El candidato de ERC a la alcaldía de Girona, Marc Puigtió, ha renunciado a ser el cabeza de lista de los republicanos en la ciudad por “dignidad y responsabilidad” tras la filtración de unos audios en los que cargaba contra sus compañeros en la formación municipal.

En declaraciones a la agencia ACN, Puigtió admite que cometió un “grave error” y que asume las consecuencias, pero también señala que le preocupa la “normalización” de este tipo de prácticas en política, basadas en “grabar, editar y difundir conversaciones privadas”.

El hasta ahora candidato a la alcaldía subraya que da un paso al lado porque “el proyecto” de ERC en Girona es “más importante” que él, porque no asumió el reto de liderarlo “para aferrarse” a un cargo y porque considera que es “lo más honesto”. “Lo hago con tristeza, pero con la tranquilidad de no mirar hacia otro lado cuando las cosas se complican”, afirma.

En los audios, que se publicaron en una cuenta de Instagram vinculada a Vox, Puigtió criticaba a sus compañeros de ERC en Girona y aseguraba que los quería “echar a todos” y así “quedarse con el partido”.

Tras la filtración, Puigtió reconoció la autoría de los mensajes y pidió perdón en una carta enviada a la militancia. ERC, por su parte, abrió el miércoles un expediente para “analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por los Comuns y pactada con el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. El dictamen es consultivo.

Este órgano considera también que la tramitación por lectura única de esta iniciativa contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, así como el artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Tanto Junts como el PP catalán llevaron la propuesta para limitar la compra especulativa de vivienda ante el CGE a mediados de julio, lo que frenó su tramitación en el Parlament.

El acuerdo alcanzado entre los Comuns y el Govern para implantar esta medida formaba parte del pacto para los presupuestos entre ambas formaciones. La implantación de la restricción estaba prevista que correspondiera a cada municipio e iba a afectar a los grandes tenedores.

La medida, avalada por un comité de expertos consultado por la Generalitat, estaba prevista que se lleve a cabo a través de la modificación de la ley catalana de Urbanismo. Será cada Ayuntamiento, a través de sus ordenanzas o de su planeamiento urbanístico, quien decida si restringe o no las compras de vivienda para invertir. El consistorio de Barcelona, por ejemplo, ya tiene una comisión de estudio para ver cómo hacerlo.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado el dictamen emitido. “No compartimos el análisis del CGE sobre la proposición de ley, ya que creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda”, ha señalado Albiach en un mensaje publicado en X.

La diputada de Junts, Judith Toronjo, ha señalado que el dictamen “demuestra que los Comuns, con el apoyo del PSC, han hecho una ley deprisa, mal y por la puerta de atrás”.

El exdiputado de Junts y exconseller de Economía de la Generalitat Jaume Giró se ha dado de baja como militante de forma definitiva de la formación de Carles Puigdemont, según ha avanzado Nació este martes y han confirmado fuentes del partido. Con la salida, Giró completa la desvinculación paulatina de Junts, que ya había comenzado en septiembre de 2025, cuando optó por dejar el acta de diputado.

El que fuera director general de La Caixa llegó a la política de la mano de Jordi Sànchez como fichaje independiente para formar parte del Govern de ERC y Junts presidido por Pere Aragonès. Poco después de un año, los posconvergentes optaron por abandonar el Ejecutivo, algo a lo que Giró se oponía, generando la primera brecha con la dirección. Giró llegó a hacer el amago de presentarse para las listas del Congreso, pero Puigdemont le cerró la puerta en favor de Míriam Nogueras.

Las discrepancias continuaron después, debido al rechazo del exconseller a vetar los pactos con el PSC en Catalunya. Partidario de una línea pragmática, Giró es partidario de una política de alianzas parecida a la que en su momento tejió Convergència, a la que también considera un buen ejemplo de equilibrio entre políticas sociales y económicas.

Giró comunicó su marcha del partido mediante un correo al secretario general Jordi Turull hace unos días.

El Ayuntamiento de Badalona, liderado por Xavier García Albiol (PP), prevé desplegar 615 cámaras de videovigilancia en todos los barrios y polígonos de la ciudad a partir del año que viene.

El consistorio ha publicado la licitación del contrato por cerca de 27 millones de euros y con una vigencia hasta 2032. La adjudicación incluye las obras de instalación de las cámaras, la adecuación de una sala de control y de una sala de crisis en las dependencias de la Guardia Urbana, así como el mantenimiento del sistema durante cinco años.

De las 615 cámaras previstas, 488 estarán destinadas a la seguridad ciudadana y 127 al control del tráfico. Está previsto que el contrato se adjudique antes de que finalice este año, de modo que la instalación de los dispositivos pueda comenzar en los primeros meses de 2027.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la implantación del sistema se realizará de forma progresiva hasta completar la instalación de los 615 dispositivos y la puesta en funcionamiento de la nueva sala de control.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado el desalojo de cientos de migrantes sintecho del antiguo instituto B9 de Badalona, que tuvo lugar en diciembre de 2025. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo ha desestimado un recurso presentado por once de los ocupantes contra la sentencia judicial que ya amparó el desalojo en su día.

La sentencia del TSJC, que ha avanzado 'El Periódico', defiende que no hubo indefensión hacia los ocupantes en el desalojo impulsado por el Ayuntamiento que dirige Xavier Garcia Albiol, que no se vulneraron los derechos fundamentales denunciados y que hubo proporcionalidad a la hora de valorar si se autorizaba o no la entrada y desalojo del espacio. Además, dice que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad social de los afectados.

Varios de los migrantes expulsados –llegaron a ser unos 400– habían recurrido ante el TSJC y alegaban que la jueza “normalizó la situación de sinhogarismo, discriminación y desprotección”.

El TSJC asegura en su sentencia que se notificó el acuerdo del consistorio sobre el desalojo, así como que se llevaría a cabo una ejecución forzosa solicitando la correspondiente autorización judicial si fuera necesario, a las abogadas representantes de algunos ocupantes, así como al resto a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Badalona. Por ello, asegura que los interesados “tenían conocimiento del acuerdo y pudieron formular alegaciones, así como impugnarlo por la vía judicial”.

Por otro lado, afirma que “no ha existido irregularidad procedimental” y considera que la administración “sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes”. En este sentido, asegura que el informe remitido por el consistorio deja patente que se activaron las actuaciones necesarias.

Por otro lado, la defensa de los ocupantes denunciaba la vulneración de diversos derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, a la tutela judicial efectiva, a la vida y a la integridad física y moral. La sentencia, sin embargo, asegura que “no se han acreditado estas vulneraciones”, ya que insiste en que “se han tenido en cuenta las circunstancias de los ocupantes del inmueble, así como el criterio de proporcionalidad a la hora de valorar si se autoriza o no la entrada en el inmueble”

. Añade que “no se ha realizado un trato diferenciado a los ocupantes por razón de su raza u origen”, sino que se aplicó “de manera proporcional” la normativa, “dando opciones a los ocupantes” en riesgo de exclusión social. Por todo ello, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestima el recurso planteado por once de los desalojados.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia. “El tiempo nos ha dado la razón”, ha dicho en declaraciones a la agencia ACN. Además, ha afirmado que la resolución judicial demuestra que hubo quienes “jugaron con la miseria y la pobreza” de los ocupantes e hicieron un uso político de su situación. Ha defendido que el Ayuntamiento dio cobertura a quienes eran “vulnerables de verdad”, que ha asegurado que eran una cincuentena, ya que ha asegurado que el resto eran “personas, muchas de ellas conflictivas, que hicieron la vida imposible a los vecinos durante muchos años”.

El Ayuntamiento de Ripoll ha contratado a una de las hijas de la alcaldesa del municipio, Sílvia Orriols, como agente interina de la policía local. La propia Orriols lo ha dado a conocer en el pleno de este martes y ha dejado claro que no ha colocado a nadie “a dedo” y que se ha “abstenido absolutamente de participar en nada que afectara al proceso”.

Pero lo cierto es que sí intervino en una parte del procedimiento. Según ha adelantado El País, Orriols resolvió, como alcaldesa, la designación de los miembros del tribunal (un sargento y dos cabos) que tuteló el proceso de evaluación y selección. Este nombramiento aparece en la disposición de la alcaldesa de 2 de julio de 2026, firmada por el secretario del consistorio, sobre la convocatoria exprés para cubrir la plaza de un agente de Policía Local.

“Existe una situación operativa crítica que afecta directamente a la eficacia y eficiencia del servicio público de seguridad ciudadana”, señala el texto. “Hay una infradotación estructural de agentes”, prosigue, y argumenta que la vía de urgencia es la única posible para corregir con rapidez lo que consideran que compromete esa situación. El resultado del proceso, como confirmó la propia Orriols, fue la contratación de su hija tras superar la selección.

Durante el pleno, la alcaldesa lo justificó. “Del mismo modo que no puedo beneficiarla con mi cargo, tampoco puedo impedirle que cumpla su sueño”. Orriols ha asegurado que su hija fue la que obtuvo la puntuación más alta de las 24 personas que se inscribieron.

La alcaldesa ha dicho que la redacción de la prueba escrita “la realizaron minutos antes del examen el jefe de área y la jefa en funciones del cuerpo de la policía local para evitar la más mínima filtración”. Al mismo tiempo, ha detallado, los aspirantes se identificaron con los dígitos del DNI y no con nombres y apellidos, “para que quien realizara la corrección desconociera la identidad de los aspirantes”.

La prueba escrita, ha señalado Orriols, fue superada únicamente por 5 personas y su hija “obtuvo la mejor nota”. Estos cinco aspirantes tuvieron que realizar una entrevista personal que, según Orriols, fue dirigida por el jefe de área y tres mandos de la policía local. A continuación, ha detallado la alcaldesa, se hizo una media entre la prueba escrita y la entrevista personal y “solo tres aspirantes la superaron”. De estos, ha concluido Orriols, su hija “obtuvo la primera posición con más de dos puntos de ventaja sobre el segundo”.

Orriols ha querido dejar claro que el proceso “ha cumplido la normativa y los protocolos vigentes” y ha recordado que desde el año 2007 los cargos políticos “no pueden participar ni estar presentes en los procesos de selección de personal”.

El Ministerio de Educación ha asegurado este martes que avisó a la Generalitat de las incidencias que la OCDE veía en las pruebas PISA catalanas por las elevadas tasas de exclusión del alumnado. Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado fuentes del Ejecutivo, fue en abril de 2025, con los exámenes ya comenzadas, cuando el Gobierno recibió una comunicación de la empresa contratada por la organización para aplicar las pruebas, y así se lo traslado a la Administración educativa catalana.

“Personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se puso en contacto con los correspondientes niveles técnicos del Consejo Superior de Evaluación Educativa de Catalunya y se produjeron comunicaciones sobre las incidencias que se estaban observando por parte de la empresa”, detallan. El Consejo Superior de Evaluación era entonces el responsable de supervisar las pruebas dentro del Departamento de Educación de la Generalitat.

El ministerio que dirige Milagros Tolón apuntan que las comunicaciones se produjeron “únicamente en el ámbito técnico de las dos administraciones educativas” y no se trasladaron a “otros niveles”, ya que, en aquel momento, técnicamente no se podía valorar “el alcance ni las posibles consecuencias que aquellas incidencias podían tener”.

A partir de ahí, el Gobierno destaca que fue “mucho más adelante”, concretamente en marzo de 2026 que se conoció el impacto de estas incidencias. “Por tanto, no fue hasta marzo de 2026 que se tuvo conocimiento del impacto de aquellas incidencias técnicas sobre los resultados de las pruebas”, concluyen.

El viernes pasado se supo que una error en la muestra de alumnos seleccionados para las pruebas hará que los resultados no sean comparables ni con otros territorios ni con la serie catalana. En concreto, la muestra de las pruebas realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025 tuvo un índice de exención (tasa de alumnos que quedan fuera por diversas razones) del 23,2% de media, por encima del máximo del 5% recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). El Govern ha abierto diligencias para esclarecer por qué ocurrió esto.

Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la Línea 1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado este lunes a la circulación tanto de esta línea como de la Línea 2. Se han desalojado las dos estaciones, se ha evacuado un tren y se ha cerrado la estación del Clot donde confluyen las dos líneas y los trenes no paran.

Los servicios médicos han enviado a la zona 19 ambulancias y se encuentran evaluando a unas 120 personas, evacuadas de las vías y algunas de ellas atendidas por inhalación de humo. En total 39 de ellas han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios. El número de atentidos en total asciende a 137, ninguna de ellas en estado grave.

El incendio también ha afectado a la frecuencia de paso y recorrido tanto de metro como de bus. La Línea más afectada, la 1, no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, justo el tramo más céntrico del recorrido. TMB ha dispuesto autobuses alternativos para cubrir el tramo que ha quedado sin servicio. Los Bomberos de Barcelona trabajan en la zona desde media tarde.

Respecto al autobús, TMB ha anunciado que las líneas H12, V25 y 192 modifican su recorrido al haber quedado anuladas las paradas 464, 3722, 9465 y 9610.

El teléfono de emergencias 112 recibió 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio y Protección Civil activó la fase de alerta del plan FerroCat.

El president Salvador Illa descarta dimisiones por el fiasco de PISA 2025, que dejará Catalunya sin unos resultados útiles para saber la evolución del alumnado catalán. “No se trata de colgarle el muerto a nadie”, ha expresado sobre el error técnico que les excluye de las pruebas, sino de esclarecer los hechos para “evitar que vuelva a ocurrir”.

Illa lo ha manifestado en una atención a los medios desde el Templo de la Literatura de Hanói, en Vietnam, donde se encuentra de viaje institucional. Además, ha reiterado su apoyo a la consejera de Educación, Esther Niubó, y ha apuntado a su comparecencia este lunes en el Parlament.

El jefe del Ejecutivo ya expresó su apoyo a la consejera este domingo, cuando circunscribió lo ocurrido a una “cuestión técnica”.

La Generalitat dio a conocer el viernes que los resultados de Catalunya en PIS 2025 no serían válidos para la comparación al haber detectado la OCDE –el organismo que gestiona los exámenes– un error en la muestra de alumnado. De los cerca de 2.500 estudiantes seleccionados para llevar a cabo el test, un 23% fueron excluidos, lo que supera de largo el máximo del 5% que fija la OCDE.

Por qué se dejó de lado a tantos alumnos, hasta el punto de invalidar los resultados, es una incógnita que la Generalitat todavía no ha resuelto. De momento han abierto un expediente para esclarecerlo. Una de las hipótesis que maneja el Govern es una confusión en los criterios de exención por parte centros, puesto que aquellos días llevaban a cabo otras pruebas parecidas de carácter autonómico.

Catalunya se ha quedado fuera de los resultados PISA de 2025 por culpa de una incidencia técnica. Un error al seleccionar los alumnos que debían llevar a cabo el examen, y cuyas causas la Generalitat no ha aclarado todavía, ha llevado a los organizadores, la OCDE, a comunicar que las competencias demostradas por el alumnado catalán de 15 años no se podrán comparar esta vez con las de otras comunidades autónomas ni con las de evaluaciones anteriores.

Lo que ocurrió es que la muestra de las pruebas realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de mayo de 2025 tuvo un índice de exención –la tasa de alumnos que quedan fuera por diversas razones– del 23,2%, exageradamente por encima del máximo del 5% recomendado por la OCDE. En concreto, 591 alumnos de los más de 2.000 seleccionados para hacer la prueba quedaron exentos: dee estos, 6 lo fueron por discapacidad física, 493 por discapacidad cognitiva, conductual o emocional, y 92 por dominio insuficiente de la lengua.

Educación ha abierto diligencias para aclarar por qué ocurrió esto. De momento, no ha ofrecido detalles de quién y por qué decidió que estos alumnos de distintos centros (en total, 51 institutos) no hicieran las pruebas.

De esta forma, Catalunya aparecerá en el informe estatal de PISA, pero con una acotación técnica respecto al resto de territorios. Donde no aparecerá será en el anexo del informe de la OCDE en el que se hace un resumen de las comunidades del Estado. El Ministerio de Educación fue alertado en marzo de esta incidencia y se lo comunicó a la Agencia de Evaluación y Prospectiva.

Según han explicado fuentes de ambas administraciones, el Ministerio de Educación es el encargado de enviar el listado de centros con alumnado nacido en 2009 que previamente le han hecho llegar las comunidades autónomas, dejando fuera los de educación especial. Una empresa contratada por la OCDE se encarga de hacer una selección aleatoria y determina qué centros deben realizar las pruebas en España. Esta información se devuelve a las comunidades autónomas y son estas las que informan a los centros educativos que han sido seleccionados. En Catalunya se seleccionaron 51 centros.

Una vez escogidos estos, se realiza la selección de los alumnos. En este caso, los centros comunican al Ministerio el listado de alumnos nacidos en 2009, indicando si tienen necesidades educativas especiales. La Administración estatal envía todo el censo nacional y la OCDE trabaja con otra empresa y realiza la muestra aleatoria del alumnado. Posteriormente, es en el momento de la aplicación de las pruebas cuando los centros deciden, aplicando los criterios de la OCDE y con el conocimiento que tienen de los alumnos, qué estudiantes quedan excluidos de la prueba.

Así, en Catalunya se determinó que el censo de alumnos que debía realizar las pruebas era de 2.545, pero los centros excluyeron a 591 alumnos. En este punto, fuentes de ambas administraciones han indicado que no se realizó una validación previa de las exenciones que se habían aplicado, lo que hizo que la tasa alcanzara el 23,2% de media y no se cumpliera la recomendación de la OCDE.

Desde la conselleria que dirige Esther Niubó han explicado también que la realización de las pruebas PISA coincidió en el tiempo con las pruebas de final de etapa en la ESO, que se realizaron los días 10 y 11 de abril. Los criterios de exención de unas y otras pruebas son diferentes, ya que en las de final de etapa sí quedan excluidos todos los alumnos con necesidades educativas especiales, mientras que en el caso de las pruebas de la OCDE se determina que debe hacerse una valoración individual y tener estas necesidades no implica la exención automática.

Por otra parte, desde Educación han informado también de que, en el momento en que se realizaron las pruebas PISA, el sistema se encontraba en un proceso de transición, debido al cambio del Consejo Superior de Evaluación a la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva.La consecuencia de esta alteración en la muestra ha hecho que esta pierda representatividad y que no permita la comparación, según han indicado las mismas fuentes. Han añadido que estas incidencias ya se habían producido anteriormente en otros países.

Ante estos hechos, el Departamento ha abierto un proceso de diligencias informativas que continúa abierto y a través del cual Educación confía en conocer por qué y cómo tuvo lugar la incidencia.

En paralelo, y para evitar que vuelva a repetirse, el Govern ha creado una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación con el fin de llevar a cabo una supervisión exhaustiva de las muestras de las pruebas de evaluación en toda Cataluña antes de su aplicación. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publica este viernes la creación de esta comisión, que será un órgano colegiado de carácter técnico, integrado en el Departamento y adscrito a la Secretaría de Mejora Educativa. La comisión estará integrada por una presidencia y seis vocalías que impulsarán y elaborarán protocolos específicos de aplicación y de control para cada tipo de prueba.

Desde el Departamento han insistido en que se trata de un hecho “aislado”, ya que en las pruebas de evaluación realizadas este año —evaluación general del sistema, PIRLS y las pruebas catalanas de evaluación de final de etapa— no se ha repetido esta incidencia.

El Govern y los Comuns han pactado una propuesta de ley para aumentar la vivienda protegida (VPO) en las ciudades. Además de la aceleración de la construcción, dentro del plan de Salvador Illa para levantar 50.000 pisos asequibles, esta nueva medida propone el crecimiento de estas viviendas mediante actuaciones específicas: reconvertir oficinas y locales comerciales, dividir pisos grandes, hacer más altos algunos edificios o construir sobre equipamientos.

La proposición de ley, que Generalitat y Comuns presentarán este lunes en el Parlament, permite hacer estas reconversiones sin necesidad de modificar el siempre complejo planeamiento urbanístico. La norma incluye incrementar hasta un 20% la edificabilidad, levantar nuevas plantas o subdividir inmuebles –siempre que cumplan con algunos requisitos– para crear nuevas viviendas de protección.

Las medidas dependerán de los ayuntamientos, tendrán una vigencia de cuatro años y podrán aplicarse en los municipios considerados como zona de mercado tensionado (los 270 que tienen regulación del alquiler). Según los cálculos del Gobierno y los Comuns, podrían permitir generar entre 15.000 y 20.000 viviendas durante este período.

Además, todos los nuevos inmuebles que se construyan en Catalunya deberán destinarse a residencia habitual y permanente.

Govern y Comuns han presentado conjuntamente la medida en una rueda de prensa en Mollet del Vallès con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Paneque ha remarcado que la iniciativa es un “ejemplo claro” de la voluntad del Ejecutivo de intensificar los esfuerzos para obtener vivienda de protección oficial en lugares donde “hasta ahora no era posible”.

Albiach ha remarcado que la propuesta de nueva ley es “innovadora” y supone un mensaje hacia el sector privado: “No pueden lavarse las manos ante la salvaje crisis de la vivienda”. En este sentido, la presidenta del grupo de los Comuns ha señalado que “todas las manos son imprescindibles” para hacer crecer el parque de vivienda pública.

La proposición de ley surge del acuerdo entre el Govern y los Comuns para los presupuestos de 2026 y se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, que reduce en una cuarta parte los plazos. La voluntad es que las medidas, de carácter temporal, puedan aplicarse tan pronto como entre en vigor, aunque el PSC y los Comuns necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios para aprobar la norma. Por el momento, confñian en que ERC les de apoyo.

Una de las principales novedades será permitir convertir en vivienda protegida suelos y edificios destinados actualmente a oficinas. La medida también incluirá hacer vivienda en edificios hoteleros y aparcamientos privados en altura y, en estos casos, al menos la mitad de la superficie construida deberá destinarse a vivienda de protección oficial.

La ley abre la puerta a convertir locales comerciales en planta baja en vivienda protegida, siempre que tengan una superficie mínima de 50 metros cuadrados. En este caso, sin embargo, la medida no podrá aplicarse directamente y requerirá un acuerdo previo del ayuntamiento. De este modo, los municipios podrán decidir dónde permiten estos cambios para evitar que la transformación de locales afecte a los ejes comerciales.

Un 20% más de edificabilidad

Otra de las medidas permitirá aumentar hasta un 20% la edificabilidad para construir vivienda de protección oficial en determinados edificios y terrenos. También se podrán añadir plantas en inmuebles que ya hayan agotado la superficie que pueden construir, pero que todavía tengan margen de altura. Las nuevas plantas, sin embargo, no podrán superar la altura real de los edificios colindantes.

La proposición también permitirá dividir inmuebles para obtener nuevas viviendas protegidas, incluidas las casas unifamiliares, y convertir despachos en vivienda de protección oficial. En caso de subdivisión, las nuevas viviendas que se creen serán protegidas, mientras que, si hay un cambio de uso, toda la superficie transformada deberá tener esa calificación.

El paquete se completa con la posibilidad de construir vivienda protegida en parcelas que actualmente no cumplen las condiciones mínimas de edificación, siempre que las nuevas viviendas cumplan los requisitos de habitabilidad. La propuesta también flexibiliza las cargas urbanísticas para facilitar que las colonias textiles puedan reordenarse y destinarse a vivienda.

Las medidas tendrán carácter voluntario y, para hacer un seguimiento de su éxito, el Govern elaborará un informe cada dos años sobre las viviendas conseguidas con la aplicación de la norma. La estimación inicial es que con la nueva ley puedan llegar a construirse hasta 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cuatro años.

La ley también establecerá que las nuevas viviendas construidas a partir de licencias solicitadas después de su entrada en vigor deberán destinarse a residencia habitual y permanente, ya sea para uso propio o familiar o mediante un contrato de alquiler de larga duración.

Al menos ocho personas han resultado afectadas, dos de ellas heridas graves, por una deflagración de gas ocurrida en los accesos del metro a la plaza de Sants de Barcelona, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) este miércoles a última hora.

El suceso ha tenido lugar en el marco de unas obras de accesibilidad en la estación y, según las primeras hipótesis, el origen del escape que ha provocado la llamarada se encontraría en una tubería.

Según indican fuentes de Emergencias hay dos personas heridas graves, trasladadas al hospital Vall d'Hebron, y al menos otras tres con la consideración de menos graves, que se han evacuado al mismo centro hospitalario y también al Clínic. También se han atendido a heridos leves, todos ellos trasladados a centros hospitalarios.

Nueve dotaciones de los Bomberos de Barcelona trabajan desde las diez y cuarto de la noche en el incendio posterior a la deflagración, según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Desde el consistorio se explica que el escape ha tenido lugar por la tarde. El SEM ha activado ocho ambulancias.

El Parlament de Catalunya ha dado por cerrado este miércoles la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la extinta DGAIA, la dirección de protección a la infancia en Catalunya. Con los votos de PSC, ERC y Comuns, la Cámara catalana ha aprobado buena parte del informe de la comisión que ha evaluado durante los últimos meses el funcionamiento de los centros de menores.

El origen de la investigación es la crisis que se desató en la conselleria de Derechos Sociales por el presunto pago indebido de algunas prestaciones a jóvenes extutelados, que ascenderían a 4,7 millones de euros. Además, coincidió el estallido del escándalo con el caso de una menor tutelada, que residía en un centro de menores de la Generalitat, y que fue violada dentro de una red de pederastia.

La crisis llevó a la conselleria a refundar su dirección de atención a la infancia, denominada ahora Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El proceso lo lideró la consellera Mónica Martínez Bravo, y justo este jueves le tocó a su reciente sucesor, Raúl Moreno, afrontar la votación las conclusiones de la comisión desde el Parlament.

El pleno ha concluido que la DGAIA ya “arrastraba condicionantes estructurales previos” al “incremento extraordinario” de la asistencia, y que el organismo tenía un “sistema desbordado” que ha operado “desde la lógica de la emergencia”. El informe también recogía que la falta control sobre el coste de los servicios favoreció un margen de “lucro opaco” de las entidades que asumían la gestión externalizada del sistema.

El Parlament ha concluido que el sistema de protección a la infancia “presenta problemas estructurales y de gobernanza que han limitado su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes”. El texto recuerda además que desde 2015 se produjo una subida del 84% en los casos que debían atenderse, con un incremento del número de menores tutelados en Catalunya de un 71%. Todo esto, según subraya el informe, no se ha ido acompañando de incremento de los recursos.

La comisión de investigación de la DGAIA ha concluido que la “prevención es el principal reto inacabado del sistema catalán de protección a la infancia” y sostiene que se ha invertido “demasiado tarde y demasiado poco en apoyo a las familias, servicios de proximidad, intervención comunitaria, salud mental, ocio educativo, escuela, vivienda y acompañamiento social”.

También ha criticado que la mayoría de centros residenciales sean gestionados por empresas externas y reprueba que la administración “no se puede limitar a financiar plazas y derivar a niños”. El informe insta a que se asuma “plenamente la dirección pública”, de acuerdo con uno de los otros apartados aprobados este miércoles.

La comisión se constituyó el 14 de octubre de 2025 después de que en julio de ese año el Pleno aprobara su creación por unanimidad a propuesta de PSC-Units, ERC y los Comunes y con un texto transaccionado con Junts. La comisión, presidida por Jordi Riba (PSC-Units), se ha reunido en quince sesiones y ha realizado cincuenta comparecencias.

Una intérprete británica y colaboradora ocasional de la terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, ha declarado ante los Mossos d'Esquadra que la terapia familiar contemplaba que Isak y Jonathan Andic vivieran una “experiencia extrema” en un barranco, según ha adelantado La Vanguardia.

La declaración compromete la posición de Jonathan Andic, investigado como presunto autor de la muerte de su padre durante una excursión a la montaña de Montserrat (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024. Hasta ahora se sabía únicamente que Isak y Jonathan habían acudido solos a esa excursión para hablar de sus problemas.

La testigo, de nacionalidad británica y residente en España, compareció por primera vez el 29 de junio en la comisaría de los Mossos de Martorell. Según su relato, fue ella quien buscó la ruta de montaña a petición de la terapeuta Julia Lüderwaldt, que pretendía confrontar a padre e hijo con una situación extrema como parte de la terapia. La mujer explicó que finalmente se decidió por el Camí de les Feixades y que acompañó a Jonathan Andic en esa ruta el 7 de diciembre de 2024, una semana antes de la muerte de Isak Andic.

La investigación de los Mossos ya había establecido que Jonathan Andic había recorrido ese mismo camino al menos en dos ocasiones más en los días previos al fallecimiento. Según su propia declaración, lo hizo para conocer bien la ruta antes de hacerla con su padre.

La intérprete, que colaboraba puntualmente con Lüderwaldt en sesiones con clientes extranjeros, sostuvo ante los agentes que la terapeuta dio instrucciones para que padre e hijo se sometieran a una situación límite, hasta el punto de que Jonathan debía situarse “al borde de un precipicio” para forzar ese escenario extremo.

Según la información recogida por La Vanguardia, la testigo había seguido con inquietud la evolución del caso, con temor a que su presencia en el sendero en los días previos a la muerte pudiera ser descubierta e interpretada por los investigadores como un indicio de connivencia. Fue la noticia de que la jueza estaba investigando a terceras personas, al margen de Jonathan Andic, lo que la llevó a presentarse voluntariamente ante los Mossos. La mujer entregó a los agentes los mensajes de texto y los archivos de audio que había intercambiado con la terapeuta en relación con aquel acompañamiento.

La declaración se produjo después de que, el 19 de mayo, tras la detención de Jonathan Andic, la jueza levantara el secreto de sumario, lo que dio paso a una nueva ronda de declaraciones en sede judicial. Los Mossos d'Esquadra, no obstante, han continuado la instrucción con conocimiento de la magistrada, recabando testimonios adicionales que consideran relevantes para determinar si lo ocurrido en Montserrat aquel mediodía fue un accidente de montaña, como sostiene la defensa, o bien un homicidio o un asesinato..

La fiesta de la Mercè de 2026 arrancarán con el pregón del bodeguero Antoni Falgueras y su hija, la sumiller Meritxell Falgueras. Las fiestas, que se celebrarán del 23 al 27 de septiembre, se extenderán por los diez distritos con nuevos espacios como las plazas de Glòries, Sarrià o Comas. En cuanto al Piromusical de La Mercè, se celebrará por primera vez en la playa del Bogatell y no en la Avenida Reina Maria Cristina.

Antoni Falgueras (Barcelona, 1948) es el bodeguero que regenta el Celler de Gelida, emblemática tienda de la calle Vallespir fundada en 1895 por su bisabuelo, Ton Falgueras. Él es la cuarta generación al frente del negocio, que hoy dispensa vinos y espumosos de todo el mundo, con un cuidado especial por los vinos catalanes.

Falgueras recibió la Medalla del Mérito Agrícola de Francia (2008), el premio Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura; es miembro fundador de Mestres Cellerers de Catalunya y de la Asociación Catalana de Sumilleres, miembro de la Academia de Tastavins de Sant Humbert y de todas las cofradías catalanas, así como cofrade de honor de la Cofradía del Cava. También es miembro de las cofradías francesas Clos Vougeot, Armagnac, Champagne y Catalunya Nord.

Este bodeguero es, desde hace muchos años, toda una referencia en el ámbito de los vinos y los espumosos de todo el mundo. Su compromiso con la cultura del vino, transmitido de generación en generación, encuentra continuidad en sus hijos Ferran —gerente del Celler de Gelida— y Meritxell —prestigiosa sumiller y comunicadora—, que acompañará al pregonero durante su discurso.

Durante la presentación, Falgueras ha reconocido que es un gran honor representar a todo el comercio de Barcelona, una ciudad que, según ha reconocido, se ha transformado notablemente. “Tenemos que apoyar a todas esas tiendas únicas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar”, ha insistido. “Es una lástima cuando se pierden negocios y la gente no apuesta por ponerse al frente de un negocio familiar”.

Un cartel que también es un mural

La imagen de las fiestas de La Mercè es obra de la artista visual barcelonesa Cinta Vidal. El cartel se centra en la idea de una Barcelona desplegada: una ciudad de perspectivas, recorridos, hallazgos y miradas diversas, que durante La Mercè se transforma en un gran espacio compartido. La catedral, la plaza del Rei o la basílica de la Mercè emergen de ese relieve compartido y se conectan en una composición que invita a recorrerla con la mirada.

En él se representan los distintos distritos de la ciudad, así como algunos de los lugares que cada septiembre se convierten en escenarios de la fiesta mayor. Orientados en direcciones diversas, generan múltiples puntos de vista: como la propia Barcelona, el cartel no puede entenderse desde una única perspectiva. El cartel contiene también seis objetos sobredimensionados integrados en la escena, como unas alpargatas, una oca, una aceitera, un olivo o una barítona, entre otros. Estos elementos simbólicos evocan los distintos ámbitos de la fiesta y proponen un juego de descubrimiento dentro de la imagen.

La autora es Cinta Vidal Agulló (Barcelona, 1982), que desde muy pequeña mostró una fuerte inclinación por el dibujo y la pintura. Ha colaborado con galerías e instituciones de todo el mundo, como Spoke Art Gallery (San Francisco), Art Project Gallery (Hong Kong), Long Beach Museum of Art (California), Beinart Gallery (Australia) y Thinkspace Projects (Los Ángeles), espacio con el que mantiene una estrecha relación desde hace años.

De hecho, el cartel de La Mercè podrá verse también en formato mural esta misma semana en la biblioteca Paco Candel de Barcelona, una apuesta que busca rendir homenaje a la cultura muralista y a los artistas locales que practican un arte que perdura. De hecho, Vidal ha reconocido que uno de los motivos que la llevaron a tomar la decisión de participar fue precisamente ese. “Soy amante de los murales y nunca había hecho uno tan especial en Barcelona”, ha admitido.

Shanghái, ciudad invitada

Aprovechando la celebración de los 25 años del hermanamiento de Barcelona con Shanghái, se ha querido aprovechar la efeméride para llevar la creatividad china a la programación de las fiestas barcelonesas. Así, Shanghái será la primera ciudad asiática invitada de honor, una ciudad con una gran proyección cultural internacional.

La celebración de este aniversario, tal y como ha explicado el alcalde, ha permitido llevar todo tipo de propuestas a los diez distritos de la ciudad por primera vez. En este sentido, más de un centenar de artistas, procedentes tanto de la ciudad china como de la comunidad residente en Barcelona, participarán en la programación con espectáculos de gran formato, artes de calle, música tradicional y danza.

Son ejemplo de ello la Traditional Chinese Rolling Lantern Performance, el dragón chino de la Asociación de Artistas Huaxing y los dragones chinos que podrán verse en el parque del Fòrum. En el apartado musical se contará con las orquestas tradicionales Shanghai Chinese Orchestra y Shanghai Conservatory of Music; así como con Shanghai Restoration Project, una banda de jazz con Angelo Manhenzane y Tebza Majaivanet.

Las artes de calle reunirán artistas de circo y acrobacias, como la Shanghai Acrobatic Troupe, que podrá verse en el parque del Fòrum-Parc dels Auditoris; y también de danza, con Run Design en el parque de la Trinitat, y Kernel Dance Theatre y Shanghai Dance School en el parque de l'Estació del Nord. La programación reserva un lugar destacado a la pirotecnia con un espectáculo de drones, producción de Flock Drone Art fruto del trabajo conjunto entre Barcelona y Shanghái, y con el festival pirotécnico internacional en las playas de Barcelona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que es “compatible” que la Policía Nacional pueda ejercer sus funciones en la jefatura de Via Laietana de Barcelona con recuperar ese espacio para la memoria democrática. “La actual Policía Nacional que ocupa este espacio es una policía democrática”, ha defendido en la sesión de control en el Parlament.

De este modo ha respondido a la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que le ha pedido a Illa que “pare el despropósito” y hable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladar a la Policía Nacional a otro espacio, tal como reclaman las entidades de represaliados por el franquismo.

El pasado 17 de julio, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. Pero en la misma disposición se recoge que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, lo que indignó a las víctimas de las represalias.

Illa ha defendido que cuando el PSOE ha gobernado en España se han dado “pasos decisivos” en materia de memoria democrática. Y ha añadido que está “totalmente de acuerdo” con que la jefatura de Via Laietana sea un espacio de memoria.

Por su parte, Albiach ha recordado que desde hace mucho tiempo su grupo pide que el edificio Via Laietana 43, donde se perpetraron torturas durante el franquismo y los primeros años de la democracia, sea un “espacio de memoria de manera integral” y ha recibido con “sorpresa” que el Gobierno considere que hacerlo sea compatible con la presencia de la policía.

Las defensas de los integrantes de los CDR con causas abiertas por terrorismo han instado a la Audiencia Nacional a aplicarles de forma inmediata la ley de amnistía, después de que el TJUE avalara la norma la semana pasada. Los abogados del colectivo Alerta Solidària han presentado este lunes cinco escritos distintos con el objetivo de desencallar la amnistía para los activistas, a quienes la Fiscalía pedía entre ocho y 27 años de cárcel.

El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando doce personas fueron detenidas en el marco de la Operación Judas acusadas de integrar una supuesta organización terrorista paralela dentro de los CDR con el objetivo de cometer atentados con explosivos coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del procés.

Xavi Monge, su abogado, ha reclamado la suspensión del procedimiento y que se aplique “sin más dilaciones” la norma. Desde Alerta Solidària han advertido de que cualquier retraso “solo responderá a la voluntad de escarnio contra los 12 independentistas”.

En julio del 2024 la sala de la Audiencia Nacional ya plasmó en sus escritos previos que los actos investigados no describían ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física de las personas, ni la existencia de víctimas o daños materiales. Pese a ello, la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si la amnistía era compatible con la acusación de terrorismo.

Más de un año después, el tribunal europeo ha resuelto que la norma es acorde con el derecho europeo y que los delitos por los que se acusa deben ser amnistiados, siempre que los actos cometidos no hayan causado de “forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. Las defensas sostienen que, al no darse ninguno de estos hechos, desaparece la causa que motivó la no aplicación de la ley.

Además, las defensas han hecho referencia al párrafo 119 de la sentencia del TJUE, que establece que “los tribunales nacionales deben dictar la extinción de la responsabilidad penal sin entrar a valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias cuando los hechos quedan comprendidos en el ámbito de la amnistía, y en un plazo máximo de dos meses”. Con este argumento, piden a la Audiencia Nacional que declare extinguida la responsabilidad penal de los doce activistas y archive de manera definitiva las causas que pesan sobre ellos.

Primer relevo a en el Govern de Salvador Illa a punto de cumplirse dos años desde su inicio. La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martinez Bravo, ha abandonado el cargo por motivos personales, en un reemplazo pactado con el president de la Generalitat, al que la consllera había manifestado su deseo de volver a centrarse en la academia.

Tal y como ha avanzado este lunes El Periódico y ha confirmado el propio Salvador Illa en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, a Martínez Bravo le tomará el relevo Raúl Moreno, quien hasta ahora ostentaba la secretaría general del Departament y del que se espera una gestión continuista.

La ya exconsellera había comunicado hace unas semanas al president Illa que no deseaba continuar, alegando motivos de índole personal. Se da la circunstancia de que Martínez Bravo, que se incorporó al Govern como independiente, aunque procedente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inició la legislatura con un pie en Madrid, donde residen su pareja y su hija, y otro en Barcelona, donde no disponía de otro domicilio que el de sus padres.

A lo largo de estos últimos dos años la consellera ha tenido que hacer frente al estallido de la crisis más importante en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), salpicada por una serie de irregularidades en la contratación de servicios de atención a los menores. El Govern apostó por una refundación completa que convirtió las siglas del organismo en la Direcció General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Unos cambios que, sin embargo, no han convencido a buena parte de la oposición.

El conseller entrante, Raúl Moreno, es un socialista de pedigrí, partido en el que ha militado desde hace tres décadas. Moreno, educador social de profesión, fue concejal Santa Coloma de Gramenet durante 12 años y diputado en el Parlament desde 2015.

Illa ha destacado de Moreno su “larga trayectoria a favor de la justicia social”, con su relación desde la política con el tercer sector. Es la primera vez además, ha destacado, que ocupa una conselleria un educador social de formación y ejercicio.

Además de continuar con la refundación del sistema de protección a la Infancia, Moreno hereda otros retos dentro como responsable de la conselleria. Entre ellos, destacan la mejora de la atención a la dependencia, el despliegue de la ley del ELA, la equiparación salarial en el tercer sector o la integración del ingreso mínimo vital con la catalana renta garantizada de ciudadanía.

“Oriol, ¿cómo te lo hiciste para explicar a tus padres que eres gay?”. Con esta pregunta homófoba ha respondido el concejal y portavoz de Vox en Sant Cugat (Barcelona), Jordi Guirado, a un usuario de Instagram.

No ha sido el único insulto homófobo. Guirado se ha enzarzado con varios usuarios que le han hecho comentarios contra la selección en una publicación en la que el cargo público reprochaba al Ayuntamiento de Sant Cugat, de Junts, que no haya instalado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.

Con frases tipo “Menudo Marlaskón estás hecho” o “¿Desde cuando empezó usted a notar la tendencia homosexual que tiene?”, Guirado ha ido respondiendo a diversos usuarios en su red social.

Guirado también ha frivolizado con la salud mental al recomendar a otros usuarios que doblaran la medicación. Este periódico se ha puesto en contacto con Vox para ofrecer la posibilidad de comentar esta publicación pero no ha obtenido respuesta.

Los primeros insultos homófobos fueron escritos durante la madrugada del sábado. El domingo por la mañana, las respuestas del concejal a los comentarios contra su publicación ya cambiaron de tono: “¡Muchas gracias por su apoyo, feliz fin de semana!”, contestó a diversos usuarios.

La Generalitat de Catalunya ha sacado a la luz el nombre de 37.002 milicianos antifascistas que combatieron en las filas republicanas durante la Guerra Civil. Por primera vez, y gracias a una investigación a partir de los Papeles de Salamanca, se puede consultar públicamente la identidad de miles de esos voluntarios que en julio de 1936 se alistaron para acudir al frente a frenar las tropas franquistas.

La base de datos “inédita” la han presentado este viernes el Memorial Democràtic y el Arxiu Nacional de Catalunya, coincidiendo con el 90 aniversario del golpe de Estado franquista. El censo incluye más de 37.000 nombres por el momento, si bien se seguirá ampliando a medida que avance una investigación que ha liderado el académico Gonzalo Berger en los últimos 11 años.

La información recopilada se ha extraído principalmente de los llamados papeles de Salamanca, documentos que fueron incautados por las tropas franquistas durante la Guerra Civil y que se devolvieron a la Generalitat en 2006. Los archivos con la identidad de los combatientes son sobre todo los justificantes de los pagos de los subsidios que la Administración republicana abonó a los combatientes entre julio de 1936, cuando se alistaron, y mayo de 1937,

El director del Memorial Democrático, Jordi Font, ha valorado el censo como “una gran aportación”. “Es un ejercicio de historia pública: hacer accesible y poner el trabajo académico y riguroso al alcance de la ciudadanía”, ha celebrado durante la presentacón.

Los milicianos identificados son fundamentalmente los voluntarios que estuvieron vinculados al Comité Central de la Organización de Barcelona, porque de los voluntarios comarcales “no hay prácticamente registro”, ha explicado Berger.

A partir de su investigación, el doctor en Historia por la Universidad de Barcelona ha podido revelar algunos datos desconocidos hasta ahora. De los 37.002 voluntarios registrados, el 95% eran hombres, pero en las filas de las milicias también hubo 1.501 mujeres, la mayoría con una trayectoria previa de militancia política, lo que Berger considera un “hecho excepcional” porque “no se las esperaba ni se las quería”.

Por origen, nueve de cada diez combatientes residían en Catalunya, un 7% había llegado de otras regiones españolas y un 3% procedían del extranjero (una explicación a esto último es que estuviesen vinculados a la frustrada Olimpiada Popular que se debía celebrar ese mes en la ciudad).

El censo también “ayuda a romper la idea de que las milicias estaban formadas única y exclusivamente por el movimiento libertario”: un 39% de los combatientes eran de la CNT, pero una cuarta parte procedían del PSUC, un 10% de ERC y un 6% del POUM. Además, se ha podido concretar el número de voluntarios que se destinó a cada frente (un 72% fue a Aragón, un 15% a Madrid y un 12% a las Islas Baleares) y la fuerza de las diferentes columnas (la de Durruti fue “la mayor” con 42 centurias de soldados, seguida de la Macià, con 23).