Este jueves en el Congreso de los Diputados se ha votado la renovación del Tribunal Constitucional, con los votos favorables del PSOE, PP y Podemos a una propuesta pactada en el despacho entre el PSOE y el PP. 

Y que el PSOE y el PP pacten los órganos de la alta magistratura no es novedad. De hecho lo de hoy es antesala de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y a pesar de que en las sesiones de control simulen ser gobierno y oposición para modificar las encuestas, cuando se trata del gobierno de los jueces todos van a una. Dos para ti y dos para mí. Y si uno está vinculado a la FAES, a casos de corrupción varios, y a otra se la recusa en la Gürtel, yo tengo los míos. 

La novedad de hoy es Podemos. Y no porque sostengan una votación complicada en la coalición –ha habido otras, como la inexistente subida de impuestos a las rentas altas o la bajada de impuestos a las eléctricas. Hoy la noticia es que Podemos decide avalar un pacto de despachos en el Tribunal Constitucional. Hoy el fin del ciclo del 15M es una realidad tangible. La casta, la democracia secuestrada, y el gobierno de las togas han pasado a un plano discursivo. Ya no es condición necesaria para gobernar, ahora ya son discursos vagos. 

Y es una mala noticia. Democrática. De izquierdas. E incluso independentista. Ya no queda nadie con más de 10 diputados en España que esté por la democratización honesta de este Estado que vuelve a ser una mazmorra de derechos. Y da miedo. Mucho.  

La independencia se vuelve una cuestión de principio democrático, en un estado en el que se encarcela a gente por hacer referéndums y se salvan sistemáticamente personajes de las altas esferas del estado de casos de corrupción, de malversación de fondos, y que son devotos de la democracia militante de la extrema derecha. 

¿Por qué se avala un Tribunal Constitucional que hace décadas que torpedea cualquier atisbo de apertura democrática? 

 En una entrevista en elDiario.es el Fiscal Carlos Castresana se preguntaba dos elementos claves para entender la tesis que expongo. 

¿No podría el TC haber hecho una interpretación garantista y de derechos de la ley de amnistía del 1977 en vez de sellar las torturas del franquismo? 

¿No podría el TC haber hecho un puente constitucional entre la Constitución de 1931 y la de 1978? 

En vez defender la doctrina de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional se ha dedicado a anular leyes del Parlament de Catalunya de forma obsesiva, a dar por buena la ley mordaza y las devoluciones en caliente, o a permitir la prisión permanente revisable. 

Los discursos del PSOE en la cámara han sido de responsabilidad de estado para la renovación. Y los de Podemos de desbloquear la renovación de los órganos judiciales. 

¡Ay del país en el que la razón de estado es exclusivamente la del poder!  

¡Ay del país en el que los mandatos de orden se olvidan de los derechos fundamentales! 

Ya lo decía Gil de Biedma: de todas las historias de la Historia la más triste es la de España porque termina mal. Como si el hombre harto ya de luchar con sus demonios, quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios. 

Y lo peor de todo, es que si este es el mejor gobierno posible para una España de izquierdas, la extrema derecha tiene el camino despejado. La alternativa son ellos.  

Lamentablemente, hoy, el 15 M ha muerto.

Mientras Pere Aragonès y Pedro Sánchez se hacen una foto auspiciada por Foment del Treball y la Vanguardia, la factura de la luz vuelve a subir. Después del último episodio en plena ola de frío – el pasado enero de temperaturas mínimas la luz se encarecía un 28% - ha entrado en vigor la nueva manera de calcular la factura. ¿Resultado? Será todavía más cara. 

Y como con los indultos, que responden a la idea de que hace falta diálogo por las dos partes y van a acabar con la unilateralidad, aquí las explicaciones oficiales sobre la factura de la luz: se modifica el precio por la descongestión de las líneas y para favorecer el uso de horarios alternativos. La saturación de uso de las líneas se explica haciendo una comparativa con los atascos en carretera en las horas puntas y la necesidad de poder escalonar los viajes – ¡como si la gente pudiera elegir a qué hora salir de trabajar y coger el coche! -, y así se evita tener que hacer obras en las líneas. 

Conclusión, que la ciudadanía vuelve a asumir los costes, a pesar que Endesa haya ganado beneficios por valor de más de 1.300 millones de euros ¡en el 2020! Y a pesar de que organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia han sido fruto de la voluntad de generar control externo de los mercados energéticos y de los precios, la retahíla de nombres, empresas y cargos del mercado energético forman la máxima expresión del oligopolio y las puertas giratorias. Solo en el caso de ENDESA los nombres que han formado parte del Consejo de Administración ilustran la ecuación: Luis de Guindos (PP); Elena Salgado (PSOE); José María Aznar (PP); Manuel Pizarro (PP); Pío Cabanillas Alonso (PP); Rodolfo Martín Villa (PP); David Madí Cenizo (CDC); Miquel Roca (CDC). 

Son los salones del poder, los mismos que han aplaudido la foto de Sánchez con Aragonès y las declaraciones de Junqueras. Los mismos que en 2017 se pusieron del lado de los más fuertes. Y no os imaginéis un entramado conspiranoico. Es una telaraña de cargos, poder, beneficios y voluntades encontradas para mantener las cosas como están. Desde las territoriales hasta la distribución de la riqueza. De hecho, ENDESA se privatiza en los 80, a manos del gobierno de Felipe González y con el mantra de la eficiencia del sector privado. Él acaba siendo consejero de Gas Natural hasta 2015, y la energía pasa a ser un bien de mercado que no controla ni el flamante Ministro de Consumo del Gobierno más progresista de la historia. 

En plena crisis climática recuperar la propiedad pública de la energía es fundamental, por salud democrática. Y en plena crisis territorial, una política democrática tiene que traducirse en un referéndum de autodeterminación. 

El estándar democrático depende de la distribución o la acumulación de poder, así como de la capacidad de colectivizar las decisiones. Sacarlas de los despachos y los palacios. Que hable la gente. De energía, de soberanía nacional, de monarquía.

Y para eso hará falta forzar al gobierno español con agenda propia, desbordarlo para que ceda a desenmarañar los privilegios de tantos. 

Hay otra manera de vivir, y debe ser el motor de la construcción de un país para su gente.

Acto primero: esto no es una guerra

Escribía Montse Santolino en la Directa “ni esto es una guerra ni nosotros somos sus soldados”, y nosotras, en el pleno del pasado miércoles, nos declarábamos insumisas a la lógica del terror. Rebeldes al relato del miedo que escupen cada mañana los televisores cuando aparecen los militares. Y es que si en vez de un virus, el COVID-19 es un enemigo, las personas que lo padecen son portadoras del mal. Y pasamos de verlas como cuerpos vulnerables a cuidar, a que formen parte de una rueda infinita de enemigos. De daños colaterales inevitables. Y de muerte, siempre mucha muerte, agraviada por recortes en sanidad que quedan ocultos tras el humo del combate.

Pero afortunadamente esto no es una guerra, a pesar de que la batalla cotidiana contra el capital se haga cada día más áspera. Esto es un virus que se lleva vidas y, con esa sencillez que desprenden los momentos trascendentes de la existencia, pone al descubierto lo que desde 2008 era una evidencia para el sentido común del sur del Mediterráneo: que las necesidades de las corporaciones no son las de la vida de las comunidades.

Acto segundo: el capital no cierra los domingosno cierra los domingos

Sábado 28 de marzo. Horas después del paseo militar matutino, el presidente anunciaba el cierre productivo. 15 días de parada de la actividad productiva no esencial, a pesar de que en la letra pequeña no se haya querido ofender demasiado a los gigantes del Ibex, no sea que se molesten, y se obliga a la gente sencilla a devolver horas a posteriori, a continuar siendo despedida – los despidos por COVID-19 se consideran improcedentes, no nulos -, y a más noches en vela pensando en cómo pagar el alquiler o las deudas con el banco.

Y como si de una canción repetitiva se tratara, Sánchez volvía a usar palabras de combate: sacrificio, resistencia y moral de victoria.

Como si con palabras de guerra se pudiera tapar la pobreza.

Acto tercero: los militares no nos van a salvar la vida

Parece una evidencia, pero habrá que repetirlo hasta que los señores dejen de pasearse por los televisores: los militares no nos van a salvar la vida, las armas no curan, y las guerras solo dejan víctimas. Y en las guerras de estos tiempos, pobreza, deuda y multas.

Preguntamos también en el pasado pleno a Marlaska si de las más de 150.000 denuncias hechas públicas por el Ministerio del Interior, tenían una proporción con relación a las pruebas del COVID-19 hechas a la población. No hubo respuesta, pero mientras la espera a las pruebas sigue, también se prolongan las multas y las escenas de uniformados. Igual se piensan que con estadísticas de multas y detenciones se podrá tapar tanto dolor.

Y en la genealogía política de un estado sin memoria que ha hecho históricamente del orden público una mordaza de las libertades nos debería poner en alerta la retórica de guerra, las multas y las detenciones. Corremos el peligro de acostumbrarnos a una idea vacía de unidad, que defiende una razón de estado carente de derechos. La política del terror sólo alberga miedo, que se propaga a la misma velocidad que el virus, y que ahoga cualquier posibilidad de construir aquello que sí que nos va a salvar: el bien común, el apoyo mutuo, el sabernos pueblo(s).

Epílogo: construir esperanza

Hannah Arendt reflexiona sobre el uso del miedo en los regímenes totalitarios, y escribe sobre el peligro de la soledad organizada porque “amenaza a asolar al mundo tal como nosotros lo conocemos – un mundo que en todas partes parece haber llegado a un final – antes de que un nuevo comienzo surja de ese final y tenga tiempo de afirmarse por sí mismo”.

Y Rendueles, en el artículo La tormenta perfecta para el autoritarismo alerta que “las inmensas conmociones económicas que va a desencadenar la pandemia del coronavirus son un escenario perfecto para una extrema derecha capaz de conjugar un programa económico posneoliberal con una gestión inteligente del rencor social y el miedo colectivo”.

Y de todos los miedos, del miedo que emana del televisor cada vez que se pasean los uniformados, la peor pesadilla es que no seamos capaces de imaginarnos en comunidad y de conjugarnos en futuro. Y ante la incertidumbre de los días que vendrán, y sin saber del cierto si los militares van a retirarse una vez acabe todo o ya se quedarán por si hay huelgas y protestas, la única certeza es la que seamos capaces de construir: la esperanza del común.

La esperanza debe ser el eje central del mundo que estamos viendo cambiar y que habrá que sostener.

Una esperanza que nos permita politizar el dolor; señalar responsables; conquistar libertades y derechos colectivos; defender la razón democrática de la economía como principio fundamental de la ética del bien común; señalar a un estado que sólo entiende de olvido forzado y de represión por medio del orden público; y construir la alternativa democrática desde abajo y desde la izquierda, con la fuerza de sabernos pueblos.

Escribía meses atrás que la Renta Garantizada de Ciudadanía es imprescindible. Y citando a Josep Manel Busqueta, la ubicaba en una lógica de resistencia en nuestra geografía rota por la crisis. Pero ya entonces alertaba de la necesidad de construir mecanismos de redistribución de la renta y de la justicia social que tengan la capacidad de revertir la miseria. Miseria de las de siempre, y riqueza del IBEX 35 que aumenta beneficios a ritmo meteórico.

Y por fin tenemos acuerdo. Celebrado con fuegos artificiales. Y nos alegramos. Y queremos felicitar a la Comisión promotora por su esfuerzo y paciencia. De hecho, desde el primer momento en que la Comisión Promotora de la ILP se puso a trabajar, hemos estado ahí y les hemos apoyado. Y no será distinto a partir de ahora. Apoyaremos la Renda Garantizada de Ciudadanía.

A pesar de ello, es de responsabilidad política explicar la otra cara de un pacto aireado a los cuatro vientos con foto incluida. Y la primera evidencia, que no por obvia podemos evitar de mencionar, el actual acuerdo de RGC ni es el mejor de los acuerdos posibles, ni supondrá un cambio sustancial en la situación de pobreza de tantas y tantas familias. Y no es una crítica desde la atalaya sino una lectura de la RGC desde la tenacidad – genética desde la izquierda anticapitalista – de querer hacer política que resuelva las causas de la desigualdad y que no se centre en los síntomas.

Luces y sombras

Si vamos al acuerdo y a la futura Renta Garantizada de Ciudadanía en Catalunya, en primer lugar, será de base familiar. Sólo se podrá cobrar en los casos en que no hayan ingresos procedentes del mercado laboral – excepto en aquellas familias mono(p/m)arentales con hijos a cargo -. La matriz familiar puede parecer un tema técnico, pero refuerza la desigualdad de género en el seno de la familia, en el sentido que no supone un mecanismo de empoderamiento de las muchísimas mujeres porque no tiene en cuenta la construcción patriarcal de la mayoría de familias. Seguramente muchos más hombres que mujeres serán los cobradores de la RGC y las mujeres administrarán la prestación. De gestionar el sueldo del breadwinner al de la prestación de la RGC. Nada nuevo en el horizonte.

En segundo lugar, será de condición subjetiva – no condicionada – i constará de dos tramos, el segundo vinculado a la inserción laboral y de obligado cumplimiento. Se entiende este segundo tramo como prestación complementaria -150€ - pero se computa como parte de la prestación total. O sea, si no se cumple el plan de inserción con éxito – partiendo de un esquema ficticio de un mercado laboral con capacidad de ofrecer trabajo de calidad – se retirarán los 150€. Pero en el caso en que se siga el plan de inserción y se rechace una sola oferta de trabajo considerada adecuada se pierde la totalidad de la prestación – aun cuando sea a tiempo parcial y suponga menos ingresos que la propia RGC -. Conociendo cómo funciona el mercado laboral, y la diversidad de las ofertas de trabajo que me vienen a la mente bajo el adjetivo de adecuadas, parece más que nada una manera de recordar a las personas que si no tienen trabajo es por qué no quieren.

En tercer lugar, no será universal –sólo será para aquellas familias sin ingresos – i funcionará con el IRSC – Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya – como referente para el importe de la prestación. Este indicador se creó en el año 2006 pero permanece congelado desde el año 2010 en 664€ - ¿es que alguien cree que dicha cantidad es suficiente, tal y como está el coste de la vida, como renta de suficiencia? -. De 664€ (al mes) para una sola persona, que se estira hasta un importe de 1.208€ (a partir del año 2020) para aquellas familias con 5 miembros o más. Y aunque esta prestación es superior a la ya moribunda Renda Mínima de Inserción, es de sentido común que la supervivencia de una familia con 5 miembros con 1.200€ al mes es complicada. Y esto se vincula con una de las incógnitas del acuerdo de la semana pasada, y es que no está explicitada la complementariedad y la compactación con las otras prestaciones de la Generalitat. Esperaremos.

En cuarto lugar, se deberá acreditar, para aquellas familias migradas, una permanencia mínima, continuada y efectiva de 24 meses de residencia legal en Catalunya. El acuerdo dice, literalmente, que en caso de que se haya producido un “efecto llamada” – que se debería constatar con un incremento mínimo del 10% de nuevas solicitudes de RGC de recientes censados en Catalunya – se podrá ampliar el requisito de la residencia previa hasta un total de 36 meses. Este punto es escandaloso por qué restringe, literalmente, el derecho de las personas de otros orígenes según la vigente ley de extranjería, profundamente racista y clasista. Si buena parte de las personas más pobres de nuestro país son de orígenes diversos, se deberían realizar políticas públicas que asuman que cuando se trata de pobreza, el origen y la clase se cruzan, pero en ningún caso se pueden restringir los pocos mecanismos existentes en la lucha contra la pobreza.

Cuando la centralidad política es liberal

Ya lo ven, la RGC es mejor que la actual RMI, seguramente supondrá un respiro para las familias más asfixiadas por la pobreza, pero no supondrá ningún cambio sustancial en la cartografía de las desigualdades.

El tablero de juego es mucho más complejo. La centralidad política se ubica en un frame ideológico liberal, que parte de la base que la pobreza o es endémica y es necesario alimentar-la con caridad – ya sea mediante prestaciones públicas o servicios de toda índole que cubran las necesidades básicas -, o que está relacionada con la capacidad individual de hacerse a uno mismo – y se traduce, en el ámbito de las políticas de ocupación, en iniciativas fomentadas en la ocupabilidad -. Y toda aquella estrategia o propuesta que se salga del marco del liberalismo económico, es ridiculizada y pocas veces considerada.

Y en este mismo frame liberal es donde se reduce toda la actuación de una prestación como la RGC – en la lógica de que la pobreza es endémica y que los ciudadanos se hacen a sí mismos -. En un contexto como el actual, aparte de mecanismos de redistribución fiscal, se hace imprescindible aumentar de manera sustancial el salario mínimo y, teniendo en cuenta que vamos hacia un escenario donde no van a haber suficientes puestos de trabajo para todas, se deben implementar políticas para avanzar hacia el reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada laboral – u otras – que también permitan una mejora en la calidad de vida.

Para la CUP-CC la RGC es una renta de mínimos, pero es una medida que, si quiere tener algún tipo de impacto, tiene que ir acompañada de otros cambios. Políticas valientes, orientadas a la reproducción de la vida poniendo puertas al capital.

Políticas orientadas a la igualdad, la dignidad i el derecho a una vida digna de ser vivida, como objetivo político – aunque no de votos -. Para la CUP-CC la propuesta, en materia de renta, que mejor responde a estos valores es la Renta Básica Universal, unipersonal y sin necesidad de estar vinculada a la inserción laboral.

Nuestra lucha por el mundo que llevamos en nuestros corazones no cabe en los adoquines donde debajo se escondía la playa. Pasa por hacer, paso a paso y a distancia corta, todo aquello que podamos para mejorar las condiciones materiales de las personas ahora y aquí, pero sin olvidar la mirada larga, aquella que decididamente quiere construir contando con todas las personas que viven en nuestro pequeño país. Y siempre, desde la profunda convicción que la miseria mata sueños y vidas, y que ni es una fatalidad, ni es ajena a la gestión política. Se puede hacer distinto, y se puede hacer desde el camino que nos lleve a la igualdad.

Escrivia mesos enrere que la Renda Garantida de Ciutadania és imprescindible. I citant a Josep Manel Busqueta, l’ubicava en una lògica de resistència a la nostra geografia trencada per la crisi. Però ja llavors alertava de la necessitat, per què ens hi va la vida, de construir mecanismes de redistribució de la renda i de justícia social que tinguin la capacitat de capgirar la misèria. Misèria de les de sempre, i riquesa de l’IBEX 35 que augmenta beneficis a ritmes meteòrics.

I per fi hi ha hagut acord. Celebrat amb focs artificials. I ens n’alegrem. I volem felicitar a la Comissió Promotora per l’esforç i la paciència. De fet, des del primer moment en què la Comissió Promotora de la ILP es va posar a treballar, hi hem sigut i els hi hem fet costat. I ara no serà diferent. Donarem suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

No obstant això, és de responsabilitat política explicar l’altra cara d’un pacte esbombat als quatre vents amb foto inclosa. I la primera evidència, que no per òbvia ha sigut esmentada, és que l’actual acord de la RGC ni és el millor dels acords possibles, ni suposarà un canvi substancial en la situació de pobresa de tantes i tantes famílies a casa nostra. I no és una crítica des de l’atalaia sinó una lectura de la RGC des de la tenacitat – genètica de les esquerres anticapitalistes – de voler fer política que no sigui de símptomes sinó que resolgui les causes de la desigualtat.

Llums i ombres

Anem a l’acord i a la futura Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya. En primer lloc la RGC serà de base familiar. Només podrà ser cobrada en aquells casos on no hi hagin ingressos provinents del mercat laboral - excepte aquelles famílies mono(p/m)arentals amb fills -. La matriu familiar pot semblar un tema tècnic, però reforça la desigualtat de gènere en el sí de la família, en el sentit que no suposa un mecanisme d’empoderament de les dones perquè no té en compte la construcció patriarcal de la majoria famílies. Segurament, molts més homes que dones seran els cobradors de la RGC i les dones administraran la prestació en el sí de la família. De gestionar el sou del breadwinner al de la prestació de la RGC. Res nou a l’horitzó.

En segon lloc serà de condició subjectiva – no condicionada – i constarà de dos trams, el segon vinculat a la inserció laboral i d’obligat compliment. El segon tram se l’entén com a prestació complementària – 150 € - però es compta com a part de la prestació total. És a dir, si no s’acompleix el pla d’inserció amb èxit – partint d’un esquema fictici d’un mercat laboral amb capacitat d’oferir feines de qualitat – es retiren els 150 €. Però en cas que se segueixi el pla d’inserció i es rebutgi una sola feina considerada adequada es perd la totalitat de la prestació - encara que sigui a temps parcial i que suposi menys ingressos que la mateixa RGC -. Sabent com funciona el mercat laboral, i la diversitat de feines que em venen al cap sota l’adjectiu d’adequades, sembla més aviat una manera de recordar a la gent que si no té feina, és perquè no vol.

En tercer lloc no serà universal – obvi si només serà per aquelles famílies sense ingressos – i funcionarà amb l’IRSC – l’Indicador de Renda Suficiència de Catalunya – com a referent per a la prestació. L’indicador es crea el 2006 però està congelat des de l’any 2010 a 664 € - a algú se li escapa que aquesta quantitat pot funcionar, tal com està la vida com a quantitat de suficiència? -. De 664 € (al mes) per a una sola persona, s’allarga fins a una prestació final de 1.208 € (any 2020) per aquelles famílies amb 5 membres. I aquesta prestació és superior a la ja moribunda Renda Mínima d’Inserció, però és de sentit comú que la supervivència d’una família de 5 persones amb 1.200 € és complicada. I això es vincula amb una de les incògnites de l’acord de la setmana passada, i és que no està enllestida quina serà la complementarietat i la compactació amb les altres prestacions de la Generalitat. Esperem.

En quart lloc caldrà acreditar, per aquelles famílies migrades, una permanència mínima, continuada i efectiva de 24 mesos de residència legal a Catalunya. Diu l’acord, literalment, en cas que s’hagi produït un “efecte crida” -que s'haurà de constatar amb un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de RGC de recents censats a Catalunya- es podrà ampliar el requisit de la residència prèvia fins a un total de 36 mesos. Aquest punt és escandalós perquè restringeix, literalment, el dret a les persones d’altres orígens segons l’acompliment de la Llei d’estrangeria, profundament racista i classista. Si bona part de les persones més pobres del nostre país són d’orígens diversos, caldrà elaborar polítiques públiques que assumeixin que quan es tracta de pobresa l’origen i la classe es creuen, però en cap cas restringir els pocs mecanismes contra la pobresa que s’administren a casa nostra.

Quan la centralitat política és liberal

Ja ho veuen, la RGC és millor que l’actual RMI, segurament suposarà respirs a famílies fins ara molt ofegades per la pobresa, però no suposarà cap canvi substancial en la cartografia de les desigualtats.

Malgrat tot, aquesta no és la música que sona. La centralitat política s’ubica en el frame ideològic liberal, que parteix de la base que la pobresa o bé és endèmica i cal alimentar-la amb caritat – ja sigui via prestacions públiques o via serveis de tota índole que cobreixin necessitats -, o bé està relacionada amb la capacitat individual de fer-se a un mateix/a – i es tradueix en el cas de les polítiques d’ocupació en iniciatives fonamentades amb l'ocupabilitat -. I tot allò que se surti d’estratègia possible en el sí del marc liberal, és ridiculitzat i no considerat.

I el mateix frame liberal és el que redueix tota actuació a una prestació com la RGC – en la lògica que la pobresa és endèmica i que els ciutadans es fan a si mateixos -. En un context com l'actual, a part de mecanismes de redistribució fiscals, cal augmentar de manera substancial el salari mínim i, tenint en compte que anem cap a una situació on no es generaran prou llocs de treball per a totes les treballadores, cal fer polítiques cap al repartiment de la feina mitjançant la reducció de la jornada laboral - o altres - que permetin també una millora en la qualitat de vida.

Per la CUP-CC la RGC és de mínims, però és una mesura que, si vol tenir algun tipus d’impacte, ha d’anar acompanyada de canvis en altres àmbits. Polítiques valentes, orientades a la reproducció de la vida posant portes al capital.

Polítiques orientades a la igualtat, la dignitat i el dret a la vida digne de ser viscuda, com a objectius polítics - encara que no sempre donin vots -. Per la CUP-CC la proposta, en matèria de renda, que millor respon a aquests valors és la Renda Bàsica Universal, unipersonal i sense necessitat d’estar vinculada a la inserció laboral.

La nostra lluita pel món que portem al cor no hi cap a les llambordes on a sota s’hi amagava la platja. Passa per a fer, pas a pas i a distància curta, tot allò que podem i tenim marge per a millorar les condicions materials de les persones ara i aquí, però sense oblidar la mirada llarga, aquella que decididament vol construir comptant amb totes les persones que viuen a casa nostra. I tot, des de la profunda convicció que la misèria mata somnis i vides, i que ni és una fatalitat, ni és aliena a la gestió política. Es pot fer diferent, i es pot fer des del camí que porta a la igualtat.

Josep Manel Busqueta escriu a L’Hora dels Voltors que per sortir de la crisi cal conjugar tres verbs: criticar, resistir i construir.

Criticar és ràpid. Catalunya, quart trimestre del 2016, taxa d’atur juvenil 32,28%.  Darrer informe del Síndic de Greuges sobre malnutrició infantil d’agost del 2016: 50.000 casos de malnutrició i 750 casos de desnutrició. Taxa de risc de pobresa en el treball de l’any 2015: 11,2 %. Benefici de l’Ibex35 l’any 2016: 30.000 M€ (increment 68% envers 2015). Dibuix esfereïdor.

Herència de retallades que han acompanyat les polítiques d’austeritat, conseqüències d’una economia afogada per deutes aliens, xifres d’un model de societat on el mercat és l’amo i senyor de les vides de la gent. I la pobresa com a rostre d’una societat trencada per la crisi. I un marc autonòmic que no permet subvertir topalls de dèficit que marca una Troika vestida de negre, més preocupada pels beneficis de les corporacions que per la misèria. I no vols caldo? Doncs dues tasses: aprovació del CETA i encara menys sobirania popular i més marge pel capital financer.

Resistir es complica més. Però hi ha esperança(es). La ILP de Renda Garantida de Ciutadania impulsada per 121.000 persones n’és una pista i aposta per la transferència redistributiva a favor dels sectors més empobrits. Tot i això, de la proposta inicial de la Comissió Promotora al que s’està negociant actualment al Parlament hi ha un abisme.

De la idea inicial d’una renda incondicional per a totes les persones regularitzades que estiguin sota el llindar de la pobresa, de matriu individual i d’aplicació immediata; a un model de dos trams vinculat a la inserció laboral que penalitza si no es troba feina en una societat amb atur estructural; amb un període de transitorietat d’uns tres anys mínim; de matriu familiar i amb un sistema de proporcionalitat per persones a càrrec. I tot i la diferència amb la proposta inicial, la tenacitat d’una Comissió Promotora que treballa incansablement per aconseguir algun resultat que pugui anomenar-se Renda Garantida de Ciutadania sota un esquema de precarietat i exclusió cronificada.

I en discussió amb el govern dos esculls complexes per a un acord amb la Comissió Promotora: la complementarietat amb les rendes del treball i la transitorietat en l’aplicació. En clau de complementarietat, la tesi del govern és que si la Renda és complementària a les rendes del treball que estan per sota del llindar de la pobresa, l’erari públic assumirà part del sou que hauria d’anar a càrrec de les empreses contribuint a la perpetuació de la precarietat laboral. En canvi, si no és complementària, és un mecanisme de defensa del treball digne i de millora de les condicions laborals.

Un atzucac complexe. Per la Comissió Promotora una Renda Garantida de Ciutadania sense complementarietat suposa que la gent haurà de recórrer a l’economia informal per a poder cobrar la Renda –664 € al mes– i sobreviure alhora.

I la complementarietat és, certament, una forma amagada de subvencionar el treball precari. Però les taxes d’atur, un mercat laboral altament precaritzat i l’infinit exèrcit de reserva de part del nostre país petit –dones i joves al capdavant– fan que l’equació no es pugui valorar de manera aïllada. CCOO presentava un estudi el setembre passat on alertava del fenomen de treballar per continuar sent pobre i posava rostre a l’11,2% de taxa de pobresa en el treball: a Catalunya hi ha 343.500 persones que cobren un salari que no supera els 9.667 € –xifra que exclou l’exèrcit d’invisibles.

Assumir la complementarietat de la Renda és una proposta de mínims. Però la situació és límit i la pobresa, tal com exposava un dels darrers estudis de la revista mèdica The Lancet, és factor de morbiditat i de mortalitat prematura arreu del món.

En clau de transitorietat la tesi del govern és econòmica: el govern no pot assumir la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania amb tant poc temps ni (vol) comprometre pressupostos futurs. Però la pobresa no pot esperar a que una economia endeutada, obsedida pel creixement il·limitat i dinamitzada per la cultura de la cobdícia, prioritzi a les persones.

La Renda Garantida de Ciutadania no soluciona la desigualtat, però suposa un pal·liatiu a les condicions materials d’existència de la gent a Catalunya. I per a plantar batalla a la desigualtat cal anar bastant més enllà de la complementarietat i ubicar-nos en un debat de model. Comencem a conjugar el verb construir.

Renda Bàsica de les Iguals. Socialització de la riquesa produïda col·lectivament i segrestada a mans d’unes poques. La vella proclama de sostre, pa i treball dels zapatistes que torna en forma de marxes de la dignitat. I la dignitat és motor de resistència i ha de ser un element fonamental del projecte polític a construir: la República de les Iguals.

Josep Manel Busqueta escribe en L’Hora dels Voltors que para salir de la crisis hace falta conjugar tres verbos: criticar, resistir y construir.

Criticar es rápido. Catalunya, cuarto trimestre del 2016, tasa de paro juvenil: 32,28%. Último informe del Síndic de Greuges sobre malnutrición infantil de agosto del 2016: 50.000 casos de malnutrición y 750 casos de desnutrición. Tasa de riesgo de pobreza en el trabajo del año 2015: 11,2%. Beneficio del Ibex 35 del año 2016: 30.000M€ (incremento del 68% en relación al 2015). Dibujo aterrador.

Herencia de los recortes que han acompañado las políticas de austeridad, consecuencias de una economía ahogada por deudas ajenas, cifras de un modelo de sociedad donde el mercado es el dueño de las vidas de la gente. Y la pobreza como rostro de una sociedad rota por la crisis. Y un marco autonómico que no permite subvertir límites de déficit que marca una Troika vestida de negro, más preocupada por los beneficios de las corporaciones que por la miseria. ¿Y no quieres caldo? Pues dos tazas: aprobación del CETA y todavía menos soberanía popular y más margen a favor del capital financiero.

Resistir se complica más. Pero hay esperanza(s). La ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía impulsada por 121.000 personas es una pista en este sentido y apuesta por la transferencia redistributiva a favor de los sectores más empobrecidos. Pero de la propuesta inicial de la Comisión Promotora a la que se está negociando actualmente en el Parlament hay un abismo.

De la idea inicial de una renda incondicional para todas las personas regularizadas que estén bajo el umbral de la pobreza, de matriz individual y de aplicación inmediata; a un modelo de dos tramos vinculados a la inserción laboral que penaliza si no se encuentra trabajo en una sociedad con paro estructural, con un período de transitoriedad de unos tres años mínimo, de matriz familiar y con un sistema de proporcionalidad según personas a cargo. Y a pesar de la diferencia con la propuesta inicial, la tenacidad de una Comisión Promotora que trabaja incansablemente para conseguir algún resultado que pueda llamarse Renda Ciudadana Garantizada bajo un esquema de precariedad y exclusión cronificada.

Y en discusión con el gobierno dos obstáculos complejos para un acuerdo con la Comisión Promotora: la complementariedad con las rentas del trabajo y la transitoriedad en la aplicación. En clave de complementariedad, la tesis del gobierno es que si la Renta es complementaria a las rentas del trabajo que están por debajo del umbral de la pobreza, el erario público asumirá parte del sueldo que debería ir a cargo de las empresas contribuyendo a la perpetuación de la precariedad laboral. Por otro lado, si no es complementaria, es un mecanismo de defensa del trabajo digno y de mejora de las condiciones laborales.

Un callejón sin salida. Para la Comisión Promotora una Renta Garantizada de Ciudadanía sin complementariedad supone que la gente deberá recorrer a la economía informal para poder cobrar la Renta –664 € al mes– y sobrevivir a la vez. CCOO presentaba un estudio el setiembre pasado donde alertaba del fenómeno de trabajar para continuar siendo pobre y ponía rostro al 11,2% de la tasa de pobreza en el trabajo: en Catalunya hay 343.500 personas que cobran un salario anual que no supera los 9.667€ –cifra que excluye el ejército de invisibles.

Y la complementariedad es, sin duda, una forma escondida de subvencionar el trabajo precario. Pero las tasas de paro, un mercado laboral altamente precarizado y el infinito ejército de reserva de parte de nuestro pequeño país –mujeres y jóvenes a la cabeza– hacen que la ecuación no se pueda valorar de manera aislada.

Asumir la complementariedad de la renta es una propuesta de mínimos. Pero la situación es límite y la pobreza, tal como exponía uno de los últimos estudios de la revista médica The Lancet, es factor de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo.

En clave de transitoriedad la tesis del gobierno es económica: el gobierno no puede (quiere) asumir la implementación de la Renda Ciudadana Garantizada con tan poco tiempo y comprometer presupuestos futuros. Pero la pobreza no puede esperar en una economía endeudada, asediada por el crecimiento ilimitado y dinamitada por la cultura de la codicia, priorice a las personas.

La Renta Garantizada de Ciudadanía no soluciona la desigualdad, pero supone un paliativo a las condiciones materiales de existencia de la gente en Catalunya. Y para plantar batalla a la desigualdad hace falta ir bastante más allá de la complementariedad y ubicarnos en un debate de modelo. Empecemos a conjugar el verbo construir.

Renda Básica de las Iguales. Socialización de la riqueza producida colectivamente y secuestrada a manos de unas pocas. La vieja proclama de techo, pan y trabajo de los zapatistas que vuelve en forma de marchas de la dignidad. Y la dignidad es el motor de la resistencia y debe ser un elemento fundamental del proyecto político a construir: la República de las iguales.

A la Circular 5/2001 que estableix el Programa marc de tractament als Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) de les presons catalanes, l’aïllament s’exposa com un tractament especialitzat que en cap cas pot ser aplicat com un càstig.

Des de principis d’any al Parlament de Catalunya, i arran d’una compareixença de la Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura a la Comissió de Justícia, s’ha creat un grup de treball amb l’objectiu d’analitzar a fons els Departaments Especials de Règim Tancat a Catalunya. I la tesi que aflora amb força sessió rere sessió és l’evidència que l’aïllament no pot ser considerat un tractament.

Contradicció servida.

Garanties de Drets Fonamentals: Sobre les regles Mandela i els tipus d’aïllament

Les Regles Mandela sostenen que l’aïllament prolongat més enllà dels 15 dies pot suposar conseqüències psicològiques greus. És per això que aquests principis fonamentals de la garantia dels Drets Humans a presó la consideren una pràctica que, quan excedeix un temps superior a les dues setmanes, pot ser cruel, inhumana i degradant.

Remei Bona – jutgessa de vigilància penitenciària acabada de jubilar – exposa al grup de treball les modalitats d’aïllament que es donen a Catalunya: per un costat com a mesura de sanció amb un màxim de 42 dies revisable; per altre costat com a “aïllament provisional”, mesura que s’aplica com a sanció prolongada i que no compta amb un màxim de dies establert – amb casos flagrants de mesos i mesos d’aïllament -; i, finalment, com a tractament individualitzat de primer grau regit pels articles 93 i 94 del Reglament penitenciari - estades de tres a sis mesos, amb seguiment psicològic i algunes activitats, fins a 6 hores de pati i revisable cada 3 mesos -. Compareixença compartida amb la Doctora Olga Casado. És un document clarificador del que són les realitats penitenciàries nostrades.

És evident que cap de les modalitats contempla els 15 dies com a període màxim. I per a justificar-ho, els compareixents representants dels principals sindicats de funcionaris de presons argumenten que el principi de les Regles Mandela només s’hauria d’aplicar a l’aïllament entès com a sanció per un comportament que contravé el reglament. No es consideren la resta de modalitats que contempla el primer grau com a mesures d’aïllament.

Aquest argument s’esfondra ràpidament. El psiquiatra Pau Pérez sosté en seu parlamentària que la diferència entre hores de pati o entre una activitat i una altra no modifica, a grans trets, les conseqüències psicològiques que pot patir la persona presa. Ho corrobora la Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura. Entre dues i sis hores de pati, dues o quatre hores d’activitat, o entre 22 hores, 18 o 16 a una cel·la sol/a no suposen una diferència substancial per a la salut mental.

I aquesta no és l’única contradicció severa amb la garantia de drets fonamentals. La mateixa magistrada Bona exposa que els DERT són, paradoxalment, aquells espais on és més senzilla la vulneració de drets de les persones internes. Raons d’opacitat, manca de càmeres, registres constants, ús de la força per part dels funcionaris i dificultat del pres/a de denunciar-ho. Exposa la distància entre el reglament penitenciari i la realitat a les presons, i alerta de la poca capacitat que tenen els jutjats de vigilància penitenciària de fiscalitzar la quotidianitat de la privació de llibertat i, especialment, de l’aïllament.

Circuit tancat: salut mental

El principi de les Regles Mandela, que assenyala l’aïllament més enllà dels 15 dies com una pràctica cruel, inhumana i degradant, es basa en la tesi que és una pràctica que despersonalitza, que pot fomentar quadres d’angoixa, depressió, d’agressivitat i, fins i tot, de paranoia. Els dos metges que han comparegut al Grup de Treball ho han deixat clar. Els quadres es repeteixen persona rere persona i els efectes poden sorgir temps després d’haver patit l’aïllament.

No obstant això i malgrat la clarividència amb què Pérez exposa que no hi ha diferència substancial entre l’aïllament com a sanció i el primer grau, per la legislació penitenciària el primer grau s’entén com a tractament perquè hi ha Programes Individualitzats de Tractament. Però la realitat sempre supera la ficció. No hi ha recursos suficients per a tots els DERT catalans, no hi ha prou psicòlogues ni educadores. Ho exposen al grup de treball la Coordinadora Catalana per la prevenció de la Tortura i la Magistrada Remei Bona, fartes de veure DERT sense intervenció.

Però encara hi ha més. La manca de recursos a les presons fa que moltes de les persones que acaben en règim d’aïllament tinguin quadres de salut mental que requereixen de tractament psiquiàtric. I com que la majoria de trastorns no es detecten perquè els exàmens psicològics previs a l’entrada a presó no tenen en compte, per exemple, un dels quadres més freqüents – sobretot entre les dones recluses - com el Trastorn Límit de Personalitat (TLP), la majoria de casos que haurien de ser tractats com a temes de salut mental s’aborden des d’una lògica disciplinària.

Paradoxa. Una pràctica que fomenta quadres psicològics inestables és el principal destí de les persones amb més problemes de salut mental. Un circuit tancat que torna a contradir la tesi de l’aïllament com a tractament per a la reinserció social: l’aïllament genera conflicte, no el desactiva.

I tant la Magistrada Remei Bona com la Presidenta de la Secció de Dret Penitenciari de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona coincideixen en exposar que la majoria de persones que comencen la condemna amb primer grau, l’acaben en aquesta mateixa classificació. I la raó és evident: el cicle del conflicte i de la violència es multiplica exponencialment en situació d’aïllament.

Canviem l’enfoc, canviem el debat

L’evident fracàs de l’aïllament com a tractament ens pot portar a enfocar el debat des d’una perspectiva fatalista que es pregunti què es fa amb aquelles persones preses altament perilloses, i que no s’adapten als règims de segon i tercer grau previstos per a la població reclusa general.

A aquest argument, ja exposat al grup de treball i amb un rerefons evident de “no hi ha alternatives”, cal contraposar-hi la idea que les mancances del sistema penitenciari no poden justificar la utilització de mètodes que, tal com s’apliquen, són considerats cruels, inhumans i degradants per la legislació internacional en matèria de drets humans.

És urgent abordar el debat que fa anys que sobrevola el sistema penitenciari a Catalunya. No s’està treballant en clau de desenvolupar un model integral basat en les solucions penals alternatives que rebaixin el nombre de persones preses. No s’està assumint com a horitzó un model de justícia restaurativa que (re)enfoqui la gestió col·lectiva del delicte. No es projecten models basats en la reparació del dany. Hi ha massa càstig en un model que es descriu a sí mateix en lògica de reinserció.

El debat pren aleshores uns altres matisos. És evident que el conflicte no és si l’aïllament és vàlid com a tractament o no ho és. Una pràctica que s’evidencia com a vulneradora de drets no pot ser considerada un tractament. El debat és com superem aspectes caducs i propis de models punitius per pensar en paràmetres de justícia restaurativa.

Que caiguin els murs de totes les presons se sent de fons. Però la realitat és obstinadament complexa i la qüestió té moltíssims punts de fuga. De moment, i sense gaires solucions, l’evidència sovint oblidada és que les preses són persones amb drets fonamentals i que és intolerable la seva vulneració constant. Des de l’aïllament fins a la negativa del dret a sufragi.

En el tema que avui ens ocupa és la clarividència que l’aïllament no pot ser un tractament. De moment, i com a solució de mínims, que s’acompleixin les Regles Mandela i que cap sanció d’aïllament pugui sobrepassar els 15 dies.

Possibilisme contradictori. L’evidència d’una societat que viu a ulls clucs de la realitat penitenciària. I acabar d’escriure aquestes línies amb aquella sensació a l’estómac que d’aquí a uns anys mirarem enrere i ens en farem creus del que hem estat capaces de tolerar darrere els murs de les presons.

En la Circular 5/2001 que establece el Programa marco de tratamiento a los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado de las prisiones catalanas –conocido como DERT–, el aislamiento se expone como un tratamiento especializado que en ningún caso puede ser aplicado como un castigo.

Desde principios de año en el Parlament de Catalunya, y a raíz de una comparecencia de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura en la Comisión de Justicia, se ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de analizar a fondo los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado en Catalunya. Y la tesis que aflora con fuerza sesión tras sesión es la evidencia de que el aislamiento no puede ser considerado un tratamiento.

Contradicción servida.

Garantías de Derechos Fundamentales: Sobre las reglas Mandela y los tipos de aislamiento

Las Reglas Mandela sostienen que el aislamiento prolongado más allá de los 15 días puede suponer consecuencias psicológicas graves. Es por ello que estos principios fundamentales de la garantía de los Derechos Humanos en prisión la consideran una práctica que, cuando excede un tiempo superior a las dos semanas, puede ser cruel, inhumana y degradante.

Remei Bona - juez de vigilancia penitenciaria recién jubilada - expone al grupo de trabajo las modalidades de aislamiento que se dan en Catalunya: por un lado como medida de sanción con un máximo de 42 días revisables; por otro lado como “aislamiento provisional”, medida que se aplica como sanción prolongada y que no cuenta con un máximo de días establecido - con casos flagrantes de meses y meses de aislamiento -; y, finalmente, como tratamiento individualizado de primer grado regido por los artículos 93 y 94 del Reglamento penitenciario - estancias de tres a seis meses, con seguimiento psicológico y algunas actividades, hasta 6 horas de patio y revisable cada 3 meses -. Comparecencia compartida con la Doctora Olga Casado. Es un documento clarificador de lo que son las realidades penitenciarias en Catalunya.

Es evidente que ninguna de las modalidades contempla los 15 días como período máximo. Y para justificarlo, los comparecientes representantes de los principales sindicatos de funcionarios de prisiones argumentan que el principio de las Reglas Mandela sólo debería aplicarse al aislamiento entendido como sanción por un comportamiento que contraviene el reglamento. No se consideran el resto de modalidades que contempla el primer grado como medidas de aislamiento.

Este argumento se derrumba rápidamente. El psiquiatra Pau Pérez sostiene en sede parlamentaria que la diferencia entre horas de patio o entre una actividad y otra no modifica, a grandes rasgos, las consecuencias psicológicas que puede sufrir la persona presa. Lo corrobora la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura. Entre dos y seis horas de patio, dos o cuatro horas de actividad, o entre 22 horas, 18 o 16 en una celda solo/a no suponen una diferencia sustancial para la salud mental.

Y esta no es la única contradicción severa con la garantía de derechos fundamentales. La misma magistrada Bona expone que los DERT son, paradójicamente, aquellos espacios donde es más sencilla la vulneración de derechos de las personas internas. Razones de opacidad, falta de cámaras, registros constantes, uso de la fuerza por parte de los funcionarios y dificultad del preso/a de denunciarlo. Expone la distancia entre el reglamento penitenciario y la realidad en las cárceles, y alerta de la poca capacidad que tienen los juzgados de vigilancia penitenciaria de fiscalizar la cotidianidad de la privación de libertad y, especialmente, del aislamiento.

Circuito cerrado: salud mental

El principio de las Reglas Mandela, que señala el aislamiento más allá de los 15 días como una práctica cruel, inhumana y degradante, se basa en la tesis de que es una práctica que despersonaliza, que puede fomentar cuadros de angustia, depresión, de agresividad y, incluso, de paranoia. Los dos médicos que han comparecido en el Grupo de Trabajo lo han dejado claro. Los cuadros se repiten persona tras persona y los efectos pueden surgir tiempo después de haber sufrido el aislamiento.

Sin embargo y a pesar de la clarividencia con que Pérez expone que no hay diferencia sustancial entre el aislamiento como sanción y el primer grado, por la legislación penitenciaria el primer grado se entiende como tratamiento porque hay Programas Individualizados de Tratamiento. Pero la realidad siempre supera la ficción. No hay recursos suficientes para todos los DERT catalanes, no hay suficientes psicólogas ni educadoras. Lo exponen al grupo de trabajo la Coordinadora Catalana para la prevención de la Tortura y la Magistrada Remei Bona, hartas de ver DERT sin intervención.

Pero aún hay más. La falta de recursos en las prisiones hace que muchas de las personas que terminan en régimen de aislamiento tengan cuadros de salud mental que requieren de tratamiento psiquiátrico. Y como la mayoría de trastornos no se detectan porque los exámenes psicológicos previos a la entrada en prisión no tienen en cuenta, por ejemplo, uno de los cuadros más frecuentes –sobre todo entre las mujeres reclusas– como el Trastorno Límite de Personalidad (TLP), la mayoría de casos que deberían ser tratados como temas de salud mental se abordan desde una lógica disciplinaria.

Paradoja. Una práctica que fomenta cuadros psicológicos inestables es el principal destino de las personas con más problemas de salud mental. Un circuito cerrado que vuelve a contradecir la tesis del aislamiento como tratamiento para la reinserción social: el aislamiento genera conflicto, no lo desactiva.

Y tanto la Magistrada Remei Bona como la Presidenta de la Sección de Derecho Penitenciario del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona coinciden en exponer que la mayoría de personas que comienzan la condena con primer grado, la acaban en esta misma clasificación. Y la razón es evidente: el ciclo del conflicto y de la violencia se multiplica exponencialmente en situación de aislamiento.

Cambiemos el enfoque, cambiemos el debate

El evidente fracaso del aislamiento como tratamiento nos puede llevar a enfocar el debate desde una perspectiva fatalista que se pregunte qué se hace con aquellas personas presas altamente peligrosas, y que no se adaptan a los regímenes de segundo y tercer grado previstos para la población reclusa general.

A este argumento, ya expuesto en el grupo de trabajo y con un trasfondo evidente de “no hay alternativas”, hay que contraponer la idea de que las carencias del sistema penitenciario no pueden justificar la utilización de métodos que, tal como se aplican, son considerados crueles, inhumanos y degradantes por la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Es urgente abordar el debate que hace años que sobrevuela el sistema penitenciario en Catalunya. No se está trabajando en clave de desarrollar un modelo integral basado en las soluciones penales alternativas que rebajen el número de personas presas. No se está asumiendo como horizonte un modelo de justicia restaurativa que (re)enfoque la gestión colectiva del delito. No se proyectan modelos basados en la reparación del daño. Hay demasiado castigo en un modelo que se describe a sí mismo en lógica de reinserción.

El debate toma entonces otros matices. Es evidente que el conflicto no es si el aislamiento es válido como tratamiento o no lo es. Una práctica que se evidencia como vulneradora de derechos no puede ser considerada un tratamiento. El debate es cómo superamos aspectos caducos y propios de modelos punitivos para pensar en parámetros de justicia restaurativa.

Que caigan los muros de todas las cárceles se oye de fondo. Pero la realidad es obstinadamente compleja y la cuestión tiene muchísimos puntos de fuga. De momento, y sin muchas soluciones, la evidencia a menudo olvidada es que las presas son personas con derechos fundamentales y que es intolerable su la vulneración constante. Desde el aislamiento hasta la negativa del derecho a sufragio.

En el tema que hoy nos ocupa es la clarividencia que el aislamiento no puede ser un tratamiento. De momento, y como solución de mínimos, que se cumplan las Reglas Mandela y que ninguna sanción de aislamiento pueda sobrepasar los 15 días. Posibilismo contradictorio. La evidencia de una sociedad que vive a ciegas de la realidad penitenciaria.

Y terminar de escribir estas líneas con esa sensación en el estómago que dentro de unos años miraremos atrás y no nos creeremos de lo que hemos sido capaces de tolerar tras los muros de las prisiones.

"Patriarcat també és que es gosi qüestionar el relat de la Maria Rovira, tot i que es condemni l'agressió sexual que va patir", sosté la diputada de la CUP – Crida Constituent al Parlament, Mireia Vehí

La companya Maria Rovira, regidora de la CUP – Capgirem Barcelona, va fer públic divendres passat una agressió sexual que va patir a la nit, al carrer, a la ciutat. I les reaccions no s'han fet esperar. De suport però també de qüestionament. A les xarxes i als mitjans. Tertulianes. Polítics. Escriptores. Aquests, homes i dones, han estat la bandera de la posada en qüestió. I no han posat en dubte ni l'agressió ni la víctima, però sí el nucli central del que denunciem.

Que si no podem vincular una acció d'un tarat amb el patriarcat. Que si els Mossos d'Esquadra faran nostra la nit. Que si això que si allò. Però una altra vegada posant en dubte. Dubtant de l'agredida des del punt en què s'atreveixen a posar entre cometes l'agredida, el seu relat i les seves queixes.

En primer lloc, la violència masclista ni és casual ni és cosa de bojos. Els agressors, també els tarats, són els fills avantatjats del patriarcat, en la mesura en què posen en pràctica de manera exagerada el que sustenta el substrat cultural de l'heteropatriarcat. Que el cos de les dones és un camp de batalla. Que som trossos de carn al servei del desig. Que podem ser mares, filles, treballadores sexuals, germanes. Que podem tenir un càrrec si ens esforcem. Que podem tenir casa i cotxe, fins i tot opinió política. Però mai, mai de la vida, podem posar en dubte el que, de fons, som: dones, amb un rol de gènere associat que estableix desitjos, pràctiques i funcions.

No hi ha tarats. Hi ha violències. Si no hi ha violències, si no hagués patriarcat no tindríem expressions com “la vaig matar perquè era meva”. Patriarcat també és posar en dubte tota aquesta complexitat. I patriarcat també és que es gosi qüestionar el relat de la Maria, tot i que es condemni l'agressió sexual que va patir.

En segon lloc, quan la Maria exposa que li venen ganes de tancar la porta quan apareix l'agent de policia i es respon que els Mossos “també faran nostra la nit”, la Maria no està qüestionant el cos de seguretat (que podria fer-ho, per múltiples raons). Està qüestionant el tractament públic de les situacions d'agressions masclistes. Està visibilitzant que ja és prou complicat denunciar, córrer i tirar endavant com perquè, quan es fa, el tracte rebut es faci de qualsevol manera.

I això no és nou. Les institucions catalanes han desenvolupat serveis brutals d'atenció a les violències portats per dones potents i expertes en el tractament d'aquestes situacions. I la primera atenció, el to, la forma i la persona són una de les claus. I d'això és del que parlava la Maria.

La Maria està posant en qüestió que no ens prenem seriosament les agressions quan el dispositiu que es posa en marxa no té en compte això. La Maria està visibilitzant que moltes agressions no es denuncien perquè les dones no volen veure qüestionades, humiliades. No volen explicar davant gent que les mira inquisitivament que han estat agredides. Que tenen por. Que volen fer-se tan petites que ningú les vegi, per desaparèixer, per esborrar el malson.

En tercer lloc, vostès, els tertulians, les polítiques, els escriptors, tenen una responsabilitat afegida en la configuració de l'opinió pública. I qüestionant la dimensió patriarcal de l'agressió, encara que no fossin conscients, estan (re) victimitzant i donant oxigen a la criminalització de les dones que denuncien agressions masclistes.

Els demanem, si és que podem demanar alguna cosa, que es posin en el lloc de la persona que denuncia, que pensin per un moment en la por i la vergonya quan arriba a casa un senyor uniformat, en les explicacions que ha de donar als seus veïns el dia següent al matí. I com que, en el cas concret de la Maria i un cop feta la denúncia pública, es veu permanentment associada a una agressió.

Els demanem, si és que podem demanar alguna cosa, que assumim col·lectivament la responsabilitat d'acabar amb les violències, que passa també per reconèixer que queda molta feina per fer, també en els serveis públics.

Els demanem, si és que podem demanar alguna cosa, que utilitzin la seva posició d'altaveu per condemnar i visibilitzar, però no per qüestionar que el patriarcat està molt arrelat en totes les estructures institucionals i que cal combatre'l sense que això suposi qüestionar-les.

En quart lloc, és de responsabilitat apuntar que en aquest país portem moltíssims feminicidis des de principis d'any, incomptables agressions, eternes situacions d'assetjament. És de responsabilitat assumir que necessitem un posicionament unànime de condemna, sense ni una mica de dubte. És de responsabilitat entendre que Si ens Volem Vives, hem d'estar disposades a tallar d'arrel el patriarcat. També en els articles, tertúlies i opinions.

Finalment, i sense venir a compte però aprofitant l'espai, senyor Sarri, dimiteixi. Gràcies Maria per la valentia. Gràcies companyes de Mallorca per entrar a l'església a defensar el dret a l'avortament. Gràcies companyes del Cas Bershka per denunciar la dictadura de les talles i la violència. Gràcies companyes feministes per posar el cos, el cor i la vida en aquesta lluita quotidiana contra el patriarcat.

"Patriarcado también es que se ose cuestionar el relato de Maria Rovira aunque se condene la agresión sexual que sufrió", defiende Mireia Vehí, diputada de la CUP – Crida Constituent en el Parlament

La compañera Maria Rovira, concejala de la CUP – Capgirem Barcelona, hizo público el pasado viernes una agresión sexual que sufrió por la noche, en la calle, en la ciudad. Y las reacciones no se han hecho esperar. De apoyo pero también de cuestionamiento. En las redes y en los medios. Tertulianas. Políticos. Escritoras. Éstos, hombres y mujeres, han sido la bandera de la puesta en cuestión. Y no han puesto en duda ni la agresión ni la víctima, pero sí el núcleo central de lo que denunciamos.

Que si no podemos vincular una acción de un tarado con el patriarcado. Que si los Mossos d’Esquadra harán nuestra la noche. Que si esto que si aquello. Pero otra vez poniendo en duda. Dudando de la agredida desde el punto en el que se atreven a poner entre comillas a la agredida, a su relato y a sus quejas.

En primer lugar, la violencia machista ni es casual ni es cosa de locos. Los agresores, también los tarados, son los hijos aventajados del patriarcado, en la medida en la que ponen en práctica de manera exagerada lo que sustenta el sustrato cultural del heteropatriarcado. Que el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. Que somos trozos de carne al servicio del deseo. Que podemos ser madres, hijas, trabajadoras sexuales, hermanas. Que podemos tener un cargo si nos esforzamos. Que podemos tener casa y coche, incluso opinión política. Pero nunca, jamás de los jamases, podemos poner en duda lo que, de fondo, somos: mujeres, con un rol de género asociado que establece deseos, prácticas y funciones.

No hay tarados. Hay violencias. Si no hubiera violencias, si no hubiera patriarcado no tendríamos expresiones como “la maté porque era mía”. Patriarcado también es poner en duda toda esta complejidad. Y patriarcado también es que se ose cuestionar el relato de Maria, aunque se condene la agresión sexual que sufrió.

En segundo lugar, cuando Maria expone que le dan ganas de cerrar la puerta cuando aparece el agente de policía y se responde que los Mossos “también harán nuestra la noche”, Maria no está cuestionando el cuerpo de seguridad (que podría hacerlo, por múltiples razones). Está cuestionando el tratamiento público de las situaciones de agresiones machistas. Está visibilizando que ya es bastante complicado denunciar, correr y salir adelante como para que, cuando se hace, el trato recibido se haga de cualquier forma.

Y esto no es nuevo. Las instituciones catalanas han desarrollado servicios brutales de atención a las violencias llevados por mujeres potentes y expertas en el tratamiento de estas situaciones. Y la primera atención, el tono, la forma y la persona son una de las claves. Y de eso es de lo que hablaba Maria.

Maria está poniendo en cuestión que no nos tomamos en serio las agresiones cuando el dispositivo que se pone en marcha no tiene en cuenta esto. Maria está visibilizando que muchas agresiones no se denuncian porque las mujeres no quieren verse cuestionadas, humilladas. No quieren explicar ante gente que las mira inquisitivamente que han sido agredidas. Que tienen miedo. Que quieren hacerse tan pequeñas que nadie las vea, para desaparecer, para borrar la pesadilla.

En tercer lugar, ustedes, los tertulianos, las políticas, los escritores, tienen una responsabilidad añadida en la configuración de la opinión pública. Y cuestionando la dimensión patriarcal de la agresión, incluso si no fueran conscientes, están (re) victimizando y dando oxígeno a la criminalización de las mujeres que denuncian agresiones machistas.

Les pedimos, si es que podemos pedir algo, que se pongan en el lugar de la persona que denuncia, que piensen por un momento en el miedo y la vergüenza cuando llega a casa un señor uniformado, en las explicaciones que deberá dar a sus vecinos el día siguiente por la mañana. Y como, en el caso concreto de Maria y una vez hecha la denuncia pública, se ve permanentemente asociada a una agresión.

Les pedimos, si es que podemos algo, que asumamos colectivamente la responsabilidad de acabar con las violencias, que pasa también por reconocer que queda mucho trabajo por hacer, también en los servicios públicos.

Les pedimos, si es que podemos algo, que utilicen su posición de altavoz para condenar y visibilizar, pero no para cuestionar que el patriarcado está muy enraizado en todas las estructuras institucionales y que hay que combatirlo sin que ello suponga cuestionarlas.

En cuarto lugar, es de responsabilidad apuntar que en este país llevamos muchísimos feminicidios desde principios de año, incontables agresiones, eternas situaciones de acoso. Es de responsabilidad asumir que necesitamos un posicionamiento unánime de condena, sin un ápice de duda. Es de responsabilidad entender que Si nos Queremos Vivas, debemos estar dispuestas a cortar de raíz el patriarcado. También en los artículos, tertulias y opiniones.

Finalmente, y sin venir a cuenta pero aprovechando el espacio, señor Sarri, dimita. Gracias Maria por la valentía. Gracias compañeras de Mallorca para entrar en la iglesia a defender el derecho al aborto. Gracias compañeras del Caso Bershka para denunciar la dictadura de las tallas y la violencia. Gracias compañeras feministas para poner el cuerpo, el corazón y la vida en esta lucha cotidiana contra el patriarcado.

La setmana passada el community manager del twitter dels Mossos va piular:

La reacció des del feminisme va ser contundent, la resposta d’aquells que volen treure ferro a l’afirmació -per banalitzar la violència masclista- també. Sumem-hi els insults d’aquells que, fent bandera de la nostra exageració, delaten el seu masclisme i la seva voluntat de continuar en una societat patriarcal, on els rols suposadament assignats i el llenguatge utilitzat no fan més que reproduir el model que humilment, però rotundament, volem canviar.

I ens diuen que el community manager va utilitzar el genèric femení per parlar com nosaltres, les dones de la CUP-Crida Constituent. I és el primer cop que ho veiem. I ho dubtem. Tenim la certesa que el consell només anava dirigit al 50% de la població, la dèbil, l’agredida, la que no pot anar sola de nit.

I ens diuen que tenim la pell fina, que és un consell per tothom. Exagerades. Però nosaltres voldríem desmuntar la idea de l’agressor desconegut que ataca de nit i a carrers foscos. La majoria d’assassinats per violència masclista es donen a mans de les parelles de les dones agredides, i la major part d’agressions a mans de familiars i/o amics d’aquestes. Però d'això no se’n parla, del que passa a dins de casa. La vella reclama que allò personal és polític. Ens podeu dir pesades, sí, volem acabar amb un xacra social, amb els feminicidis que, precisament, no són dels que adverteix el community manager dels mossos.

I ens diuen feminazis, que en fem un gra massa amb això del masclisme. I ni en fem un gra massa -de fet, qui decideix què és massa o poc?- ni ens sembla acceptable homologar el feminisme al nazisme; no calen explicacions per entendre-ho. I nosaltres seguim denunciant, assassinada rere assassinada que no, que els terroristes són altres, els maltractadors. I repetim que la violència i les agressions són la cara més extrema d’un model assumit i reproduït: el patriarcat. I que per això també ens manifestem de nit, el 8 de març. I que no volem haver de recordar a ningú que la nit és nostra. I que volem ser lliures, i que criticar-nos és impedir que trenquem les cadenes.

I ens diuen que és un consell que tothom i totdona dóna a les seves filles quan surten de nit. I nosaltres contestem que la nit com a perill per les dones individualitza la responsabilitat del risc envers elles, i no assumeix socialment el conflicte polític del patriarcat.

I ens diuen que no anem soles. I nosaltres els diem que en tot cas anem juntes, i que no volem passar por, que potser no imaginen quina és la sensació que ens inoculen des de petites, i com sabem i sentim què pot ser la foscor. Però que en tot cas, sortirem si ens dóna la gana, i on més ens vingui de gust, que la llibertat és això i que treballem perquè la llibertat sigui completa, i per això han de treballar els poders públics, per prevenir i combatre les agressions, i això és, incorporant l’agenda feminista a les seves polítiques.

I ens diuen que els Mossos fan una gran tasca i que van detenir al violador del cúter el mateix dia. I els hi donem la raó. Però també recordem les retallades que hi ha hagut en temes de violència de gènere. I sabem que no és responsabilitat dels agents, però sí dels responsables polítics.

I ens diuen que una diputada hauria de mesurar les seves paraules i contestar havent reflexionat. I els hi diem que 140 caràcters no són suficients i que per això contestem totes. I els hi diem que el cos públic hauria de mesurar també les seves paraules, i actualitzar els seus coneixements abans de piular, que per això és un treballador públic i que té una responsabilitat cabdal en un tema tan seriós com la violència de gènere i les agressions a nosaltres, les dones. I els diem que els mitjans de comunicació són també responsables de reproduir i perpetuar certs estereotips. I que potser tenen un pacte no escrit per no parlar més del tema, no vagi a ser que la societat se n'adoni de la magnitud del problema i el community manager hagi de tuitejar parlant dels agressors, del patriarcat, dels seus privilegis i de totes les complicitats que el fan possible, i no de les dones víctimes, i no de nosaltres.

La semana pasada el community manager del twitter de los Mossos tuiteó:

La reacción desde el feminismo fue contundente, la respuesta de aquellos que quieren quitar hierro a la afirmación -por banalizar la violencia machista- también. Hay que sumar también los insultos de aquellos que, haciendo bandera de nuestra exageración, delatan su machismo y su voluntad de continuar en una sociedad patriarcal, donde los roles supuestamente asignados y el lenguaje utilizado no hacen más que reproducir el modelo que humildemente, pero rotundamente, queremos cambiar.

Y nos dicen que el community manager utilizó el genérico femenino para hablar como nosotras, las mujeres de la CUP-Crida Constituent. Y es la primera vez que lo vemos. Y dudamos. Tenemos la certeza de que el consejo sólo iba dirigido al 50% de la población, la débil, la agredida, la que no puede ir sola de noche.

Y nos dicen que tenemos la piel fina, que es un consejo para todas. Exageradas. Pero nosotras queremos desmontar la idea del agresor desconocido que ataca de noche y en las calles oscuras. La mayoría de asesinatos por violencia machista se dan a manos de las parejas de las mujeres agredidas, y la mayor parte de agresiones a manos de familiares y/o amigos de las mismas. Pero de eso no se habla, de lo que pasa dentro de casa. La vieja reclama que lo personal es político. Nos pueden decir pesadas, sí, queremos acabar con un lacra social, con los feminicidios que, precisamente, no son del tipo que advierte el community manager de los mossos.

Y nos dicen feminazis, que exageramos con eso del machismo. Y ni exageramos -de hecho, ¿quién decide qué es demasiado o poco?- ni nos parece aceptable homologar el feminismo al nazismo; no hacen falta explicaciones para entenderlo. Y nosotras seguimos denunciando, asesinada tras asesinada que no, que los terroristas son otros, los maltratadores. Y repetimos que la violencia y las agresiones son la cara más extrema de un modelo asumido y reproducido: el patriarcado. Y que por eso también nos manifestamos de noche, el 8 de marzo. Y que no queremos tener que recordar a nadie que la noche es nuestra. Y que queremos ser libres, y que criticarnos es impedir que rompamos las cadenas.

Y nos dicen que es un consejo que todos y todas dan a sus hijas cuando salen de noche. Y nosotras contestamos que la noche como peligro para las mujeres individualiza la responsabilidad del riesgo hacia ellas y no asume socialmente el conflicto político del patriarcado.

Y nos dicen que no vayamos solas. Y nosotras les decimos que en todo caso vamos juntas, y que no queremos pasar miedo, que quizás no imaginan cuál es la sensación que nos inoculan desde pequeñas, y como sabemos y sentimos qué puede ser la oscuridad. Pero que en todo caso, saldremos si nos da la gana, y donde más nos apetezca, que la libertad es eso y que trabajamos para que la libertad sea completa, y para esto deben trabajar los poderes públicos, para prevenir y combatir las agresiones, y esto es, incorporando la agenda feminista en sus políticas.

Y nos dicen que los Mossos hacen una gran labor y que detuvieron al violador del cúter el mismo día. Y les damos la razón. Pero también recordamos los recortes que ha habido en temas de violencia de género. Y sabemos que no es responsabilidad de los agentes, pero sí de los responsables políticos.

Y nos dicen que una diputada debería medir sus palabras y contestar habiendo reflexionado. Y les decimos que 140 caracteres no son suficientes y que por ello contestamos todas. Y les decimos que el cuerpo público debería medir también sus palabras, y actualizar sus conocimientos antes de tuitear, que para eso es un trabajador público y tiene una responsabilidad primordial en un tema tan serio como la violencia de género y las agresiones a nosotras, las mujeres. Y les decimos que los medios de comunicación son también responsables de reproducir y perpetuar ciertos estereotipos. Y que quizás tienen un pacto no escrito para no hablar más del tema, no vaya a ser que la sociedad se dé cuenta de la magnitud del problema y el community manager tenga que tuitear hablando de los agresores, del patriarcado, de sus privilegios y de todas las complicidades que lo hacen posible, y no de las mujeres víctimas, y no de nosotras.

Gorda, vella, puta, lletja. Que abans de tenir relacions sexuals passa per assemblea. Cabells de guarra. Idiota. Mala puta, traïdora, esperrucada. Sense atractiu. Filla de puta amargada.

Aquests dies s'han succeït els insults masclistes a les dones de la CUP que estan a primera línia de la política institucional. De tot. Constantment. Valoracions sobre el físic, la sexualitat, la líbido, l'aspecte, la roba, l'edat, la professió.

Ni sobre la praxis política. Ni sobre la qualitat discursiva.

Però no només en negatiu.

Calladeta està més guapa. Està boníssima. Musa.

Ni només és un tema contra les dones de la CUP.

Barriguita. Pivón. Histèrica.

N'hi ha per a totes.

I perquè són tant alarmants tots aquests insults més enllà de les discrepàncies polítiques?

En primer lloc perquè els insults són una forma d'agressió. I les agressions contra les dones i/o totes les persones que no s'identifiquen com a homes; les agressions que fan referència a aptituds suposadament de gènere – bellesa, satisfacció sexual, objecte sexual, etc -; les agressions que es donen en el marc de relacions de poder basades en l'estructura cognitiva i objectiva patriarcal: són agressions masclistes. Agressions que, tot i ser verbals, justifiquen i legitimen que a les dones se les pugui insultar, vexar, menysprear. Agressions que aguanten el que les expertes anomenen l'espiral de la violència. Agressions que en altres casos s'han convertit, seguint l'anomenada espiral, en assassinats. Agressions que conviuen amb un 2016 que ja s'ha cobrat 6 vides de dones. Greu. Legitimador. Impune. Assumim-ho, la violència no és cosa de tarats, la violència és portar a l'extrem les pràctiques i rols patriarcals. Qui practica la violència no és boig, és l'alumne eficient i una mica massa obsessionat del patriarcat.

En segon lloc perquè la situació política és complexa, moguda, expectant. I aquestes dones en són les protagonistes. I no les úniques. Però sí en són actrius principals. I no se les reconeix com a tals. Només són en tant que guarres, putes o altres qualificacions de gènere femení menyspreat. Però no en tant que enemigues, polítiques, estrategues, valentes, lluitadores. Quan són capaces de plantar cara, sempre és perquè tenen homes, equips i altres referents masculins al seu voltant. Mai soles. Mai per elles. Tampoc mai per equips i treballs col·lectius. Al fons de tot sempre hi ha aquell cervell brillant i estratega que, tot i ser tant humil que no vol ensenyar ni l'ombra, és el vertader ideòleg. Així es descriu a Arrimadas. Ella és l'ombra de Rivera. I així ho parodiava Polònia.

D'altra banda, quan les coses no es fan bé, llavors es recuperen tots els desqualificatius rancis i carrinclons per a les dones de segles ençà. Aquells que parlen de bruixes dolentes; de dones que encanten amb pomes i pocions; de sirenes que fan estavellar vaixells; de senyores de mala vida que porten a la perdició a qualsevol Adam sense personalitat.

Com ja anunciava el text sagrat de la Bíblia: o putes, o mares, o dolentes. Però mai putes dignes, mares dolentes, o dolentes rebels. Seguim entre la Verge Maria, la Maria Magdalena i l'Eva.

I allò més greu, però alhora més potent, allò que desferma les ires dels fills perfectes del patriarcat és que les dones de la CUP estan sent la cara visible d'un projecte polític crític, potent i que camina sense deutes ni favors a l'esquena. I no ho han fet soles, hi tenien molts companys al voltant, però a aquests se'ls ha qüestionat per la decisió política, i no per la talla de pantalons o per la forma del serrell.

A nosaltres, se'ns desqualifica, se'ns ridiculitza, se'ns insulta. Perquè qüestionem a la política de partit clàssic. Perquè qüestionem a la vella guàrdia acostumada a manar des d'un despatx. Perquè qüestionem a la dreta vestida de progre que ha aconseguit l'hegemonia al voltant d'una independència buida de contingut.

Però nosaltres responem juntes. Les mares, les verges, les putes, les Eves. Perquè som les filles de les bruixes que no van poder cremar. Perquè som, alegres i rebels, les de les aliances feministes amb les companyes d'arreu. Perquè entre la classe, l'origen i la pàtria, tenim clar que, més enllà de les estratègies polítiques per arribar allà on volem, haurem de plantar cara al patriarcat. I ho farem juntes.

Gorda, vieja, puta, fea. Que antes de mantener relaciones sexuales pasa por asamblea. Pelos de guarra. Idiota. Mala puta, traidora, despeinada. Sin atractivo. Hija de puta amargada.

Estos días se han sucedido los insultos machistas a las mujeres de la CUP que están en primera línea de la política institucional. De todo. Constantemente. Valoraciones sobre el físico, la sexualidad, la libido, el aspecto, la ropa, la edad, la profesión.

Ni sobre la praxis política. Ni sobre la calidad discursiva.

Pero no sólo en negativo.

Calladita estás más guapa. Está buenísima. Musa.

Ni sólo es un tema contra las mujeres de la CUP.

Barriguita. Pivón. Histérica.

Hay para todas.

Y ¿por qué son tan alarmantes todos estos insultos más allá de las discrepancias políticas?

En primer lugar porqué los insultos son una forma de agresión. Y las agresiones contra las mujeres y/o todas las personas que no se identifican como hombres; las agresiones que hacen referencia a aptitudes supuestamente de género –belleza, satisfacción sexual, objeto sexual, etc–; las agresiones que se dan en el marco de las relaciones de poder basadas en la estructura cognitiva y objetiva patriarcal: son agresiones machistas. Agresiones que, incluso siendo verbales, justifican y legitiman que a las mujeres se las pueda insultar, vejar, menospreciar. Agresiones que aguantan lo que las expertas llaman la espiral de la violencia. Agresiones que en otros casos se han convertido, siguiendo la llamada espiral, en asesinatos. Agresiones que conviven con un 2016 que ya se ha cobrado 6 vidas de mujeres. Grave. Legitimador. Impune. Hay que asumir que la violencia no es cosa de tarados, la violencia es llevar al extremo las prácticas y roles patriarcales. Quien practica la violencia no está loco, es el alumno eficiente y un poco demasiado obsesionado del patriarcado.

En segundo lugar porque la situación política es compleja, movida, expectante. Y estas mujeres son las protagonistas. No las únicas. Pero sí las actrices principales. Y no se las reconoce como tales. Sólo en condición de guarras, putas o otras calificaciones de género masculino desvalorizado. Pero no como enemigas, políticas, estrategas, valientes, luchadoras. Cuando son capaces de plantar cara, siempre es porque tienen hombres, equipos y trabajos colectivos. Al fondo de todo siempre hay aquél cerebro brillante y estratega que, a pesar de ser tan humilde que no quiere enseñar ni la sombra, es el verdadero ideólogo. Así se describe a Arrimadas. Ella es la sombra de Rivera. Y así lo parodiaba Polònia.

Por otro lado, cuando las cosas no van bien, se recuperan todos los descalificativos rancios y carrinclones para las mujeres de siglos atrás. Esos que hablan de brujas malas; de mujeres que encantan con manzanas y pociones; de sirenas que hacen estrellar barcos; de señoras de mala vida que llevan a la perdición a cualquier Adán sin personalidad.

Como ya anunciaba el texto sagrado de la Bíblia: o putas, o madres, o malas. Pero nunca putas dignas, madres malas, o malas rebeldes. Seguimos entre la Virgen María, María Magdalena y Eva.

Y aquello más grave, pero a la vez más potente, aquello que desata la iras de los hijos perfectos del patriarcado es que las mujeres de la CUP están siendo la cara visible de un proyecto político crítico, potente y que camina sin deudas ni favores a la espalda. Y no lo han hecho solas, tienen muchos compañeros alrededor, pero a ellos se les ha cuestionado por la decisión política, y no por la talla de pantalones o por la forma del flequillo.

A nosotras se nos descalifica, se nos ridiculiza, se nos insulta. Porque cuestionamos a la política de partido clásico. Porque cuestionamos a la vieja guardia acostumbrada a mandar desde un despacho. Porque cuestionamos a la derecha vestida de progre que ha conseguido la hegemonía alrededor de una independencia vacía de contenido.

Pero nosotras respondemos juntas. Las madres, las vírgenes, las putas, las Evas. Porque somos hijas de las brujas que no pudisteis quemar. Porque somos, alegres y rebeldes, las de las alianzas feministas. Porque entre la clase, el origen y la patria, tenemos claro que, más allá de las estrategias políticas para llegar allí donde queremos, tendremos que plantar cara al patriarcado. Y lo haremos juntas.

Durante los últimos días la actualidad política catalana ha estado muy pendiente del #EfecteCanVies. Se suceden las portadas, las tertulias y las columnas de opinión sobre el desalojo del Centro Social Autogestionado Can Vies en el barrio del barrio de Sants (Barcelona), y parece ser que el denominador común de los discursos es el concepto de conflicto. Cuando hablamos de Can Vies, efectivamente, hay que hablar de conflicto, pero éste no puede reducirse a las destrozas y los altercados: son necesarios análisis que superen el eterno debate sobre los contenedores.

La gestión del Ayuntamiento de Barcelona está siendo nefasta: el desalojo de un espacio clave de los movimientos sociales del barrio de Sants y de la ciudad, la ruptura de las negociaciones alegando presiones por parte de TMB -las cuales, al parecer, se retomaron esta misma noche-; el despliegue desproporcionado de un operativo del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al que se suman unas prácticas policiales exageradamente contundentes en el marco de la manifestación de protesta; y como colofón, el derribo del edificio del Centro Social.

Pero no se acaba aquí: el Alcalde Trias, con un discurso que abre la posibilidad de dialogar, repite hasta la saciedad que no negociará mientras haya altercados; el regidor del Distrito Jordi Martí, del cual hace días que se pide la dimisión, recorre los platós de las televisiones públicas condenando la violencia y, cuando baja el nivel de tensión, aprovecha para anunciar el Plan Paral·lel y la iluminación modo “smart city” que pondrá en la avenida y que costará a la ciudadanía más dinero que todos los contenedores quemados en la última década en Barcelona.

En este marco, y todavía con la resaca de la ya popularmente llamada “fiesta de la democracia”, quiero aportar algunos apuntes sobre seguridad y orden público.

Por un lado, el ya famoso #EfecteCanVies no es sólo una respuesta por la pérdida de un espacio simbólico: es el cuestionamiento de un modelo de ciudad que no tiene sitio para los movimientos sociales, ni para los espacios liberados. Barcelona es una ciudad que alberga muchas ciudades invisibles hechas de personas, historias, sueños y realidades; pero el modelo Barcelona sólo responde a una determinada parte de estos mundos. La Barcelona bonita es la de la gente con poder adquisitivo, de la gente que viene de vacaciones y de la gente que se lucrará con los casinos y la economía de la mafia en el Barcelona World. Esta contradicción es cada vez más feroz, pues cada día son menos los pasajeros que pueden comprar el billete de tren de la Marca Barcelona, del Paseo de Gracia y de las óperas del Liceu. La Barcelona del 99% hace equilibrios para llegar a fin de mes, no puede pagar el transporte público, está en el paro o con trabajos temporales e intermitentes y ve cómo la vivienda hace lustros que ha dejado de ser un derecho para convertirse en un martirio.

En lo que se refiere a la seguridad ciudadana y al orden público, que es el asunto que parece que más preocupa estos días en las tertulias y en los despachos, la dicotomía eternamente enfrentada cada día toma más fuerza, abriendo una brecha que no para de crecer y que mina la cohesión y la posibilidad de vivir en una ciudad común. La seguridad, como muchas otras dimensiones de la vida pública de las ciudades y de las sociedades, emana de un pacto social que ha de incluir a todas las personas y grupos que conviven en un territorio y, en Barcelona, el pacto hace tiempo que tiene goteras.

Por otro lado, este pacto social no sólo está roto, sino que se han dinamitado la mayoría de vínculos sociales que lo articulaban. Los movimientos sociales, el tejido vecinal y las organizaciones de la ciudad de Barcelona, hace décadas que trabajan para construir puentes, justicias y soluciones colectivas a las desigualdades, a los conflictos y a las necesidades. A pesar de ello, el consistorio no da respuesta a las demandas y, por lo tanto, en fácticamente no reconoce este tejido como agente político legítimo – hay que ver cómo se sucederán las recién retomadas negociaciones sobre el espacio de Can Vies.

En este sentido, los vínculos están rotos en la medida en la que los mecanismos políticos de participación ni son eficientes, ni son bidireccionales. El Ayuntamiento actúa, los movimientos protestan, el Ayuntamiento continúa actuando, los movimientos continúan respondiendo. Esta lógica desgastante, absurda, que sólo consigue cambios miserables después de procesos larguísimos y farragosos, no sólo mina la confianza en un Ayuntamiento que ofrece diálogo cuando ya ha tirado Can Vies al suelo, sino que rompe todo horizonte de consenso o de acuerdo. Es en este punto, en el que la respuesta organizada con prácticas de desobediencia se convierte en forma obligada de diálogo político, una vía que, impuesta por la ignorancia y la falta de voluntad del equipo de gobierno, se presenta como la única forma de hacer que se escuchen las voces de los que no importan. Así, volviendo al concepto de seguridad, la respuesta policial a un fenómeno social tan dramático, sólo agudiza el conflicto y la brecha política. Hoy es el barrio de Sants, pero mañana será Sabadell si se hace efectivo el desalojo de las 146 personas que viven en el bloque de la Obra Social de la PAH.

La seguridad es un concepto integral que hace referencia a la garantía de los derechos fundamentales y a la gestión de los conflictos con la finalidad de potenciar el bienestar colectivo. Limitar la seguridad a una cuestión de orden público implica, por un lado, priorizar el mobiliario urbano y la seguridad vial a la garantía de derechos. Por otro lado, también supone entender la seguridad como represión de la disidencia, en la medida en la que en vez de abordar los conflictos incorporando las necesidades y demandas de todas las partes, se utilizan los cuerpos de seguridad pública para abordarlos a golpes.

Finalmente, hace falta analizar también el #EfecteCanVies con una mirada que incorpore la crisis de régimen que se vive desde hace tiempo que y que, volviendo a los movimientos sociales, se manifestó y expuso desde múltiples perspectivas en la primavera del 2011, cuando las plazas de todas las ciudades y pueblos del Estado Español se llenaron de tiendas de campaña y de personas indignadas en uno de los movimientos de desobediencia civil pacífica que más propuestas ha formulado en los últimos ciclos políticos y que menos repercusión formal ha tenido en las instituciones. Se ha de entender que el 15M, entre muchas otras cosas, popularizó una palanca política que explica muchos de los movimientos que se hicieron fuertes a posteriori: cuando la ley es injusta, es legítimo desobedecer. En este sentido, se da una reconfiguración del concepto de seguridad en torno a la capacidad que tienen los colectivos y organizaciones de responder y garantizar las necesidades de las personas: la PAH con la vivienda; Tanquem els CIEs con la defensa de los Derechos Humanos en los Centros de Internamiento; los Centros Sociales como Can Vies con la funión de articular y potenciar proyectos de barrio; etc.

Por lo tanto, la seguridad entendida como garantía de derechos y alejada de los golpes de porra de los cuerpos de seguridad pública, pasa hoy por la capacidad que tienen los y las ciudadanas autoorganizadas de responder con la construcción de proyectos y movilizaciones que dibujen horizontes de solidaridad y apoyo mutuo frente al miedo de la miseria.

¿Qué hace falta hacer ahora? Y, desde un enfoque desde la seguridad ciudadana, ¿cómo se responde a las noches de fuego y cacerolas?

La respuesta ni es sencilla, ni es rápida, tampoco está encima de la mesa, pero seguro que no es policial: se empieza a dilucidar con las negociaciones retomadas y el anuncio de reconstruir Can Vies por parte de la Asamblea del CSA. Lo que se debe considerar es que la solución debe pasar por reconocer que hay mucho más en juego que noches sin ruido de helicóptero y que contenedores lleguen hasta el amanecer. La solución debe pasar por que el consistorio ceda en algunas cuestiones y asuma responsabilidades políticas.

Y, sin duda, la solución debe pasar por reconocer que en Sants ha estallado la lucha por el derecho a la ciudad cuando las orejas del pastor son sordas; la lucha por la dignidad de la calle cuando la especulación ahoga los espacios de vida; la lucha de las cuentas pendientes, cuando la mafia anda tranquila por los pasillos del Palau de la Música mientras la miseria se amontona en los cajeros automáticos.

Els darrers dos dies l’actualitat política catalana ha estat molt pendent de l’#EfecteCanVies. Se succeeixen les portades, les tertúlies i les columnes d’opinió sobre el desallotjament del Centre Social Okupat de Can Vies al barri de Sants de Barcelona i sembla ser que un dels únics denominadors comuns dels discursos és el concepte de conflicte. Sobre Can Vies cal parlar de conflicte però els seus termes no es poden reduir a les destrosses i als aldarulls, sinó que calen anàlisis que superin l’etern debat sobre els contenidors.

En primer lloc la gestió de l’Ajuntament de Barcelona està essent nefasta: desallotjar un espai clau dels moviments socials del barri de Sants i de la ciutat, trencant les negociacions que feia temps que estaven donant-se i al·legar pressions per part de TMB i que sembla que aquesta mateixa nit han sigut represes; desplegar un operatiu del cos de Mossos d’Esquadra desproporcionat i amb pràctiques policials exageradament contundents en el marc de la manifestació de protesta; i finalment, enderrocar l’edifici del Centre Social.

L’alcalde Trias, amb un discurs que obre la possibilitat del diàleg, repeteix fins a la sacietat que no negociarà mentre hi hagi aldarulls; el regidor del Districte Jordi Martí, de qui fa dies que es demana la dimissió, recorre els platons de televisió condemnant la violència i, quan baixa el nivell de tensió, aprofita per anunciar el Pla Paral·lel i l’enllumenat mode “smart city” que posarà a l’avinguda i que costarà a la ciutadania més diners que tots els contenidors cremats en la darrera dècada a Barcelona.

En aquest marc, i encara amb la ressaca de la ja anomenada popularment com a “festa de la democràcia”, voldria aportar alguns apunts sobre seguretat i ordre públic.

Per una banda el ja famós #EfecteCanVies no és només una resposta per la pèrdua d’un espai simbòlic, sinó que és el qüestionament d’un model de ciutat que no té lloc pels moviments socials ni pels espais alliberats. Barcelona és una ciutat que alberga moltes ciutats invisibles fetes de persones, històries, somnis i realitats però el model Barcelona només respon a una determinada part d’aquests mons. La Barcelona maca és la de la gent amb poder adquisitiu, de la gent que ve de vacances i de la gent que es lucrarà amb els casinos i l’economia de la màfia al Barcelona World. Aquesta contradicció és cada cop més ferotge, ja que cada dia són menys els passatgers que poden comprar el bitllet de tren de la Marca Barcelona, del Passeig de Gràcia i de les òperes al Liceu. La Barcelona del 99% fa equilibris per arribar a final de mes, no pot pagar el transport públic, està a l’atur o amb feines temporals intermitents i veu com l’habitatge fa llustres que ha deixat de ser un dret per esdevenir un martiri.

En termes de seguretat ciutadana i d’ordre públic, que és l’assumpte que sembla que més preocupa aquests dies a les tertúlies i als despatxos, la dicotomia eternament enfrontada cada dia pren més força, obrint una escletxa que no para de créixer i que mina la cohesió i la possibilitat de viure en una ciutat comuna. La seguretat, com moltes altres dimensions de la vida pública de les ciutats i de les societats, emana d’un pacte social que ha d’incloure a totes les persones i grups que conviuen en un territori i, a Barcelona, el pacte fa temps que té goteres.

Per altra banda, aquest pacte social no només està trencat, sinó que s’han dinamitat la majoria dels vincles socials que l’articulaven. Els moviments socials, el teixit veïnal i les organitzacions de la ciutat de Barcelona, fa dècades que treballen per a construir ponts, justícies i solucions col·lectives a les desigualtats, als conflictes i a les necessitats. Tot i això, el consistori no dóna resposta a les demandes i, per tant, en termes fàctics no reconeix aquest teixit com agent polític legítim –s’ha de veure com es desenvolupen les negociacions acabades de recuperar amb Can Vie. En aquest sentit, els vincles estan trencats en la mesura en la que els mecanismes polítics de participació ni són eficients, ni són d’entrada i retorn. L’Ajuntament actua, els moviments protesten, l’Ajuntament continua actuant, els moviments continuen protestant. Aquesta lògica desgastant, absurda i que tan sols aconsegueix canvis miserables després de processos llarguíssims i feixucs, no només desgasta la confiança en un Ajuntament que ofereix diàleg quan ja ha tirat Can Vies a terra, sinó que trenca tot horitzó de consens o d’acord. És en aquest punt, en el que la resposta organitzada amb pràctiques de desobediència esdevé una forma obligada de diàleg polític, una via que, imposada per la ignorància i la falta de voluntat de l’equip de govern, esdevé l’única manera de fer sentir les veus dels que no importen. Així, tornant al concepte de seguretat, la resposta policial a un fenomen social tant dramàtic, només aguditza el conflicte i l’esquerda política. Avui és el barri de Sants, però demà serà Sabadell si es fa efectiu el desallotjament de les 146 persones que viuen al bloc de l’Obra Social de la PAH.

La seguretat és un concepte integral que fa referència a la garantia dels drets fonamentals i a la gestió dels conflictes amb la finalitat de potenciar el benestar col·lectiu. Limitar la seguretat a una qüestió d’ordre públic implica, per un costat, prioritzar el mobiliari urbà i la seguretat vial a la garantia de drets. D’altra banda, també suposa entendre la seguretat com a repressió de la dissidència, en la mesura en què enlloc d’abordar els conflictes incorporant les necessitats i demandes de totes les parts, s’utilitzen els cossos de seguretat públics per abordar-los a cops de pal.

Finalment, cal analitzar també l’#EfecteCanVies amb una mirada que incorpori la crisi de règim que fa temps que s’està vivint a casa nostra i que, tornant als moviments socials, es va manifestar i exposar des de múltiples perspectives a la primavera del 2011, quan les places de totes les ciutats i pobles de l’Estat Espanyol es van omplir de tendes de campanya i de persones indignades en un dels moviments de desobediència civil pacífica que més propostes ha formulat en els darrers cicles polítics i que menys repercussió formal ha tingut a les institucions. S’ha d’entendre que el 15M, entre moltes d’altres coses, va popularitzar una palanca política que explica molts dels moviments que s’han fet forts a partir de llavors: quan la llei no és justa, és legítim desobeir.

En aquest sentit, el concepte de seguretat es reconfigura cap a la capacitat que tenen els col·lectius i organitzacions de respondre i garantir les necessitats de les persones: la PAH amb l’habitatge; Tanquem els CIEs amb la defensa dels Drets Humans dels Interns dels Centres d’Internament d’Estrangers; els Centres Socials com Can Vies amb la funció d’articular i potenciar projectes de barri; etc. Per tant, la seguretat entesa com a garantia de drets i allunyada dels cops de porra dels cossos de seguretat pública, avui passa per la capacitat que tenen els i les ciutadanes autoorganitzades de respondre amb la construcció de projectes i mobilitzacions que dibuixin horitzons de solidaritat i de suport mutu en front de la por de la misèria.

Què cal fer a partir d’ara? I, en termes de seguretat ciutadana, com es respon als vespres de focs i casseroles?

La resposta ni és senzilla, ni és ràpida, ni està sobre la taula, però de ben segur que no és policial i que es comença a dilucidar a partir de l’anunci de la nova etapa de negociacions i de la reconstrucció de Can Vies per part de l’Assemblea del CSA. El que s’ha de considerar és que la solució ha de passar per reconèixer que hi ha en joc molt més que nits sense soroll d’helicòpter i contenidors que arribin a l’alba. Que la solució ha de passar perquè el consistori cedeixi en algunes qüestions i assumeixi responsabilitats polítiques.

I, sense dubte, la solució ha de passar per reconèixer que a Sants ha esclatat la lluita pel dret a la ciutat quan les orelles del pastor són sordes; la lluita per la dignitat del carrer quan l’especulació afoga els espais de vida; la lluita dels comptes pendents quan la màfia campa tranquil·la pels passadissos del Palau de la Música mentre la misèria s’amuntega als caixers automàtics.