Tensión y cargas de los Mossos d'Esquadra durante el desalojo del edificio de la Sareb que la PAH Bages ocupó este sábado en Manresa (Barcelona). El dispositivo policial, que se ha desplegado a primera hora de la mañana, ha usado mazas para romper las puertas tapiadas y entrar en la finca para sacar a los 50 ocupantes, entre los cuales algunos menores.

Finalmente, tras más de cuatro horas, la policía catalana ha decidido suspender el desalojo después de que la propiedad manifestara su voluntad de ceder la finca. Así, por el momento, habrá cinco familias que habían sido desahuciadas recientemente que podrán quedarse a vivir en el edificio. El operativo se ha zanjado con una persona detenida por atentado a los agentes de la autoridad.

Durante la noche, unas 150 personas se han concentrado delante del edificio, algunas de las cuales con tiendas de campaña, para dificultar la tarea policial. Por su parte, los que estaban dentro se han estirado en el suelo y se han entrelazado entre ellos. Los agentes los han ido estirando y, en algunos casos, los han sacado a través de puertas llenas de vidrios rotos.

La PAH ha denunciado la “mala praxis” de los Mossos d'Esquadra, tanto por la manera de sacar a los ocupantes del edificio, como por las cargas policiales que se han dado en el exterior, cuando han desalojado la concentración que había a las puertas de la finca. Este operativo ha llevado a los Comuns a pedir la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, para dar explicaciones sobre la “proporcionalidad y la congruencia” del operativo. La formación afea un uso “desproporcionado” de la fuerza y “métodos peligrosos”.

Por su parte, la policía catalana subraya que han tenido que hacer un uso “puntual de las defensas policiales” porque los activistas han “lanzado” material pirotécnico contra los agentes. Igualmente, el cuerpo sostiene que, desde el primer momento, han activado equipos de mediación para intentar hablar con los concentrados, pero que estos se han negado a marcharse voluntariamente.

Más de una década vacío

El bloque que la PAH ocupó el sábado es propiedad de la Sareb y llevaba más de una década vacío. La acción se llevó a cabo en el marco de las convocatorias de la huelga general del 11N y se enmarca dentro de una campaña impulsada por la COSHAC para reclamar que el parque de vivienda propiedad de la Sareb se “traspase íntegramente” a las bolsas de alquiler público.

La intención de la PAH era alojar en la finca a cinco familias que habían sido desahuciadas durante los últimos meses y que viven en albergues, a la espera de conseguir una alternativa habitacional.

Se trata del décimo edificio que la plataforma ocupa en la ciudad. En uno de ellos, incluso, se consiguió que la Agència d'Habitatge de Catalunya comprara el edificio e impulsara alquileres sociales.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, recurrirá el archivo de la causa contra Alvise Pérez por haber difundido una prueba de Covid falsa a su nombre en una publicación en X.

Fuentes de Presidencia subrayan que la intención de Illa es “llegar hasta el final de este asunto. Las redes no pueden ser un espacio de impunidad para agitadores y propagadores de mentiras”, insiste el entorno del president.

El president presentará un recurso de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo después de que el alto tribunal haya dictado el sobreseimiento de la causa por delitos contra el honor y falsedad documental.

En la interlocutoria, el magistrado no identificó “indicios suficientes de criminalidad” que justificaran elevar un suplicatorio al Parlamento Europeo para proceder en la inculpación de Alvise, que demostraran que falsificara el documento o que lo difundiera conociendo su falsedad.

Además, el Supremo también tuvo en cuenta que el documento falso se difundió desde otra cuenta antes de que Alvise lo compartiera. Sobre los delitos contra el honor, el magistrado asume que la acción no llegó al nivel de humillación, desprecio grave o descrédito como para activar la vía penal, sin perjuicio de que Illa quisiera proteger su honor a través de un proceso civil.

El 10,2% de los hombres adultos en España ha tenido, al menos una vez en su vida, alguna conducta de violencia sexual contra personas menores de edad. Así lo concluye un estudio realizado por la Universidad de Barcelona (UB) que ha contado con las respuestas de 6.010 personas.

Cuando el análisis se restringe a niños y adolescentes menores de 15 años, la prevalencia es del 2,8%, y del 1,7% cuando se refiere a niños menores de 12. El 3,4% de la muestra reporta alguna de estas conductas en los últimos doce meses. Por otro lado, un 22,2% de los encuestados ha sentido algún grado de atracción sexual hacia personas de menos de 16 años desde que llegaron a la edad adulta.

Aun en el capítulo de la atracción, el 12,3% de los encuestados afirma que no la tiene casi nunca, mientras el 1,9% responde que la experimenta la mayor parte del tiempo o casi siempre. La atracción exclusiva hacia menores de edad, sin atracción hacia adultos, es el 0,3% de la muestra.

El Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la UB ha presentado este miércoles el trabajo, que cuantifica por separado la atracción sexual hacia personas menores de 16 años y las conductas de violencia sexual contra niños y adolescentes. Según los responsables del trabajo, son “dos realidades asociadas pero no equivalentes” que permiten “identificar dónde y cuándo se puede intervenir para evitar que haya víctimas”.

En opinión de los investigadores, los datos confirman que quienes declaran atracción hacia personas menores de 16 años presentan una probabilidad “significativamente más alta” de reportar conductas de violencia sexual, aunque insisten en que no es una asociación “determinista”. El 72,8% no reporta ninguna conducta de violencia sexual contra la infancia o la adolescencia.

Por eso, los responsables del trabajo remarcan que esta distinción “no minimiza la gravedad del problema”, sino que “lo hace abordable”. Identificar a un grupo amplio de personas que sienten atracción y no han cometido conductas de violencia sexual contra niños y adolescentes es “una oportunidad de intervención temprana antes de que haya una víctima”, apuntan.

El estudio recoge conductas autoinformadas, con y sin contacto físico, en el mundo real y en el digital, e incluye los casos con adolescentes de 16 y 17 años únicamente cuando existe una diferencia de al menos diez años con la persona que responde, quedando fuera las relaciones sexuales consentidas entre personas de edad similar, aunque que una de ellas sea menor de edad.

Igualmente, desde la UB alertan de que los datos podrían ser más elevados porque al preguntar sobre conductas muy estigmatizadas, “es esperable que estén infrareportadas”. Por ello, los investigadores apuntan a que las estimaciones “deben leerse como conservadoras”.

La Subcomisión de Urbanismo de Barcelona ha aprobado una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para “preservar” el uso de residencia habitual de las viviendas de la capital catalana. El nuevo texto define los diversos usos que puede tener un inmueble y diferencia la vivienda habitual y permanente del alquiler de temporada y el turístico.

Así, abre la puerta a “prohibir, limitar o restringir el uso diferente del habitual” en aquellas zonas y barrios en los que no haya parque suficiente para garantizar la vivienda, tal como expone el Govern, que es quien ha comunicado la modificación de la normativa.

El objetivo es “distinguir y priorizar” el uso habitual y permanente de la vivienda en Barcelona sobre los usos temporales. La consellera Sílvia Paneque ha afirmado que el cambio de forma parte del “esfuerzo” para proteger el derecho a vivir “de forma permanente” en sus barrios y ciudades.

Esta modificación del PGM parte de un diagnóstico que “acredita una disminución” del parque destinado a la vivienda principal. Esta modalidad ha ido perdiendo peso relativo, pasando de representar el 86,1% en 1991 al 83% en 2021, a pesar del incremento del 20,8% número de viviendas disponibles en ese mismo periodo.

Los distritos donde más se ha notado esta pérdida de residentes habituales son Gràcia (con un 8% menos), les Corts, Eixample y Sarrià-Sant Gervasi (5% menos). Se trata de zonas muy afectadas por la gentrificación y la presencia de expats. Por ello, la reforma del PGM busca proteger a los residentes habituales ante el “mayor poder adquisitivo de las personas que se trasladan temporalmente en la ciudad”.

Una decena de entidades católicas y delegaciones de la Iglesia en Catalunya han explicitado su apoyo a la huelga general del 11 de noviembre. Lo han hecho a través de un comunicado y en base a la “identidad cristiana y comprometida con la transformación de la sociedad”.

Los firmantes insisten en que la “doctrina social de la Iglesia” recoge el derecho al trabajo digno, a tener un techo y unas condiciones de vida que permitan desarrollarse. Es lo que el papa Francisco definió como “doctrina de las tres T”: trabajo, techo y tierra. “Son derechos sagrados por los cuales vale la pena luchar”, sostiene el comunicado.

“No podemos quedarnos indiferentes ante una realidad que hace años que denunciamos”, apuntan, en referencia a la “precariedad laboral, salarios insuficientes o las dificultades para acceder a una vivienda digna ante alquileres abusivos”. Los firmantes insisten en la idea de que se trata de situaciones que afectan, especialmente, a las personas jóvenes y trabajadoras y, por ello, destacan la importancia de tejer alianzas y “construir respuestas colectivas”.

Es en esta línea que reivindican la huelga como un “derecho histórico”. “Como cristianos y cristianas, reconocemos en esta lucha un compromiso con la justicia y la dignidad humana. La Iglesia debe estar y está en la defensa de la garantía de condiciones de vida dignas”.

“Nos adherimos por el derecho a vivir”, remacha el comunicado, firmado por la JOC Nacional de Catalunya y les Illes, la GOAC, la ACO, MIJAC, Coordinadora de Dones Creients, el Secretariado Interdiocesiano de la Pastoral Obrera de Catalunya, la Pastoral Obrera de Terrasa, de Lleida y la de Barcelona.

Un total de 391 asociaciones de familias de alumnos (AFA) han suscrito la petición que las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC) ha registrado frente al Departament de Educación para reclamar una solución que permita mantener o recuperar los campamentos y salidas escolares en los centros públicos.

Esta iniciativa responde a la “preocupación” de las familias frente a la suspensión de estas actividades en varios centros en el marco de las reivindicaciones del personal educativo. AFFaC defiende que las salidas y campamentos son una parte importante de la educación, ya que permiten conectar los aprendizajes con el entorno, favorecen la convivencia y contribuyen a la autonomía personal y a la cohesión de los grupos.

En este sentido, la federación lamenta que su desaparición supone una pérdida de oportunidades educativas a evitar.

En un comunicado, aFFaC ha reconocido la legitimidad de las reivindicaciones del profesorado y ha reclamado a la conselleria que dé respuesta a las cuestiones laborales, organizativas y económicas que dificultan la realización de estas actividades. “Garantizar unas condiciones laborales adecuadas y preservar las oportunidades educativas del alumnado no son objetivos incompatibles”, ha defendido.

El presidente de aFFaC, Jordi de Carreras, ha afirmado que las familias no quieren que se contraponga el derecho del alumnado a una educación de calidad con los derechos laborales de los profesionales y ha insistido en que el Departament “debe asumir su responsabilidad, reanudar las negociaciones y aportar soluciones”.

Efecto sobre las desigualdades

Por otra parte, ha alertado del riesgo de que la cancelación de salidas y campamentos acabe trasladando su organización a las asociaciones de familias. Ha añadido que hacer depender estas actividades de los recursos económicos, la capacidad organizativa o la disponibilidad de las familias puede profundizar en las desigualdades entre los centros y entre el alumnado.

En la petición registrada, las asociaciones piden al Departament que reanude las negociaciones con los sindictos de educación y abra un espacio de diálogo con el conjunto de la comunidad educativa para abordar los retos del sistema.

La federación ha insistido en que la resolución de los conflictos educativos requiere diálogo, compromisos concretos y voluntad de acuerdo por parte de la administración, “sin trasladar sus consecuencias al alumnado y las familias”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 242 infracciones en una inspección múltiple en 23 supermercados 24 horas del barrio de Gràcia. Lo ha explicado la primera teniente de alcaldía del consistorio, Laia Bonet, quien ha detallado que la intervención se realizó el pasado 29 de octubre y también incluyó once cierres cautelares por manipulación de la instalación eléctrica y por plagas.

Esta actuación se enmarca en el Pla Endreça municipal y se ha realizado en autoservicios, superservicios, tiendas de alimentación en general y fruterías. Bonet se ha referido a la “proliferación” de este tipo de establecimientos en la ciudad y ha lamentado que su existencia a menudo vaya acompañada de infracciones y suponga “la expulsión” del comercio local.

La primera teniente de alcaldía ha explicado que el Ayuntamiento efectuó esta inspección múltiple, la decimoséptima que se lleva a cabo durante este mandato, para comprobar la adecuación de los locales a la licencia otorgada, el cumplimiento de la Ordenanza del Paisaje Urbano, la posible ocupación de la vía pública, el respeto de las condiciones de sanidad y salubridad, el pago de los impuestos correspondiente, la situación contractual de los trabajadores, la correcta gestión de los residuos y la posible existencia de fraude eléctrico.

En el dispositivo participaron efectivos de la Guardia Urbana, la Dirección de Servicios de Inspección del Ayuntamiento, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Generalitat, el Instituto Municipal de Hacienda, el Departament de Gestión de Residuos del Ayuntamiento, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Endesa y la Policía Nacional.

De las 242 infracciones que se detectaron en esta inspección, 99 estaban relacionadas con la licencia de actividades; 23, con la salud pública; cinco, con el espacio público; 52, con el paisaje urbano; 23, con el tratamiento de residuos; 10 más, con la normativa laboral y de seguridad social; 15, con los tributos municipales, y, otras 15, con los impuestos estatales.

En cuanto a los once cierres cautelares, nueve fueron por defraudación y situaciones anómalas en el suministro eléctrico, y tres, por la presencia de plagas.

Endurecimiento de los controles

Bonet ha defendido este tipo de intervenciones y ha recordado que antes del verano el gobierno municipal suspendió las licencias para nuevos supermercados 24 horas. “Necesitábamos poder establecer una regulación de esta realidad”, ha apuntado la teniente de alcaldía, que ha asegurado que también tomaron la decisión de actuar con “contundencia” y ejercer un control minucioso de los establecimientos que ya existen.

En total, ya se han realizado macroinspecciones en los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Nou Barris y Sant Martí. Desde noviembre de 2023, se han revisado un total de 682 establecimientos, se han detectado 5.097 infracciones y se han ejecutado 110 medidas cautelares (decomisos, precintos, etc.). En el conjunto de estas inspecciones participaron más de 1.200 efectivos.

Eduard Ribas, jefe de gabinete del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dimitido de su cargo diez meses después de que se le abriera una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos durante su etapa como alcalde de Esparraguera (Barcelona). Su sustituto será Xavier Amor, hasta ahora secretario de gobiernos locales y relación con el Aran.

Rivas, exalcalde de Esparreguera entre 2015 y 2024 está siendo investigado en una causa judicial sobre contratos municipales en su etapa como primer edil. La causa se abrió en enero, y entonces el Govern mostró su plena confianza en el jefe de gabinete ahora dimitido.

Los Mossos d’Esquadra incautaron el pasado enero el móvil de Rivas por orden del juez de Martorell (Barcelona), en el marco de un proceso judicial sobre contratos del ayuntamiento de este municipio. El exalcalde figura como investigado y se ha personado en la causa con abogado defensor.

La investigación busca aclarar supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral, con sede en Esparreguera y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, ante la posibilidad de que parte del dinero procedente de contratos públicos acabara sufragando presuntamente gastos privados de miembros particulares ligados la entidad.

Xavier Amor será el nuevo jefe del gabinete del president. Su nombramiento se oficializará en la reunión del Govern de este martes, según el departamento de la Presidencia. Nacido en Pineda de Mar en 1975, Amor era hasta ahora secretario de gobiernos locales y relaciones con el Aran.

La nueva mano derecha de Illa fue alcalde de Pined de Mar (Barcelona) diecisiete años, de 2007 a 2024, y previamente ocho años concejal. También presidió la Federación de Municipios de Catalunya entre 2013 y 2019.

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha propuesto este lunes un “pacto de Estado” sobre el sistema ferroviario en España, que permita, entre otras cosas, “reunificar” Renfe y Adif, para tener un “gran operador público que lidere” estas infraestructuras.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras reunirse en Barcelona con representantes de los principales sindicatos del sistema ferroviario estatal. El Frente Amplio ya exigió este fin de semana “responsabilidades” políticas por el accidente, en un contexto en el que aumenta la presión al Gobierno para cesar al actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

La cabeza de lista de Comuns-Frente Amplio por Barcelona en las elecciones generales del 29 de noviembre ha señalado que, más allá de pedir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) que ha causado 69 muertos, “la ciudadanía reclama soluciones”.

“Es hora de que todos los partidos políticos nos pongamos a trabajar y a cooperar entre nosotros” para “recuperar la confianza” de la gente en el transporte ferroviario, ha manifestado Colau, informa EFE.

Eso debe traducirse, ha opinado la exalcaldesa de Barcelona, en un “pacto de Estado” entre el máximo número de fuerzas políticas, que deberían empezar a reunirse “el día después de las elecciones”.

Entre las medidas que debería incluir ese pacto de Estado, ha mencionado una “auditoría independiente” para comprobar en qué estado se encuentra toda la infraestructura ferroviaria. También ha apostado por “recuperar el liderazgo público en la gestión de esta infraestructura” y ha subrayado que “fue un error en su momento separar Renfe de Adif”.

“No tiene ningún sentido que un servicio esencial como los trenes tenga dos operadores que pueden tener dos protocolos distintos para situaciones críticas. Es esencial reunificar Renfe y Adif para tener un gran operador público que lidere el sistema ferroviario”, ha planteado.

Otra de las propuestas que a su juicio debería incorporar un pacto de Estado sobre trenes es “revertir externalizaciones” de cuestiones como el mantenimiento, así como aumentar el personal y su formación.

Para poder aumentar la financiación para el conjunto del sistema ferroviario -incluidos los servicios de Cercanías- ha sugerido aparcar las ampliaciones de aeropuertos.

Después de que la semana pasada pidiera la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Colau ha insistido en que sigue siendo “imprescindible que se asuman responsabilidades políticas”, por “humanidad y empatía” con las víctimas, aunque lo ha dejado en manos del propio ministro y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Colau ha evitado ahondar en ello y ha hecho hincapié en la necesidad de centrarse en la búsqueda de soluciones desde el diálogo y la cooperación, superando los intereses “partidistas”.

Sobre la posibilidad de cortar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras duren las obras de remodelación de esta línea ferroviaria, ha comentado que el debate sobre intervenciones concretas debe abordarse “en un segundo momento”, aunque ha indicado que “hay diferentes soluciones”, ya sea hacer el mantenimiento por la noche o utilizar menos trenes durante un tiempo.

El Govern ha abierto un expediente a las plataformas de reparto a domicilio Glovo, Uber Eats y Amazon para averiguar si hicieron trabajar a sus riders durante los episodios de alertas meteorológicas de las últimas semanas en Catalunya, como las lluvias torrenciales de principios de octubre. Según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a elDiario.es fuentes del Departament de Empresa y Trabajo, se ha enviado un requerimiento a estas compañías para recabar información sobre sus protocolos de prevención en estos casos.

La Inspección de Trabajo catalana ha dado plazo hasta noviembre para que las empresas entreguen esta documentación. En declaraciones a la Cadena SER, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado esta investigación se ha abierto “de oficio” y ahora se valorará si debe aplicarse una sanción. “Todos debemos adaptarnos al cambio climático, también en el ámbito laboral”, ha añadido. En este sentido, ha advertido que ante fenómenos meteorológicos como los mencionados, las empresas deben velar por la protección de sus trabajadores.

Por ejemplo, Illa ha recordado que, ante los aguaceros de hace algunas semanas, hubo cadenas de supermercados que adelantaron una hora el cierre de los establecimientos para evitar que sus empleados se expusieran a riesgos innecesarios.

La directora de la Inspección de Trabajo de Catalunya, Laura Freixas, ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación que las principales plataformas de reparto, como el resto de empresas, tienen “el deber” de proteger a los trabajadores también ante los riesgos de fenómenos meteorológicos adversos, especialmente para aquellos expuestos al aire libre, y adoptar las medidas preventivas adecuadas. Esto puede significar reducir la jornada de estos empleados o, directamente, parar toda actividad laboral.

Por parte de Amazon, fuentes de la compañía matizan que no son una plataforma de reparto y que sus entregas las realizan empresas colaboradoras. “La salud y el bienestar de nuestras personas empleadas, proveedores y empresas colaboradoras son siempre nuestra máxima prioridad y cumplimos con todas las obligaciones de salud y seguridad en el trabajo. Contamos con meteorólogos y equipos dedicados a monitorizar las condiciones meteorológicas que activan alertas cuando se producen fenómenos adversos y disponemos de políticas y procedimientos para reaccionar ante estas situaciones”, insisten desde la corporación tecnológica.

Desde Glovo confirman que presentarán la documentación para informar sobre sus protocolos, pero no añaden más comentarios.

Antes de conocerse este expediente informativo, el sindicato CCOO ya denunció ante la Inspección de Trabajo de Barcelona a Uber Eats y sus subcontratas por mantener a repartidores trabajando el pasado 6 de octubre, en pleno temporal de lluvia con avisos meteorológicos rojos y naranjas. El sindicato aseguró en un comunicado que los hechos eran de “especial gravedad” porque los riders, que circulaban en moto, bicicleta o a pie, quedaron expuestos a “lluvias intensas, calzadas peligrosas, pérdida de adherencia, poca visibilidad y riesgo de accidente”.

En Bizkaia, CCOO presentó a finales de octubre una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Glovo y su empresa subcontratada Fliits por mantener a repartidores trabajando en la vía pública durante la jornada del pasado 3 de octubre, coincidiendo con avisos meteorológicos de nivel naranja y rojo por fenómenos adversos.

Tras las altas temperaturas de este verano, la Inspección de Trabajo también abrió un expediente sancionador a Glovo por mantener el servicio de reparto durante una ola de calor en Barcelona.

El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona el 29-N, Xavier García Albiol, ha obviado este sábado el luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y ha participado en un evento de su ciudad.

Albiol ha acudido esta mañana a la Feria del Deporte de su ciudad y se ha hecho fotos con algunos de los participantes. Posteriormente, la cuenta oficial del Ayuntamiento las ha subido a su perfil oficial. El consistorio decidió suspender la inauguración y el concierto de clausura que estaba previsto, pero mantuvo el resto del evento.

Este periódico se ha puesto en contacto con el consistorio badalonés, que ha respondido que Albiol “no ha participado” en el mencionado evento. “El alcalde lo que ha hecho es pasear esta mañana, por diversos sitios de la ciudad. Y evidentemente si le piden fotos se las hace, como siempre”.

Preguntados entonces por qué la cuenta oficial del Ayuntamiento ha colgado fotos de Albiol en el evento, han respondido: “Es una foto más de la feria, sin hacer ninguna referencia a su presencia. Y en sus redes no ha colgado nada”. Insisten en que ni se ha anunciado su presencia ni se le ha mencionado en el tuit. “En ningún caso el alcalde ha participado”, señalan. “De hecho se han suspendido todas las actividades paralelas que no eran propiamente de la feria”.

El Gobierno decretó tres días de luto oficial, del jueves 29 al sábado 31 de octubre, por la colisión de un AVE de Renfe y un tren de Iryo que causó 68 muertos. El duelo se mantiene asta las 0 h del 31 de octubre e implica que los Gobiernos municipales, autonómicos y central deben cancelar o aplazar los actos públicos de caracter festivo o protocolario.

El accidente irrumpió en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Albiol es candidato del PP al Congreso por Barcelona. Los partidos suspendieron sus actos el mismo miércoles, a excepción de Vox. El propio Albiol iba a pasear ese día por el centro de Barcelona con Alberto Núñez Feijóo para hablar con comerciantes afectados por los disturbios del fin de semana, pero el acto se canceló.

Ese mismo miércoles por la tarde, Albiol presidió un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Badalona y, en el discurso que leyó, pidió “respetar a las víctimas”.

Su participación en un acto este sábado contrasta con la de los otros candidatos del PSOE, PP y Frente Amplio, pero también con la de la mayoría de los alcaldes de los grandes municipios, que han cancelado toda su agenda oficial hasta el domingo.

Esta misma mañana, de hecho, la cuenta oficial del PP ha recordado el duelo oficial sigue vigente durante toda la jornada. “Hoy es sábado pero seguimos de luto”, ha publicado el partido en la X (antiguo Twitter). “Que no se te ocurra recomendar un libro o subir una puñetera canción, Pedro”, han añadido los populares.

El precio medio del alquiler en Catalunya ha aumentado un 60% entre 2015 y 2024, casi el doble que el salario bruto medio, que ha crecido un 30,46% en el mismo periodo, según un informe de UGT presentado este viernes.

La diferencia es aún más acusada en el mercado de compraventa, donde el coste de la vivienda nueva se ha incrementado un 95,87% en nueve años. “Ya se ve que el precio de la vida está desbocado”, ha lamentado el secretario general del sindicato, Camil Ros.

Según el informe, el alquiler representa ya el 45,21% del salario neto mediano en Catalunya, un porcentaje que supera el umbral del 30% que se considera un esfuerzo excesivo para acceder a una vivienda. Por contra, en 2015 se destinaba el 39,35% de los ingresos netos a pagar.

Desde la UGT alertan sobre la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores que ha causado esta descompensación entre los salarios y la vivienda. “Hace que la estructura se vaya tensionando”, ha dicho, al tiempo que ha recordado cómo la muerte de Olga y el desahucio de Maricarmen han propiciado la convocatoria de la huelga general.

En esta línea, Ros ha valorado que antes de las elecciones es “un buen momento” para convocar un paro de 24 horas, porque puede “influir” en las acciones de los partidos políticos y en el voto.

“Mi sensación es que hay ambiente de huelga”, ha asegurado. “El sentimiento del que debemos parar la derecha y la extrema derecha también está ahí”, ha señalado, aunque ha asegurado que la huelga va “en contra del conjunto de los partidos políticos”.

La Fiscalía de Menores de Barcelona ha solicitado la prohibición de asistir a manifestaciones para 70 detenidos relacionados con los saqueos del pasado sábado en Barcelona. El ministerio público ha pedido libertad vigilada y que no se acerquen a ningún “tipo de reunión” a menos de un kilómetro y en todo el territorio español.

Asimismo, ha pedido el internamiento de ocho menores de edad. Estos se suman a los otros 46 para los cuales ya se había pedido la medida durante el transcurso de la semana.

Durante la noche del pasado sábado 24 los Mossos detuvieron a 130 personas, 89 de ellas menores, in situ. Pero durante los días posteriores, se han seguido efectuando detenciones. La última detención ha sido durante la mañana de este viernes, en Barcelona. Se trata del tercer arrestado que, a diferencia de los dos anteriores, es mayor de edad (18 años).

La policía le acusa de organizar los grupos en los que se incitaba a la violencia y el saqueo. Las anteriores detenciones fueron el jueves, en Lleida y Sant Sadurní d'Anoia, a dos menores también vinculados a estos canales.

La detención, llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información, se enmarca en una investigación sobre el uso de un grupo de mensajería instantánea para organizar y coordinar presuntos saqueos, alteraciones del orden público e incitaciones a la violencia contra agentes de policía.

Según la investigación, el menor difundió el enlace para acceder al grupo y participó activamente en las conversaciones. En ellas habría compartido indicaciones sobre el material que debían llevar los participantes, las medidas para evitar ser detectados por la policía y las pautas de autoprotección. También habría animado a otros miembros a participar en acciones violentas y propuesto posibles objetivos para los saqueos. La investigación continúa abierta y los Mossos no descartan nuevas detenciones.

Un hombre se ha entregado este miércoles en una comisaría de la Policía Municipal de Madrid confesando haber matado a la expareja, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta mañana, efectivos de los Mossos y de Bombers se han dirigido a un domicilio del distrito de Nou Barris de Barcelona, tras recibir el aviso de una persona que indicaba que dentro había una mujer que no respondía.

Una vez que han accedido al inmueble han encontrado el cuerpo sin vida de la víctima con signos de violencia. Horas más tarde, a mediodía, el cuerpo municipal madrileño ha alertado de la detención del individuo después de que se hubiera entregado como presunto autor de la muerte de la expareja. El caso lo llevará la plaza 4 de la sección de violencia sobre la mujer.

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Por su parte, el TSJC ha indicado que la plaza 30 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Barcelona, en funciones de guardia, hizo el levantamiento del cadáver de la mujer a manos, presuntamente, de su expareja. También ha señalado que no constan antecedentes judiciales entre ambos.

Con ésta son cinco las mujeres que han muerto por violencia machista en Catalunya en lo que va de año, según los datos del Departament de Igualdad y Feminismos. Desde que se empezaron a recoger datos oficiales, en 2012, en Catalunya ha habido 162 feminicidios, de los cuales 152 son mujeres y 10 corresponden a niños y adolescentes asesinados.

Las mujeres que sufren una situación de violencia machista disponen del servicio de atención permanente en el número 900 900 120, gratuito y confidencial. También pueden llamar al teléfono de emergencias 112 o avisar a los Mossos d'Esquadra por WhatsApp: 601 00 11 22.

Las personas que viven o han vivido en la calle en la ciudad de Barcelona entre 2015 y 2025 murieron, de media, con 49 años. Eso supone que su esperanza de vida es 34 años menor que la del resto de habitantes de la capital de Catalunya. Esa es una de las principales conclusiones del informe 'Vivir en la calle mata', que ha presentado la Fundació Arrels.

Respecto a las mujeres, la esperanza de vida es todavía más baja (al contrario de lo que sucede con el conjunto de la sociedad): ellas mueren a los 45 años. Se trata de una cifra que la fundación califica de “muy alarmante”, teniendo en cuenta que la esperanza de vida es de 80 años en los hombres y de casi 86 en las mujeres.

Otro de los datos que destacan del informe es que el 60% de personas sin hogar acaban muriendo al raso. “Esto evidencia hasta qué punto no disponer de un espacio residencial deja a la persona expuesta”, apuntan desde la entidad. Por otro lado, el 35% murieron en hospitales o centros sociosanitarios.

Según la entidad, las causas médicas representan el 43% de las muertes, seguidas de la violencia, las sobredosis o el suicidio. Estas tres causas, agrupadas en el informe como causas externas, representan el 27% del total. Entre las mujeres, por su parte, tiene mucho peso la sobredosis.

“Las muertes de las personas sin hogar no responden únicamente al deterioro de la salud, sino también a las condiciones de exposición, violencia y riesgo que comporta la vida en el espacio público”, apunta Beatriz Fernández, presidenta de Arrels.

La comparación entre las personas que habían accedido a algún alojamiento y las que vivían en la calle en el momento de su muerte es “especialmente reveladora”, aseguran. La edad media de defunción de los primeros es de 62 años, 13 más que las de quienes siguen viviendo en la calle.

Ahora bien, destacan que aunque la esperanza de vida aumenta claramente si se consigue salir de la situación de calle, insisten en que conseguir un alojamiento no “elimina automáticamente” las consecuencias en la salud física y mental que tiene haber pasado años al raso.

Por ello, el informe concluye con un seguido de propuestas para combatir la mortalidad de las personas que viven en la calle. Insisten en que es esencial reducir el tiempo de vida en la calle, ampliando los recursos residenciales, ampliar la oferta de vivienda y los recursos residenciales estables y adaptados a las necesidades de las personas.

Igualmente, piden introducir la prevención a la mortalidad en las políticas de sinhogarismo. Igualmente, piden una mejor coordinación entre servicios sanitarios, sociales y de sinhogarismo, así como reforzar las políticas de reducción de daños y la prevención de sobredosis.

También requieren un registro de defunciones “estable” para avanzar hacia unas definiciones “comunes y metodologías estandarizadas”, así como para prevenir futuras muertes. En esta línea, insisten en tener protocolos “claros” sobre cómo se informa a las personas cercanas de la muerte de una persona sin hogar y cómo se gestionan sus pertenencias.

El Govern se personará como acusación particular por los disturbios del pasado sábado en Barcelona, para “defender los derechos e intereses de la Generalitat”, tal como ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque. Además, ha apuntado a la posibilidad de personarse también como acusación popular, siempre que se den las condiciones legales. Con todo, ha asegurado que a los protagonistas de los hechos “les caerá todo el peso de la ley”.

La portavoz ha garantizado que se investigará “hasta el final” el origen de la convocatoria y ha defendido la necesidad de regular las redes sociales para que no sean un “espacio de impunidad”. En esta línea, desde el Govern se plantean impulsar modificaciones a escala europea.

La consellera y portavoz ha confirmado que los disturbios del pasado sábado, protagonizados por jóvenes en el centro de Barcelona, se zanjaron con 300 personas identificadas y 130 detenidas, de las cuales, 76 menores de edad.

El acuerdo entre el Frente Amplio y el PSOE para acudir juntos al Senado en varias provincias se extiende a Catalunya. Los Comuns y el PSC han firmado un pacto para que los primeros retiren sus listas de las circunscripciones de Girona, Tarragona y Lleida, donde darán apoyo a los candidatos socialistas. A cambio, la formación de Ada Colau se garantiza un senador, que llegará por designación autonómica desde el Parlament.

El acuerdo trata de evitar la dispersión de voto de las izquierdas en la Cámara Alta, donde se eligen cuatro representantes de cada provincia con listas abiertas. Hasta ahora, el resultado más frecuente de las elecciones al Senado ha sido que por cada provincia entren los tres candidatos del partido ganador en el Congreso y el primero de la formación que queda segunda.

“Durante la legislatura que ahora ha terminado el Senado se ha convertido en una cámara de bloqueo de las iniciativas del Gobierno. El acuerdo entre el PP y Vox, que se dio a conocer ayer, sobre las candidaturas al Senado y que afecta también a las circunscripciones de Girona y Tarragona, tiene el objetivo de controlar esta cámara para que sea un instrumento de regresión democrática y control de instituciones del Estado”, razonan ambas formaciones en un comunicado conjunto.

PSC y Comuns consideran “especialmente grave” que el acuerdo suscrito por las derechas “entregue el liderazgo de circunscripciones catalanas en VOX”. Un partido de extrema derecha que, recuerdan, “quiere acabar con las instituciones y derechos y libertades de Catalunya y nuestro autogobierno”.

PSC e ICV ya habían acudido juntos al Senado en una coalición que también incluyó a ERC y a IU bajo el nombre de Entesa Catalana de Progrés. Este acuerdo se inició en las elecciones del 2000 y se repitió en 2004 y 2008. En los tres comicios la Entesa logró ser la lista ganadora en las cuatro provincias catalanas, obteniendo por tanto tres senadores de cada una de ellas.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido formalmente al Ministerio de Transportes que la estación del AVE de la Sagrera lleve el nombre del expresident de la Generalitat y exalcalde de la ciudad Pasqual Maragall.

Así lo ha explicado Collboni en una entrevista este martes en Catalunya Ràdio. “Él fue el alcalde que soñó esta estación”, ha explicado.

Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por elDiario.es señalan que la propuesta les parece “una fantástica noticia” y deberán hacerse los trámitos administrativos correspondientes, pero no creen que “haya ningún problema” en que la estación lleve el nombre de Maragall.

La estación de la Sagrera, llamada a ser una de las grandes terminales ferroviarias de Barcelona, lleva quince años en obras y la previsión es que su inauguración se demore hasta 2031 o 2032.

Será entonces cuando Barcelona empezará a cerrar una de sus mayores cicatrices urbanas, la que separa los distritos de Sant Andreu y Sant Martí con un entramado ferroviario que quedará definitivamente soterrado y con una estación intermodal que será, junto con Atocha, en Madrid, la más transitada de España. Se prevé que acoja 100 millones de pasajeros al año entre usuarios de Alta Velocidad, Rodalies, metro y buses interurbanos y urbanos. 

La propuesta de Collboni se enmarca en la tendencia de los últimos años de asignar nombres de personalidades a grandes estaciones o infraestructuras: el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat o el Santiago-Rosalía de Castro. Respecto a las estaciones de tren, las estaciones que se han rebautizado han sido la de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita o Bilbao Intermodal Abando-Indalecio Prieto.

En el caso de Atocha, la propuesta de que llevara el nombre de la escritora Almudena Grandes generó un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, que se mostró en contra.

Los Mossos d'Esquadra han identificado la tarde de este lunes a diversos jóvenes en la plaça Espanya de Barcelona, donde se había convocado por redes otra manifestación como la que el sábado se tradujo en disturbios, saqueos y 130 detenidos, 76 de los cuales menores.

Al mediodía, tanto Mossos como la Guàrdia Urbana ya habían advertido a los comerciantes del barrio de la posibilidad de que se diera una nueva protesta después de detectar en redes sociales un cartel que compartía estética con el del sábado. Así, se ha enviado un dispositivo policial hacia las 17h en la zona y en las bocas del metro, que es donde se han producido las identificaciones.

Después de recibir la alerta policial, las asociaciones de comerciantes han informado a los locales de la situación y les han pedido extremar las precauciones. También han avisado de que, ante cualquier situación de riesgo, deben llamar a los servicios de emergencia.

Por su parte, algunos comerciantes, principalmente de Creu Coberta, han optado por proteger sus escaparates con cartones. Finalmente, la convocatoria no se ha llegado a llevar a cabo y la tarde ha transcurrido de manera tranquila.

Este dispositivo policial es similar al que ya se hizo el pasado domingo en Granollers, Mataró (Barcelona) y Girona, donde también se advirtieron llamadas a nuevas convocatorias y movimientos de jóvenes en las calles. En Granollers se hicieron 131 identificaciones; en Mataró fueron 16. En Girona, no hubo ninguna.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este lunes que las administraciones están preparadas para posibles nuevos disturbios en el centro de la ciudad, como los que se dieron el pasado sábado. En declaraciones a TVE y la Cadena Ser, ha apuntado que días antes, la policía ya tenía indicios de las convocatorias en redes y se decidió retirar mobiliario urbano para evitar daños mayores. Aun así, ha reconocido que los Mossos y la Guàrdia Urbana se encontraron ante un “fenómeno desconocido”.

La investigación de los hechos permitirá obtener nueva información y hacer que el Ayuntamiento esté más “preparado” ante posibles nuevas convocatorias. Según ha apuntado el alcalde, la policía ya ha pedido a las plataformas tecnológicas información sobre los convocantes y, además, antes de los hechos del sábado ya se había investigado a unas 300 personas posiblemente vinculadas.

Collboni ha apuntado, siguiendo la tesis de los Mossos, que los organizadores proceden del “submundo de las redes sociales, con influencers que promueven discursos de odio y extremistas” que “tienen intereses espurios”. Por eso, ha considerado que “nadie puede creer” que estos hechos fueran promovidas por las izquierdas, tal como ha apuntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El alcalde ha calificado los saqueos como “vandalismo” y “violencia gratuita” muy alejada de reivindicaciones políticas.

Igualmente, ha insistido en que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat ayudarán a los comerciantes si los daños no están cubiertos por las aseguradoras. Además, ha anunciado que el consistorio se personara para reclamar patrimonialmente los daños al mobiliario urbano, valorados inicialmente en 36.000 euros, que deberán pagar los detenidos que sean mayores de edad o sus progenitores, en caso de que tengan menos de 18 años.