Cobarde: dícese de quien es pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Este adjetivo bien podría ser utilizado para definir al Partido Popular, quien ha decidido abandonar la comisión de corrupción, asegurando la falta de respeto de Podemos a las instituciones. Resulta paradójico que quienes han debilitado nuestra democracia, con cientos de corruptos en sus filas, reprueben nuestra actuación en las mismas.

El mandato de nuestros votantes, fue el de devolver las instituciones a la ciudadanía y eso es lo que hemos hecho. Cabe plantearse cuál debería ser el calificativo correcto para quienes llevan utilizando las instituciones para su propio enriquecimiento durante casi veinticinco años. Veinticinco años de gobierno que han hecho inabarcable la corrupción del Partido Popular madrileño, con casi quinientos imputados en los tres principales casos que han asolado la Comunidad de Madrid. No resulta casual que de los cuatro presidentes del PP que ha tenido nuestra región, todos hayan estado implicados en casos de corrupción, lo que evidencia la naturaleza de quienes nos gobiernan.

El abandono de la comisión muestra la falta de compromiso por parte del PP en la lucha contra la corrupción. La comisión de investigación ha logrado arrojar luz y colaborar con la justicia, propiciando la imputación de numerosos comparecientes tras su paso por las sesiones parlamentarias. Se han abierto las puertas y las ventanas de las instituciones, rompiendo e impugnando el antiguo y viejo régimen, rindiendo cuentas a la ciudadanía.

Como representantes públicos, es nuestro deber luchar contra la corrupción, en todas sus formas. Escudarse en la oposición como justificación al abandono de una comisión que nos debería interesar a todos y a todas, resulta tan patético como aterrador. Quienes manejan el gobierno de nuestro país, prefieren seguir tapándose los ojos ante la corrupción que anida en las instituciones. Buena prueba de ello es el reciente informe del Consejo de Europa que evidencia la falta de voluntad del Gobierno para combatir la corrupción.

La señora Cifuentes, podrá intentar huir de la comisión de investigación, pero tarde o temprano tendrá que dar la cara. El PP no vendrá a preguntar, pero sí a responder cada una de nuestras preguntas, a través de sus imputados.

Posiblemente Fundescam sea el ejemplo más claro de campañas electorales financiadas ilegalmente por prominentes empresarios y contratistas de la Administración pública

En la reciente comparecencia de Esperanza Aguirre ante la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid hemos vuelto a escuchar con estupor, “que no le consta” la financiación ilegal del PP. Tras las evidencias sobre el caso caso Fundescam que mostró Ramón Espinar en su intervención, siguió negando cualquier tipo de responsabilidad política. Más bien al contrario, ya que como veremos más adelante han proseguido una exitosa carrera política.

El caso Fundescam se encuentra integrado dentro del sumario de la Gürtel y como se dio a conocer es muy representativa de las formas que hemos visto en películas de mafiosos. Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la Gürtel, harto de reclamar las deudas que el PP tenía pendientes, comenzó interponiendo una demanda judicial y posteriormente envió un documento muy esclarecedor que se encontró dentro del pendrive del contable de trama. A modo de chantaje, les recordaba el total de la deuda de facturas con un doble concepto, el facturado y el real, correspondiente este último a facturas de actos electorales no incluidos en la contabilidad electoral del PP.

Posiblemente Fundescam sea el ejemplo más claro de campañas electorales financiadas ilegalmente por prominentes empresarios y contratistas de la Administración pública. Estas donaciones estaban firmadas por Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid, que ha vuelto a saltar a la actualidad implicado también en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de aportaciones de 1,8 millones de euros de Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y directivo de OHL. Gutiérrez Moliner acabó dimitiendo por estar implicado en las tarjetas black, aunque eso sí, fue reincorporado al día siguiente en el PP de Madrid de Esperanza Aguirre. También Cristina Cifuentes mantiene a Gutiérrez Moliner en su puesto, pese a las promesas de limpieza tras haber asumido la gestora del PP de Madrid.

Todos estos hechos y documentos han sido confirmados tanto por un informe de la Guardia Civil (UCO) y otro de Anticorrupción que probaban la financiación ilegal de las campañas autonómicas de 2003 (las dos: las autonómicas y la repetición que provocó el 'Tamayazo') y las elecciones europeas de 2004. ¿Cómo puede ser entonces que este caso haya pasado desapercibido, cuando supone una de las mayores irregularidades democráticas? En realidad, es fácil de entender por qué no se quiere hablar de este tema; entre las personas que firmaron las cuentas de 2003 y 2004 señaladas por Correa se encuentran:

Pio García- Escudero: presidente del Senado y a la sazón presidente del PP de Madrid

Esperanza Aguirre: expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual concejala de Madrid

Ignacio González: expresidente de la Comunidad de Madrid

Francisco Granados: exvicepresidente de la Comunidad de Madrid en prisión preventiva por el 'caso Púnica'

Cristina Cifuentes: la actual presidenta de la Comunidad de Madrid

Beltrán Gutiérrez Moliner: el gerente del PP era apoderado de Fundescam y firmó los recibís de las donaciones. Tuvo que dimitir por el escándalo de las tarjetas black y que fue reincorporado en el PP de Madrid al día siguiente por Esperanza Aguirre e implicado por presunta financiación ilegal dentro del 'caso Púnica'

Juan José Güemes: exconsejero de Sanidad imputado por lucrarse en la privatización de la Sanidad madrileña

Ana Botella: exalcaldesa de Madrid y mujer de José María Aznar

Antonio Bateta: secretario de Estado de Administraciones Públicas

Ana Isabel Mariño: senadora por designación autonómica de Madrid y exconsejera de la Comunidad de Madrid

José María Cepeda: exalcalde de Aranjuez, condenado a 6 años de inhabilitación

Bartolomé González, Gádor Ongil: diputados de la Asamblea de Madrid

Fermín Santiago Lucas: director General de IFEMA

Miguel Ángel Villanueva: concejal que tuvo que dimitir por el Madrid Arena y fichó por Cofely

Parte del descrédito de las instituciones se debe a la percepción de impunidad de la corrupción política. A la vista de la lista de personalidades, parece que se promociona a aquellos que saben guardar silencio, antes que exigirles responsabilidades. Es precisamente por este motivo que, aunque el resto de grupos de la Asamblea de Madrid no nos estén apoyando, estamos luchando en la comisión de investigación de la corrupción por abordar la trama 'Gürtel', pues estas comisiones deben servir para depurar responsabilidades políticas y proponer mejoras legislativas que impidan que este tipo de hechos se repitan, acabando con la impunidad. De hecho, las propuestas legislativas que ha impulsado en la última legislatura han ido en la dirección contraria, implementado la prescripción por infracciones en la financiación y eliminando el límite de donaciones a fundaciones de partidos políticos.

Podemos entender que el PP obstaculice con todos sus medios la comisión de investigación, pero la ciudadanía no podría entender que Ciudadanos y PSOE no muestren interés en investigar este caso. Más grave es el caso de Ciudadanos, si con su única exigencia de dimisiones en caso de que haya imputados legitima la teoría popular de que son “casos aislados”, mientras sigue sosteniendo un gobierno corrupto que ha llegado al poder en Madrid con campañas financiadas ilegalmente, gobierno de un partido que está en sí mismo imputado.

Uno de los debates más frecuentes dentro del tema de moda en sobremesas y cafés es si los de Podemos acabarán siendo corruptos como los demás. Si acabarán repartiendo sobresueldos en sobres, si pagarán sus sedes con dinero negro o si aceptarán comisiones a cambio de contratos públicos. Más allá de las declaraciones de principios o los estrictos compromisos éticos de los cargos electos, Podemos cuenta con mecanismos y controles internos y externos que permiten a la ciudadanía exigir ejemplaridad y auditar cotidianamente nuestro funcionamiento.

¿Qué tuvieron que hacer los periodistas para saber el importe de los servicios de  asesoramiento que Errejón facturó a Podemos? Simplemente entrar en la web cuentasclaras.podemos.info y teclear su nombre en el buscador. Desde el lanzamiento de Podemos nos comprometimos a rendir cuentas trimestralmente de nuestros ingresos y nuestros gastos ante la ciudadanía, incluyendo el desglose de hasta la última factura. Al principio de nuestra andadura comenzamos publicando el desglose de la contabilidad de la asociación con la que empezamos a funcionar y, actualmente, hacemos lo propio con los ingresos y los gastos del partido y de los cargos electos, incluyendo los documentos escaneados. Nuestro objetivo es replicar esta forma de funcionar en la extensión territorial.

En el día a día de la gestión económica de Podemos esto supone trabajar desde un escaparate en el que todos nuestros movimientos son observados. Más de 100.000 personas han accedido ya a nuestra web de cuentas claras. Esta forma de funcionar nos exige estar dispuestos a dar explicaciones sobre cualquiera de nuestras operaciones en cualquier sitio, de las redes sociales a las tertulias de televisión. Ponemos todos los medios para una vigilancia ex-ante y también para exigir responsabilidad ex-post con mecanismos revocatorios con los que poder destituir inmediatamente a cualquier cargo de Podemos sospechoso de conductas inapropiadas.

Consideramos que el cambio de paradigma desde una ciudadanía desafecta con la política hacia una ciudadanía activa y empoderada requiere un cambio de actitud para acabar con la tolerancia con la corrupción, pero también necesita contar con los mecanismos apropiados que permitan ejercer un papel activo de supervisión ciudadana, complementario y simultáneo al del Tribunal de Cuentas. Abrir nuestra contabilidad a la gente no solo implica una disposición a rendir cuentas de forma permanente, también nos lleva a una nueva cultura de gestión más eficiente y transparente.  El objetivo es generar un círculo virtuoso combinando una gestión transparente y eficiente a la vez que comprometida con los valores éticos de Podemos: Si hay algo que no puedes publicar, no deberías hacerlo.

Hace unas semanas una chica escribía al correo de la comisión de finanzas para informarnos de que había analizado todas las cuentas publicadas y que había creado una infografía con esos datos. Nos pareció que este ejercicio reflejaba perfectamente el concepto de auditoría ciudadana de nuestras cuentas que buscamos con su publicación. El cambio cultural no se podrá llevar a cabo si no reconocemos y ampliamos los derechos de supervisión y participación, tal y como hacemos en Podemos recogiendo el derecho de acceso a la información, publicando hasta la última factura, facilitando los referéndums internos y los mecanismos revocatorios, algo que contrasta con la cosmética ley de transparencia que entra hoy en vigor, muy limitada para garantizar el acceso a información y en el establecimiento de mecanismos efectivos que permitan exigir responsabilidades a los políticos en el ejercicio de cargos públicos.

Nuestro objetivo es ofrecer cada vez más información para ir a la vanguardia en la implementación de las medidas de transparencia y control interno en los partidos políticos, presionando al resto de partidos con nuestro ejemplo y prefigurando las medidas que aplicaremos si llegamos a gobernar. Actualmente  estamos desarrollando un sistema propio de gestión contable para integrar y publicar las cuentas de todos los niveles territoriales de Podemos y sus entidades vinculadas. Dotar de autonomía a los grupos locales no debe estar reñido con la transparencia y la rendición de cuentas. Esta es una asignatura pendiente para los partidos políticos, que en su conjunto acumulan 60 millones de euros de subvenciones locales sin justificar según el Tribunal de Cuentas.

En Podemos queremos demostrar al resto de partidos que es posible una financiación limpia, eficiente y transparente si hay voluntad política y si los partidos no tienen nada que ocultar. Quien paga manda, y en Podemos manda la gente que nos financia con pequeñas aportaciones a cambio de que rindamos cuentas de nuestra actividad públicamente. Creemos que conocer cómo se ingresa y se gasta el dinero en los partidos es un elemento fundamental para que la ciudadanía recupere la confianza en la política, y por eso nuestros bolsillos son de cristal.

Quisiera dar las gracias por haberme permitido denunciar la corrupción dentro del Congreso. Si lo hiciera fuera de estas paredes, a las puertas del Congreso, me podría costar hasta 600.000 euros

Intervención íntegra del analista económico Miguel Ongil, miembro del colectivo Cuentas Claras, en la sesión sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción de la Comisión Constitucional

Quiero empezar explicando los tres documentos en los que voy a basar mi comparecencia. El primero, es un artículo que publicamos la semana pasada contando las veintiuna lagunas legales que tiene el proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre financiación de partidos. El segundo, sería el punto relativo a un libro que he publicado junto con Manuel Maroto y Suso Baleato y Victoria Anderica y el tercero es una consulta pública que abrimos hace escasamente una semana para recoger opiniones del público. Creemos que solamente se ha llamado a declarar a doce personas y muchísima gente no solo tiene algo que aportar, sino que tendría que tener el derecho de aportar en un tema tan sensible como este.

Voy tratar de trasladar estas propuestas, si bien no les voy a trasladar es todos los insultos, las palabras gruesas que me han dedicado. Los cinco puntos en los que se dividen las propuestas son impunidad, transparencia, independencia de la justicia y de los órganos de control, la financiación de partidos y por último, el sistema de partidos y la participación ciudadana. No me voy a poder detener en los tres primeros, pero gracias a que hemos tenido participación en esta consulta abierta, no quiero dejar de mencionarlos. O sea por un lado está la independencia de la justicia y de los órganos de control como en este caso sería el Tribunal de Cuentas; dentro de la transparencia creemos que una ley, de verdad, de transparencia recoja el derecho de acceso a la información, un control del lobby –tenemos derecho a saber con quién se reúne antes de tomar las decisiones–, tenemos propuesta de contratación pública –una base de datos nacional sobre las licitaciones– y también la prevención de los whistle–blower (de las filtraciones) ya sea dentro de la Administración pública o en la empresa privada.

El tercer punto es la impunidad. No me voy a extender aquí porque ha habido expertos constitucionalistas, todo tipo de catedráticos que han hablado antes de esto, pero es evidentemente una grandísima demanda ciudadana acabar con todo este tipo de indultos a corruptos, prescripciones, inhabilitaciones, aforados y el hecho de que no esté incluido el delito de financiación de partidos en la reforma del Código Penal. Aquí me quiero detener porque no es suficiente con incluir este delito no solamente para los corruptos, hay que señalar también a los corruptores, al poder económico que está en la raíz de este tipo de corrupción. Y un último comentario, antes de pasar a hablar de la financiación de partidos, es que sin duda es importante al tratar el tema de la reforma de la justicia el acabar con la impunidad, pero lo que no podemos hacer es desviar toda la atención y pensar que un problema que es en su raíz político puede ser solucionado solamente por la vía penal.

Sobre la financiación de partidos. Es una pena que no vayamos a tener el tiempo de discutir apropiadamente sobre diferentes modelos de financiación. Escucho y me hace gracia –bueno, o me cabrea un poco– el reducir toda la discusión sobre si queremos un sistema de financiación pública o un sistema de financiación privada. En la actualidad lo que tenemos es básicamente que los partidos pueden recibir donaciones sin límite vía fundaciones de personas físicas, de personas jurídicas; pueden invertir en bolsa; pueden tener sus propias actividades; tienen exenciones fiscales, tienen deducciones fiscales; reciben dinero público a espuertas, y no tienen ninguna limitación sobre el endeudamiento. Esto, dentro de una situación en la que ni siquiera justifican todo el dinero que reciben, todo el dinero público. Lo lleva diciendo el Tribunal de Cuentas un año tras otro: se dejan 60 millones sin justificar, la mayoría provenientes de las agrupaciones locales, donde creo que podríamos estar de acuerdo en que se concentra gran parte de la corrupción urbanística. Y tenemos una supervisión que no es ni efectiva ni real: el Tribunal de Cuentas es más parte del problema que de la solución. Además no hay ningún tipo de sanciones, no se ha dado en toda la historia desde la Transición una sanción a ningún partido político. Entonces, yo les pregunto, ¿qué modelo tenemos en España si no es el del todo vale? Esto habría que hablarlo con más profundidad. Lo segundo, ya que no vamos a poder debatir en profundidad sobre las diferentes opciones, es por lo menos tratar de limitar los daños con nuestros comentarios a la propuesta de ley del Gobierno. No hemos sacado una ni dos ni tres, sino veintiún puntos negros muy importantes que incluye la propuesta del Gobierno de ley de partidos o que deja sin solucionar. No voy a pasar por los veintiuno, pero sí quiero mencionar unos cuantos de ellos.

Es increíble que siga siendo posible donar sin límite inmuebles. En teoría hay unos límites para las donaciones dinerarias, pero Emilio Botín o cualquiera podría comprar un edificio de diez millones de euros y dárselo a un partido, y sería perfectamente legal. Además no entiendo que en esta nueva propuesta de financiación se permita donar a extranjeros, parece que el que no se tenga el derecho a voto no es un problema para influir e intervenir directamente en el sistema de partidos. Las empresas podrán seguir ganando ilimitadamente, solamente lo tendrían que hacer por la vía de las fundaciones. Todo el sistema que están proponiendo de aceptación de donaciones es realmente increíble: los partidos tendrán hasta el tercer mes después del ejercicio para decidir si aceptan o no dinero que pueden tener desde hace doce o trece meses en sus cuentas. No sé cuál es el objetivo de esto pero lo que está claro es que sí pueden realizar operaciones de inversión pese a que tienen prohibidas las actividades mercantiles en teoría.

La propuesta de decir que se le va a dar publicidad a las donaciones es una tomadura de pelo. Sí está recogido que se tiene que incluir en la memoria la relación de donantes, pero a la vez la misma ley no obliga a publicar la memoria, o sea, que seguiremos en la misma situación en la que estábamos.

El sistema de prescripciones también es otra tomadura de pelo a la ciudadanía. Según la gravedad de las infracciones, se contemplan plazos de uno, dos o cuatro años; yo no entiendo por qué tiene que haber un plazo menor a diez o quince años, pero es que además se da que las infracciones más leves serían por ejemplo no presentar las cuentas o negarse a colaborar con el Tribunal de Cuentas. O sea, que yo me pregunto: si esta es la situación para las más graves, que prescriben antes siquiera de que el Tribunal de Cuentas sea capaz de publicar sus informes, ¿cómo se supone que va a ser capaz de demostrar las infracciones más graves?

El Tribunal de Cuentas, propuesta para hacerlo independiente. Por ley tiene que ser independiente y ya está, sin cambiar su estructura ni cómo es el método de elección de sus consejeros. Y les recuerdo que el Tribunal Supremo ya les sacó los colores diciendo que hay más funcionarios elegidos a dedo que funcionarios de carrera.

Una de las grandes cosas que se vende como transparencia es que los tesoreros de los partidos podrán venir al Congreso. Eso será si así lo decide la Comisión Mixta, la misma Comisión Mixta que era la encargada de decidir si se ponían sanciones a los partidos, que no las ha habido nunca. Más que nada estamos en contra de este modelo que ustedes llaman –por lo visto– modelo del fusible; es mucho más cómodo tener una persona que sea la que está expuesta, que es la que tiene que dar la cara, que es fácil de quemar y fácil de sustituir sin que esto llegue a afectar a otras estructuras del partido ni a otros cargos públicos. La alternativa que nosotros proponemos a esto es empoderar a los militantes. La ley de partidos está totalmente vacía de contenidos y deben tener mayor responsabilidad en el propio control de las cuentas, para eso es necesario también que haya órganos de control y de arbitraje elegidos independientemente de la dirección de los partidos. Además, como por ejemplo existe en la ley alemana de partidos, creemos que, ya sea a nivel local, regional, autonómico o nacional, tiene que haber tres encargados de firmar las cuentas como en el caso de Alemania –en la que cualquier infracción puede llevar aparejadas penas de hasta tres años–: la presidencia de esa agrupación, de ese partido, el propio tesorero y un interventor.

En cuanto a la democracia interna, como digo, no está en ninguna parte, se sigue sin legislar y lo que ha quedado claro es que los partidos son incapaces de autorregularse, lo hemos estado viendo y a la vista están las consecuencias. Si acaso se trata de regular por la vía del Código Penal, que es a lo que estamos acostumbrados, todo lo que no es delito es legítimo, hasta que un juez no se pronuncia, aquí no ha pasado nada, esta es la forma de eludir las responsabilidades políticas.

Por otro lado, no se limita de ninguna forma el endeudamiento. Resulta que los partidos deben, según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, 275 millones a las entidades de crédito y según el mismo informe, diecisiete formaciones tienen patrimonio neto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un buen número de partidos que, si no se renegociaran los créditos, a lo mejor no serían capaces de pagar las nóminas al día siguiente. Es importante entender que las dependencias financieras crean dependencias políticas.

Por último, también quería señalar los partidos se seguirán legislando a sí mismos, este es el problema central que tenemos por resolver; el conflicto de intereses de los partidos siendo los legisladores y legislados al mismo tiempo no se le escapa a nadie. Esto es lo que va a llevar a que no se solucione el problema. Y más allá de si esa es la mayoría actual de Gobierno o las anteriores, este círculo de impunidad no se va a poder romper si no es introduciendo la participación ciudadana. Una vez que nos encontramos en este callejón sin salida, esta falta de voluntad de realmente atajar los verdaderos problemas, nos planteamos que quedan solamente dos salidas y dos alternativas. Por un lado, tenemos que incluir, como decía, mecanismos de participación ciudadana y es simplemente cumplir lo que dice la Constitución en el artículo 23, que los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en la política o bien por medio de sus representantes. Podemos ver un montón de experiencias en otros países de cómo se ha tomado esta situación. Como decía, hay dos salidas. Por un lado, es la participación ciudadana y, por otro lado, necesitamos otro tipo de partidos y otro tipo de políticos.

Termino con la participación ciudadana. No puede ser que un ciudadano cualquiera no tenga derecho a saber las cuentas o a investigar o simplemente a reclamar más información. La única información que tenemos es a través de las gafas de color rosa del Tribunal de Cuentas. Si queremos reclamara algunas veces, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, resulta que necesitamos el concurso de algún partido para hacer este tipo de reclamación. No queremos más derechos tutelados, queremos poder interactuar directamente en estas situaciones, es decir, extender los derechos ciudadanos de supervisión, de control y también de queja y de demanda ante las administraciones. En el caso de la corrupción ni siquiera tenemos herramientas como las iniciativas legislativas populares. Algunos ejemplos que ha habido en otros países de participación son el muy manido caso de la Constitución en Islandia. También tenemos un caso que a mí me parece particularmente interesante en la Columbia británica donde los partidos se comprometieron a dar a una asamblea de ciudadanos el poder de cambiar la Ley Electoral, que es otra ley que tiene exactamente el mismo conflicto de intereses para los partidos como legisladores y legislados y se comprometieron a aceptar lo que esta Asamblea de ciudadanos propusiera para cambiar la Ley Electoral. Podemos pensar en un tipo de mecanismo parecido.

También les invito a echar un vistazo a la convención constituyente que están haciendo en Irlanda. Es otra modelo diferente donde dos tercios de los miembros son ciudadanos y un tercio son representantes políticos. Al fin y al cabo hay diferentes modelos, según si la elección de los ciudadanos sea directa o sea por sorteo, si son mixtos, ciudadanos o representantes políticos.

Sobre determinar el sistema de partidos, lo que tenemos es lo que los politólogos llaman un sistema cártel de partidos. ¿Qué significa esto, por poner un ejemplo? Si las industrias –hagan un esfuerzo de imaginación– fueran las mimas las que hicieran su propia regulación, ¿a que los precios subirían? ¿A que aumentarían sus beneficios? ¿A que cerrarían la competición a nuevos actores y a que saldrían perdiendo todos los consumidores? Esto es lo que está pasando exactamente con el sistema de partidos. Tenemos una ley electoral que tiene unas barreras de entrada enormes para los nuevos partidos y crea unas distorsiones muy importantes en la representación. Estas distorsiones además se reflejan y se amplifican en la financiación de partidos porque, al contrario de países como Francia, Alemania e Italia, la financiación queda restringida exclusivamente a los partidos con representación. Por ejemplo, en Alemania el suelo para tener representación es un 5% y un 0,5% solo para recibir financiación.

La Ley de Partidos está hueca, no se regula la democracia interna y por eso tenemos todas esas estructuras clientelares dentro de los partidos en donde no se asume la meritocracia. Al final es un sistema incapaz de reciclarse y de depurar todos los elementos corruptos y tóxicos. Es como si hubiesen diseñado un coche sin tubo de escape, en donde nos estamos ahogando todos dentro. Si no tenemos ningún mecanismo para denunciar esto, para cambiar las cosas, para poner nuestro granito de arena, lo único que nos queda son las manifestaciones, salir a la calle; y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de que nos peguen, de que nos multen o de que nos criminalicen. Tienen que saber que no vamos a parar. Si nosotros hemos sido capaces en Semana Santa, deprisa y corriendo, de hacer una consulta pública y recoger otras voces, ¿por qué ustedes no quieren?

Para terminar –esto es lo último que voy a decir, de verdad–, quisiera dar las gracias por haberme permitido denunciar la corrupción dentro del Congreso. Si lo hiciera fuera de estas paredes, a las puertas del Congreso, me podría costar hasta 600.000 euros.

Apenas año y medio desde la última reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos en 2012 (una reforma que, con la excusa de apretar el cinturón a los partidos, eliminó el tope máximo de las donaciones privadas a las fundaciones políticas), el PP vuelve sobre el asunto. Con el título de Plan de Regeneración Democrática, el Gobierno mandó en febrero al Congreso elProyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por el que se modifican la ley de financiación de los Partidos Políticos, la Ley de Partidos Políticos y la ley del Tribunal de Cuentas. Una primera lectura del texto ha confirmado que el proyecto retoca unas pocas cosas para que nada cambie, al más puro estilo lampedusiano.

A continuación enumeramos algunos ejemplos de prácticas que en materia de financiación y partidos serán o seguirán siendo legales de aprobarse el proyecto en su estado actual.

1. El Consejo de Ministros podrá negar la concesión de subvenciones estatales anuales a los partidos… aunque no se sabe en qué supuestos. Nada dice el proyecto de por qué motivos, o en qué casos, el Consejo de Ministros puede acordar no autorizar las subvenciones. El principio de la división de poderes se ausenta cuando de regulación en materia de partidos políticos se trata.

2. Se prohíben las donaciones a partidos por parte de empresas... pero seguirá sin ser problema que las donaciones las hagan personas físicas vinculadas a ellas. La medida estrella de este proyecto de ley sería, según el Gobierno, la prohibición de las donaciones de empresas, algo común en otros países de nuestro entorno, como Francia. Sin embargo, la cuantía de donaciones empresariales que los partidos declaran oficialmente al Tribunal de Cuentas es escasa, comparada con otras fuentes de ingresos. Además, ningún control establece el proyecto sobre las donaciones de personas físicas vinculadas, en el grado que sea, a esa empresa que tiene prohibido donar. Un ejemplo: el Banco Santander no podría donar dinero, pero Emilio Botín, o alguien a su cargo, sí.

3. Las personas físicas podrán continuar donando la cantidad que quieran a los partidos... siempre que lo hagan en inmuebles. Y, sí, también si son extranjeros. El proyecto mantiene el máximo de 100.000 euros por persona y año como límite para donaciones de personas físicas a un partido político. Pero, mantiene también una excepción muy llamativa: si lo que se dona es un bien inmueble, no existe tal límite. Si un empresario quisiera donar 10.000.000 de euros a un partido, sólo tendría que comprarse un edificio que valga eso y luego donarlo. Todo perfectamente legal. ¿Que el empresario es extranjero? Ningún problema. Que no tenga derecho al voto no significa que no pueda inyectar algunos millones (gracias a las donaciones de inmuebles) en el sistema español de partidos. El proyecto mantiene el actual artículo 7 de la ley, que lo prevé expresamente.

4. Las empresas también podrán además seguir donando dinero ilimitadamente... eso sí, a través de las fundaciones de los partidos. La reforma de la LOFPP de 2012 ya se encargó de eliminar discretamente (nada se decía de eso en la exposición de motivos de la ley) el tope de 2007: 150.000 euros por año y donante a las fundaciones políticas. Uno de los aspectos de la legislación vigente que el Gobierno conserva en su plan de regeneración democrática.

5. Las fundaciones políticas podrán recibir, además, donaciones ilimitadas de empresas con contratos con la administración pública. En teoría, el proyecto hace extensible a las fundaciones políticas la prohibición de recibir dinero de personas físicas con contratos en vigor con las administraciones públicas. Nada dicen, sin embargo, ni la legislación actual ni el proyecto, acerca de contratos pasados o futuros. Además, el artículo 4.2 a), que es el que contiene esa prohibición, habla de personas físicas, y no de las jurídicas. De acuerdo al tenor literal del proyecto, una persona jurídica con contratos en vigor con la administración podría donar, ilimitadamente, dinero a las fundaciones de los partidos. Pero en realidad es más fácil que eso: el proyecto mantiene la disposición de la actual ley que establece que “no tendrán la consideración de donaciones, a los efectos de esta disposición adicional, las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto de la fundación o asociación, en cuanto tal actividad o proyecto se realice como consecuencia de un interés común derivado de las actividades propias del objeto societario o estatutario de ambas entidades”. Es decir, que si una empresa con contratos con la administración o no, decide financiar una actividad en la que tiene un “interés común”... ¡ese dinero no será siquiera considerado una donación!

6. Los partidos podrán recibir dinero... sin estar aceptando donaciones. Algo parecido a lo anterior ocurre con otra de las novedades del proyecto: la introducción de un procedimiento por el que los partidos pueden aceptar o rechazar donaciones privadas, estableciendo un plazo de hasta 3 meses tras la finalización del ejercicio anual. Debería ser un mecanismo para que los partidos se hagan responsables de verificar y rechazar desde el primer momento donaciones ilegales o dudosas. Otros países, como Reino Unido o EEUU, tienen bien establecida la necesidad de hacer las comprobaciones de la legalidad de cada donación en un plazo corto, por ejemplo 10 o 30 días, teniendo la obligación además de informar detalladamente de esas donaciones dudosas. El proyecto del Gobierno, sin embargo, convierte el régimen de aceptación de las donaciones en casi todo lo contrario: una especie de plazo para regularizar las cuentas antes de mandarlas al Tribunal de Cuentas. Imaginemos que, en enero de 2014, una empresa con contrato en vigor con la administración le entrega a un partido 500.000 euros en efectivo. Con la legislación en vigor, eso constituiría de por sí múltiples infracciones (de esas que no se han sancionado nunca), en la medida en que la entrega misma se puede considerar como la aceptación por parte del partido. Con el proyecto en la mano, el partido tendría, sin embargo, hasta marzo de 2015 para decidir si acepta o no ese dinero, es decir, si es o no una donación. Mientras tanto, el dinero estará en un limbo jurídico. Tal cosa generará bastante confusión en la rendición de cuentas, teniendo además en cuenta que el plazo para enviar la documentación al Tribunal coincide con el de aceptación de las donaciones, y que el nuevo plan contable para partidos políticos establece que “en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica”.

7. Si el partido recibe dinero ilegalmente por no saber ni de quién proviene... tendrá hasta tres meses una vez ha finalizado el ejercicio anual para ingresar el dinero a Hacienda y no tendrá responsabilidad por recibir donaciones anónimas. El proyecto incluso prevé que, cuando no se haya podido identificar al donante, el dinero se ingresará en el Tesoro público, sin más consecuencias. Un auténtico sistema de “blanqueo” del dinero de origen desconocido (ese dinero podría proceder de cualquier actividad ilegal) que parece destinado a dificultar la imposición de unas sanciones ya de por sí inaplicadas desde 1987. ¿Se imaginan que para que un juez estimara que un servidor público ha recibido un soborno el funcionario tuviera no sólo que recibir el dinero sino aceptarlo expresamente, o dejar pasar un ejercicio y tres meses sin rechazarlo?

8. Las identidades de los donantes seguirán siendo secretas… a menos que trabajes en la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas. Los partidos tienen que identificar a sus donantes en un documento contable llamado memoria, que queda excluida en la legislación vigente de la documentación que los partidos tienen que hacer pública por ley. Las organizaciones políticas tendrán que publicar en sus webs anualmente el balance y la cuenta de resultados, una obligación que los partidos han despachado desde 2008 con PDF de dos y hasta una página, en un ejercicio sorprendente de capacidad de síntesis (la contabilidad del PP filtrada el pasado junio ocupaba nada menos que seis gigas). El proyecto introduce, eso sí, una novedad: habrá que publicar la identidad de quienes realizan donaciones superiores a 50.000 euros. Pero según la redacción del proyecto se puede evadir la norma haciendo dos donaciones de 25.000 en vez de una de 50.000 euros: la técnica de fraccionar donaciones es la que durante años se utilizó para evadir los límites máximos gracias a las donaciones anónimas y siguió pasando hasta 2011.

9. Los partidos podrán seguir realizando operaciones de inversión de capital, a pesar de tener prohibidas las actividades mercantiles. Así lo prevé el proyecto, que mantiene el actual artículo 14 2 d) de la LOFPP.

10. Los partidos seguirán sin llevar correctamente la contabilidad a nivel local. El proyecto aconseja que la contabilidad a nivel local de los partidos se integre en la contabilidad provincial... “si es que existe”. Una cláusula muy laxa teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas lleva años denunciando la deficiente rendición de cuentas de las organizaciones locales, y exigiendo que se presenten cuentas consolidadas.

11. Las infracciones muy graves de la ley prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves al año. Menos de lo que normalmente ha venido tardando el Tribunal de Cuentas en elaborar sus informes. El informe anual sobre las cuentas de los partidos que el Tribunal de Cuentas ha sido capaz de elaborar más rápido en la última década es el del ejercicio 2011: tardó casi dos años desde que terminó el ejercicio (se aprobó el 30 de octubre de 2013). A día de hoy, las infracciones relativas a 2009 y 2010 (los informes de estos años se aprobaron a la vez que el de 2011, es decir, hace apenas seis meses) ya habrían prescrito. El lapso entre el final del ejercicio y la aprobación del informe del Tribunal de Cuentas ha estado históricamente entre 3 y 5 años. Si el plazo de prescripción comienza desde el momento en que se realiza la infracción, se podría dar el absurdo de que las infracciones leves hubieran prescrito incluso antes de que el partido le envíe su documentación anual al Tribunal de Cuentas. Ni la ley actual ni el proyecto prevén ningún otro mecanismo de denuncia ante el Tribunal, solo la presentación de las cuentas por parte de los propios partidos. Por cierto: incumplir la obligación (artículo 19 del texto vigente de la LOFPP) de remitir “cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora” sería, según el proyecto, una infracción leve. El incumplimiento de las obligaciones contables de la ley (por ejemplo: no llevar libros de contabilidad), sería una infracción grave según el proyecto. La pregunta es: sin contabilidad y sin colaborar con el Tribunal, y con plazos de prescripción de 1 y 2 años respectivamente, ¿cómo comprobaría el Tribunal que ha habido infracciones muy graves, que son las que prescriben a los 4 años?

12. El Tribunal de Cuentas será independiente... pero no quienes lo componen. El paquete de reformas del Gobierno modifica la Ley del Tribunal de Cuentas para establecer que este organismo tenga “competencia para todo lo concerniente al Gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su servicio, y podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización”. ¿Independencia, al fin? Del sistema de elección de los consejeros del Tribunal, considerado como altamente controlado por los partidos hasta por sentencias del Tribunal Supremo, no se modifica ni una letra.

13. Habrá una persona encargada de elaborar las cuentas para el Tribunal de Cuentas… que servirá de fusible y tendrá todas las papeletas para cargar con la responsabilidad por las posibles irregularidades. fusibleAunque es necesario asignar responsabilidades de control y supervisión dentro del partido, el riesgo de este tipo de cargos es que se utilice para limitar la responsabilidad política y penal en una persona fácil de quemar y sustituir sin que el resto del partido sufra las consecuencias. La alternativa pasa por empoderar a los militantes para que así tengan mayor responsabilidad en la supervisión interna, así como órganos de control y arbitraje interno elegidos por ellos, independientes de la dirección del partido. Además, cada unidad de organización del partido, ya sea local, regional o nacional debería determinar los responsables de firmar la contabilidad (un tesorero, la presidencia y un interventor) y hacerse responsable de cualquier irregularidad, como en la ley alemana de partidos.

14. Los responsables de la gestión económico-financiera de los partidos comparecerán ante el Congreso... siempre que la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas (compuesta por diputados) lo considere necesario. ¿Quién va a actuar contra un gobierno con mayoría absoluta?

15. La democracia interna, fuera de la ley: no se menciona ni una sola vez en el proyecto. La legislación española en materia de partidos permite que en la práctica los partidos se autorregulen libremente: el resultado son cúpulas que convocan congresos a su conveniencia, candidatos elegidos por cooptación, nepotismo y una exacerbación de la importancia de relaciones oligárquicas de lealtad y patronazgo. Regular el funcionamiento mínimamente democrático pasa por establecer mecanismos internos de participación política efectiva, que favorezcan el reciclaje y renovación de élites, el control y la rendición de cuentas y la depuración de responsabilidades de manera democrática.

16. Las infracciones de la ley cometidas por particulares… no serán infracciones. Nada dice específicamente el proyecto sobre imponer sanciones a particulares, más allá de la posibilidad de imponer multas coercitivas en casos de infringir los deberes de colaboración.

17. La financiación ilegal de partidos políticos seguirá sin ser delito. A pesar de que cotidianamente se hable en los medios de comunicación del “delito de financiación ilegal de partidos”, nunca, en 30 años de escándalos de financiación ilegal, se ha introducido tal delito en el Código Penal español. Ante estos casos, las acusaciones y jueces acuden a otras figuras delictivas: cohecho, delitos fiscales, falsedades, blanqueo de capitales, etc., lo que complica aún más los ya plagados de dificultades procesos penales. Pese a que el Gobierno afirmó el año pasado que introduciría un nuevo delito, no hay ni rastro de él en el proyecto.

18. Los partidos seguirán debiéndose a los bancos y no a sus militantes. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, los partidos deben 275 millones, y 17 de ellos tenían patrimonio neto negativo. Es decir, sin renegociar los créditos habría formaciones que ni podrían continuar su actividad y pagar sus facturas. Las dependencias financieras crean dependencias políticas y para acabar con ello es necesario limitar el endeudamiento de los partidos como ha repetido insistentemente el Consejo de Europa en sus informes.

19. Las fundaciones seguirán fuera de control. No hay ninguna provisión relevante en la propuesta del PP para mejorar los controles de las fundaciones. Los nuevos mecanismos son fáciles de sortear (mantener, por ejemplo, una participación en el patrimonio fundacional del 49% y una organización formalmente independiente sería suficiente) y así evitar ser fiscalizadas. Las disposiciones en materia de fundaciones son tan laxas que quedarán fuera de las competencias del Tribunal de Cuentas parcelas muy amplias de la vida financiera de las fundaciones de los partidos políticos.

20. Se regulará la vida interna de los partidos… por la vía del Código Penal. Se consolida así la tendencia a evitar los mecanismos de responsabilidad política democrática en favor de los mucho más farragosos procesos penales. Es decir, todo lo que no es delito, es legítimo, y hasta que un juez no se pronuncie, aquí no ha pasado nada. Se evita regular de cualquier forma la democracia interna de los partidos, a cambio de introducir la necesidad de que éstos tengan sistemas de control interno para evitar la comisión de delitos. Lo más parecido a una regulación de la vida democrática interna de los partidos estará, así, en el Código Penal, y no en la propia ley de partidos, su lugar natural.

21. Seguirá siendo perfectamente legal y democrático que los partidos legislen sobre sí mismos sin ningún procedimiento especial de participación de la sociedad civil. Si en algún ámbito tiene especial sentido experimentar con nuevos sistemas de participación legislativa es, quizás, en el de los partidos políticos: tienen en exclusiva el estatus de reguladores y regulados. El proyecto de ley fue enviado al Congreso sin ni siquiera haberse hecho público antes. Su tramitación ha sido menos participativa que, por ejemplo, la de la ley de transparencia, cuando afecta a las instituciones de participación política por excelencia. Afrontar el problema de la financiación ilegal de partidos pasa por dar un giro en cómo se legisla en esta materia.