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DESALAMBRE

Entrevista

"Parte de la derecha rechaza el proceso de paz porque quiere una Colombia con miedo y odio"

Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz del Senado y activista de derechos humanos en Colombia, visita España para defender el diálogo entre las FARC y el Gobierno de su país

Denuncia la desprotección de activistas y periodistas por parte del Gobierno: "No entendemos que se desmantelen los mecanismos de protección actualmente vigentes"

"Las víctimas no serán quienes se opongan al proceso de paz", dice tras destacar que el proceso ha logrado que por primera vez se sienten en la mesa de diálogos 60 víctimas

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Iván Cepeda, senador y defensor de los derechos humanos en Colombia \ Alejandro Navarro

Iván Cepeda, senador y defensor de los derechos humanos en Colombia \ Alejandro Navarro

Habla con la necesidad de dejar constancia de los logros y dificultades que acompañan al proceso de paz del que forma parte. De los matices claves para conseguir "ese equilibrio tan necesario entre justicia y paz". Iván Cepeda (Bogotá, 1962), senador colombiano de Polo Democrático Alternativo y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, defiende con contundencia los diálogos mantenidos por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana en busca del fin del conflicto interno que ahoga al país desde 1960.

Cepeda habla también con el conocimiento del que ha sido víctima del conflicto que pretende erradicar. En 1994, su padre, el congresista de Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado por grupos paramilitares. Las amenazas se le acumulan a sus espaldas, aquellas que le empujaron al exilio en diferentes etapas de su vida y que ahora le obligan a moverse acompañado de un importante número de escoltas. "Las víctimas no serán quienes se opongan al proceso de paz", sostiene el senador.

eldiario.es le entrevista durante una visita a España que tiene como objetivo defender el proceso de paz en Colombia. Durante su viaje se ha reunido con todos los grupos del Parlamento vasco, el Senado y el Congreso de los Diputados.

Mientras usted estaba en España para defender el proceso de paz de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe estaba de visita en Estados Unidos afirmando que “es un proceso por la impunidad del terrorismo”. ¿Qué valoración hace de estas palabras?

La única opción admisible para Colombia es un acuerdo que selle este conflicto armado de manera definitiva. Uribe tiene una nostalgia del poder, no ha entendido que dejó de ser el mandatario de los colombianos. Quiere seguir, de una manera egoísta y mezquina, determinando los destinos de Colombia y, ahora, quiere trasladar a la opinión internacional una serie de temores.

Dice que este proceso de paz es una entrega al “castrochavismo” cuando es un proceso que simplemente ofrece unas reformas negadas durante muchas décadas en Colombia. Esto es distorsionar la realidad y utilizar métodos inmorales para frenar el proceso de paz colombiano.

¿Cuál es la situación del proceso de paz en la actualidad?

Este es el proceso de paz más productivo y exitoso con las FARC. Se han dado situaciones inéditas: una agenda en la que tres puntos han sido parcialmente acordados, una serie de mecanismos que permiten la expresión de sectores que nunca habían tenido esa posibilidad... Es la primera vez –como lo ha reconocido Naciones Unidas– que las víctimas de un conflicto armado llegan a una mesa de diálogo para dar testimonios. Una visión que, por cierto, ha impactado de una manera muy significativa a los miembros de Gobierno y de las FARC.

Es la primera vez que los militares tienen un diálogo directo con guerrilleros, que se crea una comisión especializada para los asuntos de género y que asistimos a la construcción de un relato histórico del conflicto en el que no prima una única historia oficializada. También son inéditos estos últimos dos meses. En dos meses, sin interrupción, las FARC no han cometido ni un solo acto contra nuestra infraestructura sin embargo. El Gobierno debe ahora acceder y firmar un alto al fuego bilateral.

En este camino, ¿qué dificultades están encontrando?

Por supuesto hay problemas, defectos. El más grande es que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no ha comenzado un proceso de paz similar. Yo espero que esto suceda cuanto antes. Además, es necesario involucrar de una forma mucho más activa a la sociedad en este proceso, el inicio de una serie de decisiones políticas relacionadas con las reformas sociales y económicas que requiere la paz. Y que se prepare de una vez lo que va a ser un escenario de posguerra.

Amnistía Internacional ha denunciado la permanencia de los grupos paramilitares, a pesar de que, afirman, el Gobierno niegue su existencia desde el proceso de desmovilización iniciado en 2005.

No es un tema del pasado porque esto está en la agenda de La Habana. No se puede pensar en la paz de Colombia sin que desaparezca el paramilitarismo y la posibilidad de que en el futuro a alguien se le ocurra formar un nuevo grupo. Tampoco puede ser posible que agentes del Estado puedan amparar esta clase de grupos. Debe ser un capítulo al que se le ponga punto y final. Y tanto las FARC y el Gobierno son conscientes de ello.

¿Existe una connivencia entre los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado?

Es un problema de instancias propias del Estado. Se deben blindar garantías para que no se vuelvan a repetir los crímenes cometidos y, en este punto, es imprescindible la desaparición del paramiltarismo. Durante décadas de conflicto, determinados sectores del Estado han creado una instancia que les ha permitido ordenar los peores crímenes. Es necesario erradicarlo.

Otra de las denuncias que llegan por parte de ONG es el riesgo de impunidad que puede acarrear la aparente intención del gobierno de dar más peso a la justicia militar que a la civil a la hora de juzgar a supuestos responsables de los crímenes del conflicto.

En los inéditos diálogos mantenidos con militares en retiro hemos planteado que no se deben perder energías en crear nuevas legislaciones que amplíen el fuero militar y que más bien hay que entrar a discutir los asuntos de la justicia transicional, utilizada como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Todos los posibles responsables deben ser juzgados bajo un mismo marco normativo: fuerzas militares,  guerrilleros, militares y policías.

Hace unos días se ha formulado una iniciativa más ambiciosa: que también sean incluidos los empresarios y los políticos. No solo los combatientes, sino también quienes tienen otras responsabilidades a otros niveles dentro de este conflicto armado. Es necesario dialogar sobre cuál es la fórmula correcta que genera ese equilibrio tan necesario entre justicia y paz. Es lo que estamos buscando.

¿En qué situación se encuentran los periodistas y los defensores de derechos humanos?

En una situación de riesgo. Y eso es así porque las circunstancias y el contexto están generando nuevas amenazas o acentuando las ya existentes. En la medida en que se aproxima un acuerdo de paz, hay fuerzas que quieren impedirlo a toda costa. A medida en que se avanza en los procesos de restitución de tierras, y que se avanza en el trabajo de desenmascarar a quienes han sido los usurpadores de esas tierras, también aumentan los peligros para los líderes sociales y campesinos.

¿Qué papel juega el Gobierno en esta desprotección?

El Estado debe garantizar la protección de los ciudadanos y no entendemos que se desmantele o se debilite los mecanismos de protección actualmente vigentes. Después de tantos años de conflicto, en Colombia se ha creado una unidad de protección que depende del Gobierno y vemos con preocupación que tiende a debilitarse en circunstancias en las que necesitarían lo contrario: garantizar la seguridad de muchas personas que están en situación de riesgo.

El Gobierno debe invertir todos los recursos necesarios en la protección de las personas que trabajan por la paz, que defienden los derechos humanos, que hacen trabajo por la restitución de tierras en zonas de alto riesgo y para periodistas que hacen denuncias importantes. Si se quiere llegar a la paz es necesario que se garantice.

Hay políticas gubernamentales que, sin embargo, auspician este tipo de situaciones. Por ejemplo, el tratamiento de la protesta social es un asunto que hemos discutido con el Gobierno.

Uno de los puntos más delicados del proceso de paz es la introducción de miembros de las FARC en la vida política.

Es un punto que está en la agenda pero aún no se ha tratado. Si hablamos de proteger a los activistas, defensores de sus tierras, etc. también tiene que haberla para quienes dejen las armas y vengan a la vida civil en una condición distinta. El mensaje transmitido por las víctimas en la mesa de negociaciones es que hay disposición a buscar la reconciliación. Todo esto tiene que ser objeto de unas medidas y de unas decisiones que se deben tomar en materia de reparación y justicia. Lo que está claro es que no van a ser las víctimas quienes se opongan al proceso de paz en Colombia.

¿Quién sería?

Hay uno que está claramente identificado. Es un sector de la derecha que ha vivido históricamente del conflicto armado y que ha hecho de su vida política cultivo de la ideología de la guerra. Es con ese sector con quien hay que tener cuidado.

¿Qué ganaría el expresidente Uribe con eso?

Eso no voy a precisarlo en términos ni económicos ni políticos. Pero su vida política ha sido una constante obsesión en torno a la guerra, en torno al mantenimiento de un país con miedo y odio como ingredientes esenciales. Ese discurso está siendo superado por los hechos.

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