Estamos viviendo un proceso global de radicalización del racismo que está teniendo consecuencias en los discursos políticos, en nuestros barrios y pueblos, en los medios de comunicación y en los procesos de construcción del racismo interiorizado.

También estamos viviendo un proceso de empoderamiento imprescindible de las comunidades y colectivos migrantes y racializadas a través del cual se ha logrado poner en el centro la necesidad de ubicar el racismo como un eje de discriminación y estratificación social que nos atraviesa a todas. Al igual que para acabar con el machismo y sus violencias es necesario un proceso complejo y múltiple de cambio personal, social y en las políticas públicas, con el racismo y sus violencias pasa exactamente lo mismo. Y éste proceso que se está viviendo en nuestras escuelas, en nuestros barrios y en los movimientos sociales es absolutamente ilusionante y necesario.

Ante dos procesos paralelos que se están viviendo, la mayor parte de la población se ubica en un lugar ambivalente respecto a su posición política frente al racismo y el fenómeno migratorio. Sin embargo, llevamos meses (en España) de ruido político y mediático orquestado desde un movimiento global racista y machista que tiene muy bien pensado cómo canalizar en votos las emociones de la población, cueste lo que cueste. Transformar la inseguridad y la falta de certeza ante el futuro, generadas desde el neoliberalismo global en votos para reforzar un modelo económico y social que algunos sectores de dicho ataque parecen criticar.

Desde Trump a Salvini, pasando por Bolsonaro o Le Pen. Y aterrizando a través de Abascal o Casado. Pero no solo el proceso de auge de la extrema derecha se acompaña por un proceso de radicalización de la derecha, así como de una derechización de las izquierdas ya sea de manera visible o a través de sus políticas públicas. Nos hallamos ante un momento crucial y ante nuevos escenarios. Se hace necesario generar nuevas metodologías, narrativas y propuestas políticas para no sólo hacer frente al proceso de radicalización del racismo, sino también para seguir adelante con la necesidad de actualizar el sistema político en materia de derechos civiles. 

Si nuestro trabajo se queda sólo en responder al marco que plantea Vox, la fuerza política que ensalza claramente dicho proceso de radicalización, pueden pasar varias cosas. Por un lado, que nos olvidemos de la necesidad de avanzar hacia la conquista de derechos civiles y nos ubiquemos en un lugar de trinchera resistente, antagonista exclusivamente en el marco que nos permite el discurso que ahora mismo está haciendo más ruido. Por otro, que dicha fuerza política junto a la derecha radicalizada aproveche que hemos decidido jugar en el terreno de juego que han logrado dibujar en su propio beneficio, ya que un movimiento exclusivamente anti puede acabar reforzando indirectamente aquello que está queriendo atacar (sobre todo, porque lo tienen previsto). No hay más que analizar cómo Bolsonaro aprovechó el gran movimiento “Él, no” (Elle nao) para gozar de mayores dosis de visibilidad. Siendo un movimiento absolutamente ejemplar e imprescindible está bien analizar qué impacto no previsto tuvo para tenerlo en cuenta en los caminos que estamos emprendiendo. Y, por último, que no sepamos cómo generar relatos desde fuera de dicha lógica resistente.

Hay quienes pensamos que hemos de trabajar para generar un marco propio, amplio y plural, que al mismo tiempo logre visibilizar con fuerza que somos más las personas que queremos una sociedad sin racismo (con independencia del partido con el que simpatice o vote), y sea capaz de generar presión ante los discursos y políticas de la extrema derecha. Además de confrontar sus propuestas, hemos de intentar contener el proceso de radicalización de la derecha y de derechización de las izquierdas en su discurso y en políticas públicas relacionadas con las migraciones y el racismo. Asimismo, generar un marco común fuerte podría dar impulso desde lo colectivo al trabajo necesario que muchas personas y colectivos estamos haciendo desde sus barrios y ciudades. Mostrar no sólo la resistencia, sino que hemos de avanzar en la conquista colectiva de derechos civiles tratando de continuar y ampliar la ola generada por los feminismos.

La policía para a las personas simplemente por el color de su piel, tal y como ha recogido y evidenciado en un reciente informe SOS Racismo. El gobierno está deportando a personas como Carmen, una mujer de 65 años que llevaba 17 años viviendo en Valencia, con hijos y nietos (en su caso, la fuerza de la sociedad civil, logró detener su deportación pero hay más casos como el suyo). Hay personas que a pesar de haber nacido aquí o llevar muchísimos años siguen teniendo que soportar en su día a día que les pregunten de donde son, con todo lo que ello implica. Personas que llevan muchos años viviendo aquí no están regularizadas o han caído en la irregularidad sobrevenida. Estereotipos y bromas de mal gusto absolutamente cotidianas sobre las personas gitanas enmarcada en una generalizada. Y la gente muere en el mar porque políticamente se ha decidido que haya personas que no puedan viajar de manera legal y segura en un momento en que el gobierno además ha decidido bloquear los barcos de rescate como Open Arms o Alta Mari, a la vez que está en marcha un peligroso proceso de cambio del sistema de rescate de España en nuestra Frontera Sur. Y así, un largo etcétera.

Todas están situaciones diversas tienen en común una misma raíz anclada en el racismo y quizá una lucha amplia por los derechos civiles (los cuales son vulnerados por todas estas situaciones) pueda hacernos actualizar la sociedad y el sistema político a la realidad diversa y plural que somos.

Hoy tiene lugar en Madrid, en el Ateneo de Madrid, un acto en el que se realizará una propuesta abierta y amplia que pretende aterrizar en base a muchas de las cuestiones analizadas en este artículo el movimiento internacional #WeAreMore , el cual ha llenado las calles de otros países de manera amplia y plural contra el racismo y por los derechos civiles.

Este martes 13 de noviembre comienzan a declarar ante el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona los 24 agentes de la Policía Nacional que están siendo investigados en Barcelona por las cargas realizadas el 1 de octubre. A pesar de que se ha intentado construir un relato que ha pretendido legitimar la actuación policial, la investigación avanza de manera firme y confiamos en seguir rompiendo el muro de impunidad que ha tratado de instalar el Ministerio de Interior y la Fiscalía en este caso.

¿Cómo hemos llegado a que 24 agentes de policía estén siendo investigados por un juzgado? Lo que está claro es que no ha sido gracias al trabajo ni de la policía ni de la fiscalía. A pesar de la gravedad de los hechos y de que estaban siendo retransmitidas en directo, ningún cuerpo policial abrió diligencias de investigación en el terreno de oficio. Tampoco lo hizo el Ministerio Público. ¿Alguien puede pensar en cualquier otro delito del Código Penal que a pesar de que pudiera estarse cometiendo de manera flagrante, ningún cuerpo policial decida investigarlo? En cualquier situación en la que pudiera haber indicios de delito, se abren diligencias policiales, se elabora un atestado en el que se indican los hechos presuntamente delictivos así como se investiga a los posibles autores. Y todo ello se entrega al Juzgado. Sin embargo, en los casos en los que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los posibles responsables del delito, ¿qué mecanismos públicos existen para perseguir este tipo de criminalidad?

En el caso del 1 de octubre debería ser el área de asuntos internos de la Policía Nacional quien actuase, pero de momento ni está investigando de manera activa, ni se le espera. Por otro lado, es comprometido el hecho de que otros cuerpos policiales, como los Mossos, se hubieran puesto a investigar. Y esta situación es completamente anómala, porque los presuntos delitos cometidos son delitos al igual que son los robos, los desórdenes públicos o cualquier otro. Pero hay una serie de delitos en los que no se llevan a cabo, en la mayor parte de las ocasiones, investigaciones policiales de oficio y rigurosas. El problema añadido es que las áreas de asuntos internos, por lo general, no suelen colaborar de manera adecuada con las investigaciones judiciales y acaban convirtiéndose en un elemento de confusión para garantizar la absolución de los agentes acusados (como en el caso de Esther Quintana) o directamente ignorando la investigación.

Y es que tenemos un problema y grande. ¿Cómo es posible que un cuerpo policial no identifique a un agente que ha cometido un presunto ilícito penal? ¿Realmente alguien se cree que el superior de la persona no sabe perfectamente quien ha realizado una determinada acción, o que las áreas de asuntos internos no llegan a conocerlo? No dudo que en algunos casos puntuales pueda llegar a ser difícil el corporativismo entre agentes de una misma unidad, pero en ningún caso pueden ser la norma.

En el caso de Roger Español sabemos perfectamente qué agente disparó la bala de goma que que le dejó sin visión para siempre. Está grabado en un vídeo el momento del disparo por un periodista. Sin embargo, a pesar de que hemos realizado horas de investigación y análisis de imágenes aún no hemos podido identificar a dicho agente. Por dos motivos. Primero, porque la Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior o no han realizado ni una sola diligencia para saber qué agente policial es en concreto o porque quieren hacernos creer que no saben quién fue. Segundo, porque los agentes antidisturbios tanto de Policía Nacional como de Mossos d'Esquadra únicamente van identificados por detrás. La situación en la que Roger fue lesionado está grabada sólo por delante.

Es decir, es el propio sistema de control e identificación de agentes policiales el que está diseñado para impedir que se pueda conocer al funcionario público autor de un presunto delito. Esta situación representa mejor que casi ninguna la enorme anomalía democrática que estamos viviendo en cuestión de control e investigación a agentes policiales. En el caso de Roger están identificados y declararán como investigados ocho escopeteros (entre ellos, el responsable), así como los jefes de la línea policial que ordenó las cargas.

No es un caso único. En materia de investigación de delitos cometidos por agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las organizaciones de derechos humanos, casi sin medios pero con mucha destreza, hacemos las funciones de policía de investigación ante la falta de voluntad y de mecanismos públicos. De hecho, al analizar la situación que podría generarse, una semanas antes del 1 de octubre configuramos la plataforma Somos Defensoras que desplegó por toda la ciudad observadoras de derechos humanos, psicólogas y abogadas. El trabajo que debería estarse haciendo por mecanismos públicos, realizado por la ciudadanía. La anomalía no es que lo haga la ciudadanía organizada, lo anómalo es que sólo lo realice la ciudadanía.

No es algo nuevo y tampoco se limita al 1 de octubre, pero el grado de afectación y de grabaciones de esa jornada muestra hasta qué punto los mecanismos públicos creados para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía ante los abusos de los agentes policiales están obsoletos. Las funciones de control, investigación administrativa y las funciones de policía judicial deberían ser llevadas a cabo por un cuerpo de funcionarios públicos compuesto por expertos en derechos humanos, criminología y criminalística independiente de los cuerpos policiales pero con pleno acceso a ellos, así como con una total conexión con las organizaciones de derechos humanos.

En tanto que eso llega, porque algún día la anomalía democrática ha de desaparecer, es necesario cambiar la voluntad política respecto a las divisiones de asuntos internos de los cuerpos policiales y dotarlas de medios, de mecanismos y de la mayor independencia orgánica posible dentro del cuerpo, así como asegurar el trabajo estable con las organizaciones de derechos humanos. Asimismo, iniciativas como la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Barcelona en toda la causa del 1 de Octubre para impulsar la acusación ante la dejadez y obstrucción de la Fiscalía es una buena práctica ya que cada administración ha de hacerse responsable de proteger a la ciudadanía de los delitos que puedan ser cometidos, también, por funcionarios públicos.

Es importante abordar debates que estamos impulsando desde algunas organizaciones y que buscan generar políticas públicas integrales para la prevención de la violencia institucional. La protección de la ciudadanía respecto de los abusos directos de los cuerpo policial debería ser un elemento clave en cualquier democracia. Pero hasta que no se construyan dichas políticas públicas urge tomar medidas de sentido común como identificar urgentemente a todos los agentes antidisturbios por delante y por detrás. No hay excusas para avalar la impunidad.

Hoy se cumplen 6 años desde que Idrissa Diallo murió en el CIE de Barcelona. Su muerte, junto a la de Samba Martine en Madrid días antes, supuso una gran sacudida al sistema de internamiento y deportación. Dolió y mucho. Y ese dolor nos dio las fuerzas para generar en Barcelona Tanquem els Cies en una respuesta colectiva ante lo que estaba acontenciendo en el centro. Su muerte rompió el silencio mediático que rodeaba a los CIEs y la deportación. Hizo que el Colegio de Abogados comenzara a preocuparse por lo que acontecía en su interior sembrando la primera semilla de los Servicios de Orientación Jurídica en los CIE, e hizo que el Consejo General del Poder Judicial se preocupara de hacer cumplir la ley y designó Jueces de Instrucción que tuvieran la función de control de los CIE, lo cual debería haber pasado mucho atrás. Incluso, forzó al Gobierno a aprobar un Reglamento sobre los CIE (que fue ampliamente criticado) 25 años después de que éstos comenzaran a utilizarse.

Se inició un ciclo en el que de verdad nos creímos que podíamos tener en nuestras manos la posibilidad de cerrar los CIE y trabajamos en consecuencia. La visibilización mediática, unida al buen trabajo jurídico, de acompañamiento y comunicativo que se llevó a cabo en muchos territorios llevó al trabajo de incidencia política que supo, justo antes de las elecciones municipales y generales, ubicar el CIE en un lugar importante de la agenda política. Sin embargo, las formaciones políticas que se comprometieron con el cierre y con un cambio de paradigma en política migratoria y aquellas a las que se podía haber presionado para que se comprometieran no formaron gobierno.

El contexto europeo, en el que el auge de la extrema derecha y la denominada “crisis migratoria de refugiadas” cobraron gran protagonismo, sembró el caldo de cultivo para que el gobierno del Estado español contrarrestara la fuerza que llegamos a tener e iniciara un nuevo ciclo de vulneración de los derechos de la población migrada. Ciclo en el que nos hallamos inmersos y que es absolutamente preocupante.

La situación en los CIE es muy grave: en Murcia, en Barcelona y en Madrid se han presentado durante el 2017 varias denuncias de malos tratos. Algunas de ellas por situaciones muy graves. Hay juzgados de control del CIE como uno de Barcelona (Instrucción nº 30), el de Valencia o el de Tenerife, que no están haciendo su trabajo de la forma mínimamente debida. Y después de las protestas del CIE de Aluche los medios de comunicación no están enfocando suficiente sobre la cuestión.

El resultado de todo ello se concentra en Archidona. El Ministerio de Interior decidió utilizar una cárcel no inaugurada como Centro de Internamiento de Extranjeros el pasado mes de noviembre después de que llegaran a costas de Murcia más de 450 personas en patera en varios días. A pesar de que le Ley dice que un CIE no debe tener un “carácter” penitenciario, no pasa nada por emplear una cárcel como CIE. A pesar de que los agentes antidisturbios no están en absoluto preparados para custodiar un centro de privación de libertad, se les pone a custodiar el centro. Todo dentro de la “excepcionalidad” jurídica que permite el anuncio de su, confiamos, “temporalidad”. Eso sí, el ministro Zoido aprovechó la ocasión para anunciar un “nuevo modelo” de CIE que se pondrá en práctica a través de la construcción de al menos uno nuevo en Algeciras si no somos capaces de evitarlo.

Treinta y ocho días después de su internamiento en Archidona, murió Mohammed Bouderbala en su celda. La autopsia indica que el mecanismo de la muerte fue por ahorcamiento pero que tenía lesiones superficiales en el tórax. En tiempo récord el Juzgado ha decidido archivar la causa sin llevar a cabo ni una de las diligencias de prueba solicitadas por la acusación popular (Andalucía Acoge) o por la representación jurídica de la familia. En el Auto de archivo se explica que Mohammed fue encerrado en su celda a las 15:27 horas del 28 de diciembre hasta que fue encontrado a las 9:35 horas del día siguiente. Se aplicó la medida de aislamiento después de que hubiera una situación de agresiones en el CIE y Mohammed acabó muerto horas después. El Juzgado, como suele pasar ante muertes bajo custodia, en lugar de clarificar el origen de las lesiones del pecho, de aclarar si pudo haber negligencias en la aplicación del aislamiento (ya que, entre otros elementos, nadie pareció visitarlo durante 18 horas), en definitiva, de clarificar todos los extremos que rodearon su muerte, ha decidido realizar un juicio anticipado de exculpación del Estado y de cualquier representante del mismo en el resultado de muerte.

La existencia de Archidona y la muerte de Mohammed nos ha de golpear como lo hizo en 2012 la muerte de Idrissa. Y antes de volver a creernos de nuevo que vamos a ser capaces, que lo seremos, de cerrar los CIEs, hemos de generar y reforzar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poner freno, de nuevo, a la situación actual de vulneración sistemática de los derechos humanos en los CIEs que se está produciendo en la actualidad. Y ello pasa por encontrar las mejores herramientas y lograr la mejor coordinación posible. Una batalla clave será la negociación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y no nos podemos permitir no lograr que las devoluciones en caliente salgan del articulado después del varapalo del TEDH. Son tiempos de resistencia. Resistiendo de nuevo ante cada vulneración de derechos y generando límites a la actual deriva volveremos a creernos que es posible cerrar los CIEs y generar un cambio de paradigma en política migratoria.

El 30 de abril de 2014 entró en vigor la prohibición de las balas de goma en Catalunya que se había aprobado 6 meses antes tras las votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público (CEMSOPUM). El trabajo de las víctimas, agrupadas en la Asociación Stop Balas de Goma, junto con el caso de Ester Quintana y la gestión comunicativa que se realizó del mismo, generó un proceso que acabó logrando la erradicación de unas armas con alto potencial lesivo que muchos países previamente habían decidido dejar de utilizar.

Tres años y medio después el temor que teníamos las organizaciones de derechos humanos con el despliegue de unidades antidisturbios de la Policía Nacional en torno al 1 de Octubre se hizo realidad. Las balas de goma volvieron a utilizarse y, lo que es peor, otra persona ha perdido la visión de su ojo por el impacto de una bala de goma, Roger Español.

Fue en la huelga general del 14 de Noviembre de 2012 cuando Ester Quintana sufrió el brutal impacto en su ojo. La misma fecha, cinco años después, fue la elegida para dar a conocer tanto el relato de Roger como la querella que se ha interpuesto por un delito de lesiones contra el agente policial que le disparó así como contra los mandos policiales actuantes. Así como el caso de Ester sirvió para impulsar un proceso que acabo resultando imparable, queremos que el caso de Roger sirva para abrir un proceso en el conjunto del Estado Español que culmine con su erradicación en el Parlamento estatal.

Con posterioridad a la publicación del video de Roger han salido voces y videos que han venido a intentar justificar la actuación policial y la lesión porque éste se vio inmerso en una situación de tensión con los agentes policiales en el momento en que estos cargaron contra la población en las inmediaciones de la escuela Ramón Llull. En primer lugar, cabe destacar que la situación en la que sufrió el impacto Roger se hallaba rodeado de periodistas en un momento donde no se estaba produciendo ninguna situación conflictiva y el disparo se produjo a unos 15 metros y de manera directa.

En segundo lugar, la utilización de un proyectil con semejante potencial lesivo en absoluto debería estar justificada cuando se ha demostrado que existen mecanismos y maneras menos lesivas de gestionar el orden público. El debate no debe ser en qué situaciones sí es legitimo que una persona pierda un ojo y en que situaciones no. El debate es acerca del modelo policial de gestión del orden público que queremos.

Las balas de goma salen del cañón de la escopeta a una velocidad de 720 kilómetros hora, por lo que se deforman ligeramente, lo que las hace más contundentes a la hora de impactar. La energía cinética con la que las balas de goma salen de las escopetas es siete veces superior al límite impuesto por el Parlamento europeo para las armas “menos letales”. Por eso, la asociación Stop Balas de Goma siempre ha defendido que sean consideradas “una arma potencialmente letal”.

En el Estado español desde 1990 han muerto 16 personas y al menos 22 han perdido un ojo o la visión del mismo por el impacto de dicho proyectil. La doctora Estrella Fernández, del Instituto de Oftalmología del Hospital Clínic, en una intervención que escandalizó a los asistentes a la comisión parlamentaria de Catalunya, manifestó que no se pueden calificar estas armas como de baja letalidad, y comparó las lesiones que generan con “heridas de guerra”.

Escribir este artículo no es fácil porque realmente pensábamos que habíamos logrado erradicarlas en Catalunya. Costó mucho, pero lo conseguimos en una de las principales gestas de los últimos años de los movimientos por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la situación actual y el caso de Roger nos ha recordado que el camino no estaba acabado, que la prohibición era parcial y que en realidad solamente afectaba al cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Asumimos el reto y nos ponemos en marcha junto a aquellas organizaciones del resto del Estado que quieran sumarse. Vamos a erradicar las balas de goma. Fue posible en Catalunya y será posible en el conjunto del Estado. Queremos que Roger sea la última víctima de bala de goma.

Estamos viviendo un momento político en el que todo sucede a una velocidad exacerbada en la que resulta complicado encontrar momentos tranquilos en los que poder pensar con claridad. Estamos asumiendo a marchas forzadas en los últimos dos meses una situación que hace tiempo podríamos pensar, aún con complicaciones, como propia de un thriller político.

Una parte del Govern en prisión preventiva, la otra parte exiliada en Bélgica haciendo frente a un proceso de extradición que todo apunta a que se le atragantará a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía española. Dos líderes de organizaciones de la sociedad civil encarcelados de manera preventiva. Más de 1.000 personas agredidas de manera salvaje por la Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de Octubre. Y todo enmarcado bajo delitos que hacen que uno se traslade al pasado. Delitos de sedición y rebelión, para cuya imputación debería ser imprescindible que hubiera habido una violencia inexistente. Autos en blanco y negro llenos de delirio vengativo en los que ya no se habla de manifestaciones sino de “movilizaciones tumultuarias”. Aplicación de un artículo de la Constitución a través del cual se han convocado elecciones para dentro de poco más de un mes en una situación absolutamente excepcional. En resumen, un torpe intento de resolver un conflicto político a través del aparato penal y represivo.

Las consecuencias de la represión van mucho más allá de los lugares en los que estamos poniendo el foco y el abordaje ha de ser ampliado para poder poner remedios colectivos a la complejidad actual que estamos viviendo. Tal y como nos enseñó hace tiempo el escritor Carlos Beristain en el imprescindible libro “Afirmación y resistencia”: “Quizá uno de los objetivos que persigue la represión política, además de la paralización mediante el horror, es también el que la gente no sea consciente de sus finalidades, para que de esta forma tenga menos posibilidades para defenderse”. Para dicho autor las finalidades de la represión son la ruptura del tejido social colectivo y solidario; el control del enemigo interno; intimidar a la población; implantar la impunidad; y transformar a la población.

Ser conscientes de lo que busca la represión nos puede ayudar a ser especialmente cuidadosas antes situaciones que podamos estar viviendo en este clima de absoluta incertidumbre y represión directa y ambiental. Entender que los efectos psicosociales de la represión están planificados puede ayudar a entendernos a nosotras mismas, y a entender el momento en que están nuestras relaciones, nuestras organizaciones, nuestras redes en general.

En lo individual hay quien se despierta más temprano de lo habitual y que rápidamente busca su móvil para ver “si ha sucedido algo”; hay para quien conciliar el sueño es más complicado de lo habitual; hay quien se ha echado a llorar sin saber por qué tras días de tensión absoluta; contracturas con collarín, y contracturas que le llevan a uno al hospital. Un sinfín de consecuencias que cada cual sobrelleva como puede.

El tensionamiento personal tiene una traslación muy rápida al tensionamiento social. Es decir, la interacción de las personas está totalmente condicionada por cómo estamos. Y no lo olvidemos, uno de los objetivos principales de la represión es romper el tejido social con el objetivo de debilitar a la colectividad organizada. Algo que podría parecer evidente no lo es tanto. Sobre todo no se hace evidente cómo y cuándo detectar las consecuencias para poder ponerles remedio, más aún en momentos en los que se ha de trabajar o realizar activismo en un momento de máxima rapidez y mucha presión.

Es un momento en el que, tras entender que dicho tensionamiento personal y social busca quebrar la persona y el tejido, hemos de esforzarnos aún más por entender cómo está viviendo todo las personas que nos rodean antes de elevar el tono de la conversación. Hemos de asumir que mucho de los que nos está pasando es porque la situación nos está poniendo al límite. Empatía, escucha y comprensión. El problema es no ser conscientes, no amasar esas tensiones personales, relacionales y grupales.

Obviamente, no todo es tensionamiento social. También hay solidaridad, resistencia y ternura. En estos meses se han vivido situaciones preciosas donde se ha puesto en el centro la dignidad. Como la de una señora de elevada edad que fue ovacionada el 1 de Octubre cuando fue a votar arrastrando un andador. Una imagen que tras horas de trabajo en el centro de coordinación de #SomDefensores nos hizo sonreír y abrazarnos.

En Irídia - Centro por la Defensa de los Derechos Humanos hace dos años que luchamos contra las violencias institucionales. Pero ahora, en medio del contexto actual, es más importante que nunca poder encontrarnos y analizar el momento en colectividad. Por ello, es imprescindible bailar, celebrar y luchar contra el tensionamiento social para poder coger fuerzas en ese camino nada sencillo de luchar que es la defensa de los derechos humanos.

El grupo de trabajo sobre aislamiento penitenciario, que desde hace varios meses lleva analizando dicho régimen de vida en el Parlament de Catalunya, encara su etapa final. En las próximas semanas los grupos parlamentarios han de presentar sus conclusiones sobre estos Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. Estaba previsto que el grupo concluyera a principios de mayo con la intervención de Mauro Palma y Juan Méndez, dos expertos internacionales en tortura y derechos humanos. Ambos han avalado la tesis que las organizaciones convocantes de la campaña 21 horas hemos lanzado, donde pedimos que se prohíba cualquier uso del aislamiento penitenciario más allá de los 14 días que prevé como sanción de última ratio la normativa internacional en la materia.

Sin embargo, después de todas las comparecencias en el Parlament, varias diputadas exigieron que se aprobara la comparecencia del Director de Brians 1, Joan Carles Navarro. Es en esta prisión donde, más allá del problema estructural relativo al aislamiento penitenciario, existen indicios de que las cosas no están funcionando de manera adecuada. 

El caso de Raquel puso en el foco de atención la realidad de una prisión que quienes trabajábamos desde hace años en la defensa de los derechos humanos de las personas presas ya conocíamos. Recuerdo una conversación que tuve hace 5 años con el director de Brians I en su despacho con motivo de una denuncia por malos tratos que interpuse. Como acostumbro a hacer, le comuniqué los indicios acerca de la situación con que contábamos así como que la denuncia sería interpuesta en cuestión de días para que, como responsable la prisión, pudiera investigar en profundidad lo acontecido y para que, de manera cautelar, pudiera tomar medidas de protección para la persona presa en tanto que la situación no se resolviera. Puedo asegurar que la reacción (en la conversación, pero sobre todo con hechos) que un profesional que está al mando de una institución de privación de libertad o de un cuerpo policial tiene cuando le anuncias una situación como ésta, muestra de manera clara si existe, o no, un compromiso para evitar las vulneraciones de derechos humanos.

Su respuesta fue decir que era imposible que lo que le estábamos exponiendo hubiera pasado en su prisión y llegó a insinuar que era toda una “casualidad” que el 90% de las denuncias de malos tratos y tortura que se habían interpuesto en el último año en dicha prisión hubieran sido interpuestas por el mismo abogado, dando a entender que eran manipulados por mí.

Ahora, cinco años después de esa conversación, ese mismo director de Brians I acude al Parlament a explicar su versión de los hechos. Lo hace después de que tanto entidades como dos internos pusieran de manifiesto que la situación del Departamento de Aislamiento de Brians 1 era preocupante. Su intervención se ha centrado en tres puntos. Por un lado, ha realizado un análisis de las patologías que los tres internos que habían denunciado hechos en el Parlament tenían. En segundo lugar, ha dado argumentos hipotéticos de por qué, en base a su experiencia, lo que manifestaron los internos no podía haber pasado en prisión. Y en tercer lugar, ha recuperado viejos argumentos.

Tras mostrar un gráfico con el número de quejas de situaciones de malos tratos presentadas en los últimos años ha señalado que éstas habían subido “casualmente” en el momento que una abogada de Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos comenzó a realizar visitas en los centros penitenciarios y que el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona también comenzó a visitar. Ha acusado a la abogada de llevar a cabo una grave conducta, instando a que se presentaran denuncias en algo que ha calificado de “mecanismo”.

Esto, para luego, tras la dura recriminación de varias diputadas, alegar que en realidad sólo había hecho visitas sin ser la abogada “oficial” del interno (debido a que no tenemos normalizada la entrada en las prisiones catalanas). De nuevo ha dado a entender que se inducía a presentar las denuncias fueran ciertas o no. Y eso, es muy grave.

En su comparecencia no ha explicado qué mecanismos utiliza para abordar una situación de malos tratos cuando recibe una queja o una denuncia; ni ha dado ni una sola explicación de la actuación que llevaron a cabo en los meses previos al suicidio de Raquel; ni ha explicado que todas las personas que tenían un cargo en dicho régimen de aislamiento tras el suicidio fueron trasladadas; ni cómo es posible que desde su suicidio se hayan producido dos más en aislamiento y otro más en enfermería hace apenas 15 días. La comparecencia ha sido realmente preocupante ya que no se ha realizado, como tampoco se hizo hace 5 años, ni un solo ápice de autocrítica real y de propuestas reales de control efectivo del respeto de los derechos humanos.

En un momento en que algunas organizaciones y algunos responsables políticos y de cuerpos de seguridad en Catalunya estamos haciendo un esfuerzo por estrechar vínculos para generar mecanismos útiles para la protección de los derechos humanos, como la propia Dirección General de Servicios Penitenciarios, una intervención como la que ha realizado el director del centro penitenciario de Brians I es aún más preocupante.

A pesar de que se nos intente criminalizar, seguiremos trabajando por la normalización de nuestro trabajo, ya que es intolerable que no tengamos un estatus específico de entrada a los Centros Penitenciarios, a diferencia, por cierto, de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), a los cuales logramos poder entrar a pesar de los obstáculos que el Ministerio de Interior puso en su momento. Y todo ello con el afán de contribuir a la protección de los derechos humanos desde el máximo respeto y rigor, pero también desde la máxima contundencia cuando sea necesario.

Hoy era uno de esos días en los que debíamos ser contundentes, ya que nuestra democracia no debe tolerar explicaciones como las que el Director de Brians 1 ha ofrecido en sede parlamentaria, ni como las que en privado hace 5 años me ofreció. Un director de un centro de privación de libertad ha de ser el máximo garante de los derechos de las personas presas. Por suerte, en el camino nos encontramos con profesionales que sí que lo hacen y con los que conseguimos trabajar desde la aceptación de la diferente posición del otro.

Esta semana el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a preguntas formuladas por la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, manifestó que el Gobierno está preparando una propuesta de nuevo modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como que tienen pensado construir tres nuevos CIE. Uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid. Otra de las informaciones que ha filtrado a la prensa es que se están planteando retirar a la Policía Nacional de los CIE.

Dichas informaciones no llegan en un momento aleatorio. Por un lado, la Comisión Europea está presionando a los Estados para que aumenten el número de expulsiones a través de la ampliación del plazo de internamiento hasta los 18 meses. Por otro lado, en los últimos meses los sindicatos policiales han venido desarrollando una fuerte campaña para la mejora de sus condiciones laborales en los CIE. Es posible que la presión ejercida por los sindicatos policiales esté precisamente dirigida a dejar de encargarse de la custodia de los mismos.

Además de todo esto, durante los últimos meses se han producido varias fugas y protestas en los CIE, información sobre las cuales siempre ha sido filtrada en primer lugar por sindicatos policiales. Que todos estos elementos no hayan sido los que hayan dado resultado en las declaraciones del ministro del Interior sería, en todo caso, demasiada casualidad.

Tal y como reflexionábamos recientemente en la campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones durante una asamblea, son tiempos de resistencia. Lo más probable es que en los próximos meses vivamos una acometida del Gobierno que puede ir desde la construcción de hasta tres nuevos CIE en el Estado español hasta intentar aumentar el tiempo de internamiento en los mismos. Sea cual sea el escenario que se va a desarrollar, la sociedad civil ha de activarse: si dichas medidas salen adelante, estaríamos retrocediendo tras haber avanzado muchísimo en los últimos años. A no ser que nos activemos. Precisamente, una de las disputas que se darán tendrá que ver con la hegemonía del discurso en los medios de comunicación así como con el apoyo social que pueda tener un modelo de políticas migratorias u otro.

En los últimos años, ha ganado muchísimo terreno el relato de las organizaciones que, a través de trasladar la realidad que se encontraban en los CIE, ubicaban a estos centros como un espacio de vulneración de derechos humanos por el trato que se otorga a las personas dentro, así como por el hecho de que fueran privadas de libertad por el hecho de estar en una situación administrativa irregular. El único argumento discursivo que se contraponía era que ya no se internaba a personas migrantes o migradas sino que solo se internaba a aquellas que eran “delincuentes”, apelando a que la gran mayor parte de las personas internadas contaban con antecedentes. Como esta afirmación era completamente falsa, dicho argumento no logró hacer frente a la ola que reclamaba el cierre de los CIE. Ahora, empujados por el contexto y por la presión ejercida por las instituciones europeas, comienzan una nueva operación de maquillaje y de perfeccionamiento de los CIE.

Para poder contraponernos a los momentos que se intuyen es necesario dar un paso más y complejizar el discurso. No se trata sólo de si han de existir CIE o no. Se trata de qué modelo migratorio es el adecuado en términos de respeto a los derechos humanos pero, sobre todo, se trata de focalizar sobre cuál es el modelo migratorio que combina dicho respeto con resultados pragmáticos. Es decir, o iniciamos un proceso que conduzca a generar un bloque que pueda aglutinar sociedad civil y agentes políticos en base a un consenso nuevo en políticas migratorias o, como mucho, nos limitaremos a resistir dentro de un marco discursivo que no compartimos. Generar un nuevo sentido común, un nuevo consenso, que se imponga al relato conservador en auge, no se realiza de manera rápida ni improvisada. Hay que dejar de hablar de propuestas improvisadas de alternativas a los CIE y ponernos a definir desde la corresponsabilidad legislativa una nueva política con toda su complejidad.

Una de las cuestiones clave que deben abordarse son las expulsiones exprés, las cuales no se ha sabido introducir dentro de las reivindicaciones sociales al mismo nivel que los CIE. En la actualidad, más de un 65% de las personas están siendo deportadas sin pasar por un CIE y en una situación de absoluta desprotección. Una llamada de comisaría por un supuesto asunto de tu interés, una redada o una detención debajo de casa puede convertirse, en menos de 72 horas, en una expulsión forzosa sin asistencia letrada, en la mayor parte de los casos, y sin que haya apenas opciones de que un juez revise la situación. Es más, la orden de expulsión puede haber sido dictada 3 o 5 años atrás. La persona puede tener familia o incluso puede estar en proceso de regularizar su situación, pero se le expulsa en 72 horas igualmente. El problema radica en que no hay control jurisdiccional obligatorio de las expulsiones.

Queremos plantear la necesidad de que, por un lado, pongamos a la misma altura de reivindicación la necesidad de contar con garantías ante la deportación que la necesidad de cerrar los CIE, bajo un horizonte de cambio de paradigma en política migratoria. Por otro, y ante diferentes operadores jurídicos, queremos proponer que trabajemos con sectores de la judicatura y de la fiscalía para estudiar la implementación de unos Juzgados de Garantía ante las expulsiones. Los Juzgados de Garantía deberían autorizar cada una de las expulsiones tras realizar una vista en la que se analizaría el eventual choque de la expulsión con los derechos fundamentales de la persona –como es el del derecho a la vida en familia– así como con los principios de proporcionalidad y necesidad. Por supuesto, una vista en la que la persona contaría con asistencia letrada y de traducción, además de con los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la defensa.

Llegó el momento de contraponer con nuestros mejores argumentos y con un plan de políticas públicas consensuado entre la sociedad civil y los agentes políticos en base a un nuevo paradigma el ataque histórico al que se enfrentan los derechos de las personas migradas. Y si lo hacemos bien en términos comunicativos y de políticas públicas quizá nos permita no solo resistir, sino también avanzar.

Alquilar una vivienda en Barcelona y en muchas ciudades y pueblos de Catalunya está camino de convertirse en un bien de lujo debido a la desregulación del mercado del alquiler. Junts Pel Sí rechazó caminar hacia dicha regulación evitando que se emplearan todas las herramientas políticas y legales para hacer que el acceso a la vivienda sea accesible para las personas y familias que trabajan. No hablemos ya de los obstáculos insalvables que una capa importante de la población que vive en situación de pobreza tiene para poder vivir en una vivienda, por humilde que ésta sea.

Por otro lado hay personas físicas, no solo jurídicas (las cuales no podrían acogerse al procedimiento excepcional que plantea el Partido Demócrata), que tienen 5, 10 o incluso 40 viviendas. Muchas de las mismas, ante la desregulación del mercado del alquiler y la falta de control a los apartamentos turísticos están continuamente aumentando sus ingresos de manera muy poco ética en la mayor parte de los casos. Hay barrios de Barcelona donde es casi imposible vivir alquilando debido a que la mayor parte del parque de alquiler se destina a los apartamentos turísticos y los que se destinan a uso de vivienda habitual, debido a la falta de oferta y la alta demanda, se encuentran a precios desorbitados.

Estamos de nuevo ante un nuevo ataque a los derechos de la población que se está realizando gracias a la combinación de inacción política planificada y al turismo sin límites. ¿Qué medidas reales está tomando el gobierno de la Generalitat para evitar que esto esté pasando? ¿Qué medidas está impulsando el Partido Demócrata (PDECat) en el Congreso para evitar un problema que enfada y daña cada vez más a la ciudadanía?

Sin embargo, el PDECat ha decidido que la prioridad debe ser hacer una nueva reforma (la última fue hace un año) para agilizar los desahucios de personas que están viviendo en casas ocupadas. El problema de hacerlo es que es absolutamente hipócrita plantear que lo realizan para proteger a las personas. Antes de analizar qué supone a efectos prácticos dicha reforma, es necesario preguntarse qué es un pequeño propietario. ¿Quién tiene dos casas? ¿Quién tiene 10? ¿Quién tiene 30? La mayor parte de la sociedad no tiene ni dos ni tres casas. Si de verdad estuvieran preocupados por no protegerse a sí mismos y a sus similares, estoy seguro que impulsarían medidas bien diferentes, que con un poco de voluntad política lograrían que la gente no durmiera en la calle o para que la gente pudiera pagarse una vivienda sin dejarse en muchas ocasiones hasta el 50 % o más de sus ingresos.

Respecto a la reforma que propone el PDECat, nos preocupa a entidades y defensores de derechos por varios aspectos. En la actualidad, el procedimiento civil para realizar el lanzamiento de personas que están viviendo sin título en una propiedad es ágil y rápido. Más aún tras una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se produjo en Octubre del 2015.

El problema de la propuesta del PDECat es que pretende dejar sin garantías a las personas que viven en espacios en los que a priori no tienen título alguno para hacerlo. Digo a priori porque la propuesta que han presentado parece obviar que en ocasiones existen acuerdos verbales que no se pueden demostrar sin un juicio (también son casos reales) o que quizá hay irregularidades formales en la demanda que hacen que la misma deba ser inadmitida tras la contestación de la otra parte. ¿Por qué lo obvia? Porque pretenden que tras la interposición de la demanda y de acreditar que es su propiedad (sin que sea sometido a contradicción por la otra parte) el juez decrete el desalojo a la vez que le da traslado de la demanda a la otra parte antes de la contestación a la demanda y del juicio. Es decir, la propuesta anula las garantías y el derecho de defensa de las personas que viven sin tener un título escrito para hacerlo.

El Partido Demócrata presenta la situación como si existiera una desprotección para los pequeños propietarios. Desprotección que no existe, ya que existen los canales adecuados para que se recupere la posesión de la vivienda. Así pasa continuamente. El problema es anular la capacidad de defensa del más débil, de quien no tiene dinero para pagar un alquiler.

Los supuestos que presenta el PDECat para justificar su legislación son absolutamente minoritarios. Es mucho más habitual que se realicen ocupaciones de viviendas de grandes tenedores que de personas que tienen una, dos o tres viviendas.

Son tiempos de violencia inmobiliaria, donde fondos de inversión, empresas y personas están de nuevo disfrutando en el juego de la burbuja inmobiliaria. Pero el problema es la ocupación. Y si hace falta, pues generamos un procedimiento excepcional que deja los principios del derecho civil al margen. La Proposición de Ley presentada, además, no pone un límite a las viviendas que ha de tener una persona para poderse acoger a dicho procedimiento “excepcional”.

Sin embargo, también son tiempos de resistencia y de desobediencia civil. Y la ocupación siempre ha sido un mecanismo que han utilizado las personas excluidas para subsistir y poder tener una vivienda (aunque sea precaria) así como un mecanismo para visibilizar una situación injusta. Así empezó la ocupación y la okupación. Y en la situación actual cobra aún más sentido si cabe. Más allá de la problemática general, lo importante es no forzar la ley para dejarla al margen de sus principios inspiradores como pretende el Partido Demócrata y dejar sin garantías y sin derechos a quien menos tiene. En otras ocasiones lo de forzar la ley se les acabó volviendo en contra. Y si no, que le pregunten a Felip Puig.

“Queremos acoger, basta de excusas” ha sido el lema de la manifestación que ha tenido lugar este sábado en Barcelona. Una de las reivindicaciones que se hicieron desde la marcha fue el derecho a las vías legales y seguras para que las personas puedan migrar con el foco puesto en la frontera sur española. El día antes de la manifestación entraron 498 personas por la valla en Ceuta, y ayer, lunes, repitieron la operación 365 más. Casualmente dichas entradas tuvieron lugar a los pocos días de que el Ministro de Agricultura Marroquí, Aziz Akhannouch, en plenas negociaciones con la Unión Europea, alertara de que “¿por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes con la emigración?”. “El problema de la emigración es que es muy costoso para Marruecos y Europa debe apreciarlo en su justo valor”, recalcó.

A pesar de que países como Italia y Grecia estén en el centro de la agenda mediática y política actual en relación a los flujos migratorios que vienen llegando de manera más significativa desde hace dos años, no debemos olvidar la frontera sur del estado español como espacio de excepcionalidad jurídica y de vulneración sistemática de los derechos humanos. Leemos el momento y la fuerza que ha generado una de las mayores manifestaciones a nivel europeo a favor de las personas migradas y refugiadas como la oportunidad para visibilizar la situación en la frontera sur y encaminarnos hacia cambios efectivos que contribuyan a que, como mínimo, se respete un marco legal y los derechos de las personas que tratan de entrar en territorio español en la frontera sur.

Muchas veces se habla sólo del número de personas que consiguen cruzar la valla. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que intentan cruzar la valla pero no lo consiguen? La respuesta de las organizaciones que trabajan en el terreno es unánime. Tras un salto hay muchísimos heridos debido a la valla, así como debido a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en el caso de que sean interceptados o devueltos. Los que no acaban en el hospital y no logran escapar, son detenidos y transportados a cientos o miles de kilómetros. Se calcula que entre 1.500 y 2.000 personas se encuentran actualmente en los bosques que rodean la ciudad de Nador (Marruecos) a la espera de poder cruzar y otras tantas en las zonas existentes entre Tánger y Ceuta. Las condiciones en los bosques donde habitan no solo son pésimas por el frío, la extrema precariedad y el hambre que pasan, sino que también son peligrosas debidas a las redadas que frecuentemente efectúa la policía marroquí.

A principios de este mes visitamos un campamento quemado y arrasado por la policía marroquí en las afueras de Tánger. Asimismo, una persona que conocimos en el CETI de Ceuta y que vivió durante seis meses en los bosques nos describía sus encuentros con la policía marroquí: “Cuando te encuentran, es un tormento. Pies rotos, cabezas heridas, personas que mueren, personas en coma, personas que pierden partes del cuerpo, que pierden todo. En ese momento sólo queda Dios”.

Entonces, ¿por qué estas personas tratan de entrar en territorio español saltando la valla y no por los puestos habilitados? La respuesta está en los acuerdos existentes entre España y Marruecos. Tanto en Ceuta como en Melilla, la policía marroquí no permite el acercamiento a la frontera española a las personas provenientes de países del África negra. Así, a estas personas sólo les queda entrar en territorio español a través de pequeñas embarcaciones o escondidos en coches –opción para las personas con más poder adquisitivo–, o saltando la valla.

En nuestra reciente estancia de observación de derechos humanos en la frontera sur, muchos testigos nos han confirmado que, una vez consiguen saltar la valla, se enfrentan a las devoluciones en caliente de manera sistemática por parte de la guardia civil española. Los tratados internacionales sobre derechos humanos consideran las devoluciones en caliente como una práctica vulneradora de derechos, al estar devolviendo a una persona a un territorio donde su vida y su libertad corren peligro. Asimismo las personas que consiguen llegar a territorio español son devueltas a través de las puertas que se encuentran en las vallas sin procesos de identificación individual ni acceso a traducción o asistencia de un letrado. Incluso, tal y como reconoció un representante de Cruz Roja al ser entrevistado en Catalunya Radio, ni siquiera se realizan partes médicos de las personas que son devueltas.

Muchas de estas personas son potenciales peticionarios de asilo que, al no poder acceder a los puestos habilitados en las vallas, se ven forzados a saltar. Y no sólo eso: muchas de las personas que saltan la valla y que posteriormente son devueltas son menores de edad. Conocimos el caso de un menor que saltó la valla y que lo último que recuerda, una vez cruzó, fue haber pisado territorio español. Lo siguiente fue despertarse en un hospital de Marruecos donde le dijeron que se había quedado en coma de manera posterior al salto.

La situación de excepcionalidad jurídica en la frontera sur debe cambiar. Estaríamos haciendo un flaco favor a nivel de derechos si apuntáramos hacia otro sitio: se debe restablecer la legalidad en la frontera sur. Desde Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, junto con Fotomovimiento y Novact, presentaremos un informe audiovisual durante el mes de abril. Gracias a la información de las personas y entidades que están trabajando en la frontera, además de los testimonios que hemos podido recoger después de nuestro viaje, queremos visibilizar la situación actual en la frontera sur y trabajar para cambios concretos a nivel de políticas migratorias. Es el momento de dar pasos concretos colectivos concretos para direccionar el apoyo masivo a los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

Ha llegado el momento de asumir un debate serio y riguroso acerca de la necesidad e idoneidad del aislamiento penitenciario, así como de escuchar con detalle el daño que genera

Hace unos años comencé a trabajar en la denuncia de las vulneraciones de derechos que acontecían en el marco de la privación de libertad. En mi aproximación a dicha realidad hubo una cuestión que desde el principio me impacto muchísimo. A pesar de haber pasado por la carrera de Derecho apenas tenía conocimiento de lo que era el aislamiento penitenciario. No sabía que en las cárceles había un régimen que suponía la permanencia de una persona durante días, meses e incluso años en una rutina en la que se pasaba 21 horas al día en una celda. Con un rato de patio, o mejor dicho, con un rato de celda al aire libre compartida con otra persona (y en ocasiones con ninguna). Sin actividades a realizar prácticamente.

Para explicaros lo que es el aislamiento os puedo hablar de María, la primera persona que acompañé y defendí. Una persona que tras sufrir intentos de suicidio fue clasificada en primer grado penitenciario en Brians 1 como consecuencia de un conflicto con un grupo de funcionarias a las que ella acusaba de malos tratos. Recuerdo la angustia que le provocaba el hecho de estar sola día tras día encerrada en una celda de pequeñas dimensiones. Pensaba que no lo iba a poder soportar y las conversaciones acerca del suicidio fueron realmente duras. Logró aguantar y en su caso logramos que saliera de aislamiento tras pasar varias semanas “volviéndose loca”, según sus propias palabras. Las personas que trabajamos en relación al medio penitenciario, sabemos que no sólo la tasa de suicidios es mucho mayor en prisión y que se dispara en el régimen de aislamiento, sino que la idea de acabar con la vida es desgraciadamente muy recurrente en prisión, y que dicha idea se multiplica en aislamiento de una manera que asusta.

También os puedo hablar de Roberto, un preso al que fui a visitar porque quería denunciar una situación de malos tratos. Llevaba tres años en régimen de aislamiento en Brians 2 de manera continuada. El día que le fui a ver le costaba verbalizar y expresarse. Tenía afectada la memoria y la percepción. Tenía poca familia y apenas recibía visitas. Tener una conversación entendible era altamente complicado. Estaba quebrado.

Sin embargo, no hace falta estar tres años en aislamiento. Os puedo hablar de Luis. Es un chico joven que fue sancionado a pasar 14 días en régimen de aislamiento en la prisión de Quatre Camins. Llevaba varios meses en la cárcel y se iba adaptando bastante bien. Tras una discusión con una trabajadora fue trasladado a aislamiento. Cuando su familia fue a verle me llamó asustada. Se había autolesionado y se quedaron impactados cuando comprobaron que le costaba seguir una conversación. Su ánimo se había deteriorado así como sus expectativas de futuro.

Os puedo hablar de las decenas de veces que personas presas me han expresado que han sido maltratadas en el marco del aislamiento penitenciario. Muchas situaciones comienzan en un módulo normal y finalizan en aislamiento. También de las veces que se ha aplicado la contención mecánica como mecanismo de castigo. Como a Rocío, de quien se reían mientras la ataban a una cama y la golpeaban, en una celda de contención mecánica en Brians 1.

Y sí, también podemos hablar de Raquel, quien tras pasar más de 6 meses en aislamiento en Brians 1 se suicidó en su celda en abril de 2015. A pesar de que explicó y dio fuertes señales de que no podía más. La actual dirección general de servicios penitenciarios ha desperdiciado la oportunidad de disculparse en nombre de la institución ante su hija, de dar un mensaje claro ante los graves hechos que rodearon su muerte y de reparar el daño causado. Confiamos en que los tribunales nos den la razón, ya que en las próximas semanas interpondremos la demanda contra la Generalitat con el mismo espíritu que iniciamos el procedimiento: Conseguir que cesen casos como el de Raquel. Tras su suicidio, se han producido al menos otros dos en el módulo de aislamiento (DERT) de mujeres de la misma prisión.

El aislamiento no solamente genera profundos daños psicológicos, sino que es un régimen de vida completamente anacrónico. ¿De verdad es necesario encerrar a una persona 21 horas en la celda para asegurar módulos de mayor seguridad? ¿De verdad alguien se cree que dicho régimen puede suponer un buen sistema de “tratamiento” de una persona? En nuestra opinión, no. Es un régimen que tiene ancladas sus raíces en teorías psicológicas absolutamente anacrónicas que debe dejar de existir. No solamente lo decimos las organizaciones de derechos humanos de Catalunya, que tan fuertemente hemos sido criticadas por los sindicatos de funcionarios en la primera sesión del grupo de trabajo sobre aislamiento penitenciario que se ha creado en el seno de la Comisión de Justicia del Parlament de Catalunya. También consideran lo mismo normas internacionales y expertos que tendremos la ocasión de poder escuchar en dicho grupo de trabajo gracias al empuje que hemos realizado desde las organizaciones de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Seguro que podrán hablar más de los cinco minutos que a regañadientes –y tras pedir que no se grabara la sesión–, han depuesto este martes los sindicatos de funcionarios de UGT, CCOO y CSIF. Tras explicar que no entendían por qué habían sido llamados, han negado que el aislamiento provoque daño, además de exponer que es un “tratamiento” beneficioso para las personas presas.

A pesar de que no sea del agrado de algunos sectores, ha llegado el momento de asumir un debate serio y riguroso acerca de la necesidad e idoneidad del aislamiento penitenciario, así como de escuchar con detalle el daño que genera. Aunque sinceramente, en realidad creo que bastaría con que cada persona se imaginase a sí misma encerrada durante 10 días o 10 meses en un régimen de vida como éste. Gracias al reportaje que ha realizado Media.cat todas podremos hacer tal ejercicio.

Hace un tiempo tuve que dejar de defender derechos en prisión por un tiempo porque necesitaba hacerlo en compañía y con una perspectiva de que íbamos a cambiar las cosas. Hace un año y medio llegó ese momento y gracias al trabajo de muchas personas se ha logrado romper el silencio y crear este grupo de trabajo. Creo que muchas de las personas que conocemos la realidad de cerca tenemos esta sensación, así que vamos a hacer todo lo posible para que de verdad se hable de aislamiento y para erradicar dicho régimen cruel, inhumano y degradante de Cataluña y del Estado Español.

En pocos sitios se pueden detectar los privilegios ligados al proceso de racialización y al país de origen como en una frontera. En nuestra primera entrada en Ceuta, tuvimos una sensación similar a la experimentada cuando entramos al CIE: de un lugar de no Derecho, de impunidad frente a la violencia institucional

En el perímetro fronterizo que separa Ceuta y Marruecos hay un solo acceso con dos vías de entrada. Hay una sola vía para los 10.000 coches que cruzan diariamente la frontera, y otra vía para las 25.000 personas que, también cada día, hacen el mismo trayecto. Bajando en coche por las montañas que rodean Ceuta ya se avista la forma de embudo de la frontera: entre cuatro y cinco carriles separados por pequeños muros de cemento se convierten más adelante en una sola fila por donde poder cruzar. Colas de hasta tres y cuatro horas para pasar la frontera en coche pesan para todas, pero sobre todo para las personas que deben entrar y salir cada día para trabajar, o para las que trabajan pasando mercancía a través de ella. En el recorrido se pasa por hasta cinco puestos de seguridad donde piden y revisan los papeles. Dos vallas de más de seis metros marcan un pasillo estrecho y largo donde, al final, nos encontramos con un grupo de cuarenta personas que intentan entrar en territorio español.

Dos agentes de policía nacional controlan la entrada. De repente, uno de los agentes empieza a gritar y empuja a todo el grupo para atrás, formando una avalancha. De entre el grupo, un hombre se atreve a adelantarse y le enseña los papeles, que tiene guardados en un sobre de plástico. “¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda?” - dice el guardia cogiéndole el sobre. “¿Sabes lo que te digo? Que te quedarás aquí, a un ladito y sin molestar. Y ya, si eso, mañana te digo algo sobre tú y tus papeles”. Entonces los policías se percatan de nuestra presencia. Se dirigen a nosotras de manera educada y les dicen a ellos que nos dejen pasar. En pocos sitios se pueden detectar los privilegios ligados al proceso de racialización y al país de origen como en una frontera. Detrás de los agentes, sigue el mismo pasillo bordeando el mar. Al salir, a la derecha, se encuentra la playa del Tarajal. Cuando nos percatamos, aún movidos por la situación que acabábamos de vivir, un silencio incómodo nos invadió. Las 14 personas muertas en 2013 presentes. Unos metros más allá, en la primera rotonda, un guardia civil le da golpes al fajo que lleva una porteadora en la espalda mientras le chilla: “¡A ver, tú! Quiero ver lo que llevas dentro de este fajo, ábrelo. No te moverás de aquí hasta que no lo abras”. De repente nos ve y grita al grupo de porteadoras: “A ver, dejad de molestar, dejadles pasar”. A nosotras nos trataba como personas, a ellas no. Así fue nuestra primera entrada en Ceuta. Probablemente un día cualquiera en Ceuta, pero no fue una experiencia cualquiera para nosotras. Dos situaciones al azar, dos muestras de profunda violencia y de racismo. Tuvimos una sensación similar a la que experimentamos la primera vez que entramos al CIE en el 2010. La profunda sensación de encontrarnos en un lugar de no Derecho, de impunidad frente a la violencia institucional.

Con la llamada “crisis de refugiados” hemos visto como principalmente dos países, Italia y Grecia, han sido puestos en el centro de la agenda mediática y política como epicentros de la llegada de flujos migratorios para llegar a Europa. La situación de vulneración de derechos humanos ha generado una fuerte repulsa entre amplios sectores de la población: vallas, ataques por parte de la policía de los distintos países colindantes, miles de personas muertas por haber intentado llegar a las costas europeas, refuerzo de funciones y presupuesto para Frontex y un acuerdo con Turquía que vulnera la convención para las personas refugiadas y los tratados internacionales de derechos humanos. Miles de personas en tránsito intentando llegar y miles de personas en un atasco burocrático.  Sin embargo, el foco no ha llegado de manera suficiente a la Frontera Sur del Estado Español. Y ello, a pesar de que Ceuta y Melilla han sido el laboratorio de los países de la UE en el control de fronteras. Un modelo que se ha visto replicado en los últimos tiempos por diferentes países, cuyas principales señas de identidad serían de vulneración de derechos en el espacio fronterizo, la externalización del control de fronteras, y las vallas con sus concertinas. También lograr que se normalice la creación de espacios de no Derecho. Este quizá es el mayor “logro” replicado.

Ha llegado el momento de poner entre todas el foco para cambiar la situación. Una de las cuestiones más urgentes, como se ha comprobado de nuevo tras las numerosas devoluciones “en caliente” que se han producido estos días en Ceuta tras el intento de entrada del pasado día 1 de enero, es la derogación inmediata del artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que introdujo la modificación por la puerta de atrás de la Ley de Extranjería para intentar legalizar las mismas. Siguen sin ser legales, pero a la espera de que el TEDH condene al Estado Español, hemos de trabajar, no solo para que desaparezcan de la ley sino que, también, para que cese su práctica (ya que operaban con carácter previo a su introducción en la Ley). La creación de vías legales de entrada, más allá de la existencia de unos supuestos puestos de solicitud de asilo que no operan en la práctica, también se hace imprescindible. Así como, entre otras medidas, lograr que se agilicen, racionalicen y se controlen los tiempos para que las personas que estén en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en donde las personas migradas y las personas con petición de asilo son establecidas temporalmente, sean trasladadas a la Península. Y que, con ello, se acabe con la saturación en los CETI. Mientras que la capacidad del centro es de aproximadamente 500 personas, cuando estuvimos hace mes y medio había más de 800. La atención médica y psicológica está bajo mínimos y las condiciones de todo el centro son pésimas. Lo más preocupante era la dejadez con la que explicaba la situación la responsable que nos lo mostró. También medidas que encaren las vulneraciones de derechos a Menores No Acompañados, a las víctimas de trata, así como a las solicitantes de asilo.

Es importante visibilizar y reconocer el trabajo hecho por entidades y personas individuales que llevan trabajando muchos años en Ceuta y Melilla para los derechos de las personas migradas, aprovechando un momento donde esta cuestión se encuentra en el centro de la agenda europea e internacional. Para ello, es una gran noticia que desde los colectivos que promovieron la Caravana a Grecia en el verano pasado, estén convocando una caravana a la Frontera Sur para este verano. Pero debemos ir más allá de una mera visibilización: hay que denunciar, sumar esfuerzos y coordinarnos entre todas las entidades que trabajamos para y con las personas migradas para establecer objetivos comunes a corto, medio y largo plazo. Es importante hacer hincapié en el sentido común general y focalizar bien para hacernos con la hegemonía discursiva a través de todos los instrumentos y mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Por otra parte, y con la vista puesta a los recursos que tenemos, debemos establecer objetivos concretos y factibles para contribuir de manera efectiva a un cambio en la gestión de las políticas migratorias en el Estado Español. Con estos objetivos en mente y las experiencias acumuladas por otras organizaciones durante años, elaboraremos un informe sobre las vulneraciones de derechos a las personas migradas en la Frontera Sur, y paralelamente tenemos la propuesta de trazar entre todas las entidades que trabajan allí y las de la península una agenda y objetivos comunes para 2017 porque, aunque parezca muy básico, hemos de, como mínimo, restablecer la legalidad en la Frontera Sur.

En los últimos dos años, gracias al empuje de las entidades y las plataformas ciudadanas que se han movilizado social y comunicativamente contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, se ha ido ampliando de manera histórica el bloque favorable a hacer desaparecer dichos centros de la geografía política del Estado Español. Además, se ha producido un gran avance al haber logrado que diferentes instituciones de representación democrática como Parlamentos Autonómicos (Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra), así como numerosos ayuntamientos (Madrid, Barcelona, Málaga, Algeciras, Valencia, A Coruña, y un largo etcétera) se sumaran al planteamiento de que es necesario crear un modelo de gestión de los flujos migratorios en los que los CIE no tengan cabida. El trabajo de hormiga de muchas personas y organizaciones que ha llevado a los CIE a ser la institución de privación de libertad más monitoreada del Estado Español ha sido clave en este proceso.

Nunca hemos estado tan cerca de cerrar los CIE, unos centros creados para la privación temporal y cautelar de personas extranjeras con una orden de expulsión vigente bajo el objetivo de facilitar el trabajo al Ministerio de Interior para proceder a su deportación. Es clave, precisamente en este momento, que analicemos algunos elementos que complejizan el debate en torno a los CIE.

En algunos sectores sociales e institucionales está tomando fuerza la idea de generar “alternativas a los CIE”. Desde nuestro punto de vista, estamos ante un debate claramente erróneo. No hay alternativas a los CIE. Y nos explicamos: de lo que se trata es de generar un cambio de modelo profundo (y no tan complicado de llevar a la práctica) en el que se sustituya el actual paradigma basado en la privación de libertad y en la deportación forzosa por otro basado en la acogida, en la facilitación del retorno de aquellas personas que quieran dejar de vivir en el Estado español así como en la configuración de la deportación como un recurso de “ultima ratio”, contrario a la práctica vigente, y cubierto de unas garantías, también inexistentes en la actualidad.

Vayamos por partes. No hay alternativas a los CIE porque cualquier sistema de piso tutelado o de piso de acogida no es ninguna alternativa al CIE, por suerte. Estas medidas buscan ampliar la red existente de recursos sin privación de libertad, por lo que no es una alternativa. Es un cambio de modelo, no una alternativa. De hecho, uno de los cambios a los que debería apuntar un nuevo modelo de políticas migratorias sería trabajar mucho mejor la acogida y la inclusión de las personas en el circuito de los derechos a través de una flexibilización racional de los modos en los que se pueda acceder al permiso de residencia y trabajo.

Por otro lado, uno de los puntos fuertes del paradigma de cierre es que nadie sea privado de libertad por el hecho de no tener la situación regularizada. Es por ello que unos CIE más humanos, más pequeños y gestionados por entidades no serán nunca una medida aceptada por el amplio sector social que lleva años trabajando por su cierre.

Por otro lado, es extremadamente importante poner el foco en la deportación en sí misma. En la actualidad, aproximadamente el 60% de deportaciones se producen sin pasar por el CIE, ante una falta total de garantías. Cabe recordar que una orden de expulsión no caduca hasta los 5 o los 8 años después de ser dictada y que es un título ejecutivo en sí mismo que, a no ser que sea suspendido in extremis hasta el juicio, su ejecución depende simplemente de la voluntad de la policía. A pesar de que entran en juego derechos fundamentales clave como el derecho a la vida en familia, además de que se producen situaciones anacrónicas, no hay un verdadero control jurisdiccional previo a la deportación.

Sería necesaria la creación de unos juzgados de garantías ante los cuales tuviera que llevarse una vista con carácter previo a la deportación para revisar si efectivamente dicha orden sigue teniendo sentido desde un análisis integral de los derechos en juego. Todo ello desde la proporcionalidad y un principio de ultima ratio.

A través de este artículo hemos querido tan sólo ofrecer algunas pinceladas acerca de un debate profundo que hemos de abordar en común si de verdad nos creemos que queremos generar cambios reales en política migratoria y de asilo. Y los cambios nunca se pueden improvisar, ni anunciar a golpe de titular de prensa. Son complejos, son lentos y serán contradictorios.

Dejemos de hablar de “alternativas” a los CIE sin entrar en el fondo del asunto. Hablar de ellas hace un flaco favor a la hora de abordar la cuestión desde una perspectiva profunda y realista, pero sobre todo, respetuosa. No se trata de generar alternativas a los CIE, se trata de cerrar los CIE acompañándolo de políticas públicas que nos permitan afirmar que estamos ante un verdadero cambio de paradigma en políticas migratorias.

Los CIE se podrían cerrar mañana y, tal y como dijimos en el Parlamento de Catalunya, no cambiaría nada en términos de macro-política migratoria: las deportaciones desde CIE representaron en el 2013 tan sólo el 1% del saldo total migratorio negativo del Estado español. Obviamente se ganarían muchos derechos y cesarían situaciones injustas. Sin embargo, no se construye de la noche a la mañana un programa realista de políticas públicas que permita avanzar realmente hacia un cambio de modelo que es más necesario que nunca. ¿Nos ponemos manos a la obra?

No existeixen mecanismes efectius perquè siguin denunciats els delictes contra la integritat moral comesos per funcionaris públics malgrat que estiguin recollits i penats pel Codi Penal

Fa un any un grup de persones que portàvem temps treballant en la defensa dels drets humans vam decidir crear una estructura estable de protecció dels drets humans que treballés en el marc català, Irídia. El projecte central amb el qual vam néixer és el Servei d'Atenció i Denúncia davant de situacions de Violència Institucional (SAIDAVI), el qual ofereix un servei d'atenció jurídica i psicosocial a persones que hagin patit una situació de violència institucional en el marc del sistema penal. Un any després de la seva posada en funcionament i a escassos dies de celebrar el nostre primer aniversari, volia compartir algunes reflexions del nostre primer any de treball.

En l'àmbit de la violència institucional és profunda la manca de mecanismes reals a Catalunya i a l'Estat Espanyol tant per prevenir-la com per a sancionar-la quan es produeix una situació d'aquest tipus.

El primer, ¿on pot anar una persona que ha estat víctima d'una situació de maltractaments en una comissaria o a la presó, o en un Centre d'Internament d'Estrangers? Tot i que els delictes contra la integritat moral comesos per funcionaris públics estan recollits i penats pel Codi Penal, no hi ha mecanismes eficaços perquè aquestes pràctiques siguin denunciades ni tampoc existeixen mecanismes efectius per a la investigació de les mateixes. Si una persona vol denunciar qualsevol delicte pot trucar a la policia per denunciar-ho o pot acudir a una comissaria. Això dóna lloc a una investigació per part dels agents per trobar els responsables i portar-los davant la justícia.

¿Algú pensa que sense que hi hagi els mecanismes adequats una víctima de violència institucional pot realitzar el mateix recorregut? ¿El mateix cos policial o funcionarial està capacitat realment per realitzar la tasca d'investigar-se a si mateix? La resposta és no i això genera fortes conseqüències per a les persones afectades. De fet, situacions que s'han viscut recentment ens allunyen cada vegada més d'aquesta possibilitat. En el cas de Juan Andrés Benítez el paper d'alguns agents minuts i hores després de la seva mort va ser anar al lloc dels fets i als pisos del costat per, lluny de complir amb el que el procediment davant de qualsevol altre tipus de mort, esborrar les proves. Van eliminar les taques de sang i van sol·licitar als veïns que esborressin les imatges.

¿Per què es va investigar el cas Benítez? Va ser el treball que activistes de Rereguarda en Moviment van realitzar per preservar proves el que va portar a trobar el vídeo que va ser clau en el procés. Quan vam accedir a aquesta prova 24 hores després dels fets ens trobem davant dues persones atrinxerades al seu pis, molt espantades, que havien gravat una prova imprescindible per dilucidar una mort, i que no sabien a qui lliurar-les (després que haguessin vist a policies coaccionar a veïns perquè fossin esborrades). Efectivament, aquest buit va ser omplert per la societat civil. Es van preservar proves, es van lliurar al jutjat i es va impulsar el procediment. Aquest cas és una excepció? No ho és. Així ho hem evidenciat en el treball desenvolupat des d'Irídia al llarg d'aquest any. Dos exemples:

1. L'11 abril de 2015 la Raquel es va suïcidar en el règim d'aïllament de la presó de Brians I. Hi va haver una investigació interna a la qual hem tingut accés en el marc del procediment de responsabilitat de l'administració davant la seva mort que hem incoat i hem pogut veure una nova evidència del volem plantejar. La informació reservada realitzada per l'àrea d'investigacions internes de la Direcció General va realitzar un informe en el qual conclouen que va actuar de manera correcta sense demanar proves que eren imprescindibles. La investigació que hem impulsat ha evidenciat aspectes molt rellevants i greus, i només demanant dues coses de sentit comú: el seu historial mèdic i el seu historial de sancions i incidents. De nou un buit de la pròpia administració davant d'una situació de mort sota custòdia.

2. Al mes de juliol un ciutadà que anava caminant amb la seva bicicleta, després d'una discussió amb una persona, que posteriorment va resultar ser agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, va acabar sent detingut i maltractat en una comissaria de policia. Setmanes després quan vam aconseguir parlar amb ell es trobava absolutament desorientat i temorós. No saber on acudir quan ets víctima d'un delicte és una experiència que amplifica el trauma. Mesos després la situació és ben diferent.

Podríem seguir analitzant un per un els 15 casos que, a hores d'ara, després d'un any de treball, estem representant jurídicament i donant suport a nivell psicosocial. I sí, hem evidenciat un buit de mecanismes per a aquest tipus de situacions. Per això, en el nostre aniversari anunciarem una nova etapa del servei que ens permetrà amplificar la seva difusió.

El nostre treball des del SAIDAVI no busca exclusivament atendre les persones afectades, sinó promoure polítiques públiques eficaces en matèria de violència institucional. Estem bastant cansades que, amb millors o pitjors paraules, es miri cap a un altre costat en aquesta matèria. De moment, es fa imprescindible que les àrees d'assumptes interns dels diferents cossos policials i funcionarials realment investiguin aquestes situacions, recaptin proves i les posin a disposició judicial. Que siguin veritablement proactius. I sí, efectivament, sancionin amb duresa quan es produeixin aquestes situacions.

A mig termini estem treballant en el disseny d'un Pla Integral contra la Violència Institucional que inclogui la implementació d'una fiscalia especialitzada en delictes de violència institucional, experiència que està funcionant a la perfecció a Argentina; un torn d'ofici específic per a casos de violència institucional en els col·legis d'advocats; la formació de jutges i fiscals sobre mecanismes efectius per a la prova d'aquest tipus de delictes; que mecanismes com el Síndic de Greuges, de la mateixa manera que en d'altres països, tingui la capacitat també de litigar contra les administracions davant de situacions de violència institucional. Aquestes són només algunes de les mesures que presentarem en aquest pla en uns mesos. De fet, el nostre treball perdria el seu sentit si no busqués generar canvis en les polítiques públiques; no només volem omplir buits.

Però ara és imprescindible que seguim omplint aquests buits treballant en xarxa amb altres entitats com SOS Racisme (en qüestions de racisme); l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB (en el registre i la denúncia internacional); o la Comissió de Defensa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (en la implementació de mesures efectives i en el monitoratge); i així un llarg etcètera d'entitats.

En aquest any, a més del SAIDAVI, hem fet molta més feina des de cadascuna de les nostres cinc àrees: gènere, dret de reunió i manifestació, espai públic, presons i migracions. Vam començar sent 6 persones i ara ja som 25. Vam néixer sense mitjans, gràcies al suport de la col·lectivitat. I és per això que volem celebrar-ho en un acte i festa d'aniversari que tindrà lloc el proper dissabte 29 a l'Ateneu de Nou Barris , en el qual podrem reflexionar sobre tot això juntament amb defensors dels drets humans que vénen d'altres parts de l'Estat.

Hace un año un grupo de personas que llevábamos tiempo trabajando en la defensa de los derechos humanos decidimos crear una estructura estable de protección de los derechos humanos que trabajase en el marco catalán, Irídia. El proyecto central con el que nacimos es el Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI), el cual ofrece un servicio de atención jurídica y psicosocial a personas que hayan sufrido una situación de violencia institucional en el marco del sistema penal. A un año de su puesta en funcionamiento y a escasos días de celebrar nuestro primer aniversario, quería compartir algunas reflexiones de nuestro primer año de trabajo.

En el ámbito de la violencia institucional es profunda la falta de mecanismos reales en Catalunya y en el Estado Español tanto para prevenirla como para sancionarla cuando se ha dado una situación de éste tipo.

Lo primero, ¿dónde puede acudir una persona que ha sido víctima de una situación de malos tratos en una comisaría o en la cárcel, o en un Centro de Internamiento de Extranjeros? A pesar de que los delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos están recogidos y penados en el Código Penal, no existen mecanismos eficaces para que dichas prácticas sean denunciadas ni tampoco existen mecanismos efectivos para la investigación de las mismas. Si una persona quiere denunciar cualquier delito puede llamar a los agentes de policía para denunciarlo o puede acudir a una comisaría. Ello da lugar a una investigación por parte de los agentes para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

¿Alguien piensa que sin que existan los mecanismos adecuados una víctima de violencia institucional puede realizar el mismo recorrido? ¿El mismo cuerpo policial o funcionarial está capacitado realmente para realizar la tarea de investigarse a sí mismo? La respuesta es no y ello genera fuertes consecuencias para las personas afectadas. De hecho, situaciones que se han vivido recientemente nos alejan cada vez más de dicha posibilidad. En el caso de Juan Andrés Benítez el papel de algunos agentes minutos y horas después de su muertes fue recorrer el lugar de los hechos y los pisos colindantes para, lejos de cumplir con lo que se realiza ante cualquier otro tipo de muerte, borrar las pruebas. Eliminar la mancha de sangre y solicitar a los vecinos que borraran las imágenes.

¿Por qué pudo investigarse el caso Benítez? Fue el trabajo que activistas de Rereguarda en Moviment realizaron para preservar pruebas el que llevó a encontrar el vídeo que fue clave en el proceso. Cuando accedimos a dicha prueba 24 horas después de los hechos nos encontramos ante dos personas atrincheradas en su piso, asustadísimas, que habían grabado una prueba imprescindible para dilucidar una muerte, y que no sabían a quién entregársela (después de que hubieran visto a policías coaccionar a vecinos para que fueran borradas). Efectivamente, este vacío fue llenado por la sociedad civil. Se preservaron pruebas, se entregaron al juzgado y se impulsó el procedimiento. ¿Éste caso es una excepción? No lo es. Así lo hemos evidenciado en el trabajo desarrollado desde Irídia este año. Dos ejemplos:

1. El 11 de Abril de 2015 Raquel se suicidó en el régimen de aislamiento de la prisión de Brians I. Hubo una investigación interna a la que hemos tenido acceso en el marco del procedimiento de responsabilidad de la administración ante su muerte que hemos incoado y hemos podido ver una nueva evidencia de lo que tratamos de plantear. La información reservada realizada por el área de investigaciones internas de la Dirección General realizó un informe en el que concluyen que se actuó de manera correcta sin pedir pruebas que eran imprescindibles. Sin embargo, la investigación que hemos impulsado ha evidenciado aspectos muy relevantes y graves tan sólo pidiendo dos cosas de sentido común: Su historial médico y su historial de sanciones e incidentes. De nuevo un vacío de la propia administración ante una situación de muerte bajo custodia.

2. En el mes de Julio un ciudadano que iba andando con su bicicleta, tras una discusión con una persona, que posteriormente resultó ser agente de la Guardia Urbana de Barcelona, acabó siendo detenido y maltratado en una comisaría de policía. Semanas después cuando logramos hablar con él se encontraba absolutamente desorientado y temeroso. No saber dónde acudir cuando eres víctima de un delito es una experiencia que amplifica el trauma. Meses después la situación es bien diferente.

Podríamos seguir analizando uno a uno los 15 casos que en estos momentos, tras un año de trabajo, estamos representando jurídicamente y apoyando a nivel psicosocial. Y sí, hemos evidenciado un vacío de mecanismos para este tipo de situaciones. Por ello, en nuestro aniversario anunciaremos una nueva etapa del servicio que nos permitirá amplificar su difusión.

Nuestro trabajo desde el SAIDAVI no busca exclusivamente atender a las personas afectadas, sino promover políticas públicas eficaces en materia de violencia institucional. Estamos bastante cansadas de que, con mejores o peores palabras, se mire hacia otro lado en esta materia. De momento, se hace imprescindible que las áreas de asuntos internos de los diferentes cuerpos policiales y funcionariales realmente investiguen estas situaciones, recaben pruebas y las pongan a disposición judicial. Que sean verdaderamente proactivos. Y sí, efectivamente, sancionen con dureza cuando se produzcan éstas situaciones.

A medio plazo estamos trabajando en el diseño de un Plan Integral contra la Violencia Institucional que incluya la implementación de una fiscalía especializada en delitos de violencia institucional, experiencia que está funcionando a la perfección en Argentina; un turno de oficio específico para casos de violencia institucional en los Colegios de Abogados; la formación de jueces y fiscales sobre mecanismos efectivos para la prueba de este tipo de delitos; que mecanismos como el Síndic de Greuges, al igual que en otros países, tenga la capacidad también de litigar contra las administraciones ante situaciones de violencia institucional.

Éstas son sólo algunas de las medidas que presentaremos en dicho plan en unos meses. De hecho, nuestro trabajo perdería su sentido si no buscara generar cambios en las políticas públicas, no solo queremos llenar vacíos. Pero ahora es imprescindible que sigamos llenando dichos vacíos trabajando en red con otras entidades como SOS Racisme (en cuestiones de racismo), el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB (en el registro y la denuncia internacional), o la Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (en la implementación de medidas efectivas y en el monitoreo), así como un largo etcétera.

En este año, además del SAIDAVI, hemos realizado mucho más trabajo desde cada una de nuestras 5 áreas: Género, derecho de reunión y manifestación, espacio público, prisiones y migraciones. Empezamos siendo 6 personas y ahora ya somos 25. Nacimos sin medios, gracias al apoyo de la colectividad. Y es por ello que queremos celebrarlo en un acto y fiesta de aniversario que tendrá lugar el próximo sábado 29 en el Ateneu de Nou Barris, en el que podremos reflexionar sobre todo esto junto con defensores de derechos que vienen de otras partes del Estado.

El nivell del grup de treball del Parlament sobre pistoles elèctriques no ha estat l'esperat i el discurs dels grups que les han aprovat ha pivotat en base als plantejaments dels sindicats policials

La comissió d'Interior del Parlament de Catalunya ha aprovat la incorporació de les pistoles elèctriques Taser a l'arsenal del cos de Mossos d'Esquadra. Tots els grups parlamentaris hi han votat a favor excepte Catalunya Sí que es Pot i la CUP. Del procés d'aprovació d'aquestes armes cal realitzar diverses reflexions.

1- El nivell del grup de treball del Parlament sobre pistoles elèctriques no ha estat l'esperat i el discurs dels grups que les han aprovat ha pivotat en base als plantejaments dels sindicats policials. És sorprenent que tan sols les organitzacions de drets humans i els dos grups contraris a la seva adquisició hagin proposat la compareixença d'experts a nivell internacional. En el nostre cas, proposàvem la intervenció d'experts que han participat en comissions oficials d'avaluació de l'ús de Taser al Canadà i a la Gran Bretanya. Finalment no va ser possible la seva participació. No obstant això, la resta de grups ni tan sols han realitzat la proposta d'intervenció de comandaments policials o polítics d'algun país en el que portin temps fent-les servir per poder avaluar els pros i els contres amb la serenitat i professionalitat que es requereix. S'han presentat experts catalans que en tot moment han parlat de supòsits i proves pilot. Un exemple va ser la compareixença d'un metge en l'última sessió del grup que va parlar d'un assaig que havien realitzat amb marcapassos. No obstant això, cap càrrec públic s'ha molestat a que un metge expert d'un altre país expliqui quins efectes concrets i reals ha tingut.

2- Per justificar la necessitat operativa d'incloure aquest armament, els sindicats policials i alguns representants polítics han esmentat de forma reiterada les morts recents sota intervenció policial. Especialment ha pesat la que ha tingut conseqüències pels agents actuants: la de Juan Andrés Benítez. És intolerable que s'utilitzi aquest cas per justificar la necessitat d'introduir aquesta arma al·legant que el resultat amb Taser podria haver estat diferent. L'actuació policial va ser tan contrària al protocol que hi ha 8 agents condemnats per homicidi imprudent, lesions doloses i delictes contra la integritat moral.

3- En el grup de treball s'ha evidenciat la manca de formació (9 mesos a l'escola de mossos) dels agents policials tant en qüestions operatives (com reduccions) com en diàleg, mediació i drets humans. Com sempre, s'ha pretès pal·liar un dèficit en el cos dels Mossos d'Esquadra a través de l'augment de les opcions lesives pels ciutadans en lloc d'establir un pla de formació continuada real i eficient.

4- El paper en el grup de treball d'Esquerra Republicana ha estat realment decebedor, la qual cosa ens resta força en la defensa dels drets humans en relació a la passada legislatura. En primer lloc per la seva absència, ja que el pes i presència de Junts pel Sí a la comissió ha recaigut en Convergència. I en segon lloc, perquè el sentit del vot en qüestions molt importants ha estat preocupant. D'una banda, el conjunt de diputats de Junts pel Sí s'ha abstingut davant d'una conclusió del PP que sol·licitava que l'ús de l'arma s'estengués a tots els agents dels Mossos, i no només als caps de torn o d'unitat especial operativa. Aquesta qüestió té una gran força simbòlica, ja que els sindicats han sol·licitat aquest ús extensiu i una de les grans preocupacions de la Campanya Stop Taser és que s'autoritzi en primer lloc un ús excepcional per posteriorment estendre'l. Així mateix, han votat en contra d'un punt del PSC que proposava que “en cap cas” es faran servir Taser en situacions de privació de llibertat, ni en situacions de control de masses, ni contra persones que pateixin cardiopaties, ni contra persones presumiblement intoxicades o embarassades. És realment preocupant que ni tan sols assumeixin els mínims estàndards plantejats per les organitzacions internacionals de protecció dels drets humans.

5- Més enllà d'agrair la nostra participació en el grup de treball en termes formals, cap dels grups parlamentaris que han votat a favor de les Taser han reconegut el paper de les organitzacions de drets humans en el monitoratge, control i denúncia de vulneracions de drets. Aquesta situació permet que el director general de la Policia es negui a dialogar o que se segueixi sense escoltar ni atendre amb seriositat i professionalitat les realitats que ens trobem en el nostre treball quotidià.

6- Com úniques notes positives, cal destacar que s'ha aconseguit forçar un debat que ni la conselleria d'Interior ni els sindicats policials volien que es tingués. Així mateix, s'ha aconseguit que hi hagi més mecanismes tecnològics i pràctics de control de l'ús de les Taser així com que s'hagi aprovat que no podran emprar-se fins que no s'aprovi un reglament estricte.

Són molts els motius pels quals més de 90 entitats ens hem oposat a l'ús per part de la policia de les Taser. Aquesta vegada no hem pogut assolir els objectius que ens plantejàvem i és preocupant que la seva implementació a Catalunya comporti l'aprovació d'aquest armament en més cossos de policial local així com en altres forces autonòmiques i estatals. Estarem alerta i vigilants davant de cada ús potencialment vulnerador de drets i seguirem treballant per la seva prohibició.

El nivel del grupo de trabajo del Parlament sobre pistolas eléctricas no ha sido el esperado y el discurso de los grupos parlamentarios que las han aprobado ha pivotado en base a los planteamientos de los sindicatos policiales

La comisión de Interior del Parlament de Catalunya ha aprobado la incorporación de las pistolas eléctricas Taser al arsenal del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Han votado todos los grupos parlamentarios a favor a excepción de Catalunya Sí que es Pot y la CUP. Del proceso de aprobación de dichas armas cabe realizar varias reflexiones.

1- El nivel del grupo de trabajo del Parlament sobre pistolas eléctricas no ha sido el esperado y el discurso de los grupos parlamentarios que las han aprobado ha pivotado en base a los planteamientos de los sindicatos policiales. Es sorprendente que tan sólo las organizaciones de derechos humanos y los dos grupos contrarios a su adquisición hayan propuesto la comparecencia de expertos a nivel internacional. En nuestro caso, proponíamos la intervención de expertos que han participado en comisiones oficiales de evaluación del uso de Taser en Canadá y en Gran Bretaña. Finalmente no fue posible su participación. No obstante, el resto de grupos ni siquiera han realizado la propuesta de intervención de mandos policiales o políticos de algún país en el que lleven tiempo usándola para poder evaluar los pros y los contras con la serenidad y profesionalidad que se requiere. Se han presentado expertos catalanes que en todo momento han hablado de supuestos y pruebas piloto. Un ejemplo fue la comparecencia de un médico en la última sesión del grupo que habló de un ensayo que habían realizado con marcapasos. Sin embargo, ningún cargo público se ha molestado en que un médico experto de otro país explique qué efectos concretos y reales ha tenido.

2- Para justificar la necesidad operativa de incluir este armamento, los sindicatos policiales y algunos representantes políticos han mencionado de forma reiterada las muertes recientes bajo intervención policial. En especial, ha pesado la que ha tenido consecuencias para los agentes actuantes: la de Juan Andrés Benítez. Es intolerable que se utilice dicho caso para justificar la necesidad de introducir el arma alegando que el resultado con Taser podría haber sido diferente. La actuación policial fue tan contraria al protocolo que hay 8 agentes condenados por homicidio imprudente, lesiones dolosas y delitos contra la integridad moral.

3- En el grupo de trabajo se ha evidenciado la falta de formación (9 meses en la escuela de mossos) de los agentes policiales tanto en cuestiones operativas (como reducciones) como en diálogo, mediación y derechos humanos. Como siempre, se ha pretendido paliar un déficit en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra a través del aumento de las opciones lesivas para los ciudadanos en lugar de establecer un plan de formación continuada real y eficiente.

4- El papel en el grupo de trabajo de Esquerra Republicana ha sido realmente decepcionante, lo cual nos resta fuerza en la defensa de los derechos humanos en relación con la pasada legislatura. En primer lugar por su ausencia, ya que el peso y presencia de Junts pel Sí en la comisión ha recaído en Convergència. Y en segundo lugar, porque el sentido del voto en cuestiones muy importantes ha sido preocupante. Por un lado, el conjunto de diputados de Junts pel Sí se ha abstenido ante una conclusión del PP en la que solicitaba que el uso del arma se extendiera a todos los agentes de los Mossos, y no sólo a los jefes de turno o unidad especial operativa. Dicha cuestión tiene una gran fuerza simbólica, ya que los sindicatos han solicitado ese uso extensivo y una de las grandes preocupaciones de la Campaña Stop Taser es que se autorice en primer lugar un uso excepcional para posteriormente extenderlo. Asimismo han votado en contra de un punto en el que el PSC proponía que “en ningún caso” se usarán en situaciones de privación de libertad, ni en situaciones de control de masas, ni contra personas que parezcan cardiopatías, ni contra personas presumiblemente intoxicadas o embarazadas. Es realmente preocupante que ni siquiera asuman los mínimos estándares planteados por las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos.

5- Más allá de agradecer nuestra participación en el grupo de trabajo en términos formales, ninguno de los grupos parlamentarios que han votado a favor han reconocido el papel de las organizaciones de derechos humanos en el monitoreo, control y denuncia de vulneraciones de derechos. Dicha situación permite que el Director General de la Policía se niegue a dialogar o que se siga sin escuchar ni atender con seriedad y profesionalidad las realidades que nos encontramos en nuestro trabajo cotidiano.

6- Como únicas notas positivas, cabe destacar que se ha logrado forzar un debate que ni la vonselleria de Interior ni los sindicatos policiales querían que se tuviera. Asimismo, se ha logrado que haya más mecanismos tecnológicos y prácticos de control del uso de las Taser así como que se haya aprobado que no podrán emplearse hasta que no se apruebe un reglamento estricto.

Son muchos los motivos por los que más de 90 entidades nos hemos opuesto al uso por parte de la policía de las Taser. Esta vez no hemos podido lograr los objetivos que nos planteábamos y es preocupante que su implementación en Catalunya conlleve la aprobación de dicho armamento en más cuerpos de policial local así como en otras fuerzas autonómicas y estatales. Estaremos alerta y vigilantes ante cada uso potencialmente vulnerador de derechos y seguiremos trabajando por su prohibición.

Urge que los grupos políticos asuman el grave déficit democrático que tenemos en los cuerpos policiales y que se realice un Plan Integral contra la Violencia Institucional

La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a los dos agentes que habían sido procesados por la mutilación del ojo de Ester Quintana en la huelga general del 14 de Noviembre de 2012. En los hechos probados de la sentencia el tribunal establece que un agente de los Mossos “que no ha podido ser identificado” incumplió los protocolos de los antidisturbios y “disparó lo que probablemente pudo ser una pelota de goma, aunque no puede descartarse totalmente que se tratara de un proyectil de foam” hacia donde estaba Ester Quintana, lo que le provocó la pérdida del ojo izquierdo.

Más allá del varapalo jurídico y social que supone dicha sentencia, es necesario analizar la principal causa de la misma. A mi entender, ésta no es otra que el encubrimiento de los antidisturbios responsables de dicho disparo que han realizado tanto los demás agentes involucrados (incluidos caporales), el departamento de Asuntos Internos y el departamento de Interior de la Generalitat.

La Sentencia viene a concluir, lo cual también sería discutible, que no puede dilucidar qué agente fue con exactitud porque quienes tenían que haberlo investigado no lo hicieron bien en su momento. Y no es creíble que no lo hayan podido saber, sobre todo porque en ningún momento del proceso se ha visto la voluntad de hacerlo por parte de Interior.

A la espera de eventuales recursos, el resultado de impunidad personal en el caso Quintana ha estado planeado en los despachos. Se trata de una impunidad organizada. Al igual que se organizó la impunidad desde el Ministerio de Interior en el caso de los 8 guardias civiles primero imputados por proferir malos tratos a un inmigrante en Melilla y posteriormente condecorados cuando el procedimiento se archivó porque los testigos fueron deportados.

Al igual que en tantas y tantas instrucciones e investigaciones. Ha sido un mes muy complicado. No podemos olvidar que el Director General de los Mossos, Albert Batlle, ha anunciado que no expedientará internamente a los 6 agentes condenados por homicidio imprudente, lesiones dolosas y delitos contra la integridad moral, y a los 2 que fueron condenados por destrucción de pruebas en el caso Juan Andrés Benítez.

Tenemos un grave problema social y democrático: la violencia institucional y la impunidad organizada que la perpetúa. La reacción de los cuerpos policiales y de sus responsables políticos en la mayor parte de casos en los que se comete una irregularidad o un delito por parte de un agente o funcionario de prisiones se asemeja más al de una organización mafiosa que al de un cuerpo de policía democrática. Opacidad, encubrimientos, versiones oficiales falsas, y corporativismo por encima de todo.

Urge que los grupos políticos asuman el grave déficit democrático que tenemos en los cuerpos policiales y en el control de los mismos y que, una vez ubicado el problema en el centro, se realice un Plan Integral contra la Violencia Institucional en el que algunas entidades llevamos un tiempo trabajando. Algunas medidas imprescindibles a tomar para comenzar a erradicar la situación serían:

1. Que las tareas de control interno disciplinario y las funciones de policía judicial en los casos en los que se vean afectados agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean asumidas por un cuerpo independiente de los implicados con personas expertas en seguridad, derechos humanos y crímenes de violencia institucional. Ha quedado demostrado que el propio cuerpo no puede supervisarse a sí mismo, y menos ser el responsable de recabar pruebas judiciales. En la mayor parte de los casos nos encontramos con un trabajo de obstaculización de la investigación que con un trabajo de esclarecimiento. Así fue en el caso de Ester Quintana, donde los testigos y las principales pruebas fueron aportadas por la acusación particular. O en el caso de Juan Andrés Benítez, en el que mientras los agentes se dedicaban a borrar pruebas, fuimos las organizaciones sociales las que nos encargamos de conseguir las principales pruebas del proceso. Es una verdadera anomalía democrática dicha situación.

2. Que se implemente de verdad el Protocolo de Estambul, manual creado en el marco de Naciones Unidas para la investigación efectiva de la tortura y los malos tratos, entre los operadores jurídicos, y los institutos de medicina forense.

3. Que se cree una fiscalía especializada en violencia institucional que trabaje con una fuerte independencia siguiendo el modelo de Procuvin, fiscalía argentina para delitos de violencia institucional que está dando grandes resultados.

Habría muchas más medidas que deberían formar parte de la propuesta. Quizá tardemos años en implementarlo, pero seguiremos trabajando para que de una vez por todas exista la voluntad política para llevarlo adelante. En los Ayuntamientos, en los territorios que cuentan con policía autonómica, en las instituciones del Estado.

El ciclo actual de lucha, que recogía muchas de las buenas prácticas anteriores, comenzó el 27 de Mayo de 2011, con la respuesta ciudadana al desalojo de plaza Catalunya. Una querella colectiva comenzó a quebrar la impunidad y se aplicaron metodologías imaginativas y multidisciplinares que posteriormente se han seguido aplicando hasta la actualidad. No hemos logrado en estos 5 años, ni mucho menos, todo lo que nos proponíamos.

Pero pienso que no hemos de dejar que quienes quieren perpetuar la impunidad piensen que no ha servido de nada. Hemos logrado que se realicen investigaciones en profundidad de un sinfín de casos que antes se archivaban directamente; hemos logrado erradicar las balas de goma; hemos logrado que la Generalitat se declarara culpable por los impactos de balas de goma e indemnizara alguna de las víctimas; hemos logrado que un debate público antes silenciado se ubicara durante muchos momentos en el centro; y lo más importante hemos logrado crear un tejido social fuerte que agrupa a personas afectadas, sus familiares, movimientos sociales y entidades de defensa de derechos humanos que ha logrado cosas imposibles como que más de medio millón de personas vieran en directo en TV3 Ciutat Morta. No desfallezcamos, los procesos de cambio son largos. Seguiremos aún con más fuerza este difícil camino de luchar contra la violencia institucional.

És urgent que els grups polítics assumeixin el greu dèficit democràtic que tenim en els cossos policials i que es realitzi un Pla Integral contra la Violència Institucional

L'Audiència Provincial de Barcelona ha absolt els dos agents que havien estat processats per la mutilació de l'ull d'Ester Quintana en la vaga general del 14 de novembre de 2012. En els fets provats de la sentència el tribunal estableix que un agent dels Mossos “que no ha pogut ser identificat” va incomplir els protocols dels antiavalots i “va disparar el que probablement va poder ser una pilota de goma, encara que no pot descartar-se totalment que es tractés d'un projectil de foam” cap a on estava Ester Quintana, el que li va provocar la pèrdua de l'ull esquerre.

Més enllà del cop jurídic i social que suposa aquesta sentència, cal analitzar la principal causa de la mateixa. Al meu entendre, aquesta no és altra que l'encobriment dels antiavalots responsables d'aquest tret que han realitzat tant els altres agents involucrats (inclosos caporals), el departament d'Afers Interns i el departament d'Interior de la Generalitat.

La Sentència ve a concloure, la qual cosa també seria discutible, que no pot dilucidar quin agent va ser amb exactitud perquè els que havien de haver-ho investigat no ho van fer bé en el seu moment. I no és creïble que no l'hagin pogut saber, sobretot perquè en cap moment del procés s'ha vist la voluntat de fer-ho per part d'Interior.

A l'espera d'eventuals recursos, el resultat d'impunitat personal en el cas Quintana ha estat planejat als despatxos. Es tracta d'una impunitat organitzada. Igual que es va organitzar la impunitat des del Ministeri d'Interior en el cas dels 8 guàrdies civils primer imputats per proferir maltractaments a un immigrant a Melilla i posteriorment condecorats quan el procediment es va arxivar perquè els testimonis van ser deportats.

Igual que en tantes i tantes instruccions i investigacions. Ha estat un mes molt complicat. No podem oblidar que el director general dels Mossos, Albert Batlle, ha anunciat que no expedientarà internament als 6 agents condemnats per homicidi imprudent, lesions doloses i delictes contra la integritat moral, i als 2 que van ser condemnats per destrucció de proves en el cas Juan Andrés Benítez.

Tenim un greu problema social i democràtic: la violència institucional i la impunitat organitzada que la perpetua. La reacció dels cossos policials i dels seus responsables polítics en la major part de casos en què es comet una irregularitat o un delicte per part d'un agent o funcionari de presons s'assembla més al d'una organització criminal que al d'un cos de policia democràtica. Opacitat, encobriments, versions oficials falses, i corporativisme per sobre de tot.

És urgent que els grups polítics assumeixin el greu dèficit democràtic que tenim en els cossos policials i en el control dels mateixos i que, un cop ubicat el problema en el centre, es realitzi un Pla Integral contra la Violència Institucional en què algunes entitats portem un temps treballant. Algunes mesures imprescindibles a prendre per començar a eradicar la situació serien:

1. Que les tasques de control intern disciplinari i les funcions de policia judicial en els casos en què es vegin afectats agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat siguin assumides per un cos independent dels implicats amb persones expertes en seguretat, drets humans i crims de violència institucional. Ha quedat demostrat que el propi cos no pot supervisar a si mateix, i menys ser el responsable de recollir proves judicials. En la major part dels casos ens trobem amb un treball d'obstaculització de la investigació que amb un treball d'aclariment. Així va ser en el cas d'Ester Quintana, on els testimonis i les principals proves van ser aportades per l'acusació particular. O en el cas de Juan Andrés Benítez, en què mentre els agents es dedicaven a esborrar proves, vam ser les organitzacions socials les que ens encarreguem d'aconseguir les principals proves del procés. És una veritable anomalia democràtica aquesta situació.

2. Que s'implementi de veritat el Protocol d'Istanbul, manual creat en el marc de Nacions Unides per a la recerca efectiva de la tortura i els maltractaments, entre els operadors jurídics, i els instituts de medicina forense.

3. Que es creï una fiscalia especialitzada en violència institucional que treballi amb una forta independència seguint el model de Procuvin, fiscalia argentina per delictes de violència institucional que està donant grans resultats.

Hi hauria moltes més mesures que haurien de formar part de la proposta. Potser triguem anys a implementar-lo, però seguirem treballant perquè d'una vegada per totes hi hagi la voluntat política per tirar-ho endavant. En els ajuntaments, en els territoris que compten amb policia autonòmica, en les institucions de l'Estat.

El cicle actual de lluita, que recollia moltes de les bones pràctiques anteriors, va començar el 27 de maig de 2011, amb la resposta ciutadana al desallotjament de plaça Catalunya. Una querella col·lectiva va començar a trencar la impunitat i es van aplicar metodologies imaginatives i multidisciplinars que posteriorment s'han continuat aplicant fins a l'actualitat. No hem aconseguit en aquests 5 anys, ni molt menys, tot el que ens proposàvem.

Però penso que no hem de deixar que els que volen perpetuar la impunitat pensin que no ha servit de res. Hem aconseguit que es realitzin investigacions en profunditat d'una infinitat de casos que abans s'arxivaven directament; hem aconseguit eradicar les bales de goma; hem aconseguit que la Generalitat es declarés culpable pels impactes de bales de goma i indemnitzés alguna de les víctimes; hem aconseguit que un debat públic abans silenciat se situés durant molts moments al centre; i el més important hem aconseguit crear un teixit social fort que agrupa persones afectades, els seus familiars, moviments socials i entitats de defensa de drets humans que ha aconseguit coses impossibles com que més de mig milió de persones veiessin en directe a TV3 Ciutat Morta. No defallim, els processos de canvi són llargs. Seguirem encara amb més força aquest difícil camí de lluitar contra la violència institucional.

L'aïllament prolongat genera en la major part dels casos profunds danys psicològics. Però l'aïllament per un període de temps més curt, en molts casos, també ho fa

La Raquel va passar els seus últims 6 mesos de vida en una cel·la de tot just 10 metres quadrats on passava no menys de 21 hores diàries completament sola. Les tres hores restants se les repartia entre la dutxa i les hores de pati. Li diuen pati a un espai d'uns 15 o 20 metres quadrats de ciment on l'únic que podia fer era prendre una mica l'aire lliure i parlar amb una altra persona amb la qual compartia l'espai. En realitat, més que un pati, estaríem davant d'una cel·la a l'aire lliure. No tenia activitats, no tenia res més a fer que esperar que passés el temps. I així, un dia rere l'altre.

Us animo a aturar la lectura un moment i imaginar-vos el que va viure, almenys durant uns segons. En l'informe que hem presentat aquesta mateixa setmana des de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura l'equip de psicòlogues que han realitzat l'apartat d'afectacions psicosocials de l'aïllament ha assenyalat que l'aïllament “genera processos de desidentificació i despersonalització que poden comportar greus conseqüències per a la integritat psíquica de la persona; una d'elles és l'anul·lació de la personalitat de l'individu en relació tant a si mateix com al seu grup de pertinença que, en definitiva, conforma el seu ésser individual i social”.

Tornem al cas de la Raquel, que es va fer públic fa només dues setmanes. Va estar des del 27 setembre 2014 al 10 d'Abril de 2015 a règim d'aïllament. Els primers 45 dies a causa del encadenament de sancions, tot i que el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides va establir en el seu informe de 2015 de manera clara que “un període d'aïllament superior a 15 dies està absolutament prohibit, i que aquesta mesura només pot ser contemplada com a última instància i amb una supervisió i control judicial estrictes ”.

Posteriorment va ser classificada en primer grau. L'última revisió de la seva situació es va produir al març de 2015. La Raquel va donar senyals clars que no podia més. En una carta escrita a la seva parella el 24 desembre 2014 va dir: “Joder! Què faig? M'esclata el cervell de tant llegir. Porto 12 dies sense sortir al pati. Tinc febre, a veure si em porten els antibiòtics. Necessito respirar, moure, fer gimnàstica. M'estic tornant boja, no puc més”.

En les seves cartes es mostra que tant el personal funcionarial del centre com l'equip mèdic eren coneixedors de la seva situació de profunda desesperació. Ningú va actuar i la Raquel es va suïcidar la matinada del 10 al 11 d'Abril deixant una carta pòstuma adreçada al jutjat de vigilància penitenciària en la qual denunciava una situació de maltractaments i d'aplicació de contenció mecànica (un procediment pel qual per “estabilitzar” una persona se la lliga de peus i mans a una llitera d'una cel·la especial) que s'havia produït tan sols dos dies abans. El cas de la Raquel és profundament dolorós. Tal com han volgut les seves persones més properes, hem iniciat un procés que busca que la Generalitat es responsabilitzi de la situació i, com a conseqüència, abordi canvis imprescindibles.

El dany que descriu la Raquel en les seves cartes, com bé sabem moltes de les persones que treballem en la defensa dels drets de les persones preses, no és excepcional. Tan sols uns mesos després una altra dona de la mateixa presó va decidir treure's la vida després de l'aplicació d'aquest règim.

L'aïllament prolongat genera en la major part dels casos profunds danys psicològics. Però l'aïllament per un període de temps més curt, en molts casos, també ho fa. Fa uns mesos un noi de 22 anys a qui defenso va ser traslladat al règim d'aïllament sancionat. Va estar-hi dues setmanes. Va sortir d'aquesta situació profundament desorientat, deprimit, danyat. Fins i tot es va arribar a autolesionar. Aquests són tan sols tres casos que visibilitzen una realitat profundament dura que ha d'esdevenir una emergència en matèria de la defensa dels drets humans.

Cal sumar esforços per monitoritzar millor el que està passant i mostrar-ho davant dels jutjats i de l'opinió pública. Però en aquest camí es fa imprescindible un qüestionament de la pròpia institució de l'aïllament en si mateixa, la qual constitueix un “tracte inhumà, cruel i degradant” per les persones que la pateixen, sobretot si es dóna de manera perllongada.

És necessari en ple segle XXI per salvaguardar la seguretat d'una presó que les persones més conflictives estiguin 21 hores tancades en una cel·la? Potser m'hi podria haver prou amb tenir mòduls on hi hagués més seguretat, però en absolut és necessari que aquesta persona romangui aïllada en una cel·la. Quins beneficis pel “tractament penitenciari” comporta aquesta situació d'aïllament? El règim d'aïllament, a més de vulnerar profundament els drets de les persones privades de llibertat, és profundament innecessari i ineficaç pels fins que legalment se li suposen.

Tal com s'estableix en una de les recomanacions de l'informe esmentat anteriorment, “en nom de la protecció dels drets humans cal obrir un debat públic i parlamentari profund sobre l'ús de l'aïllament i les seves conseqüències en ple segle XXI des d'una perspectiva de respecte als drets humans. Després de molts anys, ha arribat el moment de qüestionar el seu funcionament, utilitat i fins i tot la necessitat de l'existència d'aquest tipus de departaments”. Estem tractant de reprendre amb força un camí col·lectiu on moltes persones i organitzacions han invertit un esforç incansable des de fa anys. Si ens posem d'acord per posar-lo en l'agenda política de manera coordinada la possibilitat de començar a trencar la impunitat i trencar la fonamentació ideològica i pràctica de l'aïllament estarà més a prop.