Tras las elecciones europeas, hay un riesgo de vuelta a la austeridad y de regresión en las políticas verdes. Un relato que ha surgido fuertemente en estos últimos meses enfrenta a las personas trabajadoras europeas, en particular a los agricultores, con la legislación ambiental. Imágenes de estiércol amontonado en Bruselas y de caminos bloqueados por tractores se yuxtaponen con imágenes de activistas por la justicia climática. Como tal, la principal contienda intelectual actual es entre quienes ven la economía y el medio ambiente como causas opuestas y quienes ven la economía como algo integrado en la naturaleza.

Somos representantes de ese último grupo. Postulamos que el agotamiento de los ecosistemas y la explotación de agricultores y trabajadores, en Europa y a nivel mundial, tienen sus raíces en el mismo modelo económico. En el centro de las múltiples crisis que enfrentamos está la búsqueda incesante del crecimiento económico, que ha beneficiado a unos pocos a costa de la mayoría.

Abordar las crisis sociales y ecológicas que enfrenta la ciudadanía europea hoy requiere una profunda transformación de nuestras economías. Eso significa cambios en las estructuras físicas: construir paneles solares y turbinas eólicas para garantizar el acceso a energía limpia y reorganizar la forma en que satisfacemos necesidades básicas como alimentos, vivienda y transporte. Pero también requiere una gran innovación social. Construir bienestar más allá del crecimiento es la alternativa a seguir por el mismo camino ambientalmente destructivo y socialmente desigual que hasta ahora.

El crecimiento desenfrenado nos está llevando al colapso ecológico

El relato político dominante sostiene que necesitamos crecimiento para la transición “verde” así como para el bienestar social. En esta historia, la inversión en servicios públicos y en infraestructura verde es el “lujo” que podemos permitirnos si hay suficiente crecimiento económico, en lugar de lo esencial de lo que no podemos prescindir nadie.

La estrategia europea actual es buscar un mayor crecimiento a través de negocios con mayores beneficios y una producción industrial exponencial, al tiempo que se confía en que tecnologías especulativas mitiguen los impactos ambientales y que la riqueza creada “gotee” en forma de salarios y redistribución. Sin embargo, esta estrategia ha demostrado ser imposible de cumplir tanto desde una perspectiva ambiental como social. En su lugar, somos testigos de una concentración cada vez mayor de la riqueza y el poder del mercado, así como de una escasez crónica de inversiones públicas indispensables, lo que lleva a exacerbar desigualdades socioeconómicas y a una crisis del coste de vida que se extiende por toda Europa.

El crecimiento económico desenfrenado nos está llevando directamente al colapso ecológico. Las investigaciones muestran que no estamos alcanzando un desacoplamiento absoluto entre el Producto Interno Bruto y el uso de energía y materiales lo suficientemente rápido como para cumplir los objetivos climáticos. Sin crecimiento, nuestro sistema actual caería en una recesión, pero es precisamente por eso que necesitamos cambiar el sistema. Porque el hecho de que nuestras economías se basen en el crecimiento es el motor del extractivismo y la explotación insostenibles en todo el mundo. El desafío político de nuestro tiempo es superar esta dependencia del crecimiento: reducir el uso de materiales y energía para evitar una catástrofe climática y al mismo tiempo reestructurar nuestros sistemas de bienestar social para abordar las desigualdades y garantizar el bienestar humano.

Cuando se culpa al Pacto Verde Europeo por las dificultades del campo

Las elecciones europeas han demostrado que oponer el bienestar social a la transición verde favorece a la extrema derecha, que ahora tendrá aún más voz, agravando la reacción conservadora que vemos por todo el continente. Algunos gobiernos ya respondieron a las protestas del campo derogando regulaciones ambientales, como el uso de pesticidas, y tememos que este ataque al Pacto Verde Europeo continúe durante la próxima legislatura. Más concesiones de este tipo tan solo servirán para seguir alimentando a la extrema derecha.

Este enfoque político pasa por alto el núcleo de las demandas de las y los agricultores y, en cambio, sirve a los intereses de las grandes corporaciones agrícolas. Los precios e ingresos justos para los agricultores exigen un sistema que bloquee las importaciones que no alcanzan nuestros estándares ambientales y sociales y garantice que los intermediarios no se llevan las ganancias que corresponden a las personas productoras. Además, ¿qué derecho tenemos a depender de los suelos, el agua y la mano de obra de otros países para alimentarnos, cuando ellos mismos lo necesitan ante múltiples amenazas a su propia seguridad alimentaria? Necesitamos luchar por una agricultura digna y por la soberanía alimentaria, un objetivo que sólo puede alcanzarse democratizando la economía y liberando a los productores del imperativo de crecer y competir en los mercados internacionales.

Necesitamos cambiar de rumbo

Estos tiempos de crecientes desigualdades, malestar social y auge de las fuerzas conservadoras exigen grandes inversiones públicas, no políticas de austeridad. Necesitamos distribuir masivamente la riqueza, abordar la concentración del poder económico y democratizar la economía. Por encima de todo, debemos movilizarnos a favor de un Pacto Verde Europeo que vaya más allá del crecimiento, que coloque los derechos de las personas trabajadoras al frente de nuestro proyecto de justicia ambiental. Cuanto más dejemos atrás el crecimiento económico desenfrenado y sus fantasías, mejor podremos formular políticas europeas que garanticen una transición verdaderamente justa, con empleos dignos para todas y todos.

FIRMAN TAMBIÉN: Rosa Martínez, Secretaría de Estado de Derechos sociales, España; Olivier de Schutter, Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación (2008-2014) y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (2020-); Natalie Bennett, diputada de The Greens, Reino Unido; Elisabeth Götze, diputado de Die Grünen, Austriia; Séverine de Laveleye, diputada de Ecolo, Bélgica; Carlos Martin, diputado de Sumar, España; Petros Kokkalis, eurodiputado de Verdes/ALE, Grecia; Carola Rackete, eurodiputada independiente de The Left, Alemania; Manuela Ripa, eurodiputada de Verdes/ALE, Alemania; Helmut Scholz, ex-eurodiputado de The Left, Alemania; Christine Teunissen, eurodiputada del Partido animalista de Países Bajos; Marie Toussaint, eurodiputada de Verdes/ALE, Francia; Jasminka Dedić, concejala municipal en Liubliana, Eslovenia, y Luka Florjanc, concejal municipal en Liubliana, Eslovenia.

Las medidas a favor de la normalización política y social que han permitido la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno han acaparado el protagonismo mediático y político. Pero más allá de la necesaria apuesta por la convivencia y pluralidad, tan necesaria como arriesgada, así como de la hiperventilación de las derechas, la importancia del nuevo gobierno radica también en otro aspecto clave: estamos a la puerta del gobierno más verde y progresista hasta la fecha.

Esto no es nada baladí en España. Nuestro país es uno de los estados europeos más amenazados por la crisis climática. Este año nos ha golpeado con especial crudeza en forma de inundaciones torrenciales, olas de calor sucesivas y devastadores incendios. Estos fenómenos, que son la punta del iceberg de la emergencia climática, han causado enormes daños económicos, pérdidas humanas y de calidad de vida. Y han golpeado aún más fuerte a la población vulnerable que reside en viviendas donde uno pasa frío en invierno y calor en verano, que manda a sus hijos a coles convertidos en hornos o que busca sombra y frescura en barrios sin un árbol a la vista. Sin refugios climáticos para todas y todos, no hay igualdad.  

Pero estos fenómenos, cada vez más frecuentes y extremos, amenazan también a sectores estratégicos de nuestro país. Vemos como sufre nuestra agricultura, poniendo en riesgo cultivos tan emblemáticos como la vid o el olivo, y afectando de forma negativa al precio del aceite y por tanto nuestros bolsillos y salud. Vemos la fragilidad del turismo, y de su insostenible modelo de sol y playa, al convertir en sauna o desierto algunos de los destinos más emblemáticos, que sufren, además, falta de agua por la sequía y el sobreconsumo turístico. Sin política climática, no hay economía, ni empleos que valgan a largo plazo. 

Así que por mucho que unos pocos reaccionarios o negacionistas sigan pataleando y que otros se apunten a la nueva moda del retardismo, no hay vuelta atrás. La emergencia climática es una realidad y una prioridad social y económica; así que cuanto antes pongamos en marcha la transición ecológica y justa necesaria para afrontarla con garantías, mayor posibilidad de éxito habrá y menor será la factura para nuestro bienestar, nuestra salud y nuestros empleos.

Por eso es tan importante un Gobierno verde y progresista para España. Y por eso es tan importante el acuerdo programático entre Sumar y el PSOE que prioriza la justicia social y ambiental, los empleos de calidad y la igualdad. Pero, sobre todo, que lo haga con medidas concretas como las que Los Verdes llevamos años impulsando en Europa y reclamando en España: reducir la jornada laboral sin pérdida salarial, recortar las emisiones para cumplir con un 55% de reducción en 2030, sustituir vuelos domésticos con alternativa en tren, apostar por el autoconsumo energético o transformar nuestro modelo turístico. Medidas que suponen un aumento de la ambición climática y una oportunidad para crear bienestar y prosperidad, protegiendo al mismo tiempo la salud física y mental de las personas y el medio ambiente.  

Por supuesto, esto no va a ser un camino de rosas. Habrá intentos por parte de algunos sectores de bloquear los avances, como pasó, por ejemplo, de forma repetitiva cada vez que un gobierno redujo la jornada laboral en la historia reciente. Y habrá que luchar diaria y duramente dentro del gobierno para que los acuerdos alcanzados se cumplan, más allá de meras declaraciones, o para incluir las propuestas que se quedaron fuera o se ven insuficientemente reflejadas en el acuerdo de gobierno.  

Así que, sin ingenuidad pero con determinación, es hora de un gobierno que ponga a la transformación ecosocial en el centro. Que se ocupe de que podamos vivir y trabajar, estudiar y envejecer, en condiciones sociales y climáticas dignas, de fomentar una movilidad sostenible que no dañe nuestra salud y nos permita gozar de las ciudades y el campo, de impulsar el autoconsumo energético para garantizar las necesidades básicas y a precios asequibles, de desarrollar las energías renovables respetando los territorios y beneficiando a las poblaciones locales, de que trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar. En definitiva, un Gobierno donde las políticas sociales y climáticas van de la mano porque no son más que dos caras de la misma moneda.

El reto es mayúsculo y vamos con retraso, pero tenemos la oportunidad de ser la avanzadilla europea en derechos sociales, laborales y ambientales y no podemos desaprovecharla. Desde Verdes Equo vamos a trabajar para que cada política pública sea también una política climática y que cada política climática sea también una política social. Para que esta sea la legislatura de los avances verdes y progresistas hacia un futuro esperanzador en España y en Europa.

La crisis climática ha convertido a nuestro planeta en protagonista involuntario de esta precampaña electoral. Las altas temperaturas, la preocupante sequía y los múltiples incendios han sido noticia destacada en informativos y redes, por inusuales en estas fechas. A la vez y por desgracia, Doñana se ha hecho viral, mientras agoniza bajo los golpes del PP y Vox que siguen negando la evidencia científica, la justicia europea y el sentido común por puro interés electoralista y cortoplacista. 

Pero, más allá de los titulares y ante las elecciones del 28 de mayo, es preciso preguntarse: a estas alturas de la historia climática, ¿qué legitimidad puede tener un partido que no incluye en su programa políticas para afrontar estos retos? Más aún, y sabiendo las graves consecuencias sociales, económicas y ecológicas que acarrean las sequías y demás desastres climáticos, ¿cómo es posible que haya partidos que sigan defendiendo modelos del pasado que sólo agravarán el problema? ¿Cómo es posible que haya fuerzas políticas “retardistas” que, aún reconociendo la emergencia climática, siguen  procrastinando y con su inacción climática evitan, retrasan u obstaculizan la necesaria transición ecológica y justa?

Sin duda, en la carrera por conseguir un asiento en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos vamos a ver mucho greenwashing, es decir lavado de cara verde lleno de promesas vacías, cuando no contradictorias y cínicas. Colgarse medallas verdes en periodo electoral tiene una razón objetiva simple: la población española, y aún más la juventud comprometida y preocupada por su futuro, está altamente concienciada por la crisis climática y la vive en carnes propias. No dar una respuesta a estas expectativas es un peligro electoral que cada vez menos partidos quieren asumir.

En este marco, la elección de nuevos gobiernos autonómicos y locales nos brindan la oportunidad de distinguir la propaganda electoral oportunista del compromiso político claro en defensa del clima y de la vida. Lo primero es mera publicidad con efecto de caducidad al día siguiente de las elecciones. Lo segundo está transformando en profundidad numerosas ciudades y capitales europeas, para adaptarlas a la nueva realidad climática y atender las necesidades cotidianas de la ciudadanía: salud, movilidad, servicios públicos o vivienda. Hoy en día, ciudades como Ámsterdam, Dublín, Budapest o Lyon, gobernadas por Los Verdes, son referentes en la lucha por una ciudad moderna e innovadora, sostenible e inclusiva. Y en España también hemos sembrado semillas: ejemplos como Madrid Central o la renaturalización del Manzanares en Madrid, la limitación del turismo de masas y a favor de una vivienda digna en Baleares o una movilidad sostenible en Valencia o Barcelona llevan el sello verde. El de la justicia social y ambiental para que todas y todos podamos vivir mejor hoy y mañana.

Y para que esto siga siendo posible y que las políticas verdes se extiendan por cuantos más pueblos y ciudades posibles en España, es fundamental que el día de la Tierra más allá del 22 de abril se exprese también en las urnas el próximo 28 de mayo. Porque solo con políticas verdes, ambiciosas y justas, podremos proteger nuestra casa común y protegernos a nosotras y nosotros mismos.

La polémica sobre las macrogranjas y su posterior manipulación ha demostrado que la derecha española no tiene ningún límite a la hora de tergiversar y confundir. Mientras tanto, el PSOE no tiene ningún problema en seguirle el juego en un ejercicio de incongruencia dañino para el propio Gobierno español. Es un capítulo más del ambiente político virulento e irracional que vive el país, atizado por bulos mediáticos que disfrutan en el barro de la mentira. Al menos ha tenido un efecto positivo: que se hable, una vez más, de las macrogranjas.

Porque de las macrogranjas se había hablado ya, y mucho. Y se había conseguido una práctica unanimidad: muy pocos —excepto las empresas propietarias— las defendían, porque todos sabemos que son un problema ambiental, territorial y social muy grave, y un modelo incompatible con la sostenibilidad, la seguridad sanitaria y el bienestar animal. Ese “todos” incluye también a partidos que ahora alimentan un macrobochorno tan burdo como estéril por puro electoralismo. No hay más que echar un vistazo a sus cuentas de Twitter para comprobarlo (por mucho que se hayan apresurado a eliminar mensajes) o a las votaciones realizadas en instituciones en contra de este modelo ganadero contaminante e insostenible.

Uno de los foros donde se ha hablado de las macrogranjas y sus peligros es el Parlamento Europeo. Con el apoyo de Los Verdes Europeos, nuestra oficina parlamentaria organizó allí en 2018 un evento sobre el problema, en el que participaron representantes de muchas de las partes implicadas: ganaderos, habitantes de pueblos afectados, grupos ecologistas, etc. Una de las primeras conclusiones fue que, en efecto, no hay una definición clara de “macrogranja”. En este acto, el servicio de estudios del Parlamento Europeo propuso, con la profesionalidad y el rigor que le caracteriza, un método sencillamente cuantificable: la densidad de animales en el territorio, y propuso además una denominación más clarificadora. Cuando la densidad de cabezas de ganado es muy alta, entonces ya no se trataba de una granja, ni macro, ni micro, sino de “factory farming”. 

Y eso es otra cosa, no tiene nada que ver con una granja, ni siquiera con la ganadería. El “factory farming” debería traducirse al castellano como lo que es: “producción industrial de carne”. Si empezamos a llamar a las cosas por su nombre, lo veremos todo más claro. Se trata de industria, y por eso las organizaciones de ganaderos quieren quedar “al margen de la polémica”. Porque poner la mayor cantidad posible de animales recluidos en un espacio sin importar sus condiciones y engordarlos lo más rápido posible con piensos químicos y antibióticos, no tiene nada que ver con la ganadería. Se trata de una industria que ofrece un producto “low cost” y que como todo lo que es de bajo coste, implica también unas bajas condiciones de vida para los animales, unas bajas condiciones laborales para los que trabajan allí y una baja calidad para el producto final pero un alto coste para la salud, el campo y el clima. Hasta tal punto que el nuevo ministro verde de Agricultura de Alemania se ha propuesto acabar con los “precios basura” de la carne. 

Todo lo anterior son obviedades de sobra conocidas. Los pueblos no suelen querer una macrogranja en su término municipal. Su instalación en las zonas rurales no sólo no frena la despoblación —las condiciones de trabajo son muy precarias y crean poco empleo—, sino que en muchos casos la acelera por el deterioro que causa con la contaminación del agua y los malos olores que impiden otras actividades como la agricultura o el turismo. Llamemos a las cosas por su nombre, estamos hablando de una industria, la de producción de carne low-cost, y es una industria peligrosa. Mucho.

Más allá del ruido y basado en los hechos, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre del 2021 un informe sobre la estrategia “de la granja a la mesa” apostando de forma clara por la ganadería extensiva permanente o ecológica, llamando a “brindar apoyo a las explotaciones que efectúan la transición hacia formas de producción más sostenibles y abandonan(...) la ganadería de alta densidad”. El apoyo fue transversal e incluso gran parte de la derecha europea, menos el PP español, lo secundó. 

Mientras las cosas están avanzando en Europa, todo indica que también lo podemos hacer en nuestro país. En este sentido, es del mayor interés la propuesta de Verdes Equo y Más País en el Congreso —que ya cuenta con el apoyo de Compromís— que plantea crear un etiquetado de la carne similar a la que ya existe para los huevos, donde se diferencie la carne según si proviene de una ganadería extensiva o intensiva. Las personas consumidoras tienen derecho a tener una información fácil y sencilla sobre lo que comen para favorecer una alimentación sana, sostenible y respetuosa con los animales. Por otro lado, se propone una moratoria sobre macrogranjas para que no se pueda crear nuevas ni ampliar las ya existentes, mientras que se fije una definición exacta de ganadería extensiva e intensiva, al igual que empezamos a hacer en Bruselas. Por último, es fundamental la cooperación entre los ministerios implicados (Agricultura, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Consumo) para fomentar la dieta mediterránea, basada en una menor ingesta de proteínas animales y en una mejor calidad de la alimentación. 

Nuestra mejor baza para mejorar la vida cotidiana es una dieta equilibrada, el respeto al territorio y una mejor salud para todas las personas. Para ello, esperamos del resto del arco político más sosiego y propuestas, y al Gobierno más coherencia y BOE.

Hay un nuevo gobierno en Alemania. Y ¡qué gobierno! Gracias a Los Verdes, el gobierno alemán estará a la vanguardia de la lucha climática y de los derechos. Es un gran soplo de aire fresco para Europa y la juventud. Y un buen ejemplo a seguir para otros países, empezando por España.

Ante todo, el acuerdo de coalición impulsa un verdadero “gobierno climático”. Pondrá a la mayor economía de la UE a la velocidad correcta hacia el cumplimiento del Acuerdo de París. No solo adelanta la neutralidad climática del país a 2045 sino que también aumenta del 65% al 80% el nivel de energías renovables para 2030 en la generación eléctrica. Al mismo tiempo, en un país donde todavía las minas de carbón juegan un papel importante, adelantan la salida definitiva del carbón para 2030 en vez de en 2038 como preveía el gobierno Merkel. Y todo esto lo hacen sin renunciar un ápice al abandono definitivo de la energía nuclear. Chapó energético.

Pero lo mejor no son solo las cifras. Detrás de ellas hay algo más profundo y estructural. Conscientes de que o bien el clima es un eje transversal o bien cae en el olvido sectorial, Los Verdes han conseguido dos avances fundamentales que marcarán un antes y un después en la transición ecológica. Primero, han creado un “macroministerio de economía y clima”, que además dirigirán. Esto manda un mensaje muy potente e innovador: no hay economía que valga si no va vinculada al clima. De hecho, como bien recuerdan los sindicatos, no hay empleos en un planeta muerto. Hacer de la economía un vínculo de la acción climática es clave para el futuro de nuestro tejido empresarial y para las personas trabajadoras. Segundo, toda iniciativa de Gobierno deberá superar una auditoría climática, involucrando así a todos los ministerios alemanes en la lucha climática. Éste es el futuro de la transición ecológica.

Más allá del clima, Los Verdes alemanes, el partido más votado por la juventud, también ha pisado el acelerador de los derechos para las generaciones presentes y futuras. El acuerdo de coalición establece que la edad de voto para las elecciones europeas será a los 16 años. También introduce la legalización controlada del cannabis, para quitarle el poder a las mafias y plantear una visión sensata a favor de la salud pública. Por último, el nuevo gobierno alemán apuesta por una ley para los derechos de las personas trans. Y todo esto lo han conseguido sin grandes aspavientos ni desencuentros retransmitidos por televisión.

Este gobierno climático y de los derechos es un orgullo para toda Europa, que por cierto, se ve reforzada con un acuerdo de coalición claramente orientado hacia una mayor integración continental en pro de una recuperación verde y justa. Y es también un ejemplo a seguir, sin duda, para toda la ciudadanía que sabe que tenemos que actuar con más rapidez y contundencia contra el cambio climático en esta década, y que obtener más derechos mejora la vida de las personas en lo cotidiano. 

Pero, sobre todo, nos deja un par de lecciones básicas para nuestro país. Primero, esta regla de oro de la política en Europa: cuanto más fuertes se hacen Los Verdes en un país, más ambiciosa es la política ecológica del gobierno. El espacio verde no solo es el que empuja a otros espacios ideológicos, ya sean social-demócratas, izquierda post-comunista o liberales, a gobernar desde la lógica climática, sino que en la conformación de gobierno marcan una diferencia ecosocial como ningún otro espacio político hoy en día. Segundo, con voluntad política se puede ir mucho más lejos en términos climáticos y de derechos. No cabe excusa hoy para que un gobierno con mayoría progresista, como es el de España, no revise al alza ya su reciente pero obsoleta ley climática. O debata con seriedad la propuesta sobre legalización del cannabis que presentamos Verdes Equo y Más País en el Congreso, muy similar a la de Alemania.

Deseo la mayor de la suerte al nuevo gobierno alemán. Y espero sinceramente que España siga el camino ecosocial abierto por Los Verdes, el motor climático de Alemania y de Europa.

Decía Robert Owen, fundador del laborismo británico, que “sin coherencia no hay ninguna fuerza moral”. Una frase lapidaria y certera, que mantiene la misma vigencia de hace 200 años, cuando la incipiente Revolución Industrial sentaba las bases del sistema capitalista y del cambio climático que hoy en día ponen en jaque el futuro de la Humanidad.

Sin que hayamos salido todavía de la pandemia, a la vuelta de la esquina ya empiezan a asomar los retos que marcarán el futuro de la sociedad vasca durante las próximas décadas. Entre ellos, destaca el de la transición energética y, por supuesto, el futuro de energías fósiles insostenibles como el gas natural.

El gas natural fue una apuesta estratégica del Gobierno vasco en los años 90, cuando el petróleo ya empezaba a dar muestras de agotamiento. Nuestra industria no sólo necesitaba electricidad barata, también una fuente de calor estable como el gas. Para eso se invirtieron cantidades millonarias de dinero público en la red de gasoductos (más tarde privatizados), se reformó la plataforma La Gaviota de Bermeo para que pudiera almacenar gas en el subsuelo y se construyó una planta regasificadora en Bilbao para recibir el gas licuado en barcos. Ya entonces se sabía que en Euskadi no había gas suficiente, que sería necesario importarlo. La Plataforma Gaviota había costado 6.000 millones de pesetas (700 millones de euros al cambio), y sólo dio gas durante 8 años. El pozo Armentia-1 también fue un rotundo fracaso a finales de la década: no había gas explotable en Araba. No en las cantidades que exige nuestra economía energívora. Hablar ahora de “gas kilómetro cero”, olvidando todo el dinero gastado en los últimos 30 años para poder importarlo, es un ejercicio de incoherencia sólo al alcance de unos pocos.

En los 90 ya se hablaba del cambio climático, pero no constituía una prioridad política. Eran cosas de los ecologistas. Ahora sí lo es, al menos de puertas afuera. Incluso compañías petroleras y gasistas como Petronor o Enagas se suman con entusiasmo a los planes de transición energética, y defienden sin rubor conceptos otrora tabúes como el de la “descarbonización”. Todo sea por entrar en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, dicho sea de paso. ¿Con qué fuerza moral pueden liderar la solución quienes se han lucrado creando el problema?

En pleno siglo XXI, el reto de la emergencia climática ha pillado a contrapié al PNV, una vez más. El propio sector energético hace una enmienda a la totalidad a su política energética, les cambia el rumbo. Y, por si fuera poco, su alcalde en Vitoria-Gasteiz deja claro que, en el caso del pozo Armentia-2 “defenderá los intereses de la ciudad”. Lo que, dicho de otra manera, supone reconocer que al Gobierno vasco y a su propio partido la salud de los y las gasteiztarras o el riesgo de contaminar el acuífero de Subijana les traen sin cuidado, que sus prioridades son otras.

En realidad, lo de Urtaran y Tapia es una discrepancia “pactada”, una mera escenificación. El alcalde está atado a un pacto presupuestario con EQUO Berdeak-Elkarrekin Podemos que le exige no conceder la licencia de actividad para ejecutar el sondeo de exploración de gas. Pero eso no quita para que el Gobierno vasco pueda mantener viva esa licencia a través de un recurso judicial que, probablemente, dará la razón al Gobierno y tardará meses en resolverse. Los meses que necesitará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para ver la luz en el Congreso.

Tal y como está redactado a día de hoy, el texto del proyecto de Ley prohíbe la explotación (la extracción) de hidrocarburos en España a partir de su entrada en vigor, pero no cierra totalmente la puerta a la exploración (la búsqueda)... siempre y cuando el proyecto ya haya iniciado el trámite de solicitud de la licencia de actividad. Este resquicio legal es un caballo de Troya que permite mantener vivo el pozo Armentia-2, de ahí el recurso judicial planteado por el Gobierno vasco.

A estas alturas, el Gobierno vasco ya sabe que en Araba no hay gas. Lo han buscado desde los años 60, y no lo han encontrado. Son conscientes además de que, aunque lo encontrasen, no lo van a poder extraer

Todos los partidos vascos que ayer volvieron a rechazar el sondeo Armentia-2, la semana pasada habían dado el visto bueno al texto del proyecto de Ley que permite ejecutarlo a escondidas. En efecto, PSE, Podemos y EH Bildu votaron a favor. Tan sólo EQUO-Más País votamos en contra de ese texto, por considerarlo insuficiente. Y además hemos planteado un texto alternativo que permita suspender todos los permisos de investigación, y no sólo los de explotación. Por supuesto, esperamos que en el Congreso se replique la unanimidad política que se produce en las instituciones alavesas cada vez que se debate sobre esta cuestión. No está en juego sólo la coherencia política de cada cual, sino los intereses de la ciudadanía alavesa.

La pregunta es qué intereses defiende cada cual, y por qué. A estas alturas, el Gobierno vasco ya sabe que en Araba no hay gas. Lo han buscado desde los años 60, y no lo han encontrado. Son conscientes además de que, aunque lo encontrasen, no lo van a poder extraer. Y saben también que ese hipotético gas nunca sería suficiente para satisfacer más del 5% del consumo actual de Euskadi. Pero enredarnos en esa discusión estéril les permite esquivar el auténtico debate: que en Euskadi necesitamos dejar atrás la era del gas natural para entrar de lleno en la era del ahorro energético y las energías renovables. Que el futuro va por ahí, que es ahí donde hay que poner el dinero público y el empeño de las instituciones. Demorar este paso puede beneficiar a algunas empresas de forma transitoria, pero a medio y largo plazo perjudica gravemente al conjunto de nuestra economía.

Perforar el pozo Armentia-2 no cambia nada, pero no hacerlo sí. Dejar el gas de Araba en el subsuelo da coherencia a las declaraciones institucionales aprobadas en 2019, que nos advierten sobre la gravedad de la emergencia climática. Pero también, como diría Owen, nos da la fuerza moral que precisamos para poder edificar una economía próspera y una sociedad sostenible. Nos da la fuerza moral para poder hablar de futuro a las nuevas generaciones sin que nuestro discurso suene hueco y vacío.

Un virus microscópico podría conseguir por desgracia lo que el Brexit, la crisis migratoria o la crisis del 2008 no consiguieron: herir de muerte a la Unión Europea. Y en contra de los pasos adelante de las instituciones europeas, la irresponsabilidad de unos pocos pero poderosos gobiernos nacionales, más preocupados por cálculos electorales domésticos a corto plazo que por la salud y el futuro del proyecto común, agudizan aún más la crisis actual. Sin embargo en el Sur de Europa, y por tanto de toda Europa, solo existe una vacuna ante el colapso económico, debido a la crisis sanitaria. Se llama solidaridad.

En este momento histórico, Europa no tiene derecho al fracaso. Se juega su credibilidad y su futuro. Seamos claros: no se trata aquí de una lucha entre la Europa del Sur y la Europa del Norte, o del Este contra el Oeste. Más bien, a nivel continental, tenemos que decidir si queremos una Europa que cuide y proteja o una Europa del sálvese quien pueda. Nosotros los verdes europeos, vengamos del Sur o del Norte, lo tenemos claro: la Europa de los egoísmos nacionales, además de injusta, es totalmente ineficiente ante una catástrofe que carece de fronteras. Solo una Europa de la cooperación puede luchar contra esta pandemia hoy y reconstruir un futuro más equitativo y sostenible en cuanto superemos esta crisis. En un continente tan interdependiente como el nuestro, el no cooperar sería un fracaso y una irresponsabilidad de los gobiernos europeos. Al revés, compartir decisiones y soberanías de forma coordinada es mucho más potente que el repliegue nacional. Ante retos globales, la Europa solidaria y cooperativa es la respuesta.

Además, el no cooperar ahora supondría profundos riesgos para la cohesión europea, abriendo la puerta a nuestros demonios del pasado. Porque quien se frota las manos de la incapacidad de algunos de dar un salto cualitativo a nivel europeo es la extrema derecha. Son las fuerzas políticas que solo tienen una cosa en común en toda Europa: el odio. Ya sabemos cómo suele terminar la historia cuando dejamos las riendas sueltas a las derivas xenófobas y autoritarias. Un proyecto europeo basado en la solidaridad y ayuda mutua es la mejor contención frente a lo innombrable.

En este contexto, las muy desafortunadas declaraciones del ministro holandés y, sobre todo, la falta de apoyo para desarrollar los coronabonos por el Gobierno alemán, junto con los gobiernos holandés, austriaco y finlandés, apuntan exactamente en el sentido equivocado. Es una muestra de insolidaridad europea económica y que alimenta al extremismo y al repliegue identitario. El virus no fue causado por ningún estado europeo y amenaza por igual a toda la ciudadanía europea.

Ante este reto descomunal, es hora de establecer con urgencia los coronabonos para ayudar a recaudar los fondos necesarios durante la crisis sanitaria y después para la recuperación. Permitirían a la Unión Europea emitir deuda pública común para la cual los riesgos son asumidos conjuntamente por todos los países de la zona euro. Y estos coronabonos serían un instrumento para financiar las inversiones públicas que todos los países de la Eurozona tendrán que enfrentar, por ejemplo de cara a reforzar el sistema sanitario, ayudar las pymes y autónomos o invertir en una reconstrucción verde de nuestra economía. Por otro lado, además de la positiva y bienvenida acción del Banco Central Europeo y de un fondo de rescate potente, instamos a los Estados miembros y a la UE a que pongan en marcha un verdadero seguro de desempleo europeo (más allá de de lo propuesto por la Comisión Europea) y, por fin, una política fiscal común. Una crisis sin fronteras exige una solidaridad socio-económica de nueva cuna.

Por último, al igual que el cambio climático, que es otra emergencia urgente y existencial, la pandemia cuestiona profundamente la forma en que se organizan nuestras sociedades y la forma en que vivimos en este planeta. Más que nunca, colectivamente necesitamos una nueva brújula; en esa perspectiva, la crisis de la Covid-19 refuerza la necesidad absoluta de iniciativas transformadoras, como un audaz Acuerdo Verde europeo, o European Green Deal. Después de la crisis, necesitaremos una reconstrucción verde, que debería centrarse en las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, una reinversión masiva en servicios públicos de calidad, sobre todo en el sector de la salud, y debería contribuir a orientar toda nuestra economía hacia una transición ecológica y con justicia social. Solo entonces esta crisis conducirá a sociedades más justas, más sostenibles y más democráticas.

Estamos juntas en ello. Es hora de la Europa solidaria.

Australia arde y los temporales se ceban con la costa española. Donald Trump y Greta Thunberg se encaran en Davos. El cambio climático es una realidad científica y empírica. Y es un campo de batalla político. Afortunadamente, tanto el Parlamento Europeo como el Gobierno español son más de Greta que de Trump y han declarado la emergencia climática. En cuanto a la Comisión Europea, sin llegar a sumarse al carro de la emergencia, ha puesto su Green New Deal, o sea el “Pacto Verde Europeo”, como prioridad de su mandato para los cinco próximos años. Al menos en Europa soplan vientos favorables a la transición ecológica. Pero ¿serán vientos suficientes para llegar a buen puerto climático?

Sin duda son pasos adelante. El mero hecho de marcar la lucha climática como eje central y transversal a nivel europeo y español abre perspectivas de acción potentes. Lanza un mensaje claro tanto a actores privados como públicos para inversiones y cambios estructurales. La era de los combustibles fósiles tiene que quedar atrás y el futuro pertenece a la descarbonización de la economía. El viejo continente rejuvenece gracias a la acción climática y, ante el negacionismo o inacción de otras grandes potencias, hasta la UE tiende a liderarla a nivel mundial. Las velas del futuro son velas climáticas.

Ahora bien, que Europa lidere no significa que esté a día de hoy a la altura de las expectativas climáticas. Si bien vamos en dirección correcta, el barco europeo va lento, demasiado lento, y es probable que le pille la tormenta en plena mar antes de terminar la travesía. En otras palabras, las metas climáticas de la Comisión Europea son insuficientes. Cumplir con el acuerdo de París supone aumentar en gran medida la ambición europea a largo plazo, adelantando a 2040 la neutralidad climática, como a corto plazo, aumentando a 65% la reducción de CO2 para 2030. La carabela española tiene los mismos retos: acorde con unas metas europeas más ambiciosas, tendríamos que hablar para España de neutralidad climática también para 2040, en vez de 2050, y de 55% de reducción para 2030, en vez de 21%. 

En cuanto a contenido y si bien el Acuerdo Verde Europeo apunta maneras, el barco europeo solo está cargado a medias. De poco sirve proclamar un nuevo horizonte verde si al mismo la UE subvenciona actividades dañinas para el clima como una Política Agraria Común (PAC) intensiva en energía sucia y emisiones de CO2, es un paraíso fiscal para el queroseno de los aviones o alienta tratados de comercio e inversiones climaticidas. Para evitar estas corrientes equivocadas, es fundamental que la UE vincule su presupuesto con los objetivos climáticos de París y que la mitad de dicho presupuesto de la UE se invierta en acciones climáticas. Al mismo tiempo, la nueva PAC tendría que vincular sus subsidios a la agricultura ecológica y la alimentación sana, que haya una tasa sobre el queroseno y que cualquier acuerdo comercial con terceros países tendría que ser supeditados al Acuerdo climático de París.

Al mismo tiempo, está claro que estas diferentes medidas supondrán cambios profundos en muchos sectores económicos y en muchos empleos. Con la lección aprendida de “>los chalecos amarillos, sabemos que la transición ecológica será justa o no será. Es por tanto buena noticia que la transición justa sea una de las brújulas de la Comisión Europea y del Gobierno español. Una transición ecológica exitosa y mayoritariamente aceptada es una transición que no deje a nadie de la tripulación atrás y que luche contra la desigualdad. Y para que ecología y solidaridad vayan de la mano, es fundamental que el acceso de los Estados miembros al Fondo de transición justa creado a nivel europeo esté condicionado a los planes nacionales de eliminación de combustibles fósiles para el carbón, el petróleo y el gas.

Por último, llegar a buen puerto también implica planificar de forma coherente la ruta. Es decir, no prometer una cosa y su contrario. Y no se puede prometer por un lado alcanzar la meta del Acuerdo de París y alcanzar el crecimiento económico. Como el propio Gobierno español reconocía en 2018, España no logra desacoplar el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tampoco está pasando de forma global. En este sentido, es preocupante escuchar a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando dice que “el Acuerdo Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento”. O leer en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que la primera medida es “consolidar el crecimiento”.

Recordemos una vez más que es imposible crecer de forma infinita en un planeta finito. Ante esta realidad tozuda, un capitán o capitana valiente toma el timón contra viento y marea. Reconoce que estamos entrando en la era postcrecimiento y evalúa las implicaciones del fin del crecimiento en nuestro modelo económico y social para identificar a continuación los cambios organizativos, legislativos y socio-económicos que vendrán en consecuencia. Además, adopta indicadores alternativos más allá del incompleto PIB para medir nuestra riqueza social y ecológica, empezando por las desigualdades y la salud del Planeta. Tanto la UE como España pueden capitanear esta reflexión imprescindible para culminar una transición ecológica y justa exitosa.

Hay vientos a favor para la emergencia climática pero todavía muchos arrecifes que evitar por el camino antes de avistar y llegar a tierra.

Entre el próximo 2 y 13 de diciembre España acogerá la cumbre del Clima de las Naciones Unidas, conocida como COP25. Esta situación llega tras la decisión unilateral de cancelar el evento por parte del gobierno chileno, asediado por unas protestas sociales contra las políticas neoliberales que tanto han agravado la crisis climática y cuya represión ya ha causado al menos dos decenas de muertos. En estas terribles circunstancias, la llegada de la COP25 a Madrid supone una gran responsabilidad. Además de mostrar nuestra solidaridad con el pueblo chileno, debemos mostrar también al mundo que España quiere y puede liderar la lucha contra el cambio climático y por una transición ecológica socialmente justa. Para ello es imprescindible que, al igual que en el resto de Europa, la ecología política avance posiciones en la sociedad civil y en las instituciones. Este último es el objetivo de Más País-EQUO el próximo 10 de noviembre.

Esta cumbre llega en un momento de creciente concienciación de la ciudadanía española frente a la emergencia climática, como mostraron las masivas movilizaciones del pasado 27 de septiembre. Más aún, según un estudio recientemente publicado por el Real Instituto Elcano, los españoles consideran el cambio climático como “la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo”. No debería extrañarnos, teniendo en cuenta que en España este último año hemos vivido fenómenos cada vez más extremos y con graves consecuencias sobre nuestra economía, salud y empleos: sequías, olas de calor, inundaciones como las provocadas por la última DANA en el sureste peninsular o la catástrofe vivida en el Mar Menor.

De hecho, la crisis climática no es solo una amenaza ambiental, es también una amenaza social. Ya sea a nivel global, europeo o en España, quienes sufren principalmente el cambio climático son las personas más vulnerables y que menos lo provocaron. Es por eso que decimos que no habrá justicia social sin justicia climática. Pero, como bien demuestran acontecimientos como la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, no habrá justicia climática si no viene de la mano de la justicia social. La transición ecológica es un reto mayúsculo que va a necesitar movilizar durante la próxima década lo mejor de toda la ciudadanía. Y tenemos que hacerlo juntos, como país, a favor de las mayorías y no sólo de unos pocos privilegiados, pensando en el futuro de nuestra juventud, sin dejar a nadie atrás.

Por eso el corazón de la propuesta programática de Más País-Equo es el Acuerdo Verde: un Green New Deal para España, que impulsará la transición ecológica como la tarea estratégica de la próxima década. Es una respuesta integral, novedosa y ambiciosa a la altura del enorme reto climático. Aporta respuestas transversales para que ciudadanía, administraciones y empresas podamos cambiar lo más rápido posible y en profundidad nuestra economía y sociedad. Y utiliza la descarbonización, las energías limpias o los decenas de miles de nuevos empleos verdes como palancas para cerrar algunas de las heridas crónicas que hoy desgarran nuestro marco de convivencia, como la desigualdad social, la España vaciada, la desigualdad de género o el desempleo.

El Acuerdo Verde es también la expresión española de la “ola verde” que recorre Europa. El pasado 26 de Mayo de 2019, los verdes europeos cosecharon un resultado histórico. La subida fue tan notable, especialmente en países como Alemania y Francia, que hoy representan el 10% del Parlamento Europeo. Desde entonces, y al calor de las movilizaciones de los jóvenes encabezadas por la activista Greta Thunberg, los verdes han experimentado fuertes subidas también en las últimas elecciones de Austria o Suiza. Siguiendo esta estela verde, Más País-EQUO es una fuerza política que responde a la creciente alarma de la ciudadanía ante la emergencia climática y la traduce políticamente en soluciones responsables, transformadoras y socialmente justas.

El pasado 28 de abril, frente a la amenaza de la extrema derecha, que en su paquete de involuciones democráticas lleva también el negacionismo climático, la ciudadanía española hizo su parte y salió a votar en masa por un gobierno progresista. Con una enorme dosis de irresponsabilidad, los partidos del 28A no estuvieron a la altura de este mandato electoral, dando una segunda oportunidad a quienes nos pueden hacer perder la década decisiva para la transición ecológica. Desgraciadamente la crisis climática sigue su curso se pongan o no de acuerdo las fuerzas progresistas. Por eso, hoy es más necesario nunca una fuerza política responsable y ambiciosa como Más País-Equo que aúne ser inequívocamente verde con la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos. Una fuerza que impulse la ola verde y de Los Verdes Europeos en España. Una fuerza que ponga el clima por delante de los intereses de las siglas.

Los Verdes han triunfado en las elecciones europeas. Con más de 70 eurodiputados, cuarto grupo en la eurocámara, segunda fuerza en Alemania y tercera en Francia, tienen la capacidad de marcar la agenda de la futura Comisión Europea convirtiendo la emergencia climática y la transición ecológica justa en prioridades políticas e institucionales a nivel continental. 

Al mismo tiempo, esta ola verde sigue sin penetrar en el sur y en el este de Europa. A medio y largo plazo, esto es un obstáculo para que Los Verdes además de marcar la agenda comunitaria puedan también disputar la hegemonía política a los grupos conservadores, socialdemócratas y liberales europeos y liderar un futuro esperanzador en la UE. Esto solo será posible con referentes verdes fuertes y potentes en países como España. Pero el espacio verde de aquí, marginal en solitario o arrinconado en Unidas Podemos, no ha sido hasta el momento capaz de florecer ni estructurar la vida política de nuestro país. 

La ecología política en España, no obstante, es tan o más necesaria que en otros países europeos. Por un lado, la ciudadanía española es una de las más afectadas por el cambio climático, la contaminación del aire o la pérdida de biodiversidad. Por otro lado, impulsar una transición ecológica justa y ambiciosa en forma de Green New Deal generaría enormes oportunidades sociales y económicas, poniendo a España a la cabeza de Europa en la prosperidad del futuro. De hecho, la crisis de los chalecos amarillos dejó bien patente que la ecología es una cuestión de igualdad y justicia social. Ya que, como afirma Naomi Klein, el cambio climático lo cambia todo: las cuestiones ecológicas atañen directamente a nuestros derechos, empleos, salud, costumbres y calidad de vida. Por eso, para abrir horizontes de esperanza para la ciudadanía en el siglo XXI, no basta con asumir algunas propuestas ecologistas de forma sectorial, sino que es imprescindible transversalizar y poner la ecología en el centro de la acción política. El espacio verde es ese proyecto capaz de reconciliar la lucha por llegar a fin de mes con la lucha contra el fin del mundo. 

Pero mientras marcaba los debates políticos más allá de los Pirineos, la perspectiva ecológica apenas se vislumbró en la campaña electoral de las últimas elecciones generales del 28A. Una ausencia que, paradójicamente, demuestra que el tablero político estatal, tras el cierre del último ciclo político, deja libre el espacio ecosocial. Además, las movilizaciones de la Juventud por el Clima desde el 15M climático apuntalan una hegemonía cultural naciente con capacidad de tener su propia expresión política. Pasada la ola de indignación que emergió hace cinco años, existe el caldo de cultivo ahora para una respuesta constructiva frente al cambio climático, la desigualdad de género, la cuarta revolución industrial o la complejidad de las interdependencias territoriales, sociales y ecológicas. Es decir, hay espacio para un proyecto de país transformador a la altura de los grandes retos de nuestro tiempo. 

Para conseguirlo, la ecología política española debe afrontar una profunda refundación. Desde EQUO, partido verde español miembro del Partido Verde Europeo, tenemos que ser los primeros en hacer nuestra parte. En 2011, al calor de las movilizaciones del 15M, supimos aglutinar el espacio verde español en una misma fuerza política, ponernos a la vanguardia en la defensa del ecofeminismo o la celebración de primarias y, más adelante con una presencia institucional sin precedentes, ser determinantes en avances políticos de calado como el plan Madrid Central o el fin del carbón. 

Sin embargo, el pasado 26M terminamos este ciclo político extenuados, malheridos colectivamente y sin rumbo estratégico. La pérdida de presencia institucional a todos los niveles, el haber quedado fuera del Parlamento Europeo y el declive en afiliación e ilusión han menoscabado nuestra capacidad de iniciativa e influencia política. Si bien mantenemos posiciones institucionales notables en Madrid, País Valenciano, Euskadi o Baleares, este cierre de ciclo político ha vuelto a dejar el espacio verde reducido, difuso y en disputa. Por supuesto, esta situación tiene mucho que ver con las propias dinámicas del espacio del cambio y con una restructuración continua e inacabada del tablero político estatal. Pero tampoco podemos obviar nuestros propios errores y las estrategias políticas, organizativas y comunicativas que nos han relegado a una visión sectorial y supletoria de lo verde. 

Ante esta situación y aprovechando un periodo de relativa paz electoral que se abre ahora, empecemos un proceso de reflexión profundo que permita al espacio verde romper los techos de cristal que le impiden ocupar el lugar que requiere el momento histórico. Con audacia e innovación, es el momento de redefinir el papel y objetivos de la ecología política española dentro de una Europa cada vez más verde, revisar nuestras estructuras organizativas actuales, repensar nuestros liderazgos colectivos y recuperar la ilusión con la ola verde. Y debemos hacerlo sin apriorismos, sin dogmas, con apertura y a sabiendas de que existen otros actores políticos que hoy se acercan a los postulados de Los Verdes Europeos, como Más Madrid, Compromís, los Comunes, MES y otros sectores progresistas.

 El espacio verde de mañana no será un partido ecologista que solo hable a un nicho ecologista, ni otro que ponga por delante la unidad de la izquierda como fetiche. Sino que, en la línea de Los Verdes Alemanes o de Alexandria Ocasio-Cortez, tiene la oportunidad de ser un proyecto transversal, plural y cooperativo para la mayoría donde la transición ecológica, el feminismo y la justicia social sean los ejes centrales que lo cambien todo. Un espacio político que, al mismo tiempo, tenga claro que su referencia a nivel europeo es el espacio de futuro: Los Verdes Europeos.

La juventud por el clima tiene razón: esto es una emergencia climática. Según los científicos internacionales nos quedan 11 años para introducir cambios drásticos y sin precedentes en nuestro sistema social y económico antes de llegar al punto de no retorno. El cambio climático es el mayor reto del siglo XXI. Como dice Naomi Klein, lo cambia todo. Ante ello, solo puede haber una respuesta por parte de las instituciones: acción política urgente para cumplir con el Acuerdo Climático de París y evitar un aumento de las temperaturas de más de 1.5ºC. 

Declaremos el estado de emergencia climática 

Declaremos el estado de emergencia climáticaEmpecemos por declarar el estado de emergencia climática. Todas las instituciones y actores políticos, económicos y sociales deben implicarse urgente y colectivamente para abordar esta crisis climática. A continuación, es imperioso aprobar una Ley de Cambio Climático, tanto a nivel español como europeo, que establezca la vía para reducir más de un 55% nuestras emisiones de CO2 antes de 2030 como propone el Parlamento Europeo y acciones concretas en tres sectores fundamentales: la energía, el transporte y la agricultura. 

Primero necesitamos una transición energética rápida y potente. Además de una reducción sustancial de la demanda energética final, se traduce por el cierre de las centrales de carbón y nucleares para 2025 en España, el fin de las subvenciones a las energías sucias fósiles y un sistema eléctrico 100% renovable en 2030. Esto es un primer paso fundamental para alcanzar emisiones netas cero en 2040. 

Segundo, requiere una revolución de la movilidad a favor de la salud y del clima. Antes de 2030, España tiene que abandonar los coches con motor de combustión. Eso será posible dentro de una movilidad innovadora y eléctrica, que reduzca de forma drástica el número de coches individuales y apueste por el transporte público, el coche compartido, la bici y unas ciudades a escala humana. A nivel de país y continental, no nos engañemos más: hay que reducir el tráfico aéreo mientras reforzamos una gran red ferroviaria española y europea para pasajeros y mercancías. 

Tercero, terminemos con el modelo agroalimentario low-costmodelo agroalimentario low-cost que destruye el clima y convierte a España en el estiércol de Europa. Es hora de un modelo agroecológico que ponga en el centro al campesinado respetando el clima, nuestra salud y a los animales. En concreto, financiemos la transición del campo hacia la agroecología a través de la Política Agrícola Común, pongamos una moratoria sobre macrogranjas y macromataderos, tasemos la carne y reduzcamos mínimo a la mitad para 2030 la producción y consumo de carne, huevos y lácteos. Es el momento de apostar con orgullo por nuestra dieta mediterránea. 

Sin duda, estas diferentes medidas supondrán cambios profundos en muchos sectores económicos y en muchos empleos. Con la lección aprendida de los chalecos amarillos, sabemos que la transición ecológica será justa o no será. Por eso desde EQUO proponemos una transición ecológica que no deje a nadie atrás, que ponga en el centro a las personas atrapadas en el viejo mundo, ya sea las que dependen del coche privado para ir a trabajar o las comunidades de las cuencas mineras, y les ayuda a entrar en el nuevo mundo lleno de oportunidades. Por ejemplo, limitar los impactos del cambio climático crearía 18 millones de puestos de trabajo netos en sectores sostenibles. Ecología y justicia son dos caras de la misma moneda. 

Es un problema sistémico 

Es un problema sistémicoAdemás de estos objetivos concretos y sensatos, es también necesario un profundo cambio sistémico. Hoy el fetiche del crecimiento económico se ha convertido en el principal problema para el planeta y la justicia social. Ya que es imposible crecer de forma infinita en un planeta finito y que la era del crecimiento ya ha terminado, construyamos una nueva prosperidad económica capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía respetando los límites ecológicos del planeta. 

Con este fin, los Verdes europeos hemos propuesto una “comisión de investigación” en el Parlamento Europeo sobre la era post-crecimiento en la que entramos. Su objetivo sería evaluar las implicaciones del fin del crecimiento en nuestro modelo económico y social e identificar los cambios organizativos y legislativos que vendrán en consecuencia. Además, adoptemos indicadores alternativos más allá del incompleto PIB para medir nuestra riqueza social y ecológica, empezando por las desigualdades y la salud del Planeta. 

Por último, tanto en la Comisión Europea como en cada Estado miembro, necesitamos un Ministerio de Transición Ecológica Justa. Debido a que la transición es transversal por definición y afecta a todos los sectores, este Ministerio debería supervisar a todos los demás ministerios y ser capaz de realizar los arbitrajes necesarios, como rechazar tratados de comercio e inversiones contrarios al Acuerdo de París. Es una cuestión de coherencia. 

La indispensable movilización social y política 

La indispensable movilización social y políticaNadie ha dicho que vaya a ser fácil, pero podemos lograrlo. Para ello, necesitamos que la movilización ciudadana que ya ha estallado en este histórico “15M climático” siga creciendo y se mantenga en el tiempo. Es el momento de implicar a cada vez más gente en esta lucha transversal: jóvenes, personas mayores, organizaciones ecologistas, feministas y sociales, sindicatos, organizaciones de consumidores, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, etc. Esta presión social será imprescindible para que la agenda política no se desvíe hacia debates superficiales que nos alejen de afrontar el reto climático, pues los intentos serán múltiples y constantes. 

Será también necesario asegurar mayorías parlamentarias que apuesten decididamente por la transición ecológica justa y la acción climática como una gran oportunidad para nuestra economía y la cohesión social. Sabemos cómo hacerlo. Transformemos la indignación climática en el principal motor del cambio hacia un mundo justo y sostenible.

Las relaciones con Marruecos son estratégicas para España y para la Unión Europea. Pero estas relaciones no pueden ser a cualquier precio y sacrificar el Estado de derecho y el derecho internacional ante los intereses económicos y diplomáticos. Es sin embargo lo que hacen los Reyes, el Gobierno español, la Comisión Europea, el PP, PSOE y Ciudadanos. Cuando se trata de Marruecos, el respeto del derecho pasa a ser secundario.

De hecho, la visita de los reyes de España a Marruecos ha coincidido con la votación en el Parlamento Europeo del Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que se suma al ya aprobado en enero de Asociación y que permite la entrada de productos agrícolas. Este es un buen momento para recordar el artículo 3.5 del Tratado de la Unión Europea, en el que queda claro que la acción exterior de la UE ha de estar guiada por el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Es exactamente lo que advertí en el momento de la votación a mis compañeras y compañeros en la eurocámara: los eurodiputados no estamos por encima de la ley. Y esa ley en este caso es un principio básico del derecho internacional y recordado dos veces por el Tribunal de Justicia Europeo (véase aquí y aquí): no se pueden aplicar acuerdos internacionales a un territorio sin su consentimiento.

Sin embargo, una vez más, una mayoría de eurodiputados, entre los que se encontraban los del PP, PSOE y C’s, decidieron que pesan más en la balanza los intereses económicos y diplomáticos que el derecho internacional y europeo. ¿Cómo, si no, se puede entender que los partidos tradicionales y sus representantes desoigan las advertencias de organizaciones tan prestigiosas como Human Rights Watch y avalen la explotación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos? ¿Cómo, si no, se puede entender que desoigan otra organización de renombre como Freedom House que nos dice que el Sahara Occidental es uno de los territorios con menos libertad en el mundo, incluso por detrás de Arabia Saudí?

El acuerdo de pesca aprobado ayer, junto con el de asociación aprobado el pasado mes de enero, son síntomas de una profunda hipocresía institucional. Por un lado, se defiende el Estado de derecho a ultranza en algunas regiones del mundo, mientras que con otras hacemos la vista gorda, alabamos los escasos progresos y escondemos los claros retrocesos, incluso si se trata de una flagrante ocupación ilegal de un territorio no descolonizado como es el Sáhara Occidental. Con esta política de geometría variable, la UE se convierte en cómplice de facto de la ocupación marroquí, socavando los esfuerzos de Naciones Unidas para negociar una solución justa, duradera y acorde a derecho para el Sahara Occidental.

Así las cosas, los partidos tradicionales, los Reyes y la Comisión Europea cargan una vez más sobre los hombros de la ciudadanía y la sociedad civil el deber de mitigar los efectos de su irresponsabilidad. Tal y como he hecho constar en el acta del pleno del Parlamento Europeo tras la votación del acuerdo, la mayoría conservadora, social-demócrata y liberal no solo han dado licencia a faenar a los pescadores sin la más mínima seguridad jurídica, sino que además han convertido a los consumidores europeos en rehenes y cómplices de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. De hecho, incluso la propia Comisión Europea ha reconocido que no va a poder diferenciar productos marroquíes de los saharauis, ya que en el etiquetado de ambos aparecerá como lugar de procedencia “Marruecos”. Un escándalo en toda regla.

Y aquí, quiero apelar a esa gran mayoría de consumidoras y consumidores españoles que creen que la manera de consumir es una herramienta útil para cambiar el mundo. Porque solo optando por consumir de una forma consciente, evitando productos con etiqueta de Marruecos, podremos tener la certeza de no estar contribuyendo a la ocupación del Sáhara Occidental y el silenciamiento del Estado de derecho y los derechos humanos. Y esto tendría que ser así hasta que no se tomen medidas para evitar que se importen productos saharauis como si fueran marroquíes.

También quiero apelar a las organizaciones agrícolas para que se movilicen, junto con las asociaciones de consumidores, contra estos acuerdos comerciales. Los tomates del conflicto y otros productos del expolio que inundan nuestros supermercados son una competencia desleal frente a una producción local que sí respeta el Estado de derecho y los derechos humanos.

Hoy, más que nunca, no seamos cómplices de unas políticas cínicas y sin escrúpulos. Seamos parte de la solución.

Lo hemos oído una y mil veces: “el espacio del cambio”, “las ciudades del cambio” e incluso “el año del cambio”. Parecía claro a qué nos referíamos, pero ahora nos encontramos con Vox defendiendo el “cambio” y, para más inri, en verde.

Entonces, ¿qué es el cambio?

El cambio puede tener significados muy dispares y se asocia a fuerzas políticas y sociales diferentes dependiendo del momento y el lugar. En España, desde aquel 15 de mayo histórico, millones de voces anónimas conseguimos que “el cambio” significara la esperanza compartida de dejar atrás una época oscura de estafa económica, corrupción estructural y baja calidad democrática. Ese “cambio” comenzó a tomar forma reconfigurando el tablero político surgido de la Transición y llegando a las alcaldías de las mayores ciudades de España. Pero, sobre todo, puso en la agenda nuevas políticas a favor de las personas basadas principalmente en dos grandes pilares: la regeneración democrática y los derechos sociales.

Por su parte, en países como Alemania, Holanda, Bélgica o Luxemburgo, son los partidos verdes quienes están sabiendo liderar las esperanzas de cambio político, social y económico. Ponen en el centro una nueva forma de hacer política y democracia, al tiempo que combinan la justicia social con la necesaria transición ecológica. A medida que la ecología se ha hecho más importante para la salud, la solidaridad y el empleo, los partidos tradicionales no han podido competir ante la coherencia y liderazgo de los verdes en esta cuestión.

El cambio en la encrucijada

Las posibilidades de hacer efectivo este cambio están ahora en una encrucijada en nuestro país. Si bien el auge del movimiento feminista y la visión política de las ciudades del cambio han logrado mantener viva esta esperanza en los últimos tiempos, la adaptación reactiva del sistema político amenaza con dejar en anécdota histórica lo que parecía un proceso de transformación imparable.

Por un lado, España ha dejado de ser la bella excepción europea ajena al auge de la extrema derecha. La irrupción de Vox materializa la respuesta reaccionaria a los avances que desde 2015 hemos conseguido acelerar en nuestro país y va más allá, con un cuestionamiento xenófobo, machista y excluyente a gran parte de nuestros principios de convivencia en sociedad. Siguiendo la estela de Trump, Le Pen, Salvini o Bolsonaro, Vox plantea un “cambio” más bien negro“, arrastrando a los partidos de derechas hacia posiciones peligrosas sobre la violencia de género, la inmigración, la educación o el maltrato animal.

Por otro lado, y en sentido contrario, el Gobierno del PSOE trabaja para liderar a nivel institucional la agenda progresista y lo hace entendiendo la creciente relevancia de los movimientos feminista y ecologista. Pese a basarse a menudo en una política de gestos, esto podría fagocitar y dejar fuera de juego al espacio de cambio real surgido del 15M.

Reverdecer el cambio

Ante este escenario, no podemos permitirnos caer en el desánimo. Al contrario, el espacio del cambio español necesita rearmarse urgentemente para seguir marcando el camino y seguir siendo el referente político de la ciudadanía del cambio.

Y la respuesta puede estar, precisamente, en el verde. Sigamos el ejemplo de lo que ya estamos haciendo en el corazón de Europa, donde los verdes nos estamos convirtiendo en la principal alternativa progresista a la extrema derecha y a la decadencia de los partidos tradicionales. Allí, lo estamos haciendo ofreciendo una propuesta ilusionante y creíble ante los retos ecológicos, económicos y sociales, responsable ante el momento político y desacomplejada en valores. Frente al discurso del miedo, el odio y la instrumentalización de las personas refugiadas, son más fuertes la solidaridad, la esperanza y los brazos abiertos. Frente al repliegue identitario y nacionalista excluyente, cada vez más gente prefiere reconocerse como una sociedad acogedora, interdependiente y europea. Frente a las grandes corporaciones y la urgencia climática, ganan el empleo verde, la transición ecológica justa y las nuevas oportunidades económicas.

Sigamos también el ejemplo de las ciudades del cambio, donde la implicación de referentes ecologistas ha sido clave para mantener viva la llama del cambio construyendo ciudades sostenibles y solidarias. Ciudades que salvan vidas abriendo sus brazos a las personas refugiadas y volviendo su aire más respirable. Lo hemos hecho en confluencias políticas plurales y abiertas, donde dar voz y espacio a las diferentes sensibilidades del cambio ha permitido sacar lo mejor de nosotros mismos y dar respuestas a la altura de las expectativas ciudadanas.

Ante el auge de fuerzas xenófobas, reaccionarias y antieuropea, el voto en las elecciones de mayo será crucial para el futuro de nuestro país y para el futuro de Europa. Las alianzas que el movimiento de cambio de nuestro país teja con los movimientos de cambio de otros países serán decisivas para para avanzar hacia una España y Europa sostenibles, solidarias y más democráticas. Es el momento de reverdecer el cambio en España y conectarlo con el cambio verde en Europa.

Nadie los esperaba. Sin partido, sin ideología. En cuestión de días se han colocado en todas las portadas europeas y han hecho recular al mismísimo presidente de la República francesa. ¿Pero, quienes son los “chalecos amarillos”? ¿Revolucionarios modernos o reaccionarios anti-ecología? ¿Y qué lecciones podemos aprender desde España? Veamos.

Primero recordemos el contexto político francés: no es nada boyante para Emmanuel Macron y su gobierno. Con una cuota de popularidad por los suelos, el presidente galo enfrenta graves dificultades desde este verano. Además del 'escándalo Benalla', la dimisión del popular ministro ecologista Nicolas Hulot puso en evidencia que quien gobierna en Francia son los lobbys agroindustriales de la energía nuclear y de la caza.

No obstante, no había cuajado hasta ahora ninguna línea fuerte de oposición o movimiento que ponga en jaque a la mayoría absoluta de la que goza. Hasta ahora. Con los “chalecos amarillos”, el gobierno francés se enfrenta a una revuelta auto-organizada, sorprendente, polimórfica, líquida, sin afiliación partidista o sindical, y apoyada por una gran mayoría social del país. Y desde su típico desprecio a cualquier tipo de oposición, sea parlamentaria o social, Macron no ha sabido hasta el momento contrarrestarlos.

Una política equivocada, injusta e insostenible

Y eso que la reivindicación inicial de los chalecos amarillos era muy básica: oponerse al aumento del precio del carburante. Es lógico: los chalecos amarillos representan en su mayoría a gente que proviene de regiones periurbanas donde los recortes y la austeridad han mermado los servicios públicos y la presencia del Estado en materia de sanidad, seguridad o transporte. Más aún, las leyes que promovió Macron cuando era ministro de Hollande aceleraron este fenómeno quitando servicios ferroviarios para sustituirlos por autobuses low cost, de los que muchas líneas ya han cerrado. Resultado, la gente aislada de pequeñas ciudades y pueblos del interior no tienen otra que coger el coche para cubrir distancias importantes. En el presupuesto familiar de la Francia vacía, uno tiene que decidir entre pagar la gasolina o pagar las facturas.

Lo cierto es que, de forma estructural, muchos franceses están atrapados en un sistema socio-económico perverso. Durante décadas, el Estado francés y el lobby automovilístico apoyaron el desarrollo industrial del coche diésel así como la expansión urbanística dependiente del coche individual. En un país donde aumentan las desigualdades, la dilatación periurbana no ha parado de expulsar a las personas más humildes y también a las clases medias lejos de los centros urbanos y de multiplicar los trayectos motorizados en zonas rurales con escuelas o servicios básicos cada vez más lejanos. Los chalecos amarillos son los perdedores de una política industrial y territorial equivocada e insostenible.

Transición ecológica y justa, caras de la misma moneda

Ahora bien, ¿no aumentar el precio del carburante es la respuesta correcta? Seamos claros: no. Hoy la fiscalidad ecológica es altamente necesaria para luchar contra la contaminación del aire y contra el cambio climático, para moderar el uso del coche individual y repensar nuestro modelo territorial, reducir la factura petrolera y nuestra dependencia a dictaduras como Arabia Saudí, anticipar el fin del petróleo barato y abundante así como para acelerar nuestra transición hacia las energías renovables y una movilidad sostenible.

Pero esto funcionará únicamente si los poderes públicos ponen en el centro de sus políticas ecológicas a las clases dependientes del coche contaminante y les ayudan a dar el salto a otro modelo más sano y sostenible. Porque lo que está realmente en cuestión es si utilizamos la transición ecológica para reforzar el statu quo y profundizar las actuales desigualdades o, por el contrario, como una oportunidad para construir una sociedad más justa y deseable con sus enormes beneficios en términos de empleo y salud. Por eso no hay duda, para ganarse a las personas atrapadas en el sistema, la transición ecológica sólo puede ser justa y no dejar a nadie atrás. Ecología y justicia son dos caras de la misma moneda.

Exactamente lo contrario de lo que hace Macron. Después de suprimir el impuesto sobre el patrimonio en favor de las clases más ricas, abandona a las clases populares y medias periurbanas al no redistribuir lo suficiente la fiscalidad ecológica. De los 33 mil millones que puede recaudar con el aumento del precio de los carburantes, solo revierte 7 mil millones en medidas de acompañamiento social. No puede ser: cada euro recaudado con la fiscalidad ecológica tiene que ir a la transición justa. Cada euro recaudado tiene que ayudar a las personas trabajadoras que hoy no tienen otra que ir en coche para trabajar, poniendo a su disposición métodos alternativos para moverse (coche compartido, transporte público eficiente en zonas rurales como ya hacen Alemania o Italia, etc.), ayudas económicas para comprar un coche más limpio y, a más largo plazo, una remodelación territorial sostenible.

Y por último, no nos olvidemos de los fabricantes automovilísticos. Se han aprovechado durante años de la política del gobierno a favor de una tecnología peligrosa para la salud. Como vimos con el 'dieselgate', además han mentido de forma repetida y sistemática sobre las emisiones reales de sus vehículos. Es hora de que contribuyan a la transición ecológica y justa, de modo que parte de sus beneficios acumulados vaya a la reconversión de sus trabajadores y a tecnologías más limpias para así abandonar cuanto antes la producción de coches dañinos para la sociedad.

No, Macron no es el presidente de la transición ecológica. Y lo es aún menos de la transición justa. Sin embargo, su reacción de recular ante este estallido social es una oportunidad para aprender dos lecciones fundamentales que ayuden a llevar a cabo dicha transición. Primero, es necesario escuchar el hartazgo social, fruto de un profundo malestar ante políticas injustas. Conviene entender el profundo sentir de abandono y desigualdad para evitar que pase factura en las calles y dé alas a la extrema derecha. Segundo, es necesario dar respuestas a la altura de los retos del siglo XXI que sean a la vez sinceras (nuestro modelo de desarrollo es insostenible), empáticas (hay que ayudar los que más sufren y pierden) y de futuro (abren oportunidades sociales). Ya sea en Francia, en España o en el resto de Europa, la transición ecológica será justa o no será.

El pasado 17 de septiembre, más de 200 científicos de diversas disciplinas firmaron una carta abierta publicada en varios diarios europeos. En ésta, abogan por una ruptura con el modelo económico centrado en el crecimiento económico y la competitividad, y denuncian la devastación tanto a nivel ambiental (cambio climático, agotamiento de los ecosistemas, extinción de especies, ¡incluida la nuestra!) como a nivel social (explosión de desigualdades, pérdida de identidad...). Este texto firmado por economistas, expertos en derecho laboral, doctores en ciencias ambientales, sociólogos, epidemiólogos, etc. precedió a una conferencia sobre el “post-crecimiento” celebrada en el Parlamento Europeo los dos días siguientes. Este evento, propiciado por los eurodiputados verdes y apoyado por eurodiputados de otros cuatro grupos políticos, tuvo como objetivo abrir la caja negra de los modelos económicos neoclásicos y crecentistas que sustentan la toma de decisiones políticas. 

La conferencia también tenía como objetivo allanar el camino para liberar a Europa de las garras del crecimiento económico. Desde la década de 1970, la caída ha sido escalonada pero constante, y la OCDE anunció en 2014 que el crecimiento de las economías de los países ricos sería de medio punto porcentual anual de aquí a 2050. Sin embargo, si “gobernar es planificar”, como líderes políticos, es nuestro deber anticipar las implicaciones de este declive estructural y extraer las consecuencias para garantizar el interés general. De hecho, hoy en día, el pago de las pensiones y el desempleo, así como el reembolso de las deudas públicas y privadas (que son el doble de las públicas) se basan en el crecimiento. En nombre de la justicia y de la paz social, sería irresponsable no buscar alternativas a este estancamiento que, además, da alas a todos los extremos. 

A este respecto, la conferencia “post-crecimiento”, dirigida a representantes de instituciones europeas y nacionales, ONG, grupos de reflexión y universidades, reveló diversos obstáculos y oportunidades. En primer lugar, está claro que el bagaje cultural del establishment se nutre de la teoría económica neoclásica y del dogma del crecimiento. Esto, junto a la ignorancia de enfoques alternativos y de otras ciencias ambientales, es un obstáculo para la comprensión de nuevos paradigmas que están mucho más adaptados al siglo XXI. De ahí la necesidad de multiplicar los espacios de encuentro entre las diferentes disciplinas científicas y las diferentes corrientes del pensamiento económico. 

Pero para ello necesitamos superar, de una vez por todas, las disputas terminológicas. El vocabulario utilizado por cada actor no debería ser ya un obstáculo. A pesar de que desacuerdos metodológicos y políticos hayan sido claramente identificados, es cierto que existe un deseo compartido de trabajar por el bien común. Dejemos, pues, de desesperarnos por el “crecimiento” o “decrecimiento” del Producto Interior Bruto (PIB) porque, si en algo estamos de acuerdo, es que el PIB no es un indicador del bienestar, ni tiene en cuenta los desarrollos sociales, tecnológicos y ecológicos actuales. Así pues, lo importante es que nuestras leyes y políticas públicas apunten y cumplan un objetivo claro: satisfacer las necesidades de la ciudadanía respetando los límites ecológicos del planeta. 

Un proyecto ante todo democrático 

En vista de estos debates, nosotras/os, los Verdes, compartimos las demandas de los científicos que piden la creación de una “comisión de investigación” en el Parlamento Europeo sobre la situación futura de post-crecimiento. Su objetivo sería evaluar las implicaciones del fin del crecimiento (que pronto dejará de ser tabú) en nuestro modelo económico y social e identificar los cambios organizativos y legislativos que vendrán en consecuencia. En este caso, compartimos la idea de convertir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es la fuente de la consolidación fiscal permanente, en un pacto de Estabilidad y Bienestar. Éste es el espíritu que nos dio alas cuando, en 2011 y 2013, el Pacto fue reformado y endurecido precipitando, así, a los Estados miembros un poco más hacia la austeridad. Desafortunadamente, en ese momento, nuestras enmiendas destinadas a poner en igualdad de condiciones los objetivos presupuestarios por un lado y los objetivos ambientales y sociales por el otro no recibieron el apoyo necesario. 

Ya propusimos, en este marco y posteriormente en diferentes ocasiones (como en la asignación de los cientos de miles de millones de euros recaudados por el fondo “Juncker”), el uso de indicadores alternativos como los que miden las desigualdades o el uso de recursos naturales. También estamos de acuerdo con la propuesta de establecer en cada Estado miembro, también en la Comisión Europea, un Ministerio de la Transición. Sin embargo, debido a que la transición, de naturaleza transversal, afecta a todos los sectores políticos, este Ministerio debería supervisar a todos los demás ministerios. Además, debe ser capaz de realizar los arbitrajes necesarios trabajando siempre por el interés general, también teniendo en cuenta la equidad intergeneracional. 

Finalmente, añadimos una quinta demanda, un requisito previo: una transición socialmente justa que respete los límites del Planeta requiere la emancipación de las estructuras de poder de los grandes grupos de presión industriales y de los tenedores de capital que defienden sus intereses financieros a corto plazo. Y para que esto ocurra, la movilización activa y convencida de la ciudadanía, de los sindicatos, ONG, PYMEs y movimientos sociales es fundamental, pues este proyecto que defendemos es, ante todo, un proyecto democrático.

Por primera vez, el calentamiento global ya ha alcanzado 1ºC. Si queremos limitarlo a 1.5ºC como establece el Acuerdo Climático de París, los/as expertos/as climáticos/as internacionales no dejan dudas: hay que actuar más rápido y con más ambición. No solo para evitar los costes de una catástrofe humanitaria inimaginable sino también para aprovechar la oportunidad social y económica que representa ir hacia un modelo limpio y responsable. Desde España, recojamos el guante lanzado por la comunidad científica y seamos líderes de esta transición justa y ecológica en Europa. El nivel de ambición de nuestro país puede ser realmente decisivo. Veamos por qué y cómo.

¿Qué nos dicen los científicos internacionales?

¿Qué nos dicen los científicos internacionales?Lo primero de lo que nos alerta el comité de expertos/as en su informe es de los enormes impactos de un aumento de temperatura de más de 1,5ºC en términos de costes sociales, económicos y ecológicos. ¿Os imagináis una Andalucía sin olivos, una Rioja sin vino, una Valencia sin naranjas o un Euskadi sin playas? Con una temperatura media 2ºC más alta, esto deja de ser una hipótesis. Gran parte del sur de España se convertiría en un desierto de aquí a finales de este siglo, con sus incalculables consecuencias sobre el empleo, la economía y la cultura de los territorios afectados. Si no actuamos de forma rápida y eficaz, los migrantes climáticos de las próximas décadas en Europa serán trabajadores y ciudadanos del sur español.

Al mismo tiempo, los expertos nos mandan una buena noticia: todavía estamos a tiempo de cumplir con el Acuerdo de París. Y sobre todo, conseguirlo abriría nuevas oportunidades sociales y económicas inauditas. Además de reducir las olas de calor y proteger la biodiversidad que sustenta nuestra supervivencia, ahorraríamos 26 billones de euros, crearíamos 18 millones de puestos de trabajo netos en sectores sostenibles y evitaríamos 150 millones de muertes en el mundo por contaminación atmosférica.

Para lograrlo, es necesario dar un gran salto en el nivel de ambición. Frente a las insuficientes políticas de reducción de emisiones actuales que nos llevan a un aumento de temperatura de unos 3ºC, medidas sin precedentes son necesarias y pasan por transformar profundamente el sector de la energía, la industria, el transporte y la agricultura. Necesitamos una transición rápida hacia una energía 100% renovable, la eliminación definitiva de los combustibles fósiles empezando por el carbón, reducir las emisiones que provienen de la ganadería y la agricultura, así como aumentar la capacidad de nuestros bosques y tierras de cultivo de eliminar el carbono ya en la atmósfera. En paralelo a estas políticas públicas, cambiar nuestro modelo de vida es una prioridad: contratar energía verde, reducir nuestro consumo de carne o movernos de forma sostenible tendrían un gran impacto positivo sobre nuestra salud y nuestro entorno.

Liderar la necesaria ambición

Tras la decisión de Donald Trump de sacar a EEUU del Acuerdo de París, la falta de liderazgos climáticos a nivel internacional quedó patente durante las últimas cumbres internacionales. Esto no puede durar: la UE tiene la capacidad y la responsabilidad de liderar la necesaria ambición internacional que nos permita limitar el cambio climático y aprovechar las enormes oportunidades que eso supondría. En este sentido, la estrategia europea de descarbonización que será aprobada a finales de noviembre debería estar a la altura de nuestros compromisos internacionales, ser nuestra carta de presentación en la próxima cumbre climática (COP24 en Polonia) y servir como hoja de ruta para alinear todas las legislaciones sectoriales y nacionales al enorme reto que tenemos por delante.

Sin embargo, la UE no termina de dar el paso al frente que la situación requiere. Si bien el Parlamento Europeo muestra ambición pese a las presiones de los partidos conservadores y de los lobby automovilísticos, energéticos y del agrobusiness, los Estados Miembros frenan por su parte un salto cualitativo de la política climática europea. Y aquí es donde España puede propiciar un punto de inflexión. Al igual que con el 8M el movimiento feminista español está empujando al resto de Europa hacia la igualdad de género, demos el empujón que Europa necesita hacia la justicia climática.

A nivel institucional y tras el cambio de gobierno, España puede decantar la balanza dentro de la UE hacia la transición ecológica. Ahora que ha eliminado el impuesto al sol, el Gobierno español todavía puede ir un paso más allá. Puede aumentar su ambición de reducción de CO2 de forma ejemplar de cara a sus socios europeos antes de COP24, impulsar una ley de cambio climático realmente ambiciosa y transversal, y terminar de una vez por todas con las subvenciones a las energías sucias que tanto dificultan la transición energética en nuestro continente.

A nivel político el cambio climático lo cambia todo. Guste o no, condiciona cualquier política económica, de empleo, de igualdad o de salud seria. Para ello, el ciclo electoral español que se abre el próximo 2 de diciembre en Andalucía y que incluye elecciones locales, autonómicas y europeas en mayo del 2019, y en algún que otro momento generales, no puede ser otro que el ciclo electoral del cambio climático. Como país tan negativamente afectado por el calentamiento global, es una cuestión de responsabilidad. Desde las ciudades que salvan vidas hasta una Europa cuyo futuro será negro si no logra ser verde, el debate político y democrático debe atender al mayor reto que la humanidad enfrenta en este siglo XXI.

Por último, a nivel social la ciudadanía española tenemos una gran responsabilidad por delante: asegurar que nuestros representantes y todos y cada uno de nosotros/as seamos parte de la solución. Ya sea en las opciones políticas que escogemos, en nuestra capacidad de acción colectiva o en nuestro consumo diario, tenemos armas masivas de acción climática local y global.

Sí, España puede ser decisiva en la política climática europea y, por tanto, internacional. Estemos a la altura.

El futuro era esto. La revolución tecnológica y digital ha traído un mundo extremadamente interconectado, abriendo oportunidades democráticas y retos económicos hasta ahora impensables. Al extenderse la globalización, las interdependencias y nuevas formas de gobernanza transnacional, la idea de Estado-nación está dejando paso a nuevas formas de entender los derechos civiles, la participación política y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La acumulación de la riqueza en pocas manos se ha intensificado y el poder de algunas corporaciones multinacionales ha alcanzado niveles obscenos. Por su parte, el modelo de desarrollo basado en la industrialización, el crecimiento infinito y el consumismo desenfrenado ha tocado techo a medida que las reservas fósiles en las que se cimentaba se comenzaron a agotar. El calentamiento global ya es una realidad a contener y, con él, la desestabilización climática y sus efectos en forma de desastres naturales, migraciones masivas y pérdidas económicas. La contaminación del aire, el suelo y la pérdida de biodiversidad, así como la alimentación 'low cost', empiezan a tener impactos serios en nuestras ciudades y campos, en nuestra salud y en el bienestar animal. ¿Y ahora qué?

La magnitud y urgencia de estos retos globales exigen altas dosis de realismo, responsabilidad y visión política, desde el nivel local hasta el europeo. Las recetas de ayer son inútiles para seguir asegurando la prosperidad económica y la calidad de vida de las personas en el mundo de hoy y mañana. La ciudadanía está lista para un cambio de rumbo, pero hay una política fósil en Europa que se resiste, una opción inmovilista que cree que su modelo obsoleto solo necesita un cambio estético, un poco de simbolismo y una pincelada verde. Lo hemos visto en el gobierno de Emmanuel Macron. La reciente dimisión de su ministro de “Transición Ecológica”, Nicolás Hulot, demuestra que lobbies como las eléctricas, la agroindustria o la caza son quienes llevan las riendas del ejecutivo francés. Pero también en el Gobierno de España, mientras la transformación ecológica no sea asumida como prioritaria y transversal en todas las políticas, y mientras medidas simbólicas como la recepción del Aquarius tengan las devoluciones en caliente y los CIE como la otra cara de la misma moneda. ¿El resultado? La frustración: el combustible del populismo reaccionario.

Ante el agotamiento cada vez más patente de la política fósil e inmovilista, Europa se encuentra en una encrucijada para encontrar la salida. Tiene que escoger entre la Europa xenófoba del “refugees go home” y la Europa acogedora del “refugees welcome”. Entre la Europa del sálvese quien pueda y la Europa que salva vidas.

Una es la Europa reaccionaria, la del repliegue de los Estados nacionales y el conflicto permanente de todos contra todos. Es la opción destructiva que solo sabe decir no, al tiempo que aviva los fantasmas totalitarios y amenazan con acabar con los logros de 70 años de paz en el continente. La representan Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia y Viktor Orban en Hungría, quienes se alimentan del odio y la frustración creciente en nuestras sociedades y que tienen un nuevo aliado también en Suecia. Es la opción xenófoba y cobarde, la que saca tajada de los problemas sin ponerles solución, la de los gobiernos nacionales que bloquean la acogida de refugiados que piden las ciudades refugio y el Parlamento Europeo. Una alternativa corta de miras, como el Brexit: sin visión política ni memoria histórica.

Pero hay también una Europa del cambio. La conforman por un lado una red de ciudades que salvan vidas, las que abren sus puertos, sus casas y sus brazos para acoger a los refugiados que huyen de la barbarie, sin olvidar que no hace tanto nosotros también fuimos refugiados. Es también la Europa con los estándares medioambientales más altos del mundo, la de los actores del cambio que día tras día ponen en marcha un nuevo sistema energético, alimentario y económico, así como la de las opciones políticas que desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo ponen la solidaridad, la ecología y la democracia por delante de los intereses económicos, corporativos e identitarios. Es la Europa realista y valiente, que afronta los problemas alimentada por la esperanza, al tiempo que defiende sus valores fundacionales.

En este camino, la Europa del cambio y las ciudades del cambio van de la mano porque tienen objetivos comunes. El creciente movimiento verde está aportando ejemplos pioneros de cómo podemos liderar nuestras ciudades europeas para construir una Europa acogedora y transformadora que no deje a nadie atrás. Además, las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, son el vivo ejemplo de cómo la cooperación política, la transparencia y la honestidad son la manera de materializarlo y hacerlo posible. En escándalos como el Dieselgate, donde Estados y lobbies automovilísticos se cubrieron las espaldas, las ciudades fueron las mejores aliadas de quienes en el Parlamento Europeo luchamos por proteger los derechos de los consumidores y del aire que respiramos. Y ante la actitud vergonzosa y cínica respecto al Aquarius y siguientes barcos, los esfuerzos conjuntos de los ayuntamientos y el Parlamento Europeo han mostrado el camino de las sinergias necesarias para dar una respuesta digna y legal a este drama humanitario.

No hay duda. El futuro de Europa será negro o verde. Ante el inmovilismo y el populismo reaccionario, activemos la pinza del cambio: liderar desde nuestras ciudades y desde Europa la respuesta ecológica, solidaria y democrática a los retos globales del siglo XXI.

Más de un siglo de industrialización y desarrollo económico basado en combustibles fósiles ha ido degradando progresivamente nuestro medio ambiente de muchas maneras, siendo una de ellas convertir en irrespirable el aire de las ciudades. Se trata de un grave problema de salud, reconocido por la OMS, que requiere soluciones políticas de forma inmediata. El 54% de la población mundial vive en ciudades. En Europa, la cifra aumenta al 75%, y en EEUU al 82%. Entre los múltiples problemas que estos niveles de aglomeración humana provocan, la movilidad es uno de los más importantes.

La necesidad de desplazarse de forma cómoda y rápida, unido al rápido desarrollo del capitalismo y el culto a la propiedad y los bienes materiales, tienen como consecuencia una cifra espectacular de vehículos privados, la mayoría de ellos con motores de combustión. Esto provoca uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad urbana: la contaminación atmosférica.

En efecto, la calidad del aire en las grandes ciudades es tan mala y el riesgo para la salud es tan elevado que la Comisión Europea, reconociendo los avances realizados por los ayuntamientos del cambio, ha dado ya un ultimátum a ciudades como Madrid y Barcelona bajo amenaza de sanción. Las cifras oficiales de muertes por enfermedades cardiovasculares o respiratorias empequeñecen a las de muertes por accidente de tráfico, pero por razones inexplicables no tienen un efecto directo sobre la mentalidad de la ciudadanía o las administraciones.

En España, las ciudades del cambio han iniciado políticas para avanzar en una movilidad sostenible. Por primera vez las dos mayores urbes del Estado han implantado medidas de restricción de tráfico, al modo en que lo hacen otras grandes ciudades europeas. Redoblan las apuestas para reducir el número total de coches, empezando por los de diesel, así como aumentar el uso del transporte público y eléctrico, de vehículos no contaminantes como la bicicleta o el uso compartido del coche (alimentado por fuentes renovables). La pacificación o directamente peatonalización de calles es otro mecanismo común.

El objetivo es claro, reducir las emisiones para mejorar la calidad del aire. Y en las ciudades eso solo puede hacerse disminuyendo el número de vehículos en general y de combustión en particular. Retirar vehículos privados de las calles supone además tener la posibilidad de recuperar espacio público para uso y disfrute de la ciudadanía. Poder pasear en un ambiente agradable o que los niños tengan espacio para jugar debería ser una prioridad para cualquier ciudad moderna que aspire a altos estándares de calidad de vida.

Pero la capacidad de las ciudades para luchar contra la contaminación es limitada. En España por ejemplo, las competencias de transporte son estatales, y los puertos y aeropuertos son gestionados por consorcios donde los consistorios son sólo un actor más. En este contexto se hace indispensable que desde la UE se actúe de forma más contundente y coherente con la vista puesta en la salud y el bienestar de la ciudadanía, dejando en un segundo plano los criterios de crecimiento económico y los intereses de las grandes corporaciones automovilísticas y aeronáuticas. Primero, al igual que lo está haciendo la Comisión Europea al demandar varios países por incumplimiento de las normas, es necesario una aplicación estricta de la legislación existente sobre contaminación atmosférica.

Al mismo tiempo, esta acción enérgica no cuadra con las rebajas y regalos realizados a los lobbys automovilísticos y a sus Estados Miembros que los protegen (véase Alemania con Volkswagen) para que puedan seguir contaminando más. Aún más después del escándalo del Dieselgate, es urgente que la Comisión Europea termine con su doble discurso de cal y arena. Junto con el Parlamento Europeo y las ciudades del cambio, es hora de legislar a favor de la ciudadanía y no de los intereses corporativos y nacionales, y para ello es esencial mejorar las normas sobre emisiones de contaminantes (Directiva 2016/2284) y de vehículos (Euro 6).

Pero sobre todo, impulsemos un verdadero cambio social y económico donde quién contamina (y engaña) paga, quién es virtuoso gana; donde acompañamos con una transición justa a las personas trabajadoras de los sectores contaminantes como el sector automóvil hacia sectores verdes y donde nuestras ciudades apuestan por un urbanismo participativo y sostenible. Es decir, construyamos unas ciudades donde nuestros modos de vida, de producción y de consumo riman con salud y aire sano.

El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos no se podía aplicar al territorio del Sáhara occidental, por ser “un territorio distinto y separado” de Marruecos. El pasado 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la UE ha vuelto a respaldar jurídicamente al pueblo saharaui: el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no se puede aplicar al Sáhara occidental. Constituiría una violación del derecho internacional.

Teniendo en cuenta que el 91,5% de las capturas realizadas a través del acuerdo de pesca se realizan en aguas saharauis, tanto las instituciones europeas como los Estados miembros se encuentran en un vacío legal. Y sobre todo esta decisión afecta directamente a los pescadores europeos, quienes desde el martes se encuentran faenando ilegalmente y con una total incertidumbre jurídica en las aguas saharauis.

La UE tiene el deber de responder ante la sociedad europea y la industria pesquera por esta estafa económica y legal. La ciudadanía ha sido engañada y manipulada ante una actividad realizada con fondos públicos europeos (la inversión comunitaria asciende a 21 millones de €) a sabiendas de que dichas actividades en el Sáhara Occidental eran ilegales. Hoy en día, la Unión Europea es el principal socio comercial de Marruecos, una actividad comercial manchada por productos provenientes de un territorio, el cual, a día de hoy, no ha conseguido un estatuto de autodeterminación reconocido por la ONU, por culpa del bloqueo de países como Francia y España.

Esta situación no es ninguna novedad. Cuando se negoció por primera vez el acuerdo de pesca UE-Marruecos, Los Verdes Europeos nos opusimos precisamente por los motivos planteados por el Tribunal esta semana. Sin embargo, frente a la razón jurídica y por motivos puramente geopolíticos y económicos, la Comisión y la mayoría de los Estados miembros eligieron la ilegalidad. Pues bien, las cosas son claras: millones de euros de ayuda de la UE se destinaron a apoyar a la industria pesquera marroquí en el Sáhara Occidental en virtud de un acuerdo de pesca convertido en cómplice de la ocupación.

Ahora bien, ¿qué tendría que hacer la Comisión Europea? Como ya pasó con el acuerdo agrícola, lo primero, poner fin a la política de la avestruz: no reconocer los exportadores autorizados con sede en territorio saharaui de su lista, no conceder licencias de pesca a buques europeos situados frente a dicha costa y poner fin de inmediato a dichas actividades.

A nivel diplomático, las instituciones de la UE deberían llevar a cabo una política de diferenciación completa y efectiva que restrinja las relaciones bilaterales, tanto de la Unión como de los Estados miembros con Marruecos en las fronteras internacionales reconocidas. Además, debería proponer soluciones tanto para Marruecos como para el Sáhara occidental, con acuerdos que beneficien a ambos territorios y a sus pueblos. Y en concreto, debería proporcionar a las empresas pesqueras europeas un marco que se ajuste a la legalidad y ofrezca seguridad jurídica y económica a través de un acuerdo que cuente con el consentimiento del pueblo saharaui mediante su representante reconocido.

A través de esta nueva política geopolítica y económica basada en la legalidad internacional, tanto la UE como sus estados miembros, empezando por España, apoyarían los esfuerzos realizados por la ONU. Después de 42 años, debemos finalizar de una vez por todas con la complicidad ante el saqueo de los recursos saharauis. Para ello, podemos y debemos utilizar los acuerdos comercial y pesquero de la UE como herramienta a favor de una solución justa para el Sáhara occidental.

Habitamos un mundo donde las repercusiones climáticas acentúan aún más las desigualdades de género existentes y donde la desigualdad impide una lucha eficiente y justa contra el cambio climático

Cuando hablamos de cambio climático solemos evocar la imagen de un oso polar surcando en un trozo de hielo, en medio de un Ártico derretido. Pero cada vez más, los medios de comunicación nos muestran otras dos imágenes bipolares: víctimas del cambio climático (mayormente mujeres) y representantes en las cumbres internacionales sobre el clima (mayormente varones). Pero las interrelaciones van mucho más allá de reconocer a las mujeres como las principales víctimas del calentamiento global o de denunciar la falta de representación de mujeres políticas en las cumbres mundiales.

¿Cuál es entonces la conexión entre cambio climático y desigualdad de género? Ambas lacras sociales corresponden a un mismo modelo socioeconómico productivista y patriarcal basado en la sobreexplotación y en el acceso desigual a los recursos naturales, a la tierra, a los créditos o la tecnología. Un mundo donde las repercusiones climáticas acentúan aún más las desigualdades de género existentes y donde la desigualdad impide una lucha eficiente y justa contra el cambio climático.

Desde hace años, el ecofeminismo reivindica esta doble visión: solo habrá victoria climática si se desmonta al patriarcado y solo habrá una transición igualitaria si se desmonta al productivismo. Por eso es tan importante actuar de forma transversal sobre dos pilares a la vez: incorporar en la lucha contra el cambio climático a las mujeres (¡que son la mitad de la población!) e incorporar en la lucha de género la perspectiva ecológica en general y climática en particular.

En este sentido, los verdes europeos hemos reunido la semana pasada en el Parlamento Europeo a expertos de la sociedad civil, periodistas, empresas e instituciones en la conferencia “Justicia Climática: la perspectiva de género en la transición energética”. Con la participación de Vandana Shiva, de la ministra sueca Isabella Lövin o de Lolita Chávez, se recordaron realidades innegables. Las mujeres representan 20 de los 26 millones de refugiados climáticos. Si bien las mayores diferencias las encontramos en los países del sur global, también se viven en los llamados países desarrollados. Por ejemplo, tras el huracán Katrina en Estados Unidos, dos tercios de las personas que perdieron su empleo eran mujeres, mientras que en Francia, durante la ola de calor de 2003, el 65% de las muertes fueron también mujeres.

Frente a esta realidad, es necesario un planteamiento transformador que vincule y cruce, en ambos sentidos, el análisis climático y el de género (roles femeninos y masculinos, leyes y normas, pautas de consumo y sus efectos). Y que incluya tanto a organizaciones, instituciones y personas vinculadas a la consecución de la igualdad de género como las vinculadas a la lucha por un clima sostenible.

Debemos además pensar en las mujeres como poderosas agentes del cambio y no únicamente como víctimas del cambio climático. De hecho, según la ONU, hay evidencias de que los países con mayor representación parlamentaria femenina reservan más áreas de tierra protegidas o que las mujeres son más proclives a ratificar tratados internacionales sobre medioambiente. Es necesario terminar con la infrarrepresentación estructural de las mujeres en los puestos de toma de decisiones en todos los niveles (internacional, nacional, regional o local) o en los consejos administrativos de las empresas o colectivos sociales. Y los hombres tienen que ser parte de esta transición porque también tienen mucho que ganar en un mundo más igualitario y sostenible.

Por último, los mecanismos destinados a financiación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático solo serán eficaces si incorporamos plenamente a las mujeres en los procesos de diseño, toma de decisiones y aplicación. Como señaló durante la mencionada conferencia la galardonada periodista de The Guardian, Fiona Harvey, tenemos que “asegurar que la financiación no acabe en las manos menos apropiadas”.

Tenemos ante nosotros una ventana de oportunidad para mitigar los efectos del cambio climático. La próxima gran cita será en la cumbre COP23 en Bonn (Alemania), donde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) ha hecho un llamamiento a los distintos países participantes para designar a un responsable de género que trabaje en el primer Plan de Acción para la Igualdad de Género, haciendo así de este tema una prioridad. Nosotros queremos lanzar también un llamamiento desde aquí a todas las instancias públicas nacionales o locales, a las instancias privadas y al conjunto de la sociedad: la igualdad es el camino para superar el desafío climático. Sin mujeres no hay victoria.