Son muchos los indicadores que durante años han encendido la luz de alarma sobre la necesidad de paliar de forma urgente la pobreza y exclusión social en Canarias sin que la nueva Ley de Servicios Sociales viera la luz pese a que tanto el presidente Fernando Clavijo en su investidura como la que fue su vicepresidenta, Patricia Hernández, se comprometieran a que ese texto iba a estar listo a finales de 2015. Ahora, con la Ley recién enviada al Parlamento, el propio jefe del Ejecutivo ha reconocido que la misma no va a solucionar un problema que en Canarias es crónico. Como tampoco lo solucionó la Estrategia frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a Favor del Desarrollo Humano aprobada en 2013.

La reciente historia de Canarias demuestra que el problema de la pobreza en las Islas no se va a resolver repartiendo ayudas-parche a una parte ínfima de la población que realmente las necesita. Ya existió un pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias hace cuatro años y el que se va a celebrar este 31 de octubre en la Cámara regional por convocatoria de la oposición también será un fracaso si el ADN del Gobierno en minoría de Clavijo no asume, realmente y de una vez por todas, que hay que cambiar el modelo productivo del Archipiélago. Un modelo caduco y desfasado para el siglo XXI basado en precariedad, bajos salarios y nefasta productividad.

En 2016, el mismo día que el director de Cáritas Diocesana de Las Palmas, Gonzalo Marrero, advertía del incremento de personas en exclusión social que viven en la calle en las Islas, el presidente Clavijo aseguraba en un foro público que los datos de desempleo y pobreza “siguen siendo preocupantes”  y que, por tanto, “sigue quedando mucho por hacer para superar las secuelas” de una crisis de la que, para el jefe del Ejecutivo, ya había pasado lo peor.

Una afirmación que indignó a Marrero al asegurar que cualquiera que dijera que la crisis había remitido estaba mintiendo, pues Cáritas cada vez atendía a más “trabajadores pobres a quienes contratan para un restaurante un fin de semana” y que, además, el rostro de la pobreza en Canarias “es mujer, entre 29 y 45 años, sola, con uno o dos niños a su cargo”.

Pero dijo más: mirando a los primeros presupuestos de la Era Clavijo “la conclusión es clara, no es la prioridad del Gobierno el incorporar a las personas en situación de exclusión social”, alertando a los ciudadanos de que deben “mirar lo que los políticos plasman en los presupuestos, no lo que dicen en una declaración”.

Y es que de declaraciones sin ficha financiera ni dinero presupuestado está llena la lucha en Canarias contra la pobreza.

En julio de 2013, sólo la mitad del total de 60 diputados se quedaron a votar la Estrategia del Gobierno de Canarias frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a Favor del Desarrollo Humano, imagen que demostró hasta qué punto a los parlamentarios les preocupaba realmente uno de los problemas más graves que tiene incrustado el Archipiélago.

Las grandes ausencias las encabezó el entonces presidente del Gobierno, Paulino Rivero, que asistió a los funerales de las víctimas del accidente ferroviario que hubo en Galicia; seguido por el secretario regional del PP, que estaba en La Palma con José Manuel Soria; el portavoz de CC, José Miguel Barragán, que fue a un acto de CC en Venezuela; o el portavoz del PSOE, Manuel Fajardo, que salió corriendo antes de la votación final porque perdía el avión para Lanzarote.

Y a punto estuvo la situación de ser esperpéntica, pues hasta la mismísima consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, fue invitada a quedarse en el pleno por la entonces secretaria del Grupo Nacionalista, Nuria Herrera, cuando se iba también escopeteada para Lanzarote, lo que hubiera sido la noticia del día: que no se hubiera quedado a la votación de su propio plan contra la pobreza.

Fraude social y paripé

Esa Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano contaba con un presupuesto de 190 millones de euros, en la que el Gobierno destinaba a la atención a la emergencia social un crédito adicional de 6 millones de euros, se ampliaba el presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con un crédito adicional de 11,5 millones de euros para el periodo 2013-2015 y modificaba la ley que la regula para ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispusieran de recursos económicos, para simplificar el procedimiento y para incrementar la protección de las familias con menores a su cargo.

Un documento que desde la oposición (PP y NC) se calificó de “un fraude social” a los canarios “y un paripé”, mientras que portavoces de Stop Desahucios, la Red Feminista de Gran Canaria, Cáritas y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas  denunciaron que el plan del Ejecutivo canario “prima el desarrollo empresarial”, previendo una partida de 80 millones de euros para incentivar esta actividad, mientras que destina tan solo 11,5 a la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Por no gustar, no gustaba ni a los propios partidos que sustentaban al Gobierno. Así la portavoz socialista en aquel debate, Rosa Guadalupe Jerez, asumió que era “insuficiente”, pero que “desde mi pequeña opinión, peor sería haber pasado de puntillas. Menos es nada”.Y aún más: “No me gusta la evaluación del Plan y no queda clara como se va a llevar. No es la ficha financiera que nos gustaría”, insistió la portavoz socialista.

Un Plan del que la nacionalista Flora Marrero dijo que “aunque sea insuficiente” sirve para “dar la cara frente a quienes lo están pasando mal” y salir a la calle con “la frente alta sabiendo que estamos haciendo algo”.

“Es un documento ampliable. Y si es insuficiente, tendremos que seguir dando pasos para conseguir la igualdad de oportunidades”, aseguró desde el estrado.

Así que hubo unanimidad en el diagnóstico parlamentario sobre la Estrategia contra la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015: era insuficiente. Los matices ente Gobierno y oposición se centraron en que mientras para el primero “menos es nada” para PP y NC “para este viaje no se necesitan estas alforjas”.

Repasando la transcripción de ese trascendente debate de hace cuatro años, se confirma que estuvo marcado entre el negativismo fatalista de la oposición y el posibilismo conformista de los socios del Gobierno que presidía Rivero frente a unos datos que eran alarmantes.

Pues el propio Ejecutivo regional reconocía que había 35.150 hogares sin ingresos de ningún tipo. Con un 18% de familias con todos sus miembros en paro en una región en la que el 63% de los parados tienen más de un año de antigüedad y un 40% más de dos años.

Una situación que socialistas y nacionalistas achacaron al Gobierno central de Mariano Rajoy, el Grupo Popular al maniroterismo de Rodríguez Zapatero y su herencia y el Mixto tanto al Ejecutivo estatal como al canario, que ha seguido a rajatabla el austericidio dictado desde Bruselas y Madrid.

A rastras y trompicones

Y frente a esa realidad, un plan que debería afrontar el drama de enfrentarse a un 38,2% de pobreza y que, para el portavoz de NC, Román Rodríguez, llegó “a rastras y a trompicones” al Parlamento después de que los socios del Pacto rechazaran el que cuatro meses antes presentó su formación política, por lo que “es un quiero y no puedo”.

Rodríguez negó, además, que existieran 190,9 millones para la atención de las personas en riesgo de exclusión, ya que 80 millones del plan están asociados al programa Jeremie y a los parques tecnológicos, por lo que conminó al Ejecutivo a “quitar” todo aquello que “no tiene que ver con la atención de las familias”.

Una estrategia que, para la conservadora Milagros Bethencourt, era un “paripé” montado con una ficha financiera de 190,9 millones de euros “ficticios”, que carga gran parte del mismo en los ayuntamientos y ONGs y que, además, “genera expectativas que no se van a poder cumplir”.

Y debían tener razón los críticos, porque tan solo un año después, la propia Rojas alertó en sede parlamentaria sobre el riesgo de que la pobreza severa “se cronifique” en Canarias con un escenario “muy difícil”: “nos podemos encontrar con una sociedad estructurada en hasta tres polos: el de quienes trabajan, quienes no lo hacen y quienes trabajan pero no con un empleo digno sino todo lo contrario, un empleo que se aproxima más a una renta mínima que a un salario”, dijo Rojas.

Y lo dijo la misma controvertida persona que apenas unos meses antes había asegurado que se había “tocado techo” en el nivel de pobreza, después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara que Canarias era la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza de España, valorando que los datos no colocaran en la última posición a las Islas, donde el 28,4% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, tras Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

En febrero de 2015 Rojas tuvo que reconocer que pese a su Estrategia, aún había “niveles insostenibles” de pobreza en las Islas, por lo que apelaba  a la creación de empleo como “única forma” para salir de la situación, pues las ayudas públicas “nunca” bajarían la tasa de pobreza, ya que una persona “con 400 o 500 euros seguirá siendo pobre”.

Paliar, no acabar

“La estrategia no se hizo para acabar con la pobreza sino para paliarla, no se le puede dar una prestación a las 300.000 familias que están en desempleo porque Canarias es una de las comunidades más pobres, pero lo que sí se ha hecho es mantener la cohesión social. No podemos atender a todos los que lo necesitan. Es imposible. Pero sí a los que más lo necesitan y eso es lo que venimos haciendo estos últimos años”, aseguró Rojas en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento.

Tuvo que ser Néstor Hernández, el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza nombrado por el Gobierno del Pacto CC-PSOE cuando la socialista Patricia Hernández era vicepresidenta y consejera del área, quien pusiera el dedo en la llaga al asegurar en un informe hecho público en agosto de 2016 que la pobreza en Canarias no es un problema coyuntural consecuencia de la crisis económica, sino que se trata de una situación estructural derivada del  modelo productivo, con bajos niveles de ingresos, rentas, gastos y también de productividad.

El documento desarrollaba un recorrido por los factores que inciden en la pobreza y la desigualdad y entre sus conclusiones destacaba que si bien el desempleo tiene una fuerte influencia sobre la pobreza, en la actualidad el trabajo no es garantía de seguridad para alejarse de ella, pues los hogares pobres con ocupados han aumentado a ritmos elevados, lo que da cuenta del fenómeno de la pobreza laboral.

“En definitiva, se podría concluir que el crecimiento económico por si solo no pondrá fin a la pobreza y la exclusión, debiendo abordarse el cambio en el modelo productivo y la distribución justa de las rentas del trabajo y de los esfuerzos fiscales”, concluía el comisionado el día en que presentó públicamente el informe.

Y así llegamos al 16 de octubre de 2017, cuando el VII informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) certifica que, pese a las estrategias de los distintos gobiernos autonómicos en los últimos cuatro años, Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social con una tasa del 44,6% de la población, que duplica la media de la Unión Europea (23%).

Apenas una semana después, el periódico Diario de Avisos desvelaba el diagnóstico elaborado por profesores e investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL), coordinado por David Padrón, advirtiendo de que Canarias no abandonará la cola de España en pobreza y exclusión social, así como el riesgo de padecerla, si no corrige los bajos salarios, la precariedad laboral en general y la baja productividad, como ya avisaba un año antes el comisionado Hernández.

Y es que, según los autores del estudio, “el debate sobre la desigualdad distributiva y la incidencia de la pobreza en Canarias carece de sentido si no se enmarca en el ámbito más amplio del modelo económico”.

Así que el pleno extraordinario del Parlamento para abordar el severo problema de la pobreza puede quedar en nada, como el de 2013, o ser el aldabonazo necesario para acabar con la lacra social incrustada en Canarias. Y eso solo depende de que Clavijo, de verdad, se lo crea.

Los terceros Presupuestos de la era Clavijo son los más complicados políticamente a los que se ha enfrentado un gobierno de Canarias desde el advenimiento de la democracia. La situación de minoría parlamentaria en la que se instaló el presidente Fernando Clavijo desde que rompió su pacto con el PSOE en diciembre de 2016 le sitúa ante el abismo de cuatro posibles enmiendas a la totalidad y devolución de las Cuentas si no consigue amarrar el apoyo de 13 diputados que se sumen a los 18 nacionalistas. Y no es tarea fácil.

El Presupuesto participativo u Orçamento Participativo (OP) fue implantado en 1989 cuando el Partido dos Trabalhadores (PT) brasileño ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Porto Alegre y es la más conocida experiencia de gestión local basada en lo que se denominó democracia participativa.

Sin llegar a esos extremos, pues la ciudadanía canaria no tendrá el poder de decidir directamente en la elaboración de los Presupuestos, sí que se puede establecer un cierto paralelismo, pues los de 2018 van a ser los Presupuestos autonómicos en los que los grupos parlamentarios más aportaciones van a incluir en el anteproyecto de la Ley sin esperar al debate y aprobación de las enmiendas.

Y a ello ayuda el miedo escénico que tiene Clavijo a llevar unas Cuentas canarias que pueden ascender a más de 7.400 millones y que podrían enfrentarse a cuatro enmiendas a la totalidad, lo que dejaría en evidencia la incapacidad del gabinete para negociar y quedar a expensas de que el Parlamento las devolviera al Ejecutivo para su reelaboración. Un escenario difícil, pero no imposible.

“El 31 de octubre debe estar dentro del Parlamento de Canarias un presupuesto que suscite el mayor apoyo posible y en el que la inmensa mayoría de los canarios se sienta representada”, ha afirmado el presidente.

Grandes líneas y letra chica

Por ello, Clavijo (que prácticamente tiene garantizado el apoyo de los 3 diputados de la Agrupación Socialista Gomera que lidera Casimiro Curbelo) se ha reunido con el líder del PP, Asier Antona (que ha pedido una reforma fiscal y “apuntalar” los servicios públicos del Archipiélago con el fin de “mejorar” la educación, la sanidad y las políticas sociales); con el nuevo secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres (que exige “rebajas fiscales que favorezcan a los más necesitados” y dar “prioridad al aumento de las partidas para la generación de empleo”); con la máxima responsable de Podemos, Noemí Santana (que quiere “la bajada del IGIC para pequeños y medianos empresarios y autónomos” además de que “la prioridad debe ser el rescate ciudadano, ayudar a las personas más vulnerables y que peor lo están pasando”) y con el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que aboga por que las Cuentas “garanticen” los servicios públicos, la inversión productiva y que “sirvan para responder a las necesidades” de los ciudadanos.

Con esos mimbres, Clavijo aseguró que “coincidimos en las líneas maestras y es un buen comienzo, pero hay que ver la letra chica”. Y ahí es donde el Gobierno verá si se decanta por el bloque más conservador o por el más progresista del arco parlamentario.

Octubre, noviembre y diciembre son los meses presupuestarios por excelencia, con semanas de discursos políticos tensos y con profusión de datos porque lo que no está en las Cuentas del Estado o en las de Canarias, no existe.

El Gobierno central ha decidido, de momento, prorrogar los casi recién aprobados Presupuestos de 2017 hasta comprobar como evoluciona la crisis catalana, algo que el propio Clavijo ha reconocido que perjudica las previsiones optimistas que tenía el Ejecutivo regional, ya que deberán preparar unas Cuentas más restrictivas y prudentes de lo previsto.

Vuelve, por tanto, el fantasma de la realidad marcada por los continuos recortes de la pasada Legislatura y la posibilidad de que se desvanezca el tímido atisbo de recuperación económica y la inyección financiera que los diputados 136 (Ana Oramas) y 137 (Pedro Quevedo) arrancaron hace apenas unos meses al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

De Soria a Dávila

Y es que llueve sobre mojado. Cuando el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, abandonó el Gobierno a finales de 2010, dejó la tarea hecha y los Presupuestos elaborados para el año siguiente. De hecho, la condición que impuso al presidente Paulino Rivero fue que solo contaría con el apoyo parlamentario del PP para acabar la legislatura sin sobresaltos si no cambiaba ni una coma de las cuentas autonómicas por él elaboradas.

Esos Presupuestos, los de 2011, ascendían a 6.259 millones de euros. Los últimos de la pasada legislatura (la del tándem Rivero-Pérez) supusieron 6.084 millones, es decir, mermaron casi el 4%. Los primeros de la era Clavijo (con el PSOE de nuevo en el Gobierno) crecieron hasta los 7.071 millones, un 14% más que en 2015 y un 11% más que los de Soria.

Pese a ese incremento, la mejoría económica no fue tan excelente como para que se pudiera compensar los recortes de financiación que el Estado acometió en Canarias.

No por repetidas, las cifras dejan de ser ciertas: 800 millones de euros menos cada año derivados del descenso de los ingresos y el mal sistema de financiación, que obliga a las Islas a detraerlos de otras partidas para poder mantener los servicios básicos.

En base a esos parámetros, desde el año 2011 y hasta 2015 Canarias perdió 1.457 millones de capacidad de gasto por el reparto que hizo el Estado de los objetivos de estabilidad, a lo que se añadió el establecimiento de la regla de gasto.

Números que condicionaron unos Presupuestos canarios que no satisfacían a nadie. Ni a los miembros del propio Gobierno ni a los diputados de la oposición. Ni un solo consejero de los dos gabinetes de la pasada y de ésta legislatura estuvieron contentos con sus cuentas.

Y la oposición ha pedido durante este tiempo (usando la taurina expresión “devolver a los corrales” en los cuatro últimos años) que se reelaboren porque eran insuficientes para acometer las necesidades de la Comunidad Autónoma.

Claro está que, unos y otros, enfocan de manera distinta las culpas. Desde el Gobierno se apuntaba a La Moncloa y las políticas de austeridad, desde la oposición se disparó contra la mala planificación y gestión de los consejeros canarios.

En guerra

Cuando se elaboraron los Presupuestos canarios para 2012 (que ascendían a 6.354 millones, un 1,52% más que los que hizo Soria), el portavoz nacionalista y secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, los calificó como propios de una “economía de guerra”.

“Estamos en guerra, no mueren personas pero se destrozan familias y, por tanto, los Presupuestos son de guerra y muy difíciles de hacer”, afirmó en la tribuna de oradores del Parlamento.

Un año después, cuando vino el gran hachazo, (6.032 millones, un 5,05% menos que en 2012), el dirigente de CC los calificó “de supervivencia”. Sin embargo, la consejera Dávila quiso dejar atrás esa imagen cuando presentó sus primeros Presupuestos el 30 de octubre de 2015.

Los Presupuestos de 2012, los primeros de la legislatura que concluyó en mayo de 2015, contaban aún con un hándicap mayor que el resto de las cuentas autonómicas: el presidente Mariano Rajoy, que llegó a La Moncloa en diciembre de 2011, iba a prorrogar las últimas cuentas estatales de Zapatero hasta febrero, por lo que difícilmente se podría hilar fino en las previsiones de inversiones.

La realidad fue peor de la esperada. Tan mala, que el Gobierno de Canarias los recurrió ante el Tribunal Constitucional.

La inversión estatal en Canarias para ese año cayó un 46% respecto a 2011 cuando ese descenso, en el conjunto de las comunidades autónomas, fue del 29%.

Además, respecto a la inversión per cápita, el Archipiélago estaba en 2011 un total de 53 euros por debajo de la media estatal, mientras que en 2012 esa franja se situó en los 93 euros, duplicándose la diferencia negativa.

Plante y hachazo

Una realidad que no mejoró meses más tarde, cuando Montoro hizo los Presupuestos de 2013 con unos números que hicieron al Gobierno canario incumplir por primera vez la Ley de la Hacienda Pública Canaria, que obligaba al Ejecutivo a presentar las cuentas autonómicas al Parlamento antes del 31 de octubre de cada año. Algo parecido a lo que ha hecho ahora Montoro con los Presupuestos estatales.

Fueron unos Presupuestos estatales muy dañinos para las Islas. Si en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reservó para las Islas 1.246 millones, esa cantidad pasó a 746 millones, un 40% menos, para 2013.

Asimismo, si Canarias podía contar en años anteriores con 207 millones anuales para aplicar el Convenio de Carreteras firmado con el Estado hasta 2017, Montoro lo rebajó a 57 millones. Una cantidad que bajó aún más en 2014 y en las previsiones para 2015.

Fueron los de 2013 los Presupuestos estatales que también asesinaron el Plan Integral de Empleo (PIEC), pues el Archipiélago pasó de tener 42 millones anuales a sólo 10 millones.

Por esos y otros motivos, el Gobierno de Canarias no remitió los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2013 hasta que el Congreso de los Diputados votó las enmiendas a las cuentas del Estado el 8 y 9 de noviembre con la esperanza de que en las Cortes se arreglara el desaguisado.

El plante fue en vano y, como era de prever, las cuentas estatales no se enmendaron y las canarias sufrieron recortes del 5,05% que afectaron a los servicios públicos esenciales.

Fue tal el hachazo que hubo que dar que el PSC dio una rueda de prensa para explicar a la opinión pública por qué se había tocado lo intocable.

La presidenta de los socialistas canarios y de su grupo parlamentario, Dolores Padrón, reconoció que “no son buenos”, pero que eran los de “la resistencia” ante el Gobierno del PP.

Padrón consideró los recortes inevitables, ya que el 62% del Presupuesto canario se financiaba con transferencias del Estado, pero afirmó que con estas cuentas el Gobierno de Canarias mantenía “el núcleo” de las políticas sociales sin aumentar la presión fiscal a las clases medias.

Por eso, la sanidad solamente se redujo un 1,2%, y el descenso del 8% en educación lo achacó a la reducción de la financiación estatal en esta área en 122 millones de euros.

Pese a todo, el proyecto de presupuestos incluía aumentos en las partidas para comedores escolares, cuando cada vez más niños dependían de la alimentación en los colegios, y se mantuvieron las becas de estudios para garantizar la igualdad de acceso a la universidad.

Y es que con los 170 millones adicionales que reclamó a través de enmiendas el PSOE en las Cortes en la tramitación del Presupuesto estatal hubiera sido suficiente para cuadrar las cuentas, pese a que para igualarse a la media de las comunidades autónomas Canarias debería haber recibido 812 millones de euros más.

Tan duros fueron que incluso hubo veto de diputados herreños y conatos de rebelión en el Cabildo de Tenerife, pues en las cuentas no se incluían partidas para los hospitales del Norte y del Sur.

Inflexión y esperanza

El panorama sombrío cambió ligeramente cuando se elaboraron los Presupuestos de 2014. Con un montante de 6.084 millones de euros suponía un ligero incremento del 0,86% respecto a los catastróficos del año anterior. Aun así, fueron insuficientes para compensar la motosierra de 2013.

Con todo, el socialista Emilio Mayoral los calificó en aquel entonces como un “punto de inflexión” que debía ser considerado “motivo de esperanza” para la salida de la recesión económica, pues protegían el gasto social y mantenían la condición pública de los servicios esenciales, y Barragán destacó que era el “mejor Presupuesto” de los últimos cuatro años.

Y eso que las cuentas del Estado para 2014 suponían “un freno al desarrollo económico del Archipiélago, da la espalda a los canarios, se desentiende de los problemas y demandas de los más de dos millones de ciudadanos que viven en las Islas y, en consecuencia, aleja a Canarias de España”, según dictaminó el entonces consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz.

Las partidas globales que recibieron las Islas se redujeron este año en cerca de 500 millones de euros con respecto a 2011, lo que representaba una minoración del 42% al pasar de 1.190 millones a los 693 para 2014.

Asimismo, Canarias, con una participación del 4% en el PIB nacional, un 4,5% de la población y un 33% de desempleo, recibió en 2014 solo el 3,2% del total de las inversiones estatales.

Una situación que no mejoró para 2015, pues pese a que creció la inversión territorializada en un 8%, Canarias fue la tercera comunidad autónoma que menos creció al elevar su dotación en torno a un 4% frente al 86% de aumento que registraron otros territorios.

Pese a esos mimbres estatales, los últimos Presupuestos de González Ortiz destinaron el 71% de los 6.195,4 millones a reforzar la Sanidad (2.900 millones), la Educación (1.493 millones) y las políticas sociales (1.328 millones).

Además de aumentar las partidas sociales, se ampliaron los fondos destinados a las políticas de empleo y hubo nuevos recursos para el empleo juvenil, sobre todo en el segmento de edad que iba de los 15 a los 25 años.

“Huelen a paro, no luchan contra el fracaso escolar, son letales para los sectores productivos y cicateros con los servicios públicos”, aseguró en su momento el conservador Jorge Rodríguez.

“El Presupuesto no va a contribuir en absoluto a reactivar la economía, porque recortando no se ayuda a la economía canaria y nos oponemos a una política de derechas que hace a unos pocos más ricos y al resto más pobres”, sentenció el líder de NC, Román Rodríguez.

La era Clavijo

Y lo mismo pasó con los primeros Presupuestos de la era Clavijo, pues los tres principales grupos parlamentarios de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad con la intención de devolverlos a la cocina del Gobierno para su reelaboración.

Ni al PP ni a Podemos ni a NC les satisfizo las cuentas de Dávila porque no garantizaban el Estado de Bienestar ni abogaban por la contribución a la recuperación económica ni por la máxima eficiencia en los servicios públicos.

Desde el Gobierno, sin embargo se destacó el carácter socialmente comprometido y que eran las primeras Cuentas que crecían en cinco años, pese a las limitaciones impuestas tanto por el Gobierno central como por la propia Comisión Europea. “No hay margen para aumentar las cantidades, solo podemos ordenar las prioridades”, dijo el ex consejero socialista de Sanidad, Jesús Morera.

O, como dijo la nacionalista Elena Luis, eran “el primer paso para poder programar las políticas que necesita esta tierra”.

El segundo Presupuesto fue más complicado, no tanto por el lado financiero como por el político, pues nacionalistas y socialistas estaban inmersos en la ruptura del pacto de gobernabilidad que mantuvo en la cuerda floja al Gobierno durante el otoño-invierno de 2016.

Los Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2017, que superaban los 7.300 millones de euros, fueron aprobados el 20 de diciembre sin ruptura de voto por parte del PSOE, que aceptó el nuevo reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en el que se abstuvo una semana antes, dejando cortocircuitada la más grave de las crisis que ha vivido el gabinete de Clavijo, generada cuando los consejeros socialistas se ausentaron el 28 de noviembre del Consejo de Gobierno que aprobó el reparto del Fdcan y que continuó el 9 de diciembre cuando los diputados apoyaron enmiendas de NC y el PP que, en contra de CC, cambiaban en las Cuentas autonómicas radicalmente la filosofía del controvertido Fondo.

El penúltimo episodio sucedió una semana después, al abstenerse los socialistas a un nuevo reparto del Fdcan pactado entre CC y el PP que, finalmente, aceptó in extremis la gestora del PSOE en la noche del 19 de diciembre, tan solo unas horas antes de que comenzase en el Parlamento la sesión que debía aprobar los Presupuestos para 2017.

Tres días después, Clavijo cesó a los cuatro consejeros socialistas, a los que acusó de no querer apoyar el reparto del Fdcan y ausentarse por segunda vez del Consejo de Gobierno en poco más de un mes.

La precariedad actual de Clavijo y su anteproyecto presupuestario es, un año después, aún más grave y visible.

El lunes 30 de octubre, (aunque sin perder de vista el debate de las enmiendas parciales) se sabrá si el gabinete ha sido flexible y ha dado cabida a la participación del mayor número de grupos parlamentarios posible en la elaboración de los Presupuestos para poder evitar una derrota global que dañaría políticamente la imagen del Gobierno en un período que prácticamente puede ser calificado de pre electoral.

El Reino de España es, contrariamente a lo que se percibe, un estado más descentralizado que la República Federal Alemana. En términos generales, según los modelos actuales, un estado federal tiene más mecanismos centralizadores y preserva más la igualdad entre los territorios de lo que se ha conseguido, por ejemplo, con el actual estado autonómico.

La crisis de Catalunya ha reactivado de nuevo la necesidad de reformar la Constitución de 1978 y avanzar hacia un estado federal como fórmula de renovación de un caducado sistema autonómico que, tras 40 años de vigencia, hace aguas por todas partes.

Con el PSOE a la cabeza, los adalides del federalismo creen que este modelo conseguiría que, como ocurrió hace cuatro décadas, el desarraigo que un tercio de la población catalana siente hacia el resto de España revertiría lo suficiente para que el independentismo rebajara sus ganas de secesión y volviera a reinar en el país la paz social rota en los últimos cinco años y prácticamente dinamitada en el último mes y medio.

Pero, sin embargo, no son pocos los juristas y expertos en Derecho Internacional que cuestionan que un estado federal sea una solución mejor para España que el desarrollo total y revisión del Título VIII de la actual Constitución, que fue el que insufló vida a las autonomías.

Hasta ahora, esa revisión se ha tornado imposible, pues la misma depende de que se una a ella la formación política que se opuso desde su inicio al Estado autonómico: el Partido Popular. Por eso ha sido un gran triunfo del líder socialista, Pedro Sánchez, arrancar en la noche del 10 de octubre de 2017 al presidente Mariano Rajoy el compromiso de activar la reforma constitucional.

Romper España

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, recordó en el debate que mantuvo con el presidente Rajoy con motivo de la activación del artículo 155 de la Constitución, que en su momento fueron los conservadores quienes se negaron a reconocer el término nacionalidad que al propio ex presidente Adolfo Suárez no le importaba admitir en la Constitución.

“No se ha demostrado que en el título VIII no haya una clara ruptura del Estado español”. Quien así hablaba desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados un día de julio de 1978 era Manuel Fraga Iribarne, entonces líder de Alianza Popular (AP), presidente fundador del Partido Popular (PP), la opción política que gobierna España 39 años después de que se pronunciaran esas rotundas palabras.

Un discurso que contó con 248 votos en contra, 17 a favor y dos abstenciones.

Pero antes de ese debate, hubo otros durante la Comisión parlamentaria constitucional. En el del artículo 130 (que, finalmente, fue el 137), Fraga pretendía que se dijera que “el territorio de España se divide en regiones, provincias y municipios…”, sin que apareciera para nada el concepto de comunidad autónoma.

Para el fundador de AP y del PP, en el Título VIII se dirimían dos cuestiones fundamentales, y por eso defendió un voto particular a la totalidad del mismo: “Si se concibe España como una nación que, a través de un Estado formado por la soberanía popular, procede a organizar su territorio; o si concebimos a España -y así se ha expresado ya en esta Comisión con palabras que algunos no olvidaremos jamás- como una nación de naciones, un Estado plurinacional”.

Sin embargo, Fraga no era el único gran dirigente del partido que ahora gobierna España en cuestionar el Título que desarrolla la organización territorial del Estado. El ex presidente de honor del PP, José María Aznar, escribió en La Nueva Rioja el 23 de febrero de 1979: “Tal como está redactada la Constitución de 1978, los españoles no sabemos (…) si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades”.

Aznar, que afirmó en diciembre de 2012 en Los Desayunos de TVE que “hay que ordenar un Estado desbordado, insostenible e inútil, en constante centrifugación y destrucción”.

Federalismo = Autonomismo

Dicho esto, habría que recordar que un estado federal es una forma de organización política descentralizada, con un Gobierno central y distintos entes territoriales autónomos, que se relacionan conforme a lo dispuesto en una constitución federal; en ella se establece cómo se distribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales.

Por tanto, ¿En qué se diferencia un estado federal del que tenemos en España? Pues, literalmente, en muy poco. Los territorios que forman parte del estado central (federación) se llaman a su vez estados (federados), y tienen su propia constitución. En España son comunidades autónomas y tienen estatutos de autonomía.

El exdirigente del Partido Socialista Canario-PSOE y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna Santiago Pérez, pronunciaba en 2013 una conferencia en el Parlamento de Canarias en la que aseguraba que “la Constitución de 1978 contiene los elementos necesarios y suficientes para desarrollar y consolidar un Estado profundamente descentralizado, reconoce a las comunidades territoriales un autogobierno similar al de los estados miembros en un sistema federal y, especialmente, delimita las competencias de las instituciones y órganos centrales, incorporando las experiencias del federalismo contemporáneo tal y como funciona realmente”.

Unir

Federal viene del latín federare, que significa unir. No se puede negar que el despliegue del estado social ha significado un fortalecimiento impresionante de los gobiernos federales alemán y norteamericano, justificado en la igualación de las condiciones de vida de todos sus ciudadanos y con amplio respaldo de éstos, buscando constantemente cohesión política y social. Pero se obvia que ese fortalecimiento del poder federal se ha llevado a cabo a costa del que tienen los estados miembros.

Es, justamente, lo contrario de lo que se reivindica en España, donde los gobiernos autonómicos quieren cada vez más competencias legislativas en detrimento del Estado. Y es en lo que, en buena medida, reivindica la Generalitat, junto a un incremento de fondos para poder desarrollar su nueva y potente estructura competencial.

Quizá por ese motivo se habla, como han hecho en Canarias los líderes de Podemos (Noemí Santana) y Nueva Canarias (Román Rodríguez) de federalismo asimétrico frente al simétrico, en el que cada territorio tiene los mismos poderes y las mismas competencias que el resto.

En el estado federal asimétrico puede haber uno o varios territorios que tengan más competencias que el resto. La mayor parte de estados federales son simétricos y, sin embargo, un caso de federalismo asimétrico es, paradójicamente, el Estado autonómico español, al menos como lo concibieron los constituyentes de 1978, pues Navarra y País Vasco tienen más competencias en materia fiscal que el resto de comunidades. Y en Canarias, por ejemplo, existe un Régimen Económico y Fiscal (REF) específico que no rige en el resto del territorio nacional, hasta el punto de que tenemos nuestro propio IVA (el IGIC) con tipos impositivos mucho más bajos.

Por tanto, la España autonómica es asimétrica y quienes hablan de implantar un estado federal asimétrico están, realmente, defendiendo el vigente modelo autonómico, pero ocultándolo con un concepto que parece alejado del maltrecho sistema de comunidades autónomas. Vino viejo presentado en odres nuevos.

El 8 de junio de 1873 las Cortes Constituyentes proclamaron la República Federal en España y se presentó un proyecto de constitución federal que no llegó a aprobarse, pues se sucedieron las declaraciones de independencia de diversos territorios y cantones hasta que se produjo la restauración monárquica en 1874.

En 2013, 240 años más tarde de aquella efeméride, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lideraba Alfredo Pérez Rubalcaba, formación política que abandonó el federalismo de su ideario y sus estatutos hace décadas, retomó la bandera federal que continúa blandiendo ahora Pedro Sánchez.

Cuando hace cuatro años Rubalcaba se reunió con el entonces presidente Paulino Rivero, defendió las bondades que tendría para Canarias formar parte de una España federal, asegurando que la prórroga unilateral por parte del Gobierno central que presidía Mariano Rajoy de la reforma del REF hasta el 2015 no se hubiera podido llevar a cabo.

Ximo Puig, el líder de los socialistas valencianos (PSPV-PSOE) y actual presidente de esa comunidad autónoma, también aseguró durante una visita a Las Palmas de Gran Canaria para disertar sobre el nuevo modelo territorial que defendían los socialistas que “Canarias estaría mucho más cómoda, mejor recogida, en un estado federal”, pues las características endógenas y diferenciales del Archipiélago tendrían “más presencia” y “más lealtad institucional” en un modelo federal.

RDA y EEUU

Vistas las bondades que resaltan los federalistas, habría que analizar si ofrece más independencia a las regiones un Estado federal o uno autonómico. Y la respuesta es que dependerá del nivel de autonomía que se conceda en cada caso.

Tomando a Alemania como ejemplo, a través del Bundesrat (Senado), los länder (estados federales) participan intensamente “en la formación de la voluntad política de la Federación” y, en consecuencia, en la elaboración y aprobación de las normas federales, incluidos ciertos reglamentos. Sin embargo, la Ley Fundamental alemana recoge un buen número de leyes que requieren la aprobación del Bundesrat, lo que coloca a esta Cámara en una posición fuerte en el procedimiento legislativo.

Sin embargo, ese fortalecimiento ha sido la compensación a la pérdida de competencias legislativas de los propios länder y sus parlamentos.

Por otra parte, el Senado norteamericano es un órgano de dirección política del país que contrapesa el poder del presidente, especialmente desde que los miembros son elegidos directamente por la población de los estados desde hace un siglo. Un Senado, por tanto, que no tiene especialización federal alguna ni por sus competencias legislativas, ni por la actividad de control sobre el gobierno federal, ni por la proyección de los senadores.

La Confederación

La federación tiene una constitución propia y constituye un solo Estado desde el punto de vista del Derecho Internacional, un único sujeto jurídico desde el punto de vista internacional. Como la España autonómica.

Sin embargo, desde el independentismo y los nacionalismos catalán, vasco y gallego se apunta a una solución diferente más acorde con la Confederación.

Un sistema que se basa en un tratado internacional entre los estados que forman parte de la misma y que mantienen su soberanía como estados desde el punto de vista del Derecho Internacional, pues por más que diga lo contrario el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, un estado federal no puede separarse del resto si así lo desea en un determinado momento, pues depende de lo que diga la constitución.

Y normalmente no puede hacerlo, pues el pacto constitucional establece que se necesita contar con el resto. Así que estamos en el mismo punto que en la actualidad.

Para Pérez, “tanto fortalecer un estado federal al mismo tiempo que las competencias legislativas de sus miembros, como propugna el PSOE, como ir hacia una confederación, como defienden algunos nacionalismos, son modelos absolutamente inviables que están abocados al colapso y a la desaparición de España como unidad jurídica”.

Es decir, que el problema no es la arquitectura constitucional, sino recomponer el consenso político de construir España como realidad jurídica unitaria, plural y solidaria.

Nueva Canarias (NC) y Podemos coinciden en que reformar la Constitución para convertir a España en un “Estado federal asimétrico” es la única solución para volver a “seducir” a Catalunya y rebajar el sentimiento secesionista instalado en un tercio de la población, dejando sin alas a los independentistas. Por contra, ambas formaciones difieren en lo que se refiere a la decisión adoptada este miércoles en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Por su parte, desde Coalición Canaria (CC) se considera que el Gobierno “debe aclarar bien qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer en relación a la situación política de Catalunya” para que “haya el máximo consenso” tanto en el Congreso como en el Senado a la hora de decidir los paso a dar.

“El Gobierno no puede generar más incertidumbre y más caos en una situación que ya de por sí es compleja”, ha afirmado la secretaria de Organización de los nacionalistas, Guadalupe González. “El planteamiento del requerimiento sí es claro, pero no lo es qué es lo que va a pasar a partir de ahora, y la hoja de ruta debe solucionar de una vez el problema”, añadió.

Levantar teléfonos

Un pesimismo al que se apunta la formación morada, pues para su máxima dirigente, Noemí Santana, la decisión del Consejo de Ministros “es demasiado ambigua, y lo que deberían haber hecho es levantar los teléfonos y buscar un equipo de personas mediadoras que solucionen este conflicto, y sinceramente creo que no están poniendo toda la,voluntad política que se debería”.

Más optimista se mostró el líder de NC, Román Rodríguez, al creer que tanto Puigdemont, “que no hizo un acto jurídico de declaración de independencia”, como el presidente Mariano Rajoy con su petición de requerimiento aclaratorio han adoptado medidas “moderadas, esperanzadoras y de contención” para dar “oportunidad al diálogo”.

Diálogo, reformas y urnas

Un diálogo que se refuerza con la activación de la comisión para reformar la Constitución, pues “el Título VIII, tras 40 años, se debe adaptar a las nuevas necesidades”, por lo que modificar la Carta Magna “contribuiría también a que la crisis se encauce a través del diálogo, las reformas y las urnas”

No tan claro lo tiene Santana, pues señala que “el entreguismo de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy es preocupante”, ya que “es un PSOE que se aleja de sus bases”. Una postura de los socialistas que también puede contaminar los trabajos de la reforma constitucional, “que es necesaria”, pues “ya sabemos cuáles son las reformas pactadas entre el PP y el PSOE”.

“Hay que seducir al pueblo catalán para que se sienta a gusto en España, y eso puede llegar con un Estado federal asimétrico”, dijo Santana. La misma tesis esgrime el líder de NC a favor de “un Estado federal intenso, con más estructura competencial y asimétrico, porque no todas pueden ser iguales”.

También CC recuerda que “hace tiempo que dijimos que debía haber una reforma constitucional que solucionara el encaje de Catalunya en España para que los catalanes se sientan cómodos”.

ASG comparte “plenamente” el acuerdo del Consejo de Ministros

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha asegurado que “comparto plenamente” la decisión del Consejo de Ministros de solicitar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “clarifique la realidad en la que ha colocado a Catalunya”.

“Hay que definir claramente qué ha hecho el Gobierno catalán para a partir de ahí aplicar, de forma irrenunciable, parte de,los,aspectos que contempla el artículo 155 de la Constitución”, afirmó.

Para Curbelo, este requerimiento “es un acierto” que sitúa a Puigdemont “en la encrucijada y la inseguridad”, puesto que “dislocará aún más al bloque de los independentistas” y lo dejará “con muy pocas salidas”.

“Creo que no va a responder y la única salida que le quedará será convocar elecciones, y creo que esto es lo que va a hacer”, insiste el máximo dirigente de ASG.

También considera positivo que se active la comisión para la reforma de la Constitución, donde “Catalunya no solo querrá más competencias sino muchos más medios.

El “confuso” mensaje lanzado por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su comparecencia de este martes en el Parlament ha abierto un “resquicio de esperanza” en los portavoces de las fuerzas políticas de la Cámara canaria, si bien el presidente del Gobierno, el nacionalista Fernando Clavijo, ha preferido mantener silencio y apelar a la “prudencia” a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos.

Una prudencia que se ha extendido a la portavoz y secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González, para quien “hay que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, sin olvidar que “nosotros siempre hemos sido claros con la legalidad vigente y defendido la Constitución, apostando por un diálogo que permita una solución”.

“Hay que analizar lo que realmente ha pasado, pero la solución pasa por el diálogo y el entendimiento con fórmulas que dentro de la legalidad y la Constitución permita un encaje de Cataluña con el que los catalanes se sientan cómodos en el Estado español, y nosotros, con representantes en el Congreso y en el Senado, estamos dispuestos a colaborar” concluyó la portavoz Nacionalista.

“Estamos expectantes ante una realidad absolutamente confusa al escudarse Puigdemont en una consulta que obviamente es ilegal y el PSOE ha dicho por activa y por pasiva que estamos con el Estado de Derecho y con la Constitución, pero se abre un espacio de sensatez al que queremos acogernos para propiciar un espacio de entendimiento y de diálogo al que siempre hemos apelado”, ha asegurado la recientemente nombrada portavoz del Grupo Socialista, Dolores Corujo.

Por ello, Corujo dijo que “vamos a ser cautos y coherentes para ver cuáles son las próximas actuaciones del presidente Rajoy” tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para el miércoles.

En parecidos términos, y antes de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegurara públicamente que la Generalitat no puede exhibir los resultados del 1 de octubre como aval ni atribuir a una mayoría de catalanes el deseo de independencia “porque fue un acto ilegal, fraudulento y sin las mínimas garantías”, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, dijo que pese a que Puigdemont había sido “confuso y no fácil de entender”, su intervención no incluía un “hecho jurídico de declaración unilateral de independencia”, lo que abre “una pequeña rendija, un resquicio mínimo para buscar espacios de diálogo y entendimiento”.

Según Rodríguez, “ahora debemos esperar a la interpretación de lo que está ocurriendo va a hacer el Gobierno de España, que es quien tiene la última responsabilidad”. “En esta crisis sería, severa y grave es preferible pecar por defecto que por exceso y todo lo que sea contener la situación, viene bien”, remachó.

Para la líder de Podemos, Noemí Santana, al final “ha reinado la cordura y no se ha declarado unilateralmente la independencia de Catalunya”, ya que Puigdemont “la ha suspendido a todos los efectos para dejar paso a un espacio de diálogo y al entendimiento, y ahora la pelota está en el tejado del presidente Mariano Rajoy, y esperemos que actúe también consecuentemente con altura de miras y capacidad para solucionarlo”.

Para Santana, “es una buena noticia que se de una segunda oportunidad al diálogo” y conminó a Rajoy y a Puigdemont a que si se ven incapaces de hablar, deleguen en “un equipo de personas de su confianza capaces de buscar alternativas y una salida”.

Por último, el máximo dirigente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, resaltó en los pasillos del Parlamento que “algo ha hecho reflexionar a Puigdemont, y aunque no ha renunciado a la declaración de independencia en los,próximos meses, deja la puerta abierta para el diálogo, que es la mejor solución para llegar a la paz y el sosiego”.

“Nos alegramos de que haya llegado un rayo de luz y de cordura para que la sociedad española y Catalana estén más tranquilas y se pueda reconducir la pacificación social”, dijo Curbelo.

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha ejercido por primera vez este martes como presidente externo del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, asistiendo a la reunión previa al pleno en compañía del secretario regional de Organización, Jorge González, y las vicesecretarias de Acción Política y Acción Social, Nira Fierro y Elena Máñez, respectivamente.

En esa reunión, en la que según Torres todos los diputados han asumido los cambios y que él asistirá a todos los encuentros previas a las sesiones plenarias, se asumió que con esta fórmula “se cumplen todos los reglamentos: el del partido, el del Grupo y el de la propia Cámara”.

“Ningún compañero ha planteado la duda de que el secretario general ejerza desde fuera la coordinación y dirección del Grupo Parlamentario”, insistió.

Una fórmula que para el líder del PSOE canario ni desfigura al Grupo ni hace que éste pierda peso parlamentario, pues aunque hay un acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces para que las preguntas a presidente Fernando Clavijo las efectúen los presidentes de los grupos, desde ahora “las harán quienes entendamos que deben hacerlas”.

“No se pierde ninguna fortaleza y no habría duda si el secretario general fuese parlamentario de que ejerciera la labor de coordinación y dirección del grupo. No lo soy, y tengo la obligación y la responsabilidad de ejercer esas atribuciones desde fuera”, ha insistido Torres.

Lealtad de Hernández y Lavandera

Una decisión que ha negado sea fruto de la desconfianza, pues “estoy convencido de la lealtad de quien fue la presidenta [Patricia Hernández] en el trabajo que tenemos por delante, como la tengo también en el trabajo que va a hacer Ignacio Lavandera, que ha sido un excelente portavoz”.

Aunque es cierto que el Reglamento afirma que cualquier diputado puede preguntar al presidente, lo cierto es que hace un año el Grupo de Podemos fue damnificado por un acuerdo previo, adoptado al inicio de la Legislatura, por el cual se decidió que solo los presidentes de los grupos podían controlar directamente a Clavijo.

Hasta ese momento, la formación morada enarbolaba el Reglamento para que cualquiera de sus diputados inquiriera al presidente, pero CC insistió en que si se aplicaba estrictamente la norma, entonces deberían rebajarse de seis a cuatro las preguntas a Clavijo en cada sesión plenaria. Tras varias semanas de debates internos entre los portavoces, al final Podemos asumió que era mejor que todos los grupos controlaran a Clavijo en detrimento de restringir las preguntas a los presidentes de los grupos.

Pese a estos antecedentes, Torres insiste en que “no perdemos perfil político” en la Cámara regional porque “cualquiera de los 15 compañeros tomará las iniciativas para hacer las preguntas”.

“Estamos ante una chapuza manifiesta y grosera”. Así de contundente se mostró este martes en la sesión de control al Gobierno la diputada del Grupo Popular Luz Reverón ante la constatación de que el Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo sigue empeñado en que sus Servicios Jurídicos no informen sobre los pliegos del concurso de informativos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) impulsados por su presidente, Santiago Negrín.

Unos pliegos que se aprobaron el pasado 28 de agosto y que apenas mes y medio después, fueron por tercera vez modificados el 2 de octubre “mientras el Gobierno de Canarias no está haciendo absolutamente nada” pese a que el mes pasado el Parlamento mandató, con la única abstención de CC, al gabinete a que hiciera un informe jurídico sobre el polémico concurso.

“¿No cree que tiene motivos suficientes para que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias se pongan a mirar estar irregularidades?¿Puede afirmar la consejera de Hacienda que el Gobierno no tiene que fiscalizar los 144 millones de euros del concurso que le corresponden a todos los canarios?, espetó Reverón a la titular de las arcas autonómicas, Rosa Dávila.

Esta, por su parte, acusó a la diputada conservadora de atribuirle “una responsabilidad que no tengo”, toda vez que son los diputados “los que nombran a los miembros del Consejo Rector, este Parlamento nombra al presidente, que es el órgano de adjudicación com ha quedado meridianamente claro”.

“Actuamos con responsabilidad”

Por tanto, para Dávila, sigue siendo la Cámara regional y no el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo “quien debe ejercer las tareas de control” del ente, mientras que el gabinete “estamos actuando con responsabilidad”.

“No nos corresponde el gobierno de RTVC y no le digan al Gobierno que intervenga en una materia en la que los diputados, por Ley, han dicho al Gobierno que debe mantenerse independiente. Son ustedes los que tienen que velar por que esos pliegos, en todo caso, salgan adelante con todas las garantías”, concluyó la consejera de Hacienda.

Como se recordará, el impulso de Negrín al concurso de informativos en contra de los criterios del Parlamento hizo que toda la oposición se uniera para cesarlo al frente de RTVC. Una cuestión que iba a producirse en septiembre pero que, sin embargo, la nueva dirección socialista que lidera Ángel Víctor Torres 'enfriado', ya que no adoptará ninguna decisión hasta tener tres informes que ha solicitado para evaluar la situación del ente.

El presidente del Gobierno en minoría de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, ha reconocido que, como “todos los partidos”, ha nombrado en el gabinete a exalcaldes de Coalición Canaria (CC) censurados en sus municipios porque “así es la democracia”.

“No voy a ser hipócrita, porque eso lo hemos hecho todos los partidos y así es la democracia. Los ciudadanos nos tienen que juzgar por el resultado de la gestión y no por haber sido concejal o exalcalde”, contestó a la diputada socialista Patricia Hernández, que le acusó de llevar a cabo “una política de nombramientos que no responde al interés general y a la normativa vigente sino a los intereses de CC”.

“Uno pierde la Alcaldía de La Victoria y Clavijo lo nombra Jefe de gabinete, se pierde una moción de censura en La Frontera y la exalcaldesa es nombrada asesora del vicepresidente, el exalcalde de Icod, va directo al Gobierno. El 75% de la lista que llevó Pablo Rodríguez, su vicepresidente, al congreso insular de CC de Gran Canaria trabaja como altos cargos del Gobierno”, insistió Hernández.

Es más, ha recordado que la exalcaldesa de La Frontera, Melissa Armas, sigue siendo concejal del Ayuntamiento cuando es “algo ilegal” y, en el “colmo de la desfachatez”, se ha nombrado a Diego Acosta, concejal de ese mismo municipio, asesor para la residencia presidencial en Gran Canaria y Tenerife.

Cobrar por no trabajar

“Acosta vive en El Hierro, camina, toma café y toma vino en El Hierro. Está pagando un sueldo público a Diego Acosta por no trabajar, sino por ser afiliado de AHI”, culminó la diputada socialista.

Al respecto, el presidente dijo que “no voy a entrar en la política del usted más ni en los nombramientos que usted me propuso, con exalcaldes y hermanas de alcaldes”.

“En este caso los nombramientos obedecen a un partido político que gobierna en solitario desde diciembre del año pasado y obedecen a lo que mi formación política y yo mismo consideramos que son las personas idóneas para desempeñar esa tarea de gestión y política en el Gobierno de Canarias”, insistió Clavijo.

“Se tardó más en presentar la moción de censura en Icod que usted en asignarle un sueldo público al exalcalde en el Gobierno de Canarias”, contestó Hernández.

“Si nombro a un profesional ajeno a CC, como José Manuel Baltar, soy criticado; y si nombro a alguien de CC, también soy criticado”, dijo Clavijo antes de asegurar que “los ciudadanos nos tienen que juzgar por el resultado de la gestión y no por ser concejal o exalcaldes”, máxime cuando,“aquellos que han pasado por la política municipal tienen buenos resultados, porque tienen muy presentes a los ciudadanos en sus actuaciones públicas”.

Cinco horas antes de que el presidente del Govern de de Catalunya, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlament sin despejar las dudas sobre si llevará a cabo una declaración unilateral de independencia (DUI), la Cámara regional de Canarias, a través de sus distintos portavoces y con el jefe del Ejecutivo de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, a la cabeza ha hecho lo que sugirió el líder del PP de las Islas: “elevar la voz alta y clara para que se respete el orden constitucional”.

Así, Clavijo se se ha situado claramente en el sector que apoya sin ambigüedad al Gobierno de España al afirmar que “no se puede cumplir la Ley un poquito, o se cumple o no se cumple, y nosotros estamos con la Constitución”.

Una Carta Magna que, no obstante, debe ser reformada, pero “con sosiego, sin chantajes y sin una pistola en la sien”. La solución a la escalada crítica que se vive en España desde el pasado 1 de octubre pasa, a juicio de Clavijo, por “el diálogo, eso es lo primero, y un buen sitio para ejercerlo puede ser en la Conferencia de Presidentes, y lo segundo es reformar la Constitución”.

En una sesión de control marcada por la crisis institucional provocada por la posible declaración unilateral de independencia catalana, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, recordó al presidente que “no se puede aplicar solo la Ley, pues en democracia los problemas se dialogan, se debaten y se consultan”.

El caduco Título VIII

“Es cierto que el Título VIII de la Constitución está caduco y hay que revisarlo, pero también lo es que el artículo 155 es un 'cajón desastre' y espero que las decisiones que se adopten por unos y por otros no acaben en tragedia, pues quien se sale de la norma de manera burda, tomando la justicia por su mano, debe tener una respuesta, pero ponderada”, culminó Rodríguez.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres (que este martes se reunión con el grupo parlamentario), insistió en que el presidente Mariano Rajoy “también es el presidente de todos los catalanes, por lo que debe liderar una salida al conflicto actual”.

“Es inaceptable lo que ha hecho el Gobierno catalán y el PSOE va a apoyar al Gobierno de España y al Estado de Derecho en las medidas que tenga que hacer contra la declaración unilateral de independencia”, zanjó el máximo dirigente de los socialistas canarios.

“La crisis de Catalunya no es solo territorial, se debe a que el Régimen del 78 no da más de sí y debemos sentarnos a repensar nuestro país de países.Estamos en el bloque de los que piden diálogo y no en los del inmovilismo y el bloqueo”, afirmó por su parte la líder y portavoz de Podemos, Noemí Santana.

La inestabilidad toca a Canarias

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (Mixto), Casimiro Curbelo, reconoció que España está sumida en una “crisis sin precedentes que nos hace daño en el exterior” y que si Puigdemont continúa adelante con sus pretensiones concluirá “juzgado por rebelión”. Además, recordó que “afecta a Canarias”, ya que deja en suspenso el REF, prorroga los Presupuestos y “deja en papel mojado los convenios” relativos a inversión en infraestructuras en las Islas.

Por ello, el presidente del PP canario, Asier Antona, aseguró que “a pesar de la inestabilidad, tendemos la mano para que se aprueben los Presupuestos de Canarias, aunque eso no significa un cheque en blanco”.

Al respecto, el presidente Clavijo dijo que aunque “la situación es preocupante, siento orgullo del sentido común que tenemos los políticos canarios”, lo que permitirá aprobar “con diálogo” unas Cuentas autonómicas que deberán ser presentadas al Parlamento a final de mes.

“Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en la democracia española, pero en 1978 era mucho más lo que nos separaba y hubo una solución”, concluyó Clavijo.

La ponencia que elabora la reforma electoral en Canarias se reunirá de nuevo en noviembre. En esa fecha, la totalidad de los grupos parlamentarios tendrán que haber intentado elaborar “con flexibilidad” una propuesta para mejorar el criterio de proporcionalidad que entierre el vigente sistema de triple paridad que beneficia excesivamente a las islas no capitalinas frente a las más pobladas de Gran Canaria y Tenerife.

Un acuerdo parecido al que adoptaron el pasado 5 de julio, cuando los ponentes acordaron unos mínimos de consenso: que el Parlamento tendrá más de 60 diputados, que Fuerteventura tendrá un escaño más para equipararse a La Palma, que ninguna isla tendrá menos diputados que ahora y que las barreras de acceso a la Cámara legislativa se rebajen al 5% regional y el 15% insular.

Unos mínimos condicionados a llegar a un acuerdo en el problema principal, que es mejorar la proporcionalidad. Y al respecto, tres son las propuestas sobre la mesa: una lista regional (incluída en la reforma del Estatuto pactada por CC y el PSOE), la asignación directa de más diputados a Gran Canaria y Tenerife (defendida por el PP y ahora también por los nacionalistas) o asignar los nuevos escaños en un colegio de restos autonómico o en dos colegios provinciales, como propusieron la plataforma Demócratas por el Cambio y Unidos por Gran Canaria (UxGC).

Tres meses en la misma casilla

Tres meses después de aquel acuerdo, continúan en la misma casilla sin nuevos avances, aunque todos los portavoces se muestran más esperanzados e ilusionados en tanto en cuanto el PSOE ha anunciado en los contactos mantenidos por su secretario general, Ángel Víctor Torres, con el resto de formaciones que están dispuestos a anteponer el consenso a su lista regional y que el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) puede apoyarla si así lo deciden el resto de los grupos.

“Lo que hay que resaltar es que ya ninguno tenemos posiciones cerradas ni líneas rojas y que vamos a ser flexibles para lograr un acuerdo que esté en vigor en 2019”, ha asegurado la portavoz del PP, Australia Navarro, que ha sido mandatada por el resto de portavoces para ser este lunes la voz de la ponencia.

La Ejecutiva del Partido Socialista Canario-PSOE ha decidido este sábado presentar en el Parlamento una propuesta para que el Fondo de Financiación Municipal quede en su totalidad a libre disposición de los municipios.

Así lo confirmó su secretario general, Ángel Víctor Torres, recordando al salir de la reunión que era injusto que “hasta ahora esa partida económica, fundamental para la supervivencia de los ayuntamientos, se destine en un porcentaje a pagar deuda de los propios consistorios”, máxime cuando los 300 millones de superávit que tienen las corporaciones municipales en 2016 pueden dedicarse a servicios sociales, educación, inversión y servicios.

“Llevaremos al pleno del Parlamento una iniciativa para que todos esos fondos se destinen al cien por cien para lo que los ayuntamientos decidan en qué emplearlos y que cubran los desequilibrios sociales de los municipios”, insistió.

Según Torres, “sólo en Canarias tenemos ese fondo” porque “en los albores de la democracia”, el PSOE lo impulsó para tener garantizados unos recursos económicos anuales “para responder a las grandes necesidades de un territorio alejado y con tremendas carencias históricas debido a su ultraperificidad”.

Economía solidaria

Por tanto, los socialistas no entienden que esos 300 millones “se reserven en un banco” para cubrir la deuda y los ayuntamientos no puedan destinarlos “a inversiones en carreteras, servicios sociales, a familias que no pueden pagar el agua o a dar una beca a niños de 0 a 3 años que sus padres no pueden pagar una guardería”.

“Los ayuntamientos no son entidades financieras y la básica premisa del PSOE es que tenemos que equilibrar cuando gobernamos a esas familias”, insistíó el máximo dirigente de los socialistas canarios.

Con esta propuesta, los ayuntamientos podrán destinar todo el dinero del Fondo Canario a “invertir para generar empleo, crear escuelas públicas, buenos servicios sociales y optar a una economía solidaria” que palie que hayan crecido el número de pobres durante la crisis económica.

“No se entiende que el dinero que gestionan bien los ayuntamientos no se destine a acabar con las tasas de desempleo y pobreza que hay en Canarias”, concluyó Torres.

La anunciada remodelación del Grupo Parlamentario Socialista para que éste refleje fielmente el nuevo PSOE que lidera Ángel Víctor Torres se ha saldado este sábado con sorpresa: el propio secretario general, “igual que hace Pedro Sánchez en el PSOE federal”, ocupará la Presidencia y la portavoz será la líder socialista de Lanzarote, Dolores Corujo.

Al ocupar la Presidencia, Torres toma una decisión sorprendente, ya que el artículo 21. 2 (parrafo tres) del Reglamento del Parlamento de Canarias dice claramente que el grupo elegirá presidente “de entre sus miembros”.

“No soy diputado, la ejerceré desde fuera y los dos llevaremos al grupo parlamentario por las líneas que el PSOE decida en su máximo órgano de dirección”, ha explicado el propio Torres tras la reunión de la dirección socialista celebrada en La Laguna.

La propuesta, refrendada por la Ejecutiva, será ahora trasladada al propio grupo parlamentario y Torres la justifica apelando a que ha sido elegido por la militancia: “tengo la obligación de cumplir la voluntad mayoritaria expresada en las urnas de que lleve adelante al partido junto a su Ejecutiva y su grupo parlamentario”.

Para ello, hay que adoptar una “solución excepcional” porque “no soy parlamentario”, pero al igual que Sánchez en el Congreso de los Diputados, controlará y debatirá “desde fuera” las iniciativas, proposiciones, o “quienes y cómo” preguntarán al presidente Fernando Clavijo durante las reuniones que, “cada quince días” mantendrá la nueva dirección regional para “mejorar la conexión” entre ésta y los diputados.

La coordinación como obsesión

“Tengo la obsesión fundamental de coordinar de la mejor manera posible el trabajo del último ayuntamiento más pequeño en población con el grupo parlamentario. El PSOE tiene que tener una conexión permanente y no vamos a dejar al albur de un concejal determinado ni una propuesta que conlleve levantar la mano y votar en nombre del PSOE canario”, ha insistido.

Pese a que Torres ha asegurado que los cambios no son “algo anormal o extraordinario”, lo cierto es que, como era previsible, han salido de la primera escena parlamentaria Patricia Hernández (adversaria del nuevo secretario general en las Primarias) e Ignacio Álvaro Lavandera, a los que ha agradecido “el trabajo que han hecho porque, además, necesitamos que sigan haciéndolo”.

“Los 15 diputados van a ser imprescindibles para el próximo devenir de la organización”, concluyó.

Uno de los apoyos más sólidos que tuvo Torres fue Corujo, la líder de los socialistas de Lanzarote y alcaldesa de San Bartolomé (cargo que abandonará por incompatibilidad), y que será quien ahora lleve las riendas de los diputados socialistas en lo que resta de legislatura, marcada por la minoría parlamentaria del presidente Fernando Clavijo y los intentos de la oposición de hacer un frente común al gabinete regional para que en los grandes asuntos impongan su criterio frente a los de Coalición Canaria (CC).

Comisiones de trabajo

“CC tiene que asumir que tiene un Gobierno en minoría, que precisa negociar los Presupuestos”, insistió el secretario general.

Por ello, la Ejecutiva ha creado sendas comisiones de trabajo de las que formarán parte Torres; el secretario de Organización, Jorge González y uno de los responsables de las vicesecretarías junto a otros tres diputados, la portavoz y dos elegidos de acuerdo a sus áreas de responsabilidad parlamentaria.

Así, Lavandera, Héctor Gómez y Manuel Marcos componen la de Presupuestos; de la de Reforma Electoral formarán parte Nayra Alemán y Gustavo Matos; en la de Servicios Sociales estará Patricia Hernández y Teresa Cruz; y en la que tiene que debatir la renovación de los órganos dependientes del Parlamento estarán Gabriel Corujo y Matos.

“Hay que llegar de inmediato a un acuerdo sobre la reforma electoral, que tiene que estar vigente en 2019; queremos ver en qué mejora el anteproyecto de Presupuestos frente a los de 2017 y llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas para renovar los órganos del Parlamento”, dijo Torres.

Una tarea que coordinará Corujo, que además fue la presidenta del Grupo desde que el PSOE entró a formar parte del Gobierno regional hasta que el presidente Clavijo destituyó en diciembre de 2016 a los consejeros socialistas, dando por roto el acuerdo de gobernabilidad, y su cargo pasó a manos de Hernández para que, en función del Reglamento de la Cámara, pudiera protagonizar los cara a cara con el jefe del Ejecutivo en las sesiones parlamentarias.

De candidata a diputada rasa

Como se recordará, la aún secretaria general del PSOE de Lanzarote, siendo presidenta del Grupo, fue una de las voces más críticas que, junto a los diputados Gustavo Matos y Gabriel Corujo, lideraron la oposición en el seno del PSOE al anteproyecto de Ley de Suelo que en el verano de 2016 estaba elaborando el Gobierno de nacionalistas y socialistas, hasta el punto de que forzaron un pronunciamiento de la Ejecutiva entonces liderada por José Miguel Pérez sobre varios de los puntos más conflictivos de la norma que, finalmente, se aprobó este año con el voto en contra de los socialistas.

Precisamente, Matos suena con fuerza para ocupar la Portavocía Adjunta del Grupo Parlamentario, un cargo que la Ejecutiva no ha abordado en la reunión de este sábado en La Laguna.

Aunque la suerte de Hernández estaba cantada desde hace dos meses, no son pocos los que en el seno del grupo y del partido consideran sorprendente que quien en 2015 fuera la primera candidata del PSOE canario a la Presidencia del Gobierno, vicepresidenta del gabinete del Pacto y presidenta del grupo parlamentario, quede relegada a ser diputada rasa y solo se le otorgue el premio de consolación de formar parte de la comisión de trabajo de Servicios Sociales, pues las fuentes consultadas creen que esta situación dista de la integración que proclamaba Torres

El PSOE que lidera Ángel Víctor Torres no tiene la más mínima intención de volver al Gobierno de Canarias antes de 2019. El recién elegido máximo dirigente de los socialistas canarios ha querido dejar bien claro, tras su primera ronda de contactos con Coalición Canaria (CC), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Podemos, que no reeditará el Pacto que los nacionalistas rompieron en diciembre de 2015: “antes de las elecciones 2019 no volveremos al Gobierno, y lo haremos con la Presidencia”.

“Queremos un Gobierno progresista para Canarias y queremos liderar ese Gobierno ganándolo con el voto mayoritario de los ciudadanos”, ha asegurado Torres tras las reuniones mantenidas con el secretario general de CC, José Miguel Barragán; el máximo dirigente de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo; y la líder y portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana.

Y mientras llega 2019, durante los próximos 20 meses de Legislatura los socialistas harán una “oposición contundente, responsable, constructiva y tremendamente exigente” con un Gobierno en minoría presidido por Fernando Clavijo que “si quiere el apoyo del PSOE, se lo va a tener que ganar con propuestas sociales concretas y claras”.

Y la primera ocasión para que CC “recoja el guante” será la tramitación de los Presupuestos canarios para 2018, pues los socialistas “seremos muy ambiciosos” de cara a negociar las Cuentas del próximo año, aunque no tiene en mente crear una ‘gran oposición’ que enmiende e imponga un criterio contrario al gabinete de Clavijo.

“Cada grupo presentará sus propias enmiendas y haremos aportaciones, pero insisto en que queremos unos Presupuestos muchísimo más ambiciosos que los últimos, porque lo exige la realidad socioeconómica de Canarias”, aseguró Torres.

Al respecto, Barragán, que ha elogiado que Torres haya “mostrado su voluntad de diálogo con todas las fuerzas políticas”, ha asegurado que “sería más fácil encontrarnos en ese camino con el PSOE para aprobar los Presupuestos que con otras fuerzas políticas”, aunque no reniegan de “encontrar los apoyos suficientes” en los escaños no socialistas.

“Podríamos encontrarnos con el PSOE en una amplia propuesta de los Presupuestos dado que el Gobierno no ha modificado su hoja de ruta del acuerdo que manteníamos con el PSOE ni del discurso de investidura”, añadió.

Avances en reforma electoral

El frente común sí es más probable que se consiga conformar en torno a la reforma electoral, pues la destitución de Santiago Negrín al frente de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y la renovación del Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo tienen algunos flecos que complican una rápida decisión.

Incluso Barragán recordó que la propuesta pactada por CC y el PSOE en la reforma del Estatuto de Autonomía incluye posibilitar una lista regional y otorgar un escaño más a Fuerteventura y solo cambiarán de idea “si hay otra propuesta de mayor consenso”.

Algo parecido a lo que ha anunciado Curbelo, que se ha manifestado “capaz de modificar mi parecer” si los distintos grupos parlamentarios “son capaces de buscar un punto de acuerdo sobre la creación de una lista regional” pese a que él ha sido un firme detractor de acabar con la vigente triple paridad.

También Santana ha recordado que Podemos apuesta por la creación de una lista regional y que el discrepancia con el PSOE se centran en si debe o no haber un aumento en el número de diputados, aunque pueden estudiarlo siempre que no suponga un incremento del Presupuesto de la Cámara.

Todas estas manifestaciones hicieron confesar a Torres que se sentía “esperanzado”, pues “cada partido tiene una posición distinta, pero también matizable”, y todos apuestan como “objetivo inminente tener la reforma para 2019”.

“Queremos que ninguna isla pierda, porque Canarias es un conjunto de islas; defendemos que Fuerteventura tenga un diputado más por su aumento poblacional, la bajada de topes al 15% insular y el 3% regional y también una lista regional, de tal forma que el parámetro sobre el que negociemos sea entre 51 y 71 diputados”, dijo el líder del PSOE.

Parón en el relevo en RTVC

Más problemas tiene la negociación para renovar los órganos dependientes del Parlamento, incluido el cese del presidente de RTVC y el nombramiento de un sustituto hasta que se modifique la Ley, algo en lo que los cuatro partidos sí están de acuerdo, aunque con matices.

“Santiago Negrín debe presente su dimisión, y seguimos en esa idea, si bien es verdad que nos preocupan los pasos siguientes, y eso debemos analizarlo en la dirección del partido y estudiaremos todos los documentos en la Ejecutiva del 7 de octubre, teniendo en cuenta que la televisión debe ser absolutamente independiente”, enfatizó Torres.

Las dudas de Torres se basan en “si hay que nombrar o no un sustituto y si ese sustituto tiene que ser un miembro del Consejo o puede ser alguien externo”, porque “queremos un proceso limpio y transparente”.

Sí resultó llamativo que Torres estuviera acompañado por el secretario de Organización, Jorge González, y la vicesecretaria de Acción Política, Nira Fierro, y no asistiera ni un solo diputado del Grupo Socialista pese a que se iban a tratar asuntos importantes que urgen ser tramitados en la Cámara regional.

Ni el aún portavoz, Ignacio Álvaro Lavandera; ni la presidenta del Grupo, Patricia Hernández, asistieron a debatir sobre procesos parlamentarios que han llevado durante largo tiempo entre sus manos. Pero tampoco Torres se hizo acompañar por diputados más afines al vigente líder socialista, como Gustavo Matos, Nayra Alemán o Gabriel Corujo, que además son miembros de la dirección regional.

Unas ausencias que, según ha podido saber Canarias Ahora, han causado malestar entre los diputados socialistas, que critican que “ni nos hayamos enterado previamente ni se reúna en el Parlamento sin ningún parlamentario presente”.

Al respecto, Torres adujo que “me acompañan quienes la primera Ejecutiva decidió que me acompañaran, y si se hubiera elegido al portavoz y a la presidenta, estarían, porque siguen siéndolo”.

Canarias está condenada a tener “cifras históricamente elevadas” de desempleo. Da igual que el Producto Interior Bruto (PIB) real haya crecido en las Islas un 3,5% el pasado año o que tenga previsto hacerlo un 3 % en 2017 y de nada vale que aumente entre el 2,3% y el 2,8% porque el propio Gobierno regional ha sentenciado que el 31 de diciembre el 24% de la población activa estará desempleada pese a la campaña de Navidad.

Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Pedro Ortega, este miércoles en el Parlamento regional, que pese a todo quiso poner un punto de optimismo asegurando que la mejora macroeconómica se está trasladando a las familias isleñas, si bien “no con la ilusión o las ganas que tenemos” de que la situación fuese mejor.

Sin embargo, el Ejecutivo sigue apostando por la principal fuente económica del Archipiélago, pues “el turismo seguirá siendo el principal motor del crecimiento y la temporada de invierno se presenta favorable”.

Y es que a su juicio el récord de visitantes a su vez favorece el aumento de la demanda interna tanto en consumo como en inversión, así como el empleo, aunque no precisó si el porcentaje de parados bajará significativamente el,próximo año.

Canarias real

Ortega tuvo que escuchar del portavoz socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, una dosis de la “Canarias real” ajena a los datos macro: “el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha pasado del 30% en 2008 al 35% en 2017”.

Y pese a la euforia de Ortega respecto al turismo, el portavoz socialista recordó que el PIB turístico ha aumentado un 23% desde que estalló la crisis mientras que hay 4.000 empleados menos en el sector, y los que se mantienen es a base de sueldos en precario.

Por tanto, ni el PSOE ni los portavoces de ASG (Jesús Ramos), Nueva Canarias (Esther Gonzalez) y Podemos (Juan Márquez) comulgaron con el optimismo de Ortega, demandándole un cambio real de modelo productivo, un apoyo más decidido al sector primario y una política económica propia ajena a factores externos.

Un modelo que, para el portavoz de Podemos, debe encaminarse a reducir la brecha social y la devaluación de la mano de obra apostando por un crecimiento inteligente y sostenible.

Extraordinarios datos para el PP

Solo el portavoz del Grupo Popular, José Estalella, que fue quien pidió la comparecencia, certificó como “innegables” los “extraordinarios datos de la economía canaria”, gracias a la política puesta en marcha por Mariano Rajoy en los últimos cinco años.

Para el conservador, en Canarias se mejorarían los datos si el Gobierno en minoría que preside Fernando Clavijo rebajara el IGIC para mejorar la renta disponible de los ciudadanos y abaratar un 2 por ciento la cesta de la compra.

Una rebaja que no contempla el Gobierno canario, como recordó Ortega tras recriminar a Estalella que “no pida rebajar el IVA” al ministro Cristóbal Montoro.

Pese a las críticas de la oposición, el titular de Economía subrayó que el salario medio ha aumentado en las Islas, mientras que ha caído en el conjunto de España, lo que se traduce en más matriculación de vehículos y de la compraventa de viviendas que, a su juicio, demuestra que el aumento del PIB se traslada a la ciudadanía.

El hecho de que la nueva dirección regional del PSOE canario que encabeza Ángel Víctor Torres no haya sabido o podido definir aún la estructura del Grupo Parlamentario en esta nueva etapa, ni diseñar su estrategia inmediata en asuntos que se disciernen en la Cámara regional, ha puesto en stand by la estrategia de la oposición de aislar al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y al Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Parlamento.

Asuntos como el cese del presidente de RTVC, Santiago Negrín (que se había pactado fuese en septiembre), o la renovación del Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y la reforma electoral (cuya Comisión se ha aplazado al 9 de octubre), están a la espera de lo que decida el equipo de Torres.

Desde Podemos a Nueva Canarias (NC), pasando por el Grupo Popular, no se disimula el desconcierto que produce no saber ni siquiera a qué interlocutor dirigirse en este impasse, pues dan por amortizado a Ignacio Álvaro Lavandera como portavoz parlamentario y aún desconocen si deben contactar con Nayra Alemán, Dolores Corujo o Gustavo Matos para diseñar los próximos movimientos.

Dar oxígeno a Clavijo

La formación morada es la que más desazón muestra ante esta situación, hasta el punto de que su diputado Juan Márquez ha asegurado que “todo indica que el PSOE está dispuesto a dar oxígeno a Clavijo” en su situación de debilidad parlamentaria, por lo que “será responsable de la pérdida de una oportunidad histórica para las fuerzas de progreso”.

NI siquiera le vale a Márquez el discurso de Torres tras la reunión de su primera Ejecutiva regional del 23 de septiembre asegurando que hablará con todas las formaciones parlamentarias para buscar pactos, pues “eso es poner freno al bloque de la oposición”.

“Canarias no necesita un pacto de todas las fuerzas políticas en materia social o sanitaria, pues ya existe, por ejemplo, un Plan de Salud aprobado por unanimidad y que Clavijo no ha implantado. Lo que se necesita ahora es que la ciudadanía contemple cómo se sientan las bases para un gobierno alternativo al de CC”, insiste.

Y es que para Márquez, “que el PSOE se ponga de perfil a estas alturas de la Legislatura, con la deriva de este Gobierno, indica que no quiere cerrarse a un futuro acuerdo con CC” a partir de 2019.

Preocupación de Nueva Canarias

Un poco más comprensivo con “los tiempos de los procesos internos” de los partidos y que el PSOE “hace apenas dos semanas que cerró su Congreso Regional”, el diputado de NC Luis Campos no obstante si manifiesta que “no estamos tranquilos contemplando cómo pasan los días y no sucede nada”.

“Estamos muy preocupados con no haber podido llevar a cabo la destitución de Negrín al frente de RTVC, pues esa era una decisión clara y consensuada por las cuatro fuerzas de la oposición, hasta el punto de que el PSOE se levantó de aquella Comisión en la que nos negamos a seguir escuchando a alguien reprobado por el propio Parlamento y que se niega a dimitir para reconducir la situación lamentable del ente”, ha afirmado.

Campos insiste en que “cuanto antes se aclare la situación del PSOE, mejor para todos”, a la hora de pactar decisiones que dejen en evidencia la soledad de Clavijo en cuestiones claves como, por ejemplo, la reforma electoral.

Con todo, en este debate “estamos más esperanzados”, toda vez que “en su discurso de clausura del Congreso, al que yo asistí, Torres abordó de forma clara que es absolutamente inaplazable y que debe estar en vigor en 2019”.

Asimismo, asegura que, “aunque no hay nada oficial, parece que no se van a cerrar de forma numantina a la lista regional si así se llega a un acuerdo” y la modificación no vuelva a quedar bloqueada.

Y en cuanto a la renovación de los órganos que dependen del Parlamento, tanto Márquez como Campos esperan que la dirección regional designe rápido a las personas necesarias para cubrir las vacantes, pues dan por sentado que no serán las mismas que tenía decidido ya el anterior núcleo duro del PSOE.

Una hectárea equivale a un campo de fútbol. En Canarias 63.000 estadios han sido, pues, pasto de las llamas provocadas por los incendios forestales desde el año 2000. Unos infiernos que se han centrado especialmente en La Palma, que ha sufrido cuatro, aunque Gran Canaria encabeza el ranking maldito de terreno quemado que, lamentablemente, las llamas en la Cuenca de Tejeda se encargarán de incrementar, mientras que La Gomera tiene en su historia la catástrofe que más vidas humanas se cobró.

De acuerdo con los datos sobre incendios que recopila el Instituto Canario de Estadística (Istac), el fuego ha quemado desde el año 2000 más de 63.000 hectáreas de terreno forestal en Canarias fruto de más de 1.723 conatos e incendios.

El 93% de esa superficie (mas de 58.000 hectáreas) ardió en los diez grandes incendios registrados en las Islas (aquellos que afectan a más de 500 hectáreas) desde el año 2000 hasta 2015, y la mitad de los daños se concentraron en el fatídico 2007, cuando ardieron casi simultáneamente 18.872 hectáreas en el gran incendio de Gran Canaria y 16.620 en el que sufrió Tenerife.

El gran incendio de 2007

Ya han pasado diez años desde que se produjo la devastadora catástrofe medioambiental de Gran Canaria, que además de arrasar 18.000 hectáreas, calcinó cuatrocientas viviendas y a miles de animales, acabando también con centenares de puestos de trabajo.

Por ello, la Plataforma de Afectados, Víctimas y Damnificados por los Incendios Más Nunca, hicieron público en julio un comunicado en el que aseguraron que una década después “no ha habido justicia, no se han depurado las negligencias, no se han analizado las causas y consecuencias más allá del hecho. No se ha pedido perdón a las víctimas por el daño causado. No se ha reconocido nada”.

Es más, denunciaron que “la extinción de este incendio fue caótica, penosa y lamentable”, mientras que en “la gestión post incendio no hubo un protocolo que seguir y todo se convirtió en un espectáculo bochornoso en el que las administraciones demostraron su ineficiencia”.

El culpable confeso de aquel infierno fue el vigilante forestal Juan Antonio Navarro, que en el juicio celebrado el pasado 13 de septiembre pidió perdón a los afectados, a las administraciones y a toda Gran Canaria y que previsiblemente será condenado a ocho años y seis meses de prisión, además de abonar una indemnización de 17 millones de euros para los afectados.

El Parque Natural de Pilancones, donde comenzó el fuego, resultó dañado en un 70% de su superficie; el Paisaje Protegido de Fataga sufrió daños en un 18%; el Monumento Natural de Tauro, en el 60%; un el Parque Rural del Roque Nublo solo un 3%.

El 87,2% del área que fue afectada (unas 13.389,73 hectáreas) es Lugar de Interés Comunitario y el 60,96% (9.358 hectáreas) Zona de Especial Protección para las Aves.

Tenerife: de Los Campeches a Masca

Era la mañana del día 30 de julio de 2007 cuando se inició en la zona de Los Campeches, en el norteño municipio de Los Realejos, un incendio que en apenas 12 horas llegó hasta el caserío de Masca, en Buenavista del Norte, afectando a 16.820 hectáreas de masa forestal también de las localidades de Santiago del Teide, El Tanque e Icod de los Vinos.

Según el informe técnico que elaboró el Cabildo de Tenerife el valor global de los daños ascendió a 700.000 euros, pues también afectó a producciones agrarias y animales de las fincas agrarias situadas en las medianías altas del noroeste de Tenerife.

Como explicó en su momento el entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, el principal problema de la extinción de este incendio consistió en que “el fuego está evolucionando francamente mal debido a que se transmite por las copas, y como el pinar de Icod tiene la mayor masa forestal de Canarias es muy difícil de combatir, sobre todo por los vientos, que lo trasladan a más de 13 metros por segundo”.

Y por si no era bastante complicado, “mientras luchábamos contra este incendio se han producido conatos en otras zonas”. Y así era, al sur de la isla, bomberos y equipos de emergencias luchaban para no se unieran los incendios de Guía de Isora y Santiago del Teide, pues hasta ocho frentes distintos estuvieron abiertos.

Hasta que el miércoles a mediodía ardió la cuenca de Tejeda, donde hasta el momento han sido arrasadas más de 2.700 hectáreas (convirtiéndose en el séptimo mayor de los últimos años), el último gran incendio en el Archipiélago lo sufrió La Palma en 2016 después de que las Islas llevarán 3 años salvándose de estos desastres. De hecho, desde 2013 el fuego solo afectó a 250 hectáreas forestales.

En términos humanos, el incendio de 2016 en La Palma es el segundo más grave en Canarias en 33 años, ya que desde 1984 nadie fallecía en el monte extinguiendo las llamas.

La tragedia de 1984 en La Gomera

El peor suceso de estas características que se recuerda en las islas ocurrió en 1984, cuando un cambio de viento en un incendio se cobró la vida de 20 personas en La Gomera, entre ellas, la del entonces gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y exalcalde de Puerto de la Cruz, Francisco Afonso.

En efecto, aunque solo ardieron 900 hectáreas, el de La Gomera será el incendio que más perviva en la memoria colectiva, sobre todo en las islas occidentales, por ser el que se ha saldado con el más trágico balance de vidas humanas.

Al mediodía del martes 12 de septiembre de 1984, segundo día del incendio, parecía que el fuego estaba dominado en el barranco de Ojila y el gobernador civil llegó desde Tenerife junto con técnicos del ya desaparecido ICONA, pero se produjo un cambio de viento y se levantó el fuego del fondo del barranco y subió en dirección a Ojila y Agando, dándose la orden a los efectivos que combatían el incendio de que se retirasen hacia La Laja, El Bailadero y la Degollada de Peraza.

Sobre las 2 de la tarde, la comitiva oficial del Gobernador civil y del delegado del Gobierno se situó en las proximidades del Roque de Agando para observar la evolución del incendio y organizar la extinción del fuego, pero a los pies del Roque de Ojila surgió otro brote de fuego con dirección imprevista por lo tremendamente variable del soplo del viento y se ordenó que se retirase todo el personal, pero tanto la comitiva oficial como los efectivos humanos que combatían el incendio fueron sorprendidos por el fuego.

Empezaron a aparecer los primeros quemados, entre ellos el presidente del Cabildo, Antonio Plasencia, y cuando se consiguió atravesar la barrera de llamas, el personal de Emergencias se encuentró con el coche calcinado de Afonso y un poco más adelante el vehículo de la Guardia Civil virado hacia arriba y dos coches más totalmente vacíos.

Ajeno a la tragedia humana, el incendio continuó por Benchijigua y alcanzó por la tarde las faldas del monte de Alajeró, siguiendo al anochecer en dirección a Igualero e Imada, dándose oficialmente por extinguido sobre las 18.00 horas del miércoles 19 de septiembre, cuando comenzó a llover sobre la isla sumida en la tragedia, ocho días después de que se iniciara.

El 7% de La Palma

Nueve días duró el incendio que arrasó el pasado año el 7% de la superficie de La Palma, afectando a 4.864 hectáreas de los municipios de El Paso, Los Llanos, Fuencaliente y Villa de Mazo, con cerca de 3.000 personas evacuadas, y en el que falleció el agente forestal Francisco José Santana, de 54 años.

No existe una estadística oficial sobre personas desalojadas temporal o definitivamente de sus casas debido a los incendios, pero los 3.000 palmeros que tuvieron que abandonar sus viviendas en agosto de 2016 conforman una de las cifras más elevadas de los últimos años.

Los 52 días de La Gomera en 2012

Si en el incendio de Tejeda han sido evacuadas 800 personas, los dos grandes de 2007 en Gran Canaria y Tenerife obligaron a evacuar a alrededor de 14.000 personas y en 2012 fue necesario que unas 2.500 personas abandonaran sus casas en La Gomera debido a un fuego forestal que, hasta el momento, ha sido el de más tiempo tuvo las llamas vivas (52 días) y el que más controversia política ha despertado en Canarias en las últimas décadas.

El Cabildo de La Gomera creó una comisión para investigar el incendio y el exconsejero de Seguridad del Gobierno de Canarias Javier González Ortiz tuvo que declarar el 21 de junio del año pasado en calidad de investigado por el incendio que desde el 4 de agosto hasta el 24 de septiembre de 2012 afectó a 2.924 hectáreas, de las que 720 correspondían al Parque Nacional de Garajonay, que se vio afectado en un 18% de su superficie.

El fuego, que obligó a desalojar a una cuarta parte de la población y el Cabildo cifró las pérdidas en 71 millones, se inició el 4 de agosto y veinte días después se dio por estabilizado, pero las llamas se reavivaron y hasta las 22.00 horas del 24 de septiembre no se dio por controlado, más de mes y medio después de comenzar.

El motivo por el que González Ortiz tuvo que declarar fue el mismo por el que la oposición le hizo comparecer varias veces en el Parlamento: explicar “las razones por las que, en su caso, se produjo una tardanza en decretar el nivel 2, y por qué se rebajó el nivel de alerta pese a reavivarse el incendio”.

Tanto en la Cámara regional como en el juicio, González Ortiz, (que no respondió a las preguntas de las acusaciones particular y popular, pero sí a las de su abogado y a las del Ministerio Fiscal), reiteró que durante el incendio las decisiones se adoptaron en base a los informes de los técnicos.

A propuesta de Nueva Canarias, y por unanimidad, el Parlamento de Canarias ha aprobado una iniciativa para pedir al Banco de España que adopte medidas tendentes a “supervisar y, en su caso, sancionar” a aquellas entidades que, “incumpliendo de forma sistemática”, la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas suelo, “como es el caso de La Caixa”, sobre todo todas las suscritas en la Hipoteca Joven que impulsó el Gobierno de Canarias.

Asimismo, la iniciativa, que contó con aportaciones de ASG, PSOE y CC, insta al Ejecutivo canario a “eliminar, de forma progresiva, todas las posiciones contables de activo con las entidades que no procedan a la devolución inmediata de todas las cantidades cobradas ilegalmente a través de las cláusulas suelo” y solicita a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que habilite juzgados de primera instancia al menos en las islas donde se han registrado mayor número de demandas para que se ocupen “de manera exclusiva pero no excluyente”, de los pleitos relacionados con cláusulas hipotecarias.

Por último, la Cámara regional plantea al Ejecutivo estatal la modificación del Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelos, con el objeto de que corrija los aspectos que “no han solucionado las situaciones de desprotección de los consumidores ante las entidades bancarias”, para lo que pide que se incorpore a la norma “la obligación de la devolución de lo indebidamente cobrado, independientemente de la transparencia”.

Y es que como apuntó la nacionalista Socorro Beato, “con transparencia o sin ella, las cláusulas suelo siguen siendo fraudulentas, por lo que los afectados deben recuperar el dinero rápidamente y sin cargas añadidas”.

Por su parte, el diputado de NC impulsor de la iniciativa, Luis Campos, incidió en la necesidad de que el Gobierno canario “recupere las inspecciones de oficio de la dirección general de Consumo para la detección y sanción de prácticas abusivas”. “Y aunque es cierto que esta práctica la llevan a cabo varias entidades, en el caso de la Hipoteca Joven tiene nombre y apellidos: La Caixa”

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (Mixto) Melodie Mendoza denunció las conductas “abusivas reiteradas y la falta de transparencia llevada a cabo por las entidades bancarias que, aún con sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su contra, persisten en la defensa de sus intereses, que ya no son legítimos”.

“Todos fallamos a los ciudadanos”

“La justicia real y efectiva no ha sido igual para todos, con la connivencia de todas las administraciones públicas,y durante mucho tiempo, todos, de todos los colores, fallamos a los ciudadanos. Con esta iniciativa decimos que nunca más vamos a mirar para otro lado y que tomamos medidas para que las prácticas abusivas no queden impunes”, sentenció el socialista Gustavo Matos.

Unas intenciones que fueron suscritas “palabra por palabra” por el conservador Miguel Jorge Blanco, quien también asumió que “hemos mirado a otro lado, pero espero que en el futuro miremos más al objeto de los abusos a los ciudadanos”.

Por último, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, recordó que “las cláusulas suelo son la historia de una gran estafa que solo se visualizó en 2009, cuando empezó a bajar el Euribor” y criticó el hecho de que el Gobierno de España defendiera a las entidades bancarias españolas cuando el Tribunal Europeo de Justicia estaba estudiando el caso de las cláusulas suelo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha reconocido que las Islas tienen un problema derivado de la anticuada red de saneamiento y depuración de aguas, aunque insistió en que se extiende a todo el ciclo integral del proceso. Además admitió que el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) tiene “poco” dinero destinado a tal fin, por decisión de los propios cabildos y ayuntamientos.

“Tenemos un problema en el ciclo integral del agua en Canarias y debemos acometerlo, pero no podemos hablar solo de depuración, sino de la totalidad ciclo del agua y de la maraña administrativa de competencias, pues el saneamiento es competencia de los ayuntamientos y la planificación hirdrológica y la depuración es de los cabildos”, afirmó.

Un problema que Quintero ha cifrado en 1000 millones de euros para invertir en renovar las infraestructuras que sufrieron los “brutales recortes” aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy desde el año 2011 y que tampoco se subsanan con el Fdcan, pues las “prioridades” de cabildos y ayuntamientos han ido en otra dirección.

Por tal motivo, “desde el Gobierno, con el censo de vertidos y el informe de Audiencia de Cuentas, hablaremos con todas las administraciones para invertir en los próximos 12 años” y renovar una red que, cuando se planificó “no contaba con el incremento de la población a 2 millones y con la llegada de 16 millones de turistas”, lo que ha posibilitado que muchas corporaciones municipales no hayan “podido asimilar” presupuestariamente la renovación de sus infraestructuras.

Estas explicaciones no han satisfecho a la diputada conservadora Águeda Montelongo (PP), para quien la inacción del Gobierno a la hora de permitir vertidos sin tratar al mar, lo que ha provocado sanciones de la Unión Europea, “pueden suponer un delito ecológico”.

Gran cloaca

“En la Ley están bien claras las competencias, no es cierto que sea algo difuso y si un vertido es contaminante, quien debe suspenderlo es el Gobierno de Canarias”, dijo Montelongo. “¿Qué pasa, que como las aguas residuales no depuradas no se ven, no son farolas o carreteras, ni dan ni quitan votos y por eso no se hace nada?”, remachó.

La diputada conservadora pidio a los miembros del Ejecutivo que “reaccionen”, porque “me resisto a que haya dinero en el Fdcan y se prefiera invertir en carreteras y farolas”, máxime cuando “estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestra tierra”.

“De nada sirve invertir en I+D+i si lo que va por debajo, como no acomete porque no se ve, convierte nuestro mar en gran cloaca”, concluyó.

El nuevo consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, se ha mostrado este miércoles en el Parlamento radicalmente contrario a implantar una tasa turística, tal y como defienden Nueva Canarias (NC) y Podemos, por entender que “sería contraproducente en estos momentos donde existe la turismofobia decir a los turistas que vamos a gravarles si vienen a Canarias”.

“Es grave lanzar ese mensaje cuando, además, con el IGIC cobrado a los turistas supone una fuente importante de ingresos”, insistió Castellano tras haber preguntado el diputado de Podemos Juan Márquez que “¿cómo vamos a costear el volumen de 16 millones de turistas en un territorio poblado por 2 millones de canarios?”

'ATIfobia'

“En Canarias no hay turismofobia, en todo caso, ATIfobia.¿Tienen recursos a través del IGIC para costear la renovación de zonas obsoletas?” “La tasa es un paso importante para avanzar en un modelo más sostenible y limpio y acabar con la realidad de que todos los beneficios se los lleven empresarios y los costes la sociedad”, insistió Márquez.

Por su parte, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, acusó a Castellano de actuar con “soberbia” y le recordó que “la turismofobia la genera la inacción de un Gobierno que no tiene un modelo, no quienes introducimos el debate sobre un proyecto de futuro”.

“Solo saben contar turistas, no saben diseñar un proyecto de futuro pese a tener competencias exclusivas, más allá de impulsar un turismo de masas posibilitando la construcción de más camas turísticas”, insistió Rodríguez.

“CC no es el partido del cemento, como algunos dicen pretendiendo caricaturizarnos, sino que defendemos un turismo sostenible. Tenemos 7 reservas de la biosfera, la Ley del Suelo no permite más construcciones turísticas y solo el 2% del suelo tiene uso turístico. Canarias es un paraíso”, contestó Castellano. “Es un paraíso, a pesar de CC”, remachó por su parte Márquez.

Caben más turistas

Tras este debate sobre la tasa (con la advertencia del PP incluída de que que CC quiere pactar los Presupuestos de 2018 con los conservadores se abstengan de implantarla), Castellano también quiso aclarar que su planteamiento de abrir un debate sobre la capacidad de carga en las Islas “no significa que en Canarias no quepa un turista más”.

“Canarias puede asimilar el número de turistas actual, pero es necesario el debate, pero no lo simplifiquen en limitar la entrada del número de turistas”, dijo Castellano.

“Mi gozo en un pozo, y con usted, a peor va la mejoría”, culminó el líder de NC.

El Gobierno de Canarias y el único partido en el que se sustenta, Coalición Canaria (CC), han vuelto a comprobar su soledad en el arco parlamentario al unirse toda la oposición para exigir, a propuesta del Grupo Popular, que los Servicios Jurídicos del gabinete que preside Fernando Clavijo “informen de la legalidad de todas las cláusulas” relativas al concurso para renovar la prestación de los informativos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) impulsado por su presidente, Santiago Negrín.

Una nueva derrota política del gabinete en minoría pese a que la propuesta no es vinculante y el Gobierno puede seguir en su tesis de que no es el competente para tramitar un informe jurídico del ente y hacer caso omiso de lo aprobado por el Parlamento, en la línea de lo expresado por el propio Clavijo hace semanas, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en la sesión del martes y la portavoz nacionalista, Guadalupe González, al anunciar este miércoles la abstención del Grupo Nacionalista porque los Servicios Jurídicos “no son el órgano competente” para realizar el informe y, además, el concurso “ya está en marcha” impulsado por Negrín.

Un concurso que, como recordó la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González, “lo ha sacado adelante Negrín desoyendo todo y desoyendo a todos, saltándose a la torera varias leyes y a los grupos que le han advertido de que puede estar incurriendo en una ilegalidad que puede ser recurrida” al constituirse en órgano unipersonal de contratación.

Chapuzas

Como dijo la diputada Reverón, impulsora de la propuesta, el presidente de RTVC ha hecho “varias chapuzas”, comenzando por el hecho de que se autonombrara “órgano de contratación”, potestad que debe recaer en el Consejo Rector, además de instaurar que la Mesa de Contratación “estará integrada por los miembros que designe él mismo” y que exista “falta de información del personal que se supone se puede subrogar”.

En este sentido, la diputada conservadora recordó que aunque en los pliegos se dice que la empresa debe asumir la subrogación de los actuales 241 trabajadores que tiene la plantilla de los servicios informativos, también se asegura que la información que se proporciona al respecto “resulta incompleta” en la medida en que “se ha incluido de modo improcedente a personal directivo, confianza o personal con responsabilidad” que no está sujeto a “la obligación de subrogación”.

Todas las formaciones, aunque el Mixto (ASG) consideró que el informe jurídico debía ser encargado a la Audiencia de Cuentas, estuvieron de acuerdo en la necesidad de que el citado concurso (que asciende a 144 millones de euros, a razón de 18 millones de euros al año a abonar a la empresa adjudicataria hasta el año 2026) cumpla la legalidad vigente.

Pasión por la conjura

Un concurso que demuestra, en palabras de la socialista Dolores Corujo, “cómo el factor humano es capaz de pervertir cualquier norma”; toda vez que la vigente Ley de 2014 buscaba crear una RTVC independiente del Gobierno de Canarias, más plural y al servicio de todos los canarios y que “la pasión por la conjura y la falta de transparencia” han 'contaminado'.

Por ello, también pidió Corujo suscribir “un consenso” entre todas las fuerzas parlamentarias, para cambiar un Consejo Rector “que nos mancha a todos” gracias a la deriva a la que lo ha conducido Negrín.

“Podemos siempre ha defendido que, para mejorar nuestra democracia, debemos tener unos informativos públicos con trabajadores públicos no subrogados, pero mientras esto no sea así, queremos que se cumpla la legalidad”, dijo el diputado de la formación morada Juan Márquez.

El mandato del Parlamento ha sido que los servicios jurídicos del Gobierno certifiquen la legalidad del proceso iniciado por Negrín, sobre todo en los apartados referidos “a las cláusulas relativas al órgano de contratación, mesa de contratación, y Anexo I relativo a las condiciones del personal a subrogar”.

El PSOE pide el informe de Martín Orozco

Sin embargo, tanto Negrín como CC consideran que se ha procedido de acuerdo a la Ley y en base a unos informes previos realizados por el catedrático Martín Orozco que avalan que el presidente de RTVC pueda ser administrador único y órgano de contratación único sin contar con el respaldo del Consejo Rector.

Unos informes que Negrín, tal y como ha informado Canariasahora, no ha aportado como “información relevante” del proceso de licitación ni como “documentación complementaria” necesaria para configurar el expediente de las empresas que decidan licitar y que, sin embargo, han sido pedidos por el portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, para que los remita al Parlamento y no los siga ocultando.