De la burundanga se habla desde hace más de una década en España, pero ha vuelto a la actualidad desde que en 2017 se dictó la primera condena (fue en Mallorca) por suministrar a escondidas esta droga a una persona, y aún más desde que el Instituto Nacional de Toxicología certificó en octubre pasado la primera muerte por su consumo, lo que ocurrió en Playa del Inglés, en el Sur de Gran Canaria. Los bulos callejeros abundan al hablar de esta sustancia pero existir, existe y podría estar detrás de algunos de los robos o abusos sexuales que se instruyen actualmente en los juzgados del Archipiélago. 

Una de sus características, la que más complica las investigaciones policiales y judiciales es que los efectos de la burundanga desaparecen del organismo en poco tiempo, no más de seis horas. El magistrado de Instrucción del juzgado número 1 de Arona, Daniel Pedro Álamo González, afirma que este es el motivo por el que apenas hay registros del uso de esta droga. 

“Más que constancia del empleo de esa sustancia en concreto lo que encontramos son los efectos y el estado que produce. Y hay supuestos en los tribunales que tienen un denominador común que son la pérdida de memoria, no acordarse de nada... El problema es detectarla a tiempo”, sostiene. 

Por eso, indica el magistrado, es necesario que cuando la víctima tenga sospecha de que “algo ha ocurrido”, aunque no recuerde exactamente qué, acuda a la mayor brevedad posible a un centro médico para hacerse una analítica. 

“En muchos casos no se logra detectar a tiempo esa sustancia. Por eso apenas hay registros y no se ha podido demostrar un uso masivo de esa droga”, recalca. 

Desde el punto de vista penal hay otro problema y es el enlace causal. “Hay que probar primero que se usó burundanga u otra sustancia para cometer el delito y después hay que demostrar que esa sustancia la puso en la bebida o la proporcionó de alguna forma una persona determinada”. 

“Para ello nos apoyamos primero en pruebas testificales, en quienes acompañaban a la víctima si es que pueden arrojar alguna luz, como que había alguien no muy conocido que se empeñó en llevar a la persona afectada a su casa, por ejemplo, pero insisto en que el dato periférico esencial es que la víctima sepa que algo ha pasado porque nos encontramos con denuncias en las que esa víctima dice que no está segura de si pasó algo pero saben que algo raro pasó por cuanto no se acuerdan de nada y eso nunca les había pasado”. 

Para complicar aún más las investigaciones, aunque se haya logrado determinar que se usó alguna droga y que fue determinada persona quien la empleó, falta por demostrar que hubo abuso o agresión sexual. “En ocasiones el agresor no deja rastro de su ADN, que es hoy en día la prueba reina en estos delitos sexuales, bien porque usó preservativo o el abuso no fue con penetración”, aclara Álamo González. 

Y para rizar el rizo añade una cuarta circunstancia que dificulta la instrucción y es la ausencia de violencia y por ello, de lesiones. “Como se usó una droga para lograr la pasividad de la víctima no hay rastro alguno de que haya sido forzada”. 

En el caso de Mallorca, se pudo perseguir el rastro de la burundanga gracias a la cromatografía de gases y la espectometría de masas, que permiten separar e identificar componentes volátiles y semivolátiles de mezclas complejas. No todos los hospitales cuentan con estos aparatos.

“Vulnerabilidad química”

La escopolamina o hiostina o burundanga (que es como se la llama en la calle), se extrae de una planta de la familia de las solanáceas que hasta hace pocos años podía verse en parques y jardines de las ciudades de toda España. Su principio activo se emplea en medicina para paliar el Parkinson pero como todo en farmacología, a los laboratorios les resulta más rentable sintetizarla que tratar la planta con un complejo proceso de carbono y oxígeno hasta alcanzar su principio activo. 

Por ello, tanto en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses como en el Hospital Clínico de Barcelona (que es el hospital de referencia en España para los abusos y las agresiones sexuales), se afirma que es mucho más común y frecuente el uso de otros principios activos como la atropina, hiosciamina, el éxtasis líquido, ketamina, metoxetamina, alpha-PVP,metilona, mefedrona, MDPV y para-metoxi-metanfetamina, todos ellos incluidos en el protocolo de sumisión química. 

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sobre 152 personas agredidas sexualmente no arrojó rastro alguno de escopolamina o burundanga y sí otras sustancias, sobre todo etanol (alcohol) mezclado con cocaína o benzodiazapinas (ansiolíticos). 

En el mismo estudio se concluyó que en muchos casos es la propia víctima la que ingiere estas sustancias, de lo que se aprovecha el agresor. La sumisión proactiva (el agresor es quien droga a la víctima) transciende en contadas ocasiones. En su memoria anual de 2016, este organismo detectó la llamada “sumisión química” en solo el 0,02% de los casos. Por ello prefieren referirse a “vulnerabilidad química”. 

Sin embargo, magistrados como Daniel Pedro Álamo González sostienen que si no hay más casos registrados de burundanga es por la dificultad para detectar la sustancia y que si hay protocolos para su detección, como en Málaga, Madrid y Barcelona, “es porque debe haber más casos de los que se logran demostrar”.

Evaristo González Reyes esquiva una vez más a la justicia, aunque sea de forma provisional y por unos meses. El que ha sido conocido como el amo de la noche en la ciudad universitaria de La Laguna, el hombre que pudo acabar con la carrera política de Fernando Clavijo o quizá quien lo salvó de un juicio, ha recusado por falta de confianza en su imparcialidad al tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que debe juzgarlo por cuatro supuestos delitos de estafa, otro de intento de estafa y otro de presentación de testigos falsos.

Estos casos de estafa son lo que quedan, en esencia, del que fue llamado caso Corredor, después de que se anulara parte de las escuchas telefónicas por desaparición del auto judicial que las autorizaba, lo que libró de sospecha al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Este lunes, el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, presidido por el magistrado Francisco Javier Mulero Flores, recibió a las nueve de la mañana un escrito de incidencia de recusación frente a los tres magistrados del tribunal, firmado por el representante legal de González Reyes en esta causa, José Santiago Martínez.

Ahora deberá ser otra sección de la Audiencia Provincial la que delibere la recusación y fundamente si el tribunal recusado es apto o no para enjuiciar al abogado y empresario González Reyes. Estaban previstos seis días de juicio, hasta el 13 de junio, pero, debido a esta maniobra, fuentes judiciales no creen que se resuelva la incidencia y haya nuevo juicio antes de final de año.

No es la primera recusación de González Reyes. Durante la instrucción de esta causa, dirigida por el magistrado César Romero Pamparacuatro cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, el acusado logró apartarlo en 2015 de la investigación judicial con el principal alegato de la tardanza en la instrucción.

El pasado 7 de mayo, los abogados de la defensa plantearon al tribunal recusado tres causas de nulidad. La principal de ellas fue que no existía auto judicial que justificase las escuchas de las que se derivaron las pruebas para sentar a González Reyes y otras ocho personas en el banquillo. Dos de ellas son abogados que trabajan en su despacho, Tomás Lorenzo y Juan Martín Delgado.

A Evaristo González Reyes, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión, se le acusa de haber intentado hacerse con un crédito de dos millones de euros con el aval de una finca de varias hectáreas que puso a nombre de un cliente al que solo le correspondían 75 metros cuadrados.

También de haberse hecho con un parte médico falsificado para que una agencia de viajes le reintegrara el dinero que había pagado por unos billetes, aunque fueron utilizados. Además, de haber comprado un todoterreno de alta gama cuya titularidad cambió de empresa antes de que el acreedor pudiera anotar la reserva de dominio.

Asimismo, se le acusa de haber sido autor del incendio que sufrió uno de sus locales, el BB+, en la zona de copas de San Cristóbal de La Laguna, un siniestro que pudo ser provocado y por el que la aseguradora le abonó unos 126.165,94 euros. Otro supuesto delito sería el de haberse apropiado de una colección de antigüedades que fueron encontradas en su vivienda durante un registro policial.

El caso Corredor, o lo que queda de él, ha llegado por fin a los tribunales y ha sentado este lunes en el banquillo al abogado y empresario del ocio nocturno y juegos de azar Evaristo González Reyes, el hombre que estuvo a punto de acabar con la carrera política de Fernando Clavijo que cuando era alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2015. Entonces fue investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y malversación.

Esta primera sesión, previa a la vista oral prevista para los días 4, 5, 6, 12 y 13 de junio, estuvo centrada en las cuestiones previas y, como era previsible, los abogados de la defensa basaron sus alegatos en la nulidad de todas las actuaciones por la nulidad de las escuchas telefónicas. Por contra, y como también era lo esperado, la Fiscalía defendió la legalidad de estas.

González Reyes está acusado de cuatro delitos de estafa, uno de intento de estafa y otro de presentación falsa de testigos. Con él están acusados otras ocho personas, dos de las cuales (Tomás Lorenzo y Juan Martín Delgado) eran abogados compañeros de su bufete. En realidad, González Reyes no se ha sentado en el banquillo, sino que se sentó en el estrado al lado de su abogado José Santiago Martínez. Tomás Lorenzo, para quien se piden en total 32 meses de prisión, se sentó al lado del suyo, el mediático Nicolás González-Cuéllar.

Es necesario recordar que la investigación de la Policía Judicial y del Grupo de Delitos Económicos y contra la Corrupción se inició en 2009 a raíz de una denuncia del que era dueño de un pub en La Laguna (Tenerife), el Sketch, que aseguró que había un trato de favor entre Fernando Clavijo cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y González Reyes.

Se sospechaba de la posible comisión de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y negativa a perseguir delitos, entre otros. “No se trataba de hechos subjetivos ni conjeturas, sino de datos objetivos sobre delitos de suficiente importancia como para justificar las intervenciones de los teléfonos de Evaristo González Reyes y de Fernando Clavijo”, enfatizó la fiscala ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial que enjuiciará la causa.

Sin embargo, la nulidad de una parte de las escuchas llevó en 2014 a la nulidad de las pruebas obtenidas entre abril y septiembre de 2010 y al sobreseimiento de la pieza separada que afectaba a Clavijo y a dos concejales del Ayuntamiento de La Laguna. El resto de las escuchas, que se prolongaron durante casi cinco años, son las que los letrados defensores han querido echar este lunes por tierra.

Por eso la que llega a juicio es una versión descafeinada de lo que instruía el magistrado César Romero Pamparacuatro, al quien el propio Evaristo logró apartar de esta causa. Aparte hay otra pieza separada, la 21, por supuestos delitos contra la Seguridad Social aún sin fecha de enjuiciamiento y en la que debía rendir cuentas, junto a González Reyes, el asesinado a tiros empresario Carlos Machín.

“Meras hipótesis subjetivas”

Nicolás González-Cuéllar (abogado particular del exministro José Manuel Soria en un juicio en que fue desestimada su pretensión de intromisión al honor por parte del director de Canarias Ahora, Carlos Sosa) fue quien abordó ante el tribunal la ilegalidad de las pruebas practicadas por inexistencia del auto judicial de 21 de abril de 2010; por inexistencia de delitos suficientemente graves que justificaran las escuchas telefónicas (“mi mandante, Tomás Lorenzo, solo está acusado de un delito de presentación de testigos falsos”, dijo) y también porque, “aunque el auto hubiera existido inicialmente, carecía de motivación”, añadió.

Incorporó dos elementos más: la prolongación excesiva de la causa y las infracciones que, según argumentó, se cometieron con las escuchas y los registros policiales efectuados en el domicilio y despacho profesional de González Reyes en febrero de 2012 y que llevaron a Evaristo González Reyes a prisión provisional. “Hubo una infracción del derecho al secreto profesional al intervenir los teléfonos de un despacho de abogados, y hubo una infracción de la inviolabilidad de domicilio”.

González-Cuéllar agregó que todo este asunto se basa en una supuesta reunión en 2005 a la que habrían asistido Clavijo y Evaristo y en la que se habría tratado cómo esquivar las sanciones policiales por los horarios de cierres de los locales en la zona dell Cuadrilatero, la más marchosa en el área metropolitana de Tenerife. Sin embargo, la denuncia de Carlos Calderón ocurrió en 2009 tras una reunión que se llevó a cabo en el mismo Ayuntamiento de La Laguna y que Calderón grabó, lo que aportó a la Fiscalía.

“Son meras hipótesis subjetivas”, incidió. Y recordó que en este caso “hubo un retardo malicioso de la instrucción”, lo que apartó al magistrado César Romero Pamparacuatro de la instrucción del que ya se había bautizado como caso Corredor.

La representante del Ministerio Fiscal Enriqueta de Armas Roldán rebatió estos argumentos, el principal de todos, con la ausencia del auto inicial de las escuchas, que nos constaba en soporte papel pero sí estaba en el sistema informático judicial Atlante y llegó a la Fiscalía, así como el oficio del Grupo de Delitos Económicos y contra la Corrupción que solicitaba las intervenciones telefónicas de Fernando Clavijo y de González Reyes como único medio para avanzar en la investigación.

De hecho, la fiscala recordó que se dictó un auto judicial el 6 de mayo de 2015 “por la que el auto misteriosamente desaparecido se dio por reconstruido con todos las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, lo que fue recurrido sin éxito por González Reyes. Al contrario, aclaró, la sección segunda de la Audiencia Provincial corroboró “y ya dijo que tenía una importante apariencia de legalidad judicial por lo que no entiendo que vuelva a ser cuestionado”.

Si tienen razón los abogados de la defensa o si la tiene la Fiscalía se sabrá el 4 de junio. La Fiscalía sostiene que Evaristo González es la cabeza y el creador de un “entramado societario” que funciona como una “organización criminal” y pide que sea condenado a 16 años de prisión.

El primer y mayor delito que se describe en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, se relaciona con una parcela industrial que se inscribió en su totalidad en el registro de la propiedad a nombre de un cliente de Evaristo González cuando a este cliente solo le correspondían 75 metros cuadrados. El resto era propiedad de la empresa Fesmacla, S L, que levantó sobre el terreno un gran almacén de venta de muebles, Intermóbil.

González Reyes usó como aval ese terreno para obtener un crédito de dos millones de euros, aunque la operación se frustró finalmente. Con la supuesta ayuda de los también encartados Tomás Lorenzo Martínez (abogado y su compañero de despacho); Yolanda María Geara Suárez (su secretaria); María Jesús Rodríguez Azogue y Juan Carlos Alonso Molina buscaron quien invirtiera en una supuesta sociedad comercial; crearon un falso contrato de arrendamiento e incluso facturas falsas por las que Fesmacla abonaba 12.000 euros mensuales al falso propietario (sin que este y Fesmacla supieran nada) y hasta lograron que se tasaran los terrenos en 4.166.890,31 euros.

Una operación de filigrana para estafar 900 euros

Evaristo González Reyes muestra un retorcido modo de operar para estafas que en algunos casos apenas le redundan beneficios o de las que él no disfruta. Es el caso de la compra de un Volkswagen Touareg, de más de 50.000 euros de precio de mercado que finalmente condujo otro compañero de su despacho, el también letrado y encartado Juan Martín Delgado.

El coche fue adquirido en diciembre de 2009 por una empresa de González Reyes pero antes de inscribirlo en el Registro de Bienes Muebles fue traspasado a otra empresa sin aparente vinculación con la primera, de tal forma que Volkswagen nunca llegó a anotar la reserva de dominio a su favor ni pudo reclamar un céntimo. La Policía Judicial halló suficiente documentación en el despacho de Juan Martín Delgado cuando en 2012 registró el bufete de González Reyes, un apasionado de los coches de alta gama aunque no tenga carné de conducir.

En este caso también están acusados dos colaboradores habituales del empresario de la noche y el juego: Israel Barreto Méndez y Fabián Echeverry Rojas. Para todos ellos se solicitan tres años de cárcel.

Más complicada fue la estafa que González Reyes perpetró contra Viajes El Corte Inglés, tras lograr obtener por duplicado dos billetes de ida y vuelta a Atenas para un familiar. Evaristo González Reyes pagó los billetes pero su objetivo fue anular la venta, para lo que contactó con dos médicos del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, quienes le proporcionaron un informe de ingreso hospitalario por angina de pecho de ese familiar. En total le reembolsaron 898,22 euros.

El informe estaba firmado por un médico que en ese momento se encontraba de vacaciones.

Unos días después de la operación del Volkswagen Touareg, González Reyes habría cometido otra estafa. Esta ocupó portadas. El 15 de diciembre de 2009 ardió uno de los locales que más fama había tenido años atrás entre la población universitaria de La Laguna, el BB+.

Con la ayuda de un corredor de seguros, su propietario Evaristo González Reyes logró que Seguros La Estrella declarara en mayo de 2010 el siniestro total del local y le abonara 126.165,94 euros. Sin embargo, el incendio no habría sido un accidente sino provocado, además de que al pub ya se le había dado de baja en su actividad, lo que el acusado ocultó a la aseguradora. Por este delito se piden para el principal acusado de la trama Corredor cinco años de prisión.

Otra estafa sería la que sufrieron en 2011 Manuel Ramos González y Rosa Amelia Alonso Delgado, que intervendrán como testigos en la vista oral. Creyeron que Evaristo González Reyes era experto en antigüedades y le confiaron varias piezas de marfil y plata que deseaban vender. El acusado les dijo que había encontrado un comprador que les abonaría 250.000 euros por el lote de marfil y 150.000 euros por las antigüedades en plata, pero nunca vieron ni el dinero ni recuperaron sus piezas. Aparecieron en el domicilio del acusado cuando fue registrado.

Por el delito de presentación de testigos falsos están acusados también Tomás Lorenzo y Mercedes Noda, vecina de Evaristo, para la que se pide un año de cárcel. Noda denunció en mayo de 2010 ante la Guardia Civil que unos amigos de su hija le habían hecho unas pintadas en la puerta de su casa y que tenía un testigo, el acusado Juan Carlos Martín Delgado (el mismo del Volkswagen Touareg). Sin embargo, este testigo fue pactado en un conversación telefónica entre esta acusada y el principal encartado. Tomás Lorenzo habría sido quien habría preparado la testifical.

Joaquín Astor Landete, magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, reiteró este lunes uno de los pensamientos que más ha expresado ante la prensa con cada reforma penal que ha habido en los últimos 20 años: “No se puede legislar en caliente. Ahora mismo no hay sosiego para abordar si es necesaria o no la prisión permanente revisable. No es el momento”.

En un encuentro informal con la prensa, Astor Landete matizó que, en su opinión, “tenemos una de las justicias penales más duras de toda Europa. Tenemos una de las mayores poblaciones reclusas de toda Europa. ¿Necesitamos agravar más esta situación?”.

El magistrado dijo que “el Código Penal prevé hasta 25 años de cárcel y otros diez de libertad vigilada para los casos de asesinatos agravados. ¿Hace falta añadir más?, porque, según nuestra Constitución, la prisión está encaminada a la resocialización, pero en las prisiones españolas no se resocializa, no al menos de una forma adecuada. Hacen falta psicólogos, sociólogos... Es muy costoso”, explicó.

Sin embargo, recordó que no se ha desarrollado el estatuto de las víctimas, aprobado en 2012, con normativa que lo regula desde 2015, pero sin desarrollar. “¿Dónde está esa oficina para atender a las víctimas, para darles una explicación de qué y por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? ¿Dónde todos los criminólogos, los psicólogos para dar alguna respuesta?”, lamentó el magistrado.

Sin noticias de la Ciudad de la Justicia

Astor Landete, que siempre ha ejercido de reivindicativo, aprovechó el encuentro con la prensa para acercarse a lo local y recordar que hay una Ciudad de la Justicia que construir en la capital tinerfeña de la que no se sabe nada. O poco.

En 1999 era juez decano de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, además de titular del Juzgado de Instrucción Nº 4, y estaba orgulloso de haber contribuido a un nuevo Palacio de la Justicia en la capital tinerfeña, pero apenas se había estrenado en 2000 el edificio ya se había quedado pequeño. En la actualidad confiesa sentirse como hace 18 años: luchando por espacios para albergar los nuevos juzgados que necesita la ciudad y la provincia.

“Me jubilaré sin ver la Ciudad de la Justicia”, confesó este lunes en un encuentro con los medios de comunicación. Aclaró que lo único que se sabe en los pasillos de los juzgados es que el Gobierno de Canarias ha decidido que los nuevos inmuebles, que deberán aglutinar los juzgados ahora dispersos por toda la capital, se levantarán en la misma zona de Cabo Llanos, a poca distancia de la sede actual. Y nada más.

“Han pasado meses y no veo intención de solucionarlo en esta legislatura. No parece que haya disposición. Llevamos más de 12 años pidiendo el nuevo edificio, pero ahora se va a construir el Palacio de Justicia de Fuerteventura... Lo último que sabemos es que se está a la espera de un informe de movilidad... Informe que por fuerza debe estar hecho porque se contemplaba en el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife”.

Huelga en el mes de mayo

En relación con la huelga que jueces, juezas y fiscales han planteado para el próximos mes de mayo, el presidente de la Audiencia Provincial tinerfeña afirmó que la secundará. Falta de espacio, falta de herramientas para trabajar, sobredosis de trabajo y una rebaja en su poder adquisitivo son algunos de los argumentos. No los únicos porque hay herramientas nuevas como el expediente electrónico del que echan pestes.

“Nos lo impusieron para ahorrar papel, pero se gasta tanto papel como antes. Los juzgados no están preparados para recibirlos y además carece de firma electrónica. Todas las asociaciones judiciales de España y los presidentes de todas las audiencias provinciales españolas hemos pedido que se paralice para organizarnos bien, porque nos genera mucho más trabajo”, reconoció el presidente de la Audiencia Provincial tinerfeña.

Quienes tengan una hipoteca, da igual si con cláusula suelo o no, de si se trata de fincas urbanas o rústicas, pueden reclamar a su banco los gastos de constitución de hipoteca, como los de notaría y registro de la propiedad, pero queda fuera el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, según ha fallado este miércoles el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que considera que ese tributo corresponde al cliente bancario. 

Era un pronunciamiento esperado desde que en 2015 la misma Sala de lo Civil del TS avaló que cargar sobre el cliente hipotecario todos los gastos de constitución de una hipoteca era abusivo, y por lo tanto, la cláusula que los imponía era nula. En la mayoría de los contratos hipotecarios se incluía en la misma el controvertido impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en otra sentencia sobre gastos hipotecarios falló a favor del banco y en contra de los clientes bancarios por considerar que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, el sujeto pasivo es quien se hipoteca. Lo que ha hecho el Alto Tribunal es aclarar su doctrina. 

En el pronunciamiento de este miércoles, el Supremo ha seguido el criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en contra de los clientes y a favor de la banca, aunque el detalle de esta sentencia no se conocerá hasta dentro de unos días. 

“Un paso atrás” 

Para las asociaciones de consumidores y abogados especializados en la defensa de los clientes bancarios la decisión del Supremo supone “un paso atrás” y la esperanza ahora se centra en que un juez o una jueza eleve una cuestión de prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Manuel Fajardo, portavoz en Canarias de la asociación de clientes bancarios Adicae, opina que “estamos como al inicio de las reclamaciones por  cláusulas suelo. A falta de analizar los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal Supremo, consideramos que es un paso atrás, vemos como el Supremo favorece una vez más a la banca y que finalmente será el Tribunal de la Unión Europea el que aclare si es abusivo el cargo de este impuesto a los clientes hipotecados”. 

En el mismo sentido se pronuncia Ángel Eguren Goya, abogado de Legalaria, que califica la resolución del TS como “una mala noticia” que espera que llegue al TJUE. “Ya veremos en qué deriva esta sentencia.  En la actualidad, el asunto es complejo porque no hay doctrina jurisprudencial, no hay unidad de criterio. No cabe duda en que los gastos de Registro de la Propiedad, de aranceles notariales y de gestoría y tasación, si las impuso el banco, corren de cuenta del banco, pero en cuanto al impuesto hay una gran disparidad de sentencias, en todos los sentidos”. 

En efecto, no hay unidad de criterio. De las 52 Audiencias Provinciales de España, diez han sentenciado que todos lo gastos de la constitución de una hipoteca corresponden a los bancos (como es el caso de la Audiencia Provincial de Las Palmas), ocho han estimado que todos los gastos corresponden al cliente bancario y las restantes, como en la provincia tinerfeña, consideran que, como el Tribunal Supremo, los gastos se reparten y el Impuesto de Actos Jurídicos Constituidos corresponde al cliente a favor de los bancos. 

Sin embargo, los jueces ya no están obligados a seguir los razonamientos del más alto tribunal español. “El Supremo dijo que el referencial de una hipoteca variable de acuerdo con el IRPH no era abusivo, pero tenemos una reciente sentencia en Las Palmas de Gran Canaria que ha anulado ese índice de cálculo del interés variable por abusivo”. 

Sea como sea, el cliente hipotecario tiene poco camino que recorrer ya que en caso de que en instancias menores los jueces le den la razón, si su causa llega al Tribunal Supremo, este dará la razón una vez más a la banca.

El Tribunal Supremo dará a conocer este miércoles, 28 de febrero, la sentencia en la que aclara si son los bancos o los clientes quienes deben abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de una hipoteca. Se trata del mayor gasto, con una media de entre 900 y 2.500 euros, que hasta ahora han tenido que afrontar los consumidores al firmar un crédito hipotecario.

La sentencia tiene repercusión ya que afecta a la totalidad de las hipotecas firmadas, con cláusula suelo o sin cláusula suelo, lo que diversas asociaciones de consumidores estiman en unos 15 millones en toda España (entre millón y medio y dos millones en Canarias), y sin prescripción para su reclamación, ya que otra  reciente sentencia del Alto Tribunal establece que el periodo de cuatro años para reclamar a los bancos computa desde que el contrato se extingue y no a su firma.

También tiene su repercusión porque urgía que el Supremo se aclarase de una vez, dado que en 2015 falló que las cláusulas que imponían a los clientes bancarios todos los gastos de la formalización de las hipotecas eran abusivas y por lo tanto, nulas, pero no matizó a qué gastos se refería.

No hay dudas en que los gastos de notaría y registro de la propiedad debe afrontarlos cada entidad bancaria porque son esenciales para que el banco pueda constituir el título ejecutivo del préstamo y con ello, una garantía real sobre el mismo. Tampoco hay dudas con respecto a los gastos de gestoría y tasación cuando el banco los impone, pero en cuanto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el propio Tribunal Supremo el que tiene sus contradicciones, ya que la Sala de lo Contencioso-Administrativo falló en contra de una sociedad mercantil y a favor del banco, pero otra sentencia de la Sala de lo Civil dio la razón a los clientes y se la quitó a las entidades financieras.

Si el Tribunal Supremo falla contra la banca, ésta debería devolver, en teoría, en torno a 18.300 millones de euros, según estima Facua, es decir, unos ocho mil millones de euros más que las cantidades estimadas por cláusula suelo.

En la actualidad, hay disparidad de criterios entre las diferentes audiencia provinciales españolas. Diez de dieciocho fallan en contra de la banca. Las restantes dejan fuera el polémico Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La clave es si el banco, que es parte interesada en la concesión de las hipotecas, es o no sujeto pasivo de acuerdo a la normativa que regula la Administración Tributaria.

Una mujer será juzgada el próximo 9 de marzo en Santa Cruz de Tenerife por usar el nombre y el DNI de otra persona para contratar una línea de telefonía. La empresa Orange efectuó el contrato por teléfono, sin cerciorarse de la verdadera identidad de la contratante y ahora exige una deuda de 334 euros a la denunciante.

En octubre de 2017 Carmen N. T. recibió una llamada de Orange en la que le requirió el pago de la deuda. Extrañada, solicitó que le fuera remitido el contrato y las facturas por las que se le reclamaba esa cantidad, ya que las facturas llegaban al domicilio de la suplantadora, Vanesa A. E., que nunca las abonó.

La denunciada contrató no solo la línea para llamadas, sino que también obtuvo una línea de servicios de internet y televisión de pago, incluido un canal de deportes. La denunciante localizó a su suplantadora, ya que en las facturas figuraba dónde residía y era el lugar en el que operaba la línea contratada.

“Me abrió la puerta una señora que me dijo que la linea la había contratado su pareja”, explicó Carmen a Tenerife Ahora. Después, esta denunciante acudió a una comisaría de Policía Nacional para interponer una denuncia.

Carmen no sabe cómo la denunciada pudo hacerse con sus datos básicos, teléfono y DNI, para contratar la línea, y tampoco se explica cómo Orange no verificó los datos, ya que su cuenta corriente no coincide con la que facilitó la suplantadora y sin embargo es a ella a quien le reclaman el pago de la deuda.

Tampoco se explica cómo la empresa de mensajería entregó un router en la vivienda de la denunciada sin verificar los datos de su DNI.

Además del resultado del juicio, que se verá en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, la afectada ya ha anunciado que exigirá responsabilidades a la compañía de telefonía y a la de mensajería por negligencia, además de denunciar a la empresa de listado de impagados Asnef por mantener sus datos en ese fichero de morosos pese a haberles hecho llegar la denuncia por suplantación de identidad.

El interventor general del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Gerardo Armas Davara, se ha ratificado este lunes ante la jueza Celia Blanco en que la concesión de un préstamo por parte del Consistorio a Autogrúas Poli S.L. era ilegal, al igual que lo fue la prórroga del contrato a esa empresa por sus deudas a la Seguridad Social y las administraciones tributarias estatal y canaria.

Armas Davara - que en realidad es viceinterventor del Ayuntamiento de La Laguna con funciones de interventor - declaró como testigo durante cerca de cuatro horas en el Juzgado de Instrucción en el que se investiga el llamado caso Grúas por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ello debido a un préstamo de 120.000 euros y a la prórroga de la concesión del servicio municipal de retirada de vehículos a una empresa gestionada por personas que podrían ser afines al actual presidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de  La Laguna, Fernando Clavijo.

Armas Davara fue quien redactó y suscribió en 2014 dos informes negativos a la concesión del préstamo a Autogrúas Poli S.L. y otros dos informes también negativos a la prórroga de su contrato.  Y en ambos casos lo hizo por chocar ambas propuestas del área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad (de la que era responsable el actual alcalde José Alberto Díaz, de CC), con la normativa de administraciones locales.

Con respecto al préstamo de 120.000 euros, el interventor recalcó que en la propuesta de concesión no se incluían ni el plazo de devolución ni las garantías de recuperar el dinero de las arcas municipales en caso de impago. Además, la primera propuesta se refería a anticipo, luego modificada, pero incluso como préstamo se incumplían a su parecer las condiciones.

Dos catedráticos para intercambiar criterios

A preguntas de los abogados de la acusación particular, que ejercen los concejales de la oposición de Por Tenerife-Nueva Canaras y Sí Se Puede, Armas Davara indicó que tras su primer informe negativo tuvo dos reuniones con los gestores del Ayuntamiento para aclarar sus reparos de legalidad y que en el segundo de esos encuentros acordó a instancias de José Alberto Díaz reunirse con dos catedráticos externos (contratados para hacer una valoración positiva al préstamo) para aclarar posturas. La suya no varió y emitió un segundo informe contrario al préstamo.

En ninguna de esas reuniones intervino Fernando Clavijo, aunque luego firmó los decretos por los que se levantaron los reparos del interventor y el Ayuntamiento otorgó tanto el préstamo como la prórroga de la concesión del servicio municipal de grúas.

En agosto de 2014, Autogrúas Poli seguía intervenida por el propio Ayuntamiento dadas sus irregularidades contables, pero en este punto Armas Davara aclaró que no le correspondía a él conocer el estado de la empresa para sus informes.

En cuanto a la prórroga del contrato a esa empresa, el testigo aclaró que a su parecer no se daban las condiciones por incumplir el pliego de condiciones, sobre todo debido a los impagos por IGIC y las deudas a la Seguridad Social.

En respuesta al abogado de la defensa del hasta hoy único investigado, el concejal Antonio Pérez Godiño - que firmó una de las propuestas a favor de Grúas Poli - Gerrando Armas admitió que “todo es interpretable jurídicamente” y se mantuvo en que los decretos del alcalde en este caso, según él interpretó, eran contrarios a la legalidad.

En los próximos días se espera que la jueza Celia Blanco resuelva el recurso de reforma contra la negativa de la magistrada de citar como investigado a José Alberto Díaz así como que llame a declarar como testigos al anterior propietario de Grúas Poli, José Padilla.

La investigación judicial del llamado caso Grúas se reanuda este lunes con la declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna del responsable de la Intervención General de Ayuntamiento de ese municipio tinerfeño, Gerardo Armas Davara, que en 2014 y 2015 se opuso a los decretos del exalcalde y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batle, que permitieron a Autogrúas Poli, SL, mantener el servicio municipal de grúas pese a incumplir las condiciones del contrato.

Para la acusación particular, los concejales de la oposición Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez (de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unidos Se Puede), Armas es un testigo clave que apuntalará lo que consideran sobrados indicios de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación que habrían cometido tanto Clavijo como su sucesor José Alberto Díaz (CC), en la etapa en que este era concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad de San Cristóbal de La Laguna.

Armas Davara es en realidad viceinterventor general del Ayuntamiento de La Laguna, pero, como la plaza de interventor general lleva años vacante, ejerce como interventor en funciones. Fue quien se opuso en 2014 a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli, que desde 2011 estaba en manos de siete personas con supuestas relaciones de amistad con Clavijo.

Autogrúas Poli, SL, empresa que creó el empresario José Padilla González y que en 2004 consiguió la concesión del servicio municipal de retirada e intervención de vehículos en la vía pública del municipio de La Laguna, fue vendida a siete de sus trabajadores cuya gestión quedó demostrada que era un desastre. Acumularon deudas de más de 300.000 euros a la Seguridad Social y Hacienda, por lo que acabó intervenida por el Ayuntamiento.

Ese estado de falta de liquidez (con cuentas bloqueadas por impagos) e incumplimientos con la Agencia Tributaria suponía un grave incumplimiento del pliego de las condiciones del contrato. Sin embargo, el que era concejal en 2014 de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Alberto Díaz, propuso la concesión de un préstamo de 120.000 euros, a lo que la Intervención Municipal, con Armas Davara al frente, se opuso en dos informes con reparos y advertencias de incumplir con la legalidad.

Básicamente, en la Intervención se preguntaban cómo se iba a adelantar dinero a una empresa intervenida y con futuro incierto cuando el plazo de concesión, renovable cada cinco años, no se había renovado (tocaba renovar o rescindir el contrato en 2014) y no se podía garantizar que la facturación futura cubriese la devolución del dinero.

El 18 de junio de 2014, Fernando Clavijo firmó el decreto por el que levantaba los reparos señalados por el interventor en funciones y se concedieron 120.000 euros a Autogrúas Poli con el 4% de interés, todo ello según un estudio de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna que respaldaba la viabilidad del préstamo.

Unos meses más tarde, desde Seguridad Ciudadana se propuso renovar el contrato a Autogrúas Poli, SL, por otros cinco años, a lo que también se presentaron dos informes con reparos de legalidad por parte de la Intervención Municipal. En agosto de 2014, esos reparos fueron levantados mediante decreto del exalcalde Clavijo.

En 2015, Autogrúas Poli fue vendida por un euro a un empresario del sur de Tenerife, José Luis Tacoronte, que asumió deudas por encima de los 700.000 euros.

Recurso para que declare el actual alcalde

Tras la toma de declaración como testigo a Armas Davara se espera que la jueza que instruye el caso, Celia Blanco, llame a declarar a nuevos testigos antes de elevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una exposición motivada de si hay o no hay indicios de que el presidente del Gobierno de Canarias haya otorgado tratos de favor a los que fueron dueños de Autogrúas Poli, SL, y con ello haya cometido prevaricación, tráfico de influencias y/o malversación.

Aún debe resolverse el recurso que la acusación particular presentó ante la negativa de la jueza a citar a declarar al actual alcalde y sucesor de Clavijo, José Alberto Díaz, y también ha interesado que se le tome declaración, en este caso como testigo, al primer concesionario del servicio de grúas municipales, José Padilla.

Padilla declaró ante la Guardia Civil en 2013, en el marco de una investigación por robos de piezas en el depósito municipal de vehículos, que tuvo presiones para vender su empresa a los siete amigos supuestos de Clavijo y que habría sido amenazado por este en varias ocasiones durante los años que mantuvo la concesión, entre 2004 y 2011.

Autogrúas Poli, la empresa concesionaria del servicio municipal de grúas en San Cristóbal de La Laguna que en 2011 pasó a manos de siete trabajadores afines a Fernando Clavijo, debería haberse quedado sin esa concesión si desde el área de Seguridad Ciudadana se hubiese hecho caso al primer informe que elaboraron en abril de 2014 los dos funcionarios a los que se les encargó la gestión de la empresa cuando fue intervenido el servicio, a comienzos de ese año.

Esos dos funcionarios, Antonio Vera y Alejandro Cordero, declararon este lunes como testigos ante la jueza de instrucción del Juzgado Nº 2 de La Laguna, Celia Blanco, quien lleva a cabo la investigación judicial del llamado caso Grúas, un asunto que podría suponer la investigación a Clavijo y al actual alcalde de La Laguna, el también nacionalista José Alberto Díaz Domínguez, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y/o malversación de caudales públicos.

En ese informe, ambos funcionarios relataron los incumplimientos de la empresa con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria Canaria, además de con los trabajadores, a quienes se les debían las nóminas de varios meses.

Antonio Vera reconoció en su testifical que esos incumplimientos del pliego de condiciones suponían faltas muy graves que debían desembocar en la caducidad de la concesión. Sin embargo, no se inició expediente sancionador alguno.

La declaración de Vera ha sido sustancial. El funcionario explicó que en ese informe no se hizo referencia a la concesión a Autogrúas Poli de un préstamo (de 120.000 euros, que finalmente se otorgó), sino que “había necesidad de una aportación económica”, sin poder señalar a quien se le ocurrió la figura jurídica del préstamo, al que se oponía la Intervención municipal.

“De alguna manera había que justificar y convencer de que la concesión del préstamo era legal y viable, ya que estábamos ante un expediente complejo y novedoso, sin tiempo para analizar la situación jurídica y legal (de la empresa)”. A ello se debe el informe externo de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna que fueron solicitados desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de la que ya era responsable en 2014  el actual alcalde. “Necesitaba contrastar, ya que el interventor manifestaba que no era viable el préstamo”, y reiteró que no sabía de las tensiones internas entre Hacienda y Seguridad Ciudadana. “Solo sabía que en ese momento estaban desesperados”.

Antonio Vera negó tener tratos personales con José Luis Tacoronte, el empresario de Adeje que en 2015 compró por un euro Autogrúas Poli y su deuda de más de 700.000 euros, aunque reconoció que, en su opinión, la forma de salvar el servicio municipal era mediante una inyección de dinero privado.

Vera fue más tibio que su compañero Alejandro Cordero en cuanto a la propuesta de la prórroga de la concesión del servicio municipal por cinco años a Autogrúas Poli, pese a los incumplimientos de la empresa con el pliego de condiciones. Según matizó Vera a la jueza, era necesario “reequilibrar” el servicio. Cordero, sin embargo, negó que se propusiera prórroga alguna, máxime para una mercantil en riesgo de situación concursal.

Sí fue más claro en cuanto al préstamo que se otorgó a la empresa intervenida.  Afirmó que los 120.000 euros coincidían con la cantidad de dinero que Autogrúas Poli adeudaba en 2014 a sus empleados no asociados, y que fue un dinero que gestionaron tanto él como Antonio Vera en calidad de interventores mancomunados.

Fue un dinero, recalcó, al que no tuvieron acceso los siete dueños de Autogrúas Poli (que son investigados por el robo de piezas en vehículos del depósito municipal, causa que se lleva en el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna).

El concejal de CC Pérez-Godiño

El actual portavoz del grupo municipal de CC en el Ayuntamiento de La Laguna y que fuera concejal de Participación Ciudadana, Antonio Pérez-Godiño, fue el tercero en declarar y el único investigado  (antes imputado) hasta el momento por el caso Grúas. Pérez-Godiño es sospechoso de un delito de prevaricación administrativa, y tras declarar durante dos horas, su condición se mantiene.

Sostuvo que su única actuación en este caso fue firmar el decreto para prorrogar la concesión en agosto de 2014, en sustitución del entonces concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto Díaz, y que, pese a que vio reparos del interventor municipal, también le figuraban como “levantados” por el alcalde (Clavijo).

Godiño aseveró que él no redactó el decreto, que solo le dio salida y que desconocía los motivos por los que (Clavijo) no había firmado la prórroga en el decreto en que había levantado los reparos del interventor del Ayuntamiento.

Además aclaró que nunca participó en el expediente sobre la concesión del servicio a la empresa de grúas, sino que este fue impulsado desde el área de Seguridad Ciudadana, aunque en el mismo intervenían la Jefatura de la Policía Local, Hacienda municipal y los servicios jurídicos, por lo que él no participó en su elaboración.

Tras su declaración, la acusación particular podría solicitar este martes que se llame a declarar a José Alberto Díaz en calidad de investigado.

En 2003, Fernando Clavijo Batle se inició en la gestión pública como concejal de Seguridad Ciudadana en San Cristóbal de La Laguna. Se había afiliado en 1992 a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), el pilar tinerfeño de Coalición Canaria, cuando solo tenía 21 años, y su primera experiencia política fue ejerciendo como secretario de las juventudes nacionalistas laguneras entre 1997 y 2001. De 2001 a 2003 ascendió en el escalafón y pasó a secretario de esas juventudes a escala insular.

Clavijo, que estudió Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo hasta 2009 (cuando se convirtió en alcalde) una gestoría de fincas llamada Administración Ecológica, S.L, con sede en la avenida de Lucas Vega, número 13, en La Laguna, muy cerca de la Iglesia de La Concepción. Esta dirección postal podría ser crucial en la investigación judicial por el llamado caso Grúas, ya que, de confirmarse determinados extremos, conduciría al actual presidente del Gobierno de Canarias hacia la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El caso Grúas es una causa que tuvo que reabrir (por mandato de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mediante el auto 699/2017) el juzgado de Instrucción 2 de La Laguna. La titular del mismo, la magistrada Celia Blanco, archivó en junio pasado la denuncia interpuesta unos meses antes (abril de 2017), por Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez, concejales que ejercen la oposición en el consistorio lagunero en nombre de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unidos Se Puede.

Los denunciantes se opusieron al archivo y sobreseimiento provisional y sus recursos fueron admitidos por la sección segunda de la Audiencia Provincial. Ahora, los magistrados de Lo Penal del TSJC decidirán si hay o no caso, y si investiga o no al aforado Fernando Clavijo. El Fiscal jefe del Alto Tribunal, Vicente Garrido, informará al respecto, aunque su informe no es vinculante.

El grueso del asunto radica en un posible trato de favores. Para entenderlo hay que regresar a esa etapa inicial de Clavijo como concejal de Seguridad Ciudadana. El 6 de octubre de 2003, a los pocos meses de acceder a ese cargo, Clavijo formuló una propuesta relativa a la gestión pública del servicio de recogida de vehículos en la vía pública, ya que en su opinión ese servicio y su deposito no daban satisfacción a las necesidades que se planteaban; no se daba cobertura a la totalidad del municipio y además, había que echar mano de empresas privadas para dar abasto en la zona centro, que por aquel entonces no estaba peatonalizada.

La propuesta de Fernando Clavijo fue la externalización del servicio mediante una concesión del mismo con una vigencia equivalente a la amortización de los vehículos grúa y sin incorporar personal municipal.

El 12 de febrero de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de la Laguna respaldó esa propuesta y acordó aprobar el expediente de contratación en régimen de concesión administrativa, mediante concurso abierto para la gestión de los servicios de retirada, la inmovilización y el desplazamiento de vehículos en la vía pública en el municipio lagunero, con un presupuesto máximo de licitación de 4.460.695,35 euros.

De esa forma, se aumentó el número de grúas (de dos a cinco) y casi se cuadriplicó el número de operarios que pasaron de seis a veintidós. El concurso público lo ganó José Padilla González en julio de ese año, que habría de percibir 72.634,67 euros mensuales, IGIC incluido, pero las irregularidades no tardarían en llegar.

Se había acordado no aportar personal municipal, aunque según denunció Padilla a la Guardia Civil años más tarde, en 2013, le impusieron “con presiones” el nombre de siete de las personas que tenía que contratar y aseguró que todos ellos tenían relaciones de amistad o afinidad con el mismo Clavijo.

Bodas y entrenamientos de kárate

Esas siete personas son Santiago Ramón Casanova; Felipe Casanova Medina; Leopoldo Santana Hernández; Pablo Bartolomé Ginovés Sierra; Carmelo Jesús Reyes González; Esteban Jesús Hernández González y José Luis Conde López. Todos ellos declararon como testigos el pasado 21 de noviembre tras la reapertura de las diligencias previas de investigación 1213/2107.

Según Padilla González, esas relaciones de afinidad no dejaban lugar a dudas. Clavijo es padrino de la novia en la segunda boda de Santiago Ramón Casanova; la esposa de Pablo Ginovés trabajaba en la gestoría de Clavijo, y tres de los ya apodados “Los Siete”, aparte de conocer al presidente del Gobierno canario desde la infancia, fueron sus compañeros de kárate durante años, tanto que competían juntos en la Península.

Catorce meses después de que se firmara el contrato de concesión, Padilla lo traspasó a una empresa que acababa de crear, Autogrúas Poli S.L., que quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones.

La concesión funcionó sin demasiados altibajos hasta 2010, pero a partir de 2011 Autogrúas Poli S.L. dejó de recibir los cerca de 73.000 euros mensuales contratados, hasta acumular un año de impagos a los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda estatal por unos 200.000 euros.

El empresario declaró a la Policía Judicial que su asfixia económica era conocida en el Ayuntamiento.

Así consta literalmente en el acta de esa comparecencia: “Informé al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Antonio Alonso Barreto, varios meses antes del mes de abril de 2011, que me pagase lo que el Consistorio me adeudaba, contestando el citado concejal que había alguien que quería comprarme la empresa y que se la vendiera, siendo uno de ellos Esteban Jesús Hernández González, sabiendo que esta persona era muy amigo del citado concejal; que otro de los compradores, Santiago Ramón Casanova Pérez, era muy amigo del alcalde, sabiendo que iban a competir en kárate a la Península, que además, según creía, el alcalde fue padrino de boda de la segunda mujer de Casanova, haciéndole también el mantenimiento al alcalde de los edificios de los que era administrador de fincas, teniendo la oficina en la calle La Parra, número 13 de La Laguna, donde también trabajaba M. que es la mujer de Pablo Bartolomé Ginovés Sierra, otro de los compradores, queriendo hacer constar que el resto de las personas que le adquirieron la empresa tenían vinculación directa o indirecta con Fernando Clavijo, hablando estas personas delante de mí por teléfono con el citado alcalde, llegando esta persona a obligarle a que metiese a varios de ellos a trabajar en la empresa, añadiendo además que, en una ocasión que contrató a una persona para su empresa, el alcalde Clavijo me llamó por teléfono para reprocharme que hubiese contratado a una persona sin su consentimiento”.

Padilla González es uno de los principales testigos de la causa que finalmente resolverá el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de la solicitud de inhibición en su instrucción de la titular del juzgado 2 de La Laguna, petición que elevó al alto tribunal el pasado 23 de noviembre, y desde el que se le ha requerido a que acabe con las diligencias que tenía previstas y eleve una nueva exposición razonada que cumpla con los requisitos.

El empresario añadió a la Guardia Civil que el propio Barreto le aconsejó en 2011 vender la empresa, ya que había un grupo de trabajadores (los siete afines a Clavijo) dispuestos a montar una cooperativa y hacerse con la concesión. Padilla dijo asimismo que detrás de las presiones que sufrió estaban Clavijo; el que fue concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antonio Pérez-Godiño, y su sucesor en el cargo y actual alcalde de la ciudad, el nacionalista José Alberto Díaz Domínguez.

Pero regresemos un poco en el tiempo para hilar el Caso Grúas: tras la renuncia de Ana Oramas a la Alcaldía en 2008 para centrarse en su carrera como diputada nacional, Fernando Clavijo Batlle se convirtió en el regidor de San Cristóbal de La Laguna. El tranvía que conecta el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con la Avenida de La Trinidad era un hecho desde 2006 y la peatonalización de su casco histórico había rebajado la demanda del servicio municipal de retirada y depósito de vehículos.

Así que entre la peatonalización del casco histórico de La Laguna y la llegada del tranvía, Padilla cedió y vendió Autogrúas Poli a Los Siete, de entre quienes destaca alguien con más peso en el grupo: Esteban Hernández González, que en 2009 puso en marcha Sonotec Tejina S.L., una empresa franquiciada dedicada a la sonorización de actos públicos que tiene entre sus principales clientes al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

El amigo Esteban

Esteban Hernández González compaginaba la conducción de las grúas con la gerencia de Sonotec Tejina S.L, que en dos años recibió unos 35.000 euros a través de pequeños contratos con el Ayuntamiento para los que no era necesario el concurso público.

El hilo conductor de estos pequeños contratos era Juan Antonio Alonso Barreto, aunque en el Caso Grúas no hay que perder de vista a quien asumió la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en 2011, José Alberto Díaz, que pasó de ser abogado especialista en Laboral (aún es abogado en ejercicio) a mano derecha de Fernando Clavijo en el corporación municipal. Los denunciantes también le consideran sospechoso de haber cometido los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales

Padilla se vio impelido a vender la empresa, pero algunos de los trabajadores de Grúas Poli S.L. se opusieron a formar parte de la cooperativa de Los Siete ya que les parecía irregular que la concesión cambiara de manos sin pasar por un nuevo concurso público.

De acuerdo con la documentación aportada en la denuncia de los concejales de Unidos se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, a los dos días de formalizarse -en abri lde 2011- la venta de Autogrúas Poli, el Ayuntamiento de La Laguna abonó los 200.000 euros que se debían a la empresa, pese a que ninguno de los nuevos propietarios estaba en posesión de la llamada tarjeta de transporte, esto es, el título de capacitación al transporte que se requiere para la retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública. La nueva sede social de la mercantil se trasladó a la avenida de Lucas Vega, número 13, la misma dirección en la que Clavijo tuvo su gestoría hasta 2009.

Estos incumplimientos del pliego de condiciones fueron advertidos en varios informes por los interventores municipales Alejandro Cordero y Antonio Vera, que deberán declarar como testigos ante la magistrada Celia Blanco este lunes. En tres escritos fechados el 4 de noviembre de 2013, y el 22 y 30 de enero de 2015, dirigidos a los entonces titulares de la concesionaria, se les comunica que el Cabildo de Tenerife conoce que las autorizaciones de la etapa anterior (las autorizaciones de José Padilla) “han decaído y, por tanto, no pueden proceder a la retirada de vehículos en la vía”.

Los escritos de 2015 se emitieron cuando la empresa ya había sido intervenida por el Ayuntamiento. Enseguida llegaremos a ese punto. El caso es que fue el mismo Cabildo de Tenerife, en concreto su área de Movilidad, el que denunció la irregularidad al Ayuntamiento lagunero.

Pese a que en 2011 los nuevos propietarios de Grúas Poli cobraron los 200.000 euros que se adeudaban por el Ayuntamiento, acumularon hasta 12 meses de impagos de nóminas y nuevas deudas por más de 30.000 euros a la Seguridad Social y de 76.000 euros a Hacienda. La concesionaria tenía la obligación de certificar el pago de los salarios antes de los días 15 de cada mes, lo que no ocurría, y suponía otro incumplimiento del pliego de condiciones.

Robos en el depósito municipal de vehículos

Aparte de la ausencia de la tarjeta de transporte y de acumular deudas, entre 2011 y 2014 se detectaron robos de piezas en los vehículos retirados de la vía pública y que eran llevados al depósito principal de las grúas, en la calle Espinero. Se trata de un caso paralelo que se investiga en el juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna y en la que están investigados (imputados) Los Siete.

Los propios trabajadores de Autogrúas Poli fueron quienes denunciaron a la Guardia Civil el robo de las piezas hasta que la empresa fue intervenida por el Ayuntamiento de La Laguna en enero de 2014. Algunos de estos empleados se negaron a trabajar en ese depósito, precisamente para no verse involucrados, por lo que fueron despedidos. Uno de estos denunciantes, Francisco Ramos, tuvo que ser readmitido tras ganar el juicio por despido nulo.

Las piezas se vendían a través de internet con un teléfono de enlace: el corporativo de Autogrúas Poli. Estos robos son una muestra del descontrol en la gestión de la empresa que acabó por reducir su flota a tres grúas y 11 empleados. En 2012, cuando Autogrúas Poli ya había cambiado de manos, se revisaron las condiciones de la concesión, que se rebajó de 72.634,67 euros a 54.166,67 euros al mes.

La formalización del nuevo contrato se llevó a cabo en 2013. El servicio ya no tenía tanta demanda por la peatonalización de las calles del centro y había disminuido la cifra de retirada de coches en las calles, que pasaron de cerca de 2.500 al año a menos de 1.400.

En 2009, todavía con José Padilla como dueño de la empresa, el Pleno del Ayuntamiento había acordado prorrogar la concesión por cinco años, pero en enero de 2014, y dados los numerosos impagos a Hacienda, a la Seguridad Social y a los trabajadores, además de la carencia de la tarjeta de transporte, mal estado de las grúas y falta de material esencial para llevar a cabo el servicio, el Ayuntamiento intervino la empresa y puso al frente de la misma a dos interventores municipales: Alejandro Cordero y Antonio Vera.

Los reparos que fueron levantados

Según se recoge en el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, “dichos técnicos municipales ya advirtieron de la inestable situación económica-financiera de la

entidad concesionaria en sus informes de 12 de marzo de 2014 y 8 de abril de 2014, en los que señalaron que las deudas pendientes de pago a corto plazo superaban los 300.000 euros y que se observa un problema de liquidez que arrastraba deudas con la agencia tributaria de los años 2012, 2013 y 2014, así como destacaron la existencia de embargos de créditos, teniendo la sociedad bloqueados sus ingresos y que tenía deudas a corto plazo por importe de 347.691,87 euros“.

Se añade que según estos funcionarios “la sociedad Autogrúas Poli S.L. no se encontraba en condiciones de poder prestar el servicio de grúa municipal en esa fecha ( 8 de abril de 2014). En ese contexto, mediante decreto de 18 de junio de 2014 del Sr. Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de La Laguna, Fernando Clavijo, se resolvió levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con respecto a la concesión a Autogrúas Poli, S.L. de un préstamo en dinero de 120.000 euros, dentro del ámbito de la medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio de retirada e inmovilización de vehículo en la vía pública”.

Los informes desfavorables de la intervención municipal fechados el 9 de junio de 2014 y el 17 de marzo de 2014 recogían los siguientes reparos:

-El expediente que servía de antecedente a la proposición de la ayuda de 120.000 euros carecía de incoación por el órgano municipal competente.

-La propuesta carecía de fundamentación jurídica, con lo que se vulneraban el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.-El anticipo propuesto, así como su regulación, carecían de cobertura legal.-De la regulación contenida en la propuesta se deducía que la cuenta a abrir sería municipal de lo que se derivan varias circunstancias no previstas en el expediente. -No constaba un tercero concreto con un CIF al quien efectuar el pago, y además, la incautación de la garantía para cubrir el anticipo era contraria a la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

Los funcionarios fueron informados de una propuesta de resolución por parte del área de Seguridad Ciudadana pero esa propuesta no solventó los reparos la Intervención Municipal porque la normativa de administraciones locales no contempla el pago de anticipos a empresas concesionarias, y aún si se concedía ese préstamo, faltaban detalles esenciales para formalizarlo, como el plazo para su devolución.

Más o menos, era una pescadilla que se mordía la cola. Los interventores se preguntaban cómo se iba a adelantar dinero a una empresa intervenida y con un futuro incierto, tanto que el plazo de concesión renovable cada cinco años no se había renovado y no se podía garantizar que la facturación futura cubriese la devolución del dinero.

El apoyo de los expertos externos

Para solventar estos reparos y aclarar la disparidad de criterios, los servicios jurídicos del Ayuntamiento encargaron un estudio a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, a través de la Fundación General de la ULL, que a finales de abril emitieron un informe que avalaba la concesión del préstamo de 120.000 euros con cargo al presupuesto de gastos corrientes.

En abril de 2014 se prolongó la intervención municipal de Autogrúas Poli, que según los interventores no tenía capacidad para prestar el servicio. Incluso propusieron que se abriera un concurso de acreedores. En junio, la Junta de Gobierno local aprobó la concesión del dinero a un 4% de interés con un informe de Seguridad Ciudadana, pese a los reparos de los interventores, que fueron levantados con el aval del informe de los profesores universitarios.

Mediante otro decreto (el 1284 /2014 de 26 de agosto) Clavijo prorrogó la concesión por otros cinco años, en contra de nuevo de un reparo de la Intervención Municipal.

Unos meses después, ya en 2015, Autogrúas Poli fue vendida por un euro a un empresario del sur de Tenerife, José Luis Tacoronte, que asumió deudas por encima de los 700.000 euros.

Sobreseimiento precipitado

El auto dictado el 17 de octubre por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hace un relato de los hechos que componen el Caso Grúas y que podrían sentar en el banquillo de la Sala de lo Penal del TSJC al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC) por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y/o tráfico de influencias.

El fallo es respuesta a la estimación de los recursos de apelación que los denunciantes del Caso Grúas (los concejales de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unidos Se Puede: Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez), después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, archivara su denuncia sin haber iniciado siquiera las mínimas diligencias para esclarecer los posibles delitos.

Celia Blanco archivó la denuncia tras estudiar los decretos que firmó como alcalde y los que se dictaron desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

“Y entiende la instructora que respecto a los mencionados Decretos no consta la falta de competencia, ni de las normas esenciales del procedimiento, ni que el fondo contravenga lo dispuesto en la Ley , ni que fueran dictados a sabiendas de su injusticia , constituyendo una ilegalidad evidente y por tanto arbitraria”.

Sin embargo, el tribunal le recuerda que solo puede archivar una causa si la misma carece de ilicitud penal de forma inequívoca, lo que no era el caso. “Examinadas las actuaciones, no hemos de compartir el criterio del juzgado de Instrucción, por cuanto los hechos relatados en la denuncia presentada pudieran revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o tráfico de influencias, entendiendo precipitado en este momento inicial de la instrucción decidir el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, sin practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables (...)”

De acuerdo con los magistrados, el sobreseimiento fue precipitado, ya que sí hay indicios de posible delitos que, insisten, deben esclarecerse con la investigación judicial y llegado el momento, con la prueba de juicio oral.

En concreto, en el auto se aclara que “el juzgado de Instrucción argumenta que el sr. Alcalde resolvió una discrepancia de criterios pero no valora la adecuación o contravención de la legislación vigente sobre la materia, del criterio acogido por el Decreto n.º 858/2014. Es más, se alude a dictámenes de expertos externos, para fundamentar el levantamiento de los reparos de la Intervención Municipal, que no han sido recabados ni valorados por el Juzgado de Instrucción, desconociéndose el contenido y los términos en que fueron emitidos”.

Y se añade que “dicha valoración sobre la legalidad de los criterios mantenidos por los informantes resulta esencial a efectos de determinar la ilicitud penal de la conducta , pues no cabe duda de que ante criterios dispares de los informantes, la autoridad deberá decidir, pero la resolución que adopte deberá ser conforme a las normas del ordenamiento jurídico, no pudiendo ampararse en informes cuyas conclusiones contravengan dichas normas”.

También le recuerdan a la jueza instructora que algunos de los nuevos socios de la empresa concesionaria “pudieran tener vinculaciones personales con el Sr. Alcalde D. Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el Juzgado de Instrucción”, y como indicio se esa posible afinidad señalan que los siete socios que se hicieron con Autogrúas Poli indicaron en escritos dirigidos a órganos judiciales en 2012, cuando se investigaba el robo de piezas de coches en el depósito municipal, que la sede de la mercantil a efectos de notificaciones estaba en el número 13 de la Avenida Lucas Vega.

Y aún más: los magistrados indican a la jueza que igualmente es necesario investigar por qué a los dos días de que José Padilla, el primer propietario de Autogrúas Poli, traspasara su empresa a Los Siete, el Ayuntamiento se puso al día en sus pagos con la empresa y qué otras condiciones del pliego de cláusulas administrativas se incumplieron, como el de ejercer el servicio sin contar con la tarjeta de transporte de mercancías.

El auto judicial es contundente al concluir que “a la vista de la situación expuesta, no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten deforma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal, como señala el Juzgado de Instrucción. Así como tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo.

El primer paso de la jueza instructora al reabrir el caso fue tomar declaración el 21 de noviembre a Los Siete, cinco de los cuales reconocieron tener o haber tenido un trato personal con el ahora presidente regional. El pasado 24 de noviembre, Celia Blanco elevó al TSJC una exposición razonada para inhibirse de esta instrucción y que recaiga en la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal dada la condición de aforado de Fernando Clavijo.

Los juzgados especializados en demandas por cláusula suelo y otras condiciones financieras en las hipotecas tienen los días contados, hasta el 31 de diciembre, si el Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas no acuerdan antes su prórroga, lo que se debatirá este lunes entre representantes de los gobiernos regionales y el Ministerio de Justicia.

Solo en los juzgados provinciales canarios, el de Primera Instancia 1 bis de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y los de Primera Instancia 6 de Las Palmas de Gran Canaria y Primera Instancia 1 de Arrecife (Las Palmas) se han ingresado más de 6.000 asuntos en cinco meses, desde que se implantaron el 1 de junio hasta el 31 de octubre. Cerca de 60.000 en toda España, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fecha de 23 de septiembre pasado.

Los juzgados únicos para conocer las demandas por abusos bancarios en contratos hipotecarios fueron acordados por el CGPJl el pasado 25 de mayo en el marco de un “plan de urgencia”. Se preveía un aluvión de litigios que podría colapsar el resto de juzgados de lo Civil tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016, por la que se estableció como legítima la devolución de todo lo cobrado de más por cláusulas suelo y no solo desde 2013.

Previsiones claramente superadas

“El problema es que no hay plan B para dar respuesta a esta avalancha de litigios frente a la banca. Hace unos días hubo una reunión de jueces decanos y muchos coincidimos en la necesidad de dar estabilidad a estos juzgados, dotarlos de los medios que haga falta y en ese sentido creo que el Gobierno de Canarias sí ha hecho un esfuerzo porque ha dotado con siete funcionarios (en principio eran cinco funcionarios) a cada juzgado único”, afirma el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis de Lorenzo Bragado.

En el juzgado de la provincia tinerfeña apenas se han dictado 40 sentencias de los más de 3.000 asuntos ingresados. “40 sentencias dictadas desde que inició la medida el 1 de junio no es lo óptimo pero tampoco se pueden hacer maravillas. No se puede pretender que haya una respuesta inmediata porque los plazos procesales son los que son”, recalca Lorenzo Bragado. Este magistrado y su homólogo en Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González Prieto, apuestan sin fisuras porque estos juzgados únicos sean prorrogados “el tiempo que haga falta”.

“Lo grave es que no hay un Plan B”, insiste el magistrado tinerfeño. Si no continuara la actividad de estos juzgados habría que volver a repartir esas miles de demandas entre los demás órganos de Primera Instancia, lo que supondría un mayor retraso. Imagine el impacto que tendría en los jugados mixtos...Una vez puesta en marcha la medida no la dinamitemos cuando no ha tenido recorrido suficiente para ver sus frutos“.

Añade que “hay un segundo factor a tener en cuenta y es que el transcurso del tiempo beneficia el éxito de esta medida porque se consolidan los criterios jurisprudenciales sobre estos asuntos, que son casi idénticos. Los litigios frente a la banca suelen ser repetitivos y si se tiene en cuenta que las partes demandadas son siempre las mismas y la documentación que se aporta es análoga, la respuesta judicial tendrá un criterio unificado. En muchos casos, el debate se circunscribe a las costas procesales”.

Las demandas de los consumidores contra los bancos ya no se ciñen a las cláusulas suelo. También incorporan la posible abusividad de las comisiones de apertura, gastos de constitución de la hipoteca, vencimientos anticipados, cálculo de intereses por IRPH, comisiones de demora e hipotecas multidivisa.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Arona comenzó este lunes la toma de declaraciones por un posible delito de prevaricación cometido en el Ayuntamiento de Guía de Isora, del que es alcalde el socialista Pedro Martín Domínguez, también candidato a la secretaría insular del PSOE tinerfeño, con elecciones en primarias el 12 de noviembre. Martín habría reconocido en una grabación la contratación ilegal de un trabajador municipal, Ángel Manuel Brito Évora.

Las diligencias previas se han abierto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que en el juicio por el despido de Brito Évora, celebrado en enero pasado, se admitiera como prueba válida una grabación en la que Pedro Martín Domínguez afirmaba hasta en tres ocasiones que a aquel empleado se le había colocado “directamente, a dedo”, en el Ayuntamiento. El alcalde reprochaba al trabajador, responsable del Auditorio de Guía de Isora, que le hubiera denunciado en varias ocasiones para reclamar un reconocimiento de categoría profesional y el pago de horas extras.

En las diligencias abiertas, sin embargo, no figura como denunciado Pedro Martín, sino únicamente el que fuese su concejal de Personal en 2006, cuando Brito Évora fue contratado: Secundino Yanes Falcón, quien abandonó la política tras ser condenado en 2011 por acoso laboral a la directora de una guardería.

La primera toma de declaraciones arrancó este lunes con la declaración como testigo de Brito Évora, a la que siguió como investigado la de Secundino Yanes, quien tan solo declaró a la prensa que “no tengo ni idea de por qué estoy imputado. Para mí el Ayuntamiento hace mucho tiempo que quedó atrás”.

También fue citado a declarar como testigo el empleado público del Ayuntamiento y director del auditorio municipal, Alejandro Krawietz.

La respuesta de Pedro Martín

Este lunes y en relación con este mismo asunto judicial, cuando este medio publicó que Pedro Martín estaba siendo investigado por ese caso, el también alcalde señaló a Tenerife Ahora que “es rotundamente falso que fuentes municipales hayan confirmado” lo que se asegura en la información. En todo caso, planteó el hoy alcalde socialista de Guía de Isora, “será una tercera parte interesada en que se difame a la persona de Pedro Martín”.

Martín añadió que “ni en esta semana ni en el pasado Pedro Martín ha sido investigado o imputado por delito alguno. Es igualmente falso que se me haya citado a declarar en calidad de testigo o imputado por esta causa [algo que no afirmaba la información que hubiera ocurrido]” y resulta “evidente que hay una campaña orquestada por unos pocos dentro de mi partido que no quieren que sea el próximo secretario insular del PSOE”. Estos “no tienen rubor en usar la mentira”, concluyó el candidato a ser el responsable socialista en la isla de Tenerife.

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, hizo un alegato este viernes sobre la defensa de la legalidad y del cumplimiento de las resoluciones judiciales en la apertura del año judicial en la provincia tinerfeña, y lo realizó hilando las consecuencias del incumplimiento de sentencias firmes con lo acontecido en Cataluña el pasado 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional dictara la suspensión del referéndum. También evocó a Cataluña la fiscal jefe provincial, Carmen Almendral.

El magistrado puso un ejemplo cercano a los tinerfeños para dar cuenta de ese incumplimiento de las resoluciones judiciales: el caso mamotreto. La demolición del ilegal edificio de aparcamientos en la entrada de la playa de Las Teresitas fue fallada en 2014 en una primera sentencia que luego ratificó la Audiencia Provincial, pero no se acató hasta tres años más tarde.

“Sabemos que todas las resoluciones judiciales pueden estar sometidas a la sana crítica y que no somos infalibles, pero queremos recordar que el sistema judicial es plenamente garante porque las resoluciones judiciales son controladas por las diversas instancias superiores, hasta el Tribunal Constitucional”, enfatizó. “Por eso, no es aceptable en un Estado de derecho que se abogue por el incumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, porque eso es tanto como cuestionar el Estado de derecho, lo que nos acerca a los tristes y complejos acontecimientos que estamos viviendo en España...”

Con estas palabras, Astor Landete cerró un discurso de apertura, que no dejó indiferente a muchos de los invitados al acto, entre ellos, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que abandonó la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se celebró la apertura, negando sentirse aludido por las indirectas del magistrado en relación con el mamotreto.

Reivindicativo como acostumbra, sí nombró la palabra “corrupción” y recordó la escasez de medios con la que se celebró el juicio de Las Teresitas (aunque sin llamarlo por su nombre), que definió como ese tipo de “litigios vinculados a comportamientos aislados de representantes cualificados de otros poderes de la Administración local o del mundo empresarial”.

Jueces politizados

Jueces politizadosEllo le sirvió para rechazar la “politización de los jueces”, algo que dejó ver como cotidiano y a lo que se refirió como un “problema” varias veces en su discurso.

“Creo que de una vez por todas se debe dar respuesta a este problema que cuestiona el buen hacer de nuestros administradores y esa solución no debe ser la judicial. Hace muy poco, un alto dignatario dijo que las responsabilidades por corrupción se solventaban en los tribunales o en las elecciones. Creo que es una visión errónea del problema. La responsabilidad es política e individual. En segundo lugar, debe actuar el partido político y, finalmente y en su caso, el Parlamento”.

Y añadió que “la Justicia solo debe resolver las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la ley. No se puede huir de asumir las responsabilidades políticas para esconderse ante los tribunales bajo el paraguas de la presunción de inocencia y luego acusar a los tribunales de estar politizados”.

La fiscal jefe provincial, Carmen Almendral, también nombró a Cataluña y el “problema catalán” para dar su apoyo a los fiscales que ejercen en esa comunidad autónoma, además de a las fuerzas de seguridad del Estado, desde la Policía Judicial hasta las policías autonómicas y locales.

Sin embargo, su discurso se centró en la falta de medios para sacar adelante una sobrecarga de trabajo que tradujo en 89.904 procedimientos penales iniciados en 2016, de los que 15.566 diligencias lo fueron por delitos contra el patrimonio, la mayoría, hurtos.

A la espera del nuevo orden penal

A la espera del nuevo orden penalComo Astor Landete y el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, el magistrado Juan Luis de Lorenzo Bragado, Almendral abogó por la puesta en marcha de la Oficina Judicial, tal y como se planeó desde 2003, un proyecto que ha quedado en el aire y que se espera ver plasmado en la nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, que aboga por que se desarrolle en la zona de Cabo Llanos y no en la zona de El Sobradillo, como tiene planteado inicialmente la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

Igual que el modelo de nueva Oficina Judicial sigue a la espera después de más de una década desde su aprobación por el Ministerio de Justicia, el nuevo orden penal (por el que los fiscales llevarían la carga de la investigación de cada causa) tampoco ha avanzado mucho.

Para la fiscal jefe, urge el sistema acusatorio puro, “en el que la fase de investigación de los procedimientos penales sería dirigida por el Ministerio Fiscal, lo cual supondría la necesaria reorganización de las funciones de jueces y fiscales, que tendría efectos muy beneficiosos sobre el proceso penal, abandonando de una vez, de manera definitiva y mucho más allá de las tímidas reformas que se van produciendo, el modelo procesal existente en la actualidad”.

La Casa Siliuto se construyó en el año 1900. Fue diseñada para residencia familiar por el arquitecto catalán Federico Solé y su promotor fue Manuel Lázaro. De ahí que también se la conozca como Casa Lázaro. Está situada en el barrio más tradicional de Santa Cruz de Tenerife, El Toscal, que en el siglo pasado fue el centro de la ciudad, cerca del puerto y en la actualidad es Bien de Interés Cultural.

Con más de un siglo a sus espaldas, esta casona de tres plantas y algo más de 300 metros cuadrados estuvo en su momento rodeada de jardines. Tiene, o tenía, un amplio patio que fue centro de reunión de intelectuales a mediados del siglo XX y mucha historia entre sus paredes: fue la residencia familiar de los Siliuto, inmigrantes italianos que llegaron a Tenerife en 1924. Allí nació en 1936 el primogénito de seis hijos, Francisco Siliuto, cuyos hijos Francisco Alonso y Carmen Alonso Siliuto hicieron un negocio redondo al vender en 2002 el inmueble al Ayuntamiento de la capital tinerfeña por casi el doble de lo tasado por los arquitectos municipales.

Durante cien años, este edificio que se califica de emblemático pero que en la actualidad presenta más deterioro que antes de su compra por el Ayuntamiento, pasó de ser casa familiar a hotel en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Luego fue almacén y la sede de las Gráficas Alonso, empresa de los Siliuto.

Cuando Francisco Siliuto padre falleció en 1962, los hijos alquilaron la casa para convertirla en el colegio del Niño Jesús de Praga, pero dejó de tener utilidad a finales de los años ochenta. Sin habitar ni posibilidad de ser realquilada, el declive del inmueble ya era notorio apenas una década después. La casona, del mismo “aire” señorial que las que flanquean La Rambla, perdió poco a poco parte de su belleza, incluida la cubierta a teja de dos aguas. En la actualidad plantea un estado aún más ruinoso que antes de formar parte del Patrimonio Histórico de la ciudad.

Una venta pendiente desde 1986

En 1998 los hermanos Siliuto ofrecieron al Ayuntamiento la venta del edificio, pero no hubo respuesta porque el Consistorio contaba, entre otras, con la posibilidad de que el inmueble pasase al patrimonio municipal por cesión gratuita. Además, iba a quedar afectado por el Plan Especial de El Toscal que se aprobó dos años después y eso lo sabían en Urbanismo y también los propietarios (el nuevo Plan sigue pendiente).

No solo eso, sino que la Casa se había levantado sobre terreno urbano no consolidado, lo que suponía que los propietarios quedaban obligados a ceder al Ayuntamiento el suelo necesario para el desarrollo del Plan urbanístico, incluidos espacios públicos como parques y jardines.

En 1999, los Siliuto encargaron una tasación según la cual la casa valdría 101.957.643 pesetas (612.777,78 euros). Se trataba de una tasación privada, sin visado y sin tener en cuenta las limitaciones urbanísticas que afectarían al edificio por el Plan Especial.

El asunto es que la Casa Siliuto, o Casa Lázaro (como figura en los archivos municipales) fue ofrecida como futura sede de la Casa de la Juventud desde el primer momento en que se propuso la venta. Más que un ofrecimiento fue un recordatorio. No era algo que los propietarios se acabasen de inventar: la Casa Siliuto Futura Casa de la Juventud de El Toscal lo es desde 1986, y así aparece en un escrito de alegaciones que en 2012 presentó la Asociación Toscal Tribulaciones, cuyo presidente, el profesor de Filología Hispánica de la Universidad de La Laguna José Antonio Ramos Arteaga, que además es portavoz de la Comisión Defensa del Toscal, es una de las personas que más sabe del barrio.

En paralelo con el caso Las Teresitas

Entre 1998 y 2002, año en que se culminó la compraventa (la escritura se elevó a pública en febrero de 2003), el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estuvo sumergido en otra compraventa de mayor calado, la del frente de la playa de Las Teresitas. El alcalde, Miguel Zerolo delegó parte de esa operación en su entonces primer teniente de alcalde y consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo, Manuel Parejo. Y algo parecido ocurrió con la Casa Siliuto, aunque aquí el grueso del remate final recayó en Norberto Plasencia, que en 2002 ya era concejal de Infraestructuras, Servicios y Obras Públicas y heredó de Parejo las maneras zerolistas de hacer las cosas en la Coalición Canaria de aquellos años.

En 2002, la compraventa de la Casa Siliuto volvió a estar sobre la mesa de la Gerencia de Urbanismo, esta vez con mejor suerte. Norberto Plasencia encargó una tasación a los arquitectos municipales, que la cifraron en 332.469,69 euros.

Como ocurrió con Las Teresitas, el trabajo de los técnicos no se tuvo en cuenta y el concejal nacionalista encargó una tercera tasación, esta vez a la empresa Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA), la misma que unos años antes había llevado a cabo la tasación del frente de la playa sin tener en cuenta ni servidumbres ni otros condicionamientos, lo que arrojó un precio muy superior al real. Por el frente de la playa se pagaron 52,2 millones de euros, frente a los 32 millones tasados por la arquitecta municipal Pía Oramas.

El esquema se repitió con la casona toscalera. TINSA la tasó en 705.966,11 euros. En diciembre de 2002 se firmó la compraventa por el precio que habían fijado los vendedores, 612.777,78 euros En este punto encontramos otro paralelismo con el caso Las Teresitas, ya que el precio de la playa también fue el fijado desde el primer minuto por los principales interesados, sus propietarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

La gran diferencia entre Las Teresitas y Siliuto es que en el último caso Miguel Zerolo nunca ha sido sospechoso, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo. No aparece su nombre ni su firma en ningún momento de la operación.

La diferencia entre la tasación de los arquitectos municipales y lo que finalmente se pagó por la Casa Siliuto fue de 280.308 euros. Una cantidad que la acusación popular representada por Izquierda Unida y la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife consideran malversación de caudales públicos y un delito de prevaricación administrativa.

No solo eso, sino que en la escritura de compraventa se especificó que el Ayuntamiento asumía el impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que popularmente se llama la plusvalía, que ascendió a 10.946 euros, un dinero que también se dejó de ingresar en las arcas municipales.

El juicio

Tanta era la similitud y tan aparentes las irregularidades entre la compra de la eterna futura Casa de la Juventud y la operación de Las Teresitas que aparecen en ambas denuncias los mismos denunciantes y como denunciados, muchos de los encausados en ambos procesos.

En 2011 los abogados José Pérez Ventura (en representación de Izquierda Unida) y Felipe Campos interpusieron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posible malversación y prevaricación. Pedro Fernández Arcila, también abogado y concejal por Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hizo lo mismo por su cuenta. La Fiscalía admitió ambas y en junio de 2011 presentó la suya propia.

Poco faltó para que esta causa prescribiera. Al filo de los 10 años desde que se firmó la compra, la juez del juzgado de Primera Instrucción 1, que entonces era Nuria Navarro, inició la instrucción y llamó a declarar como investigados a todos los integrantes del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, entre los que incluía al que era su secretario general, Víctor Reyes Delgado.

En ese Consejo, en 2002, se sentaban el exinterventor de Urbanismo José Luis Roca; el exgerente de Urbanismo, Tomás Martín, José Luis Martín (portavoz del PSOE); y los ex concejales de CC Basilio Franco, que luego pasó a ser un alto mando en la Policía Nacional; Juan Antonio Rodríguez; Antonio Covas (fallecido), Dámaso Arteaga (sigue en la brecha. Hoy es concejal de Obras Públicas); María José Gutiérrez Pajarón (PP) y David Sanz (grupo mixto). También participaban en el Consejo los funcionarios Epifanio Gómez (jefe de Planeamiento Municipal), Loreto Ariz (condenada por el caso Mamotreto, secuela de Las Teresitas) y Víctor Reyes, exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo. Y con ellos, el concejal de Obas Públicas y consejero delegado de la Gerencia, Norberto Plasencia. La lista de los imputados incluyó asimismo a Manuel Parejo.

Los consejeros fueron encausados por votar a favor del expediente de la compraventa pero negaron tener conocimiento de cualquier irregularidad por no haber sido informados de posibles reparos de legalidad, lo mismo que negaron conocer la tasación de los arquitectos municipales.

Finalmente, la sustituta de Nuria Navarro, la magistrada Ángeles Zabala, redujo las acusaciones a dos investigados: Norberto Plasencia y Víctor Reyes. La acusación popular incluyó a Manuel Parejo. En un auto del 10 de junio de 2015, la magistrada dictó el auto judicial que daba por cerrada la instrucción y con el que solicitaba la apertura de juicio oral.

La Fiscalía cree que Norberto Plasencia contó con la cooperación necesaria de Reyes para llevar a cabo la compraventa de la casa Siliuto en beneficio de unos particulares y en detrimento del interés general y que si encargó una tasación a Tinsa fue para “dar apariencia de legalidad”. Manuel Parejo habría sido corresponsable de la exención de la plusvalía al apoyar que fuese asumida por el Ayuntamiento.

Para Norberto Plasencia y Víctor Reyes se solicitan 10 años y 7 años de prisión, respectivamente, más 18 y 12 de inhablitación. El primero está acusado de malversación y prevaricación y el segundo, solo de prevaricación. Manuel Parejo no está acusado por el fiscal pero sí por la acción popular que ejerce Izquierda Unida, que pide para él 8 años de prisión por malversar y 30 de inhabilitación por malversar y prevaricar. Reyes y Plasencia deberán asimismo indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 260.261 euros.

La vista oral se inició el pasado 3 de julio en la sección sexta de la Audiencia Provincial pero fue suspendida hasta el 11 de julio. Los abogados de la defensa de Parejo y Reyes insistieron en la posible prescripción de los hechos y en la ausencia de legitimación de Izquierda Unida para acusar. El tribunal aclaró que los delitos no habían prescrito, tal y como zanjó en su momento la propia Audiencia, pero quedaba un trámite pendiente y subsanable, como es que IU pague una fianza de 2.000 euros para poder sentarse en el estrado.

De esa acción popular únicamente queda un representante, el abogado José Montserrat Pérez Ventura. El antes mediático Felipe Campos y Pedro Fernández Arcila renunciaron a su personación.

Un contrato ruinoso con acciona

Han pasado 14 años y medio desde que el Ayuntamiento adquirió el inmueble. Treinta años desde que se acordó que sería la Casa de la Juventud. El 9 de marzo de 2015, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hacía publico el contrato con Acciona para iniciar las obras de remodelación, por un precio inferior al de licitación, 708.719,88 euros más 49.610,39 euros de IGIC frente a los 950.000 proyectados. Las obras durarían 18 meses y el Cabildo de Tenerife asumía el 60% del gasto. El estudio de arquitectura Escobedo de la Riva obtuvo la dirección de la obra.

“La empresa Acciona Infraestructuras será la encargada de la reforma y transformación de este inmueble en un espacio multifuncional. La Casa de la Juventud tendrá espacios en los que los jóvenes de la ciudad podrán estudiar, reunirse, interpretar música o representar obras teatrales. El objetivo es crear un centro completamente accesible, conjugado con una rehabilitación fiel al proyecto original”, se lee aún en la web municipal. “Los técnicos de Urbanismo han sido capaces de crear un proyecto que hace tres años no existía, ya que desde que el Ayuntamiento adquiriese el edificio no se había realizado ningún proyecto”.

El 1 de junio de 2015, el nuevo concejal de Urbanismo Carlos Garciñuno (PP), aseguraba a la prensa que la Casa de la Juventud abriría sus puertas en septiembre de 2016, pero nada más lejos de la realidad. En octubre de 2015 las obras quedaron paralizadas porque habían surgido “problemas técnicos” tan previsibles como la necesidad de una nueva instalación eléctrica.

“Eso lo encareció todo” dijo el que ya es exconcejal, por lo que resolvió el contrato con Acciona, con una indemnización de 55.000 euros. No fue el único motivo. Pese a tratarse de un proyecto de rehabilitación integral, Acciona había dejado fuera de su presupuesto la demolición y reconstrucción del forjado del techo, por lo que pedía una partida extra.

Es decir, que aparte de lo pagado de más por la adquisición de la casona, se abonó a Acciona parte de las obras (no se sabe la cuantía) más 55.000 euros de indemnización y ello porque el proyecto elaborado por Urbanismo para el concurso público no contemplaba elementos esenciales como el techado y la instalación eléctrica.

En marzo de 2015, el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo anunció que retomaría el proyecto, esta vez sin dejar “agujeros” en el contrato, para lo que antes es necesario sacar de nuevo las obras a concurso público. Mientras, el dinero gastado se ha ido con las lluvias, el viento y el sol y hoy, la Casa Siliuto presenta un aspecto de lo más lamentable en un marco también lamentable.

El 5 de febrero de 2013, el presidente de la asociación Tribulaciones de El Toscal, Ramos Arteaga, dirigió un escrito a Planificación Territorial y Urbanismo del Ayuntamiento para dejar patente la preocupación de los vecinos por el deterioro del inmueble: “Al histórico estado de abandono a que ha sido sometido por parte de las distintas corporaciones gobernantes desde su adquisición urgente, se une ahora el posible atascamiento de una tubería de desagüe que provoca el estancamiento del agua de lluvia en la azotea y la aparición de humedades en pared trasera, según se aprecia desde la calle”.

Y se añadía que “suponemos que no es necesario recordar la exhaustiva normativa urbanística vigente sobre el deber de conservación de la edificación exigible a los propietarios de inmuebles, incluida la recientemente aprobada Ordenanza del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre Conservación, Restauración, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones”.

De poco ha servido. Hoy, no solo la Casa sino el barrio entero se cae a pedazos sin que el Plan Especial definitivo termine de ser aprobado.

El juicio por la compraventa de un edificio en el corazón de Santa Cruz de Tenerife por un precio casi el doble de lo tasado por los técnicos del Ayuntamiento ha sentado de nuevo en el banquillo este lunes a los exconcejales de Urbanismo Manuel Parejo y Norberto Plasencia (entonces de CC y ahora en prisión por la sentencia firme del caso mamotreto), acusados de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. También, una vez más, se ha sentado en el banquillo el exsecretario general de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión y la acusación popular, diez, por prevaricación.

Sin embargo, la vista oral ha sido aplazada una semana, hasta el 11 de julio, para dar tiempo a la acusación popular, que ejerce Izquierda Unida y representada por el abogado José Pérez Ventura, a depositar una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acción popular que en la fase de instrucción no le fue reclamada.

La compra de la casa Siliuto, o antigua casa Lázaro, situada en el popular barrio de El Toscal y que iba a ser destinada a Casa de la Juventud, recuerda en su esencia a la compra del frente de la playa de Las Teresitas. Y ocurrió igualmente a comienzos de siglo: los propietarios del inmueble, que se iba a ver afectado por el Plan Especial de El Toscal, propusieron en 1998 al Ayuntamiento que lo comprara por 612.777,78 euros, según una tasación particular, frente a los 332.469,99 euros en que fue tasado por los técnicos de Urbanismo.

Norberto Plasencia, que en 2002 era el consejero delegado de Urbanismo, solicitó una nueva tasación a Tinsa, que elevó el precio a casi 706.000 euros. Atendiendo al escrito de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, esta nueva tasación solo tenía como objetivo “lograr la apariencia de legalidad”.

Finalmente, en febrero de 2003, se elevó a escritura pública la compraventa por 280.281 euros por encima de lo tasado por la propia Gerencia de Urbanismo. En otra reunión del consejo de administración de la Gerencia, en la que participó Manuel Parejo, se acordó que el Ayuntamiento abonaría el impuesto municipal conocido como plusvalía, que por ley corresponde pagar a los vendedores y que supuso, según las acusaciones, otro detrimento de las arcas públicas de 10.946 euros.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Norberto Plasencia contó con la ayuda esencial del exsecretario general de Gerencia Víctor Reyes para llevar a cabo la operación, que habría favorecido intereses particulares frente al interés general, máxime cuando la casa Siliuto incluso podría pasado al patrimonio municipal sin tener que abonar un euro.

Los delitos no han prescrito

Los delitos no han prescritoPara Norberto Plasencia, la Fiscalía ha solicitado siete años de prisión y 12 de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa, además de otros tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta por el de malversación de caudales públicos.

Para Víctor Reyes pide siete años de prisión y 12 de inhabilitación por el delito de prevaricación.

Sin embargo, dejó fuera y pidió el sobreseimiento provisional para Manuel Parejo, que solo está acusado por IU del delito de prevaricación y para quien se reclaman ocho años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta.

Tampoco han sido acusados ni por la Fiscalía ni por la acusación popular los demás integrantes del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, que declararán en calidad de testigos, entre ellos, el actual concejal de Obras Públicas en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Dámaso Arteaga.

Al inicio de la vista oral, los abogados que defienden a Manuel Parejo y Víctor Reyes alegaron que los delitos habrían prescrito, además de la falta de legitimación de Izquierda Unida para ejercer la acción popular por tratarse de un partido político “con intereses particulares”.

Tras dos horas de deliberación, los magistrados que componen la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, presididos por Esmeralda Casado, resolvieron que los delitos no habían prescrito, ya que así se declara en un auto de la Sección Quinta de la misma Audiencia Provincial, y que Izquierda Unida sí está legitimada para llevar a cabo la acusación popular, sobre todo por la naturaleza de los delitos que se enjuician, prevaricación y malversación, “de claro interés público”.

Manuel Parejo y Norberto Plasencia se encuentran en prisión, en cumplimiento de su condena de tres años y dos años y tres meses, respectivamente, por la construcción ilegal del edificio de aparcamientos a la entrada de la playa santacrucera de Las Teresitas, conocido como mamotreto.

A su vez, Manuel Parejo y Norberto Plasencia están a la espera de la sentencia del llamado caso La Ninfa, cuyo juicio se celebró en junio pasado y en el que la acusación particular solicito cuatro años de prisión para ambos por las supuestas irregularidades acometidas en la reforma de un inmueble, con invasión de terrenos destinados a un aparcamiento público.

Manuel Parejo y Víctor Reyes, a su vez, han sido condenados a siete y cuatro años de prisión, respectivamente, en el juicio por el caso Las Teresitas.

En un principio, la Fiscalía solicitaba una responsabilidad civil subsidiaria a la Gerencia de Urbanismo de 280.281 euros, sin que estuviese muy claro si esa Gerencia era perjudicada o beneficiada por la compraventa de la casa Siliuto. Este lunes, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha retirado esa obligación. El pago de lo abonado de más a los hermanos Siliuto deberá ser satisfecho solidariamente por los acusados en caso de ser condenados. También deberán reingresar a las arcas públicas los más de 10.000 euros en concepto de plusvalía. A todas las cantidades habrá que añadir el interés legal del dinero.

El exsenador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo, condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Las Teresitas, ha quedado en libertad provisional y deberá personarse en el juzgado más cercano a su residencia entre los diez primeros días de cada mes. No podrá salir de territorio nacional hasta que el Tribunal Supremo confirme o no la sentencia de la Audiencia Provincial.

El tribunal no se ha pronunciado aún sobre la garantía de indemnización al Ayuntamiento en lo que se llaman las “medidas reales”, que no son otras que las referentes a la responsabilidad civil, lo que se espera en un próximo auto judicial. Esa responsabilidad civil es de cerca de 62 millones de euros, que se deben devolver a las arcas públicas del Ayuntamiento.

En cuanto a los otros cinco condenados, que son dos técnicos municipales (Víctor Reyes y Tomás Martín); el exconcejal de Urbanismo y mano derecha de Zerolo, Manuel Parejo (ya en prisión por otra causa judicial, el caso Mamotreto), y los empresarios beneficiados, Antonio Plasencia e Ignacio González, la Audiencia Provincial ordenó la entrega del pasaporte , sin necesidad de comparecer en un juzgado periódicamente.

Esta es la medida salomónica que ha dictado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial seis días después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular solicitaran, en una vista que se celebró el pasado viernes, que se dictara la prisión provisional para el exsenador y exalcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, condenado por la compraventa fraudulenta del frente de la principal playa de la ciudad, la de Las Teresitas.

Esa operación benefició a los empresarios condenados, en contra de los intereses ciudadanos, al permitirles la compra de 101 parcelas de la playa y aledaños, parte de ellas de propiedad municipal, de las que 11 de ellas luego fueron recompradas por el Ayuntamiento por tres veces el valor de toda lo pagado por los empresarios. Fueron 33 millones de euros por todos los terrenos y 52 millones por la venta de las 11 parcelas. El dinero que deberá devolverse a las arcas municipales es de cerca de 62 millones de euros, sumados los más de nueve millones que corresponden a intereses.

La sombra del cohecho sobreseído

El auto judicial dado a conocer este jueves fundamenta que la prisión “es una medida excepcional” y que solo debe aplicarse a casos en los que el riesgo de fuga para eludir la acción de la justicia sea más que razonable y que no estén marcados “por una alarma social”.

Para el tribunal juzgador, los hechos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción, en los que se alegaba un riesgo “altísimo” de posibilidad de fuga por parte de Miguel Zerolo, dado que debía poseer ingresos ocultos que le han permitido vivir seis años (justo tras la compraventa de la playa) sin que se percibieran movimientos en sus cuentas bancarias, no son suficientes para ordenar su ingreso en prisión.

Al contrario, dice el tribunal que son “indicios” que se manejaron durante la investigación de este calificado como “pelotazo de libro” por un posible cohecho que que finalmente fue sobreseído.

En este sentido, dice el auto judicial que “el Ministerio Fiscal y la acusación apuntan a la existencia de indicios de que Zerolo Aguilar podría ser titular de un patrimonio ubicado probablemente en el extranjero y mantenido fuera del alcance y conocimiento de las autoridades españolas. Para mantener tales afirmaciones se alude a diversos informes policiales unidos a una de las piezas del procedimiento (las investigaciones por cohecho) que fue finalmente sobreseída”.

También añade que “este  tribunal ya hizo en su sentencia referencia a que los hechos que se declaraban probados habían generado extraordinarias plusvalías y que incluso se había acreditado la recepción de elevadas cantidades de dinero por alguna de las personas relacionadas con ellos”.

Pero estas sospechas no pudieron concretarse, por lo que, dicen los jueces, no cabe basarse en ellas para adoptar la medida cautelar para cuatro de los condenados, para los que se pedía la prisión provisional: además de Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los dos empresarios, Plasencia y González.

Las acusaciones particulares argumentaron que Miguel Zerolo, aparte de la posibilidad de tener dinero fuera de España, no tenía en la actualidad empleo conocido, al contrario de los técnicos Víctor Reyes y Tomás Martín (exsecretario de la Gerencia de Urbanismo y exdirector de esta entre 1999 y 2001, cuando se ejecutó la compra y luego la compraventa del frente de la playa), quienes mantienen sus puestos de trabajo.

Sin embargo, los magistrados consideran que la prisión provisional es desproporcionada hasta que sea firme, y que el “riesgo de fuga” puede ser compensado con la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse en algún juzgado, el que designe, los primeros días de cada mes. Agregan que Zerolo siempre “ha estado a disposición de este tribunal”. Lo estuvo en la vistilla del pasado viernes, en la que defendió su falta de medios económicos y su intención de no huir.

En cuanto al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima que, dado que ya está en prisión, los controles sobre su posible riesgo de fuga están en manos de las autoridades penitenciarias. También señalan que, como Zerolo, no ha faltado a las comparecencias ante el tribunal.

Ni la Fiscalía ni la acusación particular, representada por el abogado de Justicia y Sociedad Pérez Ventura, solicitaron el ingreso en prisión de Víctor Reyes y Tomás Martín, para quienes ha dictado la liberad provisional con retirada del pasaporte, pero sin necesidad de comparecer ante un juzgado.

Es la misma medida adoptada para los empresarios condenados. El tribunal admite que cuentan con un cuantioso patrimonio que les ha permitido hacer frente a las fianzas impuestas, pero argumentan que “se trata nuevamente de personas que han atendido cada citación judicial que se les ha dirigido; que tienen un arraigo personal extraordinario en Santa Cruz de Tenerife”.

Continúa el auto con que “ambos son personas ”de edad avanzada. Es difícil imaginar llevando una vida clandestina, ocultándose a las autoridades. No se aprecia, a la vista de lo anterior, la concurrencia de circunstancias de las que quepa derivar un riesgo de fuga...“.

Falta el auto que dirima la necesidad de garantizar el pago de la indemnización al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el negocio fraudulento.

Para las acusaciones particulares del caso Las Teresitas no cabe duda de que las posibilidades de fuga de Miguel Zerolo, condenado a siete años de prisión y 17 de inhabilitación por esta causa, son “altísimas”. Tan altas como la posibilidad de fugarse de otros tres condenados: Manuel Parejo y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Para los cuatro se ha pedido la prisión incondicional.

Es lo que ha manifestado la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la comparecencia (vistilla) que se ha celebrado este viernes para solicitar la adopción de medidas cautelares que garanticen el cumplimiento de la sentencia, aunque no sea firme y haya sido recurrida al Tribunal Supremo, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esas medidas, personales unas (el arraigo) y reales otras (la fianza para cumplir con la responsabilidad civil), van desde el ingreso en prisión provisional hasta la liberad provisional con fianza, o la simple retirada del pasaporte y/o comparecencia en los juzgados cada mes o cada 15 días.

La petición de prisión provisional para Miguel Zerolo ha sido contundente. El exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador por Coalición Canaria se volvió a sentar en el banquillo de los acusados al lado de otros dos condenados, los funcionarios Tomás Martín y Víctor Reyes (no acudieron los empresarios Antonio Plasencia ni Ignacio González, ni el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, que cumple otra condena en la cárcel de Tenerife), y escuchó, negando con la cabeza, el repaso que la Policía Judicial hizo a sus cuentas bancarias y a las de su familia desde 1999 hasta 2006, cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía que iniciara esta causa.

La descripción de los hechos y supuestos sobre las posibilidades de fuga de Miguel Zerolo, “multiplicadas tras conocer la sentencia por la que ha sido condenado”, la llevó a cabo María Farnés Martínez. Para ello se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional.  

“No tiene actividad profesional actual, así que no tiene arraigo profesional aquí”. Entre 1999 y 2006, apenas ha habido movimientos en sus cuentas bancarias, con meses en esos años en los que ni siquiera se ha reflejado un gasto de supermercado o retirada de dinero en efectivo. Ningún gasto. “Tiene una cuenta encubierta. Ha tenido que disponer de dinero para su vida cotidiana. ¿De dónde lo ha sacado? Ni idea”, dijo la fiscal, quien añadió que el alcalde (al que se le califica en la sentencia como la cabeza de “una trama delictiva organizada”) no hizo durante la investigación judicial nada “para desmentir los indicios policiales”.

Los premios de lotería

Miguel Zerolo siempre ha afirmado que le tocó la lotería de Navidad y acto seguido la de El Niño, pero la fiscal se preguntó de dónde había obtenido el dinero para pagar una serie entera y gastar más de 2.000 euros, como tampoco se explica la compra de varios vehículos de gama media pagados en efectivo, entre 1999 y 2002.

Es el tiempo en el que se llevó a cabo la operación de Las Teresitas, es decir, desde que Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que eran los empresarios más poderosos de la provincia tinerfeña, crearon Inversiones Las Teresitas, SL, para comprar todos los terrenos de la playa y tres años después venderlos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la décima parte, el frente, por tres veces su valor.

Entre medias, sí aparecen gastos en las cuentas bancarias de Zerolo pero para ocio, como viajes a Senegal, Ghana, Argentina o Uruguay. La fiscal recordó al tribunal que, cuando en 2011 Zerolo fue nombrado senador por Coalición Canaria, hizo público que tenía acciones en diversas empresas, algunas de ellas mineras, por valor de más de 467.000 euros. “Es evidente y acreditado que tiene una patrimonio y una economía oculta”.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha expuesto que la indemnización al Ayuntamiento por el perjuicio causado se acerca a los 62 millones de euros (52.588.156,75 euros, a los que se suman 9.159.884,67 de intereses), por lo que la Fiscalía y la acusación particular han solicitado que se lleve a cabo el bloqueo de cuentas bancarias, depósitos u otros productos financieros de los seis condenados para garantizar el pago, y que, en caso no se ser suficiente, se embarguen los bienes muebles e inmuebles que indirectamente pudieran tener.

Los arraigos en el extranjero

Las acusaciones particulares también destacaron las altas posibilidades de fuga de Manuel Parejo, pese a que ya está en prisión por el caso Mamotreto. Sin embargo, al cumplir una pena de poco más de tres años y poder obtener beneficios penitenciarios en nueve meses, las posibilidades de fuga son elevadas, máxime cuando está pendiente de que se celebre otro juicio por el caso La Ninfa, por el que puede ser condenado a seis años de cárcel. En total, más de 16.

Manuel Parejo, que era concejal de Urbanismo y mano derecha de Miguel Zerolo entre 1999 y 2001, tiene su familia y su trabajo en Tenerife, pero la fiscal desveló que Parejo tiene un hijo en República Dominicana, que a su vez tiene una empresa sin actividad mercantil clara, que arrancó con ocho millones de pesetas en 1999 y que en 2001 tenía un capital superior al millón y medio de euros.

“No tenía actividad en España pero había transferencias regulares de capital de República Dominicana a Tenerife y de Tenerife a República Dominicana, con las comisiones bancarias que ello supone. La explicación es que las certificaciones bancarias justificaban las salidas de capital al extranjero”, dijo la fiscal, por lo que cree probable que tenga algún patrimonio fuera de España. 

Antonio Plasencia igualmente tiene familiares fuera. Su hija Ana reside en Estados Unidos y a su cuenta han llegado transferencias que superan los cinco millones y medio de euros. Además, prosiguió la fiscal, de las cuentas de Ignacio Plasencia e Ignacio González salieron 423 millones de euros y 170 millones de euros que “no se sabe dónde han ido a parar”, dijo Martínez.

A Ignacio González no se le conocen familiares en el extranjero, pero sí sus numerosas transferencias de capital a diversos países para la compra de inmuebles, como hoteles, por lo que la fiscal asimismo cree que existe riesgo de fuga. La acusación particular solicitó que, en caso de que no se dictase la medida cautelar de prisión, se le impusiera una libertad condicionada y una fianza de al menos el 10% de la responsabilidad civil, esto es, de unos seis millones de euros.

Los otros dos condenados por el caso Las Teresitas, Tomás Martín y Víctor Reyes, el exgerente y el exsecretario general de la Gerencia de Urbanismo, respectivamente, condenados a penas más bajas, de cuatro años y cuatro años y medio de cárcel, no tendrán que ir a prisión provisional, ya que las acusaciones no lo han solicitado.

“Es una anticipación de la pena”

El abogado defensor de Zerolo dijo sentirse “indignado” ante la petición de prisión porque se trataría de una “anticipación de la pena”, ya que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero centró su alegato en que “no se tiene prueba alguna de los hechos expuestos. El cohecho quedó fuera de la vista oral”, dijo.

Jorge Muñoz rebajó el dinero de las acciones de bolsa que tenía Zerolo a 150.000 euros porque “las acciones suben y bajan además del sobrecoste de tener dos hijos que estudiaban en Madrid”. En relación con el dinero en su bolsillo para la vida cotidiana, reprochó a la fiscal que no supiera que las retribuciones del alcalde como consejero de CajaCanarias y como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria tinerfeña “se pagaban en efectivo”.

“Son hechos subjetivos. Es inadmisible que se pida la prisión provisional. Como mucho, que se le retire el pasaporte”. 

El abogado de Manuel Parejo coincidió con su colega en que la privación de libertad supondría una anticipación de la pena, cuando esta no es firme. “Si no hay sentencia firme, Parejo es inocente”, recalcó, y en cuanto al riesgo de fuga, lo considera imposible “porque antes se tendría que fugar de la prisión”.

Recordó que Manuel Parejo “ingresó voluntariamente en la penitenciaría de Tenerife cuando ya conocía la sentencia” del caso Las Teresitas, lo que le supone indicio sobrado para garantizar que no tiene intención de huir del país.

La defensa de Antonio Plasencia sostuvo que se estaba ante “un acto propagandístico”, para “tener buenos titulares”, porque dijo no explicarse cómo teniendo tan claro el alto riesgo de fuga la fiscal no había solicitado “el mismo día que se conoció la sentencia, el pasado 27 de abril, la adopción de las medidas cautelares”. “Mi cliente no ha venido hoy porque el tribunal se lo ha permitido. Tiene 80 años y está convencido de que se ganará este juicio en el Tribunal Supremo”, aseveró.

“Pretender que con 80 años quiera fugarse, y que ahora esté con otros delincuentes comunes haciéndose un pasaporte falso... Toda su familia está aquí, hijos, nietos. Si quiere yo le traigo su pasaporte ahora mismo. Hay medidas menos gravosas que la privación de libertad”.

El abogado del que fue presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, Ignacio González, defendió que “no concurren los requisitos para que se adopte ningún tipo de medida”, y en todo caso, añadió, “el ingreso en prisión ”es una medida excepcional“.

La “mala fe” del Ayuntamiento de Santa Cruz

Una vez decidido por los magistrados que la vista sería pública, el presidente del tribunal, Joaquín Astor Landete, dedicó unos minutos a reprocharle a la representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la “mala fe” de sus servicios jurídicos al adherirse a las peticiones de la Fiscalía tan solo unas horas antes de la celebración de la vistilla de este viernes.

El magistrado dejó claro a la letrada que “la presentación de los escritos la tarde del día anterior, cuando tenían conocimiento de esta comparecencia desde hacía días, no son las formas”.

La vista, o vistilla, para la ejecución provisional de la sentencia sobre el caso Las Teresitas ya tiene fecha, el 26 de mayo. Ese día, la acusación particular y la Fiscalía solicitarán al tribunal que ha juzgado esta causa que se lleven a cabo las medidas cautelares previstas en la ley, entre ellas el ingreso en prisión provisional del exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo.

El ingreso en prisión sin fianza es la medida solicitada para Miguel Zerolo tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, representada por el abogado Pérez Ventura, ante la posibilidad de ocultación de bienes y de fuga del condenado.

Pero esta no es la única opción que tienen los magistrados porque también pueden decidir la retirada de pasaporte y la comparecencia en los juzgados cada 15 días, el conocido como modelo Urdangarin.

No se sabe aún si en esa vistilla se pronunciará también el abogado que representa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El pasado 11 de mayo, el actual concejal de Urbanismo sostuvo que el plazo para solicitar la ejecución de la sentencia “es amplio”, hasta que sea firme el fallo (cabe recurso ante el Tribunal Supremo).

El caso es que, en esa comparecencia de los abogados de la defensa y de las acusaciones, la Fiscalía también ha interesado que se avale el pago de los 109 millones de euros, a los que deben hacer frente los seis condenados.

El exalcalde y exlíder de CC en Santa Cruz fue considerado culpable de un delito de malversación y de otro de prevaricación por la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de la principal playa de la ciudad, Las Teresitas, a un precio tres veces superior al estimado, por lo que ha sido condenado a siete años de prisión y 17 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

Las partes no se pronunciarán sobre Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz (considerado la mano derecha de Zerolo en lo que los jueces calificaron como una “trama delictiva jerarquizada”), que ya ingresó en el penal de Tenerife, en cumplimiento de los tres años de prisión a los que fue condenado por el caso Mamotreto.

Junto a Zerolo y Parejo, fueron condenados los extécnicos municipales Víctor Reyes y Tomás Martín, además de los empresarios beneficiados con la compraventa de la playa, Antonio Plasencia Santos e Ignacio González Martín. Reyes estará de nuevo en el banquillo en julio, por la supuesta malversación en la compra por parte del Ayuntamiento de la casa Siliuto, mientras que Tomás Martín coincidirá más adelante en el banquillo con Parejo por el caso La Ninfa.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular han solicitado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el ingreso en prisión provisional de Miguel Zerolo y los otros cinco condenados por el caso Las Teresitas, para lo que se deberá llevar a cabo una comparecencia. Las acusaciones igualmente han solicitado que se depositen los avales suficientes para garantizar el pago de 109 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular (representada por el abogado Pérez Ventura) y la fiscal del caso Las Teresitas, María Farnés Martínez, han pedido en concreto que se lleven a cabo las medidas cautelares que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante posibles riesgos como el de fuga o la ocultación de bienes, algo que la acusación particular considera posible en el caso del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. En la sentencia, que se hizo pública el pasado 27 de abril, a Zerolo se le considera la cabeza visible de una “trama delictiva jeraquizada”, en la que su mano derecha era Parejo, exconcejal de Urbanismo en el mismo consistorio.

Esas medidas cautelares pueden variar desde la prisión provisional sin fianza a la prisión provisional con fianza, o bien el conocido como modelo Urdangarin, que es la entrega del pasaporte y comparecencia cada 15 días en los juzgados. Para dictar esas medidas, la Audiencia Provincial deberá fijar una comparecencia y escuchar también los alegatos de los abogados de la defensa.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene hasta este viernes de plazo para sumarse a la petición de la Fiscalía y la acusación particular, según recoge Radio Club Tenerife en su página web.

Miguel Zerolo y Manuel Parejo, que fueron emblemas de Coalición Canaria en Tenerife, han sido condenados por prevaricación y malversación a siete años de prisión y 26 años, en total, de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

También fueron condenados los técnicos municipales Víctor Reyes y José Tomás Martín (secretario y gerente de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife) a cuatro años y medio de prisión y cuatro años de prisión, respectivamente. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, beneficiados por la compraventa del frente de la playa y demás terrenos aledaños, en un negocio que se ha visto frustrado tras esta sentencia, han sido condenados a cinco años y medios de cárcel.

El pago de los 109 millones de euros también alcanza a las empresas puente de los empresarios condenados: la promotora Punta Larga, de Plasencia e hijos, y la promotora Victoria, de Ignacio González y su hijo Pedro González.

Manuel Parejo ya está en prisión

Las medidas cautelares que solicitan las acusaciones pública y particular incluyen a Manuel Parejo, que fue concejal de Urbanismo entre 1999 y 2001, cuando se fraguó la venta fraudulenta del frente de la principal playa de la capital tinerfeña, Sin embargo, Manuel Parejo, que había sido condenado a tres años y medio de prisión por el caso mamotreto (pieza separada del caso Las Teresitas), ya está en la prisión de Tenerife desde este miércoles.

Por el caso mamotreto fueron igualmente condenados la extécnico municipal Loreto Ariz, que ingresó el pasado 4 de mayo en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, y el exconcejal de Santa Cruz de Tenerife Norberto Plasencia, cuya fecha para ingresar en la única cárcel de Tenerife concluye este viernes a las 12.00.