La ideología tiene mala fama. Hay mucha gente que afirma convencidísima no tener “de eso”, con el mismo gesto que pondría para decir que no tiene piojos o tratos con la mafia. Pues bien: si está usted entre esas personas, sepa que en realidad sí tiene ideología, por poco articulada que esté y por escaso que sea el tiempo que dedique a pensar en ella. La tiene usted y la tiene todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos contamos con una escala de valores, una noción de cómo deberían ser las cosas y unos planteamientos más o menos elaborados sobre la sociedad en la que vivimos. Este conglomerado nos orienta a la hora de opinar y, aunque sea en un sentido muy básico, tiene contenido político.

Además de este concepto difuso de ideología, existe otro más concreto, que se refiere al conjunto de principios, valores e ideas que estructuran la visión del mundo de una determinada corriente política y ordenan el comportamiento y decisiones de los actores –partidos, representantes, militantes y simpatizantes- que se identifican con esa corriente. No se trata, como algunos sostienen, de una forma vulgarizada de filosofía, sino de una herramienta distinta, que posee un cuerpo doctrinal y una orientación esencialmente práctica, que evoluciona a través de su acción sobre la realidad en una interacción constante, y en la cual juegan un papel no despreciable los marcos narrativos y las emociones.

La ideología –difusa y concreta- es consustancial a la política. Por eso resulta chocante la recurrencia con la que muchos representantes públicos tachan de “ideológica” una determinada acción o afirmación, abonando así la idea de que la ideología es per se una cosa rechazable. Es cierto que a menudo los motivos técnicos o económicos esgrimidos para defender ciertas decisiones son simples accesorios, concebidos para adornar lo que en realidad es fruto directo de un posicionamiento ideológico. La cuestión es que quien denuncia algo por ideológico, lanza su denuncia también desde una ideología, de signo contrario o como mínimo discrepante en ese punto. En lugar de calificar algo de ideológico sin más, sería clarificador señalar que lo que se agazapa tras ese algo es la ideología fulanita o menganita, con sus nombres y apellidos; que al denunciante esa ideología no le convence ni le gusta y por qué. Es cierto que estas clarificaciones se omiten por mor de la brevedad o porque se consideran obvias, pero cada vez resulta más necesario especificar lo obvio, no sea que se nos olvide.

Expresar las propias convicciones nunca es baladí, menos aún en un contexto donde proliferan opinadores, representantes públicos y hasta partidos que se postulan como “no ideológicos” y dicen no ser “ni de derechas ni de izquierdas”, credencial con la cual parecen querer situarse por encima del bien y del mal. Esta tendencia se da en España y fuera de España; no es una rareza patria. Los portavoces de la misma a menudo insisten en proclamar la superioridad de la técnica sobre la política –o de los técnicos sobre los políticos- y en presentarse como adalides de la racionalidad y el sentido común. Esta última pretensión denota una cierta altanería; es como si insinuaran que todos aquellos que se autoubican abiertamente en la derecha o en la izquierda son unos descerebrados. Sin embargo, en realidad quien se posiciona con nitidez en el espectro político hace un servicio a la transparencia, y a los demás nos ahorra el esfuerzo de ubicarle a base de hermenéutica. Tampoco sobra recordar, por cierto, que quienes dicen estar por encima de las ideologías suelen mostrar una persistente tendencia a alinearse con posiciones propias de una de ellas: la derecha.

La fascinación por la política “no ideológica” –es decir, “no política”, si tal cosa es posible- florece con singular exuberancia en ese populismo que navega cómodamente de babor a estribor según sople el viento, presumiendo incluso de apoyarse en la objetividad de los datos. Sin embargo, la selección misma de los datos implica ya una preferencia, y tras cada preferencia hay un juicio de valor, una visión del ser y el deber ser que nunca es ideológicamente neutra. Los ladrillos de este populismo new age son tan ideológicos como los del más vetusto de los partidos tradicionales, sólo que resulta más arduo verlos bajo las luces de neón y el decorado de diseño.

Para mucha gente, vacunada por las historias de terror que el fanatismo escribió durante el siglo XX, la palabra ideología se asocia automáticamente con sectarismo e intransigencia. Esa experiencia lúgubre ha ocultado, sin embargo, que en esos mismos cien años y también en nombre de ideologías, miles de hombres y mujeres lograron con gran esfuerzo romper las cadenas que les ataban o ataban a otras personas, ampliar los derechos humanos, civiles y políticos, poner en marcha el motor del progreso y el bienestar en muchos países. Claro que se puede tener ideología de forma consciente, convencida y activa sin ser un descerebrado, un fanático o un sectario, y mucho menos un criminal; lo que resulta cada vez más difícil es tenerla y no verse en la obligación de explicarse y justificarse todo el rato.

Entre otras razones porque, para terminar de emborronar el panorama, el siglo XX se cerró con la eufórica proclama del fin de las ideologías por parte de una derecha que veía en la caída del muro de Berlín la demostración de su triunfo definitivo sobre cualquier otra interpretación del mundo. No es que estuviera en lo cierto, pero en la práctica tampoco parece que le saliera del todo mal la jugada. A fin de cuentas, las ideologías han acabado bastante desprestigiadas y el marcador de la valoración ciudadana se aproxima al política 0, tecnocracia 1. Un tablero de resultados que perjudica especialmente a la izquierda, porque a la derecha no le disgusta el escenario tecnocrático postpolítico. Pero ojo: el partido no ha terminado, y el marcador puede darse la vuelta si los jugadores -es decir, los ciudadanos- no abandonamos el terreno de juego.

• Fernando Mora y Trinidad Noguera analizan las principales novedades de la futura ley electoral de Castilla-La Mancha. Sus principal conclusión es que con el nuevo texto se reforzará de forma excepcional el partido más votado haciendo más accesible la mayoría absoluta.

El mes de julio pasado las Cortes castellano-manchegas aprobaron una reforma de Estatuto de Autonomía con los votos del Partido Popular y la total disconformidad de la oposición, que se ausentó de la Cámara en señal de protesta. Hace algunos días –de nuevo con el apoyo del PP y el rechazo de la oposición- el Congreso completó su tramitación.

El objetivo de esta reforma estatutaria es hacer posible un cambio en la ley electoral de Castilla-La Mancha, que María Dolores de Cospedal justificó apelando a “una nueva filosofía”. La filosofía en cuestión tiene en realidad poco de nueva, porque recuerda al gerrymandering, vetusta técnica consistente en rediseñar las circunscripciones de forma que el resultado de los comicios sea siempre el que a uno le conviene. En este caso, por una drástica reducción y redistribución del número de escaños. Dicho de otro modo, el fin perseguido es institucionalizar el pucherazo. ¿Por qué? Veamos:

Uno de los rasgos más comentados de la reforma del Estatuto y de la futura ley electoral –cuya concreción definitiva está aún por ver- es la disminución del número de parlamentarios de los 49 actuales a una horquilla de entre 25 y 35. Hace sólo un año la propia Cospedalya había modificado el número de diputados en un sentido contrario, elevando la cifra a 53 escaños. Poco después aprovechó para eliminarles el sueldo (cuestión que merece reflexión aparte), de modo que la reducción de ahora no reporta ahorro alguno a las arcas públicas.

¿Mejora tal vez la representatividad? Para que ésta aumentase disminuyendo el número de parlamentarios sería preciso establecer una circunscripción única. Pero la reforma no va en esa dirección. Todo lo contrario: se dividen la cifra de diputados que la ley electoral señale (entre 25 y 35) entre las cinco provincias actuales, atribuyendo escaños pares o impares a cada circunscripción en función de criterios por determinar (y mucho nos tememos que el criterio principal para otorgar más escaños a una provincia no será el poblacional, sino otro, digamos, menos objetivo, como ya hicieron en la anterior reforma).

El efecto fundamental obvio de esta reforma será hacer más accesible la mayoría absoluta al reducir el umbral necesario para obtenerla, reforzando desproporcionadamente al partido que obtenga mayor número de votos y reduciendo la proporcionalidad del sistema.Para ello, la reforma podría alterar sensiblemente el peso de cada circunscripción electoral (si se trata de reforzar aquellas provincias donde el partido gobernante es más fuerte).

Además, se incrementa el umbral efectivo en algunas circunscripciones (el porcentaje de votos mínimo necesario para acceder a la representación). Por ejemplo, en los distritos con menor número de diputados, las fuerzas políticas más pequeñas podrían obtener porcentajes superiores al 19% de los sufragios y aún así quedar sin representación parlamentaria. A menor tamaño de las circunscripciones (menor número de escaños en cada una), menores son las posibilidades de obtener escaño para los partidos pequeños. El Parlamento resultante no será más representativo, sino menos.

A falta de la aprobación de la norma definitiva, hemos elaborado una proyección hipotética de cómo podría ser el futuro Parlamento castellano-manchego. Damos por buena nuestra sospecha de que en la nueva ley el PP se inclinará por la combinación de reglas que maximice sus posibilidades de mantenerse en el Gobierno y ponga más obstáculos a sus adversarios. Partimos así de tres supuestos cuya combinación resultaría especialmente favorable a sus intereses:

Como puede apreciarse en el cuadro 1, aplicando esos supuestos y distribuyendo votos y escaños entre cuatro partidos (A, B, C y D), el primer partido disfrutaría de mayoría absoluta incluso empatando con el segundo en porcentaje de votos a nivel regional. En algunas provincias (donde hemos asignado sólo tres escaños), las terceras y cuartas fuerzas podrían necesitar un 33,3% de votos y nunca menos del 19% para obtener escaño, dependiendo de si la diferencia entre las dos primeras fuerzas es mayor o menor. La representación de los partidos pequeños en la Cámara autonómica estaría claramente sesgada a la baja.

Fijémonos que en este caso, la representación de algunas provincias quedaría necesariamente perjudicada: así, según nuestra proyección Cuenca o Guadalajara pasarían de tener el 17% de escaños al 11%, mientras que Toledo pasaría del 24,5% de escaños al 33,3%.

A título comparativo, cabe señalar que dados los mismos porcentajes de voto, con los 53 escaños actuales y la distribución de escaños por provincias que establece la ley vigente, el partido A seguiría obteniendo mayor número de escaños, pero no la mayoría absoluta, y el escaño resultaría proporcionalmente menos costoso para los partidos pequeños:

Resumiendo, el resultado hacia el que parece dirigirse el sistema electoral castellano-manchego, de la mano del PP de Cospedal, consiste en dejar sin representación a un porcentaje altísimo de la ciudadanía, mientras se refuerza exageradamente la presencia parlamentaria del partido más votado. Un resultado que conculca el espíritu de los artículos 23 de la Constitución y 10.2 del Estatuto de Autonomía, si no directamente su letra. Y que supone además una agresión para cualquier conciencia democrática. No obstante, convendría tener presente que el día de las elecciones los ciudadanos pueden desatar lo que sequiere atado y bien atado. Y de eso también hay experiencias.

“Haga como yo, no se meta en política”, cuentan que dijo Franco en una ocasión. Curioso consejo viniendo de un dictador, alguien que por definición “se mete” en política a través de su variante más brutal y descarnada: aquella que busca monopolizar el espacio público –e incluso el privado- suprimiendo toda discrepancia y reduciendo los ciudadanos a súbditos. Franco hacía política; lo que no hacía era política democrática. Y como buen autócrata, prefería que no la hicieran tampoco los demás.

Ese consejo –con gran predicamento en España ya antes del franquismo- sigue latente en nuestra cultura política tras 35 años de democracia. Se aprecia su vigencia en lugares comunes como el clásico “yo soy apolítico” (cuyo mensaje implícito es “política igual a chanchullo”) o en las distintas versiones del “todos los políticos son iguales” (es decir, unos mangantes). Esos tópicos forman parte del marco discursivo de la antipolítica, que es, en sí misma, una posición política.

En realidad, la política es un instrumento: un proceso de toma de decisiones basado en ideas, valores y principios, mediante el cual se aspira a alcanzar el poder o a actuar desde él con el fin de hacer realidad una determinada visión del mundo o proyecto de sociedad. Hay proyectos mejores y peores, y los métodos para realizarlos pueden ser buenos y malos, legítimos e ilegítimos, eficaces e ineficaces. Y luego, evidentemente, podemos compartir o no los planteamientos y fines de cada alternativa, en función de nuestras propias preferencias y valores. En un régimen dictatorial, quien manda intenta que la única política posible sea la suya, no hay lugar –público, al menos- para las preferencias. En uno democrático, la política aparece precisamente como juego entre preferencias, que da a los ciudadanos la oportunidad de elegir en qué tipo de sociedad quieren vivir.

Dentro del ámbito político se producen a veces abusos y malas prácticas que nos repugnan. Huelga decirlo en un país que tiene el dudoso mérito de contar con algún aeropuerto sin aviones, y cuyo Presidente del Gobierno acaba de comparecer casi a rastras ante el Parlamento para explicar la presunta trama de financiación ilegal y cobro de sobresueldos operativa en su partido durante 28 años (unas explicaciones que, según las encuestas, no se ha creído casi nadie). La gravedad de los escándalos que estamos conociendo nos hace pensar con indignación que la vida pública española se reduce a corrupción, arbitrariedad y chalaneo.

Sin embargo, si esa fuera la normalidad, ni nos indignaría ni nos repugnaría, nos parecería casi un hecho natural. Hay países donde la corrupción y la incompetencia son parte del paisaje, así que a nadie le sorprende que nada funcione y que si funciona, lo haga a base de ‘mordidas’. En esos contextos se asume que quien no está comprado es porque no tiene nada que vender, desde el Presidente al último bedel, pasando por parlamentarios, jueces, sindicalistas o policías. No escandaliza que los puestos de funcionario se hereden de padres a hijos sin mediar oposición ni formación específica alguna, ni que se cambie de partido en función de las ventajas materiales que cada uno ofrezca. Esto último se considera no sólo esperable, sino incluso legítimo, porque la corrupción, de tan extendida, deja de verse como irregularidad y constituye casi una idiosincrasia.

La normalidad en España no es esa. Ni la corrupción está socialmente aceptada hasta ese punto, ni se trata de un fenómeno tan extenso (la tolerancia social y la incidencia del fenómeno se interrelacionan, y es difícil deslindar la causa de la consecuencia). Lo normal aquí no son las ‘mordidas’, sino las horas interminables de esfuerzo guiadas por el compromiso honesto con un determinado proyecto (y porque es lo normal, no sale en la prensa). Por cada caso de ‘politiqueo’ en este país hay al menos otros tantos de política con mayúsculas. Por cada político corrupto o incompetente, hay muchos más políticos honrados que hacen su trabajo con voluntad de servicio público: alcaldes que no cobran, concejales que estuvieron en la diana sólo por serlo, diputados intachables que soportan el desprestigio que otros abonaron.

Nadie les obliga a estar ahí, por supuesto, pero lo cierto es que alguien tiene que hacerlo, porque sin políticos electos no hay democracia. Las descalificaciones generales son tan injustas dichas de ellos como dichas de cualquier otro colectivo. Es más, cortándoles a todos por el mismo patrón, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Tengamos presente que ellos forman parte de la misma sociedad que los demás: ni aterrizaron aquí procedentes del espacio exterior, ni la esfera política es tan distinta del resto de ámbitos sociales. Cuando decimos que todos son corruptos e incompetentes, ¿qué es en realidad lo que estamos diciendo?

Al calificar la política de actividad consustancialmente innoble e indigna o, en el mejor de los casos, de “mal necesario”, se comete el error lógico de tomar la parte por el todo: se asume que la mala política es toda la política. Hay en ello, además, un cierto cinismo trufado de resignación, un bajar los brazos y admitir que la ciudadanía no puede hacer nada por mejorar su destino. Ahora bien, la mezcla de cinismo y antipolítica puede acabar predisponiendo el ánimo ciudadano para coronar de laureles al próximo aspirante a salvador que prometa el paraíso en la Tierra, y asegure ser capaz de poner fin a este valle de lágrimas mediante alguna fórmula expeditiva. Los populismos que avanzan en otros países europeos se nutren de esa sabia, y no hay razón para creer que no pueda suceder aquí, aunque por ahora –afortunadamente- no lo hayamos visto.

Sin políticos electos no hay democracia, decía. Pero ojo, sin democracia sigue habiendo política. El poder, que es uno de sus elementos consustanciales –y que puede ser bueno o malo en función del uso que se haga de él- tiene horror al vacío. Si la ciudadanía –por enfado, por hastío, por desconocimiento- no se mete en política, alguien se encargará de acapararla. Política seguirá habiendo; lo que no habrá será democracia.

Sobran los motivos para el rechazo y la indignación, pero lo cierto es que sobraban ya antes, y aún así once millones de españoles votaron al PP en las últimas elecciones. Hay que reconocer que, por escasas, zafias o inverosímiles que fueran las explicaciones sobre la trama que dieron los responsables del partido, los votantes se comportaron como si las creyeran.

Presuntamente, el PP lleva veinte años financiándose de forma ilegal. Presuntamente, buena parte de sus altos cargos, incluido el actual Presidente del Gobierno, se embolsó dinerito en sobresueldos. Presuntamente, tras pagar el impuesto popular –singular tasa que redistribuye hacia arriba- ciertas empresas obtuvieron dádivas, prebendas y mamandurrias, en un generoso toma y daca que fraguó amistades peligrosas, cimentó sustanciosos negocios y dio pie a que los españoles exclamáramos “el cielo está enladrillado” cada vez que alzábamos la vista. Siempre presuntamente.

Dicen en el PP que estas presunciones son infundios y calumnias de gentes malpensadas, picapleitos resentidos y rojos antipatriotas empeñados en desestabilizar el sistema. Que todo es falso (salvo alguna cosa). Que no hubo caja B, o que era una caja de chuches. Que los sobres no existieron, eran legales o eran felicitaciones navideñas. Que hubo y no hubo contratos simulados y despidos en diferido. Que las donaciones fueron altruistas o fueron patrañas. Que ni a Aznar, ni a Rajoy, ni a Cospedal, ni a Cascos, ni a Arenas, ni a Mato, ni a Esperanza Aguirre –no se escabulla, 'lideresa'- ni a la mismísima Virgen del Rocío les constaba nada de esto. Que nadie conocía a Correa y al Bigotes, y Bárcenas era un señor que casualmente pasó por Génova 13 y se quedó algún tiempo. Y que ante la duda, “tú más”.

Los 'populares' han esgrimido un catálogo de justificaciones tan complejo y variopinto como la propia trama, que unas veces llamamos 'caso Gürtel' y otras 'caso Bárcenas' porque a saber si fue antes la gallina, el huevo o ambos al mismo tiempo (ganaríamos en economía discursiva y claridad mental si habláramos de 'caso PP', y santas pascuas). Estrellas rutilantes como Floriano, Alonso, González Pons y la Señora Presidenta de Castilla La Mancha nos han deleitado con sabrosas escaramuzas dialécticas, contradicciones creativas aunque flagrantes y desmentidos que más bien parecen mentidos, dejándonos algunas piezas memorables de monologuismo patrio. Si no creíbles, sus intervenciones son al menos de gran comicidad. Lástima que el asunto no sea para tomárselo a broma.

Mientras tanto, Rajoy, ni mu; de perfil como un bajorrelieve egipcio. A los medios, con cuentagotas y en presencia de líderes extranjeros que le sirvan de pantalla. O literalmente detrás de una pantalla, haciendo gala de un surrealismo virtual sólo comparable con sus cuentas de Facebook y Twitter, que inducen a sospechar que el Presidente del Gobierno no vive en este país, quizás ni en este planeta. Ha hecho falta una amenaza de moción de censura y la presión de toda la oposición, de la calle y de la prensa, medios extranjeros incluidos, para que Rajoy consienta en acudir al Parlamento que le invistió –este detalle es importante- para dar explicaciones. Ya veremos si da las que esperamos o pretende una vez más surfear sobre algún presunto éxito para quedar por encima del bien y del mal, como si él no fuera de este mundo. Cuestión aparte es si España puede permitirse un Presidente empeñado en fingir que es extraterrestre.

Pero no nos engañemos nosotros, que ya es bastante con que haya quien trate –presuntamente, claro- de engañarnos. Avisos de estas cosas no faltaron, sólo había que seguir las noticias e ir atando cabos. Desde el remoto caso Naseiro –archivado por irregularidades sumariales pero nunca aclarado- hasta la aparición de los papeles de Bárcenas en 2013 ha corrido mucha tinta, y gran parte de ella revela la continuidad en las prácticas y protagonistas principales. A partir del estallido de Gürtel en 2009, la prensa hablaba casi a diario de comisiones y contratos irregulares, de sobresueldos a cargos del PP, de Bárcenas, sus cuentas en Suiza y sus intentos de chantaje a Rajoy, de las cajas que se llevó de Génova, la minuta de sus abogados y el despacho, la secretaria y el acceso a las decisiones financieras del partido que conservó incluso tras dejar la tesorería.

Nada de esto es nuevo; ahora, si acaso, se acumulan más pruebas y la opinión pública está por fin reparando en ellas. Sobran los motivos para el rechazo y la indignación, pero lo cierto es que sobraban ya antes, y aún así once millones de españoles votaron al PP en las últimas elecciones. Hay que reconocer que, por escasas, zafias o inverosímiles que fueran las explicaciones sobre la trama que dieron los responsables del partido, los votantes se comportaron como si las creyeran. El PP ya había testado con éxito esa estrategia en sucesivas elecciones municipales y autonómicas, lo cual debió ser un poderoso incentivo para seguir comportándose del mismo modo.

Seguramente convencido de que la fantasía argumental era electoralmente rentable, el PP no dudó en presentarse a las generales con un programa electoral que no tenía intención de cumplir. También de esto estábamos avisados: en su debate televisivo con Rajoy, Rubalcaba enumeró las medidas que el PP tomaría una vez al frente del Gobierno, todas ellas en evidente contradicción con su programa (y ya quisieran para sí los economistas y las pitonisas televisivas tal porcentaje de vaticinios acertados). “Insidias”, respondió Rajoy; lo mismo que repiten ahora sus compañeros de partido sobre los papeles de Bárcenas. No sólo Rubalcaba avisó de la que se avecinaba, otros representantes de la oposición también lo hicieron. Pero los ciudadanos estaban a otra cosa, así que el programa electoral coló, o pareció que colaba, como parecieron colar las sucesivas versiones del caso Gürtel-Bárcenas-PP que nos fueron dando. Los ideólogos populares sabían que cuando la gente está angustiada por la crisis y el paro busca desesperadamente una solución, por improbable que sea, y todo lo demás pasa a segundo plano. En ese contexto, si hubieran encargado los argumentarios sobre corrupción a los guionistas de Expediente X hubiera dado casi lo mismo.

Afortunadamente, siempre hay una gota que desborda el vaso, y parece que esa gota está cayendo o está a punto de hacerlo. La misma crisis que desvió la atención de la corrupción en el pasado la está convirtiendo ahora en intolerable. Superado cierto nivel de hartazgo, la ciudadanía se resiste a mirar hacia otro lado (lo cual, además, permite mantener cierta esperanza en una futura regeneración democrática). No descartemos, sin embargo, que el PP todavía no se haya dado cuenta. Lo comprobaremos la próxima vez que, preguntados sobre Bárcenas, respondan “por el mar corren las libres, por el monte las sardinas”. Tralará.

En España se nos da bien subir santos a los altares para luego derribarles las peanas. En el discurso sobre la Transición se advierte uno de esos movimientos pendulares, de la idealización acrítica al reproche más amargo. Pero como las cosas rara vez son blancas o negras, yendo de un extremo a su contrario descuidamos las partes de la realidad que se agazapan en los tonos grises.

Aquel proceso tuvo sus gozos y sus sombras. Hubo imposiciones y acuerdos, elementos que se querían atados y bien atados y equilibrios inestables que fraguaron por una combinación de generosidad, intereses particulares, habilidad política, errores de cálculo y alguna que otra chapuza (pero no nos echemos las manos a la cabeza; la chapuza es patrimonio de la humanidad, no sólo nuestro). Si en la Transición jugaron un papel relevante la personalidad de los actores y sus relaciones –simpatías, odios, ideas, prejuicios-, también tuvieron mucho que decir las circunstancias del momento, y un tercer elemento que se destaca bastante menos: la casualidad. Para bien y para mal, no todo en política obedece a planes maquiavélicamente urdidos, a estrategias racionales donde cada paso está calculado de antemano. Unas veces se hace lo que se quiere y otras lo que se puede, pero en la mayoría de los casos se da una mezcla desigual de querer y poder, en la cual el azar tiene más influencia de la que suele creerse.

Quienes cuestionan la legitimidad de la Transición o de sus resultados destacan el condicionamiento ejercido por los llamados poderes fácticos, que desde la órbita franquista presionaban para mantener bajo control el proceso. Quienes la ensalzan, consideran un éxito haber pasado de la dictadura a la democracia pacíficamente, y subrayan que gracias al consenso fraguado en torno a la Constitución o los Pactos de la Moncloa se fijaron unas reglas del juego que han funcionado de manera estable durante treinta años. A esto, los críticos responden que en el carácter relativamente pacífico del proceso tuvo mucho que ver el miedo, y que los consensos de entonces incluyeron demasiadas renuncias.

Es cierto que había miedo. Miedo a la guerra, que no quedaba tan lejos en el tiempo y que en la memoria estaba mucho más cerca de lo que está ahora; miedo a una involución provocada por el ejército y los franquistas más recalcitrantes, y entre algunos sectores, miedo a una revolución de izquierdas. Dado que a mitad del camino se produjo el golpe de Estado del 23 F, parece que existían buenas razones para algunos de esos miedos. Probablemente los fantasmas de unos y otros no fueron los mejores consejeros, pero era lógico que los hubiera: no estaba escrito en ningún sitio que las cosas tuvieran que salir como salieron. Uno de los ingredientes principales de los cambios de régimen es la incertidumbre, y España no fue una excepción a esa regla.

Es cierto también que hubo renuncias. Las hay en toda negociación. Por definición, el acuerdo se busca con aquellos de quienes se discrepa, y para lograrlo todas las partes tienen que ceder algo. Si una de ellas alcanza su programa de máximos seguramente las demás no obtienen ni sus mínimos, el juego es de suma cero, y entonces estamos hablando de victorias y derrotas, no de acuerdos. Eso no fue lo que pasó en la Transición, aunque podemos discutir sobre quiénes realizaron las mayores renuncias, porque posiblemente el saldo no esté equilibrado.

La Transición española no fue perfecta. En algunos aspectos nos fue mejor que a otros países que han recorrido el camino de la dictadura a la democracia; basta repasar distintos casos de América Latina, Europa del Este o las Primaveras Árabes para hacerse una idea de que “transitar” no es precisamente tarea fácil.

Tampoco la democracia resultante fue perfecta. Quedaron cabos sueltos y heridas mal suturadas; se iniciaron dinámicas que han tenido consecuencias no deseadas a distintos niveles, desde el sistema de partidos a la organización territorial del Estado, el funcionamiento institucional o la cultura política. Pero ojo, no toda la culpa es de nuestros mayores: algunos de los defectos de nuestra democracia obedecen a causas independientes de aquel momento y aquellos actores.

En cualquier caso, la crisis ha evidenciado problemas larvados desde hace tiempo, y agudizado el deterioro. Al menos una parte de los consensos y resultados de la Transición acusan fatiga de materiales. Lo lógico en un país avanzado sería impulsar un cambio de aquellas reglas del juego y elementos del sistema que ya no nos convencen, para adaptarlos a la sociedad de hoy, que desde luego no es la misma de 1978.

No obstante, estaría bien no olvidar algunas cosas. En primer lugar, que todos los procesos son hijos de su contexto. Si sobre las decisiones de la Transición pesaron los fantasmas de la guerra civil o el golpe de Estado, sobre las nuestras pesarán los de la crisis y el paro. Nuestro reto no será integrarnos en Europa y en el mundo, pero sí desenvolvernos entre las limitaciones y oportunidades que plantean la globalización o la pertenencia al euro y la UE.

Igual que los frutos de la Transición dieron pie a una serie de frustraciones, las transformaciones que abordemos ahora generarán las suyas, por la sencilla razón de que cualquier cambio colma algunas expectativas mientras defrauda otras. En una sociedad compleja existen puntos de vista plurales e incluso contradictorios (monárquicos y republicanos, creyentes y no creyentes, federalistas, independentistas y centralistas, sólo por citar algunos ejemplos), así que no todo el mundo verá satisfechas sus aspiraciones. Tendremos que integrar tanto como sea posible los distintos anhelos y gestionar lo mejor que podamos los descontentos que inevitablemente se produzcan.

La esencia de estos desafíos es similar a la que enfrentaron los protagonistas de la Transición. Resolverlos no es sencillo; ojalá nosotros seamos capaces de hacerlo mejor que ellos. Tendremos más probabilidades de éxito si lo intentamos desde la madurez política y no desde el adanismo, extrayendo lecciones de los errores y aciertos del pasado, y siendo conscientes de que ahora, como entonces, jugarán su rol las causas, pero también los azares.

Hice mi primera y única “chuleta” a los doce años, y en ella anoté los itinerarios de los viajes apostólicos de San Pablo. Por entonces –hace unos treinta años- la religión era asignatura evaluable, aprobarla importaba tanto como aprobar todo lo demás y aquella lista de ciudades era materia de examen. En contraste, los libros escolares de la época dedicaban al estudio de los derechos humanos y los valores propios de la convivencia democrática poco más que menciones puntuales; no es que su aprendizaje fuera transversal, es que era prácticamente casual. Durante el bachillerato esos temas se abordaban en función de las convicciones personales de los profesores de ética, filosofía o historia, ya que carecían de espacio diferenciado en el temario. Así pues, hasta que empecé Ciencias Políticas en la Universidad no recibí una explicación mínimamente sistemática de qué es y cómo funciona una democracia.

El debate sobre la Ley Wert me ha recordado esta experiencia, no sólo porque ese proyecto devuelve a las enseñanzas confesionales el estatus que una vez tuvieron y que la Iglesia católica añora desde hace años, sino también porque no reserva espacio curricular concreto para enseñar a los niños y jóvenes en qué consiste ser ciudadanos. Si la ley prospera, volveremos a la situación de hace tres décadas: los valores religiosos muy claros y detallados; los valores cívicos, dispersos y aprendidos a salto de mata.

Nadie nace sabiendo ser ciudadano. El conocimiento de los derechos y deberes no se adquiere por ciencia infusa, como consecuencia automática de vivir en un Estado de derecho. Mediante esa especie de ósmosis las personas pueden formarse una noción aproximada de qué es una democracia, pero todos necesitamos que nos expliquen además cómo funciona en la práctica, el ideal al que aspira, sus principios e instituciones fundamentales. Ese aprendizaje es preciso para ejercer una ciudadanía consciente, responsable y con capacidad crítica y prepararnos para decidir qué tipo de país y de sociedad queremos. Sin él existe el riesgo de que los lugares comunes se transformen en criterio principal en la toma de esas decisiones y en la interpretación de la información transmitida por los medios de comunicación, que no siempre es completa ni desinteresada.

Consciente de que en este terreno España tenía mucho que mejorar, el primer Gobierno de Zapatero creó en 2006 la asignatura de educación para la ciudadanía. Seguía una recomendación del Consejo de Europa, el cual se había declarado preocupado “por el nivel creciente de apatía política y cívica, la falta de confianza en las instituciones democráticas y el aumento de los casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, intolerancia con las minorías, discriminación y exclusión social” y consideraba que el estudio de esta materia contribuiría al desarrollo de ciudadanos más participativos y “sociedades libres, tolerantes y justas”. Dada la corta y algo azarosa experiencia de la educación para la ciudadanía en España, sus objetivos, pensados para el medio o largo plazo, no han tenido tiempo de materializarse.

Sin embargo, los motivos de preocupación que justificaron su creación no sólo siguen vigentes, sino que se han agudizado durante la crisis.

Todas las encuestas indican que en nuestro país ha aumentado el malestar con la política y las instituciones. Pero, tal como destacaba hace unos días Carol Galais en Agenda Pública, el descontento no ha producido un incremento automático de la apatía, sino que al menos parte de él se ha traducido en interés creciente por la política. Un interés, eso sí, trufado de desconfianza y confusión. Demasiado a menudo nos resulta difícil discriminar entre mensajes contradictorios y distinguir, en medio de la avalancha diaria de noticias, entre mitos y realidades, informaciones sesgadas y datos fiables.

Muchos ciudadanos perciben que les faltan claves sobre el funcionamiento del sistema y las buscan donde pueden; parte de las demandas de transparencia tienen este sentido. Sin embargo, aún en un contexto donde triunfara el

paradigma de la transparencia, sería preciso contar con criterios fruto del conocimiento y la reflexión sosegada para organizar la información que recibimos y darle el mejor uso posible en democracia. Incluso en un mundo ideal necesitaríamos un bagaje cívico que ordenara nuestras ideas a la hora de opinar, elegir, exigir y no dejarnos llevar ni por los vientos a favor, ni por aquellos que soplan sistemáticamente en contra.

Es evidente que no vivimos en un oasis de transparencia, sino en un país golpeado por una crisis económica que ha saltado a los ámbitos social, político e institucional, donde el “ruido” constante desvía muchas veces nuestra atención de asuntos cruciales y con frecuencia nos sentimos inermes ante la envergadura de los problemas. Una cultura cívica más sólida no bastaría para resolver nuestras dificultades, pero con ella estaríamos mejor pertrechados para hacerles frente como sociedad y buscar colectivamente soluciones.

Si entre los objetivos de la reforma educativa estuviera mejorar la calidad de nuestra democracia –objetivo que no parece insignificante ni despreciable- lo lógico sería reforzar la educación para la ciudadanía, dotando a nuestros hijos de esas herramientas que sus padres estamos echando en falta. Pero precisamente en este contexto, el Ministro Wert decide caminar en dirección contraria. El propio Consejo de Europa ha recordado al Gobierno que corresponde al Estado garantizar a todos los estudiantes la enseñanza de los valores democráticos, y que transformar esa materia en optativa –como pretende el Ministerio- equivale a diluirla.

Se han hecho muchas y bien fundadas críticas a la Ley Wert; la más grave es que reduce la igualdad en el derecho a la educación, cuestión que merece comentario aparte. Pero en cualquier caso, la suma de mayor desigualdad educativa y menores nociones de ciudadanía sienta las bases de un determinado tipo de sociedad, que es a la que aparentemente –discúlpenme la suspicacia- aspira este Gobierno: una sociedad sumisa, conformista, donde las personas se resignen al destino marcado por su origen social y cada cual se preocupe sobre todo por lo suyo y poco o nada por lo colectivo. Una sociedad menos ciudadana y más súbdita. Puede que, gracias al Ministro Wert, sea también una sociedad más creyente. Aunque ni siquiera esto es seguro.

La ropa de hombre no suele abrocharse por la espalda. La de mujer, sí. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? La articulación del codo de las mujeres funciona sólo hacia delante, igual que la de los hombres, y las contorsiones necesarias para abrir y cerrar una larga fila de pequeños botones o subir y bajar una cremallera posterior son tan difíciles para ellas como para ellos. Así pues, la explicación de esta disparidad de confección tan poco práctica no está en la naturaleza ni en la anatomía, sino en la sociedad y en la cultura.

Tal vez sea un detalle nimio, pero es una nimiedad simbólica, y con símbolos construimos nuestra concepción de la realidad. Los botones en la espalda nos dicen que aunque hoy las mujeres adultas se visten solas, lo cómodo, lo “ideal”, sería que alguien –una madre, una amiga, una doncella, un marido- las asistiese en esa tarea cotidiana. En cambio, la ropa masculina indica que los hombres adultos se visten siempre solos. Estos símbolos revelan que en nuestra sociedad los hombres son considerados autónomos por principio; las mujeres, depende. Si para ellos la autonomía es un hecho incuestionable, para ellas es una carrera de obstáculos, sembrada unas veces de simples engorros y otras de auténticas murallas que les impiden vivir en libertad e igualdad.

En ese marco de autonomía o dependencia se inscribe el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Este tema evidencia con claridad meridiana que, como rezaba el eslogan feminista, lo personal es político. Nada hay más personal que el cuerpo y más íntimo que la sexualidad; pocos acontecimientos marcan tanto la vida como tener un hijo, o no tenerlo. Por obvias razones biológicas, esto es especialmente cierto para las mujeres. Los términos en que se regulan las decisiones sobre esta cuestión personal –quién, cómo, cuándo, dónde- son un asunto político, porque obligan a escoger entre distintas visiones del mundo.

Desde una visión laica vinculada a los valores ilustrados, el Estado debe ser neutral respecto a las opciones religiosas y morales de sus ciudadanos. Así, en un tema éticamente controvertido como el aborto, ni obliga a ser madre ni a interrumpir el embarazo: deja un margen dentro del cual la mujer, como ciudadana de pleno derecho directamente afectada, elige autónomamente si quiere o no tener hijos y cuándo. Se reconoce pues el derecho a decidir sobre la maternidad, se pondera con el carácter de bien jurídico del nasciturus y se refuerza la salud sexual y reproductiva con el fin de prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos (un desenlace que, no nos engañemos, es siempre traumático). Esta es la posición que refleja la ley de plazos vigente en España desde 2010, semejante a las que rigen en la mayor parte de países de nuestro entorno.

Existen por otra parte las visiones políticas confesionales, donde la separación entre el Estado y un determinado culto tiende a difuminarse, al menos en los temas con implicaciones éticas. Aparece la tentación de convertir al Estado en agente secular del culto en cuestión e imponer la norma moral de éste al conjunto de la población, confundiendo incluso las categorías de pecado y delito. Este proceder limita la autonomía de todos los ciudadanos en lo que respecta a las preferencias religiosas. Pero para las mujeres la restricción va más allá, si prospera un cierto relato sobre la vida humana en el que la interrupción voluntaria del embarazo es homicida siempre y en todo caso, y la maternidad aparece como verdadero horizonte “natural” –es decir, socialmente válido- de realización femenina. En coherencia con tal relato, estas visiones políticas confesionales aspiran a prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndola en hecho punible, o como mínimo a limitarla severamente.

No obstante, en contextos complejos –por ejemplo, una transición hacia la modernidad democrática- la correlación de fuerzas sociales y políticas puede dar lugar a que, aun sin reconocerse el derecho a decidir, se acepten algunos supuestos de despenalización del aborto. Este fue el tipo de contexto en el cual se aprobó la primera ley española de interrupción voluntaria del embarazo, en 1985.

Han pasado casi treinta años desde entonces, la sociedad española ha madurado y se ha modernizado. Sin embargo, parece que la reforma de la regulación del aborto anunciada por el Ministro de Justicia –la selección de este Ministerio como responsable del tema es ya toda una declaración de principios- no se conformará con retroceder hasta 1985, sino que dará el salto hacia una apuesta netamente confesional, que nos acercará más a Irán que a Alemania.

Sustraer a las mujeres la capacidad de decidir sobre su maternidad, poniendo esa decisión en manos de otro –sea médico, juez, sacerdote o ministro- es cercenar su autonomía ante una circunstancia que condicionará el resto de sus días. Sólo se puede hablar de libertad e igualdad para las mujeres si se les reconoce el control sobre su cuerpo y su vida, dos cosas que –a veces es preciso repetir lo obvio- son suyas y sólo suyas. De lo contrario se las convierte en una especie de ciudadanas de segunda, adultas sólo a veces, autónomas a medias. Con voz y voto para elegir a quienes gobiernan el futuro de todos, pero sin ellos a la hora de escoger el suyo propio. Esta contradicción es insoportable en una sociedad avanzada. La igualdad y la libertad no son opcionales en democracia, y sin derecho a decidir sobre su maternidad, las mujeres ni son libres ni son iguales.

Negar a las mujeres la capacidad de elegir en este campo no es crearles un engorro adicional, otra “blusa con botones en la espalda”. Es infinitamente más grave. Es imponer una camisa de fuerza –nunca mejor dicho- al 50% de la ciudadanía española, y reconstruir una muralla que ya había caído. Señor Ministro, no se obstine en el dogmatismo y la hipocresía. En esto, nosotras decidimos.

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Los partidos políticos articulan la pluralidad, facilitando que un número razonable de opciones distintas compitan por el apoyo ciudadano

Los mecanismos de representación y participación ciudadana deben mejorar en las democracias actuales, aunque no es tan evidente que los movimientos se basten solos para generar esos cambios

En una sociedad moderna debe haber espacio para partidos y movimientos, y canales de comunicación entre unos y otros

Hace algunas semanas, la Cadena SER difundió un estudio según el cual el 57% de los españoles considera que la democracia podría funcionar sin partidos políticos, mediante plataformas ciudadanas constituidas para la gestión de los asuntos públicos. Lo interesante del estudio no es la constatación del desapego a los partidos, ya recogida en otros sondeos, sino la tendencia de fondo que revela: por primera vez desde la Transición, los partidos dejan de percibirse como agentes imprescindibles en democracia, mientras avanza la idea de que sus funciones pueden ser desempeñadas por movimientos ciudadanos.

El desprestigio de los partidos se nutre de elementos coyunturales y de tendencias más constantes, que llevan décadas con nosotros. Como factores coyunturales, destacan la cascada de casos de corrupción conocidos en los últimos tiempos –aluvión que elevó la corrupción al segundo puesto entre las preocupaciones ciudadanas en el último barómetro del CIS- y la sensación de que la política no está siendo capaz de encontrar soluciones para la crisis ni de proteger a los ciudadanos de sus consecuencias negativas. La combinación de falta de resultados con descrédito moral erosiona la legitimidad de los partidos políticos. Pero lo cierto –y este es el elemento constante- es que estos actores nunca han gozado de buena fama ni aquí ni en otros lugares, por considerárseles sinónimos de división y confrontación; no en vano “partido” viene de “parte”. La historia reciente de España, donde se mezclan el conflicto extremo, el antipoliticismo atizado por la dictadura y una cierta mitología del consenso, acentúa esa visión negativa.

Así las cosas, no está de más preguntarse qué es un partido político y para qué sirve. A grandes rasgos, un partido es una organización formal –es decir, dotada de una estructura estable, normas de funcionamiento interno y algún tipo de jerarquía en el liderazgo y la toma de decisiones- que posee una determinada visión del mundo y un proyecto global para la sociedad en la que actúa, y compite por alcanzar el poder con el fin de hacer efectivo ese proyecto.

Los partidos introducen un elemento de orden en la diversidad de proyectos y visiones del mundo posibles, al agrupar a quienes comparten concepciones más próximas. De este modo articulan la pluralidad, facilitando que un número razonable de opciones distintas compitan por el apoyo ciudadano, y evitando a la vez la imposición de una única visión a toda la comunidad. Además, los partidos ejercen funciones de mediación entre las demandas de los ciudadanos y las decisiones de las instituciones; de selección y entrenamiento de candidatos para los cargos electivos; y de agilización del debate público, puesto que presentan propuestas que son objeto de discusión ciudadana y mediática. Dando voz a una “parte” de la sociedad, los partidos canalizan el conflicto hacia vías de resolución pacíficas, sin eliminarlo del todo: queda así espacio para la discrepancia, pero también para el acuerdo. En definitiva, abren un camino intermedio entre la confrontación extrema y la paz de los cementerios, o de las dictaduras.

En los últimos doscientos años no ha habido democracias de masas sin partidos. No quiere esto decir que sean los únicos actores políticos válidos, pero sí que parecen los únicos capaces de desempeñar a la vez todas esas funciones en las democracias representativas (la democracia directa, incluso en su versión cibernética, sigue ofreciendo serios inconvenientes prácticos en sociedades complejas con millones de ciudadanos, necesidades e intereses que es preciso armonizar). Por supuesto, los mecanismos de representación y participación ciudadana deben mejorar –y mucho- en las democracias actuales, particularmente en la nuestra. No es tan evidente, en cambio, que los movimientos se basten solos para generar esos cambios.

Tradicionalmente, los movimientos sociales se orientaban hacia metas concretas (el ejemplo canónico es la defensa del medio ambiente) y no elaboraban un proyecto global de sociedad (cuando lo hacían se transformaban en partidos, como en el caso del Partido Verde). No obstante, están apareciendo en España movimientos que desde su inicio tienden al desarrollo de un proyecto global de sociedad, si bien por ahora siguen rechazando los elementos organizativos –estructuras formales, staff profesional, liderazgos o portavocías estables- por considerarlos propios de los partidos políticos, de los que intentan distanciarse. El problema es que sin esos elementos no pueden desempeñar todas las funciones de los partidos. Y sin embargo, esas funciones no han dejado de ser necesarias: seguiremos necesitando mediadores estables que articulen las demandas ciudadanas, compitan electoralmente y recluten posibles candidatos para los cargos electivos, puesto que de algún modo deberemos cubrirlos.

Los movimientos actuales se enfrentan a un dilema clásico. Si no se institucionalizan, generando estructuras y otros elementos orgánicos, difícilmente lograrán poner en práctica su proyecto de sociedad. Pero hacerlo les obliga a renunciar a parte de su identidad –el elemento de espontaneidad y arraigo directo que son parte de su atractivo- para adquirir rasgos propios de los partidos tradicionales. Y ya se sabe: si nada como un pato y grazna como un pato, seguramente es un pato, aunque se resista a llamarse así. Un movimiento que ejerza todas las funciones de un partido, será un partido en todo excepto el nombre. Si no las ejerce y tampoco hay partidos que lo hagan, esas funciones quedarán vacantes, lo cual no es un avance democrático, sino un retroceso.

La democracia española requiere reformas importantes. Pero no está claro que nuestros problemas se resuelvan sustituyendo partidos por plataformas creadas ad hoc para resolver asuntos concretos –que carecerían de la visión de conjunto necesaria en una sociedad compleja y dejarían un peligroso hueco a la demagogia populista- o por movimientos enfrentados a la disyuntiva de la institucionalización. En una sociedad moderna debe haber espacio para partidos y movimientos, y canales de comunicación entre unos y otros (algo especialmente importante para las formaciones de izquierda). Se trata de sumar, no de restar. De multiplicar ámbitos de participación, no de excluir a un tipo de actores políticos, poniendo en riesgo el desempeño de funciones esenciales en democracia. No recortemos más cosas, que bastante recorta el Gobierno.

La ciudadanía tiende a dar crédito a las informaciones que encajan en el marco según el cual la política es puro despilfarro

Es un hecho que la democracia cuesta dinero, gastarlo con eficiencia y transparencia es un deber

Una democracia avanzada necesita ciudadanos exigentes con el control de los gastos derivados de la actividad de sus representantes públicos

¿Le indigna que todos los diputados y senadores tengan coche oficial? ¿Le parece mal que el número de políticos en España supere los 400.000? Es posible que su respuesta a ambas preguntas sea afirmativa. El problema es que las dos contienen afirmaciones falsas que, al difundirse, mucha gente acaba asumiendo como ciertas.

En realidad, sólo los miembros de la Mesa y los Portavoces de los Grupos Parlamentarios tienen derecho a vehículo oficial pagado por las Cortes. Y la cifra de políticos está en torno a los 100.000, la mayoría de los cuales ejerce además en el ámbito local y lo hace gratis et amore, a veces poniendo dinero de su propio bolsillo. Insisto en el aspecto pecuniario porque la diana de esos mitos elevados a categoría de verdad es siempre la misma: el coste económico de la política democrática.

La ciudadanía española tiende a dar crédito a las informaciones que encajan en el marco según el cual la política es puro despilfarro. Ante los abundantes casos probados de corrupción y derroche de dinero público, es hasta cierto punto lógico. Pero más allá de ese cierto punto, existe una suspicacia sistemática, un sustrato de antipoliticismo persistente en nuestra cultura política, en parte herencia de otras épocas. Si la indignación ante el mal uso del dinero público es una reacción sensata en democracia, el puro “piensa mal y acertarás”, que da por cierto el carácter intrínsecamente torticero de la política, puede reforzar lo peor del statu quo al asumirlo como inevitable, o bien avivar la tentación de dar al traste con lo que hay, sin tener algo mejor para sustituirlo.

Una democracia avanzada necesita ciudadanos exigentes con el control de los gastos derivados de la actividad de sus representantes públicos. A los efectos de transparencia y rendición de cuentas, España deja aún mucho que desear. Mejorar radicalmente esa situación debe estar entre las prioridades de la agenda política, si queremos recuperar el prestigio que nuestras instituciones y nuestra vida pública nunca debieron perder. Y para lograrlo no basta con aprobar una ley de transparencia; es necesario además que las decisiones, comportamientos y actitudes apoyen el proceso de relegitimación.

Sin embargo, los mensajes lanzados por el Gobierno de España y por algunas Comunidades Autónomas insisten casi exclusivamente en reforzar el lugar común del despilfarro, extrayendo de él el corolario menos sofisticado, que es también el menos democrático: reduzcamos el espacio de la política.

El ejemplo más claro de esta tendencia lo encontramos en Castilla La Mancha, donde el Partido Popular de María Dolores de Cospedal ha decidido eliminar los sueldos de los parlamentarios. Lo que se presenta como un necesario gesto de austeridad en tiempos de crisis, en realidad es un retroceso en el acceso igualitario al ejercicio de la política. Desde ahora, los castellano-manchegos que quieran ejercer ese derecho en su región deberán valorar si pueden permitírselo laboral y económicamente, de modo que serán las personas con rentas altas quienes tengan más fácil, o menos difícil, dar el paso. El resultado práctico es semejante al de introducir un requisito censitario para el sufragio pasivo; de un salto, volvemos al siglo XIX. Por añadidura, esta medida da a entender que representar a la ciudadanía es una tarea “menor” a la que basta con dedicar el tiempo libre. En un país donde parte de la población empieza a cuestionar el núcleo mismo del sistema –según algunos estudios, el porcentaje de españoles que consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno ha registrado una caída de 24 puntos en poco más de tres años– ese mensaje resulta demoledor, y lanzarlo es como mínimo imprudente.

La reducción del espacio de la política se aprecia también en el uso recurrente del decreto ley por parte del Gobierno de España, mecanismo que permite sustraer del debate parlamentario cuestiones que afectan directamente a los intereses y derechos de la ciudadanía. En este caso la asociación funciona en sentido inverso: la sensación de aislamiento y pérdida de relevancia del Parlamento se incrementa, dando argumentos a quienes cuestionan la necesidad de seguir corriendo con los gastos que ocasiona y a quienes sostienen que los representantes electos en realidad no nos representan. Dos posiciones que, por cierto, a menudo se retroalimentan.

Un tercer ejemplo es el anteproyecto de reforma local, que de nuevo con el pretexto de recortar el gasto, acaba recortando democracia. Habida cuenta de que buena parte de los alcaldes y concejales españoles no cobran o cobran muy poco, reducir su número –como pretendía inicialmente el Gobierno- genera un ahorro muy escaso. Por eso ahora el anteproyecto se inclina por restringir los servicios que prestan los Ayuntamientos, mientras refuerza a las Diputaciones Provinciales (que son órganos de elección indirecta). Dado que eliminar un servicio no significa eliminar su demanda, la reforma crea de paso oportunidades de negocio en el ámbito municipal; eso sí, los beneficios irán a manos privadas.

Aparte del probable efecto negativo sobre el empleo y la calidad de vida en las zonas rurales y del aumento del riesgo de exclusión en las ciudades, esta reforma abre una brecha en la autonomía local de la que ha advertido el Comité de las Regiones. Pero además, desoye a los ciudadanos que exigen de la política horizontalidad y soluciones concretas para sus problemas. Los alcaldes y concejales son los representantes mejor posicionados para hacer ese tipo de política, puesto que están en contacto directo con sus vecinos y pueden rendir cuentas de forma cotidiana. Si la legitimidad de ejercicio está en función de la capacidad de responder a las necesidades y demandas ciudadanas, no deberíamos restringir esa capacidad en el ámbito local, sino incrementarla.

Es un hecho que la democracia cuesta dinero, gastarlo con eficiencia y transparencia es un deber. Pero eliminar sueldos de parlamentarios y reducir la autonomía municipal no nos sacará de la crisis; en cambio, sí encogerá el margen de acción de la política y la capacidad de control de los ciudadanos, es decir, la democracia. Ojo pues con los mensajes que lanzamos, no sea que acabemos tirando al niño con el agua del lavabo.

Los partidos conservadores dependen mucho menos de la financiación pública que las opciones progresistas

Entre 1993 y 2011, los partidos conservadores españoles (PP, CiU y PNV) recibieron más de 100 millones de euros en donaciones, frente a los aproximadamente 22 que sumaron PSOE, PSC e IU

A juzgar por la experiencia de la España democrática, la fiscalización de las donaciones privadas ha sido cualquier cosa menos sencilla y transparente

Invocando el pretexto de la crisis –como hace para muchas otras cosas– en sólo dos ejercicios el Gobierno de Mariano Rajoy ha reducido la asignación presupuestaria a los partidos políticos en más del 40%. Más allá de protestas puntuales de la oposición y de algún artículo en prensa, la medida no ha hecho mucho ruido. No lo ha hecho, en parte porque los sucesivos mordiscos a esta partida han quedado disimulados entre los recortes en sanidad o educación, y en parte porque pagar menos a los partidos goza de cierta popularidad. En un momento de crisis política, cuando los escándalos de corrupción se suceden día tras día, el aprecio ciudadano por los partidos –que nunca fue muy grande– está bajo mínimos. Para mucha gente, decirles “no con el dinero de mis impuestos” es una solución tentadora. Tan tentadora como peligrosa, especialmente para quienes se consideran de izquierdas, porque desequilibra la balanza… y lo hace hacia la derecha.

En España, como en la mayoría de países europeos, la financiación a los partidos es mixta: además de la dotación pública, existen aportaciones privadas. Dentro de estas últimas, el montante cuantitativamente más significativo corresponde a las donaciones procedentes de particulares o de empresas. Cabe intuir que donan más quienes más tienen, y que la afinidad de quienes más tienen está más próxima a las formaciones políticas conservadoras que a las progresistas.

Los datos del Tribunal de Cuentas confirman esa intuición. Entre 1993 y 2011, los partidos conservadores españoles (PP, CiU y PNV) recibieron más de 100 millones de euros en donaciones, frente a los aproximadamente 22 que sumaron PSOE, PSC e IU. Si el PSOE ingresó unos 18 millones, el PP acumuló alrededor de 40; más del doble. La comparación de esta última cifra con la de IU, que no llegó al medio millón, resulta aún más chocante. Teniendo en cuenta el dato de CiU, que pese a concentrar su actividad en una sola Comunidad Autónoma sumó más de 46 millones de euros (frente a los tres del PSC), podemos apreciar hasta qué punto está escorada la financiación privada de los partidos políticos. Contrariamente a lo que reza un coreado estribillo, los grandes donantes parecen saber bien que no todos los partidos son iguales, así que optan abrumadoramente por dedicar su dinero a financiar a la derecha.

De este modo, los partidos conservadores dependen mucho menos de la financiación pública que las opciones progresistas, y un eventual recorte de ésta no sólo les afecta considerablemente menos, sino que se traduce en una clara ventaja comparativa a su favor. El principal objetivo de la financiación pública es paliar este desequilibrio, proporcionando a todas las formaciones políticas medios materiales suficientes para desempeñar las funciones que tienen reconocidas. Sin ella, los intereses de los menos pudientes, que la izquierda está llamada a representar, quedan en situación de desventaja. Como se señalaba hace algunos días desde un artículo publicado en Agenda Pública, nos guste o no, la democracia cuesta dinero. Si no garantizamos desde lo público unas condiciones económicas mínimamente equitativas en la competición entre partidos, favoreceremos a quienes parten con mayor ventaja; en este caso, con mayor capital privado. Dicho de otro modo, si no queremos financiar a los partidos políticos con nuestros impuestos, allanaremos el camino a la plutocracia.

Hay una razón adicional para apoyar la financiación pública de los partidos: resulta más fácil controlarla. A juzgar por la experiencia de la España democrática, la fiscalización de las donaciones privadas ha sido cualquier cosa menos sencilla y transparente. En las aguas de las lagunas regulatorias han nadado cómodamente casos de corrupción y financiación ilegal ya demostrados o aún presuntos. Sin embargo, los ciudadanos españoles estamos asistiendo casi sin inmutarnos a la siguiente paradoja: en el mismo momento en que nos indignamos por las revelaciones del escándalo Bárcenas-Gürtel –tanto monta, monta tanto–, cuyos vínculos con donaciones de empresas a un determinado partido político son cada vez más evidentes, la financiación que ese mismo partido político recorta no es la privada, sino la pública.

No nos engañemos. Cuando una empresa dona a un partido, suele esperar algo a cambio. Cuanto mayor es la donación, mayor es la captura que los intereses empresariales pueden ejercer sobre la acción política de ese partido. Y también es mayor el botín a repartir entre quienes se asoman a la vida pública persiguiendo beneficios que de públicos no tienen nada. En el último Debate del Estado de la Nación, Alfredo Pérez Rubalcaba propuso una batería de medidas contra la corrupción, entre las cuales figuraba la prohibición de las donaciones a los partidos por parte de las empresas, que de manera expresa o tácita ya existe en otros países europeos. Puede ser un buen paso, aunque debe venir acompañado de una regulación adecuada de las donaciones procedentes de particulares y de mecanismos de transparencia que permitan comparar la información sobre ingresos y gastos de los partidos políticos y sus cargos sobre una base homogénea. Y también del refuerzo –y probablemente de la reforma– del principal órgano fiscalizador, el Tribunal de Cuentas.

Poner trabas a la corrupción es un objetivo más que razonable. También lo es salvaguardar el pluralismo democrático. Para lograr el primer objetivo, puede ser útil vetar ciertas formas de financiación privada a los partidos; para lograr el segundo, tenemos que asegurarnos de que, aun con ese veto, todas las opciones políticas representativas tengan acceso a una financiación suficiente. A mi entender, conciliar ambos fines requiere garantizar una financiación pública equitativa que impida distorsiones, evitando un desequilibrio del cuál salen siempre peor paradas las formaciones de izquierdas, y por lo tanto los ciudadanos que se identifican con ellas.

El Gobierno de Mariano Rajoy va exactamente en la dirección contraria. Coherente con el modelo que viene aplicando a la sanidad, la educación o la justicia, está haciendo cuanto está en su mano por lograr que la democracia llegue solamente a quien pueda pagársela. Y de todos es sabido que quien parte y reparte, se asegura la mejor parte.