'odi pretén imposar. El que ens recorda que no estem sols. I que reafirmar-nos com a ciutat oberta, de pau, pot ser un projecte meravellós, que només té sentit emprendre junts, amb alegria i amor per la vida.