En el Congreso se reciben cada día unas 100 preguntas dirigidas al Gobierno y en los últimos diez años, los distintos Ejecutivos han logrado dar respuesta a más de 225.000 de ellas. En la tramitación de todas ellas intervienen varios organismos: el Congreso, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que es el encargado de la coordinación de las respuestas, y luego todos los ministerios involucrados en contestarlas. 

Se trata de un proceso que en total dura más de un mes de media, y en el que intervienen muchas personas para lograr que sean respondidas en plazo. Los datos muestran que se consiguen resolver en el plazo establecido de 20 días hábiles pero que la calidad de las respuestas, en muchos casos, deja que desear. 

Maldita.es y Qué hacen los diputados (QHLD) han analizado cerca de 100.000 preguntas de la legislatura XIV (2019-2023). Se pueden consultar los datos y ver cómo se ha hecho esta investigación en el apartado de metodología.

El largo camino de la pregunta parlamentaria

Las preguntas deben pasar por varias manos en su camino a la respuesta. Se trata de un largo proceso que implica a varios organismos: el Congreso, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática también y los propios ministerios a los que se dirijan las preguntas.

Este camino comienza en la Cámara Baja. La pregunta, una vez registrada, debe ser calificada por la Mesa del Congreso, cuya función es la de hacer un primer filtro sobre el contenido de la pregunta y detectar por ejemplo si está repetida. 

Pasa luego a la Dirección General de Relaciones con las Cortes, que las vuelve a calificar y las envía a los ministerios competentes para responderlas. Finalmente, la misma dirección general redacta estas respuestas y las envía al Congreso, para que los diputados puedan consultarlas. 

En la Subdirección General de Control Escrito, dependiente de esta dirección general, trabajan 27 personas, aunque tres de los puestos de trabajo están vacantes a fecha de marzo de 2023. Es esta unidad la que se encarga de la gestión de las preguntas (la recepción, envío a los organismos y la maquetación final de las respuestas).

El proceso total dura de media 42 días. En esta legislatura, las preguntas han tardado algo más de un mes en recibir una respuesta.

Al menos 350 personas trabajan en la tramitación de las preguntas

Para facilitar y centralizar la gestión de las preguntas parlamentarias, tanto el Congreso como el Ministerio de la Presidencia y los distintos ministerios utilizan el programa Cortesía. 

En 2022, este programa contaba con unos 350 usuarios correspondientes al resto de ministerios (excepto el de la Presidencia), según la documentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. El trámite de las preguntas hasta 2008 se realizaba predominantemente en papel o por correo electrónico. Este es el aspecto que tenía la aplicación en 2010:

No hay información pública sobre cuáles son los ministerios que proporcionan los datos para cada pregunta, por lo que en la respuesta que hay en la web del Congreso consta únicamente la firma del Ministerio de la Presidencia. 

En el contenido de las respuestas se suele indicar la fuente de la que procede la información, pero no es posible cuantificar cuáles son los ministerios a los que se les han dirigido más consultas.

Jon Iñarritu y las preguntas repetidas sobre Pegasus

En mayo de 2022, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu hizo 30 preguntas relacionadas con el software Pegasus y el espionaje a políticos. 

Esta es una de esas preguntas, acerca de si el Gobierno había sido informado de la existencia del malware Pegasus con anterioridad a la publicación de una investigación de New Yorker y Citizen Lab.

El Gobierno contestó el 1 de junio a todas ellas y en la respuesta únicamente dijo que lo preguntado había sido ya comentado en las Cortes y que la respuesta se podía consultar en el Diario de Sesiones.

Un mes después de haber enviado estas primeras preguntas, el diputado volvió a enviar el mismo lote de preguntas argumentando que no se había contestado a ninguna, y que en la comparecencia a la que se referían no se daba respuesta a nada de lo preguntado.

La respuesta a estas preguntas fue exactamente la misma: lo planteado ya había sido abordado en el Congreso y podía ser consultado en el Diario de Sesiones a través de la web.

Estas preguntas constan como contestadas. En conversación con Maldita.es y Qué hacen los diputados (QHLD), Iñarritu cuenta que, en muchas ocasiones, “las respuestas son un pitorreo” y que por respeto a las Cortes y su labor de control al Gobierno “no es aceptable que se responda parcialmente o se atengan al clásico ”esa cuestión ya quedó respondida en la comparecencia“. 

Iñarritu también dice que en ocasiones el Gobierno también se hace la ‘autotrampa’ de decir que ha contestado formalmente, cuando “en el contenido no se dice nada sobre lo preguntado”.

El Congreso acumula las preguntas antes de enviarlas al Gobierno

Independientemente de la calidad de las respuestas, los datos de esta legislatura muestran que diputados, trabajadores del Congreso y ministerios trabajan a distintas velocidades. Mientras que los diputados y el Gobierno lo hacen de una manera más continuada, en el Congreso las iniciativas se acumulan antes de ser enviadas.

En todos los casos es posible ver que hay picos de actividad, que suelen corresponder con los envíos masivos de preguntas que utilizan patrones repetitivos, y que en esta legislatura han sido muy utilizados sobre todo por Vox y el PP, que han hecho más de la mitad de todas las preguntas.

Preguntas en lote, respuestas en lote

Maldita.es y QHLD han analizado cerca de 19.000 preguntas de la legislatura XIV con el fin de detectar cuántas veces se han utilizado patrones repetitivos en las preguntas y se han realizado estos envíos masivos. La investigación muestra que esta es una de las tácticas más frecuentes que usan los diputados.

Por ejemplo, en vez de preguntar por el estado de alguna cuestión por provincias, se envían 52 preguntas exactamente iguales en las que lo único que cambia es la provincia por la que se pregunta. Se envían grandes lotes de preguntas que hacen subir en las estadísticas a los diputados con más iniciativas parlamentarias. 

En la gran mayoría de casos, el Gobierno también opta por economizar recursos a la hora de contestar. Si se han hecho muchas preguntas repetitivas de golpe, también se responden así, a la vez, y con la misma respuesta en cada uno de los archivos PDF que cuelgan en la web.

Una de las respuestas más masivas de las que tenemos constancia trata sobre las previsiones del Gobierno de inversión en varios municipios de Cataluña. Los diputados del Grupo Republicano enviaron 193 preguntas el 26 de mayo de 2021.

La respuesta llegó el 9 de junio, tan sólo un día (hábil) después. Consistió en un documento en el que se daba respuesta simultáneamente a todas ellas. En la respuesta, el Gobierno señalaba que la información pedida a nivel de municipio no estaba disponible, porque en los Presupuestos Generales del Estado sólo se facilita información a nivel provincial. 

Esta respuesta a más de 190 preguntas se hizo en un solo día y fue negativa, es decir, que no se facilitó la información solicitada, pero aun así la pregunta consta como contestada. 

Así ha contestado el Gobierno a las 10 preguntas repetitivas más numerosas

Esa pregunta de Esquerra sobre las inversiones del Gobierno en municipios catalanes se contestó de una tacada, en un solo día. Eso ha ocurrido en más ocasiones. Por ejemplo, otro lote de 193 preguntas de ERC en el que se preguntaba sobre infraestructuras, edificios o terrenos de titularidad estatal en los diferentes municipios catalanes. 

No siempre se contestan todas a la vez. En ocasiones estos lotes se responden de manera fragmentada, como ocurre en el caso de unas preguntas del diputado Sergi Miquel, del PDeCAT (Grupo Plural), que fueron respondidas de manera escalonada en 13 días distintos durante varios meses.

También se da el caso de que las preguntas repetitivas sobre un mismo tema y con la misma estructura se realizan separadas en el tiempo, lo cual implica que el Gobierno también responda de esta manera. 

En el caso de las preguntas sobre las reformas de los cuarteles de la Guardia Civil por toda España, Vox separó estas consultas en distintos días y también se respondieron de manera separada.

Una de cada cinco preguntas se contestó fuera de plazo o en el plazo ampliado

La respuesta del Gobierno a una pregunta escrita debe realizarse dentro de los 20 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). El plazo puede ampliarse otros 20 días más si hay una petición motivada del Gobierno.

Según el análisis de Maldita.es y QHLD, el 20,8% de las preguntas de esta legislatura se contestaron fuera de plazo o en el plazo ampliado de hasta 40 días.

Sin embargo, la mayoría se recogen dentro del plazo normal establecido, pero se apura mucho el límite: han sido respondidas de media en 18 días hábiles.

Los plazos de tramitación se calculan en días hábiles y no en días naturales. Es decir, en el cómputo del plazo no cuentan ni los fines de semana, ni los festivos ni, en el caso del Congreso, los meses de enero, julio y agosto, que es cuando la Cámara Baja para su actividad. 

El Grupo Plural y el PSOE, los que más tardan en ser respondidos

Los grupos a los que se les ha respondido en más ocasiones fuera de plazo han sido el Grupo Plural y el Grupo Socialista, ambos con una tasa de respuestas tardías cercana al 9%, cuando la media de todos los partidos es del 5,2%.

Aparte del Grupo Plural, a quienes también se les ha contestado con más retraso ha sido a los diputados de EH Bildu: el 26,1% de sus respuestas ocurrieron tarde o en el plazo ampliado de 20 a 40 días hábiles.

En cuanto a los dos partidos con más preguntas, a quienes se ha contestado más rápido ha sido a ERC, PNV y Vox.

La pregunta que más ha tardado en ser respondida: 475 días

En estos últimos tres años, la pregunta que más ha tardado en tramitarse ha sido una realizada por Vox acerca de las asociaciones culturales que se reunieron con algunos ministros del Gobierno durante la pandemia. 

La pregunta fue realizada el 22 de abril de 2020 y recibió respuesta el 2 de marzo de 2022. Son casi dos años en recibir una respuesta, aunque traducida a días hábiles se queda en 475: casi 12 veces el plazo máximo. 

Termina la legislatura y las preguntas caducan

¿Qué ocurre con las preguntas que no se contestan? No todas las preguntas son respondidas siempre, y las causas son varias. La primera de todas, según los datos históricos, es porque han caducado. Cerca de 14.000 preguntas del Congreso caducaron en los últimos 10 años: un 6,1% del total.

Esto ocurre de forma habitual cuando una legislatura acaba y se disuelven las Cortes. Las iniciativas, también los proyectos y proposiciones de ley o cualquier otra iniciativa, caducan y finalizan en muchos casos sin llegar a estar completamente tramitadas. En las legislaturas más breves (XI y XIII) apenas se dio respuesta a unas pocas preguntas y casi todas las que se presentaron caducaron.

Ni contestadas ni reclamadas: más de 400 preguntas se han quedado en el limbo

Hay preguntas que también corren el riesgo de caducar porque llevan demasiado tiempo en tramitación, sin ser contestadas. Estas preguntas, que se han quedado en una especie de limbo, no están resueltas pero tampoco han sido desestimadas por el Congreso o retiradas por los propios diputados que las hicieron.

Si se observa de septiembre de 2022 hacia atrás, se puede ver un reguero de preguntas que parecen haberse quedado en el olvido.

Las más antiguas de todas las que están sin responder son unas de mayo de 2020, en las que se preguntaba si el Gobierno había impedido la compra de material sanitario en alguna comunidad autónoma durante la crisis de la COVID-19. Estas siete preguntas estaban firmadas por un grupo de 15 diputados socialistas y las comunidades por las que preguntaron son en las que el PSOE no forma parte de sus gobiernos, como la Comunidad de Madrid, Galicia o Andalucía.

Otro motivo frecuente de las preguntas que se quedan sin contestar es que se quedan en “requerimiento de aclaración”. No es que no sean contestadas por inacción del Gobierno, sino que una vez calificadas en el Congreso, la Mesa ha pedido a los autores que hagan una aclaración de la pregunta y estos no lo han hecho. 

Los diputados pueden pedir que pase a pregunta oral si no se se ha respondido en plazo

El artículo 190 del Reglamento del Congreso dice que si el Gobierno no responde en el plazo establecido, el autor de la pregunta puede pedir que la pregunta se incluya en el orden del día de las comisiones permanentes legislativas como una pregunta oral. 

Uno de los partidos que más preguntas han transformado a orales ha sido EH Bildu, y concretamente las realizadas por el diputado Jon Iñarritu. La mayoría de estas preguntas están relacionadas con Interior o Defensa, comisiones a las que el diputado vasco ha ido a exponer oralmente. 

Iñarritu ha transformado cerca de 100 preguntas escritas en orales durante la legislatura, aunque el partido que más lo ha hecho ha sido el PP, con unas 270. La vez que más preguntas ha llevado el diputado Iñarritu de golpe ha sido cuando preguntó sobre los motivos de concesión de condecoraciones policiales a 37 policías acusados de torturas. Entre ellos estaba Billy el Niño, un conocido policía acusado de torturas durante el franquismo, al cual el Congreso aprobó retirar sus condecoraciones de forma póstuma en junio de 2020. 

Iñarritu, que ya había preguntado por este tema en anteriores ocasiones, volvió a preguntar por este tema en marzo de 2021, junto a otros 36 policías condecorados. En esta ocasión, las preguntas acabaron siendo posteriormente retiradas por el propio diputado en la Comisión de Interior. 

Las no admitidas: directamente rechazadas por la Mesa

En esta última legislatura ha habido una tasa mayor de lo habitual de preguntas no admitidas. Cerca de un 0,8% no fueron admitidas a trámite. Sabemos que las no admitidas a trámite son las que son repetidas, aunque algunas (pocas) escapan al filtro de la Mesa.

Tampoco son admitidas a trámite las que, según el artículo 186 del Reglamento, sean “de exclusivo interés personal” de quien formula la pregunta o de cualquier otra persona “singularizada”, ni tampoco la que sea de índole “estrictamente jurídica”. 

Las retiradas: al final no me la pongas

Las más numerosas de todas, un lote que presentaron cuatro diputados de Vox el 23 de diciembre de 2019, al comienzo de la legislatura. Presentaron 134 preguntas en un mismo día que poco después retiraron. Todas ellas en diversas temáticas: contaminación, temas policiales… La mayoría estaban relacionadas con temas de la Comunitat Valenciana. 

El 7 de enero de 2020, este mismo grupo de cuatro diputados volvió a presentar un gran lote de preguntas con los mismos temas, pero habían cambiado un poco la forma de preguntar en algunos casos. 

Este artículo se publicó primero en Maldita.es. Lee aquí el texto original

Hace casi tres años y medio que comenzó la XIV Legislatura y de seguir así podría hacer historia: es en la que más preguntas parlamentarias escritas se han registrado en los últimos 15 años, más de 100.000. Esta iniciativa parlamentaria es la más utilizada en el Congreso. El principal motivo es que es ‘gratis’: se puede hacer sin límite, tantas como se quiera y el Gobierno tiene la obligación de contestar.

Durante la legislatura de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, algunos diputados han registrado varias miles de ellas. Lo habitual es que los partidos que están en la oposición lo utilicen para interrogar y controlar la labor del Gobierno.

Maldita.es y Qué hacen los diputados (QHLD) han analizado las más de 100.000 preguntas de la legislatura XIV (2019-2023). Se pueden consultar los datos y ver cómo se ha hecho esta investigación en el apartado de metodología.

Vox destaca sobre el resto de partidos

El aumento del número de preguntas en esta legislatura se debe principalmente a dos partidos: Vox y PP. Entre los dos han hecho el 80% de preguntas parlamentarias pese a que los diputados de ambos grupos suman el 40% de los escaños de la cámara.

Si se tiene en cuenta el número de diputados de cada grupo, Vox se dispara. Registra más del doble de preguntas por diputado que el PP: más de 800 de media por cada uno de sus 52 diputados (según datos de diciembre de 2019 a diciembre de 2022). 

Las preguntas hay que firmarlas una a una y hay grupos que envían cientos de ellas diariamente

¿Es posible hacer tantas preguntas parlamentarias? ¿Cómo puede encajar hacer hasta 800 preguntas por diputado con ir a las sesiones del Pleno, votar las enmiendas, preparar proposiciones de ley o ir a las distintas comisiones? El tema es que dentro del mundo de las preguntas parlamentarias hay preguntas y preguntas. 

El proceso no es automático. Hay que firmarlas una a una y presentarlas a través del Registro del Congreso (trámite que también se puede hacer online a través de la intranet). Hay días en que los grupos parlamentarios envían lotes con decenas e incluso cientos de preguntas. Por ejemplo, Vox preguntó por los militares vacunados contra la COVID-19 en cada una de las unidades del Ejército del Aire que hay en España, pero en vez de hacer una sola pregunta, hizo 113.

Aquí hay algunas de ellas:

Cada una de estas 113 preguntas fue firmada por el mismo grupo de seis diputados de Vox, aunque no se presentaron todas el mismo día, sino en varias tandas a lo largo de un mes y medio. Esta pregunta bien podría abreviarse como “Número de militares vacunados contra la COVID desagregado/diferenciado por cada uno de los cuarteles del Ejército del Aire que hay en España”. 

Esta técnica, la de replicar preguntas iguales pero cambiando algún elemento, como yendo de uno en uno en una lista, es muy utilizada en el Congreso para enviar preguntas de forma masiva. Entre los elementos intercambiables hay de todo: provincias, municipios, programas presupuestarios, barrancos, faros… 

Cuatro de cada diez preguntas parlamentarias utilizan estructuras repetitivas

La investigación de Maldita.es y Qué hacen los diputados ha analizado 18.945 preguntas parlamentarias, todas las realizadas entre los meses de abril y junio de 2021 y 2022, para poder ver si se repiten patrones. Hemos visto que un 39% de ellas fueron preguntas repetidas o que usaron estructuras repetitivas. 

Para detectar cuántas de ellas se han enviado en lote hemos analizado los textos literales de las preguntas que el Registro cuelga en la web. Explicamos cómo hemos hecho la categorización de las preguntas y los datos disponibles en el apartado de Metodología, al final del texto. 

Preguntas parlamentarias que no son parecidas, son iguales

Aparte de usar este tipo de técnicas repetitivas, hay veces que los partidos optan por hacer algo más obvio: simplemente volver a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando se repite una pregunta? La Mesa del Congreso debe rechazarla e inadmitirla a trámite.

Las preguntas repetidas no tienen por qué haber sido formuladas siempre a propósito, pero sean un error o no, son más comunes de lo que pueda parecer. El objetivo de la Mesa es interceptar este tipo de cosas, pero no siempre lo consigue. 

De hecho, ha habido algunas que han escapado al control, bien porque la Mesa no las detectó o porque se realizan en días distintos, lo que hace que escapen al filtro y por tanto la misma pregunta se tramite más de una vez. De las 275 preguntas que se repitieron, 21 escaparon a este filtro parlamentario y se tramitaron dos veces, según los datos analizados para ese período.

¿Cuántas preguntas se registran al día en el Congreso de los Diputados? 

Desde diciembre de 2019 se han registrado de media al día unas 90 preguntas en el Congreso. En el Registro también se inscriben otro tipo de iniciativas, con mayor complejidad administrativa y de tramitación interna, como pueden ser proposiciones de ley o enmiendas.

El Registro del Congreso está abierto hasta las 18:00 de la tarde y las preguntas que llegan en el día se deben registrar en el día. Se hace así por protocolo; en el caso de otras iniciativas parlamentarias los plazos son importantes, así que todo debe quedar registrado el mismo día.

Vox y PP, los partidos que más preguntan, registran preguntas de manera continuada, aunque tienen oleadas y fases en las que preguntan más y menos. 

En los dos períodos analizados de tres meses (sombreados en rojo), el porcentaje de preguntas repetitivas o repetidas ha sido la causa de todos estos picos. De abril a junio de 2021, un 46% fueron repetitivas, y en el mismo período de 2022 lo fueron el 26%.

Entre 2004 y 2008 hubo un volumen de preguntas similar

Esta sobreactividad de algunos grupos con las preguntas parlamentarias ha sido la más elevada en los últimos 15 años, pero no es inédita, ya ocurrió antes durante un Gobierno socialista. Durante la Legislatura VIII, la primera del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, hubo un volumen de preguntas similar al actual. Entre 2004 y 2008 se enviaron 140.000 preguntas: un promedio de unas 100 al día.

En aquellos años, el principal partido de la oposición también era el PP, con 147 diputados, 59 más que en la actual legislatura. Entonces, el tercer partido de la cámara, Izquierda Unida, sólo tenía 10 diputados. 

Las preguntas atraviesan un largo camino y pasan por varias manos para ser respondidas. Pasan los filtros del Congreso y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Desde ahí se envían a cada uno de los ministerios que se encargan de la materia por la que se pregunta y por último se redactan y se envían de vuelta al Congreso. 

En la legislatura XII el volumen fue menor

La legislatura más cercana a la actual y con una duración de varios años fue la XII (2016-2019). En ese período hubo casi tres veces menos preguntas por diputado que en la legislatura actual. Entonces los principales partidos de la oposición eran el PSOE y la confluencia Unidos Podemos. Maldita.es y Qué hacen los diputados han realizado un análisis similar de un período de tres meses de preguntas de la legislatura XII en 2017 para detectar preguntas repetitivas.

Son los mismos tres meses analizados para 2021 y 2022: abril, mayo y junio. En 2017 hubo bastantes menos preguntas, pero también se usaba el mismo tipo de tácticas repetitivas: en concreto, lo fueron el 23,7%. 

En aquella legislatura también hubo una moción de censura y Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Entonces el PP pasó a ocupar el puesto del PSOE como preguntador número uno. El análisis de los datos de ambas legislaturas (XII y XIV) muestra que, cuando un partido está en la oposición, registra muchas más preguntas parlamentarias que el partido de Gobierno u otros partidos afines. 

El exdiputado socialista Odón Elorza ha contado a Maldita.es y QHLD que hacer muchas preguntas “no está dentro de la estrategia de apoyo al Gobierno”, sino que es la “estrategia de control de la oposición”.

Otra razón para que se hagan menos preguntas cuando no se está en la oposición es que se pueden hacer directamente al Gobierno. Así lo corroboran Odón Elorza y el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, que también habló con Maldita.es y QHLD en su despacho del Congreso. El diputado afirmó que al tener “buenas relaciones con el Gobierno”, si quiere preguntarle algo, lo hace directamente.

Elorza, una vez que ha dejado su escaño, critica en su blog los excesivos filtros que hay por parte del grupo parlamentario y reclama más autonomía. Según cuenta, para registrar una pregunta son necesarias tres firmas: el visto bueno del asesor de área, de la dirección del grupo y del propio Gobierno. 

¿Cuántos diputados hacen falta para hacer una pregunta?

El reglamento del Congreso no fija un límite del número de personas que pueden firmar una pregunta parlamentaria, y se ha dado el caso de preguntas firmadas por hasta 20 diputados. 

Cada partido, además, adopta su propia estrategia. Algunos prefieren firmarlas de forma individual y otros en grupo. Maldita.es y QHLD han analizado el número de personas que han firmado las cerca de 100.000 preguntas de esta legislatura. 

En Vox, que es el partido que ha registrado más preguntas, la mayoría de iniciativas están firmadas al menos por 5 o 6 diputados.

En el PP la cosa está más equilibrada: el 70% de las iniciativas están firmadas por entre 1 y 5 diputados, aunque también hay un importante grupo de preguntas que están firmadas por 11 diputados. 

Este grupo de 11 diputados, encabezado por Ana Pastor, ha tenido una actividad acotada en el tiempo, que se ha dado sobre todo entre abril de 2020 y julio de 2021. Lo que tuvieron en común estas cerca de 2.800 preguntas firmadas por el mismo grupo es que todas estaban relacionadas con temas sanitarios, concretamente con la pandemia de la COVID-19.

Otra cosa que ocurre con estos diputados es que trasladaban muchas consultas planteadas por otras organizaciones, en su mayoría sociedades profesionales sanitarias, colegios médicos o sindicatos del sector.

Los 25 diputados con más preguntas

Como se puede deducir, el ránking de diputados con más preguntas lo encabezan diputados de Vox y PP. Los 25 diputados que más preguntas hicieron son de estos dos partidos.

Al comienzo de la legislatura, lo encabezaron personas como José Ignacio Echániz o Cuca Gamarra, pero a partir de febrero de 2021 la exdiputada de Vox Macarena Olona les adelantó. Ella y su compañero Víctor González sustituyeron a la pareja de diputados populares. 

Olona, que fue durante meses la primera en la lista de los diputados con más preguntas parlamentarias, dejó el escaño en el Congreso para ser candidata por Vox a las elecciones andaluzas en junio de 2022.

Ni Olona ni ningún otro de estos diputados con más preguntas han firmado ni una sola pregunta en solitario en toda la legislatura. 

¿Es esta una táctica para aparecer en los medios de comunicación?

José María Mazón, único diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), está molesto. “En esta legislatura me dijeron que era el más vago”, dice el diputado desde su despacho del Congreso. Mazón se refiere a un artículo que fue publicado en un periódico digital en enero de 2021 titulado “Los más currantes y los más vagos del Congreso: de las 3.213 iniciativas de Figaredo a las 3 de Mazón”. 

En el artículo se decía que en el año que se llevaba de legislatura, Mazón sólo había presentado tres iniciativas parlamentarias: dos preguntas orales y una escrita. Lo que no se especificaba, como pasa con muchos más artículos de este tipo en multitud de medios, es que la gran mayoría de las iniciativas que se contabilizan a todos los diputados son preguntas escritas al Gobierno. 

Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, opina que esta es la interpelación al Gobierno más inmediata que se puede registrar. Sobre si es fácil redactar y registrar una pregunta parlamentaria dice que depende, porque “para preguntar bien, hay que currárselo”. Añade que “si es un abuso o no, es opinable”, aunque también dice que no le parece “muy lógico” el hecho de hacer muchas preguntas. 

Mazón opina que hay otras iniciativas más importantes, como son las proposiciones de ley o votaciones de enmiendas, que al ser menos numerosas no trascienden tanto. 

Qué hacen los diputados es un proyecto que desde 2011 analiza y da seguimiento a lo que ocurre cada día en el Congreso de los Diputados, respondiendo a preguntas como: ¿Cómo votan? ¿Qué se está haciendo en relación al control del Gobierno? ¿Qué leyes se están debatiendo? ¿Cuáles son las iniciativas más comunes? Monitorizar las preguntas es solo una parte del trabajo, ya que hay muchos tipos de iniciativas parlamentarias.

Este artículo se publicó primero en Maldita.es. Lee aquí el texto original.

En el Congreso de los Diputados existe un tipo de iniciativa, disponible para uso de los diputados, que son las solicitudes de informe.

Es decir, los parlamentarios desean conocer una serie de datos: en qué estadísticas se basa el Gobierno para desarrollar una política; si se hace una obra pública por parte de una institución de qué informes está apoyada, como por ejemplo, esta solicitud del diputado Pablo Martín Peré en la que pide al Ejecutivo el informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre el “proyecto de ampliación y remodelación del Club Marítimo del Molinar” de Palma.

La respuesta del Gobierno es un documento que no se hace público. Es decir, solo podemos saber si el ministerio correspondiente ha recibido la solicitud y ha contestado, porque en la web del Congreso figura la fecha en la que se acaba de tramitar la iniciativa, pero no su contenido y mucho menos los documentos que pudieran acompañar la solicitud.

Preguntamos al respecto al Congreso en Tu derecho a saber y nos remitió a dos artículos de su reglamento, el 7 y el 97, que indican que los diputados tienen derecho a pedir informes y datos al Gobierno, que este tiene 30 días para dar la información solicitada, o no y explicar las razones.

También señalan que “se publicarán los textos y documentos cuya publicación sea requerida por algún precepto de este Reglamento, sea necesaria para su debido conocimiento y adecuada tramitación parlamentaria o sea ordenada por la Presidencia”. Es decir, que la publicación de los informes está sujeta a razones desconocidas para la ciudadanía.

Solicitudes de informe tramitadas

En total hay 2.509 solicitudes de informe de diputados, de las cuales 2.170 se han tramitado. De ellas, un 98%, es decir, 2.133 han acabado el trámite, lo cual quiere decir que el diputado/a ha recibido una contestación del Gobierno.

Asimismo, 23 solicitudes se han inadmitido a trámite en términos absolutos o con recalificación; 5 las han retirado los propios diputados y nueve se han extinguido por el cese del autor, Xesús Jorquera, Chesús Yuste y Ramón Jáuregui, en este caso.

La respuesta del Gobierno a las solicitudes de informe

Para saber qué tipo de contestación ofrece el Gobierno hemos pedido ayuda al diputado del PSOE por Soria, Félix Lavilla, quien ha cursado 114 solicitudes de informe e indica que solicita este tipo de documentos especialmente en temas que entiende “pueden interesar a los ciudadanos”.

Sobre las contestaciones que recibe, afirma: “El Gobierno suele ser cero transparente cuando le perjudica una información y utiliza mil tretas. Hay que tratar de darle la vuelta”. En este sentido, el diputado por Soria comenta que el Ejecutivo se escuda “en no dar datos que afectan a protección de datos personales”.

De entre las contestaciones que ha recibido Lavilla queremos mostrar un par de ejemplos. El diputado solicitó que el Gobierno le facilitara los “contratos firmados sobre las obras de modernización en el Palacio de Justicia de la ciudad de Soria, así como las modificaciones que se hayan podido producir”.

Como se puede ver en la respuesta, el Gobierno le envía una relación del enunciado y adjudicatario del contrato, fecha y cuantía. ¿Esa información bastaría o también sería interesante recibir una copia de los contratos?

Según señala Lavilla, busca datos “al menos básicos para comprender cómo va una inversión determinada”, pero el Gobierno “se ampara en la Ley de Protección de Datos” para no facilitar más información.

En otra contestación a una solicitud al Ministerio de Agricultura, sobre “los trámites realizados y las actuaciones pendientes en los humedales de Conquezuela y del Campo de Gómara” (Soria), el Gobierno menciona en su respuesta (de tres párrafos): “La Confederación Hidrográfica del Duero ha realizado en primer lugar un estudio” (…) posteriormente ha redacto el proyecto constructivo, para su futura licitación, si procede“.

Aunque la idea al solicitar este informe era recibir el estudio y el proyecto, Lavilla concluye: “Habrá que pedirlo desde diversas perspectivas e insistir”.

Estados Unidos ofrece un servicio para fiscalizar

En Estados Unidos, donde tienen una oficina de transparencia para fiscalizar al Gobierno (GAO US Government Accountability Office), los parlamentarios tienen un servicio específicoservicio específico a través del cual pueden solicitar información para “mejorar el Gobierno y ahorrar a los contribuyentes miles de millones de dólares”.

A través de una carta manuscrita y un email pueden solicitar los siguientes datos y documentos:

- Las auditorías de las operaciones de la agencia (GAO) para saber “si los fondos federales se gastan de manera eficiente y eficaz”.

- La investigación de las denuncias de actividades ilegales o indebidas.

- Informes de si los programas y políticas del Gobierno cumplen sus objetivos.

- Análisis de las políticas del Gobierno para debatir en el Congreso.

- Decisiones legales y opiniones sobre las ofertas de licitación y otras cuestiones de las leyes federales.

En España, donde el Congreso de los Diputados también es la institución que controla al Gobierno, existen los instrumentos de la solicitud de informe y las preguntas orales y escritas al Gobierno, pero como en algunas ocasiones hemos reflejado, no siempre se ofrecen respuestas satisfactorias y a lo que se solicita.

Información de Qué hacen los diputados

El jueves 17 de octubre de 2013 fue un día importante para la transparencia de la Unión Europea, la organización Access Info Europe ganaba un litigio contra el Consejo de la UE para exigir más transparencia en el proceso de elaboración normativa. El Tribunal Europeo de Justicia rechazaba los argumentos formulados por el Consejo de la UE, y respaldados entre otros países por el Gobierno de España, que buscaban mantener en secreto la identidad de los Estados Miembro a la hora de proponer enmiendas legislativas durante los debates en el Consejo.

En este tipo de litigios los países miembro de la UE pueden unirse a cualquiera de las partes litigantes para defender una u otra postura. En este caso, España se alineaba con el Consejo de UE en contra de la transparencia argumentando que la organización Access Info Europe no tenía un interés legítimo para pedir la información y que era mejor que no se supiese qué país era el autor de cada propuesta para evitar posibles “presiones” por parte de la sociedad civil. También aseguraba que los ciudadanos ya tenían suficiente información sólo con conocer el contenido de las propuestas, pero no el autor. Todos éstos son argumentos que reflejan un concepto de transparencia arcaico que no está en línea con los estándares internacionales más avanzados.

Pero es que España además de haberse posicionado en contra de la transparencia en este tema, está lejos de ser un ejemplo en cuanto a la apertura de sus procesos legislativos. Empezando por el Gobierno, de donde provienen el 97% de las leyes que se aprueban (en 2013), y donde las reuniones, informes y planes están fuera del alcance público; y continuando por el Congreso, donde -como veremos a continuación- el proceso de debate parlamentario está plagado de sombras que hacen que seguirlo con detenimiento resulte complicado.

La citada sentencia tiene mucha relevancia a nivel de la UE por mejorar la transparencia de la propia institución pero también se antoja fundamental a nivel nacional ya que a partir de ahora será más fácil saber qué es lo que pasa en Bruselas, siendo más sencillo para los parlamentos nacionales y para la sociedad civil el escrutinio de los procesos legislativos de la UE, al saber qué posición adopta cada país durante las negociaciones.

Dejando fuera el Gobierno que simplemente no tiene obligación ninguna de abrir sus procesos de decisión sobre planes legislativos, repasamos las sombras que hacen de nuestro Parlamento un lugar poco transparente.

Reuniones a puerta cerrada

Reuniones a puerta cerradaEn el Congreso de los Diputados se celebran diversas sesiones a puerta cerrada de las que no quedan vídeos ni reflejo en el diario de sesiones. Es el caso de las reuniones de la Mesa del Congreso, que suelen celebrarse a principios de semana para, entre otros, decidir qué temas de los propuestos por los grupos parlamentarios tramitará la Cámara. No es posible enterarse inmediatamente de qué iniciativas ha aceptado a trámite ni de los argumentos que han esgrimido para defenderlas o rechazarlas.

En el caso de la reunión de la Junta de Portavoces parlamentarios, que establece el orden del día de los plenos, podemos acceder a sus decisiones a través de las ruedas de prensa posteriores que ofrecen los grupos (que a veces se publican en Internet), pero podemos obtener una información sesgada, si cada portavoz da una explicación bajo su punto de vista y los intereses de su grupo.

Tampoco se puede acceder a los contenidos de las reuniones y comparecencias de algunas subcomisiones parlamentarias. No queda muy clara la razón para no publicar los documentos que va generando el trabajo de la subcomisión.

Fuentes del Congreso han indicado que los informes se publican “cuando concluyen sus trabajos, no antes”, una norma que no aparece en la resolución que regula el funcionamiento de estos órganos. En este sentido hemos formulado una pregunta para saber la razón de la no publicación de documentos a través de tuderechoasaber.es.

Las votaciones en Comisión no se publican

En el Pleno los votos se ofrecen desde junio de 2012 en formato XML y en PDF, detallados por diputado y grupo parlamentario. Los votos en Comisión se ofrecen sólo en número (de síes, noes y abstenciones).

Según han comentado fuentes del Congreso no hay un sistema electrónico de recuento de votos en las salas de las Comisiones y es poco probable que se vaya a instalar por su elevado coste. Tal vez el personal de la Cámara podría encargarse de documentar de forma más completa esas votaciones.

Introducción de enmiendas a través del informe de la ponencia

Introducción de enmiendas a través del informe de la ponenciaOtra parte del proceso legislativo que no es pública al cien por cien es la de introducción de ciertas enmiendas en un proyecto de Ley durante la fase de ponencia.

Los ponentes son los parlamentarios encargados de estudiar el proyecto de ley y de presentar un informe en el que reflejan las modificaciones que se pueden hacer para mejorarlo y las enmiendas de los distintos grupos, entre otros.

Como se puede observar en el informe de la ponencia de la Ley de emprendedores, ya aprobada, se introducen enmiendas “por mayoría”, pero no especifica qué diputados han apoyado la decisión.

En la Unión Europea la información en manos del Parlamento de la UE relacionada con el proceso legislativo es totalmente abierta, ya que se puede acceder a “todo contenido”, en cualquier soporte, si está relacionado con las políticas, acciones y decisiones de la UE. Además, en el Parlamento Europeo cada norma tiene una sección online en la que se puede consultar toda la información relativa a cada norma.

En España las sombras que encontramos en el proceso de elaboración de leyes permiten a los distintos partidos no mostrar siempre de forma clara su posicionamiento en los distintos temas. Además, la falta de transparencia sobre la documentación (informes, consultas, etc.) que acompaña a las leyes impide saber de dónde vienen los cambios que se introducen a las mismas; este último punto nos obliga a destacar también la falta de transparencia de las actividades de Lobby en España, mientras que en la UE sí está regulado.

La lista de excepciones en la información del Congreso refleja claramente un problema de opacidad en el proceso legislativo de España, un problema que se antoja desmesurado si uno lo compara con el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea donde cada paso que se da, y hoy gracias a la sentencia mencionada aún más, es totalmente transparente.

Muchos, en lugar de empezar a ser transparentes porque debería ser algo intrínseco a la actividad pública, emplazan a la ciudadanía a la aprobación de la futura ley de transparencia para comprobar cuán transparente es nuestro país. Ni siquiera esta expectativa descafeinada nos vale para el Congreso ya que toda la información que hemos citado no será accesible con la futura norma al no estar sujeta a derecho administrativo. Tampoco será esta futura norma la que abra el Gobierno ya que si bien con la nueva ley de transparencia tendrá que publicar los anteproyectos de ley, no tendrá más obligación de apertura que ésta.

Este es solo uno de los grandes problemas que de momento no solucionará la futura ley de transparencia por ser una ley muy poco ambiciosa. Sigamos pidiendo a nuestros legisladores (que aún están a tiempo, la ley está siendo debatida en el Senado), que mejoren esta norma para al menos igualar estándares que como los de la UE sí definen el concepto de transparencia que queremos alcanzar.

Un mail a primera hora de la mañana este viernes resumía en una sencilla frase el desenlace del borrador de la nueva constitución ciudadana de Islandia: “Mataron el proyecto de constitución”. Era de la profesora de Derecho en la Universidad de Islandia, Elvira Méndez, quien reside en Reikiavik.

A mediados de febrero un miembro de Qué hacen los diputados estuvo en Islandia. Fue una oportunidad para conocer de cerca a algunas personas que habían estado implicadas en el debate y redacción del texto constitucional. Una experiencia que, aunque puesta en marcha desde el Gobierno, contó con la participación directa de la ciudadanía.

El Consejo Constitucional de Islandia debatiendo el texto. Foto: stjornlagarad.is

Como contaremos más adelante, el proyecto ha resultado en fracaso, según confirman los que mejor conocen el tema, por ser un proceso que ha acabado por perderse “en manos de los políticos”.

Para poner en contexto explicaremos brevemente la historia de la constitución ciudadana islandesa, para lo que hay que remontarse a 2009. Tras las duras protestas ciudadanas de enero de ese año, el Gobierno dimitió en bloque y convocó elecciones anticipadas. De esos comicios, celebrados en mayo, surgió un nuevo gobierno formado por la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda-Verde.

La idea de reformar la constitución con la intervención del propio pueblo islandés surgió de la primera ministra de la Alianza Socialdemócrata, Johánna Sigurdardóttir. En 2010, un año después de su elección, empezaron los trámites para crear un Consejo Constitucional.

El Consejo Constitucional ciudadano

El Consejo Constitucional ciudadanoSe convocó una Asamblea Nacional con 950 personas seleccionadas aleatoriamente del registro nacional, de la que surgieron 522 candidatos. Tras celebrar unas elecciones al Consejo Constitucional, se eligieron 25 delegados de diferentes edades, profesiones, educación y experiencia de vida.

Según apunta la investigación de la estudiante de Periodismo Internacional de la Universidad de Cardiff, Giulia Dessi, la población con derecho a voto que participó en estas elecciones (el 35%), era más partidaria de los partidos progresistas y “eligió a aquellos ciudadanos que tenían puntos de vista políticos o ideológicos parecidos”, es decir, de tendencia más a la izquierda, según apunta Dessi.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Islandia invalidó el proceso por supuestos defectos de forma que denunciaron diversos ciudadanos. La cámara baja creó un Consejo Constitucional a instancias de una resolución parlamentaria con el apoyo de la mayoría parlamentaria socialdemócrata y los 25 delegados surgidos de las elecciones previas pudieron entonces iniciar el proceso.

Cuatro meses para redactar una nueva constitución

Cuatro meses para redactar una nueva constituciónA los 25 miembros del Consejo solo se les dio cuatro meses para cambiar la Constitución (la anterior databa de 1944, procedía de la Carta Magna danesa y solo se había modificado en cuatro ocasiones).

Tras entregar el borrador de reforma de Constitución al Parlamento se fue al cajón. Foto:stjornlagarad.is

En julio de 2011 el Consejo aprobó por unanimidad el documento resultante: un borrador de Constitución de 114 artículos divididos en 9 capítulos (el texto avanza en muchos aspectos en cuanto a soberanía del pueblo, cambios en el sistema electoral, separación de poderes o propiedad de los recursos naturales). El texto estuvo en el cajón del gobierno durante más de un año hasta que se votó en referéndum en octubre de 2012. Menos del 50% del electorado islandés (un 66% a favor) participó en el referéndum.

Tal y como nos explicó uno de los miembros del Consejo -el más conservador, según él mismo confesó-, Pawel Bartoszek, esos meses no fueron suficientes para redactar el texto. A pesar de que él se muestra escéptico con el proceso ya que algunos tenían “un pasado político”, y otros, en su opinión, no tenían experiencia en política, tampoco creía necesario reescribir la constitución de arriba a abajo. Sin embargo, votó a favor del texto resultante.

El economista Thorvaldur Gylfason, uno de los miembros más destacados del Consejo Constitucional ciudadano, reprocha al Parlamento el retraso de 20 meses en revisar el borrador.

“A algunos diputados no les gustan ciertos aspectos de la nueva constitución, como el artículo sobre recursos naturales, pero si no se aprueba será un ataque frontal a la democracia islandesa”, comentaba en febrero. “El texto fue aprobado por unanimidad, refleja el deseo de la gente”, subrayó.

El miembro del Partido Pirata de Islandia, que se presenta por primera vez a las elecciones,Smári McCarthy, ayudó a redactar los artículos sobre acceso a la información. “El Consejo solo tuvo cuatro meses para hacer el texto y luego el Parlamento tardó más de un año en trabajar la propuesta (…) que no necesita grandes cambios”, criticó.

McCarthy añadió, asimismo, otro fracaso de la cámara baja islandesa: “Sentimos que las promesas relativas a transparencia y a la apertura no se han cumplido. El partido Independiente y el Progresista -la oposición conservadora- han estado los últimos dos años bloqueando iniciativas y reformas, como la modernización de la libertad de información”.

La oposición rechazó la nueva constitución desde el principio

La oposición rechazó la nueva constitución desde el principioEl diputado del Partido de la Independencia -el mayoritario de la oposición-, Birgir Armannsson señaló: “Estábamos en contra de este proceso tal y como lo puso en marcha el gobierno. Bajo mi punto de vista no había necesidad de reescribir la constitución de arriba a abajo como ha hecho el Consejo Constitucional”.

Aunque afirma que se podrían “reconsiderar algunos de los artículos”, están en contra, principalmente, de la parte relativa a los derechos humanos, la separación de poderes, los recursos naturales y los referéndums. Eso sí, reconsiderarían a la baja, ya que Armannsson no está de acuerdo con que el presidente de la República de Islandia pueda convocar referéndums y considera que el porcentaje de población que pueda solicitar un referéndum tiene que ser de un 15 o un 20% (no del 10% como propone la constitución ciudadana).

Su intención, si este partido ganara las elecciones del 27 de abril, es no continuar con el proceso de reforma de la constitución.

¿Qué dicen los partidos del gobierno?

¿Qué dicen los partidos del gobierno?La Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda-Verde siempre se han mostrado a favor públicamente de la reforma constitucional. La diputada más implicada en el proceso,Valgerdur Bjarnadóttir, señaló antes de que se acabara la legislatura que “si el Parlamento tiene voluntad, está a tiempo”, ya que, a su juicio, solo había que hacer “pequeños cambios en esencia”.

Sobre las críticas a los retrasos, Valgerdur se mostró en desacuerdo y argumentó. “Ha sido imposible hacerlo a otra velocidad. Creo en el proceso y el Gobierno lo ha apoyado seriamente. Si la izquierda gana las elecciones, el trabajo continuará en la próxima legislatura, pero si el Partido de la Independencia gana, probablemente abandonará el proyecto”.

Por insistencia del Partido de la Independencia o ciudadanos como Pawel Bartoszek, el borrador de la ciudadanía se envió a la Comisión de Venecia (órgano perteneciente a la Comisión Europea), quien entrevistó a los partidarios y detractores y examinó la documentación en inglés. Finalmente, en febrero, publicó un borrador de su análisis técnico-legal de la Constitución islandesa, que apunta defectos de forma y choques de algunos artículos con otras leyes.

Tras el fracaso del Parlamento con la nueva constitución: vuelta a la plaza

Tras el fracaso del Parlamento con la nueva constitución: vuelta a la plazaTeóricamente el parlamento estuvo las últimas semanas de legislatura trabajando en modificar el borrador según las recomendaciones recibidas de Europa y debatiendo antes de disolverse para intentar llegar a un acuerdo y aprobar inicialmente el borrador, pero no se ha votado.

Thorvaldur, quien se presenta a las elecciones como cabeza del partido Alerta democrática, ha publicado un artículo al respecto en el que argumenta cómo el Parlamento ha dificultado a lo largo de todo el proceso el avance del borrador constitucional y en el que califica de “cruel traición” el no haber aprobado el texto después de que los partidos del gobierno hayan mostrado tanto apoyo en público.

En el último momento, el Parlamento sorprendió con una nueva medida: requerir dos tercios de la cámara además de un 40% del voto popular para aprobar “cualquier cambio en la constitución” en el siguiente periodo legislativo (sería necesario que un 80% de personas con derecho a voto acudieran a una votación para que se aceptara un futuro cambio constitucional).

Ante esta actual situación, Thorvaldur ha anunciado que la ciudadanía “volverá a la plaza como han pretendido los enemigos de la nueva Constitución” y ha afirmado que tienen pocas esperanzas de que el nuevo Parlamento lleve adelante el proyecto constitucional.

Cada sábado, parte de la ciudadanía islandesa se ha concentrado en los últimos meses en la plaza del Althingi (el Parlamento de Islandia) para reclamar que se aprobara la constitución tal y como quedó redactada.