La Audiencia tinerfeña ordena reabrir la investigación contra el presidente Clavijo por el caso Grúas de La Laguna

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado reabrir la causa contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por el denominado caso Grúas, que investiga una serie de actuaciones presuntamente irregulares cometidas durante su etapa como alcalde de La Laguna en relación al servicio de retirada de vehículos de la vía pública. El procedimiento salpica además al sucesor de Clavijo al frente de la corporación lagunera, José Alberto Díaz, también de Coalición Canaria (CC), y a los antiguos socios de la empresa que se hizo con la concesión del servicio en 2011, quienes, según los denunciantes, tienen vínculos personales con el actual jefe del Ejecutivo regional.

La Sección Segunda del tribunal provincial ha estimado el recurso presentado por concejales de los partidos de la oposición Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s Se Puede contra el sobreseimiento provisional decretado el pasado 15 de junio por el Juzgado de Instrucción 2 de la capital tinerfeña. Para la Sala, formada por Joaquín Luis Astor Landete, Jaime Requena y Esther Nereida García (ponente del auto), la jueza de instrucción se precipitó al archivar la causa “en el momento inicial” de la investigación y no valoró de forma adecuada indicios de los que “no cabe excluir” que los denunciados hayan podido cometer los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El auto ha sido presentado por representantes de estos dos partidos de la oposición este jueves en una rueda de prensa en La Laguna, donde han anunciado su deseo de personarse en la causa como acusación popular. Además, no descartan recusar a la jueza de instrucción. “Estamos consternados con la actuación de la jueza de instrucción y la Fiscalía”, ha subrayado el concejal de XTF-NC Santiago Pérez. 

El servicio de grúas de La Laguna se privatizó en 2004. La propuesta partió de Fernando Clavijo, que era entonces concejal de Seguridad Ciudadana en un gobierno que estaba liderado por Ana Oramas, la actual diputada de CC en el Congreso. El contrato fue adjudicado por un precio mensual de 72.634 euros al empresario José Padilla, que prestó sus servicios al Ayuntamiento a través de la mercantil Autogrúas Poli desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 13 de abril de 2011, fecha en la que se produjo la venta de la sociedad. Padilla denunció ante la Guardia Civil dos años y medio después, en septiembre de 2013, que había sido sido amenazado y coaccionado por Clavijo para que la concesión quedara en manos de un grupo de trabajadores de la empresa que tenían una vinculación “directa o indirecta” con el entonces regidor de la Ciudad de los Adelantados.

En 2014 la Junta de Gobierno asumió temporalmente el servicio y, para ello, nombró a dos funcionarios como interventores. Para entonces, la empresa concesionaria atravesaba un momento de enormes dificultades económicas. Con una deuda que ascendía a 300.000 euros, Autogrúas Poli acumulaba impagos de nóminas, carecía de la tarjeta de transporte obligatoria para poder operar y mantenía vehículos en mal estado. En abril de ese año, los interventores designados por el Ayuntamiento concluyeron que la empresa no se encontraba en condiciones de seguir prestando el servicio.

A pesar de ello, Clavijo firmó un decreto en junio de 2014 para levantar los reparos planteados por el interventor y conceder un préstamo de 120.000 euros a la empresa en plena vigencia de la medida cautelar por la que el Ayuntamiento había asumido el servicio. El informe desfavorable de Intervención remarcaba que el expediente no había sido incoado por el órgano competente y que la propuesta carecía de fundamentación jurídica, de cobertura legal y de especificaciones fundamentales, como la duración del préstamo.

La jueza de instrucción avaló la actuación de Clavijo al defender que se había limitado a resolver una discrepancia de criterios con el interventor en el marco de sus competencias. La Audiencia no sólo no comparte esta apreciación, sino que le reprocha que no haya valorado si el contenido del decreto firmado por el entonces alcalde de La Laguna era adecuado o contravenía la legislación sobre la materia. “Es más, se alude a dictámenes de de expertos externos (catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna) para levantar reparos (...) que no han sido recabados ni valorados por el instructor”, expone la Sala, que recuerda que el estudio de esos documentos “resulta esencial para determinar la ilicitud penal de la conducta”.

La Audiencia también cuestiona al Juzgado de Instrucción por no haber investigado si los trabajadores que se hicieron con la empresa adjudicataria en 2011 tienen vinculaciones personales con Clavijo o si el alcalde favoreció a esos socios. El auto menciona una serie de indicios sobre los que propone profundizar. Constata, por ejemplo, que la empresa tenía su sede a efectos de notificaciones en el número 13 de la Avenida Lucas Vega, en el Edificio Parra de La Laguna, el mismo en el que se ubicaba el domicilio social de una empresa administrada por el actual presidente del Gobierno de Canarias hasta 2009.

También pone de manifiesto que el Ayuntamiento pagó un importe de la deuda que arrastraba la empresa justo en el momento en el que se transmitieron las participaciones de la mercantil a ese grupo de trabajadores o que permitió que se incumpliera el pliego de condiciones, al materializarse la operación de compraventa sin que la corporación tuviera conocimiento, sin que los nuevos socios estuvieran en posesión de la autorización administrativa para ejercer el transporte de mercancía o sin que hubieran presentado los documentos que acreditaran que estaban al corriente de los pagos con la Seguridad Social.

A todo ello se le suma otro decreto firmado por Clavijo el 26 de agosto de 2014 por el que vuelve a levantar los reparos de Intervención para poder prorrogar el contrato hasta 2018 por un importe máximo anual de 650.000 euros. La Audiencia recuerda que el funcionario con habilitación nacional ya había advertido de que esa propuesta no había tomado en consideración el crédito presupuestario de la corporación ni las dificultades económicas y financieras de las empresa, que se evidenciaron “de forma palpable” un año después de dictarse ese y otro decreto de Antonio Miguel Pérez Godiño, actual portavoz de CC en el Consistorio, cuando los socios vendieron las participaciones y el empresario que las adquirió asumió una deuda de 715.215 euros.

En caso de que Clavijo sea imputado formalmente, y por su condición de aforado, la causa deberá ser instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

La investigación del caso grúas tiene además otra vertiente, el robo de piezas de vehículos del depósito municipal para su posterior venta, que sigue su curso en el juzgado.