La estupefacción y el desconsuelo con la que una parte de la ciudadanía (entre la que me encuentro) ha asistido a los últimos acontecimientos políticos, bien merece una meditación profunda que supere la contienda mediática y nos haga preguntarnos qué hacemos aquí. Parece indiscutible que estos episodios implican elementos muy problemáticos del comportamiento humano que trascienden, claramente, las cuestiones racionales y el cálculo meditado que teóricamente guían la acción política. 

Por ello, creo que, desafiando el mandato dualista del sistema hegemónico que invisibiliza las múltiples dimensiones del ser, es momento de apostar por una imaginación política que incorpore los afectos, la compasión, el cuerpo y las preguntas existenciales al debate sobre el sentido de la polis. Este pequeño texto, que escribo desde la convicción de que mi perspectiva será siempre limitada, subjetiva y parcial (y por tanto incompleta e incluso errónea), pretende contribuir a la reflexión pública sobre cómo construir una sociedad equitativa, sostenible y que no deje a nadie atrás, como se repite sistemáticamente desde ciertos espacios político-partidistas.

Como todas las personas que se consideran (con razón o no) progresistas, he asistido con absoluta perplejidad, a la reyerta pública que se ha espectacularizado en los últimos meses entre Sumar y Podemos. A medida que las insinuaciones, expresiones de doble sentido e incluso bromas se iban convirtiendo en acusaciones directas, cargadas de reproches e impotencia, he ido experimentado una creciente desolación y cierto desamparo que me conecta con mis propias soledades, traumas y sufrimientos; y, a mi juicio, estos sufrimientos forman parte consustancial del tránsito vital de los seres humanos. Y esto lo expreso en el espacio público porque creo que es hora de incorporar las dimensiones emocionales, corporales, vinculares y espirituales a la práctica política. 

Hablar públicamente del dolor, el miedo y la vulnerabilidad, rompiendo el férreo disciplinamiento cartesiano que nos conmina a idolatrar la racionalidad y a negar la multidimensionalidad de los seres humanos, es, desde mi perspectiva, una forma feminista y emancipadora de resistencia. Y por ello, creo que esta (pequeña o gran) tragedia a la que hemos asistido en el espacio de la izquierda esta completamente cargada de sufrimiento, impotencia y desolación. Y en esta nueva imaginación política, que entiendo necesitamos imperiosamente para construir con palabras y actos una polis justa, sostenible y compasiva, es necesario asumir, también, el camino del autoconocimiento, la sanación y la búsqueda de un sentido esperanzador y amoroso de la vida. 

No albergo ninguna duda sobre la buena intención de todos los actores implicados en el vodevil que se ha desarrollado en los últimos tiempos; soy consciente de que todos ellos creen que su causa es verdadera y que se encuentran cargados de razones. Creo sinceramente que sienten que están orientados por un sentido justo de lo político y por arribar a un proyecto sólido para las elecciones del 23 de julio. Lo digo sin ironías, tengo la convicción de que entienden que, inequívocamente, están luchando por el bien común.

Al tiempo que expreso estas ideas, observo la inmensa fuerza del ego en la contienda a la que hemos asistido (y, previsiblemente, asistiremos) en los últimos tiempos. Me gustaría aclarar que desde diversas escuelas espirituales (sí, espirituales), el ego es una falsa concepción del yo que necesita sistemáticamente afianzar su identidad a través de la individualización, la competencia y el juicio. El ego es un actor que coloniza nuestra identidad; una identidad que no duda de sus opiniones, que confunde sistemáticamente sus pensamientos con la realidad y que necesita de las comparaciones, las quejas y las luchas para afianzar su sentido del yo. En este sistema occidentalizado, el ego esta potenciado por las estructuras de poder capitalistas, patriarcales, racistas y antropocéntricas que nos impidan primero ver, y luego valorar, la sacralidad de todas las vidas del planeta; y, además, este ego esta construido sobre las carencias, el sufrimiento y el dolor derivado de la falta de amor y bondad a las que (casi) todos estamos sometidos en nuestro tránsito vital. 

En los estudios de ciencia política, que es a lo que me dedico profesionalmente, es cada vez más frecuente hablar de odio, miedo y narcisismo como explicación de los comportamientos políticos. De esta suerte, en el ámbito académico, cada vez somos más conscientes de la importancia de las emociones negativas en las decisiones que tomamos sobre la organización de la vida en común. Y en este ámbito, una rama (nada aconsejable) de los avances en neurociencias están colaborando con partidos políticos que centran sus propuestas en la estimulación del resentimiento y la cólera como elementos movilizadores de nuestras elecciones públicas. De esta suerte, asistimos al ascenso de opciones profundamente autoritarias que, como plantea Wendy Brown, esgrimen furiosamente la libertad como la negación de cualquier acción en pos del bien común, del cuidado de las personas, de la protección del planeta o de la justicia social. Y, en estos tiempos de precariedad material, económica y laboral, este mensaje ha conectado con el miedo y la desesperanza que aquejan a una parte significativa de la población del planeta.  

En este marco histórico de desolación -y al albur de una propuesta social basada en la exclusión y la violencia- es que nos hemos descubierto en la arena mediatizada, incapaces de construir un proyecto político que imagine, como dice el feminismo, un espacio comunitario donde quepan todas las vidas y sentires. Muy por el contario, ha sido la desavenencia, los reproches y la convicción de la posesión absoluta de la verdad, la tónica que ha guiado el debate mediático en estos últimos meses. Dada las circunstancias de resentimiento, tristeza e impotencia que parece experimentar una parte significativa de los actores que se ubican a la izquierda del PSOE, no tengo muy claro si esta unidad de supervivencia es lo mejor que podía suceder para construir un nuevo proyecto emancipador que ponga en el centro el cuidado de la vida. Pero tengo la convicción de que, desde ahora, lo necesario es apoyar y cultivar este espacio aun sabiendo que, además de sumar, necesitamos, desesperadamente, sanar. 

Soy muy consciente de que parece poco apropiado, e incluso ridículo, exponer la vindicación de una política para la compasión, la bondad y la generosidad. Pero nos hacen falta espacios personales y comunitarios de sanación y esperanza que nos permitan liberarnos del miedo y el sufrimiento que, de manera inconsciente y poderosa, están guiando nuestras acciones cotidianas. Necesitamos otras cosmovisiones, como el budismo, el buen vivir o el ecofeminismo, que nos estimulen a distanciarnos de las luchas del ego y nos ayuden a encontrar un sentido personal, político y espiritual a nuestras vidas. Y esto lo creo, porque la negación de la multidimensionalidad del ser y la primacía de la mente egoica sobre los espacios afectivos, espirituales, vinculares y corporales es, para mí, un sistema de profundo y férreo disciplinamiento. 

En estos tiempos de desesperanza no tengo muy claro si podemos parar la ola represiva que, desgraciadamente, se está erigiendo como una opción política legitimada y viable en nuestras sociedades; empero, lo que sí parece indudable es que esto es imposible desde una posición personal y política de lucha, competencia y rabia que reproduce las mismas formas neoliberales y patriarcales que las organizaciones progresistas pretenden -creo que sinceramente- combatir. 

Siguiendo los complejos postulados de la física cuántica (o del budismo, como os sintáis más cómodas) quizás es el momento de hablar de la importancia de la consciencia en la construcción de la realidad, de comprometernos con nuestra emancipación personal y la de nuestras comunidades, y de buscar el desarrollo del amor y la compasión que, aunque no lo veamos, es la parte más verdadera y esencial de nuestra naturaleza humana.  Y, desde ese espacio de humildad, alegría y gratitud cultivar otra imaginación, otra política y otra práctica cotidiana para nosotros, nuestros semejantes, los animales y el planeta. 

Y este es el mensaje político que, aunque poco deseable para la intelectualidad occidental hegemónica, siento que puedo proponer. Podemos transformarnos a nosotras mismas, asumir nuestras vulnerabilidades y sufrimientos, iniciar caminos de sanación y vincularnos con los otros desde la gentileza y la bondad; y desde este espacio de consciencia, actuar políticamente para construir un mundo más humano, justo y compasivo con todas las vidas a las que nos encontramos profundamente conectados en este único y bello planeta. Lo dicho, al tiempo de sumar, necesitamos emprender el camino hacia nosotros mismos, para aprender a sanar. 

Las mujeres son mayoritarias en la vejez, muchas de ellas viven en el medio rural que va despoblándose. ¿Vivirá en algún pueblo la Vieja de Guiard? ¿Vivirá sola? Nada en el cuadro indica el lugar, pero sí la soledad de esta mujer. No hay nada a su alrededor. 

Adolfo Guiard pintó hacia 1910 el cuadro Vieja. ¿Qué hace esta mujer? Todo en ella nos muestra el paso de la vida por su cuerpo, por su persona. Piensa, descansa serena, juega con sus manos. Su sola presencia llena todo el espacio de realidad azulada que el autor presenta. 

La esperanza de vida al nacer para las mujeres es de 85,06 años frente a los 79,59 para los hombres. La esperanza de vida a los 65 años también beneficia a las mujeres, situándose en algo más de 22 años para ellas y algo más de 18 para ellos. En 2019 la esperanza de vida a los 65 años en España se encontraba, tanto en hombres como en mujeres, entre las más altas de la Unión Europea y del mundo. 

La fortuna de vivir más tiempo es una de las conquistas colectivas más admirables que ha conseguido nuestra sociedad. El desarrollo social y económico, así como los avances sanitarios, lo han hecho posible. En el Estado español se evidencia un aumento de la edad promedio y un aumento de la proporción de personas mayores, que en 2021 eran más de nueve millones, lo que representa un 19,65% del total de la población. El INE estima que para 2035 podrían llegar a 12,8 millones. La perspectiva de vivir estos años con buena salud hace que las personas añosas puedan participar en la vida de las familias y contribuir al fortalecimiento de la sociedad, siendo un capital humano fundamental que no se puede ni debe desperdiciar.

El COVID ha causado estragos, pero la tendencia es a la recuperación. En el Estado español la esperanza de vida de hombres y mujeres en 2019 era de 84 años. Cayó a los 82,4 en 2020, según Eurostat, pero se recuperó en 2021, subiendo a los 83,3 años. No podemos negar que han sido unos años duros para las personas de más edad. 

Si se mide el porcentaje de tiempo que se vive con buena salud a partir de los 65 años, hay también diferencias pero en el sentido contrario. Para los hombres el 62,7% del tiempo restante por vivir lo será en buenas condiciones, mientras que para las mujeres será sólo del 51,5%. La Vieja de Guiard parece cansada, con las manos heridas por el tiempo y la mirada entretenida en el infinito. 

Si nos centramos en las pensiones con las que afronta su día a día la población mayor, también encontramos diferencias entre hombres y mujeres. En enero de este año la Seguridad Social contabilizaba más de 10 millones de pensiones. Con datos de enero de 2023, y aunque se observan disparidades regionales, la pensión media de jubilación del sistema es de 1.189,12 euros y la de viudedad, de 848,06 euros. Sin embargo, si nos centramos en el SOVI que reciben más de doscientas treinta mil personas, mayoritariamente mujeres, su importe medio desciende a 455,80 euros mensuales. Insuficiente para satisfacer plenamente sus necesidades básicas ¿La Vieja será pobre? Posiblemente. 

Con datos de 2018, Eurostat indica que en todos los países de Europa se evidencia una brecha de género en las pensiones. Las pensionistas reciben menos ingresos debido a una trayectoria laboral y familiar diferente y al tipo de ocupaciones a las que han tenido que dedicarse en un mercado laboral pensado por y para hombres. En el Estado español esta brecha de ingresos se sitúa en un 31,2%, por encima del 29,1% de media europea. Con datos desagregados de diciembre de  2019, la pensión media  por jubilación en régimen general era de 1.440,09 euros para ellos mientras que para ellas descendía a 1.016,78 euros. Además, hay que añadir que las mujeres mayores son en general más pobres ya que cuentan con menos ahorros y activos que los hombres.

Si se quiere lograr un desarrollo humano sostenible y alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030, nuestra sociedad debe tener en cuenta las necesidades actuales y futuras de las personas mayores, en especial de las mujeres veteranas, y estar preparada para cubrirlas. El edadismo empieza a ser evidente y notorio en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud o la asistencia social e influye de manera muy negativa al plantear los problemas a los que nos enfrentamos, a las prioridades en las agendas políticas y a las soluciones que se ofrecen a los retos sociales de cara al futuro. Las añosas, por el hecho de ser mujeres, se vuelven más vulnerables. 

Propiciar una comprensión más positiva y realista de la edad y el envejecimiento y una sociedad capaz de integrar a todas las edades y sus diferencias nos hace más fuertes y más justos. No dejar a nadie atrás es tener la solidaridad intergeneracional necesaria para facilitar la cohesión social y el intercambio entre generaciones en pro de la salud, la vida digna y el bienestar de todas las personas.

El aumento de la esperanza de vida condiciona la economía, impacta en la sostenibilidad presupuestaria, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración y, por supuesto, pone de manifiesto la necesidad de trabajar por una mayor cohesión social. Pero también, a la par que problemas, trae oportunidades. Crear trabajos que fomenten la equidad social o apostar por la economía plateada o la asistencial son algunas de las posibilidades que nacen de este escenario.

El camino que se abre es amplio. La mejora de una vida independiente entre los mayores articula caminos para el desarrollo de hogares inteligentes, para tecnologías de asistencia, para el incremento de la accesibilidad a productos y servicios, a movilidad personal y automatizada. Se abren oportunidades en sectores como el turismo, la robótica de servicios, el bienestar de las personas añosas, la cultura, la banca, incluso la moda y la cosmética específicas para los y las entrados en años o los servicios para el envejecimiento saludable y activo. También para la innovación científica y médica y para los profesionales sanitarios y cuidadores altamente cualificados. Son algunos ejemplos la telemedicina con biosensores para el diagnóstico y seguimiento a distancia de los pacientes o con aplicaciones de teléfonos inteligentes.

La realidad es que la población seguirá envejeciendo, influyendo en la conformación de los mercados laborales y financieros, modificando la demanda de bienes y servicios, transformando la idea que tenemos sobre la educación, la vivienda o el transporte, reconstruyendo las estructuras familiares o los vínculos intergeneracionales y despertando la necesidad de innovar en la protección social, por eso la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. La solución a los problemas derivados del envejecimiento de la ciudadanía no puede estar basada en que estos mayores permanezcan en el mercado laboral  más tiempo, sino en crear una red social que les permita y nos permita en un futuro llevar una vida digna. Una red en la que estemos todos implicados, las Administraciones, las empresas y la ciudadanía en su conjunto. La soledad, la pobreza, el aislamiento y la falta de protección que refleja el cuadro de Guiard no pueden ser la representación de nuestros mayores.

Si queremos mitigar las peores consecuencias de esta crisis, tenemos que remar todos en una dirección para que no nos atrape el tsunami. Está claro que no tenemos consenso en el hacia dónde ir, y que las medidas de sostenibilidad débil predominan sobre las de sostenibilidad fuerte. Incluso en el disenso, estamos de acuerdo que este modelo no puede sostenerse y tenemos que distanciarnos de él.

Para los consumidores-ciudadanos remar para distanciarse implica usar menos recursos (lo que exige comprar menos o comprar mejor), extender la vida útil de lo que compramos, reutilizar y recircular, y elegir las opciones con mejor huella ecológica y mayor huella social. O dicho de otro modo, exige repensar el consumo de una manera profunda y orientarlo, si no al decrecimiento, al menos al enough.

En resumen, adoptamos las prácticas fáciles y nos acomodamos  en las que ya veníamos haciendo, pero esas no son las que hacen avanzar al barco. Y a este ritmo no vamos a llegar muy lejos. 

El 19 de enero presentamos el primer Monitor de Consumo Sostenible realizado por Procter and Gamble y Universidad Pontificia Comillas. El estudio cuantifica la penetración en la población española de diferentes hábitos de sostenibilidad. Los resultados muestran que las prácticas de conservación de recursos, como el ahorro de agua y energía o la reutilización de recursos, están instaladas en la sociedad con cifras medias superiores al 80%. También perfila al consumidor más sostenible como una mujer de más de 55 años.

Después de oír los datos del estudio, una amiga me mandó este mensaje: ¡Qué lejos estamos! Y es que, si leemos de forma crítica los resultados, efectivamente estamos lejos.

El estudio muestra que esto ahora mismo no ocurre. Los comportamientos que estamos priorizando no son los que tienen más impacto en el problema. Cuando les preguntamos a los consumidores qué creen que ayuda más a la sostenibilidad, mencionan las prácticas más fáciles, digamos, las que no implican un cambio sustancial en el estilo de vida. Separar residuos, apagar el grifo al lavarse los dientes o las luces en las habitaciones vacías son las prácticas mencionadas como deseables por más del 80%. Usar el transporte público o cambiar la dieta para reducir el consumo de carne son mencionadas por el 40% y el 7%, respectivamente, pese a que tendrían mucho más impacto en la reducción de emisiones que todas las demás (juntas).

En el supermercado, la sostenibilidad del producto sigue siendo el quinto criterio en orden de importancia; solo 3 de cada 10 productos en nuestras despensas tiene algún beneficio medio ambiental. Algo más del 10% no está dispuesto a pagar por ningún beneficio ambiental y 3 de cada 10 dicen no estar interesados en los temas de sostenibilidad. Los que buscan estos beneficios ambientales priorizan ingredientes naturales y envases reciclables/reciclados. Otras prácticas de mayor impacto como la producción sostenible o circularizada son mencionadas por menos de un cuarto de los encuestados.

Solo un 30% de ciudadanos han cambiado varios hábitos y ahorran, separan, reutilizan y compran productos sostenibles. Hay otro 35% que no hace nada de nada. Y estos son los milenials, sobre todo los varones. La generación que más información ha recibido sobre los problemas ambientales es la que menos dispuesta parece a moverse para cambiarlos (lo que vuelve a confirmar que el consumo sostenible no es un tema de formación, sino de voluntad). 

No solo reconocen hacer poco o nada en relación a la sostenibilidad - ni siquiera separan residuos-, sino que además son los que expresan más rechazo hacia este problema. Tienen además una estereotipación más negativa del consumidor sostenible, por lo que no parece que quieran imitarlo ni ahora ni en un futuro cercano. 

Lo preocupante es que, por lógica de reemplazo, esta es la generación que gestionará las instituciones cuando el tsunami esté más cerca. ¿Y qué pasará entonces si un porcentaje significativo de esta generación ni siquiera se quiere subir a la barca?

¿Cuánto más vamos a tardar en hacer una gran alianza para movilizarnos en la buena dirección? ¿Cuánto vamos a tardar en darnos cuenta de que este asunto no es de este partido o de este otro – como no lo son las vacunas, la seguridad ciudadana o la conservación del patrimonio-? ¿Cuándo vamos a aceptar que nos urge a todos, porque todos vamos a sufrir las consecuencias si seguimos sin hacer (casi) nada?

El significado de emprender es “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Por si encerrar dificultad o peligro fueran poca cosa, según la Real Academia Española el término tiene una segunda definición: “prender fuego”. Y es que, en los últimos 15 años, tanto en España como en gran parte del mundo se ha consolidado una nueva figura que simboliza el éxito en sí mismo: el emprendedor o emprendedora. El imaginario fáctico ha consolidado a este personaje como un soñador que ve más allá, que no encaja dentro del gris camino del asalariado y lo abandona para tomar la vía del riesgo, un pasaje con pruebas, vértigos y peligros que afronta por decisión propia. Vicisitudes que le terminan consolidando como un hombre hecho a sí mismo, un héroe que consigue su recompensa en forma de reconocimiento y riqueza. Cualquier paralelismo con figuras como Luke Skywalker de Star Wars o Neo de Matrix son pura coincidencia.

Alejándonos del mito, cuando hablamos de emprendimiento estamos en realidad aproximándonos a una combinación virtuosa entre capital y fuerza de trabajo que se fusionan y personifican generalmente en una persona para explotar una brecha en el sistema. Una oportunidad que el tejido económico o empresarial hegemónico no está aprovechando, pero que efectivamente resuelve un reto o necesidad y que, por lo tanto, tiene un valor.

Por mucho que se pueda complejizar mediante sofisticadas estrategias o planes de negocio, ese valor es el quid de la cuestión. La simple realidad es que, si la suma de los recursos empleados para generar esa solución supera el valor generado resultante, el emprendedor fracasará inevitablemente. Según el Mapa del Emprendimiento 2021, el 90% de las start-ups creadas en nuestro país fracasan antes de los tres años; es decir, 9 de cada 10 emprendedores no consigue generar un valor resultante mayor al invertido. Entonces, ¿por qué emprenden? Son muchas las hipótesis que se tendrán que ir resolviendo por el camino y que finalmente inclinarán la balanza en una u otra dirección. Emprenden porque las variables en la combinación del valor invertido son múltiples y también susceptibles de aumentar en eficiencia. Además, porque el valor resultante es cambiante en función de su contexto, lo que posibilita apostar a espacios de captación de valor futuro. La parte más romántica del emprendedor es precisamente esta. Arriesgar su fuerza de trabajo y capital a que el valor nuevo creado por él será imprescindible en una sociedad futura. Con el tiempo habrá otras muchas soluciones parecidas, pero el innovador es el primero. Y tiene premio.

Lamentablemente, emprender no es para todo el mundo. La persona y sus características son determinantes. Habilidades como el ingenio, la resiliencia, la capacidad analítica, la tolerancia al riesgo, la constancia y el trabajo duro son habilidades muy positivas para emprender. Tan positivas como inútiles sin un contexto adecuado en el que cultivarlas. Efectivamente, emprender no es para todo el mundo. No lo es por cuestiones de formación, recursos y estabilidad; ser emprendedor es para quien se lo pueda permitir en función de su origen, también sexo y, por supuesto, la clase social en la que ha nacido y crecido. Acorde a la estadística y a excepción de algunas nobles y extraordinarias anomalías, el emprendimiento es elitista.

Según el Mapa del Emprendimiento 2021, el 98% de los emprendedores tiene título universitario y el 78%, al menos un máster. Además, el 80% de los emprendedores son hombres. Aunque suelen disponer de mayores índices de cultura emprendedora, según Acción contra el Hambre, las personas extranjeras se enfrentan a mayores dificultades a la hora de emprender, sobre todo en lo relativo a la legislación y la administración -y más aún para nacionalidades extracomunitarias-.

La clave está en el miedo. Según el último Informe Global Entrepreneurship Monitor, el 64% de la población española indica que el miedo al fracaso es un impedimento para tomar la decisión de emprender. ¿Miedo a terminar contabilizando como uno de esos 9 de cada 10 emprendimientos que se estrellan? No, miedo a fallar y caer sin una red de seguridad en la que poder aterrizar. El fracaso tampoco es para todo el mundo, sino para quien pueda permitírselo.

Pero, ¿qué estamos perdiendo como sociedad siendo el emprendimiento restringido a la gran mayoría de la población? Existen hoy muchas personas con muy buenas ideas, personas con las características individuales óptimas para emprender. Personas que podrían aportar muchísimo valor e impacto positivo a través de futuras soluciones. Lo que no tienen es la opción de fracasar y, por lo tanto, no se lanzan.

El concepto emprendedor es un término ligado hoy día al ámbito económico, pero, en realidad, es un concepto que bien puede extenderse a cualquier ámbito. Alguien que desafía las estructuras hegemónicas existentes mediante la creación de algo nuevo. Así, figuras como Martín Lutero en la religión o Pablo Picasso en el arte pueden considerarse brillantes emprendedores. Y, de hecho, así avanzan las sociedades. El mundo gira y se transforma porque cuando un paradigma comienza a mostrarse fatigado o amortizado, le crecen las brechas, agrandadas y explotadas estas por nuevos emprendedores que traen consigo un nuevo planteamiento. Nos proponen otra manera de ordenar y entender la realidad. Y su propuesta se adaptará mejor que las existentes hasta entonces. Tanto, que la brecha se agrandará hasta romper el muro del paradigma para terminar suplantándolo y convertirse así en el siguiente, un nuevo establishment.

Actualmente esa posibilidad está prácticamente restringida a las clases más pudientes y acomodadas de este país. Pero, ¿qué pasaría si cualquiera pudiera atreverse a transformar el mundo? o lo que es lo mismo, ¿Qué pasaría si todos pudiéramos permitirnos fracasar?

Tras el impacto de la COVID-19, las instituciones económicas supranacionales emitieron señales esperanzadoras. Parecía que los hombres de negro, ya fueran del Banco Mundial o del FMI, de los bancos centrales o de la Comisión Europea, habían aprendido de los errores pasados y que las respuestas iban a ser diferentes.

Pero se dispara la inflación y los bancos centrales, tras años de una política de bajos o nulos tipos de interés, comienzan de nuevo una escalada acelerada al alza. Se recupera una visión supuestamente ortodoxa que insiste en atacar la demanda para bajar la inflación. 

Se supone que el objetivo es de pura imagen con la que se quieren cortar las expectativas alcistas mostrando una intervención activa coherente con su gran objetivo de contener la inflación.

La creencia de que son las expectativas las que marcan la futura inflación goza de más seguidores teóricos que de evidencia empírica. Pero resulta especialmente irrelevante en las circunstancias actuales. 

Es unánime la percepción de que la actual inflación no tiene su causa en presión de la demanda sino en factores de oferta: por los disparados costes de la energía y los cuellos de botella del comercio global, agravado todo ello por la estructura crecientemente oligopolista de los mercados.

Desde el mismo Banco Central Europeo (BCE) se constata que “la inflación subió a 9,9% en septiembre, reflejando nuevos aumentos en todos los componentes. La inflación de los precios de la energía, del 40,7 %, siguió siendo el principal impulsor de la inflación general, con una contribución cada vez mayor de los precios del gas y la electricidad. La inflación de los precios de los alimentos también aumentó aún más, al 11,8%, ya que los altos costos de los insumos encarecieron la producción de alimentos. Los cuellos de botella en la oferta se están suavizando gradualmente, aunque su impacto rezagado sigue contribuyendo a la inflación. El Banco de España cifró en su último informe anual que el 73% de la inflación de la eurozona y el 89% en España se explican por la energía y los alimentos.

Con esos datos, es evidente que una política de control de la inflación a través de la demanda promete ser poco eficaz. Tan evidente, que la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoce públicamente que “nuestras previsiones contemplan la posibilidad de una recesión suave en la eurozona, pero no creemos que esa recesión sea suficiente para domar la inflación… El riesgo de recesión ha aumentado pero la evidencia histórica sugiere que no deberíamos esperar que la desaceleración del crecimiento haga mella significativa en la inflación, al menos no en el corto plazo”, según hemos leído en prensa.

Es decir, que la institución que debe velar por el control de la inflación impone una política generadora de recesión y paro, de dificultades para buen número de empresas, aun a sabiendas de que los efectos sobre la inflación son muy reducidos.

La lógica parece aconsejar atacar las causas reales y evitar sus más perniciosos efectos. Medidas como el tope al gas, apostar por energías limpias, o descuentos al transporte público y para los hogares más vulnerables casan mejor con las circunstancias. De hecho, están demostrando una relativa eficacia para moderar la inflación y aliviar los efectos sociales negativos.

Pero los Bancos Centrales hacen caso omiso de la evidencia y siguen defendiendo que hay que seguir subiendo los tipos de interés como si la inflación fuese de demanda.

Simultáneamente, se reconoce que buen número de empresas, incluidas las bancarias, están gozando de beneficios más o menos caídos del cielo gracias al entorno económico global… pero que lo que hay que vigilar especialmente es que los salarios no provoquen una peligrosa espiral de nuevos incrementos de precios.

Podemos admitir la necesidad de un gran pacto de rentas, pero resulta una vez más llamativo que algunos entiendan que solo afecta a los sueldos y salarios.

No resulta así sorprendente que el BCE haya emitido un informe crítico con el proyectado impuesto español sobre los beneficios extraordinarios de la banca. 

Son muchos los aspectos que sorprenden en su dictamen. Resulta especialmente llamativo el cinismo implícito en el argumento de que el nuevo impuesto puede impactar en la concesión de crédito de las entidades financieras… cuando la política monetaria de subida de tipos está precisamente dirigida a reducir la concesión de préstamos de los bancos. ¡En vez de criticar, el BCE debería alegrarse de que este impuesto pudiera colaborar con su política!

Choca también que se obligue al Gobierno a detallar los mecanismos que empleará para verificar que la banca no acabe trasladando el coste del tributo a los clientes pero que defienda con firmeza que sean estos quienes finalmente lo soporten.

La impresión resultante de todo lo que precede es que el BCE es consciente de que sus medidas van a implicar algunos costes sociales pero que está dispuesto a actuar como defensor del sector bancario para que no sufra su cuenta de beneficios. Quizás no choque tanto observando de dónde proceden varios de sus principales responsables, en unas evidentes puertas giratorias con la banca privada.

Considerando que el Estado español da por perdidos en ayudas a la banca más de 70.000 millones de euros y que los beneficios de nuestros grandes bancos podrían llegar este ejercicio a los 10.000 millones, no parece desequilibrante pedir que aporten 3.000 millones en dos años. 

Más bien, estos impuestos sobre beneficios extraordinarios han de verse como un componente necesario del nuevo pacto social con que afrontar las presentes dificultades.

En cualquier caso, resulta doloroso comprobar la insensibilidad social de nuestros Bancos Centrales. Quizás derivada de la falta de control democrático que implica su sacrosanta independencia. Pero ese es otro debate.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Frente a las insuficiencias y debilidades de la democracia realmente existente, crece el convencimiento entre amplios sectores de la izquierda y del sindicalismo, pero también del mundo académico, de que para mejorarla es elemento imprescindible avanzar en la democratización de la empresa: particularmente en la de gran dimensión, que en buena parte determina la evolución de las restantes. Los muy abundantes fracasos del modelo empresarial dominante —presidido por la soberanía de los accionistas mayoritarios— contribuyen a ese convencimiento, como también la evidencia empírica existente: al margen del cooperativismo de trabajo —en el que se pueden encontrar resultados de todo tipo, pero también muy positivos—, la legislación impulsora de la participación del trabajo en el gobierno de la empresa existente en muchos países europeos, desde luego, demasiado moderada, no ha conducido en modo alguno al desmoronamiento de sus empresas, ya las quisiéramos tan eficientes, sólidas y productivas en España, ni a mayores niveles de conflictividad ni a mayores costes del capital o a perjuicios a largo plazo para el accionariado.

Junto a todo ello, viene creciendo desde hace años una amplia corriente teórica que cuestiona radicalmente los argumentos microeconómicos en los que se basa la supuesta superioridad del modelo de empresa accionarial, para defender en su lugar una teoría de la empresa que argumenta con solidez las mayores justicia y eficiencia de los modelos de gobierno empresarial participados (en primer lugar, por los trabajadores, pero también por otros partícipes esenciales en la actividad de las empresas).

Muchos consideramos, en este sentido, que hay suficientes razones para la iniciativa que ha planteado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para incluir en la prevista revisión del Estatuto de los Trabajadores (y en una nueva Ley de Participación Institucional a negociar con los agentes sociales) la exigencia de una democratización de la empresa centrada en la participación de representantes de los trabajadores en los órganos de gobierno, desarrollando así (tras el frustrado intento del proyecto de ley en tal sentido del PSOE presentado por Ramón Jáuregui en 2002) el artículo 129.2 de nuestra Constitución.

Pero para sacar adelante la iniciativa legal y, más aún, para que pueda arraigar en la práctica y ser eficaz en la realidad, no basta con buenas razones: entre otras cosas, hace falta —como ha señalado más de una vez el propio Ramón Jáuregui— disponer de la cultura participativa adecuada y de la fuerza social y política suficiente para superar los poderosos intereses contrarios. Pero para ello es preciso —como recordaba hace unos meses Gabriel Flores en un muy consistente artículo— avanzar en la consolidación de una estructura productiva que posibilite un mercado laboral con menores niveles de desigualdad, precariedad y polarización y mayor capacidad negociadora, de forma que se propicie la participación. Aspectos todos que pueden exigir reformas previas nada fáciles en ámbitos que pueden condicionar de forma decisiva el éxito o el fracaso del proyecto legal. La tarea, por tanto, no es sencilla ni puede considerarse cumplida con la simple aprobación de una ley técnicamente correcta.

Ahondando en este complejo terreno de requisitos adicionales, no puede dejarse de lado la importancia determinante que puede tener el sector financiero a este respecto, particularmente en las empresas de mayor dimensión, que deberían ser las prioritarias en el proyecto democratizador. Tanto la gran banca como los grandes fondos de inversión (mayoritariamente, extranjeros) figuran en la actualidad entre los principales accionistas y tenedores de deuda de las grandes empresas españolas, con posiciones —sobre todo, en los casos de los fondos de inversión— de extrema volatilidad y mínimo compromiso en el tiempo en las empresas en las que invierten o a las que financian. Una situación en la que reformas legales que les parezcan inconvenientes para sus intereses puede conducir a procesos de desinversión y de venta de deuda gravemente dañinos para las empresas afectadas.

No puede olvidarse que muchas de las entidades financieras que más influyen en las grandes empresas, y particularmente los fondos de inversión (inherentemente cortoplacistas por la propia presión de sus partícipes), impulsan crecientemente a las empresas en las que alcanzan posiciones inversoras o tenedoras de deuda importantes a orientar su gestión con criterios también cortoplacistas, arrastrando en no pocas ocasiones —cada día más— a la banca compradora de deuda empresarial en esta orientación. Son así inductoras y claramente co-responsables de un modelo empresarial fuertemente financiarizado (muy apalancado, influido por criterios financieros y orientado a resultados inmediatos) generador de perjuicios generales cada día más patentes y más graves: en primer lugar, para las propias empresas a medio y largo plazo, en la medida en que la búsqueda permanente de la maximización del beneficio inmediato y del valor accionarial están conduciendo a estrategias seriamente nocivas para el crecimiento, la fortaleza, la eficiencia y la sostenibilidad empresarial: incrementos desequilibrados de los dividendos, recompras sistemáticas de acciones, obsesión por la reducción de costes —salariales en primer lugar casi siempre—, debilitamiento de la inversión, complicidad de los altos directivos a través de incentivos variables que ensanchan espeluznantemente las diferencias retributivas, recurso frecuente a malas prácticas de todo tipo en el negocio —con la generación de externalidades negativas crecientes como estrategia sistemática de reducción de costes— y un largo etcétera. Conductas que, como no podía dejar de ser, han acabado afectando muy gravemente a las economías nacionales, contribuyendo significativamente al crecimiento de las desigualdades, al debilitamiento de la inversión global y, por tanto, de la productividad y del crecimiento económico, así como a la acumulación de costes sociales que tienen que ser soportados, gratuita y dolorosamente, por amplios sectores de la población o costeados por el Estado.

Se trata de un modelo de gestión que la democratización empresarial, aunque se limite solo a la participación laboral en los órganos de gobierno, claramente dificultaría (de hecho, parece mucho más mitigado en los países en los que existe mayor participación obligatoria del trabajo en el gobierno corporativo). No es difícil imaginar que los trabajadores defenderán siempre una orientación de más largo plazo y más socialmente responsable en sus empresas: porque dependen mucho más de la permanencia de la empresa que los accionistas e inversores mayoritarios (que tienen una facilidad de salida y una volatilidad mucho mayores) y porque están también más interesados que estos en que la empresa se comporte responsablemente donde opera, porque viven allí, están más comprometidos con su entorno y se ven más afectados por las externalidades negativas.

De esta forma, no cabe duda de que la iniciativa participativa legal no solo se enfrentará a la oposición de la patronal y del gran accionariado, sino también a la de los mercados financieros, que pueden dificultarla a través de la imposición de mayores costes del capital y de la financiación a las empresas que se muestren más propicias a asumir la ley con mayor coherencia (y de forma indiscriminada en la economía nacional, tratando de provocar un desincentivo general a la implantación de la ley).

Por todo ello, y entre otros temas, sería conveniente plantear previa o paralelamente a la legislación democratizadora reformas que puedan mitigar las dificultades que el sector financiero puede ejercer en su contra. Muy especialmente, apunto simplemente tres:

1. Intensificación firme de la penalización de los derechos de voto en los consejos de administración de los accionistas más inestables (en buena medida, las entidades financieras más cortoplacistas); penalización que se ha incluido tímidamente en la reciente modificación de la ley de sociedades de capital para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas.

2. Incentivos fiscales a la inversión y a la financiación de las empresas que apliquen con mayor consistencia la participación del trabajo en el gobierno corporativo.

3. Líneas de financiación pública privilegiada para la financiación de este tipo de empresas: algo que nunca se podrá hacer óptimamente sin una potente banca pública especializada en la financiación empresarial, como la que otros países avanzados tienen y que tan insensatamente se desmontó en el nuestro. Por eso, la reivindicación de una banca pública fuerte es inseparable de la aspiración a empresas más democráticas.

Nada de esto es imposible, y mucho menos inviable económicamente. Pero, ciertamente, aumenta no poco las ya considerables dificultades intrínsecas de la iniciativa legal mencionada, agravando su complejidad y los obstáculos que pueden entorpecerla. No debería olvidarlos ni minusvalorarlos la anunciada —e ilusionante— iniciativa legal del gobierno.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Hace décadas que la izquierda abandonó el flanco económico como línea de debate contra la derecha. El desarrollo del modelo neoliberal, así como la caída del Bloque Soviético, supuso una victoria clara de los que afirmaban que “no hay alternativa” (there is no alternative –TINA). Esta aceptación de una derrota tan apabullante ha llevado a una evolución discursiva de las fuerzas izquierdistas que muestra, inequívocamente, su descoloque.

Para empezar con el análisis deberíamos exponer qué es lo que consideramos fuerzas de izquierda, y tener presente que no son un bloque homogéneo. Más bien están representadas por una amalgama de intereses que van desde los tradicionales marxistas, socialdemócratas y anarquistas, hasta fuerzas feministas, ecologistas, algunas nacionalistas e, incluso, animalistas, que no tienen una posición definida en cuanto al sistema económico capitalista.

Bajo esta consideración observamos que todas estas formaciones, o intereses, se pueden agrupar en dos grandes bloques. En un primer bloque vamos a recoger a aquellos grupos, los menos numerosos, que no han renunciado a su origen anticapitalista y que consideran que cualquier alternativa pasa por la sustitución del sistema actual y la construcción de una alternativa comunista, socialista o de tipo anarquista. En un segundo bloque, el más numeroso, podríamos englobar a aquellos grupos dispuestos a asumir responsabilidades de gestión y que, por tanto, han aceptado al propio sistema y consideran posible desarrollar sus políticas, al menos hasta cierto punto, dentro del marco capitalista.

Esta división entre partidarios de la eterna oposición y los de participar en el sistema no es nada actual. A finales del XIX y principios del XX hubo un interesante debate entre, por ejemplo, Luxemburgo o Lenin. Aquellos que no quieren participar de las reglas del sistema no pueden asumir ninguna responsabilidad de gestión pues no consideran a las instituciones burguesas como útiles para sus propósitos. En cambio, la posición del otro grupo supone participar en un juego en el que siempre se va a producir una insatisfacción entre sus votantes, muchos de ellos del primer grupo que acaban participando en el mismo, puesto que sus expectativas no van a ser nunca satisfechas en su totalidad.  

Si nos centramos en el segundo grupo, esto es, el dispuesto a gestionar, es fácil encontrar ejemplos en los que las expectativas y lo finalmente aprobado no coinciden, sin entrar en lo realmente ejecutado. La derogación de la reforma laboral del 2012 ha mostrado algunos de estos límites (lo explica muy bien el compañero Juan Luis del Pozo aquí) en tanto que se han dejado por tocar “aspectos lesivos” en pro de un acuerdo entre los agentes sociales. Ni que decir tiene que ni siquiera se ha rozado nada de la reforma del 2010, que abarató el despido de los trabajadores. Por otro lado, la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), vendido como un hito social, se ha demostrado un fracaso en cuanto que no ha sido una herramienta que haya llegado a amplios grupos diana y que, además, ha resultado insuficiente en su cuantía. Y ya veremos la desilusión con la Ley de Vivienda. Al tiempo.

Las razones que pueden explicar estos hechos, en tanto que generan una fuerte desafección entre el electorado izquierdista, son múltiples y alguna de ellas imposible de salvar. No se puede cambiar el cómo se reproduce el propio sistema económico. Si la economía crece es porque el proceso de acumulación capitalista tiene opciones de generar ganancias para los inversores y esto sucede si, y sólo si, alguien está siendo explotado (Sur global, trabajadores asiáticos, europeos, el medio ambiente, lo común, etc.). Cuando este proceso se para (crisis), se tienen que generar las condiciones para volverlo a poner en marcha. Es por esto que las fuerzas izquierdistas de gobierno ven limitadas, de manera estructural, sus posibilidades políticas. La decisión entre alargar el periodo durante el cual se produce la acumulación o generar uno nuevo está condicionada por el periodo electoral.

Otra razón se circunscribe al propio discurso de las organizaciones de izquierda, al simplificarse en demasía y abandonar la posibilidad de una sociedad distinta a la actual. Un ejemplo lo podemos observar con los Fondos Next Generation UE. El Gobierno lo ha recibido como una medida progresiva puesto que va a permitir descarbonizar nuestra economía y transformar nuestro modelo de crecimiento en uno más verde, además de resultar un estímulo para el crecimiento de nuestro PIB (nuevo proceso de acumulación). Sin embargo, la obtención de estos casi 150.000 millones de euros no será gratuita, ya que una parte son préstamos y en general la percepción del montante total estará sujeta a condicionalidad, lo que se traduce en la adopción de determinadas “reformas”. Así, la percepción de los fondos ha afectado al alcance de la reforma laboral y afectará a nuestro sistema de pensiones, líneas rojas para el electorado de izquierda. Pues bien, desde estas fuerzas políticas, que tanto criticaron el rescate bancario, se ha celebrado este rescate de la industria europea a la que vamos a pagar su transformación bajo el paraguas del keynesianismo. Veremos cuando pase la ilusión.

La salida de la crisis de la COVID-19 ha sido diferente a la de la Gran Recesión porque ambas crisis han sido distintas y no por un cambio de paradigma (como se nos ha pretendido hacer creer). Para comprobarlo tenemos ante nosotros un problema de inflación desatada (7,4% en términos interanuales este pasado mes de febrero, y un 3% la subyacente) que puede agravarse más a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ante este panorama, y con una deuda pública sobre PIB del 120%, las autoridades se van a enfrentar al dilema de estimular la economía o frenar la inflación. La falta de argumentación por parte de estas fuerzas políticas va a suponer una nueva decepción para su electorado a causa, por ejemplo, de una pérdida considerable de poder adquisitivo.

Ante la imposibilidad actual de realizar transformaciones radicales del sistema y una gestión del capitalismo condenada al fracaso se esconde, agazapada, la extrema derecha que ha sabido captar un descontento social generalizado. Frenar este descontento del electorado progresista es una condición necesaria y se debe hacer explicando la realidad a una sociedad adulta, adaptada a nuestro contexto social actual. Ser conscientes de los pequeños avances, y celebrarlos si es necesario, no debería separarnos de la crítica real a aquello que nos impide avanzar.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Donde vivo tiene por costumbre aparecer la niebla. Hay días que es tan densa que no deja ver el mar, a veces ni tan siquiera la playa. Esos días entra el frío en el cuerpo, hasta el tuétano, como decía mi abuela, y los huesos gruñen. La ciudad, sin remedio, bruscamente acaba. Es una sensación extraña. La imposibilidad de ver más allá parece activar al caminante. Ya no mira al horizonte, se concentra en su quehacer diario, en su trabajo.

El verbo trabajar proviene del latín vulgar tripaliare, torturar, derivado del latín tardío tripalium, instrumento de tortura formado por tres palos en los que se amarraba a los esclavos para que sufrieran un castigo. Cuando se concibió este vocablo la mayoría de la población trabajaba en el campo realizando un gran esfuerzo físico que se percibía como un castigo. El trabajo era para pobres, es decir para casi todo el mundo, mientras que las élites disfrutaban de tiempo libre para pensar, divertirse, organizar la sociedad o, simplemente, mirar al horizonte. Algo no muy distinto a lo que ocurre en la actualidad.

El burnout o síndrome de trabajador quemado; el boreout o situación de aburrimiento crónico dentro del puesto de trabajo que puede llegar a desencadenar problemas de salud por ansiedad y estrés; los Bullshit Jobs o trabajos basura que provocan baja autoestima y desmotivación de los trabajadores, son realidades que se desencadenan cada vez con más frecuencia en el entorno laboral. Un entorno en el que pasamos muchas horas, un entorno que no es democrático aunque nuestra sociedad sí lo sea, un entorno en el que el conflicto es una constante. Nuestros empleos se desarrollan cada vez en peores condiciones. Sin embargo, querámoslo o no, en la sociedad que hemos creado, el empleo, que no el trabajo, define nuestra realidad. El empleo es una versión reducida del trabajo. Con todo, tiene un lugar central en nuestras vidas y en nuestras identidades. 

Un concepto amplio de trabajo incluirá no solo el trabajo productivo, tanto de un producto o de un servicio, que se incorpora al mercado; sino que incluirá así mismo, el trabajo que genera solidaridad social, el trabajo reproductivo y de cuidados, y el trabajo que engendra autorrealización personal, por lo que no necesariamente consiste en una actividad de la que obtenemos un beneficio económico. Desde ese punto de vista amplio, se puede definir el trabajo como el conjunto de tareas y actividades que realizan las personas para satisfacer sus necesidades vitales. Podemos hablar, si se quiere, de dos nociones distintas de trabajo. Por un lado, un trabajo restrictivo o limitado (lo que venimos llamando empleo) y, por otro, un trabajo extensivo o abierto, en el que se incluirían otras actividades necesarias para la vida plena de la persona.

Si nos centramos en el trabajo restrictivo o limitativo, se ha generado la ilusoria idea de que la creación de valor resulta única y exclusivamente de él, del trabajo que aporta un beneficio económico. La riqueza económica es la única riqueza posible y el empleo es el único que combina beneficio, reconocimiento y utilidad social. Ahora bien, contradiciendo esos mismos postulados falsos, en los últimos tiempos la precarización de las condiciones del empleo ha hecho que, aunque el empleo sea necesario para poder cubrir las necesidades económicas de los individuos, no sea suficiente en ocasiones para cubrirlas en su totalidad, creándose la figura de los trabajadores pobres.

Se nos revela así que la pobreza no es un daño colateral, ajeno y marginal, sino un elemento normalizado en el capitalismo. Con datos proporcionados el año pasado por Eurostat, las personas en situación de empleo expuestas al riesgo de pobreza en 2018 era del 9,3 % en toda la EU-27. Registrándose tasas relativamente elevadas de trabajadores ocupados en riesgo de pobreza en Rumanía (15,3 %) y, en menor medida, en Luxemburgo (13,5 %) y España (12,9 %). Todavía no sabemos cómo va a repercutir la COVID en esta pobreza de los trabajadores, pero a todas luces no de manera positiva. La subida salarial pactada en convenio cierra 2021 en el 1,47%, más de 5 puntos por debajo del IPC; sólo el 15,8% de los convenios registrados presenta una cláusula de garantía salarial y uno de cada cinco convenios congela salarios. Ante esta situación no hace falta subrayar la importancia de subir el salario mínimo y la responsabilidad y compromiso social del empresariado para el que el capital humano debe ser fundamental para mantener la competitividad. La competitividad basada en la innovación y una gestión responsable de los recursos humanos son garantías de éxito para las empresas. 

Si el trabajo nos enferma y además nos permite cada vez menos cubrir nuestras necesidades, me pregunto, ¿por qué no cambiamos nuestra manera de proceder? ¿Por qué no reducimos el tiempo que dedicamos al empleo y nos damos más tiempo para trabajar? ¿Por qué no pasamos de una concepción limitada o restrictiva del trabajo a una extensiva y abierta? ¿Por qué aceptar que somos únicamente consumidores y productores? Si nuestro modelo de sociedad es cada vez más nocivo para vivir, está acomodado en una economía de mercado donde el crecimiento es todavía buscado con desesperación y, sin embargo, no permite las condiciones necesarias para una vida sostenible de toda la ciudadanía ¿por qué somos incapaces de cambiar nuestros comportamientos? ¿Es posible una reducción del tiempo que dedicamos al empleo? La jornada de 40 horas semanales se aprobó en el siglo pasado, ¿no es hora de revisar este tiempo dedicado al empleo? 

Ya en 1516 Thomas Moro, en Utopía, apuesta por un horario de 6 horas, duración más que suficiente, según el autor, para procurarse los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Campanella, en su obra Cité du soleil, de 1611, apuesta por 4 horas por día tanto para hombres como para mujeres. Quizá con esta propuesta la tan reclamada conciliación de la vida familiar y laboral fuese posible y la vida más sostenible.

Muy a nuestro pesar somos seres dependientes y vulnerables, la COVID nos lo ha recordado de forma tremendamente dolorosa. Cuidar siempre ha sido indispensable, cuidar el medio en el que habitamos y cuidar a los que tenemos alrededor,  aunque parece un descubrimiento de última hora para algunos que nos instan a autocuidarnos. Pero para ello necesitamos tiempo, reformular prioridades. Tiempo que perdemos en empleos que no cubren nuestras necesidades vitales. Ni sindicatos ni políticos parecen, en general, estar interesados en este tema. Están intentando volver a la situación anterior a la reforma laboral del 2012, pero desde luego no intentando llegar al fondo del asunto, que no es otro que un cambio en la concepción que tiene la sociedad del trabajo.  

Subida del salario mínimo y reducción del tiempo laboral, ese es el punto de partida para, como Augusto en Niebla, no ser caminantes sino paseantes de la vida. Tener tiempo para mirar al horizonte cuando a mediodía se levanta la niebla y deja ver el tenue sol de enero, mientras le cuento a mi hijo que los vagos no son los que no tienen empleo sino los que ahogan sus pensamientos.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Muchas veces, desde la esfera privada, y también desde la esfera pública, asociamos el término innovación, exclusivamente, a procesos tecnológicos muy rupturistas que, principalmente, tienen lugar en urbes cosmopolitas en las que abundan las startups tecnológicas y los venture capitals.

Continuar relacionando innovación a este tipo de cosas no hace más que reproducir una lógica económica con la que no siempre perseguimos -ni conseguimos- el progreso de las sociedades. 

Vayamos por partes, ya que hay varias objeciones a este paradigma.

En primer lugar, la referente al propio concepto de innovar. Está generalmente aceptado que innovar es, simple y llanamente, hacer las cosas de otra manera. Es decir, utilizar nuevas técnicas para resolver un problema concreto que tenemos ante nosotros. Sin embargo, de manera inconsciente - o a veces no tanto-, lo asociamos exclusivamente al empleo de nuevas técnicas basadas en la mejora o el descubrimiento de una tecnología original. Una tecnología, normalmente digital y muy puntera, que cambiará radicalmente la manera en la que acostumbramos a hacer las cosas. Como es el caso del reciente procesador cuántico desarrollado por la compañía IBM. En cambio, estas nuevas técnicas también pueden estar basadas en la utilización de un elemento tradicional de una manera alternativa a su uso primigenio. Innovar no es, exclusivamente, mirar hacia delante, también puede serlo mirar hacia detrás, hacia los lados o en diagonal.

Muy a menudo, pensamos que el éxito en innovación se produce con el desarrollo de una tecnología digital rupturista y se mide exclusivamente en términos económicos, y especialmente empresariales. Así, imaginemos la comercialización de una nueva tecnología, por ejemplo, un algoritmo para establecer la ruta más eficiente, para ofrecer el producto que todavía no sabes que deseas, o para conectar a través de una APP oferentes y demandantes de un mismo producto o servicio. Se genera de este modo un nuevo o más extenso mercado y unos boyantes resultados comerciales. En cambio, existen innovaciones mediante “elementos tradicionales” que no generan un extenso mercado ni unos boyantes resultados comerciales, pero que tienen un gran impacto en la sociedad. Como fue el caso del proyecto Hippo Water Roller. Una innovación tan sencilla como incorporar unas asas a un bidón de agua para facilitar su transporte rodado entre los poblados sudafricanos. Esta innovación ha implicado una notable mejora en los niveles de acceso a agua, y por tanto, en los niveles de salubridad y esperanza de vida en esta zona geográfica concreta.

Tendemos a ver la tecnología como el outcome de un proceso de innovación. Es decir, como el resultado final del proceso y el producto que va a colocar a una empresa en una posición de ventaja frente a sus competidores. En lugar de concebirla como una herramienta que utilizaremos para dar respuesta a los problemas reales a los que nos enfrentamos, movidos por la consecución de algún objetivo social que vaya más allá de la mera obtención de rentabilidad. 

En segundo lugar, la sacralización de la empresa y la obsesión por el beneficio directo abre la puerta a otro de los grandes consensos erróneamente asumidos. La innovación no solo es cosa del mundo empresarial. Los procesos de innovación verdaderamente efectivos llegan como resultado de una interacción armoniosa y fructífera entre el mundo empresarial, el mundo académico y las administraciones públicas. Una relación en la que se establecen sinergias y se amplían horizontes en las maneras de actuar de cada uno. Esta colaboración entre los tres planos es lo que verdaderamente lleva a las economías a recoger los frutos de la innovación.

Además, al hablar de esta, conocida como, triple hélice que impulsa la innovación es recomendable también intentar alejarse del tópico de que la academia investiga, la empresa aplica y la administración regula. En las tres esferas puede -y debe- haber una renovación y mejora de los procesos a los que cada una está habituada. Las sinergias pasan por encontrar nuevos procedimientos de transferencia de conocimiento y aplicabilidad entre la ciencia y el mercado. Nuevas formas de colaboración y financiación público-privada en ámbitos hasta ahora inexplorados. Y también, ¿por qué no?, por dotar de mayor flexibilidad y capacidad de actuación a la Administración. En definitiva, crear un círculo virtuoso, multidireccional y con propósito de progreso social, alejándonos de la visión de un proceso lineal, compartimentado y orientado exclusivamente a la rentabilidad.

Cuando se consigue poner en funcionamiento este círculo virtuoso, es cuando empiezan a surgir nuevas categorías, nuevas formas organizativas y nuevas capacidades, que son las que verdaderamente transforman la realidad. Y en este punto es donde subyace el tercer conjunto de presunciones erróneas sobre la innovación. Estas nuevas creaciones no son exclusivamente propias de las zonas urbanas y de los polos de concentración de empresas tecnológicas. Desde los cuales se trasladarían al resto de territorios, como si de un simple proceso de expansión geográfica se tratase. Esa especie de paternalismo innovador, por el cual desde las ciudades se dicta el desarrollo del mundo rural, no suele responder a las necesidades concretas de estos territorios.

Los entornos rurales precisan de innovaciones específicas y debe ser el propio entorno rural la fuente de las innovaciones que necesite su medio. Es innegable la preponderancia de la actividad primaria en la economía del medio rural. Los procesos de innovación autónomos en el medio rural, conscientes de este hecho, tienen un doble efecto. Por un lado, sirven para introducir mejoras técnicas y organizativas en la propia actividad primaria. Por otro lado, a la vez que consolidan una actividad primaria sólida y moderna, sirven para generar otra serie de actividades industriales y de servicios complementarias a la explotación de los recursos naturales. Contribuyendo, por tanto, a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas zonas, y a reducir la brecha en el acceso a oportunidades que hay con respecto a la vida en entornos urbanos.

Es difícil conceptualizar de manera breve el término innovación. Pero si algo podemos asumir es que la innovación, en cualquiera de sus formas, solo es efectiva cuando trae consigo un impacto positivo en la sociedad. Y esto se produce cuando intersecta de manera directa con una oportunidad que ofrece el mundo real. Un mundo real definido por unas condiciones históricas, económicas, sociales y culturales determinadas que son a su vez origen y destino de las innovaciones. Para ello, es necesario que la interacción entre tecnología y oportunidad se lleve a cabo bajo un paradigma ausente de barreras físicas, mentales o procedimentales.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Imaginen un triángulo. La calidad de su jubilación o la de su atención hospitalaria están dentro, puesto que vamos a situar en su interior al Estado de Bienestar. Como en todo triángulo, tanto la forma como la estabilidad son brindadas por sus tres vértices. El primero es el de los derechos, fijados en la Constitución y el código legislativo. El segundo vértice correspondería al sistema impositivo, encargado de aportar los recursos económicos necesarios. Por último, el vértice restante recaería sobre el Aparato del Estado, una gran estructura conformada por personas, reglas, instalaciones y herramientas que serían las encargadas de ejecutar esos derechos. Como es de esperar, la forma de este triángulo imaginario no es estática puesto que la salud o situación concreta de cada uno de sus vértices influye y modifica la composición de su forma final. El Estado de Bienestar ideal sólo funciona cuando el triángulo es equilátero, es decir, cuando sus tres vértices están equilibrados y se da la armonía entre ellos ¿Cómo imagina usted el triángulo actual de nuestro Estado de Bienestar? Desde luego, no sería una figura equidistante. Y me temo que conforme pasa el tiempo nuestro triángulo va siendo cada vez más y más desigual.

Con la llegada de la democracia a España, la Constitución del 78 amplió de manera expansiva los derechos de toda la ciudadanía. Con una clara influencia europea, el Título I de Derechos y Deberes es aun, por su ambición, motivo de sorpresa para muchos primeros lectores: el Estado debe garantizar el acceso a la educación y a la salud, pero también a la vivienda o al trabajo, entre otros. El vértice superior de nuestro triángulo es también el más estable por el complejo mecanismo de reforma constitucional, pero, la pregunta importante aquí es: ¿estos derechos se están asegurando hoy? ¿Está el Estado cumpliendo con lo que está garantizado por ley? La respuesta es no.

Sin embargo, el motivo del “no” se encuentra en los dos vértices restantes del triángulo. En primer lugar, el sistema impositivo, encargado de nutrir de recursos económicos al Estado de Bienestar, está inmerso en una crisis existencial. Durante todo el siglo XX la mayor parte de la economía se desarrollaba de manera analógica. Una fábrica de bebidas gaseosas producía y embotellaba sus productos en Valencia, botellas que eran distribuidas por una tercera empresa y vendidas por los bares y restaurantes de Albacete. Toda la cadena de valor tenía una sucesión lógica, territorial, lineal y fácilmente controlable en base a inversión y capital.

Hoy en día y con la consolidación de la economía de los intangibles, ésta dinámica se ha triturado dando paso a la siguiente paradoja: el capitalismo actual funciona hoy sin capital alguno -Uber no posee ni un solo coche, o AirbandB ni una sola propiedad-; un formato en el que doscientas personas en una oficina desde Singapur pueden facturar 1.000 veces más en España que la tradicional fábrica de bebidas valenciana y, además, sus activos valer millones de veces más, a pesar de que estos no se pueden ver, ni tocar, puesto que no son fábricas, ni camiones, sino data y algoritmos -capital intangible-. El valor de la economía es hoy gaseoso y escapa entre las piezas de un sistema impositivo que fue diseñado para lo fungible, lo físico, lo sólido. Está por ver el resultado final del acuerdo en la OCDE para establecer un tipo mínimo global del 15% para las multinacionales, pero en cualquier caso es necesaria una gran reforma impositiva que redefina el concepto mismo de valor que se anota en la base grabable a las empresas. Sencillamente, no es de recibo que una corporación como Apple, que tiene una valoración bursátil similar al PIB de Bélgica y un volumen de negocio en España de unos 400 millones de euros, deje en impuesto de sociedades algo más de un millón de euros -2019- y que lo haga, por supuesto, conforme a la ley.

Finalmente, el Aparato del Estado. Durante el siglo XX, el modo de expandir la figura y protección del Estado a la totalidad de la población se basó en la estandarización de las interacciones con el ciudadano, con el fin de hacerlas escalables. El mejor ejemplo que visualiza este punto es el de la escuela pública moderna, un sistema capaz de interaccionar con millones de niños y niñas en simultáneo mediante temarios, ejercicios y exámenes idénticos en cualquier confín del territorio. El Estado encontró en el sistema fordiano su mecanismo de expansión eficaz y replicó este modelo en prácticamente todas las interacciones que tenía con el ciudadano a lo largo de su vida.

Pero hoy en día este sistema es percibido como un modelo de bajo valor añadido por parte de la ciudadanía. Las sociedades son hoy mucho más complejas que hace un siglo, las personas han sofisticado su identidad, sus expectativas y sus exigencias, que suelen pasar por la capacidad de personalización de los servicios y atenciones que reciben. Fulanito necesita hoy -mejor dicho, ahora- una solución ajustada a él mismo, con su peculiar manera de vivir la vida, de consumir y de entender el mundo. La pregunta aquí es, ¿está el Estado actualmente preparado para satisfacer a Fulanito? “De baja calidad” es ya la primera percepción por una gran parte de la sociedad española cuando es preguntada sobre la educación pública, y esta respuesta aumenta cada año desde 2010. En materia sanitaria, 1 de cada 4 personas en España complementan la sanidad pública con un seguro privado de pago mensual, como si la pública no supusiera ya un pago en sí dentro de nuestras nóminas.

Pese a la calidad de profesionales que tenemos -y el mejor ejemplo estos días es el sanitario- el Estado se encuentra en una gran crisis de servicio y de medios que precisa resolver de manera decidida. Y necesita hacerlo rápido, ya que la solución que proponen algunos partidos con posibilidad de gobierno es la venta de la gestión del Estado de Bienestar al sector privado, una estrategia que, como se ha demostrado en infinitas ocasiones, genera un deterioro en la atención y la calidad de los servicios. Es normal. La razón de constituir una S.L es la de ganar dinero, no es la de expandir derechos. Para las empresas, no existen beneficiarios, sino clientes. Y su cliente no sería la ciudadanía, sino la Administración. Si además metemos en la ecuación las variables de las puertas giratorias, un juego político en el que las responsabilidades directas se diluyen y, sobre todo, que la pérdida de calidad del servicio público que estas empresas operan está directamente relacionada con el aumento de su propia cuota de mercado futura en esas mismas soluciones brindadas desde su parte privada, obtenemos una trampa perfecta que en realidad tiene sencilla solución: apartar definitivamente la gestión privada de los servicios públicos.

Pero esto no quiere decir que toda influencia desde lo privado sea negativa. El sector público debe copiar sin complejo alguno todo aquello que pudiera aportar en su misión de brindar el mejor Estado de Bienestar posible. Un futuro en el que Fulanito valore con un 10 la atención recibida y pase de criticar a defender los servicios públicos, necesariamente implica un cambio de perspectiva: pasar de la “atención al público” a un “enfoque usuario”, poner al individuo en el centro y redefinir su experiencia por completo mediante un alto nivel de personalización en su atención, una visión centrada en el bienestar interior y a la vida en comunidad. Hace 30 años esto habría sido imposible por la ingente cantidad de recursos que hubiera implicado en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc., pero hoy día y gracias a la tecnología esta perspectiva bien podría comenzar a ser una realidad. La automatización de procesos complejos que hoy son casi manuales, reduciendo tiempos y esperas, así como la acumulación y uso posterior de todos esos datos automatizados, a partir de capas de inteligencia artificial que permitan segmentar, prever, planificar anticipadamente y, finalmente, personalizar, es sólo una de las muchas mejoras tecnológicas al alcance.

Los Fondos de Recuperación asignan 4.239 millones de euros para la modernización de las administraciones públicas, unos fondos que deben pasar por transferir a gran escala innovación y digitalización a los servicios públicos. En este sentido, la mejor manera de defender un Estado de Bienestar de gestión íntegramente pública pasa por aprovechar herramientas tecnológicas ya validadas en el sector privado e incorporar culturalmente lo que éste mejor sabe hacer: innovar constantemente para alcanzar el bienestar de un individuo que se encuentra hoy en permanente cambio; no sólo con el fin de potenciar el Estado de Bienestar, sino para competir y ganar en servicio y calidad a la oferta privada. No hay mejor vía de alcanzar una sociedad igualitaria y meritocrática.

Imaginen un triángulo. Sus vértices están equilibrados conformando un triángulo equilátero que en el centro ya no tiene el Estado de Bienestar ideal, sino el bienestar mismo del ciudadano/a.

La globalización es un proceso de interacción e integración de Estados y personas en la economía mundial impulsado por el cambio tecnológico que afecta, directa o indirectamente, a la forma en que estudiamos, trabajamos, nos formamos culturalmente, comemos e incluso respiramos (aire contaminado). No se trata de un concepto nuevo, ni tiene una definición única. De hecho, a finales del siglo XVII ya se utilizaba el adjetivo “global” para referirse a algo de escala mundial. Algunos sociólogos sitúan simbólicamente el inicio de la globalización en 1989, cuando cayó el muro de Berlín y se desintegró la URSS, facilitando así la hegemonía económica del capitalismo. Por ello, podemos decir que la fecha de inicio del proceso globalizador es relativa ya que depende del punto de vista teórico desde el que se estudie, pero ¿y la fecha de fin? ¿se puede frenar el proceso globalizador? 

Riesgos globales en un mundo globalizado

La respuesta parece evidente para los teóricos escépticos, que creen que el proceso ya es imparable, pero que sí puede y debe ser reorientado hacia una dirección menos económica y más política; y optimizado, para proteger a la humanidad de los riesgos globales. Algo que, según refleja la crisis actual, no se ha hecho. 

Desde finales del siglo XX Ulrich Beck nos advertía de la existencia de tres riesgos globales relacionados con el medioambiente, con la salud y con la persona o el individuo, y característicos de lo que define como “sociedad del riesgo”. El autor define el riesgo como una “forma sistemática” de la sociedad para lidiar con el azar, la inseguridad y la incertidumbre provocadas por el proceso modernizador que se dio en a finales del siglo XIX. Estos riesgos se acentúan porque intervienen otros factores como la globalización, la individualización extrema, la revolución de género (reestructuración de la comunidad patriarcal) y el subempleo.

Uno de los elementos fundamentales de su análisis es que las sociedades occidentales y las no occidentales comparten un tiempo y un espacio, y también comparten los mismos riesgos. Estos riesgos son creados por el hombre y, tal y como lo ha reflejado la actual crisis sanitaria, ponen en peligro a toda nuestra civilización porque no se detienen en las fronteras nacionales. Algo que quedó patente el 11 de marzo del año pasado cuando la OMS reconoció la enfermedad por COVID-19 derivada del virus SARS-CoV-2 como pandemia. 

Sin embargo, añadía Beck que a diferencia de la primera modernidad, en la que las diferencias de clase desempeñaban un papel importante, en la sociedad del riesgo todas las personas se ven afectadas por igual por estos riesgos. Según Beck, las vías de escape privadas y las posibilidades de compensación se reducen. 

Que las vías de escape privadas se han reducido es un hecho: todos tenemos posibilidades de contagiarnos. Sin embargo, esta crisis sanitaria global pone en entredicho el argumento de Beck que dicta que “todas las personas se ven igualmente afectadas por los riesgos globales”. Esta crisis ha supuesto un mayor riesgo para determinados colectivos sanitaria y también económicamente. Así lo afirmaba Naciones Unidas en el documento titulado “COVID-19 and Human Rights: We are all in this together”.

Beck atribuye un peso importante en su análisis a la democracia como elemento de la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo es una “sociedad del desastre” en la que el estado de emergencia amenaza con convertirse en la norma. El sistema político se enfrenta al dilema de fracasar por el peligro o ignorar los principios democráticos básicos mediante una acción autoritaria. Este dilema ha estado presente a lo largo de todo 2020. El Índice de Democracia anual de la revista “The Economist” recoge este año las peores puntuaciones desde que se comenzara a calcular este valor en 2006.

Pese a que algunos autores tacharan de alarmista a Beck, en la mayoría de los países no hemos sabido evitar el riesgo de una pandemia. Y lo que es peor, el riesgo, hecho realidad en forma de catástrofe no ha afectado de igual forma a todas las personas. Al contrario, ha incrementado las desigualdades sociales tanto dentro de los países como entre países afectando más a los pobres y a las comunidades más vulnerables. Como afirmaba el Secretario General de Naciones Unidas en un mensaje de vídeo en abril de 2020 “el [corona]virus no discrimina, pero sus impactos sí”. En definitiva, la globalización ha jugado un papel fundamental en la expansión del virus, pero ¿cómo ha afectado la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla a la globalización? 

El estado actual de la globalización: ¿se ha visto afectado el proceso globalizador por la situación desencadenada por la pandemia?

Para responder a esta pregunta, vamos a recurrir al último informe sobre el Índice de Conectividad Global de DHL de 2020 que analiza los flujos comerciales, de capital, de información y de personas a través de tres dimensiones: la profundidad (Depth) de las interacciones a través de las fronteras de los países; su direccionalidad (flujos de entrada contra flujos de salida); y su distribución geográfica (amplitud). Para ello tiene en cuenta el 99% del PIB mundial y el 95% de la población mundial. El índice muestra para 2020 una evidente caída en la conectividad global con respecto a 2019. 

Dicho esto, por cuestión de espacio, analizaremos solamente los flujos comerciales, ya que han experimentado un incremento acelerado debido, en parte, a que las ventas transfronterizas de comercio electrónico discrecional se dispararon un 53% interanual durante el segundo trimestre de 2020. Pese a la caída del nivel de intercambio comercial al comienzo de la pandemia, este flujo ha experimentado una rápida recuperación. No podemos pasar por alto que recientemente se han firmado varios tratados de libre comercio. Esto explica que los intercambios comerciales hayan sido uno de los flujos menos afectados por la pandemia. Además, muchas de las industrias más afectadas (y con mayores tasas de desempleo, por ejemplo, los restaurantes y el sector de la hostelería) proporcionan servicios locales en lugar de bienes muy comercializados. Este hecho refleja que la pandemia ha impactado con más fuerza al comercio local, en manos mayormente de pequeñas y medianas empresas, en el Norte Global, y muy típico de las formas de economía informal en el Sur Global. 

Por su parte, el comercio de servicios informáticos y de comunicaciones que permiten el trabajo a distancia ha experimentado una ampliación. El confinamiento ha obligado a la gente a trabajar desde casa siempre que ha sido posible. Sobre todo, en ocupaciones del sector cuaternario, que se basa en el conocimiento y en la información. Sin embargo, el teletrabajo no sólo requiere una ocupación “teletrabajable”, sino también aportaciones del hogar relacionadas con la infraestructura básica (conexión a Internet y otros servicios de la vivienda) y la disponibilidad de tiempo .

La globalización económica se está reorientando hacia al sector tecnológico. Por un lado, en el estudio se pronostica una disminución de los intercambios internacionales de estudiantes de grado y posgrado debido, en parte, al auge de la educación online. También se constata una reducción del comercio de publicaciones impresas en favor de las alternativas digitales. Además del aumento excepcional de la demanda de entretenimiento en línea, educación, reuniones y otras innumerables alternativas a las interacciones en persona, provocado por los cierres de las fronteras nacionales y a las medidas de distanciamiento. Por otro lado, las industrias digitales (servicios digitales y fabricación de equipos informáticos) han visto crecer las fusiones y adquisiciones transfronterizas. Este sector es menos dependiente que el manufacturero de las empresas que invierten en activos físicos en países extranjeros. 

Así que parece que estamos presenciando una transición de la globalización hacia lo digital, lo tecnológico y lo informatizado. Este momento es crucial para que la gobernanza internacional se ponga de acuerdo con normas y reglas que sirvan para evitar más riesgos globales potenciales. Y sobre todo, para evitar que las posibles implicaciones de esta nueva versión de la globalización afecten de manera desigual a las personas.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Debemos dejar de ver la vejez como una catástrofe, porque no lo es. El incremento de la longevidad es un triunfo histórico, conseguido gracias a unas mejores condiciones de vida y a unos sistemas sanitarios que protegen a la población en caso de enfermedad y ha de ser percibido pues como un logro del progreso social y de la democratización de la supervivencia y no como una catástrofe. Y desde este foco hay que afrontar un futuro no demasiado lejano (aunque el coronavirus ha impactado sobre estas previsiones) en que el número de personas adultas y de personas mayores será mucho mayor que el número de jóvenes, algo que las migraciones o un incremento de la natalidad pueden mitigar, pero no frenar.

Aunque la vejez sea percibida de forma negativa como fruto de un edadismo que resalta aspectos como el impacto en los costes sanitarios y sociales, las situaciones de soledad o el rechazo a la decrepitud de los cuerpos, hay que reconocer que en las últimas décadas el proceso de envejecimiento se ha transformado de forma espectacular y ha contribuido a modificar aspectos esenciales de la vida social. 

La etapa de la vejez se ha dilatado en el tiempo y supone una percepción nueva del curso vital. Actualmente, una mujer española de 70 años tiene la misma esperanza de vida que tenía una mujer española de 56 años en 1960. Esto entraña cambios en la definición de qué es una persona mayor, así como en la representación de las trayectorias biográficas. La recientemente fallecida antropóloga Mary Catherine Bateson consideraba que el aumento de la longevidad no ha contribuido a extender la etapa de la vejez, sino que ha creado una nueva etapa, que ella denomina “segunda edad adulta”.  Y a la “tercera edad” se añade una cuarta e, incluso, una quinta edad. La presencia simultánea de cuatro generaciones en las familias constituye una verdadera revolución en las dinámicas sociales y familiares  que han hecho nacer no solo unas relaciones intergeneracionales inéditas, sino también una transformación de los roles de género, de las necesidades de cuidados y de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. 

Todas estas transformaciones hacen que se pueda considerar que, en el contexto de las sociedades europeas contemporáneas, se han generado “nuevos envejecimientos”. Y es que esta “segunda edad adulta” se caracteriza por su gran vitalidad y elevada participación social y política, lo que rompe con los estereotipos asociados a la vejez. Las personas mayores no representan las supervivencias de un pasado al cual se aferran, sino que son sujetos activos en la transformación de las sociedades. No se pueden identificar solamente (ni principalmente) con personas que se encuentran en situación de dependencia, sino como sujetos que crean un nuevo tipo de ciudadanía activa que influye en las decisiones sociales y políticas y que cada vez lo hará más como fruto de su mayor presencia en número y en protagonismo.

En el contexto familiar, por otra parte, se ha incrementado el rol social, simbólico y práctico de las personas mayores pues, como ocurre en el conjunto de la sociedad, tienen mayor presencia en unas familias extensas que, no solo no han desaparecido, sino que, por el contrario, se han consolidado. Actualmente, la estructura intergeneracional es más compleja. Hay más generaciones que pueden coexistir durante un periodo de tiempo más largo y cada individuo puede tener más de dos roles o posiciones generacionales en el curso de vida, incluso de forma simultánea. Así, una persona puede ser a la vez abuela, madre e hija y, especialmente el estatus de hija o de hijo puede alargarse durante muchos años. Por otro lado, las personas mayores tienen también un rol activo en las transformaciones familiares, pues en su trayecto vital pueden haber experimentado, ellas mismas o sus hijos/as, las evoluciones provocadas por el divorcio, la recomposición de las parejas, la pluriparentalidad o los vínculos homosexuales.

Evidentemente, el perfil de las personas mayores varía mucho como efecto de las desigualdades sociales. El tan estimado envejecimiento activo es más fácil de conseguir cuando se dispone de recursos económicos y culturales, así como de un amplio abanico de redes familiares y sociales. Los sectores de población más humildes envejecen en peores condiciones de salud, y la esperanza de vida es más baja que entre los sectores más adinerados. Por otra parte, no se envejece igual siendo hombre o siendo mujer. El ejercicio de los roles de género a lo largo de la vida establece desigualdades que se reproducen y acrecientan en la vejez. También las transformaciones de los cuerpos se perciben de forma diferente, de manera que para las mujeres es un imperativo tejer estrategias para disimular los signos del envejecimiento y evitar la invisibilidad social asociada a la vejez que, en el caso de los hombres, se expresa de forma bien distinta. Como señaló Susan Sontag hay un doble estándar para envejecer. Cabe mencionar, finalmente, las diferencias en la forma de envejecer entre las personas que no residen en sus países de origen y que tienen el dilema de mantenerse en ellos o de volver a su país.

Pero hay otro tema importante que aparece también asociado a la vejez como es la necesidad de cuidados que requieren las personas mayores que han perdido su capacidad de autonomía y han entrado en situación de dependencia, lo que implica necesitar de terceras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria. El análisis de los cuidados en la etapa del final de la vida constituye un punto crítico para comprender cómo este incremento de la longevidad modela las experiencias y significados del cuidado, moviliza agentes y recursos para llevarlo a cabo y constituye un punto de interconexión entre la economía moral y la economía política. Sí, es posible que necesitemos más cuidados en la etapa final de nuestras vidas. Pero recordemos que ser cuidado es un derecho, no un capricho. Cuidar y ser cuidado es la base del sustento de la vida y merece dar valor también acompañarnos para tener un final de vida digno.

Hay pues un “nuevo envejecimiento” asociado al incremento de la longevidad, pero también a las nuevas formas de vivir y de reivindicarnos como personas. Y este es sin duda uno de los cambios más profundos de nuestra sociedad, puesto que modifica las experiencias de vida, transforma la relación entre generaciones y afecta a las lógicas económicas y políticas de los Estados. Hay que reivindicar la nueva vejez, en lugar de denigrarla. Mary Luz Esteban, antropóloga y amiga, ha escrito el Manifiesto de las mujeres viejas. Una poesía feminista que reivindica a estas mujeres viejas soberanas de sí mismas, que no podemos asociar a los estereotipos de pasividad, sumisión y receptoras de cuidados. Me siento felizmente representada.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

La familia es un agente esencial en la provisión de cuidados, y dentro de la familia son las mujeres las encargadas de realizarlos, como un mandato derivado de sus roles de género y de parentesco. Es así en la vida diaria, cotidiana, en que se practica el cuidado propio y el de las personas del entorno familiar inmediato. Pero el cuidado toma su visibilidad cuando se configuran necesidades especiales que derivan de las situaciones de crianza (cuidado de niños y niñas) o del cuidado hacia personas mayores y dependientes. Es en este marco donde el cuidado desborda el marco familiar para pasar a ser una cuestión social y política.

La arquitectura del cuidado está construida a partir de desigualdades de género y de desigualdades sociales. La vida de las mujeres está atravesada por el cuidado, lo que impacta en sus trayectorias laborales y sociales, constituyendo un elemento de discriminación y desposesión. Por otro lado, las personas con pocos recursos envejecen peor, tienen más necesidades de cuidados y menos recursos materiales para resolverlas, lo que obliga mucho más a las mujeres de la familia. Donde las políticas públicas para atender los cuidados son débiles, como sucede en España, se hace más necesario este altruismo obligatorio que practican las mujeres y también la solidaridad intergeneracional. Esta insuficiencia en recursos públicos obliga a su vez a las familias a recurrir al trabajo de mujeres migrantes, con salarios precarios y pésimas condiciones laborales. Es esta otra expresión de como el cuidado está configurado desde ejes de desigualdad. Por esto indicamos la necesidad de democratizar los cuidados. A ello nos referiremos más adelante.

En la literatura académica se ha acuñado la expresión de “crisis de los cuidados” para referirse a una situación paradoxal y que está llegando a una situación límite, y es el hecho de que mientras se incrementan las necesidades de cuidados (especialmente los relacionados con la vejez), disminuyen las posibilidades de cuidar. Esta crisis de los cuidados se origina por la intersección entre unos cambios demográficos y unos cambios sociales y culturales de gran magnitud.

Estamos a nivel mundial en un momento de transición demográfica: hemos pasado de un régimen que se caracterizaba por una alta mortalidad de tipo catastrófico y por una elevada fecundidad, a otro en que se invierten las variables anteriores: reducción de la mortalidad y disminución de la natalidad. Esta dinámica conforma el envejecimiento de nuestras sociedades: vivimos más años y hacemos menos hijos/as. Resultado: nuestras sociedades envejecen. Dos son las razones más comúnmente atribuidas a este proceso: 

En primer lugar, el descenso de la fecundidad se ha producido en prácticamente todos los países del mundo, de manera que a partir de la segunda mitad del siglo XX, las tasas de fecundidad se sitúan por debajo de las tasas de reemplazo de la población. Así sucede en países tan diversos como Estados Unidos, Chile, Brasil, China, Japón, Alemania o Rusia. España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (1,3 hijos por mujer). Solo los países africanos están experimentando actualmente un crecimiento demográfico.

En segundo lugar, se ha producido una drástica reducción de la mortalidad en todas las etapas de la vida, especialmente entre las personas de más de 55 años, lo que comporta que progresivamente haya una mayor proporción de personas con más de 80 años y un notable incremento de la esperanza de vida al nacer. Si nos situamos en el caso de España, por ejemplo, en 1960 la esperanza de vida de las mujeres era de 71,7 años, mientras que en 2020 era de 85,1. En el caso de los hombres era en 1960 de 66,7 años, y en el 2020 de 79,7 (13,4 y 13 años más, respectivamente).

En paralelo a estos cambios demográficos se han producido cambios sociales y familiares muy importantes. El más relevante es la participación laboral de las mujeres de clase media (las de clase obrera siempre la han ejercido) y la consecuente generalización de las familias de doble salario, en que tanto los hombres como las mujeres aportan ingresos para el sustento familiar. Esto ha ido acompañado en el caso de España de un mayor acceso a la educación por parte de la población y de una movilidad social ascendente a través de la educación. En consecuencia, actualmente las mujeres tienen menos disponibilidad para cuidar y, frecuentemente, han sido sus propias madres quienes las han estimulado a estudiar, a tener una vida propia y no estar atadas a los cuidados. La figura del ama de casa, dedicada a cuidar de sus familiares, prácticamente ha desaparecido y queda reducida a las generaciones mayores. También las familias han experimentado cambios sustanciales, a partir de la presencia de divorcios, familias recompuestas, familias monoparentales, y la diversidad de formas de convivencia. Unas familias a menudo fragmentadas por la lógica de la vida urbana y también por las migraciones.

A pesar de estos cambios en la familia y en la vida de las mujeres, el modelo de cuidados se sigue sustentando idealmente en la familia y en la figura de la mujer como pilar básico. Un modelo que ya no existe. Los hombres, por su parte, han incrementado su participación en las actividades de crianzas, pero apenas se implican en los cuidados de personas mayores y dependientes. Donde las políticas públicas son débiles, como sucede en el caso de España o de Italia, por ejemplo, la familia tiene que hacerse cargo de unos cuidados que cada vez son más difícil de resolver, ya que en el caso de la vejez aumenta el tiempo en que se requiere cuidados y estos, a su vez, son de mayor complejidad e intensidad. En estas condiciones, la crisis de los cuidados está servida. 

Es urgente democratizar los cuidados. Los cuidados están provistos desproporcionadamente por la familia y por las mujeres. Se requiere un mayor compromiso público y comunitario.

El término democratización de los cuidados es potente y evocador. Supone plantear una organización social del cuidado basada en valores democráticos tanto para las personas que los reciben como para quienes los proporcionan. Surge de una propuesta de Sandra Ezquerra y Elba Mansilla que asume el Ayuntamiento de Barcelona como guía de la intervención social en este tema y que hemos empezado a utilizar en el marco académico como referencia y propuesta política. La democratización de los cuidados pasa por los siguientes ejes:

1) Promover el reconocimiento del cuidado y de su centralidad.

2) Socializar las responsabilidades del cuidado.

3) Repartir el cuidado entre hombres y mujeres, para eliminar la (mal)división sexual del trabajo.

4) Tener en cuenta los derechos y las demandas de las personas receptoras de cuidados, en función de su ciudadanía y no solo como consumidores.

Cada una de estas dimensiones es un paso positivo hacia la democratización de los cuidados, pero el avance de solo una de ellas constituye una democratización parcial o incluso un retroceso. Por ejemplo, si no se dan de forma simultánea una socialización del cuidado y un reconocimiento social de este, esta socialización podría darse en una dirección mercantilizadora y perjudicar el derecho al cuidado de los colectivos pobres. Por esto las cuatro dimensiones están interrelacionadas.

También hay la necesidad de avanzar hacia una sociedad cuidadora, enfocada desde esta perspectiva del cuidado como organización social. Esto implica reconocer la vulnerabilidad de los seres humanos, potenciar la solidaridad generacional y de clase, y dar prioridad a los valores asociados al cuidado: pensar en las necesidades de los demás frente al individualismo. Es avanzar en el modelo de la “paridad en el cuidado”, que defiende Nancy Fraser, potenciar las iniciativas comunitarias y fortalecer el Estado para proveer servicios públicos y protección social. Supone dar valor al vínculo social. Este es un buen punto de partida para superar el modelo de la hegemonía mercantil, adoptar la lógica del antiutilitarismo y de la sostenibilidad de la vida como prioridad. En este sentido, el cuidado se sitúa como un elemento de profunda transformación social al subvertir las relaciones dominantes a nivel económico y político.

Esta urgencia no es nueva. Hasta hace poco más de un año estábamos muy lejos de conocer que una pandemia tan terrible como el coronavirus nos cambiaría nuestro mundo de forma tan drástica y repentina. Lo que entonces nos parecía pertinente, urgente, imprescindible de tratar (como es el cuidado a mayores y dependientes), hoy se ha convertido en plena actualidad. La pandemia ha revelado la fragilidad del sistema de cuidados tal como está organizado actualmente. Y ha revelado también que se trata de una cuestión social y política, no una mera cuestión individual o encerrada en las familias.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

“Mi vida es oscura, los días son grises”, me pareció oír en la música que sonaba en el móvil del chaval con el que me crucé esta mañana. Iba hacia el colegio con la capucha puesta y tras su mascarilla se entreveía una cara desvaída y ya cansada. En estos tiempos confusos e inquietantes me pregunto qué esperará este joven y otros del futuro.

Cuando se oye a figuras públicas hablar de “no dejar a nadie atrás”, además de pensar en el presente, en los que vivimos o malvivimos ahora, es necesario pensar en el futuro, en los que sin duda vendrán y a los que tendremos que dar explicaciones. Existe una responsabilidad colectiva de hacer posible que las vidas futuras sean también dignas. Los jóvenes ya nos llamaron la atención con el cambio climático, sin embargo parece que no les hacemos mucho caso. Ni en eso, ni en otras muchas cosas. Y ellos también cuentan.

Los jóvenes y no tan jóvenes nos vamos a ver en un espacio de tiempo muy corto afectados por la robotización, el desarrollo de la inteligencia artificial y el progreso de los algoritmos. Ya no hablaremos del “internet de las cosas” sino del “internet de todo”. Sin embargo no existe un verdadero derecho de acceso universal a internet dotado de las garantías necesarias para el usuario.

Este es un gran reto para la sociedad en su conjunto, pero también especialmente para el sistema educativo. El joven que vi esta mañana trabajará codo con codo con algún tipo de robot. ¿Qué tipos de tareas realizarán uno y otro? Los robots han dejado de realizar trabajos pesados y repetitivos y se está desarrollando su capacidad para aprender de la experiencia y tomar decisiones casi de forma independiente, por lo que cada vez más van a interactuar con su entorno y van a poder modificarlo. Y su entorno también será el nuestro. ¿Tendrá este joven capacidades digitales básicas que le permitan tener un trabajo decente? ¿Qué competencias digitales se están enseñando en nuestras escuelas? ¿Son nuestros sistemas de formación flexibles como para garantizar el desarrollo de capacidades que se ajusten a las necesidades de una economía que claramente va a cambiar por la cada vez mayor utilización de robots? Y algunos aturdidos e incomodados por la lengua vehicular de la escuela… que quizá debiera ser el Java.

Y los que ya no vamos a las escuelas ¿cómo nos adaptaremos al mercado laboral? ¿Cómo vamos a afrontar la deslocalización y la pérdida de puestos de trabajo debida a la utilización de robots e inteligencia artificial? Una respuesta, ya vieja, es la del aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero este esfuerzo ¿lo deberemos pagar los trabajadores o lo deberían costear los empleadores? ¿Cómo serán los modelos de empleo? ¿Será el trabajo más seguro por la utilización de robots o por el contrario se hará más peligroso por la necesaria interacción con ellos?

¿Deberemos tener varios empleos para poder alcanzar un sueldo que cubra nuestras necesidades? O a la inversa: ¿podremos trabajar menos tiempo liberados por el trabajo que realicen los robots? Ya se están planteando jornadas de 32 horas semanales. La idea no es nueva, el filósofo y monje dominico Tommaso Campanella en su obra utópica Cité du soleil, de 1611, ya apostaba por una jornada de 4 horas al día.

Más preguntas: ¿cómo se sostendrán nuestros sistemas tributario y social? ¿Seremos capaces de proporcionar los recursos suficientes para mantenerlos y mejorarlos teniendo en cuenta que los robots no cotizan a la Seguridad Social? ¿Deberían las empresas muy robotizadas pagar un impuesto especial? ¿Estaría justificada la implantación de una Renta básica para toda la ciudadanía? ¿Será posible la tan deseada desconexión del trabajo o estaremos más controlados y se invadirá más nuestra privacidad con sistemas de geo-localización y reconocimiento facial? ¿Se vulnerarán aún más nuestros derechos fundamentales en el ámbito laboral?

Más allá del ámbito laboral, ¿cómo impactará la robotización en el medio ambiente? ¿Se generarán más residuos eléctricos y electrónicos? ¿Cómo se repararán? ¿Se utilizará la economía circular tan vaciada de contenido ya en la actualidad? ¿Serán positivos para la agricultura? ¿Se desarrollará la agricultura de precisión? ¿Cómo repercutirá en las pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas en las que compramos? ¿Cómo repercutirá en el transporte? ¿Veremos cómo los drones nos traen a la puerta de nuestras casas las lechugas, las acelgas y las zanahorias que compramos ahora en el mercado cercano?

¿Cómo afectará la utilización de robots a nuestras relaciones sociales? Ya ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ahora lo hacemos a través de las redes sociales en las que las “cámaras de eco”, que retroalimentan nuestras ideas y nos ponen anteojeras volviéndonos más jamelgos que corceles, nos impiden conocer ideas distintas a las nuestras, de las que siempre se aprende algo. Redes sociales que en ocasiones propagan falsedades con no se sabe qué fin oscuro. Todavía no existe un verdadero derecho a la neutralidad de la Red. ¿Habrá sido el algoritmo de una plataforma de música el que haya recomendado al chico que vi esta mañana la canción que iba escuchando?

Y si tenemos en cuenta la perspectiva de género, ¿cómo logramos que las jóvenes escojan carreras vinculadas con el mundo digital para que ellas también estén capacitadas para los cambios que se avecinan? El derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, al igual que la protección de menores, personas mayores y personas con discapacidad (me sorprende que se haya utilizado este término), ya viene recogidos en la Carta de Derechos Digitales, en la que se ha podido participar con aportaciones públicas hasta este pasado 20 de enero. Sin embargo, si nos quedamos en una mera declaración de intenciones poco vamos a solucionar.

Aunque es obvio el avance que supone la utilización de la robótica, la Inteligencia artificial y los algoritmos, surgen también posibles riesgos que deben estudiarse teniendo en cuenta la dignidad humana, el derecho a la libertad y la seguridad, el respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la protección de datos o la no discriminación. Todos ellos derechos fundamentales de la ciudadanía. Profundizar en su desarrollo, siempre teniendo en cuenta la igualdad, justicia y equidad entre los ciudadanos y ciudadanas, no se puede olvidar. Necesitamos, en definitiva, una ética para dar respuesta a esta transformación que vamos a vivir en la organización de nuestra sociedad, nuestra economía y en nuestras vidas. ¿Se estudia Ética en nuestras escuelas?

El individuo, como decía Ortega y Gasset, “no estrena la realidad”. El individuo se encuentra con unas posibilidades y unas limitaciones, es heredero de un pasado que condiciona tanto su ser como sus posibilidades de triunfo o fracaso. Nacemos en una sociedad que ya está configurada. Nuestro destino va de la mano del destino de los otros, con los que compartimos nuestra vida y nuestra Historia. Poner por encima la protección humana y la protección de la vida dibuja un camino por el que se puede transitar estos tiempos llenos de desánimo, impotencia y desengaño. Por aquellos que recorrerán el futuro, el abatimiento no nos puede ganar. Se pone de manifiesto la necesidad de descubrir un innovador orden para la vida, la presente y la futura. Con el atrevimiento y la audacia de los jóvenes seguro que lo conseguimos. La vida será luminosa y los días azules.

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Hace unos meses se publicó la versión definitiva del año 2020 del Índice Mundial de Innovación (GII, por sus siglas en inglés). Se trata de un ranking elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), entidad perteneciente al sistema de Naciones Unidas, que se propone ordenar a los países en función del grado de desarrollo de sus sistemas de innovación. Este ranking evalúa a un total de 131 países agrupados por nivel de ingresos, que en total representan el 93,5% de la población mundial y el 97,4% del PIB mundial medido en paridad de poder adquisitivo en dólares corrientes. 

El índice general (The overall GII Score) se construye mediante la agregación de dos sub índices, uno correspondiente a los inputs de la innovación (Innovation Input Sub-Index) y otro correspondiente a los outputs (Innovation Output Sub-Index). Cada uno de ellos está compuesto por una serie de pilares (apéndice II) que capturan los principales elementos que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras dentro de un país como son las instituciones, el capital humano, las infraestructuras, el grado de sofisticación de los mercados y de las iniciativas empresariales en el caso de los inputs. Y el resultado de dichas actividades en términos de conocimiento, de tecnología y de creatividad en el caso de los outputs. Estos pilares se nutren a su vez de un conjunto de variables (apéndice III) que se cuantifican mediante los esfuerzos estadísticos previamente realizados por organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE, el FMI y Eurostat entre otros, sobre los cuales existe un amplio consenso estadístico a pesar de las limitaciones existentes tanto en los mecanismos de obtención de datos como en la propia cuantificación de los ítems medidos.

Hay que reconocer que esta metodología deja fuera cuestiones cualitativas relacionadas con las estructuras de poder que dominan la economía mundial, y adolece de una cierta concepción superficial  sobre los resultados de la innovación (outputs) que no recoge del todo los posibles efectos transformadores sobre las estructuras económicas de los países. No obstante, el índice adopta positivamente una perspectiva inclusiva del concepto de innovación. Por tanto, contribuye a entender la complejidad de los sistemas de innovación modernos donde intervienen diferentes agentes económicos (tanto públicos como privados), diferentes infraestructuras (tanto físicas como digitales), diferentes dimensiones (productiva, comercial, financiera, tecnológica, educativa...) y diferentes procesos (mercantilizados o no).

Entre las principales conclusiones del informe se encuentra el previsible descenso a nivel general que se producirá a partir de este año 2021 en la inversión en I+D (principalmente de origen empresarial) a consecuencia del escenario recesivo que está configurando la crisis de la COVID-19. Sin embargo, las inversiones de grandes empresas de los sectores tecnológico, farmacéutico y biotecnológico pueden compensar las caídas en sectores tradicionales más afectados por la crisis como el transporte, logística o turismo. A su vez, las inversiones públicas deberán superar su carácter de ayuda y emergencia ante la pandemia para adoptar una posición explícitamente activa de financiación de la innovación y la creación de empresas emergentes si se quiere superar esta crisis y sentar las bases de un progreso sostenible en el tiempo. 

Respecto a la actividad del capital riesgo, principal fuente de financiación contemplada en el informe, se prevé una concentración de los decrecientes fondos en los principales polos de atracción, tanto geográfica (Singapur, Israel, China, Hong Kong, Luxemburgo, los Estados Unidos, la India y el Reino Unido) como sectorial (actividades científicas, técnicas y tecnológicas).

A nivel nacional las economías emergentes como China, India, Vietnam, Malasia, Filipinas o Indonesia continúan reduciendo su distancia frente a las ya clásicas economías líderes en innovación como Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos o Corea. Por otro lado, continúa existiendo una fuerte heterogeneidad en los resultados tanto de la región de América Latina y el Caribe como  del continente africano, con el liderazgo principal de Brasil, Chile y Uruguay; y Sudáfrica, Túnez y Marruecos respectivamente.

Entre toda esta información, ¿qué pasa con España? ¿Dónde estamos?

España, como país del grupo de ingresos altos, se encuentra en la posición número 30, habiendo retrocedido un puesto con respecto al índice de 2019. Entre las fortalezas de nuestro país, el índice destaca 1) el elevado nivel de escolarización en la enseñanza universitaria, 2) el compromiso con las actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental, 3) el potencial de escalabilidad del mercado doméstico, 4) el gasto en I+D de las tres principales empresas globales y 5) el grado de participación y desarrollo de las tecnologías de la información y la telecomunicación. Por otro lado, respecto a las principales debilidades, el índice hace hincapié en 1) las facilidades para emprender iniciativas empresariales, 2) el acceso al crédito y los niveles de inversión privada, 3) la formación bruta de capital fijo en infraestructuras como % del PIB, 4) el gasto en educación en % del PIB y 5) las colaboraciones entre el sector educativo y el sector industrial.

Como conclusión sobre las evidencias que recoge este índice, podríamos decir que a pesar de las limitaciones que pueden tener su construcción y las variables seleccionadas, es una herramienta funcional para conocer el estado en el que se encuentran los países en términos de innovación. Entendiendo esta como la pieza clave que hace que todo el engranaje económico-social-político funcione de manera propicia.

Dada la coyuntura actual y la proximidad de los fondos europeos del programa Next Generation EU todos los esfuerzos por identificar algunos de los aspectos clave en los que los diferentes responsables políticos y económicos deberían poner el foco, son útiles y necesarios. Y este aspira modestamente a ser uno de ellos.

En una fase histórica de la economía mundial como la que nos encontramos, en la que la que el unilateralismo, las desigualdades y la debilidad estructural de las economías con respecto al crecimiento económico amenazan las posibilidades reales de mejorar la vida de las personas, la innovación llevada a cabo de manera colaborativa entre diferentes agentes de índole nacional e internacional se vislumbra como la única solución para dar respuesta a los principales retos que tenemos por delante. Empezando por poner freno a la pandemia de la COVID-19 que continúa expandiéndose por todo el mundo, y continuando por revertir la incipiente crisis ecológica derivada de nuestros modelos de producción y consumo que genera problemas tan acuciantes como el cambio climático o el agotamiento de los recursos naturales. A lo que debemos añadir la necesidad de modernizar nuestros aparatos productivos para hacerlos más eficientes, sostenibles y resilientes ante amenazas externas, y la exigencia de reducir los desequilibrios sociales que imperan en nuestras sociedades como la pobreza, la polarización y la discriminación de raza o género. 

Todavía está por determinar cuál será el marco institucional y los instrumentos más adecuados para implementar los fondos europeos en nuestro país. Además, habrá que realizar una ardua tarea de evaluación del impacto y la capacidad transformadora de los mismos. Tareas no menos importantes que la propia transformación estructural que necesita nuestra economía. Pero lo que queda claro es que España debería utilizar estos recursos para ganar posiciones en éste y otros índices similares, siendo ello el reflejo de una (necesaria) modernización de los procesos que rigen nuestra economía actualmente.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Esto es lo que nos preguntamos todos. Si de esta saldremos mejores o majaras, como dice el meme. Y la pregunta no es solo relevante desde el punto de vista del bienestar individual o social. Es clave porque la COVID ha venido a entretejerse en un momento en el que teníamos que estar avanzando hacia el cambio de modelo económico. Los riesgos planetarios no han mejorado. Lo avisa ya hasta Bill Gates: el impacto de la crisis climática va a ser mucho mayor al de esta pandemia.

O nos ponemos ya con el cambio de modelo o nos enfrentamos a un periodo de mucho sufrimiento, más que el que ha traído el dichoso virus. ¿Nos ha ayudado esta pandemia a desarrollar las habilidades individuales o las capacidades comunitarias para enfrentarnos a la transición? La verdad es que hay señales en los dos sentidos.

Por un lado, hay una ralentización de la vida bulímica que llevábamos que puede ayudar a tomar conciencia de lo fundamental, a reorganizar prioridades o cambiar modos de vida. La elección de vivir en una zona rural en un periodo de desarrollo del teletrabajo nos muestra que es posible redistribuirnos y aprovechar la tecnología para evitar consumos y emisiones propios de un entorno urbano. Tenemos ganas de bosque y los de la ciudad invadimos cada fin de semana las zonas cercanas de la sierra. Y esto, que parece/es malo, tiene un lado bueno: nos lleva a darnos cuenta de cuánto necesitamos la naturaleza para ser felices. Porque solo protegeremos la naturaleza si aprendemos a quererla.  

Por otro lado, se está instalando una cierta anomia, una desgana que a menudo afecta también a la esperanza. Se llama agotamiento del yo a este efecto: la resiliencia demanda recursos y cuanto más tiempo debemos ser resilientes, más agotamos las reservas. Sería terrible que la pandemia nos dejara con el contador a cero: para impulsar y realizar el cambio social necesitamos tener llenos los depósitos de energía. Los movimientos ciudadanos en digital pierden fuelle. La vida comunitaria funciona mejor en entornos físicos y la obligación de migrar a encuentros digitales los ha debilitado.

Por un lado, hemos reducido consumos impulsivos y algunas categorías como productos bio o plantas han crecido. Hay una mayor responsabilización del ciudadano de a pie por sostener la economía, comprando a los comercios locales. Por otro lado, estamos tirando cada vez más del comercio digital y los envíos a domicilio. Y este modelo, comparado con el hecho de ir a recoger lo que necesitas a un punto central, genera más emisiones y congestión urbana, por no hablar de que se sostiene tantas veces en un modelo de trabajo precarizado.

Por un lado, esta pandemia nos ha mostrado que es posible tener un objetivo común (evitar el bicho, evitar las muertes, aplanar la curva); que los poderes públicos pueden marcar caminos y normas y hacerlas respetar; que los vecinos pueden unirse para llegar donde no llega el estado, haciendo grupos de ayuda mutua, cadenas de voluntarios o poniendo lo que cada uno sabía hacer (yoga, bingo, magia) al servicio de lo común. Que hemos estado aplaudiendo todos a las ocho durante 12 semanas y no había horas al día para hacer todas las actividades que nos ofrecían. Por otro lado, queda patente que siempre habrá un grupo de escépticos que niega el problema; y otro grupo, más numeroso quizá, que lo ignora y sigue poniendo su beneficio personal por encima del bien común, y no sacrifican sus fiestas, sus comidas, sus encuentros, aunque revienten la curva.

Por un lado, salimos mejores. Por otro lado, salimos majaras.

La cosa es que no podemos abandonarnos al escepticismo, a la desgana ni al 'yovoyalomío', ni podemos seguir en esta locura social donde cada uno sigue las voces que escucha en su cabeza y tira para un lado. Tenemos por delante un proyecto claro, el Pacto Verde, que busca cambiar los modelos económicos y sociales en casi todas las industrias y que lleva, de rebote, a cambiar la organización de la vida urbana-rural y la vida en el hogar. Acortar cadenas de suministro, regenerar zonas agrícolas con cultivos sostenibles, conservar o aumentar las reservas hídricas, defender y restaurar los ecosistemas, descarbonizar enteramente el sistema energético, circularizar todos los sistemas productivos evitando el despilfarro, mejorar los edificios para hacerlos más seguros y eficientes.  Ahí es nada. Y en este proceso, no podemos dejar a nadie atrás.

Este cambio solo va a ser posible si unimos esfuerzos. El Pacto Verde solo se va a conseguir si en las demás escalas - la nacional, la autonómica, la municipal- generamos alianzas donde todos rememos en la misma dirección. El tiempo se acaba. No podemos perder más tiempo en disputas fútiles. Tampoco podemos ponernos de perfil, porque nuestra apatía pone en  riesgo nuestra propia supervivencia.

Esta alianza compete, por supuesto, a los poderes públicos, pero no solo. Tenemos que involucrarnos todos: centros educativos, profesores, influencers de toda condición y tamaño, comunidades religiosas, guionistas, creativos, periodistas, artistas, deportistas, cantantes, actores y actrices... Necesitamos una banda sonora que nos suene a diario y nos recuerde la meta y que podemos. Y un relato del futuro al que vamos que nos de el impulso de llegar hasta allí.

Todos tenemos que jugar un papel para generar el cambio individual, y el más difícil, el cultural que va a posibilitar el Pacto Verde. Porque las barreras para el cambio no están en la falta de soluciones, sino en la resistencia a adoptarlas. A veces porque las alternativas más sostenibles se perciben menos eficaces, dan un poco de asco, no sirven para señalar status social, o no se anclan bien en nuestras particulares ideologías. Y para cambiar eso hay que movilizar otras lógicas, otros mitos y otros marcos culturales para que el cambio de estilo de vida que supone el Pacto Verde sea adoptado.

Tenemos muchos ejemplos de que es posible hacerlo. Si se piensa cómo ha cambiado en España, en muy pocos años, la visión del tabaco, los toros, el aceite de palma o del coche diésel, tendrá motivos para el optimismo.

Que se puede, pero con un plan. Haciendo procesos de abajo-arriba, de arriba-abajo y en diagonal, en zig-zag o en círculo. Pero ya, porque vamos tarde.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

La economía mundial ha sufrido dos crisis de envergadura en un período de tiempo muy corto. De modo que, sin apenas  poder recuperarse de las consecuencias de la primera, ha llegado la segunda. Las dos se han producido por causas diferentes. La primera, una crisis financiera que se trasladó muy rápidamente a la economía real, fue debida  a causas económicas derivadas del modelo neoliberal que se impuso desde la década de los ochenta del siglo pasado. La segunda  ha sido provocada por un agente como el virus, en principio un factor exógeno a la economía.

El modelo neoliberal ha supuesto un ataque a la intervención del Estado en la economía, dando primacía al mercado como el mecanismo más idóneo para la asignación de los recursos. Todo ello ha llevado consigo privatizaciones de empresas de los sectores de la producción y los servicios, y desregulaciones en los diferentes mercados, fundamentalmente en el laboral y financiero. Se impulsó la globalización, en la que las finanzas adquirieron la hegemonía sobre la actividad productiva y el comercio.  Los mecanismos del Estado-nación quedaron limitados, como consecuencia de la globalización, y de la pérdida de autonomía resultado de ella, y de las progresivas privatizaciones, así como de la desaparición de las políticas públicas sectoriales y regionales. En consecuencia, con estas ideas se alentaron políticas de bajadas de impuestos, disminución del gasto público y recortes de los déficits públicos.

Las consecuencias fueron un aumento de la desigualdad, que fue acompañado de una creciente concentración de la riqueza y renta en el 1% de la población, y un incremento de la especulación y del endeudamiento privado. La crisis que  se desencadenó con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 fue el resultado de un conjunto de fuerzas que se desataron en una fase de un capitalismo desbocado. La especulación financiera, bursátil e inmobiliaria desempeñó un papel decisivo, así como el endeudamiento y la desigualdad. Se produjo la quiebra de un modelo que se había desarrollado en tres décadas, impulsado por los intereses económicos dominantes, que han sido los grandes beneficiados, y legitimado por el paradigma económico que se impuso desde la década de los setenta  del siglo XX.

Las causas de la crisis no se combatieron y la recuperación fue una salida falsa, que ha dejado al descubierto todos los puntos flacos con el coronavirus. El debilitamiento de los servicios públicos, fundamentalmente el de salud, y los recortes en I+D, junto con la precariedad del trabajo, han agravado las consecuencias de la pandemia.  Ahora bien, ¿se puede descartar que el surgimiento de la pandemia no tuviera nada que ver con la economía? De hecho, cuando lo he planteado como una variable exógena lo he matizado diciendo “en principio”. Menciono esto porque ha habido científicos que han vinculado la aparición de un virus tan contagioso, agresivo y letal al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la reducción del espacio de los animales salvajes y la deforestación. Todo ello es interdependiente y responde en parte al cambio climático, pero también al avance de la agricultura industrial y la demanda de madera que provoca el talado de los bosques. 

En España, Fernando Valladares ha insistido en la tesis de la pérdida de biodiversidad  y el achicamiento del espacio de los animales salvajes como causante de la existencia de virus como el de la Covid-19. Se pueden ver  varios vídeos en los que expone de forma muy pedagógica sus argumentos.  A este respecto, es muy interesante el libro del sueco Andreas Malm El murciélago y el capital (Errata Naturae, 2020). No soy científico ni experto en esta materia para afirmar de un modo categórico que estas circunstancias puedan ser las causas de la pandemia actual y de las que puedan venir en el futuro. En todo caso, sus argumentos me parecen muy convincentes. El libro de Malm se encuentra muy documentado y cuenta con una extensa bibliografía que avala su postura.  Desde luego, es una aproximación a un hecho del que siguen sin saberse las causas que han motivado la aparición de este virus. De ser esto así, resulta evidente que la pandemia no es ajena al modelo económico actual,  que no solamente provoca el cambio climático, sino que es un gran depredador de la naturaleza. 

De manera que un virus que no es una variable económica, sino que responde a motivaciones biológicas, puede ser generado por factores económicos. De forma que, si la crisis financiera puso en cuestión el fundamentalismo de mercado,  la crisis derivada de la pandemia, que está siendo mucho más grave que la anterior, cuestiona el modelo de producción y consumo actual. Las negativas consecuencias que se están provocando no sabemos hasta donde pueden llegar, pues todo dependerá de la duración de la pandemia, de las consecuencias de lo que supone la mutación del virus o de la aparición de otros virus. La vacuna es posible que acabe con el virus, pero para conseguir una erradicación de éste resulta necesario que se vacune a casi toda la población mundial. Las dificultades para que puedan acceder a ella los países subdesarrollados pueden ser un problema de gran envergadura. 

Si hay algo que se puede aprender de las dos crisis es que el mercado está lejos de generar modelos socialmente deseables, lo que conduce a la necesidad de que el Estado desempeñe un papel fundamental y que vuelva a coger la batuta que en su día tuvo, pero que le ha sido arrebatada. Antes de la crisis de 2008 ya se habían hecho proposiciones para corregir un rumbo de la economía que se consideraba peligroso, como así  quedó puesto de manifiesto  con el estallido que tuvo lugar. Las tendencias perversas se agudizaron con el desenvolvimiento de la Gran Recesión, pero no se cambiaron los fundamentos del crecimiento económico que se estaba dando. Así que se han vuelto a cometer los mismos errores.

Las críticas al modelo de crecimiento que desembocó en la crisis y a las políticas de austeridad que se pusieron en marcha como respuesta a la situación se han intensificado. Hay bastantes economistas prestigiosos que han realizado propuestas valiosas, demostrando que otra economía es posible. Sin embargo, han chocado contra un muro construido por las élites económicas, organismos económicos internacionales y la ciencia económica neoliberal. Se han vuelto a cometer los mismos errores. En este contexto, llegó la pandemia, que tenía ante sí una economía de riesgo. La pandemia está provocando una verdadera catástrofe  económica y social y es hora de cambiar ante lo que se avecina. 

Las debilidades de la economía española

Lo dicho hasta ahora sirve para situar a la economía española dentro de un contexto de mundialización, pues no  ha sido ajena a las corrientes dominantes, tanto en la realidad como en la teoría. También es fundamental realizar el análisis teniendo en cuenta el espacio económico de la Unión Europea (UE), al que pertenece. La comprensión de la crisis no se puede hacer desde un plano nacional, como hacen determinados economistas y analistas.  El epicentro de la crisis estuvo en Estados Unidos y desde allí se expandió por el resto del mundo. El área de la UE fue muy afectada. De forma que los países contagiados lo pasaron peor que el que contagió. Los países más golpeados fueron principalmente los del sur, Grecia, Italia, Portugal y España. 

Las razones de que esto fuera así son varias, pero entre ellas destacan la singularidad de las estructuras económicas de cada país, y en consecuencia el desarrollo desigual de la UE, así como el euro, cuya instauración se hizo en un terreno con pilares poco sólidos. No se cumplían las condiciones que debería tener un área monetaria  óptima.  La desigualdad entre los países miembros fue un condicionante que no quedó contrarrestado por la existencia de una política fiscal común de la UE.  Las políticas de austeridad agravaron la situación. Se consiguió salvar al euro, lo que no estaba claro al inicio de la crisis, y se comenzó una recuperación. No obstante, los aparentes logros tuvieron unos costes sociales elevados y un gran perjudicado: el Estado del bienestar. Todo esto se ha pagado durante la pandemia.

La economía española ha sido de las más golpeadas por las dos crisis, dentro del grupo de los países desarrollados. Esto se debe a las particularidades que tiene y que la diferencian de otros países de la propia UE. En concreto, el modelo de crecimiento español tiene carencias estructurales profundas. En el balance de las fortalezas y debilidades, hay que señalar que, si bien las primeras indudablemente las tiene, pues si no España no pertenecería al grupo de los países desarrollados, las segundas son las que han quedado más claramente manifestadas. 

Lo primero que hay que señalar es que no se tiene un sector industrial fuerte, y por ello se padece una falta de competitividad en la economía internacional, al tiempo que hay una excesiva dependencia tecnológica y de las multinacionales. Una escasa I+D que perjudica notablemente al propio desarrollo industrial. Un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas  que tienen en  gran parte una baja productividad. Un peso excesivo del sector de la construcción y del turismo. Una serie de debilidades determinantes: en el caso del turismo, por ejemplo, el hecho de que no existan actividades productivas con fortalezas que lo compensen ha provocado consecuencias muy negativas para el conjunto, debido a la parálisis como la que está sufriendo. Por lo que concierne a la construcción hay que subrayar que ha estado sometida a expansiones especulativas, que han creado burbujas y elevada corrupción. El papel que ha desempeñado el sector financiero e inmobiliario ha sido determinante en la marcha de la economía, y no para lo mejor.

Un cambio de rumbo se hace necesario. Los desafíos son grandes. Algunos de ellos tienen una dimensión internacional, como la lucha contra el cambio climático y la regulación de la globalización, aunque haya que hacer acciones a nivel nacional, regional y local. Otros factores son propios de un modelo nacional  que se necesita modificar con cierta urgencia para lograr un desarrollo sólido, equitativo y sostenible. La crisis de la pandemia ha sacado a la luz muchas cuestiones que son fundamentales, como el contar con un sistema fuerte de salud público, la necesidad de dedicar más fondos para I+D y potenciar la economía de los cuidados. Al tiempo que ha hecho visibles muchos empleos que pertenecen a los servicios esenciales. La prestación de estos servicios ha sido tan fundamental que sin ellos no habríamos podido sobrevivir en la pandemia. Esta realidad contrasta con la situación laboral de muchos empleados de estos servicios que se encuentran en una situación de precariedad en el trabajo y con bajos salarios.  

La necesidad de afrontar los desafíos presentes y futuros es lo que ha motivado a  Economistas sin Fronteras, con buen criterio, a dedicar el número cuarenta de los dossieres que esta organización publica trimestralmente a esta temática, que yo mismo he coordinado y que lleva por título “Hacia la reorientación del modelo productivo de  la economía española”. Un monográfico en el que se abordan los temas más candentes y urgentes en esta difícil coyuntura. Se ha pretendido llevar a cabo un enfoque global en el que tengan cabida diferentes visiones y enfoques que no se limitan a plantear en términos tecnocráticos este cambio de reorientación. Ante las contribuciones que se han hecho, poco más puedo añadir. El índice ya ofrece la riqueza de las aportaciones. En general, se hacen análisis de  la  situación actual resultado de la historia reciente, al tiempo que se ofrecen perspectivas y alternativas al agotamiento de un modelo.

La reconstrucción económica no puede consistir en una vuelta al pasado justificada en la premura de que hay que generar empleo a costa de lo que sea. Desde luego que la creación de empleo debe ser una prioridad, pero no a cualquier precio y de cualquier forma. La reconstrucción es una ocasión para cambiar con creación de empleo estable y mejor retribuido, pues de no hacerse una transformación, se habrá perdido otro tren más de los muchos que se han dejado pasar en la historia de España. Confío en que estas contribuciones y otras que se están haciendo no choquen contra el muro de los intereses creados.  

Carlos Berzosa es Catedrático emérito y rector honorario en la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado el número 40 de los Dossieres que publica trimestralmente Economistas sin Fronteras, titulado "Hacia una reorientación del modelo productivo de la economía española".

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Podemos notar que estamos en una sociedad de consumo sin medida, que requiere una cantidad enorme de materia prima y de recursos y, en mi opinión, abocada al fracaso, cuando vemos la cantidad de basura que generamos. No se hablará en este artículo de los restos de alimentos, o de la comida que se echa a perder porque no nos da tiempo a consumirla, ni de los plásticos y envases, el tipo de residuo que más ocupa en los hogares y que hay que retirar con mayor frecuencia. Tampoco se hablará sobre los cristales, o vidrios de un sólo uso, que no podemos seguir acumulando en casa después de haber guardado los cuatro o cinco que utilizaremos, ni del cartón o papel, que la publicidad y desde hace algunos años (¿meses?) los envíos a domicilio han incrementado de manera alarmante. Finalmente, no hablaremos de ese “resto” donde van un montón de elementos de un sólo uso y de utilización cotidiana como pañales, servilletas de papel y un largo etcétera. De todo esto hay buena bibliografía como la obra de Elizabeth Mazzolini, de la que podríamos destacar “El Efecto Everest”.

De lo que sí se hablará, en este caso, es de muebles, aparatos electrónicos, juguetes y otros elementos, por ejemplo los que utilizan niños y niñas, tales como tronas, sillas de coches, mesas y sillas adaptadas a su altura, y demás. Y es que llama mucho la atención cuando se ven por la calle este tipo de objetos en la basura. Personalmente, me suelo fijar en lo que hay, pero a mi alrededor ya me han llamado varias veces la atención: “¿qué miras ahí? Eso es basura”, “deja eso, no lo toques, es basura”. Por suerte, existe una norma no escrita o una tradición que seguimos muchas personas, y que supone que aquello que funciona, pero que ya no se quiere utilizar por el motivo que sea, se deja fuera de los contenedores, a un lado, por si alguien quiere hacer uso de ello.

Pero está mal visto recoger algo de la basura, como explicaba. ¿Por qué está mal visto? ¿Qué puede tener de malo recoger de la basura una impresora, una mesa o un juguete que alguien ya no quiere usar, pero que está en buen estado de funcionamiento? ¿Por qué algunas personas ven mal recoger y usar lo que otros ya no quieren? ¿De verdad necesitamos en casa una impresora nueva para imprimir unos pocos folios al año? La tecnología va avanzando y los elementos se quedan obsoletos tan rápido que, de un año para otro, tenemos en el mercado una impresora más potente, o con menor consumo de tinta, o que ocupa menos espacio con más funciones, o simplemente con un diseño diferente que la hace parecer más moderna y, por tanto, la que tienes en casa parece antigua y hay que sustituirla, aunque funcione. ¿El planeta puede sostener que se fabriquen tantas impresoras y luego se tiren sus componentes a un vertedero? ¿Supone esto un avance de la humanidad?

El caso de las impresoras es paradigmático. Si se llama o se acude a un servicio técnico con una impresora preguntando por un presupuesto para arreglarla, lo normal es que te digan que no merece la pena, que es “mejor” comprar una nueva. Y cabe preguntarse ¿mejor para qué, para quién? ¿Para la usuaria doméstica que imprime unos folios al mes y que dentro de un año o dos va a tener que volver a comprar otra? ¿Lo mejor es ir de tiendas o usar tu tiempo en analizar modelos y precios, y comparar? ¿Lo mejor es ocuparte de tirar lo viejo o desecharlo y poner lo nuevo? ¿O acumular y luego ordenar? ¿Tenemos acaso espacio para acumular? ¿Tenemos tiempo para usar todo lo acumulado? ¿Queremos utilizar nuestro tiempo en ordenar, desechar, reponer?

A mí, como a muchas personas, me ha ocurrido lo que comentaba sobre las impresoras. La que tengo la recogí de la basura. Estaba en perfecto estado. Comprobé que el cable de alimentación no iba bien, compré un cable de alimentación original en la tienda de su marca, y listo. ¡Tenía una impresora nueva y de calidad! Alguna gente de mi alrededor piensa que es mala sólo porque la recogí de la basura: “por algo la habrán tirado, algo tendrá'', me suelen decir. Hace poco apareció un error en la pantalla: ”cartucho mal instalado“. No podía imprimir de ninguna de las maneras. Había probado mil veces a quitar y poner de nuevo los cartuchos, a limpiarlos. Nada. Miré en internet, no encontré solución. Llamé a la tienda de informática y la respuesta fue la esperada: no merece la pena arreglarla, mejor comprar una nueva. Pensé: ”¿y si compro un cartucho nuevo y pruebo a ver si desaparece el error?“. Según el técnico, no merecía la pena, ya que por el precio del cartucho tenía una impresora nueva. Fui a una gran superficie, miré las impresoras y ninguna valía igual que los cartuchos. Lo que es peor, ningún cartucho es tan barato que mereciera la pena comprar la impresora para no gastar tanto después en tinta. Compré el cartucho de mi impresora. Funcionó. La impresora imprime y con mucha calidad y rapidez. El uso que le doy es residual, la utilizo para imprimir algún que otro documento que prefiero leer en papel, y poco más.

El hecho de que esté mal visto coger cosas que otros han desechado me hace reflexionar, no sólo sobre lo interiorizada que tenemos la cultura del usar y tirar sino también sobre lo que consideramos prácticas de gente de bien, o de éxito. Parece que está mal visto recoger cosas usadas porque se considera que es propio de personas sin recursos, de gente que no puede comprar esas cosas nuevas. Y ser pobre está mal visto. Es un fracaso. Tenemos que demostrar que nos hemos esforzado y que, por lo tanto, nos merecemos un smartphone cada año, ropa nueva y a la moda cada temporada, una impresora nueva cada vez que dé error y juguetes o sillas de niños nuevos, aunque les duren un año.

¿Cuánto tiempo ha podido usar un niño o una niña, por ejemplo, una moto de plástico? ¿Un año o dos? ¿Desde los dos a los cuatro años alargando mucho el juguete y pensando que le encanta? El tema de los niños es especialmente candente por lo poco que les dura y por la cantidad de cosas que tienen. Entre lo que crecen y que ya no les sirve, y que se aburren de sus juguetes, generamos una cantidad enorme de basura. Me alegra saber que en muchos casos existen redes informales de amigas o familiares entre las que se van pasando las cosas de niños mayores a pequeños que las pueden usar, y aun así se tira mucho por el camino. También existen las tiendas de segunda mano y, últimamente, están bastante de moda las apps que ayudan a vender entre particulares cosas que ya no usan.

Como conclusión, me gustaría hacer un alegato a favor de alargar el uso de las cosas: de repararlas, de coserlas, de llevarlas al técnico o regalarlas entre conocidas si ya no se van a usar. Se puede, en el dossier de Economistas Sin Fronteras sobre economía circular se profundiza sobre este tema. Recuerdo a mis abuelos, que cuidaban todo tanto y podían disfrutar durante mucho tiempo del uso de la ropa y otras cosas. ¿No produce cierta paz pensar que ya no hay necesidad de volver a mirar tiendas y modelos para cambiar cualquier elemento de la casa? En mi caso, siento que me deja más tiempo para mi, me relaja, y me libero de una obligación.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Concluye el 2020. Hace un año la actualidad política en España se centraba en la formación de un nuevo Gobierno que, después de una absurda repetición electoral, se concretó en el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Muchas personas celebraron este acuerdo y confiaron en que el nuevo Ejecutivo revertiría los aspectos más regresivos de las políticas de su predecesor, el de Mariano Rajoy, y desarrollaría una agenda social más o menos ambiciosa. Lo cierto es que el gobierno de coalición del PSOE y UP apenas comenzaba su andadura cuando ha tenido que hacer frente a una situación excepcional, motivada por la irrupción del SARS-CoV-2.

La primera fase de crisis sanitaria y económica impactó con fuerza en los estados. La UE suspendió la austeridad, y en España y el resto de países de la UE aumentó considerablemente el gasto público para evitar que el mercado de trabajo y la economía se desplomaran. Posteriormente hemos sufrido una segunda ola de la pandemia que pudo afrontarse con un mayor grado de previsión. Las medidas adoptadas para contener la expansión del virus no han resultado tan estrictas como lo fueron en la primera fase. Sin embargo, en el estado español concluiremos el año con una fuerte contracción del PIB, superior al 10%, debido al confinamiento, las restricciones a la movilidad y el hundimiento del turismo.

Son tantas las reflexiones que nos inspira este presente tan incierto que vivimos, que es difícil determinar qué es lo importante. Todo lo es, los aspectos sanitarios de esta crisis, la manera en que se ha abordado y el lastre de los recortes sufridos a raíz del rescate financiero, sus efectos económicos y las repercusiones sobre la población más vulnerable. Se trata de una crisis multidimensional donde unos aspectos se interrelacionan con otros. Al mismo tiempo, y siempre desde mi opinión, los diferentes hilos parecen confluir en la cuestión europea, siendo las instituciones supraestatales de la UE donde, en gran parte, se juega nuestro futuro.

Así, durante el pasado mes de julio se alcanzaba un acuerdo entre los Estados Miembros sobre la dotación una parte importante de los fondos que la UE destinará a la recuperación, a través del llamado Next Generation Fund. Un acuerdo con aspectos positivos y negativos. El montante de las ayudas se financiará con deuda emitida por la Comisión Europea, con la garantía del Presupuesto comunitario, lo que implica un cierto grado de mutualización. El fondo constará de una parte de ayudas que no se tendrán que reembolsar, y otra parte de créditos que tendrán que devolver los estados.

El Pacto de Estabilidad Europeo ha quedado de momento en suspenso, como comentábamos, lo cual no quiere decir que en un futuro no se apliquen nuevamente políticas de austeridad. La percepción de las ayudas estará sujeta al control de la Comisión y los Estados Miembros, no así del Parlamento Europeo, de tal manera que los Estados perceptores deben someter sus presupuestos al visto bueno comunitario. Las negociaciones con los estados llamados “frugales” fueron duras, y ya hemos visto recientemente los problemas que han existido con Polonia y Hungría para liberar los fondos, que llegarán en junio del año próximo.

Los Presupuestos Generales del Estado

Con estos mimbres, el Gobierno español ha elaborado sus Presupuestos para el año 2021. Unos Presupuestos Generales del Estado que, aprovechando las circunstancias, cabría calificar como expansivos: contemplan un aumento del gasto público en general respecto a los anteriores Presupuestos del Ministro Montoro, y un incremento del gasto social en particular.

Dicho esto, cabría preguntarse en qué se concretará el control comunitario sobre los presupuestos de los estados miembros destinatarios de los fondos europeos. ¿Servirá realmente, en lo que se refiere al Estado español, para financiar una supuesta transición hacia un modelo menos dependiente del turismo y del ladrillo? Está por ver, en este sentido, cuál será el margen de actuación y cuáles las contrapartidas que deberá ofrecer un Gobierno que debe compaginar unos niveles elevados de gasto social con la apuesta por unas determinadas líneas estratégicas en la economía y cumplir, finalmente, con las exigencias comunitarias. Las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo, las dificultades para acometer una nueva subida del salario mínimo, e incluso algunos anuncios realizados por el presidente Pedro Sánchez sobre la apuesta por el Hidrógeno, no invitan demasiado al optimismo. Todo ello hace temer que el reparto de unos ya de por sí insuficientes fondos europeos beneficie a los habituales grandes conglomerados financieros y energéticos, como ya está sucediendo en algunas autonomías.

Otra cuestión importante tiene que ver con la fiscalidad, tanto a nivel comunitario como interno. Así, cabe preguntarse en qué medida los tributos pueden servir como instrumento de solidaridad en el marco de la UE. ¿Se produciría algún avance hacia la unión fiscal? No parece, en este sentido, que exista una voluntad real de acabar con las distorsiones que provoca el dumping que practican algunos Estados Miembros y avanzar hacia una teórica armonización.

Por otro lado, en España la disminución en la recaudación que se ha producido en este ejercicio hace pensar que las previsiones del Ejecutivo pueden ser poco realistas. ¿Servirán los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y las grandes tecnológicas para dotar de recursos las arcas públicas y que el déficit no se dispare aun más? ¿Se adoptarán medidas para que la carga tributaria no termine trasladándose a los ciudadanos? Lo que sí sabemos es que, mientras tanto, el BCE sigue inundando de liquidez los mercados y comprando deuda corporativa, mientras obliga a los estados a financiarse a través de esos mismos mercados (si bien, hoy por hoy, a tasas negativas).

En definitiva, todo apunta a que la resolución de esta crisis puede suponer un test definitivo para el proyecto europeo. Si no se avanza en términos de convergencia e integración más allá del euro y el Mercado Único, si no se da una respuesta que implique un cierto grado de solidaridad entre los Estados, si se mantiene la Europa de las dos velocidades y la división del trabajo que condena a los países del Sur a la esclavitud de la austeridad y la deuda, la pregunta sobre el sentido de permanecer en la UE podría abrirse paso en el debate.

Un año difícil para España

Volviendo al nivel estatal, ¿cómo se afrontará la profunda crisis económica y social en ciernes? ¿Qué ocurrirá en el mercado laboral una vez que se ponga fin a los ERTES? Hay colectivos que parecen ya abandonados a su suerte y cuyo sostenimiento ha dependido durante la pandemia de unas redes de solidaridad y apoyo mutuo que llevan tiempo demandando a las administraciones que cumplan con sus responsabilidades.

Si durante los últimos meses se ha venido escenificando el apoyo de las empresas del IBEX al Gobierno de coalición, desde luego no me imagino un consenso similar entre quienes se sitúan en los espacios más frágiles del tejido social. El eslogan “no dejaremos a nadie atrás” se antoja irónico a estas alturas, tras el fracaso del IMV y con una línea divisoria muy marcada entre quienes no pueden acceder al mercado laboral formal y el resto de la población. Una división que deja fuera a colectivos de personas que desarrollan trabajos que, no olvidemos, se han demostrado esenciales durante el confinamiento.

Así, ¿qué consecuencias tendrá el más que probable aumento del desempleo, o cuando muchas personas que han cobrado prestaciones del Estado hasta el momento pasen a engordar las filas de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad? En esta situación resultará clave, asimismo, la evolución del mercado inmobiliario, en el cual se da una situación extremadamente compleja. Debemos recordar que, para una parte importante de la población, y como complemento a unos salarios que han ido perdiendo valor, el patrimonio inmobiliario ha constituido una importante fuente de renta, cuando no una auténtica tabla de salvación. ¿Cómo se resolverá esta tensión de la cual depende a su vez el aumento de la fractura social? Dicho de otro modo, el cobro de las rentas de una parte depende de la solvencia de la otra, en un contexto de aumento de la pobreza y la precariedad. Las tensiones ya se dejan notar en aspectos como la campaña mediática contra la ocupación, o en cuestiones como la paralización de los desahucios, la regulación de los precios de alquiler o el desarrollo de la futura Ley de Vivienda. Una normativa a la que se oponen los grandes tenedores, quienes, aprovechando su mayor capacidad de agencia, están haciendo valer sus intereses haciéndolos coincidir con una parte importante de la ciudadanía y presionando sobre la parte del Gobierno más sensible a sus demandas.

Las respuestas a estos interrogantes las conoceremos pronto. Felices fiestas y mucha fuerza. La necesitaremos para pelear por nuestros derechos en este año nuevo que en breve comienza.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

A finales del pasado y atípico mes de septiembre, el Gobierno británico apuntalaba la normalidad a secas –sin la mínima pretensión o disimulo de novedad– al indicar a los centros educativos que prescindan de materiales didácticos anticapitalistas, equiparando este posicionamiento político y académico a posturas antidemocráticas, racistas o antisemitas, así como a actividades delictivas. Con estas recomendaciones, el Ministerio de Educación pasaba de engrasar veladamente la inercia de lo que venimos siendo y haciendo en las coordenadas de la economía dominante a forzar agresivamente una maquinaria capitalista sin arreglo posible, expulsando y criminalizando, a la manera totalitaria, alternativas críticas de justicia social en las que acoger y recoger a todas las personas –al “99%” para el que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser reclaman un proyecto feminista anticapitalista, antirracista y ecologista, incluyendo a ese “uno por ciento” al que Isabel Díaz Ayuso se empeña en privar de dignidad–. Al intervenir violentamente y sin complejos (en) la educación, una de las dimensiones culturales clave para la naturalización del capitalismo como condición y estilo de vida, el Gobierno de Reino Unido explicita vehementemente lo que otras instituciones practican con más prudencia o, quizás, maneras más sugerentes: la normalización (militante, irresponsable o inercial) de los esquemas dominantes para comprender y habitar este mundo, hasta volverlos tan invisibles e inocentes –tan falazmente desideologizados– como necesarios y pegajosos.

Queriendo participar en la labor compartida de transparentar y enmendar esta sedimentación del pensamiento único y dominante en la educación, investigadoras del Observatorio GEP&DO y el grupo de investigación EcoEcoFem, en colaboración con Pandora Mirabilia, elaboramos la investigación-diagnóstico sobre la situación de la enseñanza de la economía en el sistema universitario público español, apoyada y financiada por Economistas Sin Fronteras. El estudio, que será presentado este 20 de noviembre en las VII Jornadas Otra economía Está en Marcha, que organizan Economistas sin Fronteras y la UNED, parte de la identificación de una problemática concreta y de base que afecta, creemos, no solo a la justa conceptualización de las economías y sus prácticas, sino también a la calidad de la propia educación pública y, por tanto, a su contribución a la (in)formación ciudadana crítica y la salud democrática. En este sentido, la enseñanza universitaria de la economía adolece, en términos generales, de falta de compromiso analítico y espíritu crítico para cuestionar los supuestos y la metodología de las teorías y modelos neoclásicos –y, por extensión, para capacitar al alumnado para tal cuestionamiento–, así como de escaso pluralismo en sus enfoques, insuficiente interés en el análisis histórico y la integración de problemáticas presentes, desconexión con la “economía real” y la diversidad de la vulnerabilidad y una preocupante invisibilización de las perspectivas ética, ecológica y de género.

A la luz de esta problemática diversa –aunque coherente en su conjunto–, la investigación quiso plantearse, por un lado, como una radiografía de la enseñanza universitaria de la economía, observando si enfoques más diversos y heterodoxos han conseguido intervenir(la) o si acontecimientos recientes o presentes tan significativos como la Gran Recesión son incorporados a sus temarios; y, por otro, como un esfuerzo propositivo hacia la integración y transversalización de las diversas miradas críticas a la economía con el fin de transformar la enseñanza, y también el propio modelo económico, desde una perspectiva feminista, ecológica y de derechos humanos, con especial atención al ámbito local y su relación con lo global. En relación al primero de estos objetivos, el análisis de los planes de estudio y las guías e iniciativas docentes de quince universidades públicas estatales confirma que la integración de una perspectiva crítica, plural o heterodoxa en la enseñanza de la economía es aún minoritaria y, en cualquier caso, limitada a determinados aspectos o temáticas en los temarios, o bien concentrada en las asignaturas optativas, que se descubren como el espacio docente más favorable o accesible para la incorporación de perspectivas alternativas –aunque también como las materias marginadas del conocimiento esencial y sometidas a la presión de las demandas del mercado que condicionan, en muchas ocasiones, las elecciones del alumnado–. 

Pese a que la inmensa mayoría de guías docentes analizadas incluye como objetivo o competencia específica el desarrollo del “espíritu crítico” y la “capacidad de análisis crítico” del alumnado, la exposición de sus temarios y contenidos dan buena cuenta de la limitada integración de perspectivas, propuestas o teorías alternativas críticas-heterodoxas que pongan en discusión los principios económicos clásicos o dominantes. Algo muy parecido ocurre con la perspectiva de género, la desigualdad y discriminación (de género, raza, renta), el medioambiente y el compromiso ético: si bien algunas guías mencionan en sus objetivos o competencias que el alumnado estudiará estas dimensiones y conocerá las causas y consecuencias de sus problemáticas, el desarrollo del temario y los contenidos de las asignaturas no aborda específica o ampliamente estos asuntos –menos aún desde una perspectiva que debamos entender automáticamente crítica–. De hecho, las autorías de referencia más citadas en las bibliografías de las asignaturas analizadas no solo evidencian un clarísimo y alarmante sesgo de género; además, siguiendo el informe de Post-Crash Barcelona sobre la enseñanza de la economía en las universidades españolas (2014-2015), la mayoría de estos autores se enmarcan eminentemente en los preceptos de la escuela neoclásica. Y un último dato, no por ello menos preocupante o revelador: apenas un quince por ciento de las guías docentes analizadas en el periodo postcrisis (a partir del curso 2009-2010) han incorporado en su temario el estudio de la Gran Recesión, tras más de una década desde su estallido.

La opinión y el sentir del profesorado y el alumnado de economía participantes en el estudio, así como de las y los agentes de cooperación universitaria entrevistados, apoyan los resultados de este primer análisis. A través de entrevistas personales en profundidad y cuestionarios en línea pudimos conocer, entre otras percepciones, que la inmensa mayoría de los y las docentes, alumnas y agentes participantes en el estudio reconocen la existencia de un paradigma único o dominante en la enseñanza universitaria de la economía, que se corresponde con la visión neoclásica y capitalista. Concretamente, más de la mitad del profesorado entrevistado no cree que los planes de estudio de los grados en economía y materias afines hayan incorporado durante las últimas décadas miradas alternativas o heterodoxas respecto a esta visión neoclásica dominante. De hecho, el profesorado entrevistado reconoce reticencias y dificultades para introducir un enfoque pluralista en la enseñanza universitaria de la economía; entre otros, señalan obstáculos relativos a la competencia de las facultades, el desinterés del profesorado no formado, la falta de material técnico o la dificultad de incorporar perspectivas alternativas en asignaturas troncales. Ante la uniformidad neoclásica y las resistencias del sistema a acoger miradas heterodoxas en igualdad de condiciones respecto al enfoque dominante, tanto profesorado como alumnado coinciden casi por unanimidad en destacar la necesidad de capacitar y ser capacitado, respectivamente, para cuestionar críticamente las teorías y modelos económicos presentados en clase.

En definitiva y recapitulando, este diagnóstico de la enseñanza de la economía en la universidad pública española dibuja, como cabía esperar, un paisaje preocupante para quienes creemos y reivindicamos –muy especialmente, para quienes nos dedicamos a la docencia universitaria tanto dentro como fuera de las (a veces demasiado estrictas) fronteras económicas– que el conocimiento y también la economía deben ser rigurosos en el reconocimiento de la diversidad y en su compromiso con mirar mejor al mundo para elaborar “mejores versiones” del mismo y “vivir bien” en él, tomando las palabras de Donna Haraway. La esperanza, sin duda, la mantienen con vida las opiniones de docentes y alumnado como los participantes en nuestro estudio, que, sin compartir al completo ni necesariamente un posicionamiento anticapitalista, comprenden la urgencia de afinar y ampliar críticamente las miras de lo que consideramos economía (con y sin mayúscula) y el rol social de la propia disciplina; pues también es de responsabilidad y rigor reconocer, frente a los discursos e instituciones hegemónicas, nuestra agencia, nuestro margen de libertad y nuestra potencia para aprovechar las grietas del pensamiento dominante y atravesarlo con saberes transformadores. 

Esta transformación crítica de la enseñanza universitaria de la economía no pasa, creemos, por censurar o extirpar la visión neoclásica, sino por desmitificarla y derrocarla de su estatus naturalizado de teoría total y aséptica, dando visibilidad y reconocimiento científico a la riqueza de corrientes críticas, así como evidenciando su pleitesía a unos intereses dominantes que reproducen condiciones de vida (y explicaciones a estas condiciones) eminentemente injustas para el noventa y nueve por ciento de las personas y el planeta –como decía Carlos Lázaro en su artículo del pasado junio, “el mundo ”no es como es por casualidad“–. Por tanto, ya sean las reacciones como la del Gobierno británico el canto de cisne del capitalismo neoliberal institucionalizado o bien su estrategia restauradora, iniciativas como la investigación que presentamos aspiran a participar, en su medida y alcance, en la composición de una nueva normalidad de justicia social que no queremos que construyan ”otros“ –otros intereses privilegiados, otros mantras perversos–. Porque creemos que la economía, la universidad y la academia, como cualquier otra dimensión de nuestras vidas, pueden y deben ser espacios para imaginar, crear y encarnar vidas que merezcan la alegría ser vividas.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.