La imagen es impactante. Un visiblemente envejecido Julian Assange, con una tupida barba blanca y gesto de desesperación, es arrastrado fuera de la embajada de Ecuador en Londres por la policía metropolitana de la capital británica. Tras casi siete años asilado en la misión diplomática, el ciberactivista australiano fue entregado este jueves a Scotland Yard, que lo arrestó tras una petición de extradición de Estados Unidos.

De esta forma, Ecuador ha pasado de defender la integridad y el legado del creador de Wikileaks, que en 2010 reveló documentos clasificados de Washington sobre las guerras de Irak y Afganistán, a considerarlo una piedra en el zapato para su política exterior.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, el presidente del país andino, Lenín Moreno, aseguró que “la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite”. Las reiteradas intromisiones de Assange en los asuntos internos de países como España o Estados Unidos fueron la razón fundamental del distanciamiento entre el activista y el Gobierno ecuatoriano, que le concedió asilo en 2012 bajo el mandato de Rafael Correa.

En su alegato, Moreno se quejó de haber heredado esta situación de su antecesor, con quien ha mantenido una agria disputa política desde que llegó a la presidencia en 2017. A pesar de alcanzar el poder con el apoyo de Correa, de quien fue vicepresidente entre 2007 y 2013, Moreno acometió un proceso de 'descorreización' del Estado del que no ha escapado la política exterior ecuatoriana.

El apoyo al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, o la reciente retirada de la UNASUR, organización impulsada por dirigentes como Hugo Chávez, Néstor Kirchner o Lula, son prueba de ello. A través de un mensaje en Twitter, Correa calificó a su exdelfín Moreno como “el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana”.

La decisión de conceder el asilo diplomático a Assange, que desde finales de 2017 y hasta este miércoles también contaba con nacionalidad ecuatoriana, se enmarcó dentro del distanciamiento de Correa y otros líderes progresistas latinoamericanos con respecto a Estados Unidos, tradicional gendarme de la región. El ciberactivista alegaba que EEUU le quería llevar ante la justicia por las filtraciones de Wikileaks y el entonces presidente ecuatoriano le ofreció asilo en su embajada en Londres.

El fin del mandato de Correa y el viraje llevado a cabo por Moreno puso en duda la continuidad del estatus de protección otorgado al australiano, que era reclamado por Suecia debido a una acusación de delitos sexuales.

La precaria situación de Assange en la Embajada empeoró tras la revelación por parte de Wikileaks de correos electrónicos del Partido Demócrata en el marco de las elecciones estadounidenses en 2016. Más tarde, los tuits del activista defendiendo la independencia de Cataluña y criticando al Gobierno español tensaron aún más la cuerda. Quito decidió cortar las comunicaciones de Assange e implementar un estricto protocolo de conducta que limitaba las visitas que podía recibir en la legación diplomática. Además, entre las medidas impuestas se especificaba que el activista debía hacerse cargo de la limpieza del baño y mejorar las condiciones de higiene de su gato. La situación llegó a ser tan tensa que, en diciembre del pasado año, Moreno invitó públicamente a Assange a abandonar la Embajada.

Finalmente, la revelación de Wikileaks a finales de marzo sobre la investigación que la Asamblea de Ecuador estaba llevando a cabo sobre un supuesto caso de corrupción contra Lenín Moreno fue la gota que colmó el vaso. La trama respondía a los conocidos como INA Papers, que vinculan al presidente latinoamericano con la compra de una casa en España a través de una empresa offshore con sede en Panamá.

Las críticas contra Assange se multiplicaron y el tema de los gastos derivados de su asilo se convirtió en asunto recurrente en la opinión pública del país andino, que identificaba al australiano con la década correísta. Entre 2012 y 2018, Ecuador gastó 5,5 millones de euros en la seguridad y manutención del hacker, según datos oficiales.

El acercamiento de Moreno a Estados Unidos, puesto de manifiesto con las visitas de Paul Manafort, jefe de campaña de Donal Trump, y Mike Pence, vicepresidente norteamericano, así como el reciente acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, allanaron el camino para la decisión tomada este jueves.

“La entrega de Julian Assange a la policía británica y su pérdida de estatus de asilado hay que entenderla en el contexto del cambio de orientación de los países latinoamericanos respecto a la geopolítica internacional”, afirma el analista Decio Machado. “En los últimos tres años se ha producido un giro desde una órbita pro-China a un regreso hacia la esfera clásica de la hegemonía estadounidense. No es algo específico de Ecuador, está ocurriendo en Brasil, Argentina y Chile. Y es posible que con las elecciones de este año en Bolivia y Uruguay estos países sigan el mismo camino. Solo dentro de este cambio conservador se entiende el nivel de entreguismo político del gobierno de Lenín Moreno a los intereses estadounidenses”, recalca.

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, José Valencia, anunció este jueves que Reino Unido se comprometió por escrito a no extraditar a Assange a un tercer país en el que pueda ser torturado o condenado a muerte, como es el caso de Estados Unidos. No obstante, Machado no descarta que este compromiso sea incumplido. “El Canciller de Ecuador, que ha negado hasta horas antes que la expulsión de Assange de la Embajada se iba a producir, dice ahora que hay un acuerdo con Londres para no extraditar a Assange a Estados Unidos. Para mí, no tiene ninguna credibilidad”, declara el analista político.

“Evidentemente, la retirada del asilo a Assange es una demanda de los norteamericanos desde hace 7 años, cuando llegó a la embajada. Ahora está en manos de Scotland Yard, pero no sabemos dónde estará mañana”, concluye Machado.

En cualquier caso, la presidencia de Ecuador afirmó poco después del arresto que Assange “no tiene al presente ningún pedido de extradición del que tenga conocimiento el Estado ecuatoriano”. Minutos después, la policía británica confirmó que la detención respondía a una petición estadounidense.

Hubo un tiempo en que el páramo de Quimsacocha, situado a más 3.500 metros de altitud en el sur de Ecuador, era un lugar desconocido del que casi nadie había oído hablar. Los habitantes de las comunidades vecinas, ubicadas ladera abajo, apenas lo visitaban para llevar a pastar a su ganado. Algunos contrabandistas atravesaban sus inhóspitos caminos para transportar artículos prohibidos desde la costa del Pacífico hasta la andina Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país.

Pero todo cambió hace dos décadas, cuando los lugareños comenzaron a ver a gente desconocida merodear por el páramo, removiendo la tierra en busca de metales preciosos. Fue el inicio de una larga resistencia contra el proyecto minero Loma Larga que podría culminar este domingo 24 de marzo, con la primera consulta popular ambiental vinculante de la historia del país, que tendrá lugar en el ecuatoriano cantón de Girón.

“Son 20 años de lucha en defensa del agua, en defensa de los páramos, en defensa de Quimsacocha”, recuerda Virgilio Ramón, presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, perteneciente a la provincia de Azuay. “El páramo es fuente de agua para la parte baja, por eso estamos en contra de la minería. Ahora estamos muy felices con esta consulta porque sabemos que el pueblo de Girón y las demás comunidades van a arrimar el hombro para decir 'no' a la minería”, asevera Bolívar Quezada, coordinador de la misma organización, promotora de la consulta.

El referéndum, que coincidirá con la celebración de las elecciones municipales y provinciales ecuatorianas, planteará a los más de 15.000 votantes de Girón la siguiente pregunta: '¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?'.

“Sabemos que 8 de cada 10 personas están en contra de la minería, por eso el Gobierno y las empresas no quieren que se dé la consulta, porque va a deslegitimar sus proyectos, sus engaños, sus falacias”, declara Yaku Pérez, reconocido líder indígena originario de una comunidad cercana al proyecto minero. Pérez, que ahora se presenta como candidato para gobernar la provincia de Azuay, ha sido una figura clave en la resistencia antiminera. En 2011, organizó una consulta comunitaria en otras dos poblaciones afectadas por Loma Larga, donde el 93% de los participantes dijo no a la explotación.

Sin embargo, el presidente de aquel entonces, Rafael Correa, desestimó los resultados alegando que el proceso no había seguido los cauces constitucionales. Fue entonces, en 2012, cuando los activistas de Girón decidieron impulsar un referéndum siguiendo todos los requerimientos legales. Tras siete años plagados de trabas burocráticas, este domingo por fin llegará el día de la consulta, que fue aprobada en enero por el Consejo Nacional Electoral.

Quimsacocha, que significa 'Tres Lagunas' en kichwa, es un humedal andino situado sobre una caldera volcánica que abarca más de 10.000 hectáreas. Allí nacen numerosos ríos que abastecen a las poblaciones cercanas, incluida Cuenca, con más de 300.000 habitantes. Bajo su superficie yacen 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre.

El proyecto minero, concesionado a la empresa canadiense INV Metals, ha generado múltiples controversias debido a la importancia hídrica del territorio donde se asienta. Sus detractores, que han impulsado la consulta popular, temen que la explotación contamine para siempre las fuentes de agua. Enfrente, los partidarios de la extracción esperan que la presencia de la empresa minera traiga “desarrollo” y trabajo a una región deprimida en la que muchos de sus habitantes han migrado a Estados Unidos o España en busca de una vida mejor.

“La minería genera empleo, salud y educación para nuestros hijos. Nos permite sobrevivir acá, sin tener que migrar a otro lado. En el caso de las familias, los esposos están cerca. Todos los días salen y regresan del trabajo”, afirma Reveca Nieves [sic], presidenta del Sistema de Agua Potable de San Gerardo, el núcleo de población del cantón de Girón más cercano al proyecto minero.

“En los años 70 y 80 mucha gente se fue, dejaron la agricultura para irse a Estados Unidos”, reitera esta mujer de 47 años, que destaca las obras realizadas en su pueblo con las regalías de la empresa minera.

Un pueblo dividido

San Gerardo es un pequeño asentamiento rodeado de montañas con una población aproximada de mil habitantes. A diferencia de muchas aldeas andinas de Ecuador, cuenta con calles adoquinadas, un moderno centro de salud, alcantarillado y agua potable. Todo ello fue construido durante el Gobierno de Correa con una inversión de 3,5 millones de dólares proporcionados por la multinacional canadiense. Estas mejoras en sus infraestructuras, unidas a los puestos de trabajo que ha generado para la población local, ha hecho que muchos de sus habitantes se posicionen a favor de la explotación.

No obstante, en el pueblo se respira un ambiente de fuerte división entre partidarios y detractores de la minería. Lo confirma Manuela Arévalo, una modesta campesina que se dedica a la agricultura y a la ganadería en San Gerardo. “Aquí vivimos de sembrar hortalizas, tenemos vacas que dan leche. Cuando entre la minería, no va a haber agua, vamos a tener contaminación y no podremos criar a nuestros animales”, lamenta la mujer de 62 años, preocupada por que la empresa pretenda ganar adeptos a cambio de “regalar ovejas y pollos” a los pobladores.

En la actualidad, Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada. La consulta popular decidirá si se progresa a la siguiente etapa: la explotación. Para ello, sería necesario excavar un túnel que lleve hasta la veta subterránea que contiene los preciados minerales, situada a aproximadamente 120 metros de profundidad.

Según INV Metals, la explotación requerirá extraer 3.400 toneladas diarias de material sobrante de las entrañas de la montaña durante los 12 años de vida útil de la mina. Es una cantidad de desechos equivalente a la basura diaria que generó toda la ciudad de Madrid en 2015.

“Quimsacocha es un sistema hidrológico muy complejo que almacena millones de metros cúbicos de agua. Realizar actividades de alto impacto como la minería es prácticamente asestarle un golpe mortal”, presagia Kléver Calle, integrante del colectivo ecologista Yasunidos Guapondelig.

“Vamos a tener agua contaminada, porque el yacimiento minero no solo tiene oro, plata y cobre, que es lo que busca la compañía minera, sino que también tiene sulfuros porque es un volcán inactivo. Eso genera ácido sulfúrico, que va arrastrando metales pesados como el arsénico, que en el caso del yacimiento contiene del 8 al 12%. Estamos hablando de una catástrofe ambiental”, remarca el activista.

Pese a las negativas predicciones de los ecologistas, algunos habitantes de San Gerardo continúan siendo favorables a la explotación minera, si bien no temen expresar sus reservas. Es el caso de Salvador Arévalo, miembro del Gobierno local de San Gerardo. “Se sabe que toda minería perjudica, pero la empresa habla de una minería responsable, de una minería bien tecnificada”, manifiesta este hombre de robustas manos, ataviado con un sombrero negro.

“Todo lo que dicen lo tienen que cumplir. Y si no se da eso, nosotros como pueblo tendríamos que levantarnos también”, advierte Arévalo, que trabajó para INV Metals como transportista después de regresar de Nueva York, donde vivió como inmigrante durante siete años.

Los pronósticos apuntan a una victoria del 'no'

Loma Larga fue catalogado por el Gobierno de Quito como uno de los cinco proyectos estratégicos que pretendían convertir a Ecuador en un país minero. El Estado esperaba obtener 554 millones de dólares en impuestos por su explotación, además de la creación de 1.450 puestos de trabajo. Ahora, la incertidumbre generada por la consulta pone en duda la viabilidad de la iniciativa.

Por su parte, es posible que la compañía canadiense, que según el presidente de la Cámara de Minería del Azuay ya ha gastado más de 100 millones de dólares en el proyecto, recurra a los tribunales internacionales para demandar a Ecuador por no garantizar su inversión.

“La empresa está muy asustada porque siempre ha operado fuera de lo que piensan las comunidades. Ha interpuesto acciones legales para impedir la consulta y podría llamar al boicot”, asegura Nataly Torres, profesora de la Universidad de Cuenca.

Pese a los múltiples obstáculos encontrados en el camino, finalmente el referéndum sobre el proyecto minero tendrá lugar este domingo. Los pronósticos apuntan a una clara victoria del 'no', pero no está tan claro qué ocurrirá después. El carácter vinculante de la consulta obliga al Estado a respetar la decisión popular, pero INV Metals podría modificar el proyecto para alejarlo de la jurisdicción territorial de Girón y llevarlo a un municipio aledaño, ya que el páramo de Quimsacocha está dividido entre varios cantones. De lo que sí están seguros los activistas es que la votación marcará un precedente en la lucha contra la minería en el país andino.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar la consulta popular. Pero tampoco nos podemos confiar: van a circular chorros de dinero para comprar conciencias. Porque si se cae el proyecto de Quimsacocha, para las mineras es una chispa que va a permitir prenderse la llama de la resistencia en el resto de zonas del país”, augura Yaku Pérez, quien también puede convertirse en gobernador provincial este domingo.

Este año se cumple el décimo aniversario de la histórica Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que trataba de blindar el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Sus circunstancias particulares y su sufrimientos histórico merecían el reconocimiento expreso de estos, pero, 10 años después, no hay mucho que celebrar, denuncia Álvaro Pop, activista indígena y expresidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

“Los pueblos indígenas son cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza”, lamenta Pop. Este maya q'eqchi guatemalteco es, desde enero, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, un cargo más en toda una vida dedicada a la lucha por los derechos de los pueblos originarios.

Desde su altavoz trata de desterrar mitos e insiste en la importancia de los pueblos indígenas para la supervivencia del planeta. “Somos una minoría global que alberga en sus territorios el 70% de la capacidad forestal y el 50% de la biodiversidad del mundo”, recuerda en una entrevista con eldiario.es. Los desafíos que afrontan estas comunidades, insiste, aún son muchos: desde el cumplimiento del derecho a la consulta hasta el fin de la persecución de las poblaciones locales, así como un modelo de desarrollo alternativo.

El concepto de “modernidad” importado de Europa es, a juicio del experto, uno de los principales problemas en la vida de los pueblos a los que representa. “Occidente, con su concepto de modernidad, insiste en los derechos individuales, la democracia individual, la economía individual, olvidándose de que no podemos existir sin la colectividad”, lamenta este corpulento indígena de 48 años.

Desde el desierto de Sonora hasta Tierra del Fuego, los pueblos originarios representan el 10% de la población total de América Latina, con alrededor de 50 millones de personas, según Naciones Unidas. Repartidos en cientos de comunidades a lo largo de Abya Yala –nombre ancestral que engloba al continente americano–, los primeros pobladores habitan entornos tan diversos como la imponente selva amazónica, los gélidos páramos andinos o las paradisíacas costas caribeñas.

Sin embargo, muchos de ellos enfrentan amenazas similares. Los proyectos de extracción de recursos naturales, ya sean mineros, petroleros o hidroeléctricos, conllevan en muchas ocasiones, recuerda Pop, el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Cuando estas oponen resistencia, suelen ser perseguidas, encarceladas o asesinadas. Ocurre a menudo en México, Honduras o Brasil, pero también en países con gobiernos progresistas como Ecuador.

Según Pop, la falta de protección de los pueblos indígenas se debe a prácticas neocoloniales asociadas a la proliferación de “gobiernos corporativos que mantienen relaciones incestuosas con las empresas”. Esta prevalencia de los intereses de inversores extranjeros sobre el bienestar de las poblaciones locales conlleva entonces que “los pueblos indígenas sean cada vez más violados, más explotados, más excluidos, obligados a migrar a los centros urbanos y a morirse en la pobreza, perdiendo sus idiomas”, denuncia el que fue en 2016 presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Frente a un modelo de desarrollo que permite que comunidades situadas alrededor de una central hidroeléctrica no tengan luz en sus casas, Pop esgrime las alternativas propuestas por los pueblos originarios. Entre ellas destaca el Buen Vivir, o Sumak Kawsay, surgido en los Andes. “Esta práctica de vida debería hacernos reflexionar para que reconozcamos formas de pensamiento vinculadas a la naturaleza y a la colectividad”, sostiene.

En cualquier caso, Pop desmarca a los pueblos originarios del ecologismo. “El planteamiento ecologista ve a la naturaleza allá y al humano acá, y el humano tiene que proteger a la naturaleza. El planteamiento de los pueblos indígenas no es así. Nosotros estamos dentro y, por lo tanto, queremos que nuestro mundo se mantenga”, aclara.

“La obligación de consultar a los pueblos no se cumple”

A punto de cumplirse del décimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pop estima que los avances jurídicos han sido importantes, pero no han solucionado los problemas. “Las normas internacionales y nacionales obligan a los Estados a construir mecanismos de diálogo y consulta mediante la participación de los pueblos indígenas, pero esto en la práctica no se cumple”, afirma.

El derecho a la consulta previa, libre e informada, que otorga a las comunidades afectadas por proyectos extractivistas el poder decisión sobre sus territorios, es uno de los más vulnerados. No obstante, existen casos recientes que muestran un cambio de tendencia, como el de la comunidad campesina de Cajamarca, en Colombia, que dijo 'no' a la minería en una consulta popular celebrada en marzo.

A Pop no le extraña que las poblaciones rurales de América Latina se opongan a las iniciativas mineras. “No hay un solo ejemplo de un lugar donde hubo una mina de oro o de plata y hoy haya un jardín”, expresa en referencia a las promesas que realizan gobiernos y compañías mineras sobre la reforestación de los territorios explotados.

“Existe la minería responsable, pero responsable solo ante sus accionistas. Las empresas que explotan recursos lo único que quieren son dividendos, bajo ese concepto se olvidan de las personas que viven ahí, se olvidan de la posibilidad del rescate de la naturaleza”, señala.

“La creencia de que no aportamos es falsa”

Debido a esa resistencia que muchos pueblos indígenas mantienen ante los proyectos de extracción de recursos naturales, abundan los gobiernos que los tildan de obstaculizar el desarrollo. Lo mismo ocurre con buena parte de las poblaciones mestizas urbanas de América Latina, quienes priorizan la creación de empleo y la llegada de recursos económicos sobre los derechos de los pueblos a decidir sobre sus territorios.

Frente a esta extendida percepción que caricaturiza a los indígenas como enemigos del progreso, Pop arguye que el desarrollo económico de buena parte del planeta debe mucho a las comunidades nativas. “Los pueblos indígenas han ayudado y sostienen las economías de casi todos los países de América Latina y del mundo”, asegura. “Nos dedicamos a la agricultura y a la pesca, nuestras economías están muy vinculadas a la tierra. Por eso la creencia de que no aportamos y que somos dependientes es falsa”.

Pop reconoce que los pueblos indígenas también tienen que hacer autocrítica en algunos aspectos, como en relación a los derechos de las mujeres. “Por supuesto que hay machismo en las comunidades, hay desigualdad en la toma de decisiones”, asume este politólogo maya, que valora los aportes de mujeres indígenas vinculadas al feminismo comunitario.

Frente a los retos que los pueblos originarios tienen por delante, Pop considera que el más acuciante de ellos es la transformación de los Estados latinoamericanos en entes que garanticen el cumplimiento de los derechos indígenas. Además, plantea la necesidad de buscar una tercera vía que permita superar la “disyuntiva mortal” que obliga a elegir entre extractivismo sí o extractivismo no.

“Sin la explotación de los recursos no hay futuro porque nos quedaríamos sin teléfonos celulares y sin energía eléctrica, pero tampoco hay futuro haciéndolo. Por eso hay que construir una tercera vía para el desarrollo en donde el bienestar de todos incluya el bienestar de los pueblos indígenas, donde seamos reconocidos como ciudadanos de primera categoría”, concluye.

En 2008, Ecuador dijo 'no' a los transgénicos. Este país andino es el único en Sudamérica que los prohíbe en su Constitución, en una región donde se encuentran el segundo y el cuarto mayor productor mundial de organismos modificados genéticamente (OGM): Brasil y Argentina. La carta de más de un centenar de ganadores del Premio Nobel defendiendo su consumo, y acusando a la ONG Greenpeace de crímenes contra la humanidad por oponerse a ellos, ha encendido de nuevo el debate sobre si Ecuador debe rebajar su oposición a los transgénicos o mantenerse firme.

Ecuador ya ha vivido intensas discusiones al respecto. Tras declarar al país “libre de cultivos y semillas transgénicas” con la Carta Magna de 2008, el presidente Rafael Correa planteó la posibilidad de reconsiderar dicha prohibición. “Las semillas genéticamente modificadas pueden cuadruplicar la producción y sacar de la miseria a los sectores más deprimidos”, declaró en 2012. Sin embargo, la reforma constitucional nunca se acometió.

Otros países también se han mostrado reticentes al cultivo de transgénicos, como es el caso de Perú, que aprobó en 2012 una moratoria de diez años en la entrada de OGM a su territorio.

“Que yo sepa, esos premios Nobel que están apoyando a la agroindustria no son ni campesinos ni expertos en temas agrícolas”, expresa Javier Carrera, coordinador de la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador. “Ha habido una presión muy fuerte por parte del sector agroindustrial para conseguir que estos científicos se unan a esta campaña”, añade este permacultor de 41 años, quien se opone a los transgénicos porque “tal y como está manejada la industria de la ingeniería genética hoy en día, no hay ningún beneficio directo en ningún modo posible”.

En su misiva, los 109 científicos opinaban que los alimentos modificados genéticamente podrían ser la clave para acabar con la desnutrición en el planeta. “Los transgénicos no son la solución del hambre en el mundo”, respondió Greenpeace, que recordó que “la inmensa mayoría de los cultivos transgénicos comercializados (cerca del 80%) actualmente se destina a piensos para animales y biocombustibles”.

Javier Carrera insiste en que no está en contra de la biotecnología, sino del modelo actual gobernado por unas pocas multinacionales como Monsanto, Dow-DuPont o Syngenta, recientemente comprada por el Estado chino. “La ciencia en sí podría ser útil si estuviera ligada a una investigación independiente que beneficiara los intereses de la población, pero lo que ocurre es que toda la investigación transgénica está al servicio de los intereses de la agroindustria”.

Carrera dedica su vida a velar por la supervivencia de unas semillas que, según él, están más amenazadas que nunca por el avance del monocultivo de exportación y los transgénicos. “Desde los años 60 con la llamada revolución verde y la llegada de los agroquímicos, la humanidad ha perdido el 75% de las variedades de semillas por la erosión genética”, asegura. “De seguir así podríamos llegar a un cuello de botella biológico en el que tendremos menos del 1% de las semillas que heredamos”, predice el también miembro de la red latinoamericana Semillas de Libertad.

Proceso de selección de semillas

Los argumentos de Carrera son desechados por los defensores de los OGM. El investigador ecuatoriano César Paz-y-Miño está convencido de que la introducción de los alimentos transgénicos en Ecuador podría contribuir al desarrollo del país. “Defiendo la tecnología transgénica como una herramienta para conseguir productos útiles para la humanidad, que sean además de acceso fácil para las personas que lo necesitan”, esgrime este especialista en genética médica graduado en la Universidad Autónoma de Madrid.

“El problema es que los OGM se asocian perversamente con empresas transnacionales como Monsanto, pero los transgénicos son más que eso: son aportes tecnológicos y posiblemente, si se los maneja con ética y olvidándose del tema financiero, podrían ser una buena solución para problemas del hambre en varias partes del mundo”, expone Paz-y-Miño, quien considera la prohibición constitucional en Ecuador un “absurdo tremendo” producto de “la moda ecologista”.

Para este profesor de la Universidad de las Américas, los OGM suponen un salto cualitativo en la investigación científica, pues permiten acelerar el proceso de selección de semillas llevado a cabo por el campesinado desde hace milenios. “La transgénesis es una alternativa rápida a esa selección tradicional de las semillas más aptas, facilita obtener productos de mejor calidad, más resistentes a los cambios ambientales que estamos viviendo”, argumenta este biomédico de 58 años. “Países como Ecuador deberían desarrollar estos organismos por sí mismos para solucionar sus problemas específicos, tenemos la tecnología para hacerlo”, afirma Paz-y-Miño, reconocido en su país como “Científico del Año” en 2015.

Los escépticos de los transgénicos tienen claro que el futuro del Sur Global no pasa por la adopción de esta biotecnología. En su carta, los 109 Nobel se referían al arroz dorado, enriquecido con vitamina A mediante modificación genética, como el alimento con “el potencial de reducir o eliminar gran parte de las muertes y de las enfermedades causadas por una deficiencia en vitamina A”.

Carrera ve las cosas de otra manera: “En el Sudeste Asiático tradicionalmente tenían dietas muy diversificadas, un campesino sembraba no solamente arroz, sino otra serie de vegetales que daban una alimentación completa a la familia, pero eso se reemplazó por el modelo agroindustrial, empezaron a producir solamente arroz y principalmente para la exportación. Es decir, ya no producen alimentos, producen ‘commodities’, bienes de mercado. Esa es la principal causa de la desnutrición”.

Los problemas de alimentación en el campesinado no se reducen, según Carrera, a esa vitamina que aporta el arroz dorado. “El sector campesino allá en Asia, igual que acá en Latinoamérica, no solo es deficiente en vitamina A, es deficiente en casi todas las vitaminas y minerales porque ya no están consumiendo alimentos naturales”, asevera. Por ello, este ‘guardián de semillas’ opina que la misiva de los científicos forma parte de “una campaña de marketing creada por la agroindustria en base a un concepto terrorífico: los estamos matando de hambre, pero les vamos a dar vitaminas”.

Al otro lado del debate, Paz-y-Miño considera que hay que superar de una vez por todas los mitos que existen alrededor de los OGM. “Yo creo más en las evidencias científicas que en esta moda de estar en contra de los transgénicos porque provienen de una transnacional”, expone. Para el científico ecuatoriano, la humanidad no puede permitirse el lujo de no aprovechar las ventajas derivadas del uso de la transgénesis. “Podemos manipular alimentos para que tengan mejores características alimenticias. Podemos manipular productos para que sean más ricos en ácido fólico. Eso beneficiaría a poblaciones enteras que tiene problemas o deficiencias de ese ácido”.

Carrera se niega a aceptar que las evidencias científicas sean favorables al consumo de transgénicos. “La ingeniería genética está basada en el determinismo genético, un concepto que ya fue rebatido en los años 90. Hasta ahora han tratado de negar  que exista transferencia horizontal de genes, es decir, que los genes puedan ser transferidos sin necesidad de reproducción sexual. Eso se ha probado falso, como se vio en Estados Unidos con el amaranto, que adoptó la resistencia del algodón transgénico a los herbicidas y se convirtió en supermaleza, causando pérdidas millonarias”, analiza el permacultor que reside en una zona rural cercana a Quito. “Nosotros no somos anticientíficos, sino en realidad estamos en la avanzada de la ciencia”, remata.

La agroecología como alternativa

Desde el punto de vista de Carrera, la alternativa al uso de OGM pasa por la agroecología. “Como ya dijo Oliver de Schutter, el relator de la ONU para el Derecho Alimentario y la Salud, la agroecología es la única solución viable para poder alimentar a la humanidad en el futuro”, manifiesta. “Necesitamos un modelo sostenible que no destruya los recursos, que produzca más alimento por hectárea y que beneficie a la economía local”.

Paz-y-Miño no lo tiene tan claro. “Para ellos, la alternativa es la agroecología. Pero hay estudios que muestran que las aguas usadas para regar esas plantaciones están contaminadas con plomo, arsénico, oro e incluso uranio. Entonces, estamos comiendo alimentos agroecológicos que podrían estar contaminados con otras cosas peores”, replica.

Además, para el investigador ecuatoriano su país cae en una contradicción, ya que prohíbe la siembra de cultivos transgénicos, pero al mismo tiempo autoriza la venta de alimentos transgénicos producidos en el exterior. “El 70% de la soja que importa Ecuador viene de Estados Unidos, un país cuya soja es transgénica en un 90%. Es una doble moral combatir las semillas transgénicas, pero luego importar el producto”, denuncia.

Tras la publicación de la carta firmada por los ganadores del premio científico más prestigioso del mundo, la discusión sobre el consumo de alimentos modificados genéticamente se ha revitalizado. En países como Ecuador, donde uno de cada cinco niños sufre desnutrición crónica, es urgente adoptar un modelo que permita el acceso de toda la población a una alimentación equilibrada.

Llanchama, la comunidad de la Amazonía ecuatoriana que más fuertemente se opuso a la llegada de las petroleras a la reserva natural del Yasuni, es hoy un territorio dividido. La compañía estatal Petroamazonas consiguió que los habitantes de este poblado a orillas del río Tiputini, dentro del Parque Nacional Yasuní, accedieran a la explotación petrolera.

Convencidos por las promesas de empleo e inversiones sociales, los moradores de Llanchama votaron a favor de la entrada de la industria del crudo a su territorio en el proceso de consulta previa organizado por el gobierno ecuatoriano, que planea obtener el primer barril de la reserva en julio.

Ahora, muchos se arrepienten de su decisión, según declara Holmer Machoa, originario de esta comunidad. “Las personas que estaban a favor han llegado a un límite de darse cuenta de que todo lo que la empresa ofrecía eran solamente engaños, no los cumplieron”, asevera este joven de 26 años mientras sostiene entre sus brazos a su hija Sacha, de tres.

Desde que el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunciara en 2013 el inicio de la explotación en el bloque 43 –donde se encuentra una parte del territorio de Llanchama–, Holmer fue uno de los habitantes que más firmemente se opuso a la extracción del petróleo. Contó con la ayuda de grupos ecologistas como Yasunidos y su resistencia tuvo un precio: tuvo que huir temporalmente de su comunidad para que las fuerzas de seguridad no lo capturaran.

“En 2013 denunciamos a Petroamazonas por ingresar ilegalmente al territorio de Llanchama, aunque el juez falló a favor de la empresa. Los militares y la policía me apresaron, pero más tarde me dejaron libre”, narra un Holmer convencido de que el Estado hizo uso de juego sucio para acallar su voz.

Hoy Holmer vive en Tiputini, un pequeño pueblo a orillas del río Napo a una hora en lancha de Llanchama. Allí trabaja como conductor de canoas para el gobierno municipal de Aguarico. Surca los ríos de la Amazonía, por donde navegan a diario grandes embarcaciones cargadas con los materiales necesarios para explotar el petróleo.

La oposición de Holmer no fue suficiente para convencer a la mayoría de los habitantes de Llanchama, quienes a cambio de votar a favor de la entrada de la petrolera han recibido, entre otras cosas, dos hidrodeslizadores mucho más rápidos que las canoas tradicionales. “La empresa consiguió dividir a la comunidad al sobornar a la directiva, les dieron un puesto bien pagado y les compraron la conciencia”, denuncia Holmer.

El resto de los habitantes no salieron tan beneficiados. “Dentro de la comunidad solo trabajaron cinco personas, el resto nada. Y los que trabajaron lo hicieron por tres o cuatro meses, después se acabó todo, a pesar de que la empresa decía que el empleo iba a ser estable”, continúa. eldiario.es ha contactado al gobierno ecuatoriano y a Petroamazonas para recabar su punto de vista, pero ninguna entidad aceptó ser entrevistada.

El fin de la iniciativa Yasuní-ITT

Llanchama se ubica dentro del Parque Nacional Yasuní, un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989. Las riquezas de este paraje selvático no se reducen a los combustibles fósiles que yacen bajo su suelo. El Yasuní, la mayor reserva natural de Ecuador con más de 900.000 hectáreas, es considerada una de las regiones más biodiversas del mundo, tanto en flora como en fauna. Es además el hogar de dos de los últimos pueblos indígenas en el mundo que se mantienen en aislamiento voluntario. Todo ello hace que la explotación petrolera en este territorio sea muy sensible.

“La biodiversidad en el Parque Nacional Yasuní es muy alta. Por ejemplo, es la región con mayor número de especies de anfibios del mundo, la segunda en reptiles y está entre las de mayor riqueza de aves, mamíferos y plantas”, afirman los biólogos Janeth Lessmann y Javier Fajardo, autores de un reciente artículo sobre la expansión de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana. “Además, gran parte del parque permanece inexplorado y muchas de sus especies son todavía desconocidas para la ciencia”, continúan.

Tratando de mantener intacta una de las zonas más remotas del Yasuní, el bloque 43 o ITT (llamado así por las siglas de los tres yacimientos que lo integran: Ishpingo, Tiputini y Tambococha), el gobierno de Correa promovió la iniciativa Yasuní-ITT. A través de esta propuesta demandó a la comunidad internacional una compensación económica a cambio de no extraer el crudo de la zona, estimado en 920 millones de barriles. Sin embargo, la lentitud en las contribuciones de los países industrializados y la impaciencia del ejecutivo ecuatoriano hicieron que la innovadora propuesta fracasara. Tras anunciar el fin de la iniciativa, Correa prometió que los impactos ambientales serían mínimos y que las poblaciones locales se beneficiarían de los ingresos petroleros.

Pese a todo, los expertos aún mantienen su preocupación por las consecuencias ambientales de la explotación. Atendiendo a lo ocurrido en otras zonas del país en las que la industria del crudo lleva décadas funcionando, el panorama no es muy alentador.

“El historial de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana está salpicado por numerosos problemas, incluyendo derrames y violaciones de los estudios de impacto ambiental, lo que ha producido una fuerte transformación de la región con importantes consecuencias para su diversidad y la vida de los pueblos indígenas”, explican Lessmann y Fajardo.

“Es muy llamativo cómo la apertura de pozos petroleros ha ido siempre acompañada en Ecuador de la llegada de otros colonizadores, lo que lleva asociado el incremento de la deforestación, el aumento de la cacería de especies silvestres y la aparición de mercados para la venta de productos sacados de la selva”, resaltan estos investigadores de la Universidad Tecnológica Indoamérica.

La explotación del ITT ha sido especialmente polémica por lo que este territorio representa en el imaginario colectivo ecuatoriano. Tras el fin de la iniciativa Yasuní-ITT se produjeron grandes protestas a favor de la conservación ambiental. El colectivo Yasunidos, formado en su mayoría por jóvenes ecologistas urbanos, recogió más de 750.000 firmas, tratando de obligar al gobierno a celebrar una consulta popular sobre la explotación del bloque 43. 

Cuando se entregaron, el Consejo Nacional Electoral invalidó más de la mitad de las firmas, en lo que Patricio Chávez, portavoz de Yasunidos, piensa que fue “una verificación de las firmas oscura, tramposa e ilegítima”. Finalmente, el referéndum no se celebró y los trabajos de extracción iniciaron. 

Sí se realizó en cambio una consulta previa en las comunidades afectadas. Como exige la Constitución ecuatoriana de 2008, la primera en el mundo que garantizó derechos a la naturaleza, el Gobierno organizó un proceso de consulta a los habitantes de la zona, en la que la mayoría de la población dio luz verde a la llegada de Petroamazonas.

Celso Izurieta, originario de la comuna de Chiro Isla, en el contiguo bloque 31 –cuyo territorio también abarca una parte de Llanchama–, piensa que no fue un proceso justo. “No hubo una concienciación legal, fue todo a la ligera, breve y en ocasiones solamente cogiendo a dirigentes, llevándoles a ciertos lugares para explicar qué se iba a hacer. Cuando nos dimos cuenta ya teníamos el problema”, recuerda.

Por su parte, Petroamazonas asegura que se trató “de un proceso de información, diálogo y consenso” en el que la asamblea de Llanchama firmó el acuerdo con la compañía “de manera libre y voluntaria”.

Estragos para las culturas indígenas

Desde la llegada de la explotación petrolera, la pérdida de algunas tradiciones indígenas ya se ha sentido. Algunas comunidades que antes tomaban sus decisiones colectivas en asambleas han dejado de celebrarlas, o las han vaciado de contenido. En otros lugares ya no se elabora la chicha, una bebida amazónica a base de yuca fermentada utilizada por pueblos indígenas como el kichwa en sus celebraciones.

“Tras la llegada de las petroleras hemos cambiado bastante nuestras costumbres”, afirma Izurieta, de ascendencia kichwa. “Ya no utilizamos nuestro idioma como antes”, lamenta. Por su parte, Holmer considera que se han roto los lazos comunitarios: “Ahora hay más individualismo”, sostiene. “Antes existía una confianza más grande entre nosotros, ahora cada uno hace lo que le place”, manifiesta este indígena kichwa, padre de dos hijos y casado con una mujer de la Amazonía peruana.

El portavoz de Yasunidos también considera que los impactos provocados por las petroleras son claros, e irreparables. “Hay daños a nivel de la naturaleza, daños a nivel social, a nivel de la salud de las personas, de la organización política de las comunidades”, declara Chávez. “Se crea una división incluso en el interior de las familias, entre los que están a favor y los que están en contra de la industria petrolera, enfrentando a padres con hijos o entre hermanos”, asegura.

Como en Llanchama, donde los niveles de división llegaron a hacer insostenible la convivencia. Cada facción de la comunidad era apoyada por un colectivo. Mientras los habitantes que veían con buenos ojos la extracción de crudo recibían el soporte de Petroamazonas, la población conservacionista contaba con el sustento de los grupos ecologistas. En una cultura como la kichwa, acostumbrada a la conciliación y al consenso, esa oposición de intereses patrocinada por actores foráneos supuso un gran perjuicio para el tejido social.

Haciendo un balance sobre la actividad petrolera en el cantón Aguarico, el concejal Juan Carlos Orellana tiene claro que la balanza pesa más del lado de los impactos negativos que de los positivos. “La explotación genera empleo y recursos, pero lo que llega a la gente local es poco y solo a corto plazo”, opina desde el despacho de su casa de madera en el poblado de Tiputini. “Las comunidades están perdiendo su cultura, se producen daños ambientales y Petroamazonas no cumple lo prometido”, protesta.

No todos piensan como él en Tiputini. Arcadio Mina, un colombiano originario de Cali que lleva varios años trabajando con petroleras en la Amazonía ecuatoriana, afirma que “el petróleo es progreso, trae desarrollo”. Mina regenta un restaurante y las petroleras son sus principales clientes. Con la caída de los precios del crudo, su negocio ha sufrido un retroceso.

Mientras, en Llanchama la vida sigue. En esta comunidad perdida en uno de los rincones más remotos de la Amazonía ecuatoriana, la población continúa con sus vidas a pesar de los estragos causados por la petrolera. Los habitantes tratan de salir adelante como pueden, divididos y enfrentados por dos concepciones antagónicas sobre su percepción del desarrollo comunitario.

La exploración sísmica llevada a cabo por la empresa ha acabado con muchos de sus cultivos de yuca o plátano. La mayoría de los animales, su principal fuente de alimento, se ha alejado huyendo del ruido de los taladros y se han llevado consigo las posibilidades de éxito de su proyecto de turismo comunitario. Han visto como muchas de sus tradiciones se han evaporado ante la llegada de una industria que requiere mano de obra barata y temporal, que inyecta dinero en una sociedad antes acostumbrada a la auto subsistencia.

A todo ello se suma la crisis de los precios del petróleo, que ha ralentizado la actividad petrolera dificultando aún más que la comunidad se beneficie de los ingresos derivados del crudo. Holmer, a pesar de todo, cree que los habitantes de Llanchama han aprendido una valiosa lección: “La gente está cambiando bastante, ya no volverá a dejarse engañar”.

Salieron de Siria huyendo de la guerra, pero tomaron un rumbo distinto al de la mayoría. En vez de embarcarse en una peligrosa e incierta travesía hacia Europa a través del mar Mediterráneo, prefirieron montarse en un avión con destino a América Latina. Desde que comenzó el conflicto armado en 2011, más de 5.000 sirios han optado por iniciar una nueva vida en la región.

“Vine a Ecuador porque en este país no me piden visado para entrar”, cuenta Wahed, nombre ficticio de un refugiado sirio que pide ocultar su identidad. “Cuando estaba en Siria, pensé en arriesgarme en el mar junto a mi familia para llegar a Europa, como mucha gente ha hecho. Pero luego un amigo que vive en Ecuador me dijo que podía ir a trabajar con él. Por eso vine hasta aquí”, explica este hombre de mediana edad y de tez clara procedente de Idlib, una ciudad cercana a la frontera turca en disputa entre el gobierno sirio y diferentes grupos rebeldes.

“Tuve que dejar a mi familia en Siria”, manifiesta con pesadumbre. Wahed lleva más de un año en América Latina. Ahora regenta una tienda de dulces árabes en Quito llamada Siria, como su país. “Los hace buenísimos”, afirma su amiga libanesa, que ejerce de traductora durante la entrevista.

En los últimos cinco años, al menos 5.413 ciudadanos sirios han llegado a América Latina, según ACNUR. La gran mayoría de ellos, el 87%, decidió solicitar refugio en Brasil. Desde 2013, el gigante regional ha mantenido una política de puertas abiertas hacia los refugiados sirios, concediendo más de 8.000 visados humanitarios.

“Brasil ha tenido un rol muy importante en el tema de derechos de los refugiados en América Latina: no solo porque ha propiciado políticas o cuenta con un sistema de asilo bastante eficiente, sino porque también ha motivado a que otros países de la región promuevan políticas similares”, confirma Karina Sarmiento, directora para América Latina de la ONG Asylum Access.

Jalil es uno de los miles de sirios que solicitó un visado humanitario en un consulado brasileño. Lo hizo en Estambul, después de haber sido deportado desde Dubái en su intento por llegar a América Latina. Este ingeniero eléctrico originario de Latakia, en la costa siria, decidió abandonar el país para evitar ser reclutado por un grupo armado. “Elegí venir a Ecuador porque mi hermano lleva 18 años viviendo aquí”, describe. Su viaje, que duró un total de 23 días, no fue ni mucho menos un paseo idílico.

“En Dubái no me dejaron pasar por ser sirio”

“Fui en coche a Líbano, donde cogí un avión a Estambul. Desde allí volé a Dubái. Mi viaje tenía que ser desde Dubái hasta Sao Paulo y desde Sao Paulo a Quito. Pero como soy sirio, me pararon en Dubái durante tres días y perdí mi vuelo”, recuerda el joven. Compró otro billete para ir de Dubái a Rio de Janeiro, desde allí a Lima y luego a Quito. Pero de nuevo se chocó con la negativa, y vuelta a Estambul. “Tenía papeles y una invitación firmada por el gobierno, pero no me dejaron pasar por ser sirio, por mi pasaporte. Estuve allí siete días en Estambul, fui al consulado brasileño y conseguí un visado.

“Finalmente llegué a Ecuador desde Estambul, pasando por Sao Paulo. Todo esto duró 23 días. Gasté 7.000 dólares porque perdí dos billetes de avión. Pasé mucho sufrimiento, mucho dolor. Todo por ser sirio, por mi pasaporte”, continúa Jalil en un inglés entrecortado, salpicado por la rabia de un árabe que se sabe discriminado por otros árabes.

La mayoría de sirios que llegan a América Latina son profesionales de clase media-alta, según Gómez, experta en migraciones internacionales. El viaje desde Siria hasta Ecuador cuesta alrededor de 2.000 euros, mientras que viajar a Europa a través del mar supone un gasto aproximado de 4.000 euros.

En el caso de este sirio padre de tres hijos, Brasil solo fue un país de tránsito en su cruzada por escapar de la guerra. Tuvo que dejar a su familia atrás, dado que no contaba con el dinero suficiente como para pagar el viaje a su esposa e hijos. “He venido aquí para trabajar con mi hermano, necesito dar de comer a mi familia. Ahora les envío dinero todos los meses”, desvela Jalil, quien no quiere revelar su verdadera identidad por miedo a que su familia sufra represalias.

Los más de cinco años que ya dura la guerra en Siria se han saldado con un balance catastrófico para la población civil. De los 23 millones de personas que vivían en Siria antes del inicio del conflicto armado, en la actualidad casi 5 millones han tenido que abandonar el país en busca de protección internacional, mientras que casi 7 millones son desplazados internos.

La tradición humanitaria de América Latina

“América Latina ha demostrado a lo largo de su historia una tradición humanitaria de mantener sus puertas abiertas”, asegura Sonia Aguilar, directora de comunicación de ACNUR en Ecuador. “Durante décadas, los países han buscado respuestas ante el desplazamiento forzado. Desde la propia experiencia, como demuestra la existencia de la Declaración de Cartagena de 1984, la región mantiene tanto en su acervo legal como en sus prácticas, una orientación hacia la acogida. Y en ese sentido, América Latina ha asumido un compromiso importante para apoyar en una respuesta humanitaria frente a la crisis que viven los refugiados del conflicto en la República Árabe Siria”, declara la portavoz de ACNUR.

Esa disposición latinoamericana hacia la acogida de personas perseguidas puede explicarse por la propia historia de la zona. Las dictaduras del Cono Sur y los conflictos en Centroamérica y en Colombia afectaron a miles de personas, que se vieron obligadas a huir de sus países en búsqueda de protección. Como consecuencia, los estados latinoamericanos firmaron la Declaración de Cartagena, un documento clave que amplió la definición de refugiado y permitió que fueran reconocidas como tales no solo las personas perseguidas por su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, sino también aquellas personas que huían de situaciones de violencia generalizada.

Falta de ayudas

En septiembre de 2015, cinco familias sirias que habían sido reasentadas en Uruguay un año antes, acamparon en una plaza de Montevideo para expresar su deseo de regresar a Líbano. Los refugiados se quejaban del alto coste de la vida y de las escasas ayudas que recibían del gobierno uruguayo, lo que apenas les alcanzaba para vivir.

“Normalmente, los programas de acogida a personas refugiadas en la región no incluyen apoyos. Y, si los incluyen, suelen ser pequeños, como en Brasil y Uruguay, donde se dan ayudas económicas, pero no son tal vez apoyos como se los preveía antes en Europa: alojamiento, un salario o un beneficio por el mes”, comenta la responsable de Asylum Access en América Latina.

En sus propias carnes lo está viviendo Ahmed, un joven refugiado sirio que lleva dos años y medio en Ecuador que tampoco quiere revelar su nombre real. “La situación aquí es muy difícil: no puedo estudiar y tampoco hay trabajo por la crisis económica en el país. Además, nadie busca trabajar con refugiados”, denuncia este chico de 22 años que se vio obligado a dejar sus estudios de Literatura Inglesa en la Universidad Nacional de Damasco. Ahmed, quien dice tener facilidad para los idiomas, aprendió a hablar español mientras trabajaba en un restaurante de Quito. “Encontré un trabajo en un restaurante, pero me pagaban menos del salario mínimo (366 dólares al mes), la jornada era de 14 horas y no tenía seguridad social. Con lo que gastaba en transporte no me sobraba nada”, afirma Ahmed, que llegó a Ecuador junto a sus padres y hermanos después de haber probado suerte en Egipto. En Ecuador, donde residen 10 refugiados sirios y 79 solicitantes de asilo, el estado no aporta ayudas a las personas que buscan refugio. Estos dependen de ONG como HIAS, cuyas contribuciones económicas son irrisorias.

“Tenía sueños, pero la vida me los está destruyendo”

A Ahmed le gustaría continuar con sus estudios en Quito, pero dice no poder porque para entrar a la universidad le exigen superar un examen de español para el que no tiene suficiente nivel. Al no poder estudiar ni trabajar, Ahmed se siente atrapado. No puede volver a su país, pero tampoco ve esperanza en Ecuador. Por eso quiere ser reasentado.

“Es mi última opción. En este tiempo ya debería haber acabado la universidad, pero están pasando los años y no estoy haciendo nada: no estoy trabajando, no estoy estudiando, no estoy apoyando a mi familia”, confiesa con voz temblorosa. “Solo espero no llegar al punto de no querer nada de la vida. Cada vez hay que adaptarse a una cosa y a otra cosa y a otra cosa. Tenía sueños, pero la vida me los está destruyendo”, concluye.

Aparte de los problemas económicos, las barreras culturales se alzan entre los refugiados y las sociedades receptoras. Sham, una jovial mujer siria que llegó a Quito hace 10 meses destaca que su madre “pasa todo el día en casa, no quiere salir. Se pone el hiyab (velo) y la gente no sabe lo que es, le miran raro y ella se siente mal. Por eso prefiere estar en casa. No habla ni una palabra de español”.

Raghida, que huyó de Siria porque el grupo yihadista Jabhat al-Nusra quiso obligarla a convertirse al Islam, plantea que el mayor reto de integración es el idioma. “En Ecuador casi nadie habla inglés, aunque la gente ha sido muy buena conmigo y me ayuda cuando digo algo mal en español”, relata la joven drusa. Raghida dio a luz a su hijo poco después de llegar a Quito. Ahora solo quiere aprender español para encontrar un trabajo. “Así podríamos vivir una muy buena vida”, sentencia mientras da de mamar su bebé.

¿Por qué América Latina?

¿Por qué hay población siria en América Latina? Esa es la pregunta del millón para Carmen Gómez, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). No tiene fácil respuesta, asegura, pero entre los principales motivos están las políticas de apertura de varios países de la región. Para el caso de Ecuador, un país al que los ciudadanos sirios pueden entrar sin necesidad de visado, “una de las hipótesis que se baraja es que en los últimos años se generó una imagen pública de apertura de las fronteras del país, de flexibilidad a nivel migratorio y de estabilidad económica que pudo atraer a los sirios”, aclara Gómez. A esta imagen puede haber contribuido el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, al que Ecuador proporciona asilo en su embajada en Londres desde 2012.

No obstante, según Gómez, esta percepción que se tiene del país andino puede ser engañosa. “Últimamente, Ecuador no está proporcionando el estatus de refugiado a la población que viene de Oriente Medio. Esto ocurre por varios motivos, entre ellos el desconocimiento de lo que ocurre en la región y los prejuicios que se tienen hacia los musulmanes”, explica.

Según Gómez, “Ecuador está muy centrado en el caso colombiano” y por eso es reticente a facilitar el refugio a personas de otras nacionalidades. Ecuador, el país latinoamericano que alberga a más población refugiada en América Latina, acoge en su territorio a casi 60.000 refugiados colombianos.

En cualquier caso, los sirios que huyen del conflicto armado en su país lo hacen para salvar su vida y asegurar un futuro para ellos y sus familias. Los casos de Wahed, Jalil, Ahmed, Sham o Raghida muestran cómo algunos sirios prefieren buscar refugio más allá de Europa, evitando arriesgar su vida cruzando el mar y viajando a una tierra mucho más lejana y desconocida para ellos. Como afirma Raghida, “cuando Siria esté bien, me encantaría regresar a casa con mi familia”. Por el momento, ella y todos los demás tendrán que construir un futuro en América Latina, una región que les ha abierto sus puertas a pesar de no contar con tantos recursos como Europa.

Es mediodía en Puerto Canelos, en la Amazonía sur de Ecuador. Mientras el calor aprieta, decenas de mujeres con sus bebés a cuestas desembarcan de las canoas con las que han surcado el río Bobonaza. Vienen de Sarayaku, una comunidad indígena Kichwa que lleva décadas resistiendo los intentos de extraer el petróleo que yace bajo las raíces de sus majestuosos árboles. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiró de las orejas al Estado ecuatoriano en 2012 al fallar a favor del pueblo Sarayaku en su litigio antipetrolero, el Gobierno de Rafael Correa sigue empeñado en continuar el legado extractivista de sus antecesores.

El 25 de enero, el Ejecutivo ecuatoriano concedió al consorcio Andes Petroleum, formado por dos empresas chinas (Sinopec y CNPC), los derechos de exploración de los bloques 79 y 83 de la Amazonía sur ecuatoriana, lo que afecta a una parte del territorio de Sarayaku. Tras truncar en la década de los 90 las aspiraciones de la petrolera argentina CGC de perforar el suelo selvático en busca de crudo, la comunidad se prepara para resistir frente a la nueva amenaza.

Las mujeres de Sarayaku viajaron durante varias horas río arriba hasta llegar a Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, donde se celebró la marcha del Día Internacional de la Mujer. Cientos de mujeres indígenas de diferentes pueblos amazónicos como los Sápara, los Huaorani o los Kichwa de Sarayaku se reunieron para expresar su rechazo al acuerdo del Gobierno de Rafael Correa y el consorcio petrolero chino. Sólo el pueblo Sápara, que apenas cuenta con unos pocos centenares de miembros, verá afectado un 40 % de su territorio por la concesión a la empresa china, poniendo en riesgo su misma supervivencia. “Si sacan el petróleo será el fin de todos los Sápara”, aseguró una de sus líderes, Gloria Ushigua.

Se trata de una muestra más de la ya consagrada presencia de la mujer en la defensa del territorio. Su papel en las comunidades indígenas ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. De verse relegadas a la esfera privada y no tener ningún papel en las decisiones políticas comunitarias, las mujeres han ido ganando terreno hasta convertirse en un actor clave en los procesos de resistencia indígena.

En México, por ejemplo, ha sido notorio el rol desempeñado por las mujeres en la construcción del autogobierno zapatista en Chiapas. En Centroamérica, el reciente asesinato de la hondureña Berta Cáceres ha puesto de manifiesto la importante labor de las indígenas en las luchas en defensa del territorio frente a gobiernos y empresas transnacionales.

En el caso de Ecuador, el paso adelante dado por las mujeres ha sido relativamente reciente. En 2013 se produjo una de las primeras movilizaciones llevadas a cabo directamente por mujeres indígenas durante la marcha desde Puyo hasta la capital Quito para protestar contra la explotación del Parque Nacional Yasuní.

“Las mujeres somos las defensoras de nuestra madre tierra. Hacemos producir la alimentación para nuestros hijos y nuestros maridos. Somos las cuidadoras de la selva viva que existe en la Amazonía. Somos las madres que luchamos día y noche cargando nuestros bebés para defender nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras costumbres”, defiende Ena Santi, representante de la Asociación de Mujeres del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku.

Un pueblo entero amenazado

La lideresa de la Asociación de Mujeres Sáparas, Gloria Ushinga, explica que apenas quedan alrededor de 400 miembros de esta nacionalidad indígena. Su lengua, aunque fue declarada por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, está prácticamente extinta. Por ello, según Ushigua, el proyecto petrolero pone en cuestión la propia supervivencia de los Sápara como pueblo.

“Yo crecí en las riberas del río Conambo y del río Tinduyacu. Estoy pidiendo apoyo a todas las mujeres que están aquí. Pienso que si sacan el petróleo de nuestro territorio será el fin de todos los Sápara porque somos muy pocos”, denuncia Ushigua manteniendo su rostro impasible, vestida con el traje tradicional de su pueblo, con dos plumas rojas alzándose sobre su tupida cabellera negra. “A los que quieren sacar el petróleo no les va a afectar, pero nosotros nos hemos de morir todos”.

El pueblo Sápara, que está repartido entre Ecuador y Perú, llegó a contar con unos 20.000 habitantes a mediados del siglo XIX, pero la llegada de las empresas madereras ansiosas de caucho diezmó su población, que fue sometida a la esclavitud. Más tarde, los Sápara utilizaron los matrimonios interétnicos como estrategia de supervivencia, lo que llevó al mestizaje cultural y al abandono de su lengua propia. En la actualidad, los pocos miembros de este pueblo que sobreviven se ven nuevamente amenazados por la llegada de empresas que buscan materias primas, en este caso de petróleo.

“Nuestro territorio se encuentra amenazado por transnacionales petroleras chinas. Nuestra nación y familias vemos vulnerados nuestros derechos en la pérdida y contaminación de nuestro territorio. Estamos dispuestas a proteger, defender y morir por nuestra selva, familias y nación”, explican desde la Asociación de Mujeres Sáparas.

Otra de las nacionalidades indígenas afectadas es la ecuatoriana Huaorani, que ya ha sufrido las consecuencias de la extracción petrolera. Por eso Alicia Cahuiya, lideresa Huaorani, empezó a luchar desde muy joven. “Yo nací en el Yasuní y soy de la provincia de Orellana, empecé a luchar porque vimos que las petroleras entraron en nuestra casa sin respetar, sin consultarnos. Mi casa está totalmente destruida y el río lo tenemos contaminado”.

Ataviada con una corona de plumas multicolores, la cara pintada de rojo a modo de antifaz y varios collares forjados con semillas amazónicas, la representante Huaorani se lamenta: “Hay carreteras grandes donde antes vivían nuestros abuelos. Ni siquiera han respetado nuestro cementerio”.

La historia de vulneraciones de derechos indígenas y desastres medioambientales en el norte de la Amazonía ecuatoriana es larga. El caso más conocido es el de la petrolera estadounidense Chevron-Texaco, que dejó un legado tóxico de contaminación de ríos y suelos, deforestación, enfermedades y dos pueblos indígenas desaparecidos. Incluso dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas con más biodiversidad del planeta, se han producido derrames de crudo.

El fracaso del plan ecologista de Correa

En 2008 fue la española Repsol la responsable de una filtración de petróleo que afectó a la comunidad Huaorani de Dícaro y a una parte del Yasuní. La reserva natural amazónica saltó a la fama cuando el presidente Correa lanzó la iniciativa Yasuní-ITT, con el objetivo de mantener el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación de la comunidad internacional. El proyecto no salió adelante por el escaso apoyo económico que los demás países brindaron a la iniciativa, por lo que en 2013 Correa anunció su intención de extraer el crudo del bloque 31, en pleno parque nacional.

Los bloques 79 y 83, ahora entregados a Andes Petroleum, colindan con el Yasuní y con la denominada “zona intangible”, donde habitan pueblos en aislamiento voluntario como los Tagaeri y los Taromenane. Los Huaorani han tenido algunos enfrentamientos con ellos, pero Cahuiya tiene claro que es más lo que los une que lo que los separa: “Mi pueblo está muriendo por la contaminación del agua. En el Yasuní viven también los pueblos no contactados y no queremos que les pase lo mismo que a nosotros, que hicimos contacto”, sentencia.

“Hasta la última gota de petróleo”

La voluntad del Gobierno ecuatoriano de seguir explotando los recursos naturales de la Amazonia se ha ido haciendo más patente con el paso de los años. Si en 2008 Ecuador se convirtió en una referencia mundial del ecologismo al otorgar derechos a la naturaleza en su nueva Constitución y al promulgar la iniciativa Yasuní-ITT, en la actualidad Correa no esconde sus deseos de “explotar hasta la última gota de petróleo para salir de la pobreza”.

Así lo declaró en una entrevista a Le Monde durante la Cumbre del Clima celebrada en París en diciembre. “La parte sur de la Amazonía está prácticamente inexplorada. Hace falta explorarla para dar paso a la explotación, lo que tardará varios años. Pero nos hace falta beneficiarnos de nuestros recursos. Eso es lo que le propuse al pueblo ecuatoriano, muy claramente, y así ganamos las elecciones en la primera vuelta con casi el 60% de los votos”, afirmó Correa.

Además de por las cuestiones ambientales, muchos ponen en duda la política de extracción petrolera del Gobierno por la actual situación del mercado mundial de hidrocarburos. A finales de enero, el petróleo ecuatoriano llegó a tener un valor de 20 dólares por barril, una cifra ínfima si se compara con los casi 100 dólares de 2013.

El Gobierno se benefició del llamado 'segundo boom petrolero', con unos precios que se mantuvieron altos durante los primeros seis años de gestión. Estos ingresos permitieron aumentar el gasto público y reducir los niveles de pobreza, que pasaron del 37,6% en 2007 al 22,5% en 2014, según el Banco Mundial. No obstante, los bajos precios que en la actualidad arroja el mercado petrolero ponen en duda la sostenibilidad económica de las políticas de extracción de combustibles fósiles.

La activista ecuatoriana Nina Osorio tiene claro que el Gobierno debería cambiar su política. “A pesar de que sacar el petróleo del suroriente es económicamente inviable, a pesar de que las reservas de crudo no están probadas, a pesar de que el barril de petróleo no alcanza los 20 dólares, el Estado ecuatoriano insiste en el genocidio de los pueblos indígenas, en entregar el territorio de la poca vida y la poca Amazonía que nos queda a las empresas transnacionales”, manifestó Osorio durante el foro celebrado en Puyo.

Apenas un mes y medio antes de firmar el contrato con Andes Petroleum, Correa se dirigió a los líderes mundiales reunidos en la COP21 de París con un grito: “¡El planeta ya no aguanta más!”. Ahora son las mujeres indígenas amazónicas las que levantan su voz contra la explotación de la naturaleza. “Existe todavía un Gobierno sordo, ciego, necio, que no entiende. Nuestros territorios continúan amenazados y debemos continuar defendiendo la herencia de nuestros hijos”, denuncia Katy Machoa, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).

“Tenemos la fuerza, la decisión, la valentía de hacerlo, estamos juntas en esta lucha, nosotras no nos compramos, nosotras no nos vendemos, tenemos dignidad. Así somos las mujeres de la Amazonía”, añade Machoa.

Con ese ánimo marcharon el 8 de marzo durante horas por las calles de Puyo bajo un sol de justicia que no tardó en dar paso a una lluvia torrencial. Sin dejarse influenciar por el cambiante clima tropical, las mujeres indígenas mostraron su determinación para defender su territorio. Y así, con sus caras pintadas y sus hijos a la espalda regresaron de vuelta a sus comunidades, adentrándose en una selva que no quieren permitir destruir.

Si algún color predomina en el valle de Íntag, ese es el verde. A la exuberante vegetación que puebla las montañas de esta región del noroeste de Ecuador le acompaña el tétrico verde metálico que contamina algunos de sus ríos. La explotación minera en este valle, conocido en América Latina por el ejemplo de resistencia de sus habitantes contra la minería a gran escala, busca extraer el cobre que se esconde bajo las entrañas de la tierra. Situado en una de las áreas más biodiversas del planeta, Íntag es uno de los muchos conflictos mineros que salpican la geografía latinoamericana, una región que provee el 45% del cobre que se consume a nivel global.

Isabel Anangonó, originaria de Íntag, denuncia que “nos tratan como terroristas por estar contra la minería, pero los terroristas son los que dividen a una sociedad que antes, hermanados, hemos vivido aquí”. Esta enérgica mujer afroecuatoriana exclama que “el presidente siempre dice que nosotros los ecologistas no queremos desarrollo. Pero ¿desde cuándo ha habido aquí desarrollo? El desarrollo no es para el pueblo, sino para los ricos”, indica en un acto organizado por el Día Mundial en contra de la Minería, el pasado 22 de julio.

En la Reserva Comunitaria de Junín, constituida por la población de Íntag para destacar el valor ecológico del valle y evitar la explotación minera, ya son visibles los efectos de las actividades de exploración del proyecto Llumiragua que desde 2014 lleva a cabo la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI) en asociación con la chilena Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). Aunque los trabajos se encuentran en la fase de exploración inicial, en los ríos y cascadas que nutren de agua a las comunidades se observan fácilmente los residuos generados por la minería. El agua que una vez fue cristalina, hoy tiene un tinte verde metálico que contamina lo que encuentra a su paso.

En una carta dirigida al presidente ecuatoriano en 2014, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina mostró su preocupación porque “el proyecto minero en Llurimagua, que utilizará grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes, es sin duda un enorme riesgo para los ecosistemas y comunidades de Íntag”.

La resistencia en este valle se enmarca en un contexto latinoamericano donde los conflictos relacionados con la minería se extienden desde México hasta Chile. Los proyectos de extracción de minerales llevados a cabo por empresas transnacionales en conjunción con los diferentes gobiernos de la región plantean el dilema entre la defensa de la naturaleza y de los modos de vida tradicionales de los campesinos, por un lado, y las aspiraciones de desarrollo económico y fuentes de empleo en áreas remotas con altos índices de exclusión, por otro.

Minería “irresponsable” con la naturaleza

Como Íntag, la provincia argentina de Catamarca también es conocida por la presencia de iniciativas mineras que extraen oro y cobre. Según Horacio Machado, investigador y profesor universitario argentino especializado en conflictos mineros (y originario de esta zona), “en Catamarca la empresa minera procesa 180.000 toneladas de tierra al día, consume diez mil kilos de explosivos y usa un millón de litros de agua diarios. Los minerales deseados apenas suponen un 2% de lo procesado, mientras el 98% se convierte en escombros”.

Machado destaca las consecuencias negativas de las actividades extractivas: “El principal impacto ambiental de este tipo de minería es la contaminación del agua y del aire producida por los minerales pesados desechados, como el plomo o el mercurio”. A ello habría que añadir “la deforestación masiva” que provocaría la explotación a gran escala, como reconoció el informe de impacto ambiental sobre el caso de Íntag elaborado por la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional en 1998.

Julio Barea, de Greenpeace España, considera que “la minería lógicamente es necesaria, pero con todos los condicionantes ambientales y humanos controlados”. Según Barea, en América Latina y otras regiones periféricas no existen los mismos controles a los impactos ecológicos de la minería que existen en Europa: “Allí nadie se entera de nada, solo la gente que vive allí, que es la gente que termina padeciendo los efectos”.

Militarización para frenar a los activistas

“La de Íntag es una lucha emblemática porque fue el primer territorio de resistencia popular y local que durante mucho tiempo impidió la realización de un proyecto”, afirma Horacio Machado.

La lucha contra la minería en Íntag comenzó en la década de los 90, cuando la empresa japonesa Bishimetals consiguió la concesión de una parte del el territorio del valle. La resistencia de sus habitantes logró expulsar a la empresa asiática en 1997, pero en 2004 el estado ecuatoriano volvió a permitir la entrada de otra transnacional: la canadiense Ascendant Copper. La población de las 76 comunidades inteñas, con Junín a la cabeza como una de las más afectadas, se organizó y consiguió expulsar a la compañía norteamericana en 2006, después de que esta recurriera incluso al reclutamiento de fuerzas paramilitares para intentar doblegar las aspiraciones de los campesinos del valle.

Finalmente, el gobierno dirigido por Rafael Correa reactivó el interés por extraer el cobre de Íntag y comenzó el proyecto Llurimagua con la chilena CODELCO y la ecuatoriana ENAMI. “El gobierno ya conocía la fuerza de la resistencia de Intag, por lo que ideó nuevas estrategias, como la detención de Javier Ramírez”, relata Julio Espinosa, habitante inteño y miembro de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Íntag.

Javier Ramírez, campesino de 35 años dedicado al cultivo del café, acabó en la cárcel. “La estrategia del gobierno ha consistido en perseguir a los líderes. Yo mismo fui detenido y encarcelado durante diez meses”, relata el expresidente de la comunidad de Junín. Fue acusado de rebelión en 2014, por agredir a trabajadores de la ENAMI pese a presentar pruebas que mostraban que no estuvo en el lugar de los hechos. “Cuando llevaba un mes en prisión, la policía entró por la fuerza en la comunidad, atropellando a la gente que seguía defendiendo el territorio”.

Espinosa considera que la detención de Ramírez fue “un pretexto para militarizar Íntag. Y entonces mandaron a 200 policías y tomaron la comunidad”. Corría mayo de 2014 cuando la división comenzó a fracturar a la comunidad de Junín.

Promesas de desarrollo a cambio de minas

A Ramírez, ya en libertad, lo que más le duele es comprobar la división que se ha propagado entre los habitantes de Junín. Si se lleva a cabo la explotación, el gobierno ha prometido construir una escuela, varios centros de salud y redes de agua potable y electricidad para lo que se invertirán más de cinco millones de dólares. Estas promesas y el empleo han convencido a algunos habitantes. Polivio Pérez, habitante de Junín, duda: “No se ha cumplido ninguna promesa, sólo son engaños”.

Horacio Machado explica que “las empresas mineras entran en las comunidades con una doble estrategia: prometen empleo y propician la militarización del territorio”, pero recuerda que “la minería es un modelo de corto plazo que dura máximo veinte años y que genera muy pocos puestos de trabajo locales”.

La división de la comunidad provoca importantes daños psicológicos e intrafamiliares en los habitantes. Julio Espinosa cuenta que tres de sus diez hijos trabajan para la empresa minera. “A uno lo enfermaron, trabajó hasta que pudo y cuando se enfermó lo despidieron. A otro lo convencieron para que no luchara junto a su padre. Mis hijos ahora ganan dinero, pero se han vuelto prepotentes”.

Por el Día Mundial contra la Minería, en Junín se llevó cabo el pasado fin de semana un festival comunitario para reivindicar que existen 'Alternativas Vivas'. Así, la población de Íntag ha puesto en marcha iniciativas de ecoturismo y de cultivo de café para comercio justo. Asimismo, existe el proyecto comunitario HidroIntag, que pretende construir pequeñas centrales hidroelécticas para financiar microempresas y apoyar la ganadería y la agricultura.

Para Horacio Machado, “hay muchas alternativas que están ya en los territorios, como la producción de cacao, café, chocolates o frutas. Para que haya alternativas lo primero es decir no a la minería, porque si entra la minería supone la destrucción de las alternativas posibles”.

En opinión de Julio Barea, otras opciones pasan por reutilizar los minerales presentes en los aparatos que se arrojan a la basura. “Habría que hacer minería en los residuos, en los electrodomésticos, en todo lo que estamos tirando, porque este cobre que tiramos se podría utilizar para hacer bienes de consumo. Pero es más rentable autorizar nuevas explotaciones a reutilizar lo ya creado”, indica el miembro de Greenpeace, una ONG que ha denunciado la contaminación producida por las explotaciones mineras desde Colombia hasta China.

En la comunidad de Junín, enclavada entre las montañas de bosque nuboso que rodean el valle de Íntag, Javier Ramírez tiene claro el objetivo de su lucha: “Hemos tomado conciencia de que la tierra vale más que el oro y que el cobre. Nuestra agua no la cambiamos por ningún mineral”.

Adriana no puede contener las lágrimas al recordar. En su mente aparece cómo tuvo que dejarlo todo para huir de las amenazas de los paramilitares colombianos. “Vine a Ecuador porque los grupos armados nos sacaron. Nos dieron tres días para salir del pueblo, si no nos íbamos nos harían desaparecer”. Con ojos vidriosos pero voz firme, Adriana cuenta su lucha por sobrevivir en un entorno de conflicto armado interno que desangra a su país desde hace más de cincuenta años. Como ella, cerca de 55.000 colombianos, según el Ministerio de Exteriores, viven en Ecuador como refugiados, en uno de los países que más asilados alberga de América Latina.

Adriana es una mujer risueña pese a llevar cuatro años separada de sus tres hijos, que continúan viviendo en Colombia. Solo los amargos recuerdos de su huida transforman su sonrisa en pesadumbre. A Jesica no le ocurre lo mismo. Su mirada perdida delata un profundo trauma provocado por la extrema violencia. Aunque apenas articula palabra, alcanza a farfullar una frase lapidaria. “Cuando llegué a Ecuador estuve durmiendo en casa del tío de mi marido, pero ahora los dos están muertos”. El vacío en sus ojos le delata: de no ser por sus tres hijos, pocas razones le quedarían para querer seguir viviendo.

Ambas mujeres viven en Pampanal de Bolívar, una pequeña comunidad isleña a pocos kilómetros de la frontera. Cuando necesitan ayuda acuden al pueblo costero de San Lorenzo, a una hora en lancha, donde operan varias organizaciones que brindan asistencia a los refugiados. Adriana y Jesica reciben apoyo de Hias, una ONG que en colaboración con ACNUR distribuye bienes de primera necesidad a los extranjeros que llegan a Ecuador para solicitar refugio. Ambas mujeres, aunque señalan ciertas respuestas xenófibas por algún sector de la población, resaltan la capacidad de acogida de la comunidad en la que se han asentado. “Las Américas tienen una antigua y generosa tradición de brindar asilo y protección a quienes lo necesitan, una hospitalidad que ha dejado huella en una serie de buenas prácticas legislativas en la región·, explican desde la agencia de la ONU.

Aunque existe un trámite odiado por todos los refugiados colombianos consultados: cada varios meses tienen que viajar tres horas y media en autobús hasta la capital provincial de Esmeraldas, donde se encuentra la Dirección de Refugio, para poner en regla sus papeles. Estos desplazamientos suponen un importante gasto económico y psicológico para la maltrecha economía de los asilados. El pago de los viajes consume buena parte de ingresos.

Adriana recolecta conchas en los manglares de la zona para poder sobrevivir. “El día que más saco 'conchando’ consigo cinco dólares. Me da para comer, pero para nada más, ni siquiera para vestirme”, reconoce, mientras muestra una herida en el pie por una picadura de mantarraya.

Susana, dueña de una tienda de alimentación en San Lorenzo, atiende con complicidad a cada una de las personas que asoman su cabeza por la ventana de su pequeño negocio. Originaria de Tumaco, en el Pacífico sur colombiano, esta mujer tuvo que escapar de su casa junto a su marido e hijos para salvar su vida.

Allí trabajaba en una empresa de apuestas. “Me tocó retirarme del trabajo, amenazaban con matar a una de las empleadas”, afirma. “Un día mi hija llegó del colegio diciendo que casi la secuestran. En esos días habían matado a una chica de catorce años, la habían violado y dejado tirada en una playa. Entonces me puse muy nerviosa e hice las maletas. Pusimos la casa en alquiler allí en Tumaco y luego fueron y mataron al inquilino. Entonces vendimos la casa, prácticamente regalada, y ya decidimos que no volvíamos más”.

Un barrio levantado por refugiados colombianos

“Al principio cuando llegamos a San Lorenzo fue muy duro. No teníamos ni para la comida. Al llegar estuvimos con mi hermano, que ya vivía aquí. Nos tocaba dormir en el suelo porque no había cama, pero lo más duro fue no tener comida para dar a mis hijos”. Tres años después de abandonar todo lo que tenían y llegar a San Lorenzo, Susana y su familia han conseguido asentarse y construir una nueva vida gracias a una pequeño préstamo recibido por la Misión Scalabriniana, una ONG local. Poco a poco han ido ampliando el negocio, situado en un barrio a orillas del manglar formado por rudimentarias casas de madera levantadas por colombianos huidos de la guerra.

Es en enclaves del Pacífico ecuatoriano como Pampanal o San Lorenzo donde miles de colombianos tratan de rehacer sus vidas, una tarea nada sencilla. “Las personas que vienen aquí ni siquiera miran a los ojos. Vienen dañados. Hay personas que casi no hablan, que sienten vergüenza de contar su situación. Llegan cabizbajos, nostálgicos, derrumbados”, describe Celeste Quiñonez, trabajadora de la Misión Scalabriniana. Organizaciones como la suya intentan hacer más vivible lo invivible, dando apoyo psicológico a las víctimas de persecución en su país. “Toca hacer un trabajo fuerte para tratar de animarlas. Después de unos meses ya se van abriendo”.

El conflicto continúa

En 2013, mientras el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC mantenían en La Habana diálogos de paz, más de diez mil colombianos solicitaron refugio en Ecuador. Según datos de ACNUR, sólo un 13% de las solicitudes fueron aceptadas. Como demuestra la muerte de once soldados en el departamento del Cauca en abril, las conversaciones de paz no han supuesto un alto a las hostilidades. La violencia continúa y, con ella, el éxodo de miles de personas atrapadas en el conflicto. “Hay quien viene porque mataron a su vecino, o tiraron una bomba al lado de su casa, aunque a ellos directamente no les pasó nada. Huyen de la violencia, de la guerra”, revela Virginia Valencia, abogada de la Defensoría del Pueblo de San Lorenzo.

A pesar de la evidente violencia, la estrategia del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) consistió en negar la existencia de un conflicto armado, presentando la situación como una lucha del estado contra “grupos narcoterroristas”. Este discurso de negación, según Quiñónez, afecta a los refugiados. “Todavía hay veces que se dice que no hay conflicto. Pero decirle a una persona que viene aquí que no hay conflicto es duro. Lloran. Se preguntan por qué se vende eso, si la situación está peor”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró recientemente que con el proceso de paz de La Habana “las armas se están silenciando” y, según consideró, el posconflicto ya ha empezado en este país, tal y como recogió la CNN. Asociaciones en defensa de las víctimas del conflicto, como la Fundación Nydia Erika Bautista, denuncian que las desapariciones forzosas continúan durante el proceso de paz y aseguran sentirse “olvidadas”. Otras, como el Movimiento de las Víctimas de Crímenes del Estado, defienden el papel que están recibiendo los afectados del conflicto.

El actual presidente Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa con Uribe, inició un proceso de paz en 2012, sentándose a la mesa de negociación con las FARC. Hasta ahora se han alcanzado acuerdos parciales sobre desarrollo agrario, participación política y drogas ilícitas, mientras quedan pendientes puntos clave como la reinserción de los guerrilleros a la vida civil o las medidas de reparación a las víctimas del conflicto.

Esta última cuestión es la que más interesa en San Lorenzo, donde viven más de doce mil colombianos. “Si se firma la paz en Colombia sería excelente. Hay mucha gente que quiere retornar y no puede. Es muy difícil dejar su casa y su tierra y no poder regresar. Pero si se llega a la paz muchísima gente querría volver y recuperar su tierra, su casa y estar junto a su familia. Aunque hay muchos otros que decidirían quedarse”, considera el responsable de la ONG Hias.

Adriana no tiene claro lo que haría si terminara la guerra. “Hace unos meses me arriesgué a volver a mi país por primera vez en cuatro años, pero ya no puedo vivir allí. Fui porque me hace falta mi tierra, pero me tocó regresar. Si el peligro ya hubiera pasado estaría allí, porque allí tengo a mi madre, a mis hermanos. Pero cuando llegué me volvieron a mandar mensajes de amenaza: eran paramilitares”, narra mientras lágrimas brotan de sus ojos.

“No voy a perder la vida por estar allí, pero hecho en falta el afecto de mis hijos”. Adriana es una de tantos miles de colombianos que, de firmarse la paz, tendrá que decidir entre quedarse con su nueva vida en un entorno ajeno alejado de sus raíces o recoger los añicos de una vida cortada a balazos y tratar de unir los pedazos para retomar su felicidad allí donde se la arrebataron.

Domingo Ankuash llegó a Chiapas. Tras un proceso plagado de trabas burocráticas, el líder indígena de la Amazonía ecuatoriana pisó territorio zapatista para acudir al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Representando al pueblo Shuar, que lucha desde hace años contra proyectos de explotación minera en su territorio, viajó con un claro objetivo: compartir experiencias con aquellos que llevan más de dos décadas organizándose a través del autogobierno instaurado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas. Rodeado de pasamontañas y pañuelos rojos como símbolos de resistencia, Domingo interiorizó, asegura, uno de los lemas repetidos una y otra vez durante estos días: “Otro mundo es posible”.

La visita de Domingo a territorio zapatista supuso una oportunidad para que el líder Shuar llevara de vuelta a su pueblo el discurso del EZLN y de otras comunidades indígenas de México. El viaje del representante amazónico, invitado por el Congreso Nacional Indígena de México (CNI), se enmarcó dentro de un esfuerzo de varias organizaciones sociales –como la Red Transnacional Otros Saberes y la Asamblea de los Pueblos del Sur- para tejer redes de solidaridad en Latinoamérica. “Es necesario el contacto entre los pueblos de América Latina para recuperar palabras como autonomía y autodeterminación, que tanto utilizan los zapatistas”, explicó Domingo.

Desde su alzamiento el primer día del año 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que unía económicamente a México con Estados Unidos y Canadá, el EZLN ha llevado a cabo la construcción de estructuras de Gobierno autónomo en los territorios que controla. Basándose en el lema de “mandar obedeciendo”, el EZLN cedió el poder de toma de decisiones a las comunidades indígenas que lo apoyaban –sus bases civiles de apoyo-, supeditando la jerarquía militar de la guerrilla a las autoridades rotativas comunitarias.

En 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés, mediante los cuales el gobierno mexicano se comprometió a reconocer en su Constitución los derechos de los pueblos indígenas de todo México. Dichos acuerdos no se materializaron en una ley hasta el año 2001. No obstante, los zapatistas consideraron traicionado el espíritu de San Andrés, pues la nueva norma no reconoció plenamente la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Como consecuencia, los zapatistas decidieron fortalecer la construcción del autogobierno en sus territorios, abandonando toda pretensión de negociar con el estado. Crearon entonces, en 2003, los caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, máxima expresión de la autoridad zapatista, donde los cargos son ocupados por personas elegidas por las comunidades durante un tiempo limitado.

En un intento de contactar con otros pueblos del mundo, el EZLN ha organizado periódicamente diversos eventos internacionales. El más reciente fue el Festival de las Resistencias y las Rebeldías que tuvo lugar entre el 21 de diciembre de 2014 y el 3 de enero de 2015. Durante el acto, los asistentes compartieron sus experiencias de lucha contra proyectos que amenazan su forma de vida tradicional. Desde autopistas hasta centrales hidroeléctricas, pasando por parque eólicos o aeropuertos. Algo que a Domingo le suena muy familiar, pues el pueblo Shuar cuenta con una larga experiencia de resistencia frente a la explotación foránea de su territorio.

La lucha Shuar contra la minería a cielo abierto

Luciendo con orgullo su tradicional corona Shuar, confeccionada con plumas de guacamayo rojas y amarillas, Domingo Ankuash lleva años defendiendo el derecho de su pueblo a gestionar de forma autónoma su territorio. Situado en la Cordillera del Cóndor, en el confín suoriental del país, el territorio Shuar goza de una importante riqueza natural. Además de la abundante presencia de madera y agua, su suelo cuenta con diversos minerales entre los que destacan el cobre y el oro.

Estos minerales son objeto de deseo de varias empresas canadienses y chinas. El proyecto más ambicioso es el denominado Mirador, dentro del cual la empresa de capital chino Ecuacorriente pretende extraer 4.000 millones de toneladas de cobre en la provincia de Zamora Chinchipe a partir de 2015. Las organizaciones del pueblo Shuar se han opuesto reiteradamente a este tipo de iniciativas de megaminería a cielo abierto – o a “infierno abierto”, como la denomina Domingo-.

“El gobierno trata de comprar a los líderes Shuar para dividir al pueblo, pero muchos seguimos resistiendo”, asevera el dirigente amazónico, quien denuncia que el discurso indigenista del 'Buen Vivir' -que pone los derechos de la naturaleza por delante del crecimiento económico- utilizado por el ejecutivo de Rafael Correa no es más que papel mojado “para engañar a América Latina y al mundo”.

En los últimos meses, los Shuar han visto como tres de sus líderes han sido hallados muertos en circunstancias sospechosas. El último de ellos fue José Tendetza, encontrado sin vida el 4 de diciembre de 2014, pocos días antes de que emprendiera su planeado viaje a la Cumbre de los Pueblos en Lima para denunciar los excesos de las compañías mineras en el territorio Shuar.

En un primer momento, el gobierno alegó que Tendetza se había ahogado en el río mientras pescaba, aunque más tarde el ministro del Interior reconoció que la hipótesis más probable era el estrangulamiento. No obstante, no aportó datos sobre los sospechosos del crimen. Domingo no duda en afirmar que sus compañeros “fueron asesinados por la policía y el ejército de este régimen autoritario”.

Correa y el movimiento indígena

Conforme ha ido avanzado la presencia de Rafael Correa al frente del gobierno ecuatoriano, la relación con el movimiento indígena se ha deteriorado poco a poco. La decisión del gobierno de iniciar la explotación del Yasuní-ITT, así como el impulso de megaproyectos de extracción de recursos naturales en otras zonas con alta presencia de pueblos indígenas, han motivado el alejamiento entre ambas partes.

El último movimiento del ejecutivo de Correa que ha dado la puntilla a su relación con los pueblos originarios fue la decisión gubernamental de expulsar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) -importante organización en defensa del colectivo- de su histórico edificio en Quito. Pese a que la medida fue aplazada el 5 de enero, la amenaza de desalojo sigue pendiendo sobre la CONAIE, a quien el estado ecuatoriano cedió el uso del inmueble hace 25 años.

Domingo, quien fue presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), uno de los tres pilares de la CONAIE, se muestra impresionado ante la situación en México. Pese a que su pueblo también ha sido víctima de la represión del gobierno, el dirigente Shuar asume que la situación en México alcanza otro nivel. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, hace casi cuatro meses es uno de los ejemplos.

Los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa

Los padres y madres de los 43 ocuparon el puesto de honor, cedido por el EZLN, a lo largo de todo el festival. Los encapuchados zapatistas, pese a ser los coorganizadores del evento junto al CNI, apenas se dejaron ver públicamente, limitando su presencia a la noche del 31 de diciembre. Allí, envuelto en la niebla chiapaneca, rodeado por cientos de rostros mayas cubiertos por pasamontañas y pañuelos, permaneció Domingo escuchando con avidez el largo discurso del subcomandante Moisés, sucesor de Marcos al frente del EZLN.

“Nosotras y nosotros los zapatistas decimos que estamos en una sociedad donde somos explotados, reprimidos, despreciados y despojados por siglos de patrones y líderes, y hasta hoy, finales del 2014 y principios del 2015, así sigue la sociedad”, exclamó, mientras los fuegos artificiales que celebraban la llegada del nuevo año estallaban en los municipios cercanos.

Un día después, Domingo demostró la cercanía entre la lucha Shuar y la lucha zapatista y el resto de resistencias de los pueblos indígenas de México y América Latina. “Somos un pueblo que cree en sus derechos territoriales, cree en su dignidad y en su libertad y defiende su generación; cree en su autonomía y en su autodeterminación”, defendió ante los delegados del CNI.

Dignidad, libertad y autonomía fueron las palabras clave repetidas a lo largo de todo el festival. Tanto en Xochicuautla (Estado de México), donde se inauguró el encuentro, como en Amilcingo (Morelos) y en Monclova (Campeche), los pueblos indígenas mexicanos expresaron su dolor y su rabia ante los megaproyectos que, según ellos, atentan contra la vida de sus comunidades. “Nunca más un México sin nosotros”, el lema más sonado, reiterado una y otra vez por los participantes. Las más señaladas: las multinacionales y los “malos gobiernos”, acusados de ser los grandes culpables de sus problemas.

Pese a no haber podido estar presente en la mayor parte del evento, Domingo expresa en pocas palabras la esencia del encuentro zapatista: “No vivimos de los dólares; sino de la caza y la pesca. De la tierra, que es la única manera de sobrevivir en este planeta”.

Hicham Bouchti, un exespía marroquí que huyó a España tras denunciar la corrupción de sus superiores, se ha cansado de esperar. Tras cuatro años recluido en Melilla, este opositor al régimen de Rabat ha conseguido cruzar el mar hacia la Península Ibérica camino de Italia. Confiaba en que las autoridades de Roma le otorgaran el estatus de asilado político que España nunca le dio. Sus planes, sin embargo, se han frustrado al haber sido detenido en Francia y devuelto a España.

“Después de varias huelgas de hambre y muchas protestas estaba harto de todo”, contó antes de esta última decepción. “El pasado 5 de mayo fui a la comisaría de Melilla con mis maletas y le dije al jefe de la policía que si no me dejaba ir inmediatamente a la Península haría una locura que saldría en la prensa de todo el mundo”, narra Hicham Bouchti en un apartamento del madrileño barrio de Lavapiés. “Me dijo que fuera al puerto a la mañana a siguiente. No me lo terminaba de creer. Llegué al puerto a las seis de la mañana del lunes 6 de mayo, los guardias me dejaron embarcar e incluso me ayudaron a subir las maletas. Al cabo de unas horas llegué a Motril. Allí me esperaba un policía que me dijo: 'ahora, búscate la vida'”.

La salida de Bouchti de Melilla pilló por sorpresa a la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma. El delegado, Abdelmalik El Barkani, que ya había mostrado su oposición a dar facilidades a la tramitación del permiso de residencia del antiguo agente marroquí, no se ha querido pronunciar sobre la nueva situación. ¿Cómo ha conseguido Boutchi salir de Melilla sin el beneplácito de las autoridades? “Te puedes imaginar lo que le dije a la policía. Cuatro años es mucho tiempo, he perdido a mi familia y estaba desesperado”, declara sin llegar a revelar los detalles de lo que ocurrió.

“Hicham está en este momento en una situación delicada y peligrosa”, afirma José Palazón, presidente de la ONG Prodein y amigo del opositor marroquí. Tras desembarcar en Motril, Bouchti viajó la semana pasada a San Sebastián para dar una conferencia sobre violaciones de derechos humanos y cárceles secretas en el reino alauí. Más tarde se trasladó a Madrid, donde el lunes 13 de mayo cogió un autobús hacia Italia. Después de comprobar que en España no podría conseguir el asilo político ni el permiso de residencia, el exespía ha decidido probar suerte en un país que, según su visión, “tiene menos intereses en Marruecos”.

No obstante, de momento Boutchi tendrá que esperar. “La policía de Francia me ha detenido y me ha devuelto a España”, ha declarado este mismo viernes. Su intención de alcanzar el país transalpino se ha visto frustrado antes de llegar a esa frontera.

Este es el último episodio de la turbulenta vida de Hicham Bouchti, un activista marroquí que formó parte de los servicios secretos del rey Mohamed VI. Corría el año 2002 cuando, tras haber estudiado en la academia militar y haber alcanzado el puesto de secretario del Estado Mayor de las Fuerzas Auxiliares, Bouchti decidió junto a otros tres oficiales denunciar a sus superiores. “La inteligencia marroquí funciona como una mafia. El jefe ordena y los subordinados entran en las casas y detienen a gente que no ha cometido ningún delito”, asegura. La denuncia, presentada directamente ante el monarca, supuso un punto de inflexión en su vida. “El problema es que denunciar la corrupción en Marruecos supone apuntar directamente al rey, porque todos nuestros superiores recibían órdenes directas de él. Al salir de la reunión fuimos detenidos y torturados.”

A partir de entonces Bouchti vivió un ajetreado periplo que le llevaría desde la cárcel secreta de Temara, a las afueras de Rabat, hasta el Centro de Acogida de Refugiados de Alcobendas, en Madrid. “Tras dos años de torturas en la cárcel me enviaron a Oujda, mi ciudad natal, bajo arresto domiciliario. Envié muchas cartas al rey, a Amnistía Internacional e incluso a Jacques Chirac, el entonces presidente de Francia”. Finalmente, decidió cruzar la frontera hacia Melilla con un pasaporte falso. Allí solicitó asilo político y poco después fue trasladado a Alcobendas. Era el año 2005.

Para corroborar su versión de la historia, Bouchti viaja con una maleta repleta de pruebas. Conforme avanza el relato va mostrando diferentes documentos: su carné del servicio secreto marroquí, planos de edificios oficiales que recopiló durante su etapa como espía o recortes y portadas de prensa donde su rostro ocupa un lugar preferencial.

Aquella estancia en Madrid duró apenas unos meses. Cuenta que agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se pusieron en contacto con él para demandarle información confidencial del reino alauí. Poco después fue el servicio secreto exterior marroquí quien le abordó para amenazarle con hacer daño a su familia si no colaboraba con el régimen. Bouchti se vio así atrapado entre ambos cuerpos de espionaje. Finalmente, los agentes marroquíes le engañaron para que volviese a Melilla, donde, según Bouchti, fue secuestrado y conducido de vuelta a Marruecos.

“Me llevaron a Rabat y me torturaron”, asevera. Se repitió la historia. Volvió a pasar dos años en la cárcel hasta que fue trasladado a Oujda. Entonces, decidió huir de nuevo a Melilla, esta vez disfrazado de mujer. No obstante, en esta ocasión no le fue tan sencillo dar el salto a la Península. “Nada más llegar hablé con un mando policial, le conté que el servicio secreto alauí me había llevado por la fuerza a Marruecos, pero él dijo que era imposible que eso hubiera ocurrido en territorio español. Bloquearon mi petición de asilo porque decían que seguía trabajando para la inteligencia marroquí.”

El derecho de asilo, reconocido en España por la Ley 12/2009, protege a los extranjeros que corren peligro de ser perseguidos por motivos políticos en sus países de origen. Lejos de otorgar este reconocimiento a Bouchti, España ni siquiera puso facilidades para darle el permiso de residencia por arraigo. Durante su estancia en Melilla, el exespía tuvo un hijo con una mujer española, circunstancia que podría haber facilitado los trámites. No obstante, la Delegación del Gobierno le exigió un certificado de penales, documento que solo podía conseguir si volvía a Marruecos, “algo imposible”, en palabras de Bouchti.

Al no serle concedido el estatus de refugiado, el activista fue expulsado del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, viéndose obligado a buscar alojamiento por su cuenta. “España no puede dar el asilo a un marroquí porque eso sería reconocer que Marruecos es una dictadura. Crearía muchas tensiones diplomáticas”, explica.

Durante estos últimos cuatro años en la Melilla, su actividad política se ha multiplicado. Ha creado junto a otros compatriotas la Unión de Opositores y Refugiados Políticos Marroquíes, ha escrito numerosos artículos periodísticos y un libro titulado La hospitalidad de la inteligencia que pronto será traducido al español. Se ha destacado también como firme defensor de la democracia y los derechos humanos tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental. “Al Jazeera me invitó a Qatar para hacerme una entrevista, también una universidad de Brasil quiso que fuera allí para presentar mi libro, pero las autoridades españolas no me dejaban salir de Melilla. De haber podido moverme habría hecho muchas cosas para favorecer la revolución en Marruecos”, sostiene.

Bouchti ha vivido con mucha atención los acontecimientos que han tenido lugar en su país desde el 20 de febrero de 2011, día del inicio de las manifestaciones que dieron origen a la frustrada Primavera Árabe marroquí. “No ha cambiado nada”, opina. “A pesar de que se aprobase una nueva Constitución, el rey sigue siendo el jefe de la religión, del Ejército, del Parlamento y del Gobierno. Lo ideal sería alcanzar una monarquía constitucional, pero estamos muy lejos de eso.”

Debido a esa ausencia de democratización de Marruecos, Boutchi prefiere buscar refugio en otro lugar de Europa antes que volver a su país. “Me marcho a Italia a solicitar asilo. Necesito obtener un permiso legal en Europa para tener acceso a una tarjeta sanitaria y poder viajar. Mañana cojo un autobús, viajo sin pasaporte pero no me preocupa. España quiere librarse de mí”, sentencia. De momento, Francia también le ha cortado ese camino.

Tras años en el ostracismo ante el carácter sagrado de la monarquía alauí y el control que esta ha ejercido sobre el mundo religioso desde la independencia, los vientos de cambio en el mundo árabe y la descomposición del sistema de partidos históricos han situado al islamismo en la primera línea de la actividad política de Marruecos.

El nombramiento como primer ministro de Abdelilá Benkirán, líder del principal partido islamista marroquí, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), hace un año, pareció seguir la estela de otros países de la zona, que dieron paso a gobiernos de barbudos tras las protestas que finiquitaron el statu quo de la Guerra Fría en la región. Pero ahora el regreso de la inestabilidad a Túnez y Egipto reaviva las dudas sobre el futuro de su pariente magrebí.

“Al igual que en Egipto, el Gobierno del PJD se va a quemar día a día, teniendo que adoptar medidas impopulares, mientras que los que están detrás de la escena no se queman en ningún caso”, opina Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). “Lo que ocurre es que, aunque saliera bien la jugada y Benkirán se quemara, sigue estando Justicia y Espiritualidad”.

La organización islamista ilegal pero tolerada Justicia y Espiritualidad aguarda su momento alejada de la trituradora vida parlamentaria. Es la fuerza opositora al régimen con mayor capacidad de movilización social y posee, según los expertos, una base social mucho mayor que el gobernante PJD.

Por otra parte, completando este particular espectro político islamista, Marruecos no ha sido inmune a la expansión del salafismo por el norte de África. Si bien la presencia del salafismo en la vida política es marginal, células armadas fueron capaces de perpetrar atentados como el de Casablanca en 2003 y el más reciente de Marrakech en 2011, que conmocionaron a un país hasta entonces alejado de estas formas de islamismo violento y fundamentalista. Además, se ignoran aún las consecuencias que puede tener para toda la zona la guerra de Malí y la expulsión de las milicias yihadistas de sus bastiones en el Azawad.

“Existe inquietud respecto al futuro, pero hoy por hoy los salafistas son actores poco significativos. El salafismo rigorista choca con la sociedad marroquí, que, como en el Magreb en su conjunto, es fundamentalmente suní, de rito malikí, de los más tolerantes dentro del islam”, apunta Núñez.

Un invitado incómodo

Lejos de la interpretación salafista del islam se encuentra Justicia y Espiritualidad, el movimiento de raíz sufí creado por el jeque Abdeslam Yasín en 1981. Entre sus pilares se encuentra el rechazo a toda forma de violencia y la purificación de la sociedad marroquí librándola de la corrupción.

“El sistema está totalmente podrido”, afirma rotundamente Mohamed Salmi, miembro de la secretaría política de Justicia y Espiritualidad. “Nosotros trabajamos para aplicar la religión para conseguir un cambio positivo en la sociedad”, agrega durante una entrevista en la sede nacional de la asociación en la ciudad de Salé.

El movimiento creado por Yasín ha sufrido desde su fundación un fuerte hostigamiento por parte del régimen que ha ido decayendo conforme avanzaba el proceso aperturista y se incrementaba el peso de los islamistas. El enfrentamiento entre Justicia y Espiritualidad y la monarquía se explica por la negativa de la asociación a aceptar la concentración de poderes en el rey, en especial el religioso. El título de “Comendador de los Creyentes” que ostentan los monarcas alauíes los consagra como descendientes directos del profeta Mahoma. Según Salmi, “el liderazgo religioso debería dejarse a cargo de los especialistas religiosos en vez de Mohamed VI”.

El posicionamiento respecto a esta cuestión es precisamente la principal diferencia entre los dos principales movimientos islamistas de Marruecos. Mientras los seguidores de Yasín se ven relegados a la clandestinidad, el partido en el Gobierno, el PJD, acepta el carácter religioso del trono. “Justicia y Espiritualidad no es tanto un partido político con pretensión de conquistar el poder como de transformar una sociedad”, argumenta Núñez. “El grupo plantea un debate distinto al del PJD, que es más pragmático y de orden partidista”.

Pese a ser una asociación no reconocida por la ley y, por tanto, carente de una cifra oficial de militantes, pocos dudan en Marruecos de que Justicia y Espiritualidad es el movimiento político con mayor base social del país. El carácter casi mítico del jeque Yasín, presentado como defensor de la justicia social y de la lucha contra la corrupción, ha otorgado un gran prestigio a la organización. Además, las redes de auxilio social sostenidas por el movimiento, que sustituyen al Estado allí donde este no llega, le han granjeado un amplio respaldo popular. Las estimaciones sobre el número de miembros varían entre los 40.000, según fuentes oficiales, y los 200.000, según fuentes afines a la asociación.

El papel clave de Justicia y Espiritualidad en los círculos de oposición al régimen quedó retratado tras su abandono a finales de 2011 del movimiento que abandera en Marruecos las protestas nacidas al calor de la primavera árabe, el conocido como 20 de Febrero (20F). Las manifestaciones que recorrieron el país bajo la insignia del 20F sufrieron una gran pérdida de adeptos cuando la asociación islamista decidió oficialmente retirarse de las protestas. Desde entonces, el 20F ha quedado reducido a un pequeño número de jóvenes universitarios de corte laico y progresista incapaces de canalizar el descontento del marroquí de a pie.

“Estamos por un cambio radical”

La muerte del fundador Yasín en diciembre de 2012 ha abierto una incógnita en el futuro del islamismo político en Marruecos. La organización sufí ha reaccionado rápidamente designando a Mohamed Abadi como guía espiritual y a Fatalá Arsalane como encargado del aparato político. Esta bicefalia ha sido entendida por muchos como un paso más en la transformación de Justicia y Espiritualidad en un partido político. De consumarse esta posibilidad, que aún queda lejos por la resistencia de la asociación a aceptar el liderazgo religioso del rey, el panorama político marroquí daría un vuelco.

“Nosotros estamos por un cambio radical, verdadero. Hasta ahora, el cambio en Marruecos no ha tocado más que a la fachada. La corrupción continúa, el sistema es el mismo”, asegura un efusivo Salmi. “Respecto al futuro, nosotros tenemos las mismas posturas sobre el régimen. Nuestros principios son los mismos, no cambian. Estamos por la apertura, por el diálogo, por trabajar con los demás respetando la diversidad y los derechos humanos. Estamos por la democracia”, concluye.

Del mismo modo que en el resto del mundo árabe, el islamismo político está en auge en Marruecos. Gracias a una amplia organización de base y a un discurso que conecta con las aspiraciones de las mayorías sociales árabes, organizaciones como los Hermanos Musulmanes en Egipto o Ennahda en Túnez han sido capaces de llenar el vacío de poder tras las revoluciones de 2011. El hábil régimen alauí, capaz de esquivar su caída gracias a la puesta en marcha de un tímido proceso de apertura, tendrá que lidiar ahora con un contexto regional adverso que potencia la tendencia alcista del islamismo político marroquí. El PJD y, sobre todo, Justicia y Espiritualidad tienen en su mano la llave del futuro político de Marruecos.