La coherencia en política, la credibilidad de la palabra dada, pactada y votada es fundamental para que los ciudadanos tengan confianza en sus políticos. Cicerón ya hizo del Pacta sunt servanda (los acuerdos deben cumplirse) un principio fundamental del derecho, que establece que los acuerdos son una obligación ética vinculante para las partes que los celebraron.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha viene como consecuencia de adecuar nuestra norma básica tras más de cuarenta años de vigencia. Por ser una ley fundamental, y con vocación de durabilidad, su aprobación surgió, necesariamente, del consenso entre el PSOE y el Partido Popular.

El nuevo Estatuto asume cuanto de bueno tenía el anterior, y además añade elementos, principios y objetivos en un tiempo nuevo. Incorpora principios como la igualdad de derechos para toda la ciudadanía, reconoce hechos singulares como las nuevas tecnologías que no pudo contemplar el viejo estatuto, blinda los derechos sociales, la atención a los mayores, la sanidad y la educación; nos habla del derecho al agua; del medio ambiente y las energías alternativas; del impulso y el desarrollo económico; de la necesidad de frenar la despoblación y atender de servicios a las poblaciones rurales, y nos habla, también, de un modelo de financiación justo y sin privilegios.

Pero el PP ha optado por manifestar sus dudas en la representación política de los ciudadanos, y con ello traicionar la palabra dada en las Cortes de Castilla-La Mancha, luego ratificada en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Dice el PP que la legislación electoral no interesa a los ciudadanos, aunque si 'parecía' interesarles cuando subió, bajo el Gobierno de Cospedal, hasta 51 el número de diputados y luego, pocos meses después, los rebajó a 33, únicamente por conveniencia partidista, pero se olvida que una legislación electoral adecuada interesa a la democracia, y por tanto, también a los ciudadanos, que cuando ven los resultados electorales comprueban que partidos a los que han votado, y que han obtenido un importante número de votos, no obtienen representación política. Así sucedió con Ciudadanos en 2015, con 94.626 votos; y en 2019 con Vox y Podemos, con 75.636 y 74.372 votos, respectivamente.

Y en eso, en decir que “más políticos no interesan a la ciudadanía”, es el argumento para romper el consenso en torno al Estatuto de Autonomía. Un consenso que es fundamental en los temas importantes, y el Estatuto de Autonomía lo es, como lo será de forma obligada la legislación electoral que en su día decida en que número se fija una horquilla que se mueve entre los 25 y los 55 diputados, para que la representación democrática de la ciudadanía sea lo más auténtica posible. Por cierto, solo recordar que durante seis legislaturas seguidas las Cortes de Castilla-La Mancha funcionaron con 47 diputados sin que ello fuese objeto de polémica y sí de consenso.

Es increíble que el Partido Popular caiga, por miedo y por no ser capaz de explicar las cosas a la ciudadanía, en las redes de un partido antisistema, como Vox, que no cree ni en la democracia, ni en la justa representación política de los ciudadanos, ni en Castilla -La Mancha, la única entidad política que a lo largo de la historia ha sido capaz de mejorar nuestras vidas, cohesionar nuestras región y dar una oportunidad de futuro a una tierra que durante siglos lo fue de olvido, pobreza, emigración, polvo y sequedad.

Paco Núñez, presidente regional del PP, se ha dejado muchos pelos en la gatera, porque la decisión de cuestionar el consenso en torno al Proyecto de Estatuto pone en evidencia ante el electorado castellano-manchego su nula capacidad de autonomía respecto del PP nacional, el temor de él mismo y la dirección nacional de su partido al avance de VOX, sin que sean capaces de defender los principios democráticos básicos frente a los posicionamientos políticos de la extrema derecha, que no cree en ellos.

Un partido miedoso, con unos dirigentes miedosos, no pueden ser alternativa de nada, porque todas sus acciones acabarán siendo condicionadas por el temor a 'los otros', y de eso la historia ya nos ha dado muchas lecciones.

Sería bueno que en aras al beneficio de los castellano-manchegos y el buen funcionamiento de sus instituciones futuras seamos capaces de restaurar un consenso más que necesario en torno al Estatuto de Autonomía.

La Constitución Española de 1978, aprobada mediante referéndum el 6 de diciembre de ese año, supuso el comienzo de una nueva etapa en la Historia de España.

La Constitución pretendía resolver los graves problemas que habían atenazado nuestra historia durante los siglos XIX y XX. Guerras Civiles, incontables constituciones, inestabilidad de los gobiernos, etapas con carencia de democracia, derechos y libertades, dictaduras...

Tras la muerte del dictador Franco, España necesitaba hacer tabla rasa de ese pasado tan convulso, abrirse al dialogo, posibilitar soluciones a los graves problemas nacionales, de carácter histórico, y proponer soluciones de consenso para toda una generación.

Una de las grandes cuestiones históricamente pendientes era lograr un modelo de convivencia con el reconocimiento del derecho a la Autonomía de Nacionalidades y Regiones. De ahí emanaron los diversos Estatutos de Autonomía.

Es obvio que muchas de las Autonomías hoy existentes no tenían un componente histórico o singular. Es más, nadie pensaba a priori, que se constituyesen en Comunidades Autónomas. El devenir de los acontecimientos durante la Transición Democrática, principalmente en lo referente a Cataluña y País Vasco, y en menor medida Galicia y Andalucía, devinieron en la apertura de un proceso político que se extendió por todo el territorio nacional. Todo concluyó en la elaboración de diecisiete Estatutos de Autonomía y el reconocimiento de dos ciudades autónomas. Ese es el mapa que se ha ido consolidando a lo largo de las últimas cinco décadas.

Todos sabemos que Castilla-La Mancha no existía como entidades políticas antes de 1978, pero nuestra tierra se constituyó en Comunidad Autónoma ejerciendo el derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce y garantizaba dentro de la indisoluble unidad de la nación española tal y como establece el artículo 2 de la Constitución Española.

Así, en el año 1982, Castilla-La Mancha accedió plenamente a su autogobierno tras la aprobación por las Cortes Generales de su Estatuto mediante la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. El 8 de mayo del año siguiente se celebraron las primeras elecciones a las Cortes de Regionales, iniciándose así un proceso que iría conformando la estructura política, jurídica y administrativa y competencial de la región.

Es obvio que nuestra Comunidad Autónoma se justificaba plenamente por ser útil a la ciudadanía a través de la prestación de servicios públicos cercanos y de calidad, las mejoras en nuestro desarrollo y el impulso económico y social de nuestras actuaciones. Desde ese momento Castilla-La Mancha contribuye con absoluta lealtad, solidaridad y sentido de la unidad al desarrollo de la nación española.

Castilla-La Mancha fue el resultado de un acuerdo político, lo que ha hecho de nuestra Región un espacio de encuentro, diálogo, convivencia y respeto, que se sustenta sobre una rica historia.

En estos más de 40 años, el Estatuto de Autonomía ha cumplido los objetivos marcados desempeñando un papel crucial en el desarrollo económico, social y político de la región, configurando una sociedad cohesionada, integradora, esforzada, con capacidad innovadora y emprendedora, que goza de una estabilidad envidiable en medio de un mundo convulso. Un marco de referencia que ha ido dando fortaleza a la identidad regional.

El autogobierno, ha posibilitado mayor capacidad de gestión de los recursos públicos en educación, sanidad o servicios sociales, mejorado el nivel de vida y el bienestar de su ciudadanía. Competencias estas que son claves en el Estado del Bienestar y que han hecho posible una gran transformación en los servicios prestados, accediendo a derechos y libertades en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía del país. Objetivo este absolutamente irrenunciable.

Hoy el Estado de las Autonomías es un hecho irreversible. Hemos de seguir avanzando. Las importantes transformaciones producidas y la consecuente evolución de la sociedad motivan una revisión del contenido del Estatuto de Autonomía, adecuándolas a una sociedad más igualitaria, moderna, dinámica, abierta y cambiante.

Se opta por un Estatuto de Autonomía adecuado a un tiempo nuevo que nos permita trazar el camino del futuro, ahondando en el autogobierno de Castilla-La Mancha, mediante el blindaje de los derechos sociales de la ciudadanía, la garantía de la igualdad de las personas y los territorios, la solidaridad, la cohesión territorial y la atención a las necesidades específicas de los distintos sectores poblacionales, especialmente de aquellos más vulnerables. Refuerza la cooperación entre instituciones, fomenta la sostenibilidad medioambiental y el equilibrio territorial.

El nuevo Estatuto, consensuado entre las dos fuerzas políticas más representativas en las Cortes de Castilla-La Mancha, es reflejo de la evolución de la sociedad en su conjunto, con el diálogo social como componente básico de nuestro modelo democrático, e instrumento para el crecimiento y desarrollo socioeconómico.

Se blinda en él la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad y exclusión económica y social. Se garantiza, afianza y fortalece la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.

Garantiza el pleno desarrollo y la equidad de las zonas rurales, la cohesión territorial y la lucha efectiva contra la despoblación. Se asegura el derecho a un desarrollo integral de todos los territorios de nuestra región, protección de nuestras tradiciones, el patrimonio histórico y cultural, los propios recursos y el medio ambiente, incluyendo la lucha contra el cambio climático.

Añade medidas que mejoran la capacidad de autogobierno de Castilla-La Mancha, la representatividad de las Cortes regionales, así como la agilidad en la toma de decisiones, con figuras que permitirán dictar medidas de carácter urgente y extraordinarias.

Se abre a la posibilidad legal de reconocer áreas metropolitanas y entidades locales autónomas, y comarcas de carácter histórico ahondando en la colaboración y cooperación con las entidades locales.

Entiende de la importancia de reforzar las relaciones institucionales y de cooperación con el Estado y el resto de Comunidades Autónomas, así como las relaciones con las Instituciones europeas.

Se consolida el bloque competencial de acuerdo con el reparto constitucional de competencias y se vigorizan aquellas que resultan más esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Y se regula, a su vez, competencias y deberes en relación a la protección de sus recursos naturales, especialmente el derecho al agua y el cuidado de los caudales ecológicos.

Se establecen actuaciones efectivas para la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial y se regulan nuevas competencias como las referidas a la inteligencia artificial o la acción contra el cambio climático.

Pero no podemos dejar fuera una circunstancia tan fundamental como el garantizar la adecuada financiación que ha de ser suficiente, con acceso a los recursos en igualdad de condiciones con el resto de los españoles, y la garantía de que se garantice plenamente el coste efectivo de los servicios públicos.

Pero no deja de ser importante el procedimiento establecido para su reforma, de tal manera que está siempre tendrá que ser por consenso al requerir el voto favorable de tres quintos de los miembros de las Cortes, impidiendo así reformas que desvirtúen la voluntad de consenso con el que ha sido concebido este nuevo Estatuto.

Se dice que las últimas palabras del gran Goethe, en su lecho de muerte, fueron: “¡Luz, más luz!”. Pero no era la luz que se nos escapó aquella mañana a la que se refería, sino a esa otra que nos debe agudizar el entendimiento y la razón para entender, saber y comprender.  

El apagón eléctrico producido el pasado día 28 en la península ibérica nos ha retrotraído, por breves horas, a tiempos pretéritos.

Hemos de considerar que la electricidad es una de las principales fuerzas motrices de la Segunda Revolución Industrial. Supuso un verdadero y extraordinario cambio social con grandes implicaciones económicas, como el alumbrado de ciudades, pueblos y hogares, así como todo tipo de procesos industriales y de comunicaciones.  La sociedad de consumo desarrollada en los países capitalistas inició un proceso de democratización al extender al uso doméstico la electricidad, donde con el tiempo la retroalimentación entre ciencia, tecnología y sociedad desarrolló complejas estructuras. 

La energía eléctrica se ha hecho esencial e imprescindible para la sociedad de la información, para la tercera revolución industrial que se viene produciendo desde la segunda mitad del siglo XX (transistor, televisión, domótica, computación, robótica, internet...) y para el salto cualitativo y cuantitativo experimentado por la sociedad con la incorporación de las nuevas tecnologías y ahora con la inteligencia artificial.  

La sociedad actual exige cantidades cada vez mayores de energía, lo que está en el origen de la crisis energética y medioambiental y de la búsqueda de nuevas fuentes, donde las llamadas energías alternativas vienen a desempeñar un papel fundamental de cara al futuro, en detrimento de las energías clásicas procedentes de los combustibles fósiles, altamente contaminantes. Es en las fuentes de la energía, su consecución y sus intereses, donde se desarrollan buena parte de los conflictos políticos y sociales actuales. 

El impacto cultural de la Edad de la Electricidad hace que esta se perciba de forma casi instantánea y se manifieste como absolutamente imprescindible. Este hecho conlleva posibilidades antes inimaginables.  

Pero son muchos los que piensan que lo hoy existente ha existido desde siempre, pero ¿y si dejase de haber electricidad? Probablemente nadie pensó, hace unos días, que eso es imposible. Pero ¿y si sucediese? 

...Y, sin embargo, sucedió. En una soleada mañana de finales de abril todo se tornó “oscuro” en nuestras ciudades, en los lugares de trabajo y en nuestros hogares. Nos dimos cuentas que las ideas de la Ilustración, esas que hicieron conmover al mundo y dar el más importante salto de evolución y progreso que la Humanidad ha experimentado, quedaban anuladas en un tiempo incierto. 

La electricidad, ese gran invento de la segunda mitad del siglo XIX no respondía. Las luces se apagaban, y lo hicieron para siempre. Y con ellas los semáforos dejaban de funcionar, la TV y la radio solo se podían visuar u oír en aparatos conectados a una batería, que pronto dejarían de existir y terminarían su ciclo de recarga.

Dejaron de funcionar trenes, ordenadores, hornos, cocinas, frigoríficos, congeladores, cajas registradoras, tarjetas de crédito, estaciones de bombeo, gasolineras, comercios, metros, ascensores, atracciones de feria... Pronto cerrarían discotecas, bares, cines... Solo algunos vehículos de tracción mecánica, que pronto se harían viejos, podrían circular por calles y carreteras... Cajeros y entidades bancarias dejarían de funcionar y los recursos en ellos depositados dejarían de existir, evaporándose en el infinito. 

¿Por un momento podemos imaginarnos que sería retroceder dos siglos en la historia de la Humanidad? Las redes sociales morirían, también la radio y la televisión. Se dejarían de escuchar las dubitativas propuestas del Gobierno y el discurso ralo de la oposición, porque  los mensajes de unos y otros no llegarían. La red social X enmudecería la anónima acritud de sus insultos, diatribas, estupideces, tontás y ponzoña con que nos regala. 

¡Por fin seríamos dueños de nuestro tiempo! Pero ahora no sabríamos que hacer con él. 

¿Podemos imaginar un mundo donde la electricidad no vuelve? ¿Seríamos capaces de sobrevivir? Todo sería distinto. Tendríamos que reinventarnos. Nos sobraría buena parte de lo necesario y todo lo superfluo. Las ciudades tendrían que empequeñecer, muchos oficios se volverían inútiles, deberíamos buscar el sustento de otra forma, el comercio y el consumo tendría que reducir su fluidez y la economía vendría  a menos, el trasporte se haría difícil, casi imposible, mientras el turismo dejaría de existir como fenómeno de masas, los viajes serían eternos y las noticias nos llegarían con evidente retraso. Se generaría una nueva casta de privilegiados que tendrían acceso  más rápido a los acontecimientos que los demás, el poder se haría más restrictivo, la democracia dejaría de ser un sistema de gobierno y volveríamos a un modelo de sufragio censitario donde solo los que tuviesen recursos podrían ser electores y elegibles.

 Volverían a proliferar los regímenes autoritarios. 

Nada volvería a ser igual. Las ciudades caerían en decrepitud y se empequeñecerían. La gente abandonaría las edificaciones de altura. ¿Quién sube y baja todos los días a un quinto piso sin ascensor? 

El campo, como fuente de sustento, volvería a cobrar vida. Las escuelas profesionales tendrían que hacer cursos intensivos para enseñar a la población a cultivar la tierra, pastorear las ovejas y ordeñar al ganado. Pero, aun así, no habría trabajo para tantos. 

Miles de personas vagarían por las calles buscando el sustento, aumentaría el número de pobres y crecería la delincuencia, dejarían de venir inmigrantes, y muchos de nuestros ciudadanos migrarían a zonas más prósperas donde encontrar el sustento, aunque en  el camino se encontrasen con mil obstáculos.  

La distopia del lado oscuro, de un mundo sin electricidad, se haría real, pero en la noche, mirando al cielo, veríamos las estrellas y volveríamos a sentir lo pequeños que somos contemplando la inmensidad del universo. Tal vez, ese día volvamos a valorar quienes somos, y comprender las últimas palabras de Goethe en su lecho de muerte. 

En diciembre de 2018, el politólogo Sami Naïr, publicaba en diario 'El País' un artículo titulado “Qué hay detrás del discurso del odio”, una crónica de un tiempo anunciado, ese que hoy percibimos en toda Europa, que ha acelerado esta maldita pandemia, y que empezamos a vivir con cierto desasosiego, también en nuestro país. Por entonces, en España, la ultraderecha de Vox era residual. Pero tan solo unos meses después este partido se convirtió en el tercer partido del panorama político español, con cincuenta y dos diputados, un crecimiento espectacular en una vida política de tan solo ocho años.

Cuando el artículo fue escrito, Trump estaba en su apogeo, en esa actitud prepotente, negacionista de todo, que siempre le caracterizó, y que anticiparía lo que luego sería el asalto al Congreso de los EEUU en enero del presente año. Bolsonaro, el 1 de enero de 2019, llegó al poder en Brasil, urdiendo una suerte de “golpe de Estado” que le permitió ganar las elecciones al descalificar, con saña y tribunales, a sus enemigos políticos, Dilma Rosell y Lula da Silva. En Cataluña, Puigdemont hacía prácticas de extremismo alimentando el nacionalpopulismo bajo la tapadera del independentismo, poniendo en entredicho no solo a la sociedad catalana, a la que consiguió dividir, sino a la democracia española al cuestionar la Constitución del Estado en nombre de un supuesto “derecho a decidir”.

Pero toda esa caterva amenazante trazaba una estrategia, la ultraderechista francesa Marine Le Pen -dispuesta a cambiar y amenazar el sentir liberal, social, plural, laico y democrático de la República francesa- alcanzaba el 34% de los votos en la segunda vuelta a la Presidencia de Francia, anunciando su propósito de concurrir a las elecciones de 2022. Tampoco debemos olvidar la deriva autoritaria de Polonia y Hungría, las ínfulas no menos autoritarias y xenófobas del exministro del Interior Italiano Matteo Salvini y su Liga Norte, -ese partido que hace unos años pedía la independencia de la Padania-, o el ascenso de Alternativa para Alemania que consiguió el 12,6% de los votos y 94 escaños. Pero no es menos importante el protagonismo real, aunque aparentemente discreto, de Vladimir Putin, o la deriva autoritaria del Régimen Turco de manos del islamista R.T. Erdogán capaz de acabar con la República laica que fundara Ataturk hace casi cien años.

La ultraderecha posee partidos fuertes que han colaborado en la formación de Gobiernos en algunos países europeos o se han atrincherado con fuerza en la oposición, en otros. En el Parlamento Europeo, hasta el 15% de sus diputados lo son por formaciones políticas de inspiración ultraderechista.

Históricamente está comprobado que las crisis son un caldo de cultivo para la demagogia y el nacionalpopulismo, y eso lo saben perfectamente los activistas y la ideología del pensamiento ultra, como Steve Bannon, principal ideólogo del Trumpismo, e inspirador ideológico de buena parte de los partidos reaccionarios europeos.

La pandemia, como dice el filósofo francés Bernard Henry Levi es “el virus que nos vuelve locos”, precisamente porque la situación sanitaria, ha derivado en una crisis social y económica mundial a la que ninguna parte de España es ajena.

Movimientos totalitarios

En los primeros meses de la pandemia tuve la oportunidad de leer el libro de “M, el hombre del siglo”, del italiano Antonio Scurati, un libro sobrecogedor donde se retrataba el cómo y las formas en que surgió el fascismo en Italia, y mientras lo leía contemplaba en paralelo esa suerte de “sociedad del bulo” en que España se estaba convirtiendo, donde el pensamiento reaccionario alimentaba el descrédito de las instituciones. Ese movimiento que describía Scurati, acabaría extendiéndose por toda Europa, para luego llevarnos al mayor cataclismo histórico que ha padecido la Humanidad, y todo en nombre de una doctrina populista, arrolladora, que decía ser “capaz de acabar con todos los males de la sociedad”. Y es que efectivamente, los movimientos totalitarios siempre han encontrado la solución acabando con la sociedad, con el pluralismo y la democracia, y extendiendo el horror en nombre de no sé de qué extraña concepción de la Libertad, que como un insulto esgrimen contra los verdaderos amantes y luchadores por la LIBERTAD.

Es muy común que quienes se ven ofendidos por las actitudes de Odio, respondan con Odio a todos los que lo generan, pero no deja de ser esta circunstancia la que alimenta el FASCISMO, las actitudes reaccionarias y el pensamiento autoritario. Este tipo de movimientos totalitarios se valen del espacio de Libertad que les ofrece la democracia para, desde dentro, dinamitarla. Se alimentan del Odio que generan y del Odio con que sus enemigos le responden. El Odio es la salsa de su infame cocina política, y su arma más letal. Solo ellos dicen “representar la verdad”, y como buenos totalitarios, estigmatizan a quienes tienen diferentes ideas, tergiversan las palabras del contrario, se lanzan bulos, se alimenta el supremacismo y la xenofobia, se calumnia o se injuria para desacreditar a quienes ellos consideran enemigos. Las redes sociales ejercen un inmenso instrumento de tergiversación de la realidad, hasta el punto que verdad y mentira acaban confundiéndose. Reniegan del diálogo, rechazan cualquier posibilidad de entendimiento y usan la violencia verbal -la física siempre negarán que emane de ellos, aunque algunos de sus entornos la practiquen- para esparcir su demoledora doctrina. Hay que aislar el Discurso del Odio porque una sociedad como la española no se merece actitudes de este tipo. ¡Bastante hemos padecido como para tener que volver a soportar aptitudes inaceptables! La democracia hace que todas las ideas sean permisibles, con un solo límite, el que debe respetarse a los demás, aunque sus ideas no se compartan.

Pero lo peor de este tipo de doctrinas fáciles es que acaban contagiando al conjunto de la sociedad, inoculando un virus tremendamente dañino que encuentra acogida en algunas formaciones políticas conservadoras, muy dadas a remedarles en actitudes, formas y maneras, con el fin de evitar que sus electores les abandonen. Pero, de otra parte, no es menos preocupante el encontrar que algunos ciudadanos desfavorecidos por la crisis o las circunstancias, los que más desamparados se encuentran, en buena medida votantes tradicionales de la izquierda, encuentren en este tipo de partidos populistas y reaccionarios la “tabla de salvación” o el “canto de sirena” que no encuentran en las formaciones políticas tradicionales. Pasó en la Europa de los años veinte y treinta y, desgraciadamente, vuelve a ocurrir en el mundo actual. Es como si el Eterno Retorno se convirtiese en la doctrina maldita que nos hace repetir los errores de forma permanente.

Frente al pensamiento reaccionario y nacional populista cabe ser “buena gente”, poseer firmeza y convicción en las ideas trasformadoras, fortaleza en la razón, compenetración con la sociedad, trabajar en orden a mantener la cohesión social, adoptar medidas que eviten las desigualdades sociales y palien las económicas, ofrecer un futuro abierto a las nuevas oportunidades, regenerar el sistema institucional, poner límite a la corrupción y las corruptelas, y construir un modelo social como el que la social democracia ha hecho posible a lo largo de más de medio Siglo, y que ha compartido con liberales y democristianos tras la II Guerra Mundial. El mundo de hoy es mucho más complicado y difícil que hace unas décadas, pero estamos obligados a que la libertad y la democracia sean consustanciales a una sociedad creativa y solidaria, que no vuelvan a ser un paréntesis en la historia de la Humanidad.

Seguramente cuando Groucho Marx pronunció la famosa frase “que paren el mundo que me bajo” jamás se pudo imaginar que el mundo se podría parar de forma efectiva. Tampoco lo imaginaron aquellos jóvenes que, en el Paris de 1968, hicieron suya esta frase.

Desde entonces, han cambiado muchas cosas en el mundo. Pero ha sido esta I Pandemia Mundial -que ha atacado y penetrado en todos los países-, un extraño e invisible “virus” capaz de atacar a la Humanidad en su salud, parar el mundo y “volvernos locos”, y añadir problemas a una sociedad lo suficientemente compleja que ha necesitado encontrar soluciones a los problemas socioeconómicos sobrevenidos, cambiar formas, comportamientos, maneras de relacionarse, y atender las nuevas necesidades de la gente. 

Nadie esperaba este parón fulminante de la economía del planeta, donde la movilidad es el principal instrumento de la era global, y cuya reducción fulminante ha afectado gravemente a la economía, al empleo y las relaciones sociales. Toda nuestra vida se ha visto afectada, incluso en lo más cotidiano. Desde marzo de 2020 nada ha sido igual.

Este virus ha destrozado vidas, ha arruinado negocios, ha empobrecido a mucha gente, ha generado “colas de hambre”y colocado a muchos ciudadanos entre graves incertidumbres. El futuro, en situaciones como estas, no se considera nítido, pero desde la política estamos obligados a generar certidumbres, a abrir puertas.

Afortunadamente, la Unión Europea ha afrontado la crisis de forma diferente a cómo actuó en otros momentos – recientemente, también el Presidente de EE.UU, Joe Biden, lo ha hecho- con una enorme operación rescate que pretende reactivar la economía de los países de la Unión.

El papel del Estado ha recobrado importancia, cuando hace poco más de diez años algunos propugnaba que se redujese a la mínima expresión. Entonces había que “jibarizar” el Estado. Con ese modelo de Estado no hubiésemos sido capaces de afrontar ni la crisis sanitaria ni la crisis económica subsiguiente. Las repercusiones hubiesen sido verdaderamente terribles. 

Pero lo que ha evidenciado este tiempo, en todos los sentidos, es que sin el papel imprescindible que juegan las Administraciones Públicas, la sociedad se hubiese reducido al “¡sálvese quién pueda!” tan propio del pensamiento neoliberal, más próximo a la “extrema derecha desreguladora” que a la idea de libertad que propugnaba el liberalismo clásico y la socialdemocracia moderna. Hoy es imposible concebir un mundo de libertad sin solidaridad. Sin embargo, el Estado ha tenido que afrontar el enorme conste de los ERTE, del fuerte incremento del desempleo, el gasto inmenso generado por la crisis sanitaria, las ayudas directas a determinados sectores, favorecer las líneas de avales ICO a autónomos y empresas, o las ayudas directas recientemente aprobadas, entre otras muchas acciones.  

Castilla-La Mancha lo ha afrontado, desde el primer momento, buscando una salida práctica, social y presupuestaria comprometida, obviando las medidas fáciles, insolidarias y carentes de sentimientos que el Partido Popular tomó tras la Gran Recesión de 2008, y que tantas secuelas dejó en nuestra sociedad, al incrementar las desigualdades sociales y romper los elementos básicos de la cohesión social, tan necesarios para mantener una sociedad estable y sin sobresaltos. Hemos actuado, dentro de nuestras posibilidades, con el rigor y el compromiso que exigen los momentos difíciles, dejando a un lado propuestas populistas, demagógicas, tan fáciles de formular como tan imposibles de realizar.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, con una mayoría parlamentaria estable, se ha mostrado como un valor seguro, solvente, con claro compromiso social, con vocación de diálogo con la sociedad y con otras fuerzas políticas, capaz de dar respuestas y trasmitir tranquilidad al conjunto de la sociedad y apostar por fortalecer el Estado del Bienestar, en paralelo a la adopción de medidas para evitar, en lo posible, los efectos perniciosos de la pandemia en los sectores económicos y sociales que más directamente la están sufriendo, como las que han posibilitado ayudas autonómicas a autónomos, pymes y hosteleros por importe de ciento cincuenta millones de euros. 

Inmediatamente de declarado el estado de alarma se firmó un acuerdo con los agentes económicos y sociales, y posteriormente también con el partido Ciudadanos, para tomar medidas contra la crisis. El Partido Popular, sin embargo, vio en la pandemia una ocasión para, de forma oportunista, extremar la oposición política al Gobierno Regional, cuando de lo que se trataba era de ayudar a nuestros conciudadanos, de demostrar que la política es útil a la ciudadanía y que, en épocas difíciles, tiene que primar lo que Aristóteles definió como “interés general” por encima de los intereses particulares.

Los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021, también fueron objeto de acuerdo entre el Grupo Socialista y el grupo de Ciudadanos, y de los que se autoexcluyó el Partido Popular presentando una enmienda a la totalidad. Son Presupuestos paraafrontar el futuro, pensando en la recuperación económica yen asentar las bases de una nueva economía, que dinamice el empleo, la contratación y la constitución de nuevas empresas. Cuentas que incrementan el gasto social en 1.000 millones de euros, hasta los 6.600 millones, mientras que dedican al desarrollo económico 600 millones de euros adicionales. Un Presupuesto “ambicioso y expansivo”, que crece más de un 15 %, donde “la mayor partida inversora”, 1.400 millones de euros, lo es en la contratación de profesionales de la sanidad y la docencia.

Respecto de los Fondos Comunitarios propiciados por la Unión Europea,Castilla–La Mancha ha defendido la aplicación de criterios de equidad, cohesión social y territorial que mejor sirvan a los intereses y necesidades de la Región en su implementación, tanto desde una perspectiva pública, como en el ámbito de la colaboración público-privada, con un enfoque integral, que redunde en una eficiente absorción de los recursos financieros disponibles, con la filosofía de impulsar un nuevo modelo productivo y económico, más eficaz, justo, solidario y colaborativo: 

Estamos abriéndonos a una época nueva que hemos de vivir intensamente, para mañana, poder decir que el esfuerzo del conjunto de la sociedad fue capaz de superar tiempos difíciles.

Pero todo es más normal y más claro. En la carta dirigida al Colegio de Médicos el pasado día 20 de Diciembre, los nueve profesionales firmantes hablan de una serie de cuestiones que interesadamente el Gobierno regional ha pretendido focalizar solamente en una, tergiversando, incluso el mismo fondo de la denuncia: La gravedad de las urgencias del Hospital de Toledo. De ahí podemos extraer estas ocho denuncias, que no una:

1.- La “sobresaturación de pacientes pendientes de ingreso en planta”.

2.- Que esta situación “compromete la adecuada asistencia”.

3.- Que se ha “llegado a un punto insostenible, con el fallecimiento en el pasillo de dos pacientes …”.

4.- “incorrecciones e incluso imposibilidad de administrar los tratamientos prescritos”..

5.- “ falta de dignidad de los pacientes”

6.- “importantísimas demoras en la valoración de pacientes graves (síndromes coronarios, sépticos, etc.) por la no disponibilidad de espacio”,

7.- “múltiples faltas en la seguridad del paciente, etc..”

8.- Que la Dirección del Centro ha ignorado las quejas que desde el servicio de Urgencias le han formulado “tanto de forma oral como escrita sin que hasta el momento se haya producido ninguna respuesta”.

Son en definitiva ocho graves irregularidades las detectadas y denunciadas, y que deberían haber sido respondidas de inmediato, de la que seguramente la última sea la más grave, en la medida de que de ella derivan todas las demás.

No se trata de hacer carnaza de dos muertes, porque en ningún momento nadie, ni los denunciantes, ni los medios de comunicación, ni los partidos, ni los colectivos sociales, han puesto en duda que las dos personas fallecidas fueran atendidas correctamente por quienes tenían la obligación humana, moral y profesional de hacerlo. Lo cuestionable es que el encuentro con la muerte se produzca en circunstancias tan lamentables, es decir, esperando en los pasillos a que les diesen una cama.

Estas lamentables circunstancias no pueden hacernos olvidar el conjunto de denuncias que arriba enumeramos y que sin duda cuestionan la política de recortes puesta en aplicación por el Gobierno de la señora de Cospedal. Los ciudadanos no son súbditos. Ser ciudadano es ser sujeto de derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, derechos que se están vulnerando al no recibir la adecuada atención de un servicio público como es el sanitario, y no por falta de profesionalidad de quienes se los han de dar, sino por decisiones administrativas y económicas injustas.

Todo esto es mucho más serio y mucho más grave. La oposición tiene no solo la obligación moral, sino el deber democrático de denunciar y comprometer del Gobierno Regional medidas que ayuden a resolver este grave problema, de lo contrario no cumplirían el papel que se les ha encomendado. Y la respuesta del Gobierno no puede ser el desmentido, el ataque furibundo, la injuria, la calumnia o la amenaza con el ánimo de infundir “miedo” a quienes denuncian, y que con ello se haga el silencio. No se está en política para acallar a los ciudadanos o a la oposición, por mucho que duelan sus denuncias, sino para dar respuestas a sus necesidades.

Y en estas circunstancias cabe hacerse un buen número de preguntas, que cualquier Gobierno decente debería haber respondido ya sin refugiarse en el exabrupto o la amenaza:

1.- ¿Por qué la dirección del centro, siendo el 20 de diciembre, no atendió las demandas de los profesionales y les dio inmediata respuesta, teniendo en cuenta que había una denuncia al Juzgado de Guardia con fecha 13 de diciembre, en la que ya evidenciaban la grave situación que se padecía?. Denuncias a la dirección del centro que se han reiterado con gran asiduidad durante los años 2012 y 2013 y de la que este tiene constancia. ¿Es el silencio la respuesta adecuada?, ¿lo puede ser la inacción?, ¿acaso no hay negligencia en esa actitud? .

2.- ¿Por qué el Consejero de Sanidad, en respuesta oral, el pasado día 13 de febrero señala que es “sencillamente falso” el colapso y saturación de las urgencias del Virgen de la Salud?. ¿Acaso no le informan de lo que sucede en los hospitales de la Región?. Nunca la respuesta puede ser lo que ocurre en otros sitios o lo que ocurrió en 2007, en esa frenética estupidez de entrar en el “Y tú mas” para no resolver los problemas del aquí y el hoy.

3.- Si fuese cierto lo que dijo el consejero Echaniz ¿por qué señala ese mismo día que se van a habilitar 43 camas – cosa que aún no ha sucedido - para cubrir las deficiencias observadas?.

4.- ¿Por qué se ha prescindido de 156 camas?, que significan el 13% de las camas con las que contaba el Complejo Hospitalario de Toledo en 2011. ¿Por qué permanecían cerradas a pesar de que el colapso era continuo?.

5.- ¿Por qué se han cerrado las urgencias de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Illescas, Ocaña y Torrijos, que obligan a muchos ciudadanos a no poder ser tratados en estos centros y tenerse que desplazar a Toledo a ser atendidos, colmando así las urgencias del Hospital?.

La gran contradicción está en decir que se ofrece una sanidad pública eficiente y de calidad, como no dejan de repetir, mientras los pacientes aguardan largas horas en los pasillos esperando que una habitación quede libre al tiempo que un elevado número de camas estaban sin utilizar cuando sucedían los hechos.

Posiblemente a la señora de Cospedal la interese quedar muy bien con el comisario europeo de programación y el presupuesto, Sr. Lewandowski, al que recibió recientemente en el Palacio de Fuensalida, pero al que nadie conoce por estas tierras. Sin embargo hace que las injustas políticas de recortes las sufran nuestros conciudadanos en su salud y en su enfermedad. Sin duda, Cospedal debería dar explicaciones claras de lo que está haciendo. Es su responsabilidad. Si no se tiene tiempo para escuchar y hablar con los ciudadanos, entonces es que no se tiene tiempo para gobernar.

• Fernando Mora y Trinidad Noguera analizan las principales novedades de la futura ley electoral de Castilla-La Mancha. Sus principal conclusión es que con el nuevo texto se reforzará de forma excepcional el partido más votado haciendo más accesible la mayoría absoluta.

El mes de julio pasado las Cortes castellano-manchegas aprobaron una reforma de Estatuto de Autonomía con los votos del Partido Popular y la total disconformidad de la oposición, que se ausentó de la Cámara en señal de protesta. Hace algunos días –de nuevo con el apoyo del PP y el rechazo de la oposición- el Congreso completó su tramitación.

El objetivo de esta reforma estatutaria es hacer posible un cambio en la ley electoral de Castilla-La Mancha, que María Dolores de Cospedal justificó apelando a “una nueva filosofía”. La filosofía en cuestión tiene en realidad poco de nueva, porque recuerda al gerrymandering, vetusta técnica consistente en rediseñar las circunscripciones de forma que el resultado de los comicios sea siempre el que a uno le conviene. En este caso, por una drástica reducción y redistribución del número de escaños. Dicho de otro modo, el fin perseguido es institucionalizar el pucherazo. ¿Por qué? Veamos:

Uno de los rasgos más comentados de la reforma del Estatuto y de la futura ley electoral –cuya concreción definitiva está aún por ver- es la disminución del número de parlamentarios de los 49 actuales a una horquilla de entre 25 y 35. Hace sólo un año la propia Cospedalya había modificado el número de diputados en un sentido contrario, elevando la cifra a 53 escaños. Poco después aprovechó para eliminarles el sueldo (cuestión que merece reflexión aparte), de modo que la reducción de ahora no reporta ahorro alguno a las arcas públicas.

¿Mejora tal vez la representatividad? Para que ésta aumentase disminuyendo el número de parlamentarios sería preciso establecer una circunscripción única. Pero la reforma no va en esa dirección. Todo lo contrario: se dividen la cifra de diputados que la ley electoral señale (entre 25 y 35) entre las cinco provincias actuales, atribuyendo escaños pares o impares a cada circunscripción en función de criterios por determinar (y mucho nos tememos que el criterio principal para otorgar más escaños a una provincia no será el poblacional, sino otro, digamos, menos objetivo, como ya hicieron en la anterior reforma).

El efecto fundamental obvio de esta reforma será hacer más accesible la mayoría absoluta al reducir el umbral necesario para obtenerla, reforzando desproporcionadamente al partido que obtenga mayor número de votos y reduciendo la proporcionalidad del sistema.Para ello, la reforma podría alterar sensiblemente el peso de cada circunscripción electoral (si se trata de reforzar aquellas provincias donde el partido gobernante es más fuerte).

Además, se incrementa el umbral efectivo en algunas circunscripciones (el porcentaje de votos mínimo necesario para acceder a la representación). Por ejemplo, en los distritos con menor número de diputados, las fuerzas políticas más pequeñas podrían obtener porcentajes superiores al 19% de los sufragios y aún así quedar sin representación parlamentaria. A menor tamaño de las circunscripciones (menor número de escaños en cada una), menores son las posibilidades de obtener escaño para los partidos pequeños. El Parlamento resultante no será más representativo, sino menos.

A falta de la aprobación de la norma definitiva, hemos elaborado una proyección hipotética de cómo podría ser el futuro Parlamento castellano-manchego. Damos por buena nuestra sospecha de que en la nueva ley el PP se inclinará por la combinación de reglas que maximice sus posibilidades de mantenerse en el Gobierno y ponga más obstáculos a sus adversarios. Partimos así de tres supuestos cuya combinación resultaría especialmente favorable a sus intereses:

Como puede apreciarse en el cuadro 1, aplicando esos supuestos y distribuyendo votos y escaños entre cuatro partidos (A, B, C y D), el primer partido disfrutaría de mayoría absoluta incluso empatando con el segundo en porcentaje de votos a nivel regional. En algunas provincias (donde hemos asignado sólo tres escaños), las terceras y cuartas fuerzas podrían necesitar un 33,3% de votos y nunca menos del 19% para obtener escaño, dependiendo de si la diferencia entre las dos primeras fuerzas es mayor o menor. La representación de los partidos pequeños en la Cámara autonómica estaría claramente sesgada a la baja.

Fijémonos que en este caso, la representación de algunas provincias quedaría necesariamente perjudicada: así, según nuestra proyección Cuenca o Guadalajara pasarían de tener el 17% de escaños al 11%, mientras que Toledo pasaría del 24,5% de escaños al 33,3%.

A título comparativo, cabe señalar que dados los mismos porcentajes de voto, con los 53 escaños actuales y la distribución de escaños por provincias que establece la ley vigente, el partido A seguiría obteniendo mayor número de escaños, pero no la mayoría absoluta, y el escaño resultaría proporcionalmente menos costoso para los partidos pequeños:

Resumiendo, el resultado hacia el que parece dirigirse el sistema electoral castellano-manchego, de la mano del PP de Cospedal, consiste en dejar sin representación a un porcentaje altísimo de la ciudadanía, mientras se refuerza exageradamente la presencia parlamentaria del partido más votado. Un resultado que conculca el espíritu de los artículos 23 de la Constitución y 10.2 del Estatuto de Autonomía, si no directamente su letra. Y que supone además una agresión para cualquier conciencia democrática. No obstante, convendría tener presente que el día de las elecciones los ciudadanos pueden desatar lo que sequiere atado y bien atado. Y de eso también hay experiencias.