En enero de este mismo año, el presidente de Liberbank se plantaba en Cantabria para decirles a todos los clientes que se vieron afectados por la compra de preferentes, un producto bancario de alto riesgo que se comercializó de forma indiscriminada entre los depositantes y que terminó por ser un fiasco, que antes de denunciar al banco fueran a hablar con el responsable de su entidad para intentar llegar a un acuerdo.

La renovada voluntad de la entidad compuesta por la fusión de las extintas CajaAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria obedece a una nueva estrategia que está siguiendo la banca que colocó preferentes y otros productos tóxicos ante el alto porcentaje de causas que están perdiendo en los tribunales.

Ahorro y lavado de imagen

Sin embargo, este nuevo escenario está permitiendo a los bancos conseguir una serie de ahorros y un lavado de imagen mucho más beneficioso para sus intereses que lo que le estaba deparando la vía judicial, según exponen juristas expertos en la materia. En este sentido, evitar el banquillo les permite negociar a la baja una cantidad a pagar a los afectados que el juez estimaría más alta y les exoneraría de tener que sufragar las costas del pleito, al margen de la mejora de su imagen pública, que no se vería salpicada por la sentencia inculpatoria de un juez.

Además, la fortaleza de medios y recursos que tiene cualquier entidad para negociar ante sus clientes minoristas, le permite apretar las clavijas al máximo en la negociación para sacar un mayor rédito a sus intereses. Y es que aunque el cliente sepa que la mayoría de casos se ganan, no todo son ventajas.

Tal y como explica Fernando Zunzunegui, presidente del bufete Zunzunegui abogados y experto en litigios de este tipo, los afectados suele aceptar aquello que les propone el banco, ya que, bien sea a través de una conciliación, bien sea con un acuerdo extrajudicial, “el afectado evita la incertidumbre de un juicio, que repercute directamente en su salud”. Por otro lado, Zunzunegui explica que “los propios preferentistas tienen muchas cautelas sobre los abogados; muchos desconfían de la justicia y aunque la mayoría de juicios se ganan -entorno al 85%-, existe también la posibilidad de perder del 15%”. Todo ello lleva a que gran parte de los preferentistas no llegue ni a denunciar, con el ahorro que supone para las entidades.

La escasez de denuncias es la principal razón por la que Bankia tuvo que provisionar (destinar capital a la reparación de estos clientes) este año una cantidad muy inferior a lo que recaudó para una causa similar derivada de la venta de preferentes que fue la posterior salida a bolsa, con Rodrigo Rato como presidente de la entidad.

Aprovechan su mala conducta para hacer negocio

Pero además, el ahorro está siendo aún mayor si cabe dado que la conciliación y la vía extrajudicial está permitiendo a los bancos llegar a acuerdos ventajosos para sus intereses con aquellos que sí dan el paso y deciden denunciar a su banco. Zunzunegui explica que “aprovechan su mala conducta para hacer negocio, algo habitual en la banca”. Este abogado experto en la materia “va un paso más adelante y estima que la CNMV debería obligar a devolver el dinero a todos los clientes, dado que procede de una mala praxis generalizada, y no sólo, como se está haciendo, a aquellos que se atreven a denunciar”.

En el caso de Liberbank, varios juzgados de Asturias han recibido de forma masiva durante esta primavera peticiones de conciliación entre los preferentistas y el banco. En el acuerdo, el denunciante recibe el capital inicial invertido y renuncia al devengo de los intereses que ese dinero hubiera podido producir desde el momento de la compra de preferentes u otro tipo de productos fraudulentos hasta el momento actual. El pacto no se queda ahí, ya que Liberbank obliga a los afectados que firmen esta conciliación a confiar ese dinero en la propia entidad en un depósito a plazo fijo, inmovilizado obligatoriamente durante dos años con un 0,5% de interés.

Luis Galingo, abogado de Arriaga Asociados, explica que sí es habitual que las entidades demandadas acudan a la conciliación o el acuerdo extrajudicial, pero considera “leonino que se condicione la recuperación del capital a que se quede inmovilizado dentro del banco”.

Esta forma de proceder no es exlusiva de Liberbank en Asturias. José Ángel Palacios, de la asociación de consumidores Adicae, asegura que esta práctica también se está llevando a cabo con clientes de Cantabria, Extremadura y Castilla La Mancha, los otros lugares donde esta entidad tiene presencia destacada. El propio Palacios explica que “el ofrecimiento de la entidad de ”meter“ el nominal inicial de las preferentes o las subordinadas en un depósito al 0.5% responde al hecho de que los propios afectados, cuando fueron engañados, pensaban que estaban contratando precisamente una imposición a plazo fijo”.

No sólo Liberbank

Hacer negocio con los denunciantes tampoco es exclusivo de Liberbank. Tal y como advierte el abogado de V Abogados Borja Díaz-Toledo “el cliente debe tener mucho cuidado en las conciliaciones. Bankia también mete algún tipo de cláusula para retener el capital del denunciante en este tipo de arbitrajes”. Según Díaz-Toledo, esta forma de proceder de los bancos, de buscar el acuerdo antes de llegar a un pleito prácticamente perdido, se extiende a otras entidades como el Banco Santander con sus bonos, el Banco Gallego con un producto complejo que comercializaban o las preferentes de Catalunya Caixa, hoy en día propiedad de BBVA.

Este abogado experto en causas con preferentistas, explica que estas actuaciones suponen un gran ahorro para los bancos. Así, señala que Liberbank lleva perdidos algo más de 20 millones de euros, una cifra que dista mucho de los 171 millones que recaudaron con la venta de este producto. Además, los responsables de este banco han podido llevar a cabo con mayor desahogo todos los procesos de conciliación después de que la entidad acometiera una ampliación de capital de 471 millones de euros en junio de 2014. Otro que se está viendo mucho menos perjudicado de lo que podría es Bankia. El abogado de V Abogados afirma que sólo el 30% de los afectados denuncia.

El exponencial avance de la tecnología amenaza con cambiar de raíz el sistema monetario utilizado durante siglos. El Gobierno de Dinamarca ha lanzado esta primavera la propuesta de acabar con la obligatoriedad de que parte de sus comercios tengan que aceptar pagos en efectivo a partir de enero de 2016. La intención del Ejecutivo nórdico ahondaría en la fuerte tendencia a la baja que está sufriendo el metálico durante los últimos años no sólo en Dinamarca, sino también en sus vecinos, Suecia, Noruega o Finlandia.

Aunque las cifras de uso ofrecidas por diferentes instituciones son difusas, las tendencias ofrecen algunas conclusiones. Tal y como revela un informe de Pwc en colaboración con el IE Business School “hay una relación directamente proporcional entre el desarrollo de una economía y el uso de medios distintos del efectivo. A mayor desarrollo, mayor empleo de las tarjetas, de las transferencias, de las domiciliaciones y de los cheques. África, con un 99% de empleo de efectivo, y Norteamérica, con un 51%, serían las regiones en los extremos de la escala.” Este mismo estudio pone el uso de efectivo en Europa en el 66%. No obstante, si se acerca el foco en el Viejo Continente, existen notables diferencias entre los países nórdicos, los que menos efectivo usan y más se decantan por otros medios de pago, y España y Alemania, las dos naciones que más tiran de calderilla y papel moneda, tal y como indican datos del Banco Central Europeo en un análisis realizado por Norges Bank. Por otro lado, esta misma entidad financiera muestra en un estudio que la tendencia del uso alternativo al efectivo es cada vez mayor.

El informe de PWC y el IE señala que “La creciente proliferación de los pagos a través de Internet y, sobre todo, del teléfono móvil está cambiando la fisonomía de la industria del sector en todo el mundo”. En este punto, cabe destacar la disrupción que la tecnología está desatando en las formas de pago más allá de la tarjeta de crédito. Apple, la compañía más grande del mundo por su capitalización bursátil y la enorme capacidad para implantar sus productos en la sociedad, presentó a bombo y platillo en 2014 su Apple Pay, el sistema que permite pagar con el teléfono móvil. Este sistema, implantado ya por otras compañías y bancos, tiene cada vez más presencia. 

Ventajas

La mayoría de expertos han acogido la propuesta del Gobierno danés para erradicar el dinero en metálico con los brazos abiertos. El economista y profesor de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, sostiene que el dinero en metálico es el principal causante de la evasión de impuestos y de la economía ilegal. Es decir que, en caso de desaparecer, ya no se verían instantáneas de bolsas de basura llenas de billetes moviéndose de un lado a otro.

Por otro lado, este experto señala que el dinero en efectivo torpedea los planes de los bancos centrales para estimular la economía y la inflación. Esto es debido a que aunque las autoridades monetarias pongan los tipos de interés de los depósitos en negativo no consiguen materializar sus planes, dado que aquellos depositantes que se vean obligados a pagar por el dinero que dejan en los bancos preferirán mantenerlo en efectivo.

Otro motivo que se pone encima de la mesa es la eficiencia que generaría un sistema sin intermediación del dinero en metálico. Mayor facilidad y rapidez para realizar los pagos además de la eliminación del coste de producción de las propias monedas y billetes. También evitaría los asaltos y atracos.

Desventajas

Sin embargo, todas estas bondades esconden una serie de problemas que atacan a las capas más desprotegidas de la sociedad. Willem Buiter, economista jefe de una de las multinacionales más grandes que existen en el mundo de las finanzas, Citigroup, también es partidario de acabar con el dinero en efectivo, pero advierte en un informe de que el metálico “todavía supone el 85% de las transacciones a nivel global”. A este respecto, Buiter añade que “el uso de la moneda sigue siendo alta entre las personas más pobres y algunas personas mayores, no sólo en los países pobres, sino también dentro de las economías más avanzadas”. Por este motivo, el economista jefe de Citigroup destaca que esta situación exigiría que se preservara dinero en metálico por valor inferior a cinco dólares.

Ricardo G. Zaldíbar, profesor de economía retirado y expresidente de Attac España opina que la abolición del dinero en efectivo sería dramático para los más acuciados por la exclusión y la precariedad. Aunque admite que el sistema tiene puntos muy positivos, cree que no todo el mundo está en disposición de contar con cuenta en el banco o Internet. Una de las medidas que propone este experto para mejorar el sistema es la introducción de monedas locales, que apoyen una economía más de cercanía y no sirvan como medio de acumulación. Con este tipo de sistemas de pago, indica Zaldíbar, se conseguiría dar una solución a las personas que se dedican a la venta ambulante, que se verían muy comprometidas si se erradicara el dinero en efectivo.

Por otro lado, este miembro de Attac considera que una medida así supondría poner más dinero en poder de los bancos, lo que les permitiría acumular más poder y generaría aún más desigualdad. Por el contrario, el informe de PWC e IE Business Shcool advierte: “El actual statu quo, en el cual los bancos tienen una posición dominante, está amenazado por la aparición de nuevos y potentes competidores (gigantes tecnológicos, operadoras de telecomunicaciones, fabricantes de móviles, empresas de distribución, start ups...) que están llamando a la puerta, o la han derribado ya”.

En línea con Zaldíbar se muestra Rodolfo Rieznik, miembro de la junta directiva de Economistas sin Fronteras y profesor de Economía. Para Rieznik, “los bancos dispondrían de más dinero para poder sacarle un interés y obtendrían aún más poder”. Este experto cree que la propuesta podría ser una invitación a que las personas con más dificultades económicas y de acceso técnico a la tecnología crearían mercados negros paralelos con otro tipo de monedas o medios de pago. Este miembro de Economistas sin Fronteras considera que la medida podría ser apropiada para Dinamarca, con un nivel de cultura en estos aspectos superior al que existe en España. No obstante, Rieznik sostiene que “no sería demasiado difícil crear algún sistema de pago que permitiera la inclusión de los más pobres y facilitara las cosas a aquellos con menos posibilidades”.

Bajo esa óptica, el Banco Central de Ecuador ha lanzado este año su propia moneda digital para, según explica el responsable del proyecto, Fausto Valencia, “impulsar la bancarización de aquellos colectivos que no tienen acceso al sistema financiero del país”, entorno al 40% de la población. Valencia explica que “aunque existen más de 18 millones de líneas celulares, no todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, paquetes de datos o internet, entonces ahí hay una limitación. El sistema se diseñó para que no requiera uso de Internet, ni datos, y que pueda ser utilizado con una línea activa en el teléfono más sencillo a través del uso de los canales y mensajería básica de la telefonía móvil”.

Otro problema que generaría un mundo sin ‘cash’, apuntan expertos en la materia, sería el de la privacidad. Si todos los pagos se realizan de manera electrónica, habría la posibilidad de aumentar el control y la vigilancia sobre la población.

“No hay mejor política social que crear empleo”. Este mantra ha sido repetido de forma incansable por el Partido Popular desde antes de entrar en La Moncloa en 2011. Casi una legislatura después, el paro es ligeramente más bajo del que se encontró Rajoy y aún está por encima del 22%, según los datos registrados en la EPA. Más de cinco millones de españoles se encuentran en situación de desempleo y hay 1.670.000 hogares en los que ninguno de sus miembros recibe ninguna prestación. Por otro lado, las estadísticas oficiales muestran de manera repetitiva un descenso en la calidad y condiciones del empleo. De ahí que desde hace ya tiempo, algunos actores como la Unión Europea señalen que trabajar en países como España no garantiza salir de la pobreza.

Pero el fenómeno de pobreza laboral está relativamente extendido por los países desarrollados. A nivel internacional se está produciendo un debate académico sobre cómo deben afrontar desde los Estados la lucha contra la pobreza y en especial contra la pobreza asociada al empleo. Con este panorama, los expertos en España ven insuficiente la subida de los salarios como prioriza el modelo anglosajón. Pero tampoco todos comparten la receta lanzada por el PSOE a comienzos de semana. Así, Pedro Sánchez proponía un “ingreso mínimo vital” para los hogares donde no entran rentas, con una cantidad a percibir modulada en función del número de hijos en el que sí se podría percibir otros ingresos. Esta medida conllevaría un gasto de 6.000 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y vendría a cubrir desde la Seguridad Social a aquellas personas que hayan agotado la prestación por desempleo.

La propuesta de Sánchez choca con las que se están lanzando desde otros países. El último ejemplo se ha producido en el Reino Unido. El ministro británico de Economía del Gobierno conservador de David Cameron, George Osborne, ha anunciado el recorte de ayudas a las familias y colectivos más desfavorecidos a cambio de otros incentivos como la subida del salario mínimo.  Esta medida está en línea con las últimas iniciativas que ha lanzado el partido demócrata de Hillary Clinton en Estados Unidos. La candidata a presidenta encontró un gran aliado a su discurso en las páginas de The New York Times. El economista Paul Krugman alabó la propuesta demócrata de subida de los sueldos más bajos al otro lado del charco.

Cada vez menos trabajos y peor remunerados

Sin embargo, no está claro que la batalla para acabar con la exclusión social pase por el empleo. Esta cuestión de orden mundial ya viene de lejos. El economista estadounidense experto en los cambios científicos y tecnológicos en la economía Jeremy Rifkin ya vaticinaba en 1995 sociedades con paro estructural cada vez mayor debido a la automatización en su libro El Fin del Trabajo. En esta obra, Rifkin señalaba que ante la imposibilidad de actores institucionales y económicos de evitar que cada vez exista menos trabajo, la solución pasaba por varias medidas, entre las que se encontraba el reparto del trabajo y la implantación del ingreso anual garantizado, algo similar a la renta básica.

La idea de la automatización y el paro estructural son los dos elementos claves por los que algunos expertos, a diferencia de Krugman, rechazan la subida de salarios como medida efectiva.

Diana Furchgott-Roth, execonomista jefe del Departamento de Trabajo de Estado Unidos, señala que Krugman ignora que las subidas del sueldo mínimo reduce significativamente las probabilidades de que los trabajadores poco cualificados lleguen a la clase media. Esta experta argumenta que el incremento de los salarios más bajos lleva a que los empleadores se decanten por trabajadores más cualificados y sustituyan por máquinas a aquellos de menor formación. Esta idea es compartida por Robert Skidelsky, profesor emérito de economía política de la Universidad de Warwik, que señala que “la automatización hará incursiones cada vez mayores en el mundo del trabajo”.

Ante esta tesitura cada vez son más las iniciativas dirigidas a complementar los salarios con aportación del Estado (una tercera vía a caballo de la renta mínima y del salario mínimo). Es decir, el Gobierno se compromete a completar con dinero público aquellos sueldos más bajos, de cara a erradicar ese fenómeno cada vez más extendido de trabajadores pobres. El complemento salarial es una de las propuestas económicas que ha hecho en España el partido de Ciudadanos cuyo ideario económico ha apadrinado el profesor Luis Garicano, docente en Reino Unido. Sin embargo, Skidelsky explica que esta medida ya se llevó a cabo en el pasado con efectos perniciosos, ya que las empresas pagaban por debajo del mínimo y compensaban el salario con esta aportación estatal.

El sociólogo de la Universidad de Zaragoza y experto en asuntos de pobreza Pau Marí Klose ve positiva la iniciativa del PSOE de un ingreso mínimo, “en línea con las rentas mínimas que hay en otros países como Francia o Dinamarca” pero matiza: “las coberturas allí son mucho más amplias”. Borja Barragué, profesor de la escuela de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid cree que esta medida abarca a demasiados perceptores, por lo que la cuantía final no termina de ser suficiente para cubrir las necesidades. Este experto, que considera complicada la implementación jurídica de esta ayuda -ahora es competencia de las Comunidades Autónomas- recuerda que “desde la Fundación Alternativas se trabajó en un programa similar, con una aportación de 6.000 millones de euros, pero dirigido exclusivamente a las personas en situación de extrema necesidad”. Mismo gasto pero para menos receptores.

Una trampa de pobreza

La medida lanzada por el Partido Socialista es duramente criticada por Daniel Raventós, profesor de la facultad de economía y empresa de la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Renta Básica. Según Raventós, este tipo de medidas “son un despropósito debido al carácter condicional de las mismas”. “Cuando tú tienes que demostrar una situación de pobreza para percibir una determinada ayuda, se trata de una invitación a no buscar trabajo para no dejar de percibir la misma”. A este discurso se suma Lluís Torrens, economista y profesor de la ESCI–UPF, quien considera la condicionalidad una trampa para el empleo: “la mayoría de los potenciales perceptores son personas que se les ofrecen trabajos precarios y temporales, por lo que la burocracia les hace más incómodo estar intercalando trabajos temporales y solicitudes de esta ayuda que optar por mantenerse fuera del mercado laboral cobrando solo la renta”.

Por otro lado, Torrens cree que la condicionalidad tiene un problema de acceso: “un proyecto europeo demostró que el 40% de personas con derecho a estas ayudas no accede a ellas por un problema de estigmatización social, ya que sólo tienen derecho los más desfavorecidos”. Tanto Torrens como Raventós, que han trabajado en estos asuntos de manera conjunta, apuestan por una renta básica y universal, similar a la que llevaba Podemos en su programa para las elecciones europeas y que posteriormente ha ido matizando.

España, no es país para subidas del salario mínimo

Marí Klose cree que la implementación de rentas mínimas y subidas de los salarios más bajos no son medidas excluyentes, pero considera que hay que tener cuidado con introducir elementos que puedan distorsionar el mercado de trabajo, lo que puede provocar aún más gente desempleada. Gabriela Jorquera, coordinadora de EAPN Madrid (Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social), cree que “depende del contexto en el que se encuentre” el país y el mercado de trabajo. “Las tasas de paro de EEUU y Reino Unido (alrededor del 5%) son mucho más bajas que en España, [el fenómeno de trabajadores pobres es más extendido y enraizado] por lo que luchar vía salarios aquí no sirve; la introducción de rentas mínimas parece razonable”.

Para Torrens, “en la medida en que los salarios mínimos se suban, se producirá una más rápida destrucción de empleo, ya que el que contrata optará por acelerar los procesos de automatización” y añade que “en el pasado se remplazaban los trabajos eliminados por la mecanización por otros de otros sectores, pero esto ya no sucede”. Raventós justifica esta cuestión con un estudio elaborado por la Universidad de Oxford que señalaba en 2014 que “muchos de los empleos desaparecerán, pero no sólo los poco cualificados sino también otros de gran cualificación como el de los profesores, por lo que la introducción de rentas a la población es el único camino”. Borja Barragué concluye diciendo que intentar luchar contra la pobreza por la vía de los salarios lo que provocaría es “el beneficio de los que trabajan en detrimento de los muchos que no lo hacen”.

La sociedad con un paro estructural cada vez mayor que no redistribuye la renta a través del empleo, como vaticinaba Rifkin en 1995, se está empezando a dejar ver en el mundo. Concretamente, la ciudad holandesa de Utrech ha optado por dar un ingreso básico a todas las personas, sin ningún tipo de requisito para el acceso. Esta renta básica está destinada a cubrir los gastos básicos de las personas. Así, Raventós señala que “la renta básica universal, más que un instrumento para combatir la pobreza, es un arma de libertad, dado que los ciudadanos que no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas dejan de ser libres”.

Juan Torres y Vicenç Navarro, artífices de uno de los idearios de Podemos, animaron al partido de Pablo Iglesias a olvidarse de la renta básica. En opinión de estos dos académicos referentes de la izquierda, es preferible la opción de una renta mínima garantizada que cubra las necesidades de los ciudadanos que no han podido tener unos ingresos adecuados y que sea reconocida como un derecho y no como una ayuda asistencial. Torres cree que la Renta Básica rompe el principio de “a cada cual según sus necesidades”. Estos expertos creen que la aplicación de una renta básica en un sistema del bienestar con un gasto público insuficiente y un gasto en transferencias por persona muy bajo, es “empezar la casa por el tejado”. Al contrario, proponen reforzar los servicios públicos, mejorar las prestaciones sociales y diseñar una red de protección mínima que impida a la ciudadanía caer en la pobreza.

Muchos de los detractores del Tratado Comercial de Libre Comercio que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea señalan que el acuerdo tiene a las multinacionales como las grandes beneficiarias a ambos lados del charco. Lo cierto es que, en el caso de España, las compañías con más presencia en el extranjero han mostrado su apoyo, de manera directa o indirecta, para que Bruselas y Washington rubriquen este tratado, aún en negociaciones.

Los sectores más disconformes con el TTIP han denunciado que la negociación se está haciendo de espaldas a la ciudadanía y con el asesoramiento mayoritario de compañías privadas. Según datos recogidos por el Corporate Europe Observatory, alrededor del 90% de los encuentros que realizó la Comisión Europea para preparar las negociaciones se hicieron con lobbies empresariales, quedando reducido espacio para las organizaciones públicas, ONG y otros actores de la sociedad. Este mismo observatorio señala que una parte de esas reuniones corresponden a empresas y asociaciones empresariales españolas.

Si se tira de hemeroteca, existen ejemplos de grandes multinacionales del Ibex-35 que han alabado el TTIP, así como otras que han dado apoyo a diversas iniciativas en favor del acuerdo comercial transatlántico.

Este mismo año, el consejero ejecutivo de BBVA José Manuel González-Páramo, anteriormente miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y único español que ha ocupado una silla en la institución monetaria, consideraba el TTIP como “una referencia para el comercio”. Otro que aplaudió en público este acuerdo fue el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. El expresidente del Partido Nacionalista Vasco ensalzaba el TTIP en la escuela de negocios ESADE.

Arturo Gonzalo, director de Responsabilidad Corporativa de Repsol, hablaba de diferentes ventajas que traería el TTIP como la protección a la inversión o la presión de apertura que supondría para otros mercados como Mercosur. En tuits de ESADE, Gonzalo mostraba la preocupación por el clima de hostilidad que se estaba generando en Europa.

En ese mismo escenario, Rafael Maneto, consejero delegado de Acciona Energía, decía que el sector energético debía tener una “fuerte presencia en el Tratado Transatlántico de Comercio (TTIP)”. Sin abandonar el campo de la energía, se puede ver este tuit de apoyo público por parte de Endesa.

Otra figura importante que ha hecho declaraciones en favor de este acuerdo comercial ha sido Juan María Nin, hasta hace poco consejero delegado de CaixaBank y presente en los consejos de administración de varias compañías como Gas Natural o Repsol. Nin calificaba el TTIP como una “oportunidad única” en una conferencia en la que participaba en calidad de presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.

Otra forma que utilizan las grandes empresas de mostrar su apoyo al TTIP es la publicación de estudios. Así, la Fundación Mapfre publicaba un informe titulado TTIP: el Tratado de libre comercio e inversión entre la UE y EEUU, un acuerdo necesario. En ese documento, aparece como autor secundario La Caixa.

Influir sin dejar huella

Las empresas recurren a otro tipo de estrategias para influir por una determinada causa con una fórmula aún más imperceptible a la opinión pública como el apoyo financiero o el patrocinio de cursos, estudios y otro tipo de actividades realizadas por terceros.

Así, en marzo de 2013, el Centre for Economy Policy Research (CEPR), realizaba un exhaustivo estudio de más de 100 páginas acerca de los beneficios del acuerdo entre EEUU y la UE. Aunque este ‘think tank’ no revela directamente cuáles son sus mecenas -en su web apuntan a bancos de inversión, consultoras o agencias gubernamientales- Ecologistas en Acción y el medio de comunicación Cafèambllet aseguran que el Banco Santander o La Caixa están detrás.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizó en Santander el pasado año un encuentro titulado La Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI) y su importancia para las relaciones transatlánticasLa Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI) y su importancia para las relaciones transatlánticas. En dicho curso participaban importantes autoridades políticas como el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el embajador de EEEU en España o miembros de representación en Europa. Junto a ellos, aparece en el programa el director de asuntos internacionales de Telefónica y representantes de empresas como CAF, Ficosa o Dow Chemical Ibérica. Otro de los ponentes de este curso es Brian Timothy Bennett, director general de Trans-Atlantic Business Council, un lobby con la clara intención de influir a favor del TTIP. Infinidad de empresas europeas sustentan esta organización entre las que aparecen BBVA y Telefónica. El transportador oficial del curso era Iberia.

Otro grupo de presión empresarial que está abogando por sacar adelante el TTIP es, según explica La Marea, la Mesa Redonda Europea de Industriales. Entre sus miembros aparecen presidentes de pesos pesados del Ibex como César Alierta (Telefónica), Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola), Antonio Brufau (Repsol) o Pablo Isla (Inditex).

Por su parte, la patronal de los empresarios españoles CEOE ya ha hecho público y notorio su apoyo al TTIP.

La influencia en el Gobierno

De momento, la influencia de las grandes corporaciones españolas está teniendo su eco entre las autoridades estatales. En un documento elaborado por el Ministerio de Economía y Competitivdad, se destaca la voluntad del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de “lograr un acuerdo amplio y ambicioso, incluyendo un capítulo de protección de inversiones, y la disposición a trabajar para definir la mejor manera de hacerlo”.

Uno de los puntos que se afana en resaltar este escrito es también uno de los que está siendo más cuestionados por los detractores del TTIP: la manera de resolver conflictos entre los Estados y los inversores extranjeros. Así, desde el Ministerio de Economía se cree necesario el mecanismo ISDS en el acuerdo TTIP con EEUU, que permite al inversor recurrir a instancias de arbitraje supranacional que van más allá de las leyes del país donde se invierte.

La carta explica que este sistema ha sido un mecanismo fundamental para la defensa de las inversiones en el extranjero de empresas españolas como Repsol, Telefónica, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Iberdrola o Abengoa, entre otras.

Año 2012. Ante la imposición de tributos a la generación eléctrica que varias Comunidades Autónomas estaban trasladando a las compañías eléctricas, el Gobierno central decide aprobar un Real Decreto Ley, en concreto el 20/2012, de 13 de julio, que modifica la ley aprobada en 1997 de la siguiente manera: “En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma”.

Con esta medida, según explica el experto en el sector eléctrico Jorge Morales, el Gobierno evitaba que las Comunidades Autónomas gravaran por su cuenta a las compañías eléctricas, dado que lo verían repercutido en la factura de los consumidores de esas comunidades, y así las propias empresas eléctricas no trasladarían esos nuevos costes a la factura de todos los españoles.

Aprueba un RD-ley y luego no lo aplica

Lo curioso del asunto es que después de legislar por la vía de urgencia y sin pasar por las Cortes, con el trámite conocido popularmente como “decretazo”, el Ejecutivo nunca llevó a término su propio mandato. En el año 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, encargado de ejecutar lo dispuesto en ese Real Decreto ley, se sacaba de la manga una Orden, en concreto la IET/221/2013, de 14 de febrero, que aplicaba los cargos a cobrar desde el 1 de enero de 2013 sin tener en cuenta lo que el propio Gobierno había sacado adelante en el Real Decreto ley 20/2012.

Al no consumarse el cobro de estos tributos, las empresas eléctricas se lanzaron a los tribunales, y consiguieron varias sentencias a su favor. El Tribunal Supremo dio la razón a Gas Natural Fenosa a mediados de 2014 por un recurso que interpuso la compañía. El Alto Tribunal declaraba como “no conforme a derecho parte de la orden de peajes de acceso a la electricidad para 2013”, en concreto, la que se refiere al cobro de los citados suplementos autonómicos.

Esta sentencia no fue la única. En marzo de 2015 el Supremo volvía a redundar en la misma cuestión, pero añadía un detalle trascendental para los intereses del Gobierno. En esta ocasión, la sentencia procedía del recurso interpuesto por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl). Además de dar la razón en parte a esta Asociación en el fallo, el TC estimaba la pretensión resarcitoria de la misma, cosa que no había hecho el año anterior en el caso de Gas Natural Fenosa.

Lo que suponía esto, según juristas expertos en la materia, es que las empresas tenían una sentencia en firme del Supremo que les permitía reclamar por el perjuicio patrimonial soportado, al no haber cobrado esos tributos o recargos autonómicos. El montante total que se le debería pagar a estas compañías no está claro, dado que son varios los reclamantes por conceptos distintos en varias Comunidades Autónomas como Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, todas ellas gobernadas desde 2012 hasta mediados de 2015 por el Partido Popular. Fuentes del sector hablan de 200 millones de euros.

Tampoco específica la sentencia del Supremo en qué modo se debe resarcir a las empresas. Así, juristas que tratan habitualmente sobre esta materia hablan de volver a emitir las facturas de 2013, ahora sí con los consiguientes tributos incluidos en cada región. Dada la complejidad de esta vía, otra posibilidad sería cargar el coste total a pagar a las compañías en los Presupuestos del Estado. Sea como fuere, una mayor carga para el contribuyente, bien sea en la factura de la luz o en los presupuestos, dos de las vías que el Gobierno está tratando de aligerar con más denuedo en busca del favor de los ciudadanos de cara a las elecciones generales de finales de este año.

El TC salva al Gobierno

La salvación para el Ejecutivo llegó el 11 de junio de este año, menos de tres meses después de la sentencia del Supremo que daba la razón a las firmas eléctricas. El Tribunal Constitucional, con mayoría de cargos elegidos por el Partido Popular, declaraba inconstitucional con la consiguiente nulidad del “art. 38 y la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”.

El máximo órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución Española estimaba un recurso interpuesto por la Junta de Extremadura. Entre los nueve motivos de inconstitucionalidad expuestos, el tercero dice que se vulnera el art. 86.1 CE, “por carecer las disposiciones impugnadas del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad”.

Este procedimiento urgente, aplicado por este Gobierno en repetidas ocasiones para legislar y acusado de utilizarlo abusivamente, se ha tenido en cuenta para echar atrás el Real Decreto ley “por primera vez durante esta legislatura en materia de regulación eléctrica”, según afirman fuentes jurídicas expertas en la materia. En esta ocasión, casualmente, con la liberación que ha supuesto para el Ejecutivo ya que, los expertos en la materia señalan que con la declaración de inconstitucionalidad “el Gobierno tiene un gran argumento jurídico para defender que la sentencia del Supremo es inejecutable al haberse declarado inconstitucional el artículo que establecía la obligación de incluir los suplementos territoriales en la Orden de Peajes de 2013”. En otras palabras dichas por la jurista Verónica del Carpio, “ese Real Decreto ley ya no se puede cumplir porque a efectos legales no existe”.

Al calor, aire acondicionado. La ola de calor que sufre la península ibérica y que parece no tener fin trae aparejado un importante repunte en la contratación de servicios de climatización. Se busca hacer lo más llevadero posible un verano que la Aemet pronostica más caluroso de lo normal. Consecuencia de estas altas temperaturas, el consumo de electricidad ha marcado esta semana su máximo de verano de los últimos cuatro años.

Durante los últimos meses, las compañías eléctricas se están afanando en ofertar supuestas “tarifas planas de energía” con el reclamo de pagar una cuota fija y olvidarse de cuánto y cómo se consume. Sin embargo, los expertos y las organizaciones de consumidores alertan de los peligros que puede suponer abandonar la tarifa regulada, denominada PVPC (Precio de Venta al Pequeño Consumidor), para abrazar estos servicios ofertados, que esconden algunas trampas.

Las trampas contractuales

La asociación de consumidores Facua ya alertaba a principios de este año de que “los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas pueden encarecer el recibo hasta un 11,9%”. Para ello, mostraba una tabla comparativa de las diferentes ofertas ofrecidas por las principales compañías eléctricas y que suponen abandonar el precio regulado para entrar en el mercado libre. El portavoz de este colectivo, Rubén Sánchez, habla directamente de “publicidad engañosa”.

Como ejemplo cita la supuesta tarifa plana de Gas Natural Fenosa, que tiene un tope de consumo, con lo que no es en realidad una tarifa plana al uso, como las de compañías de telecomunicaciones, sino que habría que hablar de un bono. El problema, explica Sánchez, es que si se consume a partir de la cantidad de kW/h contratados se cobra como una penalización y a precios mucho más altos del coste regulado.

Otra asociación de consumidores, la OCU, ya alertaba el pasado año de “la peligrosa tarifa plana de Gas Natural”. Esta organización señala que “su tarifa plana es en realidad una franquicia: si superas el límite te cobran cada kW/h a un precio muy elevado”. La OCU advierte de que este plan “estimula el derroche, confunde al consumidor, beneficia a pocos, perjudica a muchos y es sólo para entendidos”. Esta asociación señala que donde se pueden encontrar ahorros más claros es contratando una potencia de 6,9kW o superior, aunque después de un año se reducen las bondades al aplicarse una cuota más alta.

Otra trampa que cita el portavoz de Facua en la publicidad de estos productos es la de hablar de descuento. Así, algunas de estas empresas comercializadoras remarcan el término “descuento” en sus campañas publicitarias pero nunca lo aplican sobre el precio de PVPC, sino sobre otro superior, con lo que aún después del supuesto “descuento” la cantidad a pagar es superior que en el PVPC.

En una simulación que realizó FACUA en enero con estas ofertas para un consumidor medio, sólo dos tarifas de todas las que ofrecen las grandes compañías, una de Iberdrola y otra de Endesa, daban precios menores que el de PVPC. Sin embargo, estas ofertas se publicitan de forma engañosa con rebajas de entre el 10% y el 12% ya que aluden a precios estipulados por ellos mismos y no al precio regulado. En la práctica, apenas suponen un ahorro de un euro en facturas mensuales de casi 80 cada mes con respecto a lo que se pagaría a precio de PVPC y con las complicaciones futuras que se podrían derivar de haber abandonado el mercado regulado.

Finalmente, Sánchez matiza que es diferente la tarifa plana que ofrece Gas Natural Fenosa a la Tarifa Fija que vende Iberdrola, la cual consiste en pagar una cantidad constante y a final de año se compensa el consumo de los doce meses, para después pagar más si ha habido un exceso o compensar si se ha consumido de menos. Sea como fuere, “los precios de la tarifa fija casi siempre están por encima del consumo que se hace en PVPC, con lo que no merece la pena”, observa.

Esa misma apreciación hace la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, que expone que “sería interesante siempre y cuando el precio que propusieran fuera ajustado y no como el que ofrece Iberdrola en su nueva campaña publicitaria, que encarece el precio en más de un 30% a cambio de congelar sólo en una pequeña parte el coste de la luz durante tres años”.

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético califican estas tarifas de “altiplanas”. Lo hacen así porque consideran que, a cambio de la estabilidad, los usuarios pagarían bastante más. Para demostrar el incremento que sufriría cada usuario de forma personalizada disponen de esta calculadora.

No es lo mismo energía que telecomunicaciones

Desde un punto de vista técnico, el experto en el sector eléctrico Jorge Morales, miembro de esa plataforma, explica que una tarifa plana no se puede concebir de forma similar a las del ramo de las telecomunicaciones. Morales destaca que para Internet y teléfono es lógico que se puedan ofrecer productos de consumo ilimitado, dado que una vez amortizado el gasto de la infraestructura el coste del suministro es muy bajo para las compañías. Por el contrario, en el caso de la energía, la propia producción lleva unas cuantías aparejadas que las empresas tienen que repercutir en los usuarios, de ahí que si se consume más o menos de lo establecido en la oferta, te sube mucho el precio. “Estos paquetes fomentan el derroche”, lamenta este experto. Morales mostraba a través de este gráfico la dificultad de acertar para ahorrar con estas tarifas.

Un cambio peligroso

Otro aspecto remarcable que destaca Morales es que una vez que se contrata alguno de estos productos y se abandona el PVPC, el usuario entra en el libre mercado, donde las compañías tienen mucho más margen de maniobra respecto a sus clientes. Este experto advierte de que ante una situación de impago, la compañía puede cortar el suministro en el plazo de cinco días, a diferencia de los usuarios adheridos a la PVPC, que disponen de mayor protección al encontrarse bajo el paraguas de una regulación que no existe en el libre mercado.

Para Rubén Sánchez, de FACUA, la razón fundamental de llevarse a los clientes al mercado libre es que los precios que cobran por la energía son más elevados. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también se suma a la recomendación de hacer bien los cálculos antes de dar el salto del mercado regulado al mercado libre. Así, este organismo elaboró un decálogo de consejos para los usuarios. Desde la CNMC consideran el PVPC es la opción donde los consumidores están más cubiertos a la hora de reclamar; en el mercado libre lo tienen que hacer por la vía judicial y el precio no está regulado, por lo que hay que ver el consumo y tener en cuenta la letra pequeña de los contratos. Por otro lado, esta comisión destaca que para dar el salto al mercado libre se suelen ofrecen una serie de ventajas o promociones puntuales, pero después de terminadas esas ofertas se estipulan unos precios mucho más caros que lo que se tenía antes, con el PVPC.

Otro punto a destacar es el compromiso de permanencia al que se exponen los clientes con las compañías. De esta manera, algunas empresas imponen costes adicionales en caso de cancelación de los contratos, pero que se disimulan en la letra pequeña.

Diego Borja (Quito, 1964) es un economista que fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Ecuador durante los años en los que el Gobierno de Rafael Correa decidió auditar la deuda que tenía el país con los acreedores exteriores, para posteriormente declarar parte de ella odiosa e impagable. Tal y como explica Borja, fue una “anulación de mercado”, es decir, una recompra de los títulos que los deudores sacaron al mercado con una fuerte devaluación debido a que el Estado había declarado su impago. De esa manera, consiguieron una drástica rebaja de la misma. Una “operación audaz” que el propio exministro destaca que “fue alabada años después por medios del establishment como The Wall Street Journal”.

Hoy, alejado del presidente Correa, del que dice que “se ha desmarcado hacia la derecha”, participa como asesor del Parlamento griego en la Comisión de auditoría externa de su deuda. Durante estos días, previos a la importante cita del referéndum del domingo, presenta en España algunas conclusiones acerca de la situación política y económica que enfrenta el país heleno.

Después de pasar por la Comisión de auditoría externa de la deuda griega ¿Qué conclusiones saca?

Es una deuda que tiene muchos visos de ilegalidad, de ilegitimidad y se ha convertido, por la manera en que se ha venido negociando con la Troika, en una deuda insostenible.

¿Por qué?

Un 85% del rescate que se aprobó para Grecia fue para recomprar títulos de deuda que tenían los bancos privados y que durante los años de 2009 y 2010 de la crisis europea y mundial perdieron su valor. Entonces, los bancos, particularmente franceses y alemanes, se deshicieron de títulos de deuda de alto riesgo con ese dinero público del rescate. Esta operación fue llevada a cabo por el Banco Central Europeo y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera que adjudicó ese dinero para salvar a estos bancos como deuda al Gobierno Griego, cuando en realidad al presupuesto de Grecia apenas llegó un 10% del monto total. Eso muestra que fue una operación ilegítima, pero para ponerla en marcha se violaron normas, reglas, leyes, no sólo de la propia Constitución griega, sino también de la Unión Europea y de los gobiernos europeos partícipes. Por eso decimos también que la deuda además de ilegítima es ilegal. Por otro lado, asociada a ella vino la condicionalidad, es decir, la política de austeridad que impuso cantidad de medidas que terminaron siendo un desastre económico y social para Grecia.

¿Ve relación entre la situación que tuvo que vivir su país con la deuda y la que vive ahora Grecia?

En algunas cosas sí, salvando las diferencias (Ecuador debía alrededor de 10.000 millones en 2008 y Grecia debe más de 315.000 millones en la actualidad). Ecuador tenía el dólar y Grecia es un país con euro. Es decir, la moneda no la gestiona ninguno de los bancos centrales de estos países, sino la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo. Eso ya generaba mucha rigidez. La diferencia es que nosotros optamos por una anulación de mercado, porque no fue una anulación de hecho. El Gobierno ecuatoriano, en el que me tocó a mí liderar ese proceso, lo que hizo fue recomprar deuda en el mercado, pero con una quita del 70%, o dicho de otra manera, con una anulación del 70%. Eso lo que significó es que se pudieron liberar recursos para dedicarlos a otras partidas de Gobierno, principalmente gasto social, educación, salud y también en áreas de infraestructuras y de capitales.

Visto con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿cree que fue una acción positiva para su país?

Sin lugar a dudas, fue una acción positiva y audaz porque contradijo el sentido común imperante en ese momento y eso al final se recompensa. Fue un éxito. Tanto es así que el propio establishment ahora, a través de varios artículos en medios como en The Wall Street Journal, ha alabado esa acción que realizó Ecuador en su momento. Claro que cuando lo hicimos fuimos atacados por todos los frentes, sobre todo mediáticos y políticos, pero años después vemos que fue una acción exitosa. Grecia ahora también está bajo ataque y las autoridades lo saben. Creo que están actuando con bastante lucidez y sobre todo con bastante coherencia después del apoyo que recibieron en las urnas. Por ello, apoyo un NO en el referéndum del domingo, que sea un no a la austeridad y a los chantajes europeos.

Usted sostiene que no sería un drama que Grecia saliera del euro.

Lo primero, decir que no necesariamente está asociado el problema actual de Grecia y su resolución a la salida posterior del euro. Incluso en el caso de que el referéndum convocado por el Gobierno ganara el NO, no significa que se vaya a producir una salida de Grecia de la moneda comunitaria. Puede reforzar la posición del Gobierno a la hora de negociar con las instituciones europeas. Pero en caso de que continuara la rigidez y la extorsión en el proceso de negociación con Grecia, considero que sí hay vida más allá del euro. Habría posibilidad de recuperar la política monetaria, fiscal, y el Gobierno griego estaría en una posición que le permitiría actuar. Aun así, esto sería algo ilegal porque la UE no dispone de tratados para que salga uno de sus miembros.

En el caso ecuatoriano también fuimos amenazados; decían que si hacíamos una negociación fuerte podríamos ser expulsados del dólar. No sucedió, y no sólo eso sino que al pasar los años, incluso determinadas personas del establishment aplaudieron la medida, porque si un país convierte su deuda en insostenible, no es conveniente para el propio capitalismo, que es lo que estamos observando en Grecia.

¿Qué le diría a un ciudadano griego que teme por sus ahorros?

Lo primero, que el peor consejero es el miedo, porque el miedo podría llevar a que todas las personas, actuando desde el temor, hagan una salida masiva de sus depósitos. Lo segundo que les diría es que confíen en la posibilidad de que el Gobierno de Tsipras negocie en mejores condiciones frente el Eurogrupo si la mayoría de sus ciudadanos mantienen una posición positiva hacia sus dirigentes. Y en tercer lugar, diría que en el peor de los casos, que podría ser la salida del euro, la situación no sería muy diferente del panorama que actualmente tienen con la austeridad impuesta. En este momento Grecia tiene una caída enorme de la producción, un desempleo gigantesco, que en el caso de los jóvenes bordea el 65%. Tampoco es que la situación actual sea la mejor, con lo que no tienen mucho que perder con esta acción que está llevando a cabo su Gobierno .

Si el 'Sí' gana el domingo y dimiten Tsipras y su Gobierno, ¿qué le espera a Grecia?

Los griegos ya han probado con un Gobierno de la derecha, de hecho, se puede decir que los dos gobiernos que precedieron a Tsipras son los que permitieron esta modalidad extremadamente perniciosa para el país. Lo que no han probado todavía es una negociación desde una postura democrática y soberana, que es lo que está ofreciendo el Gobierno de Syriza, a pesar de que todo el establishment europeo les está queriendo atar de pies y manos. Desde una perspectiva pragmática, convendría a la ciudadanía griega dejar actuar al Gobierno en condiciones de mayor soporte, para poder probar una política distinta a la que ya han probado en los últimos cinco años.

¿Quién es el responsable o culpable de que Grecia esté viviendo un control de capitales en los últimos días?

Hay que destacar que los grandes medios de comunicación en Europa han propagandizado el control de capitales en Grecia como un corralito, en referencia a lo que sucedió en Argentina en el año 2001. No es un corralito. El corralito argentino y la congelación de fondos en Ecuador en el año 1999 fue una incautación de depósitos de los depositantes de cuentas corrientes y de cuentas de ahorro a favor de los banqueros, para evitar que tuvieran pérdidas en los activos de los bancos y en sus ganancias. El caso griego no es así,  porque en primer lugar se permite un retiro individual por persona de 60 euros, es decir, no es un congelamiento sino un control y lo que se evita es una salida a través de transferencias masivas de la economía doméstica griega al resto del mundo. Así se está evitando una caída monetaria y bancaria que sí podría culminar en una quiebra general de la economía helena. Esta medida está evitando que desaparezcan los depósitos de las personas porque si no se controlan los capitales, las grandes fortunas sacan los suyos y los pequeños depositantes no tendrían posibilidad alguna de recuperar su dinero.

¿Usted recomendaría a Grecia otro tipo de aliados?

Sin lugar a dudas, en el momento en que un gobierno está bajo ataque, como está el de Grecia, tiene que buscar otras posibilidades de alianza, no sólo económica sino también política. En un mundo que está cada vez más globalizado y cada vez más integrado no hay por qué evitar que los países periféricos de la unión europea puedan establecer alianzas con los emergentes como Rusia o China, cuando los países del centro de Europa, sobre todo Alemania, tienen alianzas muy potentes.

¿Apuesta por la alianza de países del sur de Europa?

Es absolutamente evidente que el problema que tiene Grecia con la deuda lo tienen otros países altamente endeudados como España, que podrían tener una resolución muy fácil. Hay varias propuestas, una de ellas es la que hace el actual ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, en su libro El Minotauro Global, donde explica perfectamente cómo se podría resolver el problema de la deuda. No es que no haya solución posible, lo que no hay es voluntad política. Lo que ocurre es que el poder hegemónico en Europa, particularmente Alemania, no lo ha querido hacer. Por lo tanto, una acción conjunta de los países del sur de Europa no sólo es posible sino también necesaria de cara a pensar una integración europea distinta a la concepción neoliberal actual.

El eurodiputado de Equo Florent Marcellesi y la economista estadounidense Thea Lee, representante destacada de la mayor federación sindical de EEUU, AFL-CIO, están mostrando por diferentes ciudades europeas su oposición radical al Tratado para el Libre Comercio que negocian Europa y Estados Unidos.

Desde ambos lados del charco, Marcellesi y Lee están de acuerdo en las consecuencias fundamentales de este acuerdo: supondrá la desregulación de infinidad de aspectos y traerá, entre otras cosas, destrucción de empleo, precariedad laboral y abandono de estándares medioambientales o de calidad alimentaria. Todo ello, según explican, para beneficiar única y exclusivamente a las multinacionales, “pasando por encima de la democracia y privatizando la justicia”. Para demostrarlo, se basan en su experiencia con otros tratados de libre comercio que emprendió en el pasado Estados Unidos como el de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés, que abarca Canadá, México y EEUU). Sostienen que ni supuso mejoras en términos de inversión, ni de competitividad, ni de empleo, como se prometía entonces y como ahora prometen los defensores del TTIP.

Mientras las negociaciones transatlánticas siguen su cauce, el TTIP se cuela en la ecuación que tiene que resolver la UE con Grecia para mantener al Viejo Continente y su moneda comunitaria en pie.

Se dice que las negociaciones de este tratado se están llevando con mucho secretismo en Bruselas.

Florent Marcellesi.- Es verdad que es un tratado que se negocia a espaldas de la ciudadanía y con las multinacionales. Los contactos previos que hizo la Comisión Europea con lo que ellos llaman la “sociedad civil” fueron en un 90% con los lobbies de las grandes corporaciones. Así que ya vemos quiénes son los que se benefician de este acuerdo. Tenemos que luchar en el Parlamento Europeo para conseguir esa información, porque sin información y sin transparencia no hay democracia, eso es el primer principio.

Pero ahora la UE se encuentra con problemas internos graves por las dificultades con Grecia. ¿Cómo puede afectar esto a las negociaciones del TTIP?

FM.- Para que se apruebe este tratado, debe ser ratificado por todos los parlamentos de los Estados miembros. Si un solo parlamento no lo aprueba, no se llevará a cabo. Grecia dijo en su momento claramente que no iba a votar a favor del TTIP y sabemos perfectamente que ha habido una presión tremenda por parte de la Comisión Europea con Grecia. Le han dicho que no le van a permitir que vote en contra del TTIP si luego pretende recibir ayudas para la deuda. Hay un chantaje que está detrás, que va más allá de la deuda y tiene que ver con el TTIP y con el modelo económico que quieren para Europa. Tenemos que apoyar a Syriza también por lo que tiene que ver con el TTIP.

Los defensores del tratado señalan que este acuerdo será beneficioso para la economía de EEUU y de la UE. ¿Qué les parece?

Thea Lee.- No creo que suponga ningún beneficio en términos de inversión. En la actualidad, las inversiones ya se producen, los aranceles entre estos países son bastante bajos, con lo que ya hay movimiento de capitales. Lo que provocará este tratado es que las condiciones laborales de los lugares donde son más precarias se extenderán a toda la zona que abarca el TTIP y crecerá la desigualdad.

FM.- Esto de que el TTIP va a crear empleo son falsedades, mentiras. Después de que EEUU firmó el tratado para el libre comercio con México y Canadá se destruyeron un millón de empleos. Nuestros estudios determinan que el TTIP acabará en la UE con 600.000 puestos de trabajo. Esto es debido a que las multinacionales que más se pueden aprovechar de este acuerdo son intensivas en energía o en capital, pero no en mano de obra, que pueden deslocalizar a otras zonas.

Con el difícil momento que viven los sindicatos en la actualidad, ¿Cómo les puede afectar este escenario?

TL.- Después de algunas victorias políticas en algunos estados de EEUU, los movimientos sindicales han perdido mucha fuerza. Si se llegara a firmar el TTIP, esto supondría un problema no sólo para los sindicatos sino también para los trabajadores, ya que las empresas podrían contratar en aquellos lugares donde las regulaciones son más livianas. Estas condiciones laborales más relajadas de EEUU son un verdadero problema para la UE, donde podrían verse rebajadas las condiciones laborales debido a la competencia.

Por lo que se sabe de las negociaciones, existen aspectos que no tienen por qué ser iguales a ambos lados del charco. Por ejemplo, en materia de regulación bancaria, Washington no está por la labor de aceptar la normativa europea, que es más permisiva. Y Bruselas podría negarse a rebajar sus estándares laborales

TL.- Siempre dicen que pueden coexistir, pero la realidad es que los mercados no funcionan así. A largo plazo, las empresas buscan aquellos lugares donde sus costes son menores. Con respecto a la legislación bancaria, creo que sí que existe preocupación en EEUU. Ahora mismo tenemos la Ley Dodd-Frank que, tras la crisis financiera, obligaba a las entidades a ser más transparentes y ofrecer más información a los reguladores. Sin embargo, si el próximo presidente es republicano hay más posibilidades de acabar con esta normativa. Los propios republicanos han dicho que no les gusta y eso unido a que en Europa no existe, podrían negociar para debilitarla.

FM.- Las multinacionales siempre van a intentar que los estándares se armonicen por abajo. Pero es que aun cumpliendo la regulación existen resquicios. Por ejemplo, hay una hormona de crecimiento prohibida en 160 países, entre ellos la UE, pero permitida en EEUU. Aunque su uso aquí está prohibido, está permitido importar alimentos que podrían llevar esta hormona, que es mala para los animales, la salud y el medio ambiente.

TL.- Son problemas que van más allá del comercio. Con el NAFTA, en el caso de la carne, no viene la procedencia en el etiquetado, porque consideraban que no era necesario estando bajo el paraguas de un tratado de libre comercio, así que en este caso de la hormona del crecimiento, la carne podría llegar a Europa sin conocer su origen.

Estamos hablando de productos tangibles, pero ¿tiene sentido poner barreras al intercambio de todos los productos tecnológicos intangibles?

TL.- Cuando se firma un tratado de libre comercio hay dos maneras de regularlo. Haciendo una lista positiva, que consiste en incluir todos los bienes y servicios que se consideren y el resto no estarían amparados por el acuerdo. La otra forma es la lista negativa, donde se pone aquello que no se quiere meter bajo el tratado de libre comercio y el resto iría incluido por defecto. Es decir, aquellos productos tecnológicos que hoy o no conocemos o que ni siquiera existen aún estarían incluidos. Lógicamente, las multinacionales prefieren esta lista negativa.

Uno de los puntos más conflictivos que despierta el TTIP es la manera de resolver los posibles conflictos que pudieran surgir entre los Estados y las empresas, que se haría a través de un arbitraje privado. ¿Cómo lo ven?

TL.- Es un terrible error. Es completamente innecesario que se ponga este medio entre dos democracias sólidas y mina a los Gobiernos que han sido elegidos democráticamente. Además, pone en juego muchas políticas sobre empleo, salud pública, medio ambiente, y otras que hacen los propios Estados.

FM.- Es la privatización del sistema de justicia público. Estos sistemas de arbitrajes, que ya existen en otras partes del mundo, hacen que por ejemplo en Egipto las empresas tenga permitido ir ante los tribunales para que el país no pueda subir el salario mínimo o que no proteja a su ciudadanía contra el consumo de tabaco. También pueden hacer que en Quebec no se produzca una moratoria sobre el fracking. Esto ya está pasando, si se firma el TTIP entre Estados Unidos y Europa lo que significaría es que las multinacionales tendrían aún más poder para pasar por encima de la legislación de los países miembros. Es decir, quitar más soberanía y poder a la ciudadanía.

¿No es legítimo que Estados Unidos y Europa, con tantos vínculos históricos y sociales, se unan para intentar ser más competitivos económicamente frente a otras potencias emergentes como China o India?

TL.- Es curioso porque cuando los argumentos económicos fallan se saca esto de la competitividad. Cuando se firmó NAFTA, se dijo que por fin íbamos a poder ser lo suficientemente competitivos ahora que estábamos todos juntos contra Asia. Pero esto no ha sido así. De hecho Estados Unidos tiene déficit comercial después de firmar NAFTA y después de que se hayan firmado otros tantos tratados. Pero no está claro lo que significa esto de ser competitivos con Asia o contra Asia, porque estamos negociando también un tratado transpacífico de libre comercio que debería cimentar las relaciones comerciales con Asia. Primero se nos dijo que esto era contra China y ahora se nos dice que China también se va a sumar. Por lo tanto, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Europa tienen nada claro qué significa esto de ser competitivos. Lo que debería hacer el Gobierno estadounidense es empezar a invertir en infraestructuras, en formación, en educación… Algo que no se ha hecho durante décadas y que tendría muchos mejores efectos que hacer tratados de libre comercio.

Más de 18.000 ahorradores cayeron en la estafa de Arte y Naturaleza-Gespart, una empresa con un funcionamiento similar al de Forum Filatélico o Afinsa, que prometía altas revalorizaciones con la compra de obras de arte, pero que de lo que se trataba en realidad era un sistema de estafa piramidal. En el año en que la compañía de compra-venta de obras artísticas entró en quiebra en 2006, estos 18.000 estafados quedaron atrapados con un total de 436 millones de euros en contratos incumplidos.

A partir de ahí, igual que sucedió con Forum Filatélico y Afinsa la compañía entró en concurso de acreedores y un juez eligió a tres administradores concursales para que se hicieran cargo de la empresa. Sin embargo, las asociaciones que representan a la mayoría de afectados en Arte y Naturaleza han pedido en varias ocasiones al juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 6, Francisco Javier Vaquer, encargado de llevar el caso, la destitución de los tres administradores concursales de la compañía, José María de la Cruz Bertolo, José Vicente Estrada y Julián Barrios Sánchez.

Los representantes de los acreedores denuncian que estos tres administradores no cumplen con sus obligaciones. De esta forma, la Asociación de Consumidores Perjudicados del Foro de Arte y Naturaleza observa que la Administración Concursal presuntamente ha vulnerado hasta diez artículos diferentes de la Ley Concursal (32, 35, 36, 71, 72, 82, 83, 120, 151, 181), el Código de Comercio en su artículo 1.077 y el artículo 51.2 de la Constitución Española. Por el momento, el magistrado responsable del caso no se ha pronunciado sobre la destitución de los acreedores y los ha mantenido en sus puestos.

Desaparición de once millones de euros

Representantes de los consumidores perjudicados por Arte y Naturaleza destacan que en los informes trimestrales que los administradores concursales deben presentar al juez desaparecieron sin justificación aparente once millones de euros de la contabilidad de tesorería entre 2011 y 2012 y 4.220 obras de arte entre 2007 y 2010. “En algún lado estarán”, señala Manuel Valverde uno de los portavoces de la asociación de afectados, “pero hasta la fecha no tenemos constancia de a dónde han ido a parar porque en los informes que redactan los administradores para el juez desaparecieron como por arte de magia”, añade.

“Tampoco podemos saber por qué razón han desaparecido porque hemos intentado reunirnos por todos los medios con las tres personas encargadas de llevar el concurso de acreedores de la empresa y siempre hemos encontrado la negada por respuesta”, relata Vicente Hidalgo, tesorero de la asociación.

Los acreedores buscaron concertar una reunión con los administradores a través de la Asociación por el Derecho Concursal Ético (ACORDE), pero esta asociación tampoco consiguió que los administradores se sentaran a hablar con los afectados.

Dilapidación del patrimonio y demora excesiva e injustificada del concurso

Los representantes de la Asociación de Consumidores señalan que en los ocho años que llevan transcurridos desde que se declaró el concurso de acreedores, los administradores sólo han vendido unos 588 artículos del total de 270.000 obras que posee la empresa. No obstante, los administradores concursales han solicitado al juez un año más para llevar a cabo el plan de liquidación de la compañía.

Estos afectados hablan de que la administración ha autorizado subastas para colocar piezas artísticas que posee aún Arte y Naturaleza-Gespart a precios muy devaluados que, según explican en su web, están muy por debajo de las tasaciones que han realizado peritos independientes del Museo Reina Sofía y de la Biblioteca Nacional. También señalan que los propios artistas de algunas de las obras pertenecientes a la compañía han considerado que los precios de venta que estaban dando los administradores eran muy bajos.

No obstante, en este punto cabe señalar que el juez responsable del caso explicó a estas asociaciones de afectados que el valor de las obras ha descendido por el mal momento en el mercado del arte por lo que en este punto no advertía irregularidad alguna de parte de los administradores concursales, según sostienen las víctimas en declaraciones a este diario. El magistrado responsable del caso, el juez titular del juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrobora esta explicación a eldiario.es

Presunta prevaricación para lucro personal

En una nota informativa, la asociación de afectados sostiene que uno de los administradores, De la Cruz Bertolo, anunció en 2011 la venta de obras de arte comprendidas en el patrimonio de Arte y Naturaleza en una página relacionada directamente con la empresa Crisis Management, en la que aparece como parte del equipo de profesionales. Estas obras se pusieron a la venta como pertenecientes a la compañía relacionada con De la Cruz Bertolo y habían sido vendidas en subasta a través de un director de arte que él mismo contrató como administrador concursal de Arte y Naturaleza a precios tres veces menores de los que se anunciaban en la página.

No obstante, el vicepresidente y el secretario de la asociación, que aportan documentación específica, explican que este asunto fue investigado por la Fiscalía, en concreto, por la sección encargada de Delitos Económicos. Posteriormente, De la Cruz Bertolo dejó de figurar como parte de Inbusa, donde también aparecía su hermano. Estos mismos acreedores también muestran documentos donde se ofrecía la venta de piezas artísticas antes compradas a Arte y Naturaleza con descuentos que oscilaban entre el 40% y el 50% de la tasación.

eldiario.es se ha puesto en contacto con José María De la Cruz Bertolo pero ha declinado realizar declaración alguna.

También relacionado con este asunto, los acreedores mostraron un documento extraído del registro mercantil a eldiario.es en el que este administrador figura como directivo de otras 31 empresas de actividades dispares. Desde el despacho de abogados de De la Cruz Bertolo confirmaron que este letrado es el titular de un importante número de empresas que entraron en concurso de acreedores.

eldiario.es ha podido comprobar vía BOE que tanto De la Cruz Bertolo como los otros dos administradores concursales de Arte y Naturaleza, Julián Barrios y José Vicente Estrada, son los titulares designados por jueces de la administración concursal de otras empresas repartidas por toda España.

La situación actual del proceso

En estos momentos, el concurso de administradores de Arte y Naturaleza se encuentra en fase de liquidación, es decir, en el momento de deshacerse de todo el patrimonio y saldar el mayor número de deudas posibles con los acreedores. La Ley Concursal establece que los administradores concursales son de los primeros en cobrar lo que se les debe, sólo por detrás de Hacienda y la Seguridad Social, algo que muchos acreedores aseguran que no favorece la buena administración. Los afectados sostienen que en lo que va de concurso desde 2006, los tres administradores han cobrado 2.400.000 euros y se les adeudan otros tres millones por su gestión. “Además está pendiente de facturar el 2013 completo y lo que va del 2014 que desconocemos la cantidad por estar pendiente de fijarla el juez”, añaden.

En este punto cabe recordar que las empresas se declaran en concurso con el objetivo de que a través de esta figura jurídica puedan remontar el vuelo y los administradores concursales, por medio de su gestión, refloten la empresa para devolverla a sus dueños en la mejor situación posible.

Sin embargo, en España los concursos de acreedores terminan en liquidación en un 90% de las veces. Esto significa que en la gran mayoría de ocasiones muchas de las personas que tienen deudas pendientes con la empresa se quedan sin cobrar. Economía está trabajando en cambiar esta ley que se ha mostrado claramente inútil para el fin que había sido creada y en particular, en cambiar el papel del administrador concursal y la forma de su designación.

El pleno extraordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Burgos, a petición del Grupo Socialista, para analizar lo sucedido durante el mes de enero en las obras del bulevar de Gamonal y para pedir la dimisión del alcalde, se ha saldado con el rechazo en bloque del Partido Popular, que ha evitado la dimisión que pedía toda la oposición.

El portavoz del PSOE en el consistorio, Luis Escribano, ha señalado que “en un gesto incomprensible, el alcalde prefiere engañar a toda la ciudadanía para sortear algunas críticas” en referencia a la manipulación de su declaración de bienes pública presentada por el edil popular.

En este sentido, IU ha tachado a Javier Lacalle de “cacique” por su modificación del documento y “manipularlo por la puerta de atrás”, mientras el portavoz de UPyD ha observado “poca capacidad intelectual del alcalde de Burgos ante las informaciones publicadas por un diario digital”, en referencia a eldiario.es que reveló el escándalo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Ángel Ibáñez, ha dicho “sentirse muy orgulloso del alcalde” y no ha ofrecido ninguna explicación al respecto de la manipulación de bienes de Lacalle. Además, Ibáñez no reconoce errores sobre las obras paralizadas en el bulevar de la calle Vitoria del barrio de Gamonal tras la presión vecinal. El portavoz del PP y vicealcalde de Burgos ha espetado al portavoz del PSOE “no entender la petición de un pleno para pedir la dimisión del alcalde”.

Varios ciudadanos que han asistido al pleno han interrumpido en repetidas ocasiones las palabras del portavoz del Grupo Popular, al que han llamado “cínico y mentiroso” al escuchar sus palabras.

El portavoz del PP no se ha referido en ningún momento a las cuestiones relativas al ático del alcalde y se ha dedicado a ofrecer una serie de datos como que “Burgos es una de las ciudades donde más baja el paro”. En ese instante un ciudadano que se encontraba en el público ha gritado “¡porque se van de aquí!”. Ibáñez ha continuado alabando la gestión del alcalde presumiendo con datos como que es una de las ciudades con mayor renta per cápita. Para la oposición, todos estos datos no se sostienen cuando el paro juvenil está disparado y la pobreza continúa creciendo a gran velocidad.

Los grupos de la oposición no han conseguido el objetivo que perseguían, que era escuchar las explicaciones de Lacalle sobre Gamonal y las irregularidades de su vivienda, que construyeron los empresarios implicados en las obras del bulevar que provocaron las protestas. El PSOE e Izquierda Unida han llevado a los tribunales la modificación de la declaración de bienes del alcalde al presentar una denuncia por falsedad en documento público.

Encarna, de 56 años, continúa ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid a causa de un ictus hemorrágico que sufrió tras la intervención de la policía el pasado domingo, cuando se manifestaba a las puertas de un conocido restaurante donde comían algunos miembros del Partido Popular, que cerraban la convención que habían celebrado durante el fin de semana en la ciudad castellana.

A pesar de las imágenes donde la policía se emplea contra los manifestantes, que en todo momento aseguraron comportarse de manera pacífica, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, señaló que “en la intervención no hubo carga policial”.

La versión de los hechos de la Subdelegación del Gobierno también apunta a que el motivo del ingreso de Encarna en el hospital, que se encuentra estable, aunque grave y con pronóstico reservado, no es consecuencia de golpe o contusión alguna.

De nuevo esta versión de los hechos dista de la que cuentan los manifestantes que, además de señalar a las imágenes de vídeo donde Encarna fue zarandeada (la del abrigo blanco), también aseguraron ver cómo le golpearon en la cabeza.

Unos golpes que confirma una amiga de la víctima, Flori, que permanece con ella en el hospital: “Tiene dos porrazos visibles en la cabeza”. La hija de Encarna también sale al paso de lo sucedido en la manifestación: “Mi madre sufrió un infarto hace diez años, pero está en el hospital por los golpes que le dieron”. Respecto a los hechos señala que, “después de ver todo lo ocurrido y el comportamiento de la policía, me da vergüenza vivir en este país”.

Tanto hija como amiga aseguran que los facultativos observaron una subida de la tensión fruto de las circunstancias que vivió en la manifestación y que le provocaron el ictus.

Otro punto al que se refieren la hija de Encarna y Flori, la amiga que la acompaña, es una serie de circunstancias anómalas desde que se produjo el ingreso hospitalario. “El domingo, cuando Encarna llegó, se cerró toda la planta donde estaba ingresada, yo tuve problemas para poder acceder cuando me iba a quedar a dormir con ella”, recuerda Flori, quien explica que “la persona de seguridad que estaba en la planta nos dijo que le habían dado orden de cerrar”.

A este hecho, que se produjo el primer día, las allegadas de Encarna suman que “la policía se ha presentado el lunes y el martes para pedir a los facultativos el parte médico de Encarna”. Una práctica a la que los doctores se negaron a acceder sin permiso de la víctima, que no quiso ofrecérselo a los agentes que se personaron en el hospital, según sostienen la amiga y la hija de la convaleciente.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid señala que la versión de la policía es que ellos no van a por partes médicos y que tampoco lo han hecho en el caso de Encarna.

Las interpretaciones de lo sucedido el domingo

La intervención de la policía el pasado 2 de febrero terminó con tres detenidos y más de diez heridos. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, reprochó al subdelegado del Gobierno en Valladolid que las órdenes a la policía habían sido erróneas y expresó que con montar un cordón policial hubiera sido suficiente para controlar una manifestación pacífica.

Horas después de que se produjeran estas declaraciones, el secretario provincial del SUP en Valladolid, Jorge Morantes, defendía la actuación de la policía pero matizaba que habría que depurar responsabilidades individuales de aquellos policías que pudieran haber actuado fuera de la ley.

Los heridos en la manifestación se presentaron en una rueda de prensa con visibles heridas, hematomas, escayolas e incluso un collarín. Señalaron la brutalidad de la acción llevada a cabo por la policía y después mostraron algunos de los partes médicos de sus diferentes contusiones. Todos ellos anunciaron que presentarán una denuncia criminal conjunta ante el juzgado de instrucción de guardia en los próximos días.

Además de la intervención de los heridos, el colectivo autodenominado 'Gente muy harta de Valladolid' ha convocado una nueva manifestación el próximo viernes, 7 de febrero, a las ocho de la tarde, en la plaza Fuente Dorada, “en contra de la represión policial y por la libertad de expresión”.

En ella se va a exigir que los detenidos e identificados queden libres de todos los cargos que se les imputa. También se va a pedir la identificación de los policías que causaron las agresiones y, por último, la dimisión del delegado del Gobierno en Castilla y León y del subdelegado del Gobierno en Valladolid.

El Gobierno creó, por lo menos, 45 nuevos organismos públicos en 2013 (ver tabla). Prácticamente en todos los Consejos de Ministros celebrados durante este año, 47 en total, se sumó al sistema público del Estado un nuevo comité, observatorio, consejo, una nueva agencia, comisión, sociedad, oficina u otro tipo de entidad.

Los 45 organismos están repartidos entre los trece ministerios que componen la Ejecutiva del Partido Popular: ocho en Hacienda, ocho en Agricultura, seis en Fomento, cinco en Economía, cuatro en Industria, tres en Interior, tres en Defensa, dos en Sanidad, dos en Empleo, uno en Presidencia, uno en Educación, uno en Exteriores y uno en Justicia.

El Gobierno creó una comisión en octubre de 2012 que se encargaría de llevar a cabo la reestructuración del Estado. Además, en enero de 2013, se anunció la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), que vería la luz el 21 de junio.

A pesar de que existe un órgano encargado de adelgazar el aparato administrativo del Estado desde hace más de medio año, la proliferación de nuevas entidades no sólo no ha cesado sino que en la segunda mitad de 2013 se crearon más que en la primera: 20 entre enero y junio, y 25 entre julio y septiembre.

Existen algunas nuevas entidades, como el Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa, que, según el Gobierno, ha sido incorporado al estudio de la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) por considerar que contribuye a aumentar la eficiencia de la Administración.

El Consejo Estatal de la PYME, presentado el pasado 5 de diciembre, estará compuesto por trece vocales en representación de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado; ocho en representación de otras entidades dependientes de la Administración General del Estado; un representante por cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla, además de representantes de la Administración Local, las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito estatal e intersectorial más representativas de la pequeña y la mediana empresa, las confederaciones empresariales de economía social con mayor implantación en el ámbito estatal y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

Sin embargo, no se especifica la dotación presupuestaria destinada a mantener este Consejo ni tampoco el número exacto de personas que lo forman (más de 50). Eldiario.es se puso en contacto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ramo del que depende el Consejo, pero no obtuvo respuesta a ninguna de las dos cuestiones.

A diferencia de lo anunciado en el Consejo Estatal de la PYME, donde no se informa de la dotación presupuestaria que conlleva su implantación, existen otros organismos creados que sí advierten de que son sufragados con recursos propios de la Administración Pública y no se destina una partida de gasto extra para ellos. No obstante, cabe destacar que la utilización de recursos propios del Estado para la puesta en marcha de estos organismos sí representa un coste de dinero público, aunque no implique una dotación extra.

Éste es el caso, por ejemplo, de dos comisiones nacidas en la segunda mitad del año para la conmemoración de figuras históricas. En plena oleada de recortes, el Gobierno de Rajoy creó la Comisión Nacional para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y la Comisión del VIII Centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014). El Consejo de Ministros señaló que dichas comisiones no conllevarán un incremento del gasto público y que serán atendidas con medios personales, técnicos y presupuestarios propios asignados al ministerio del que dependen.

Estas dos comisiones cuentan, además, con ayudas fiscales. El Gobierno recuerda que han sido declaradas como de excepcional interés público por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, según lo dispuesto en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo de 2002. Por lo tanto, el programa de apoyo a la celebración del acontecimiento gozará de los máximos beneficios fiscales previstos en dicha ley.

Con todo, el Ejecutivo cierra 2013 con, al menos, 45 nuevos organismos creados en 47 Consejos de Ministros, prácticamente, uno cada viernes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, clamaba ya en 2009, cuando era el líder de la oposición, contra el exceso de burocracia: “Sobran ministerios, se solapan competencias, se multiplica la burocracia, se dedica dinero público a hacer favores y a publicitar las labores de Gobierno, las comunidades abren embajadas en el exterior o se encargan informes innecesarios o falsos”.

En su última intervención pública, Rajoy hizo balance de 2013 tras el último Consejo de Ministros del año. Mencionó la reforma de las Administraciones Públicas en su discurso y señaló que “nadie antes se había atrevido a abordar esta reforma y el Gobierno lo está haciendo de manera transversal”.

A pesar de la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), a finales de 2012, y de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración Pública (OPERA), a mediados de 2013, con el objetivo de simplificar y hacer más pequeño el aparato del Estado, la proliferación de organismos públicos no cesa.

Una de las supersticiones más practicadas en el Sorteo de Lotería de Navidad tiene que ver con elegir fechas singulares en el número a jugar de cinco dígitos. Así, este año han sido muy solicitados algunos números como el 13313 día de la elección del papa Francisco o el 28213, día de la renuncia del anterior pontífice, Benedicto XVI.

De esta manera, el Partido Popular en Madrid decidió reservar en julio el número 02020, número que lleva el año en que Madrid podría haber sido seleccionada por el Comité Olímpico Internacional como sede de los Juegos Olímpicos del año 2020.

La reserva se hizo en las administraciones donde se vendía el número. Entre ellas, donde más papel del 02020 estaba disponible a la venta fue en la administración de lotería número 37 de Alicante. El PP reservó en el mes de julio, poco después de que este establecimiento dispusiera del número en cuestión. Sin embargo, después de que el 7 de septiembre Madrid cayera eliminada en Buenos Aires en su carrera para convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020, por detrás de Estambul y la vencedora Tokio, el PP decidió anular la reserva del número.

El responsable de ésta administración levantina, Rubén Vilariño, relata que “solicitaron el número 02020 con la idea de que si le daban los Juego Olímpicos a Madrid sería un número bastante demandado”. Vilariño señala que “cuando recibieron el número, a principios del mes de julio, lo reservó entero el Partido Popular en Madrid. Comentaron que reservaban con la intención de vender el número en forma de participaciones”. El lotero concluye que “tuvieron el número reservado hasta que en septiembre, al día siguiente de que Madrid no fuera designada, anularon la reserva”.

En la administración de Alicante se vendía la mitad de boletos de este número. Otras administraciones donde se vendió el 02020, como la administración número 4 de Girona, la administración número 403 de Madrid y la administración número 105 de Valencia también aseguran que el PP se puso en contacto con ellos para comprar todo el número 02020 y que después de que Madrid no ganara, lo anularon. El responsable de la administración 105 de Valencia, Vicente Serrano, señala que “la cancelación de la reserva nos hizo perder en torno a 1000 euros porque no podíamos vender un número que estaba reservado. Hubo gente que durante esos dos meses de verano se interesaron por comprar lotería del 02020 y les tuvimos que decir que no”.

La reserva del 02020 cancelada por el PP estaba ideada para hacerse con al menos 154 series de las 160 que están a la venta. eldiario.es se ha puesto en contacto con el PP y desde su servicio de prensa no se ofrece ninguna explicación al respecto.

Si el PP hubiera reservado el 02020 completo, le hubiera supuesto un gasto de 32.000 euros. A cambio el Gordo suponen 4 millones de euros. Cada número que se juega en el Sorteo de Lotería de Navidad consta de un total de 160 décimos. Cada décimo de lotería tiene un precio de 20 euros.

En los últimos años, quien más y quien menos ha visto cómo en el local de debajo de su casa, de su calle o de su barrio unos chinos han abierto un bazar, un restaurante, una tienda de ultramarinos, una peluquería o incluso un bar de tapas. En plena crisis económica, el comercio minorista chino ha ido creciendo paulatinamente hasta establecerse en todos los rincones de España. También empiezan a coger peso a nivel industrial. Así lo demuestra su presencia cada vez mayor en diferentes complejos como el de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid).

Juan Pablo Cardenal (Barcelona, 1968) y Heriberto Araújo (Barcelona, 1983), periodistas afincados en China desde hace diez y cinco años respectivamente, describen y documentan en El imperio invisible un entramado de criminalidad económica que explica gran parte de ese éxito empresarial.

El detonante de esta historia fue el Caso Emperador. La policía desarticuló una gigantesca trama que ha sacado de España ilícitamente entre 800 y 1.200 millones de euros en tan solo cuatro años. En la trama se ha imputado por primera vez a un gestor de HSBC, Marc Pérez, y también hubo conexiones con la famosa lista Falciani.

Pregunta: ¿A qué se refieren con el título del libro, El imperio invisible?El imperio invisible

Heriberto Araújo: Le llamamos imperio porque son enormes las cifras que se manejan, tanto las cifras de fraude como las cifras del comercio chino. Invisible es porque tenemos la percepción de que nadie tiene muy claro por qué en pocos meses se abren tantos bares, bazares, etc. regentados por chinos en una misma calle. Hasta que estalla el Caso Emperador el discurso oficial de la prensa era “que se ayudan entre ellos, se dejan dinero, son muy solidarios, trabajan muchas horas y nosotros cerramos por vacaciones y ellos están todo el día trabajando”. Existe mucho hermetismo dentro de la comunidad china dedicada a estos negocios, es muy difícil que un chino te cuente toda la película.

Juan Pablo Cardenal: La invisibilidad del sector privado chino en Europa viene con el silencio del dinero y con la discreción, que es uno de los atributos del pueblo chino. Tienen un sistema económico muy opaco.

P: ¿Por qué son tan competitivos sus precios?

JPC: Hay muchas explicaciones, la primera es la más obvia y es que los productos que se traen de China, con precios chinos, salarios chinos y todo lo que tiene que ver con la legislación china. Cuando producen en Europa utilizan compatriotas emigrantes como mano de obra semiesclava. Cuando las mercancías son importadas son capaces de burlar el sistema y tributar lo mínimo. En Europa existen 28 países con una legislación diferente donde exprimen sus diferencias al máximo en busca de una tributación lo menos gravosa posible. El siguiente paso es la distribución que gran parte se realiza en negro. Muchos minoristas empleados no están dados de alta, además cometen pequeñas irregularidades como no cumplir los horarios, no tener una salida de emergencia adecuada o no tener licencia para unos determinados productos. A todas estas irregularidades añádele que están dispuestos trabajar más que nadie, son brillantes en bajar los costes, probablemente están dispuestos a tener poco margen de beneficio en cada venta o están dispuestos a vivir en la propia tienda. En resumen: imbatibles.

P: Si además de no ser conflictivos ofrecen unos precios imbatibles, el consumidor final encantado con ellos, ¿no?

JCP: Como consumidores, hay gente que lo puede ver bien. El problema es que no seas tú uno de sus competidores porque te desbancan, el impacto es enorme a nivel microeconómico. Además existe un menoscabo a nivel fiscal para la Hacienda pública que somos todos. Todo lo que han dejado de pagar en las aduanas es dinero de todos, a pesar de que haya gente que no lo perciba como algo suyo. Pero entiendo que quien no esté afectado por los chinos tenga una visión óptima de esta comunidad.

HA: Lo que hemos constatado es que dentro de la comunidad china se produce un crimen económico de magnitud importante. ¿Cuántos lo cometen? No lo sabemos, pero lo que tenemos claro es que el fraude es una falta grave, es un crimen económico transnacional que se mantiene en el tiempo y se sofistica cada vez más. Un ejemplo de evolución es su sistema de blanqueo. El dinero que se sacaba al principio de Europa a China era en paquetes de pañales, en cigarrillos, en envoltorios de bombones, etc. Entre 2006 y 2009 se desarticuló un grupo chino que por medio de 13 agencias de remesas envió 4.500 millones de euros de forma ilícita de Italia a China. Lo hacen con remesas fraccionadas por debajo de los 2.000 euros por persona y trimestre, que es una cantidad límite imperceptible a los controles del banco central italiano. No estamos hablando de cuatro amigos que se asocian para sacar dinero de manera rudimentaria.

P: En el libro destacan que para conseguir toda esta evasión fiscal necesitan gente de fuera de la comunidad china.

JPC: Es evidente que tienen gente subcontratada. Desde agentes de aduana, abogados, policías, gente de la Administración, de las delegaciones del Gobierno, gente que les consigue papeles de residencia, testaferros, fiscales, abogados… son los que les permiten anclar este sistema.

P: Pero lo de evadir impuestos no sólo es cosa de los empresarios chinos.

HA: Es innegable que hay casi un 20% de PIB español sumergido. Es innegable que la economía informal en este país funciona y sigue funcionando pero la pregunta clave es: si el producto está hecho en China, si el distribuidor es chino, si el mayorista es chino, si el minorista es chino, si el dinero que generan es en B y si sale de Europa evadiendo el fisco y se queda en China, ¿qué es lo que nos queda aquí?

Es cierto que el español también evade pero tiene aquí toda su familia, a lo mejor no declaran el 100% de lo que debiera, intentan colarte un 20% o un 30% pero no un 70% como el chino. No intenta defraudar el máximo posible porque tiene una casa en España, familia, posiblemente querrá jubilarse aquí. En definitiva, tiene una visión a largo plazo que le impide aumentar los riesgos hasta los límites que los aumentan algunos de los prohombres chinos.

P: ¿Cómo inicia y desarrolla un ciudadano chino su negocio en España?

HA: La mentalidad de la primera generación de chinos que llegó aquí era la de ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo, por lo que estiran la actividad empresarial hasta limites que superan lo legal. Traen mercancía y solo declaran una pequeña parte de esa mercancía y cuando ven que eso funciona por las pocas restricciones aduaneras existentes en Europa deciden traer, por ejemplo, 10.000 cajas de tabaco de contrabando, o Viagra de marca falsa o camisetas del Real Madrid. Van expandiendo el crimen. No es un empresario chino que pega un pelotazo y para, sino que está siempre con esa actividad ilegal. El dinero que ganan no se está reinvirtiendo en la economía española o europea sino que vuelve a China y lo reinvierten allí. Eso demuestra qué tipo de arraigo quieren tener en nuestras sociedades. Están sacando la riqueza y se la están llevando a China.

El círculo del dinero se cierra cuando ves los edificios construidos en China en medio de la nada. Están todos comprados. Cuando me hice pasar por un comprador de uno de esos pisos me dijeron que estaban todos vendidos a emigrantes que viven en Europa. El metro cuadrado de esos pisos tiene el mismo precio que puede tener un piso en Madrid, y estamos hablando de una ciudad secundaria o terciaria allí. El precio inmobiliario en China se ha disparado.

Había un policía que comparaba el crimen organizado chino y el ruso. Decía que no es comparable lo nocivo que es el uno y el otro. El ruso viene de actividades ilícitas en Rusia pero se hace tres mansiones en la Costa del Sol que las hacen empresas españolas, se compra un yate, se va con su mujer a los mejores restaurantes de lujo que hay en España, desde un punto de vista pragmático están trayendo riqueza a España.

P: Han entrevistado a muchas personas implicadas en combatir este tipo de criminalidad y la conclusión del libro es que existe una tremenda impunidad en estos crímenes a todos los niveles.

HA: Los encargados de combatir y de que no se produzca esta criminalidad sienten cierta frustración cuando ven casos como el de Luis Ye o el reciente Caso Emperador. Ven que las prácticas se repiten porque la mentalidad de los que cometen los delitos, a pesar de que saben que son delitos, no tienen la sensación moral de que estén haciendo algo malo. Están siguiendo su objetivo. Ellos tienen claro que se fueron de su país para ganar dinero. España, Italia o Europa son cosas abstractas para ellos, plataformas de expansión económica. Su motivo ulterior es volver a China con todo lo ganado y retirarse allí.

JPC: Policías, fiscales, agentes de aduanas y otros que combaten esta criminalidad están muy frustrados porque se dan cuenta de que hay mucha impunidad. Al final, el riesgo que están tomando estas personas cuando comenten estas actividades es muy bajo comparado con los beneficios que están consiguiendo.

Un ejemplo de impunidad es la última operación que ha habido en España, en el polígono del Carrús en Elche. Una pequeña estructura familiar que se estima que ha defraudado 103 millones de euros en tres años continuó haciendo negocios incluso delante de los mismos policías que habían seguido el caso. Esos policías comentaban que el empresario chino no va a la cárcel porque es un delito económico y no hay sangre, por lo que la instrucción es larga y en los delitos económicos no hay prisión provisional. Posiblemente no va a haber juicio, el empresario chino puede llegar a un acuerdo con Hacienda, probablemente con una quita, y con esto el abogado del Estado retira los cargos. Si finalmente hay juicio, ocurrirá dentro de seis o siete años con lo que continúan con su negocio y si le condenan, el mismo día de la condena, se va de España porque a nivel de arraigo no tiene ningún problema. Todo lo que ya ha robado y ha prescrito no vuelve. Estos señores llevan con su actividad más de 20 años pero sólo se les puede condenar por lo que no ha prescrito, que son los últimos años, y mientras todo eso ocurre, siguen haciendo negocios como el primer día.

Esto demuestra la complejidad de hacer frente a estos casos porque son personas que cometen delitos pero que se dedican a actividades lícitas como el comercio, la restauración, etc. Crean empresas legales y lo que hacen es sobrepasar la legalidad y es ahí donde cometen el delito. A eso le unes las carencias legislativas, judiciales y policiales que existen y la sensación es de total impunidad.

P: ¿Y la acción política y diplomática?

JPC: A nivel legislativo, como no crea alarma social, el político no tiene incentivo para endurecer las penas por contrabando o fraude chino. Le van a tachar de racista porque nadie se lo demanda. ¿Se va a meter en un lío con gente de la embajada? Además percibimos que China es tratada como un país amigo que puede ayudar a España a salir de la crisis por lo que se hace difícil que haya movimientos en este ámbito.

P: Señalan también como problema la disparidad legislativa que existe en los países de la UE.

HA: Efectivamente, la apertura de la frontera única en la UE supone un reto en materia de seguridad. Nuestras fuentes policiales han subrayado las dificultades con las que se encuentran a la hora de controlar a las personas y, por extensión, las mercancías. Por si fuera poco, el hecho de que haya una frontera común pero al mismo tiempo 28 legislaciones distintas, con incoherencias como por ejemplo que un mismo acto sea delito en un país y apenas una falta administrativa en otro, hace el sistema ciertamente explotable para el crimen económico chino.

P: Así que no hay solución.

HA: La visión que nos han trasmitido personas de la Administración pública conocedoras de la problemática es que hay que intentar ponerse en la piel del que hace esto, por qué lo hace, y es por esa visión cortoplacista que les mueve. Pero la segunda generación de chinos, la que ha nacido y crecido en España y se ha impregnado de los valores de aquí, quizás actúe de otra manera. Por ahí es por donde puede venir el cambio dentro de la comunidad china.

P: En el libro centran su investigación en la comunidad china. Habrá quien piense que detrás de todo esto hay un discurso racista.

JPC: Nos lo van a decir pero estos ataques vendrán de las propias asociaciones chinas o de los académicos habituales que utilizan un recurso muy manoseado. Me da igual que sean chinos, hubiera hecho lo mismo si esto se hubiera producido con españoles.

HA: Llevamos años viviendo en China y eso nos permite tener una visión sobre este fenómeno mejor de la de alguien que no ha vivido allí y no tiene esa visión, conocimiento y fuentes que nosotros podemos tener. Hemos pasado seis o siete meses viajando y entrevistando a gente por diferentes países de Asia y de Europa. Hemos leído más de 20.000 o 30.000 páginas de sumarios. Lo que contamos está documentado y referenciado en el libro con atestados policiales, documentos judiciales, sentencias, sumarios, testimonios de los propios chinos y de la gente que más sabe acerca de este fenómeno: la policía, las fiscalías o las agencias tributarias. No hemos visto fisuras en su planteamiento, todos opinan en el mismo sentido sobre este asunto.

El periodista y corresponsal de seguridad nacional de The New York Times, Mark Mazzetti, señala la deriva violenta que ha llevado a cabo la CIA después del 11S en el libro que presenta ahora en España: La guerra en las sombras. Cómo la CIA se convirtió en una organización asesina. Un relato periodístico acerca de cómo ha evolucionado EEUU en su manera de hacer la guerra. Subraya el uso de drones (aviones no tripulados) como la principal herramienta bélica. El libro está documentado con entrevistas a miembros del servicio de espionaje, las filtraciones de Wikileaks o sus propias informaciones en el NYT sobre la intensificación de la violencia en la frontera entre Afganistán y Pakistán que le valieron el premio Pulitzer en 2009.

Usted en su libro describe un nuevo tipo de guerra. ¿A qué se refiere?

Intento explicar las guerras secretas emprendidas por EEUU fuera de las establecidas como la de Afganistán o Irak. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el presidente Bush otorgó más poderes e independencia a la CIA y a las fuerzas militares para poder llevar la guerra a cualquier lugar del planeta. De esta manera se ha visto durante doce años cómo el conflicto armado ha llegado a países donde EEUU oficialmente no está en guerra.

¿Qué papel han jugado Bush y Obama en esta deriva de la CIA?

Bush fue el impulsor de este tipo de guerra, pero la atención estaba muy centrada en los conflictos de Afganistán e Irak. Mientras tanto, estaba sucediendo otra guerra clandestina en Pakistán o Yemen. Entonces llega Obama e intenta poner fin a las grandes guerras en Irak y Afganistán, sin embargo, heredó las intervenciones secretas de la CIA y las amplió. Antes de ser elegido presidente en 2008, ya se atisbaba que Obama deseaba continuar con estas guerras en la sombra. Mucha gente quiso ver a Obama como todo lo contrario a Bush, ahora están muy sorprendidos y muy decepcionados después de ver su posición bélica.

Usted relata en su libro la historia de la CIA y cómo en los años setenta y ochenta también tomó posiciones violentas. ¿Se está repitiendo la historia?

Después de que en aquellos años se hicieran públicos los asesinatos y los golpes de estado provocados por la CIA, se le ordenó que cesara todo tipo de actividades violentas y se centrara en labores de espionaje. Pero ya un tiempo antes de los ataques del 11 de septiembre, la CIA estaba debatiendo la idea de volver a entrar en el negocio de matar. En el verano de 2001 ya habían desarrollado el dron armado y surgían cuestiones acerca del uso de este avión no tripulado para matar a Osama Bin Laden. Estos debates sobre si la CIA debería volver a realizar asesinatos fue criticado por miembros del propio servicio de inteligencia que pensaron que no se debía volver a matar, que ese trabajo era de las Fuerzas Armadas y que ellos (la CIA) no eran unos asesinos. Después del 11S todos estos debates se dejaron de lado. La CIA pasó de ser un servicio secreto de espionaje a convertirse en una organización paramilitar.

¿Cómo ha evolucionado la forma de hacer la guerra?

En la era nuclear había armas tan potentes que complicaban mucho su utilización. Prácticamente no se utilizaron por lo increíblemente destructivas que eran. Ahora la guerra es justo al revés. Existe la posibilidad de hacer un ataque a escala limitada y la CIA dispone de las competencias para hacerlo; además lo pueden mantener en secreto, por lo que se ha utilizado cada vez más. Precisamente el hecho de que la operación sea limitada y secreta es lo que permite que se puedan extender a cualquier parte del mundo. Este es el futuro de la guerra y lo estamos viendo ya, y no es un futuro del que tenga el monopolio EEUU, decenas de países en el mundo están desarrollando la tecnología de los drones y muy pronto van a empezar a utilizarla con la misma justificación que la que está empleando ahora EEUU.

También señala que EEUU está privatizando su seguridad nacional. ¿Cómo afecta esto a la defensa del país?

Uno de los peligros que hay es que existe menos responsabilidad adjudicable a la persona que está llevando a cabo la actividad, ya sea militar o de inteligencia. Pero lo más problemático es que no se sabe ante quién responden estas personas o empresas privadas. No está claro si responden ante las cuentas de la empresa para la que trabajan o responden ante el Gobierno que les ha contratado.

Usted sostiene que se está produciendo un cambio de roles entre el servicio de inteligencia -la CIA- y las fuerzas militares -el Pentágono-.

Exacto, cada vez los soldados hacen más espionaje y los espías más asesinatos. Esa es la línea difusa en la que nos encontramos hoy.

Toda esta guerra secreta ¿cómo está afectando a la diplomacia y las relaciones internacionales de EEUU?

En algunos países los embajadores y los diplomáticos tienen mucho menos poder del que tiene la CIA o las Fuerzas Armadas. Cuando la política exterior consiste en llevar la guerra alrededor del mundo no queda mucho hueco para la diplomacia, y eso ha tenido un impacto serio en las relaciones internacionales de EEUU en ciertas partes del mundo. Si a esto le sumas las revelaciones de Edward Snowden acerca del espionaje que está llevando a cabo EEUU en otros países…, creo que no nos debe sorprender que el Gobierno norteamericano esté espiando o que otros países estén espiando; lo vergonzoso es cuando se descubre la historia de que EEUU está recabando información acerca de sus aliados más cercanos, y surgen preguntas sobre lo que quieren hacer con esos datos.

¿Las operaciones de la CIA están incrementando el islamismo radical?

Ahora es difícil de predecir, es una pregunta que se hizo el secretario de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, en 2002. La pregunta que se hizo es si estaban creando más terroristas de los que estaban matando. Yo creo que ahora estamos intentando comprender si estas operaciones en la sombra, al final, acaban radicalizando a gente que no hubiera sido radical si no se hubieran producido los ataques de la CIA. Es difícil llegar a conclusiones definitivas en este momento pero existen evidencias de que hay gente que estaba decidida a llevar a cabo acciones terroristas contra EEUU después de que la CIA ejecutara operaciones con drones en sus países. Un ejemplo de esto fue en mayo de 2010 con el atentado en Times Square en Nueva York.

Se supone que las tropas estadounidenses saldrán en 2014 de Afganistán. ¿Esto llevará a un aumento de esta guerra secreta?

Sí, el presidente Obama ha prometido públicamente que las tropas saldrán en 2014 de Afganistán, sin embargo, no ha habido ninguna promesa de la conclusión de la guerra clandestina de la CIA. Si todas las tropas de EEUU salen de Afganistán, es muy posible que haya presión para que se realicen más operaciones secretas de la CIA allí, como los ataques con drones. La guerra pública de EEUU acabará pero la guerra secreta probablemente continuará.

¿Qué riesgos conlleva para el Gobierno de EEUU y la CIA la guerra en las sombras?

Estas operaciones fueron originalmente diseñadas para ser muy selectivas y limitadas y al principio así se empleaban. Ahora tienen gran aceptación dentro de la Casa Blanca y se usan con tanta frecuencia que el peligro real que entrañan es que quizá estén creando más problemas de los que están solucionando. Yo he entrevistado a miembros de la CIA que antes del 11S eran muy partidarios de que se les otorgara la libertad para emplear el dron armado en Afganistán. Esa misma gente está viendo la gran escalada que se está llevando a cabo en la actualidad y se preguntan cómo se ha podido desarrollar tanto esta guerra oculta. Están enfadados por haber llevado a cabo tantas operaciones asesinas sin que haya habido ningún debate público. Son personas acostumbradas al conflicto bélico y a la guerra, pero sienten que se ha llegado demasiado lejos por un camino del cual se podrían arrepentir.

¿La gente realmente conoce estas operaciones para que se plantee un debate público?

En su mayor parte, no; la población no tiene una conexión con todo esto, se sabe muy poco. En la televisión dan todas las noches imágenes de las guerras de Irak y de Afganistán, la población sabe de soldados que han muerto en esas guerras, y el resultado es que estos conflictos se han vuelto muy impopulares ante la opinión pública. Este otro tipo de guerra clandestina está diseñada para que la gente sepa lo menos posible acerca de su existencia. Pero si este es el futuro de los conflictos, como yo creo que es, la gente debe saber cuanto más mejor porque pueden ser guerras secretas, pero no dejan de ser guerras.

El Gobierno se niega a responder sobre la deuda global que arrastran los clubes de fútbol que no son sociedades anónimas deportivas –Real Madrid, F. C. Barcelona, Athletic Club y Osasuna– con la Agencia Tributaria. El diputado socialista Manuel Pezzi solicitó este año en el Parlamento una serie de informaciones acerca de la situación que arrastraban los clubes de fútbol con Hacienda y la Seguridad Social. El Gobierno contestó en junio al diputado y portavoz de la Comisión de Educación y Deporte con datos globales de las deudas, sin especificar la cuantía de cada equipo, pero obvió algunos datos.

La deuda de los clubes de primera división que son sociedades anónimas deportivas con la Seguridad Social hasta mayo era de 4.344.392,82 euros (Ver carta). En la misma carta el Gobierno responde al diputado que los clubes que no son S.A.D., es decir, Real Madrid, F.C. Barcelona, Athletic Club y Osasuna, están al corriente de pago hasta mayo con la Seguridad Social y no tienen ninguna deuda.

Contrasta la respuesta que ofrece el Gobierno acerca de la deuda con la Seguridad Social, en la que se ofrecen datos globales y sin especificar por equipos tanto de los clubes de fútbol que son S.A.D como de los que no lo son, con la respuesta que da el Gobierno sobre la deuda global de todos los clubes de fútbol con la Agencia Tributaria. En este caso el Ejecutivo oculta la deuda que tienen las entidades deportivas que no son S.A.D., entre las que se encuentran las dos megapotencias económicas y deportivas del fútbol español: Real Madrid y F.C. Barcelona.

Sólo existe respuesta del Ejecutivo sobre la deuda que arrastran los clubes que son S.A.D. Éstos deben a la Agencia Tributaria a 30 de Abril de 2013 663.876.441 euros, de los cuales 506.504.230 pertenecen a clubes de Primera división (Ver carta). El Gobierno justifica la falta de respuesta acerca de la deuda con la Agencia Tributaria de los clubes deportivos que no son S.A.D. diciendo que dar este dato podría vulnerar la confidencialidad que impone el ordenamiento jurídico. Un motivo que no ha contemplado para dar el dato de deuda con la Seguridad Social.

El diputado Manuel Pezzi señala que “supone una falta de transparencia enorme”. “No es normal que no conozcamos las deudas que tienen estos clubes con entidades públicas, además muchos disponen de aplazamientos de deuda que no se les concede a otras muchas empresas de este país y que les obligan a cerrar”, matiza.

Otra de las respuestas del Gobierno a Pezzi en sede parlamentaria y por escrito es acerca de los aplazamientos de deuda de los clubes de fútbol españoles con la Agencia Tributaria. En este caso el Gobierno responde cuántos clubes tienen acordados aplazamientos con Hacienda pero no especifica cuáles (Ver carta). En Primera y Segunda División consiguieron en 2012 aplazamientos de deuda con la Agencia Tributaria hasta 15 clubes y los aplazamientos van desde un año hasta 6 de demora del pago. El Gobierno no especifica cuáles. Los aplazamientos son acuerdos que realiza la Agencia Tributaria con aquellas entidades que estima oportuno. Estas demoras en los pagos han sido aceptadas a pesar de que desde 2004, 19 de 42 clubes han pasado por el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

¿Competencia desleal?

Manuel Pezzi también se queja de las ayudas indirectas que podría estar recibiendo el fútbol por parte de la Administración. “Qué sucede con los alquileres por los estadios de fútbol que son municipales y de propiedad pública”. “Muchos equipos no están pagando nada por la explotación de esas instalaciones”, subraya.

La Comisión Europea ha recibido quejas y denuncias de competencia desleal por las posibles ayudas públicas que recibiría el fútbol español. La oficina de Almunia, encargada de la competencia, señala que ahora mismo se está estudiando esta situación y se encuentra en una fase preliminar. Entre las denuncias que han llegado hasta Bruselas de posible competencia desleal en el fútbol está la situación de los clubes españoles en relación al tratamiento de pasivos fiscales y de la seguridad social, una transacción de terreno entre la ciudad de Madrid y el Real Madrid en 2011 y la intervención de la Comunidad Valenciana en el año 2013 a favor de los tres clubes de fútbol en dificultades financieras.

A la Comisión Europea también le han llegado quejas de ayudas a equipos ingleses y suecos. Ahora mismo la oficina de competencia que dirige el español, Joaquín Almunia, investiga formalmente las ayudas estatales a equipos de fútbol holandeses, el resto de denuncias se encuentran en una fase preliminar de posible investigación.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el proyecto de ley del sector eléctrico aprobado para su tramitación en Cortes el pasado 20 de septiembre “provocará un problema social entre muchos de los pequeños inversores que apostaron por las instalaciones fotovoltaicas”. La patronal asegura que ahora mismo se deben 22.000 millones de euros a la banca que realizó préstamos para hacer instalaciones eléctricas.

Con la regulación existente en el pasado y la rentabilidad que existía en el momento de concesión de los créditos -que se ha reducido en un 30% según la patronal para quedarse en el umbral de un 7,5% anual-, la viabilidad de las instalaciones estaba garantizada. El problema viene con la nueva regulación que ha realizado el Gobierno que asegura una retribución menor (la “razonable” según el Ejecutivo) que supondrá una caída en los beneficios de la venta de electricidad que tienen estas instalaciones y que se aplica, además de forma retroactiva.

Representantes de UNEF aseguran que “la nueva retribución hará inviables las instalaciones fotovoltaicas por lo que muchos decidirán abandonar las instalaciones y dejárselas a los bancos, pero lo que realmente preocupa son los pequeños inversores que en muchas ocasiones avalaron con gran parte de sus pertenencias, como su vivienda”. “Cuando los bancos ejecuten las hipotecas de los pequeños inversores estos quedarán a su merced”. Según Vozpopuli, hay 50.000 pequeños y medianos inversores que tienen deudas de entre 300.000 y 600.000 euros con la banca por haber pedido créditos para financiar un proyecto solar.

Otro de los puntos que ha denunciado la patronal fotovoltaica en una rueda de prensa ha sido que “el Gobierno desoye constantemente a los organismos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de la Competencia y Consejo de Estado) y a la agencia de calificación de la deuda Fitch. Todas estas entidades consideran negativa la reforma eléctrica que ha realizado el Gobierno y ”un riesgo regulatorio muy intenso“ que pone en entredicho la seguridad jurídica de España.

Al dar vía libre a la reforma eléctrica, el ministro aseguró que los asesores que trabajan en Industria son mejores que los de estos organismos independientes que fueron en su día elegidos por ser algunas de las personalidades con más experiencia en el sector. El 8 de octubre estos organismos reguladores dejarán de estar en funcionamiento para que entre un nuevo organismo superregulador.

Posible inconstitucionalidad

La patronal fotovoltaica asegura que se ha gravado el autoconsumo (la tasa que se conoce como el peaje de respaldo) para que no haya competencia con las grandes compañías eléctricas. Según la UNEF, el peaje de respaldo provocará que “mucha gente no opte por esta opción para su consumo de energía”. Aseguran que es incomprensible que se cobre un “peaje de respaldo por los costes estructurales del sistema eléctrico cuando estos ya se pagan dentro del término de potencia de la factura de la luz” (costes fijos que aparecen dentro del recibo). Además añaden que el “peaje de respaldo” no se paga en otras tecnologías de autoconsumo como la termosolar o la cogeneración.

La patronal fotovoltaica asegura que Navarra, Extremadura y Murcia han presentado o están estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad por la contrarreforma eléctrica del Gobierno. De salir adelante, estos recursos serían del propio Partido Popular.

Con toda la nueva regulación, la patronal calcula que la retribución a las instalaciones solares se reducirá en más de 5.800 millones de euros entre 2010 y 2020.

La UNEF recuerda que la energía solar ha supuesto al país un ahorro de 590 millones de euros reduciendo la necesidad de gas de importación y la compra de bonos de carbono. Resalta que el sector ha perdido 4.500 empleos y el 90% de su tejido industrial en España. Además, la energía solar, con el 43,6%, es la tecnología con más patentes españolas, seguida de cerca por la eólica. España es el quinto país del mundo con más patentes en energías renovables, por detrás de EEUU, Japón, Alemania y Reino Unido.

“Soy licenciado en relaciones internacionales, he hecho un master en administración de empresas, hablo inglés y estoy empezando con el ruso pero ahora mismo me da igual trabajar de camarero o limpiando, no hay otra posibilidad”, así se expresa Alejandro, un madrileño de 27 años que acaba de perder su trabajo en una academia de inglés. Alejandro hojea unos programas de prácticas y masters que ofrece una de las empresas participantes en el Foro de activación del primer empleo celebrado en el reciento ferial de Madridl (Ifema) entre el 25 y 26 de septiembre.

Largas colas de gente se afanaban en la mañana de la inauguración por entregar sus currículos en los casi 30 puestos de las empresas participantes. Entre los demandantes se encuentran todo tipo de perfiles. A pesar de que la feria está enfocada en la búsqueda de un primer trabajo de menores de 30 años, hay jóvenes y no tan jóvenes, con estudios y sin estudios, algunos que no han trabajado nunca, otros que acaban de perder su empleo e incluso parados de larga duración.

La feria se financia con una aportación de 240.000 euros (120.000 de la Comunidad de Madrid y 120.000 del fondo social de la Unión Europea). Además de los stands de las empresas el Foro incluye charlas informativas para orientación de los demandantes de empleo.

En la mayoría de los casos lo único que consiguen los demandantes de trabajo es que les cojan su curriculum, aunque no siempre. Un hombre que ronda los 40 años comenta que lleva tres años en el paro, sale desencantado después de aguardar un buen rato en la cola frente al puesto de trabajo temporal de Adecco: “Me han dicho que busque en Internet y ya está”.

Es la misma respuesta que le dan a todos los que hacían cola en el stand de Infoempleo.com: “Nosotros somos un portal de búsqueda de trabajo y por la protección de datos no podemos coger el currículum a nadie”, comenta la persona al frente del puesto. Así lo confirma Alejandro, un joven madrileño de 26 años que también lleva tres en el paro y que se ha ido sin más respuesta que la de que puede inscribirse en su página web.

Javier, Juan y David son tres jóvenes recién licenciados en economía, ADE y telecomunicaciones de 24 y 25 años. Después de pasar por el puesto de la consultora PWC señalan que están un poco desesperados, que les informan de procesos de selección que harán en el futuro y que dejen su currículum sin especificar mucho más. “Ni ellos mismos tienen muy claro el perfil de profesional que buscan, creo que simplemente buscan darse publicidad como empresa y tener una amplia base de curriculums de los que poder tirar en el futuro, pero nada más”, recalca uno de ellos.

Grandes empresas, pequeños trabajos

Empresas como Carrefour señalan que los puestos que ellos más ofertan son de cajeros, reponedores, dependientes y otros tipos de puestos de baja cualificación. La empresa Sodexo asegura estar ofreciendo trabajos en la misma línea: “Nosotros no recogemos currículos, los recibimos sólo a través de la web. Disponemos, sobre todo, de ofertas relacionadas con la hostelería y la limpieza”. Tampoco empresas como Mapfre o ING demandan profesionales con alta cualificación. Sus ofertas son para comercial, un trabajo que sufre una alta rotación por los difíciles condiciones o elevados objetivos que se pide a sus trabajadores.

Laura, Ana y Sandra, de 23 años las tres, son tres recién licenciadas en ingeniería química que se han acercado al puesto de Repsol. “Es increíble, nos han dicho que en el proceso de selección la cualificación académica sólo se valora en una última criba, lo único que parece que valoran es saber inglés”, señala una de ellas. Otra señala que estuvo haciendo prácticas en Repsol durante 6 meses, cinco horas diarias, y no le pagaron nada. Después de lo que han escuchado comentan que “la única salida va a ser irse al extranjero”.

Existen otras empresas que su propósito no es ofrecer un contrato de trabajo sino un contrato de prácticas como la consultora Accenture, que así lo muestra en el eslogan principal de su stand. Hay otras empresas en la misma línea que lo que realmente ofrecen son masters, cursos complementarios de formación o como la empresa Aldi que coge todo tipo de currículos e informa que se puede hacer un curso de formación profesional que compaginaría la formación con trabajo dentro de la empresa.

En la mayoría de los casos no se ofrece un puesto concreto. Hay alguna excepción como Enenred que pide un analista contable y Meta4 que busca un programador Java. En ambos casos no se da más información acerca de las condiciones del trabajo.

La empresa Selectivia, dedicada a los recursos humanos y a poner en contacto trabajadores en paro con empresas ofertantes de empleo, explica que “en los currículos a veces es mejor que no contengan parte de nuestra formación porque a la empresa a veces no le interesa”. “Se han dado casos donde un titulado con formación superior prefiere que no se incluya su carrera en el currículum porque así le es más fácil encontrar trabajo”, subraya.

El sindicato Comisiones Obreras lanzó hoy una propuesta para crear un sistema de rentas mínimas garantizadas que cubra “un vacío de protección social que afecta a 630.000 familias, es decir, 1.068.000 personas que no tienen ningún tipo de ingreso”. El secretario general de la central, Ignacio Fernández Toxo, asegura que “el 26,8% de la población se encontraba en 2012 en riesgo de pobreza y/o exclusión social, casi un 9% más que en los años de mayor crecimiento económico cuando se situaba en el 18%”.

Su implantación supondrían 4.000 millones de euros en tres años con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Según el sindicato de trabajadores, “serían algo más de 1.000 millones cada año hasta 2017” ya que se implantaría de forma gradual. La cuantía que se desembolsaría para las personas acogidas al plan de rentas mínimas sería similara la que se percibe como pensión no contributiva: 5.108,60 € para un solicitante que viva solo, 6.283,58 en el caso de que sean dos personas en el hogar, 7.455,14 en el caso de ser tres y 9.196,82€ es el máximo en caso de que existan cuatro o más personas dentro de un mismo núcleo familiar.

El sistema de rentas mínimas que pide el sindicato sería de ámbito estatal y complementario al que ya existe en las Comunidades Autónomas (sin suprimir los planes regionales). Además considera que la Administración tiene que dar respuesta a los potenciales beneficiarios del plan en un plazo máximo de dos meses y permitir a los que se les deniegue que puedan exigirlo a través de la jurisdicción social.

Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social en el sindicato, recuerda que las pensiones son el sustento de muchas familias que sólo perciben ese ingreso y permiten a 1,2 millones de personas estar fuera del plan de rentas mínimas garantizadas que han propuesto al incluírseles este ingreso en el hogar.

Desacuerdo por la reforma de las pensiones

Toxo criticó además la reforma de las pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno y que supone una merma del poder adquisitivo por “inservible e innecesaria”. El líder sindical cree que en esta materia “es imposible cualquier acuerdo con el Gobierno”. Además sostiene que esta reforma “rompe definitivamente con el pacto de Toledo y es un auténtico disparate”.

Cabe recordar que uno de los doce sabios que redactaron la propuesta para la actualización de las pensiones, Miguel Ángel García, pertenece a Comisiones Obreras y votó a favor de la implantación de esta medida.

El periodista Andy Robinson (Liverpool, 1960) repasa el estado de la economía y su evolución durante el último siglo a través de su mirada de reportero en los pasillos de uno de los encuentros más elitistas que se celebran en el mundo, el Foro Económico de Davos. En su libro recién publicado, Un reportero en la montaña mágica, hace un guiño a la novela de Thomas Mann que situó su obra cumbre en el mismo lugar de los Alpes suizos. Robinson se cuela en esa cita desde 2007 como periodista. En su libro relata las peripecias de una élite económica que se divierte en las pistas de esquí y disfruta de grandes fiestas mientras muestra una fachada de debate y aparente conciencia social. Sin embargo, Robinson afirma que esta élite es, precisamente, la culpable de esta recesión de la que trata de recuperarse el mundo.

Pregunta: ¿Qué es realmente el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos?

Respuesta: Davos es el gran escaparate de influencias y relaciones públicas que tienen las élites económicas. Un lugar donde cada mes de enero se reúnen las grandes fortunas y los políticos más influyentes además de algunas estrellas mediáticas. En los años noventa, Davos estaba orgulloso de mostrar al mundo su modelo capitalista que triunfaba y no existía otro pensamiento posible, pero esto cambia a partir de 2008: se socializaron las pérdidas de las grandes empresas y la gran banca. Ahora no están en un momento en que puedan estar tan orgullosos de su pensamiento como para no incorporar discursos discordantes. Lo que quiere Davos es asimilar la crítica, y convertirla en algo que no les amenace. Davos tiene que dar la sensación de que no es defensor del pensamiento único.

P: O sea, que han tratado de moderar su actitud.

R: El discurso sí, pero no su actitud. Sólo en 2009 hubo cierta contención. Por ejemplo Dick Fuld de Lehman Brothers ese año no fue, después del gran fiasco económico desatado por su corporación acababa de cobrar una pensión por 12 millones de euros. En enero de 2009 Goldman Sachs dijo que las fiestas de Davos deberían ser más austeras. En ese momento sentían la presión de la nueva Administración de EEUU encabezada por Barack Obama y la vergüenza por lo que había sucedido, que estuvo cerca de una depresión económica y hubo que rescatar a la banca de EEUU por 700.000 millones de dólares. Tuvieron que adaptar su discurso en ese momento pero solo fue ese año. En 2010 las fiestas y el lujo volvieron igual que antes. Y ahora mismo ya hemos vuelto al estado anterior a 2008. Es como si no hubiera pasado nada.

P: ¿Se les ha olvidado lo que pasó en 2008?

R: Cuando preguntas a alguien en Davos por el colapso de 2008 para ellos es como si estuvieras hablando de un tsunami, un acto de Dios, como si ellos no tuvieran culpa en todo lo que pasó. Hablan de aquello como si fuera lo que sucedió en Japón. En 2011 Bob Diamond, el hombre de Barclays, dijo “the time for remorse is over” (el tiempo del remordimiento ya ha pasado).

P: ¿Siguen entonces igual que antes de que se desatara la crisis? Así no hay solución posible.

R: Sí la hay. Si miramos a la historia del capitalismo en los años 30 esos movimientos volátiles de subidas y bajadas de la economía vieron que aquello no era bueno para las élites en el largo plazo. Ni los Rockefeller ni los Carnegie querían aquello. Con los controles posteriores que se aplicaron y las medidas de Keynes se pudo crecer y crecer hasta llegar a la llamada golden age -años 50 y 60- con niveles de pleno empleo; bajaron las tasas de pobreza y en todo aquello hubo un consenso para que el sistema funcionara en el largo plazo. El problema es que ahora es como si todas estas élites económicas se hubieran olvidado del largo plazo. Da la sensación de que la economía funcionara con ciclos de un gran crecimiento especulativo que termina con un gran pinchazo que lleva a un colapso que pagamos entre todos. Ahora lo que sucede es que si puedes hacerte con el dinero en el próximo trimestre, igual no te importa como acaba todo.

P: Pero la gente, la sociedad está comenzando a reaccionar, ahí está los movimientos de 2011: la Primavera Árabe, el 15M o el movimiento Occupy Wall Street que usted señala en su libro.Primavera Árabe15MOccupy Wall Street

R: En 2011 mientras seguían con sus grandes especulaciones y negocios a gran escala, de repente vieron en enero desde Davos en sus iPads lo que estaba pasando en Egipto. Se notaba cierto desasosiego entre los asistentes a la cumbre. No hay que olvidar que Hosni Mubarak, al que ahora todos tachan de cruel dictador, era un Davos Man (nombre utilizado para los asistentes influyentes del Foro Económico Mundial de Davos). Había llevado el capitalismo desregulado que les interesaba a las grandes corporaciones habituales en Davos a Egipto.

P: ¿Pero la gente sabe lo que es Davos en realidad?

R: Se conoce el escaparate, la fachada todas las celebridades: Bono (U2), Mick Jagger o Angelina Jolie. Esa idea de que estas estrellas van a Davos a presionar a todos esos banqueros por el bien de la humanidad. Es un discurso totalmente equivocado. Los banqueros están encantados de mostrar compasión; de dar esa imagen. Hay que sospechar si un consejero delegado muestra compasión, no es una buena señal. Una gran parte de su estrategia empresarial y de imagen consiste precisamente en esto, en su supuesta filantropía, en poner a gente como Bono que tiene mucha ascendencia sobre otro tipo de colectivos, lejanos ideológicamente a Davos, cerca de estos banqueros. Esta es la gran trampa, la gran hipocresía que existe en Davos y esto hace un gran daño porque la gente asocia este tipo de actividades filantrópicas y estos personajes como Bono con algo que no es real. Ellos muestran la imagen de Bono con Bill Clinton promocionando fondos para ayudar a las víctimas del sida en África, esto se vende casi como si Davos fuera un encuentro de ONG, y esto no es así. La realidad es que por ejemplo Clinton, según The New York Times, está utilizando estos fondos de filantropía para financiar la campaña electoral de Hillary Clinton de 2016.

P: ¿Y qué culpa tienen los periodistas en esa imagen del Foro de Davos que usted señala?

R: Para mí, son responsables directos. Davos necesita la cooptación de periodistas para mandar su mensaje al mundo.

P: ¿Usted también ha sido cooptado?

R: Yo no me incluyo. En Davos existe una discriminación atroz entre los medios. Existen diferentes acreditaciones de distinto rango. Se da la circunstancia de que algunos propietarios de medios pueden acceder a lugares y reuniones que los periodistas de esos mismos medios no están acreditados a entrar. Como por ejemplo Juan Luis Cebrián (consejero delegado del Grupo Prisa). Él tiene un acceso prácticamente libre y los reporteros de su periódico y otros como yo no podemos entrar en esas reuniones. La clase más alta de periodistas, las celebridades de los medios aceptan el off the record a un altísimo nivel y se juntan con la élite económica. En el momento en que lo aceptas te ha tragado la máquina. Esto es lo que pasó en Rebelión en la Granja de Orwell. Cada vez los cerdos se parecían más a los que supuestamente eran sus enemigos. Esto es lo que pasa con el periodista que está allí metido, lo va asimilando. Es muy maquiavélico todo. Ahora mismo si ven que he escrito un libro en contra de Davos, puede que me den la acreditación más alta, de Media Leader, para dar la sensación que decíamos antes de que aceptan los discursos discordantes, quizás me ofrezcan moderar un par de sesiones y este es el primer paso para atraparte.

P: ¿Y aceptaría esa acreditación de estrella mediática?

R: No sé qué haría en ese caso. Por un lado quieres estar dentro y enterarte de todo pero por otro lado me siento más sano, periodísticamente hablando, fuera. Es la esencia del libro. En el momento en el que entras en el juego y aceptas, ya estás con ellos, ya te han comprado.

P: Usted habla en su libro de que se vende una serie de ideas sobre las élites económicas, muy asimiladas entre la sociedad, que son falaces.

R: Intentan vender que ellos son más ricos que nunca porque así son las leyes del mercado y hemos llegado hasta aquí de manera natural. La supuesta meritocracia. Los casos de hombres hechos a sí mismos que llegaron a multimillonarios partiendo de la nada son excepciones, han querido convertirlas en algo natural que provoca la economía desregulada, pero esto no es real, la mayoría de las grandes fortunas mundiales fueron heredadas. Además llegar a la cumbre sin ningún tipo de control lo que hace es fomentar la cultura del trepa. Ellos quieren hacer creer que el mercado les remunera cada vez más y más y que no pueden hacer nada contra esto. Intentan convencernos de que merecen las cantidades que cobran, se dicen a sí mismos “yo trabajo 12 horas al día y merezco los siete millones de libras que cobro”. Hay una desconexión total con la realidad, por eso el título del libro, viven en una montaña mágica.

P: ¿Y cómo han conseguido vendernos toda esta historia?

R: Se vende la imagen de Davos a través del centroizquierda. Los protagonistas principales más poderosos de Davos son de centroizquierda, es el aliado perfecto. Tony Blair o Bill Clinton. Schaub (el fundador de Davos) no es un neoconservador. Si va José María Aznar a Davos, les da lo mismo porque su discurso es demasiado obvio y conflictivo. Ellos quieren introducir en su discurso palabras como emprendedor social, cohesión social. Es el vocabulario del centroizquierda socialdemócrata. Comprometidos por mejorar el mundo es el eslogan de Davos. Una vez que han puesto todos estos eslóganes, pues entonces tienen margen para volver al statu quo anterior para volver a un capitalismo salvaje en el cual una élite tiene el mayor porcentaje de PIB mundial. Parece mentira que haya mucha gente que se crea todo esto de la filantropía y la meritocracia que se vende en Davos.

P: ¿Y los políticos?

R: Son totalmente influenciables. Hay dos maneras de ser el títere del poder. Ir a Harvard y hacer un MBA y creértelo. Acaban creyendo la tesis de los mercados eficientes a pesar de que es un disparate. Y la otra forma se trata simplemente de un intercambio de favores. Es una puerta giratoria enorme. Mira los casos de Salgado, Blair. Ni siquiera es excepcional. Para los políticos la puerta giratoria es una manera de garantizar su futuro. Hay tal descontento con la política que saben que vas a estar sólo cuatro años porque después les echan. Y así se aseguran un futuro.

P: Y todo esto del capitalismo salvaje desregulado, ¿cómo le ha afectado a España?

R: En España ha subido tres puntos el coeficiente Gini (indicador que mide la desigualdad) en tres años de crisis, según Eurostat. Es un aumento de la desigualdad casi imposible. Yo se lo dije a Richard Wilkinson, autor de The Spirit Level, un libro muy famoso sobre desigualdad en Inglaterra que Cámeron incorporó a su bibliografía de campaña electoral. Él me decía que no se lo podía creer. Cómo puede ser que hayamos aceptado tener mayores desigualdades que en los años 20.

P: ¿Y qué panorama nos espera para el futuro? ¿Seguirán creciendo las desigualdades?

R: Sí, estoy convencido, desde mi opinión de reportero. No soy un líder de opinión. Me baso en lo que me cuentan. Las fuentes que consulto dicen que la sociedad seguirá siendo la más polarizada desde los años 20. Boston Consulting Group hizo un análisis de patrimonio y ellos dicen que en la era postcrisis los ricos seguirán haciéndose más ricos. Según sus estimaciones, desde 2008 el patrimonio de las grandes fortunas, durante la peor crisis económica del siglo, creció un 8%. ¿Cuánto ha subido el salario medio desde 2008 a 2013?