Tras la II Guerra Mundial, en la Europa democrática, el contrato social-keynesiano tradujo derechos básicos en políticas de bienestar. Más tarde, las revueltas del 68 detonaron la ampliación de la ciudadanía hacia nuevos derechos civiles y políticas de reconocimiento. Tal conjunto de avances socioculturales solo fue posible en España -al hilo de tantas luchas- tras la caida de la dictadura. Todos los regímenes clásicos de bienestar se configuraron en un contexto industrial-fordista, con niveles bajos de incertidumbre y complejidad. En ese marco, redujeron desigualdades y desmercantilizaron educación y salud. Las posteriores ofensivas neoliberales pretendieron restaurar órdenes sociales basados en estructuras de privilegio y en el blindaje de sus dispositivos de reproducción. Se fueron desplegando, desde los años 80, dinámicas de concentración de la riqueza, fragilización de capas medias y dispersión de riesgos de exclusión. Al cruzarse con variables de género, edad y orígen, resultaron unas estructuras sociales más polarizadas y fragmentadas.

Un escenario de cambio de época

Pero las primeras décadas del s.XXI -esos años de globalización, gran recesión, pandemia, emergencia climática y nuevos repertorios de acción colectiva- lo cambian casi todo. Es cierto que los elementos de resiliencia del estado de bienestar (a pesar de todas las impugnaciones insolidarias) son relevantes: no es poco que redes de prestaciones y servicios públicos universales sigan materializando hoy un espacio -colectivamente luchado y defendido- de ciudadanía social. Este esquema de derechos, sin embargo, se inserta ahora en nuevas condiciones estructurales. Por un lado, parece insuficiente para embridar las mutaciones de fondo y simultáneas que han derivado en el actual capitalismo fósil, financiarizado, rentista y digital. Por otro lado, las nuevas coordenadas de cotidianidad, con todas sus diversidades y discontinuidades vitales, dibujan escenarios muy diferentes a los entornos donde crecimos. El estado de bienestar había articulado respuestas a una sociedad que ya no existe. Se abre un desencaje de época entre las viejas políticas y las nuevas realidades: las soledades no deseadas, las altas tasas de pobreza infantil y en hogares monomarentales, la gentrificación en los barrios, los elevados riesgos de pobreza y exclusión en colectivos migrantes, la superposición de vulnerabilidades sociales y climáticas...

Un nuevo contrato ecosocial

En breve, el estado de bienestar que heredamos presenta, en la tercera década del s.XXI, una arquitectura institucional tan insuficiente como anacrónica. Emerge pues la necesidad de tejer un nuevo contrato ecosocial. Quizás hasta sea urgente: como mecanismo clave de respuesta al ciclo de odios, guerras y autoritarismos que intentan hoy romper los tejidos éticos e institucionales de nuestras democracias. Las dimensiones de la transición ecosocial son múltiples, apuntamos algunos ejes que pueden esbozar mapas transitables.

Tenemos hoy, como punto de partida, un estado de bienestar que no ha generado un espacio de derechos universales en torno a las necesidades humanas fundamentales: un ingreso garantizado para existir; una casa y un planeta donde habitar; una comunidad donde vincularnos. Hoy la mercantilización de las bases materiales de la vida y de la vivienda, y la crisis de los cuidados, configuran el núcleo de la emergencia social. Podemos pensar, ante ello, en un nuevo entramado colectivo orientado a garantizar cuatro seguridades elementales: la seguridad económica, a través de una renta básica como herramienta para ayudar a trazar vidas emancipadas de precariedades laborales y dependencias patriarcales; la seguridad habitacional, por medio del acceso a casas asequibles, dignas y estables, frente al extractivismo de una minoría; la seguridad relacional, a través de la reconstrucción de lógicas de reciprocidad y apoyo mutuo; y la seguridad climática, por medio del abandono de las energías fósiles y la descarbonización del planeta.

En esas seguridades humanas anidan también las condicones de posibilidad para disputar la batalla cultural de la libertad. Es verdad que las políticas sociales clásicas se han atrincherado a menudo en formas jerárquicas y burocráticas, derivando en un esquema más protector que emancipador. Pero frente al espejismo neoliberal de la libertad conectada a marcos de individualismo que socavan lo común, y ante la concepción elitista traducida en la ‘libertad’ para reproducir desigualdades, resulta fundamental rescatar esa otra libertad real de raíces teóricas republicanas, entendida como ausencia de dominación: para preservar, en clave individual, los espacios de autodeterminación personal que dotan de sentido a cada proyecto de vida; y para remover, en clave colectiva, tanto las asimetrías de renta y de poder en la esfera laboral, como el rentismo inmobiliario que favorece la creciente transferencia regresiva de riqueza de inquilinos pobres a propietarios ricos.

Estas dinámicas de desigualdad, además, se interconectan hoy con fuerza a tendencias de segregación social y desviculación relacional. La segregación dibuja una cotidianidad de lugares no compartidos y escasas interacciones entre diferentes. La desvinculación apunta a la erosión de redes. Cuando la construcción de igualdad se frena, la segregación se ensancha y los lazos se rompen. Sin mixturas ni vínculos, las lógicas de movilidad social dejan de funcionar: por un lado, en ausencia de experiencias compartidas se segregan también los horizontes aspiracionales; por otro lado, en ausencia de comunidades fuertes se fragilizan las capacidades de acción colectiva y deja de funcionar, por tanto, un motor histórico en la conquista de derechos sociales. Ante todo ello, resulta hoy fundamental trazar mapas de fraternidad, inserir la autonomía personal en tramas colectivas. El giro comunal abre dos importantes ventanas de oportunidad. Permite -en tiempos de individualización- priorizar la reconstrucción de bases para la acción transformadora (prácticas de autogestión, estructuras público-comunitarias...). Y permite -en tiempos de crisis climática- ensamblar derechos sociales y transición ecológica. Posibilita, en concreto, reemplazar visiones colapsistas y gramáticas de sacrificio por un nuevo marco de ‘abundancia comunitaria’. La transición ecosocial ha de reintegrar la economia en los límites del planeta, sí; pero sobre todo generar modelos de bienestar comunal en torno a viviendas cooperativas, comunidades energéticas o redes de soberanía alimentaria.

Contra la reacción: horizontes de esperanza

En síntesis, erigir un proyecto que recupere la vieja pulsión humanista del estado de bienestar, en el marco del tiempo nuevo que vivimos, implica entrelazar lógicas de ampliación e innovación de los derechos sociales: transitar hacia agendas de seguridad vital, hacia estructuras de libertad real y hacia formas más fratenales, ecológicas y feministas de lo común. Sería la urdimbre donde tejer el nuevo contrato ecosocial. Más allá del ciclo reaccionario que hoy se despliega con contundencia, existen energías y prácticas emancipatorias que confieren fuerza a la transición ecosocial (programas de renta básica, ecosistemas de economía solidaria, sindicalismo habitacional, ciudades pioneras en neutralidad climática, escuelas e infraestructuras comunitarias que fortalecen vínculos y enlazan diversidades en barrios populares...). Claro que deberían articularse amplias coaliciones de actores para escalar los cambios con todo el empuje posible. Y ahí, probablemente, existe un potencial en los espacios políticos progresistas que no acaba de cristalizar. Es necesario defender logros sociales históricos. Pero la gramática que requiere el siglo XXI es de ambición transformadora, de construcción de utopías cotidianas, de horizontes de esperanza radical.

Entre el mundo que va surgiendo de las grandes transiciones en marcha (climática, cultural, demográfica, digital…) y las políticas públicas heredadas del viejo contrato social (también en sus impugnaciones neoliberales) se produce un desencaje sistémico. El estado de bienestar clásico fue la respuesta, pero el cambio de época altera las preguntas.

Las complejidades e incertidumbres radicales que enfrentamos requieren dinámicas fuertes de acción y protección colectiva. Los valores y las formas de instrumentar esa protección, sin embargo, exigen transformaciones que pueden explorarse a partir de un triple eje: innovar, democratizar y territorializar las políticas públicas.

Innovar (construir fraternidad)

En el núcleo de un nuevo contrato ecosocial para el siglo XXI reside la articulación de igualdad con diferencias, y de autonomía personal con vinculación comunitaria. Las brechas económicas y culturales interseccionan en desigualdades y discriminaciones. La superación de ambas requiere enlazar políticas de igualdad (predistributivas y redistributivas) con políticas de reconocimiento de diversidades de origen, género, edad o funcionales.

Los derechos colectivos, por otro lado, se reescriben desde gramáticas de autodeterminación personal; sin ellas, la igualdad esconde siempre relaciones de dominación. Pero los procesos de autonomía se inscriben en lógicas de interdependencia, solo adquieren sentido en marcos de vinculación colectiva.

Las políticas públicas, por tanto, afrontan el reto de construir comunidad, de tejer entornos cotidianos configurados por lazos de apoyo mutuo y redes de solidaridad. En la práctica, transitar este eje de innovación implicaría construir una ciudadanía social más fraternal, más republicana. Ello nos conduce a dos áreas paradigmáticas del (nuevo) estado de bienestar.

En primer lugar, la garantía de rentas. En el marco de la sociedad industrial, el salario operó como el gran dispositivo de distribución de la riqueza. El cambio de época altera los parámetros: la generación de valor deviene más social e inmaterial; la centralidad del trabajo pierde fuerza en clave cultural; y la transición ecológica fragiliza empleos y antiguos esquemas productivos.

Es aquí donde la renta básica -una prestación universal, individual e incondicional- podría jugar un papel clave en el camino hacia lógicas innovadoras de ciudadanía social. Se trata de una herramienta que desplaza el ingreso del mercado laboral al terreno de los derechos; amplía el perímetro de la desmercantilización hacia la garantía de las bases materiales de la vida.

La renda básica conecta ciudadanía social con autonomía personal, empodera frente a escenarios de dominación y genera, a la vez, condiciones para la articulación de vínculos y redes de apoyo mutuo.

En segundo lugar, los cuidados. La causa de la fraternidad se disputa, sobre todo, en el campo de los cuidados cotidianos y de las prácticas comunitarias de reciprocidad. En escenarios de innovación social, el derecho a los cuidados debería adquirir un nivel de universalidad y garantía equivalente a la salud y la educación; y las políticas públicas de cuidados un grado de centralidad homologable a las políticas clásicas del estado de bienestar.

En los instrumentos de acción se abre un abanico de posibilidades: desde prestaciones universales por crianza y redes socioeducativas de pequeña infancia, hasta fórmulas de articulación comunitaria inscritas en agendas feministas (el programa municipal ‘Vila Veïna’ en Barcelona…).

En síntesis, derechos subjetivos, políticas públicas y prácticas colectivas de cuidados que reconocen vulnerabilidades e interdependencias, pero reducen riesgos de exclusión relacional y contribuyen a fortalecer estructuras de solidaridad.

Democratizar (construir lo común)

El estado de bienestar desarrolló un esquema burocrático de gestión pública de raíz weberiana: estructuras administrativas rígidas; estandarización de servicios; y paternalismo profesional que relega a los ciudadanos a roles pasivos. La ofensiva neoliberal diseñó después el modelo de la ‘nueva gestión pública’ (NGP): transferencia de la lógica mercantil al ámbito público, externalizaciones y sustitución de ciudadanos por clientes.

Hoy, la redefinición del bienestar en clave democrática implica asumir el giro hacia lo común: superar tanto el monopolismo burocrático como la NGP y llevar la protección colectiva a lógicas de participación ciudadana. Democratizar los derechos sociales supone articular lo institucional y lo comunitario: trabajar en las intersecciones entre el potencial universalista de las políticas públicas y el potencial cooperativo de las prácticas ciudadanas.

Supone construir una esfera compartida donde enlazar coproducción de políticas, acuerdos público-comunitarios y dinámicas de acción colectiva vinculadas a la autogestión de derechos. Es un cambio de paradigma. Un estado de bienestar orientado a vertebrar lo común más que a gestionar burocracias: del welfare al commonfare.

Y de la teoría a la práctica. En el doble contexto reciente de crisis y transiciones, surge un nuevo conjunto de iniciativas sociales que operan como motor democratizador de la esfera colectiva: conectan la movilización a la construcción de lo común. Adoptan formas de ‘autonomía’ urbana (viviendas recuperadas, escuelas populares, espacios autogestionados); innovación social (crianza compartida, huertos vecinales, economía cooperativa); y apoyo mutuo (redes comunitarias ante vulnerabilidades relacionales o materiales).

La conexión entre políticas sociales innovadoras y este tipo de acción colectiva permite superar el dilema clásico en términos de institucionalidad versus resistencia; hace posible -más allá de ese binarismo- generar un espacio de articulación de estructuras público-comunitarias, tejidas en torno a tres posibles lógicas.

La lógica temática: coproducción de políticas sectoriales por medio de redes horizontales que suman recursos públicos e inteligencias colectivas (viviendas cooperativas, comunidades energéticas locales…).

La lógica infraestructural: programas de patrimonio ciudadano y gestión cívica. Los equipamientos públicos de proximidad (ateneos, bibliotecas, escuelas infantiles…) han ido configurando la geografía física del bienestar. La gestión cívica (por medio del tejido asociativo del territorio) crea las condiciones para convertirlos también en su ecosistema comunal y democrático: de servicios públicos a lugares de creación colectiva de ciudadanía (los ‘palacios del pueblo’ de Klinenberg).

La lógica vecinal: dinámicas creadoras de barrios y comunidades fuertes, con capacidades para la resolución de problemas y la mejora de condiciones de vida. Aquí, la regeneración de áreas vulnerables desde la acción sociocomunitaria, o el apoyo público a ecosistemas territoriales de economía social (el programa de ‘comunalidades urbanas’ en Catalunya), pueden considerarse estrategias de referencias.

Territorializar (construir arraigo)

La sociedad industrial generó marcos nacionales de gestión del conflicto de clases, el contrato social fraguó en el espacio de los estados. Los regímenes de bienestar se construyeron bajo instituciones centralizadas. Hacia finales del siglo XX, el esquema territorial empieza a alterarse: irrumpe la reestructuración en el espacio de políticas públicas y prácticas colectivas.

Las ciudades, en este proceso, mantienen abierta la ventana colectiva y democrática: la proximidad como espacio donde tratar de proteger sin cerrar; los gobiernos locales como palanca de protección de derechos básicos y de empoderamiento comunitario.

Se trata de fijar la agenda urbana, el bienestar de proximidad y las estrategias locales de transición verde en el núcleo del nuevo contrato ecosocial: retornar a las ciudades las lógicas de emancipación que el siglo XX había reservado a los estados. Se dibujaría, pues, el doble reto de reescribir lo común desde gramáticas de proximidad, y de reubicar en el municipalismo las herramientas clave para hacerlo posible. En síntesis, más poder en los lugares, allí donde las cosas pasan, donde late el talento colectivo para abordarlas.

Conectar ciudadanía y territorio, en la práctica, implica construir un bienestar más arraigado, más sensible a la posibilidad de cotidianidades dignas. Y es aquí donde operan con fuerza las políticas vinculadas al derecho a la ciudad. Ya en 1968, Henry Lefebvre publicaba Le droit à la ville. Su propuesta implicaba inscribir la transformación social en trazados urbanos: de calles, plazas y barrios.

Volvió con David Harvey y su Spaces of hope (2000), en días de alternativas a la globalización salvaje. Y ha estallado con fuerza en la última década, al hilo de la acción colectiva urbana a escala global: la defensa de los hábitats populares frente a dinámicas de ‘gentrificación planetaria’ (Loretta Lees).

El derecho a la ciudad, como dimensión cotidiana y comunitaria de todos los derechos básicos, gana fuerza en tanto que proyecto de reconstrucción colectiva de una ciudadanía democrática para el siglo XXI.

Se concreta en una triple dimensión de políticas entrelazadas: localizar derechos sociales (vivienda y barrios, procesos de acogida, vínculos frente a soledades); generar transiciones ecológicas urbanas (soberanías alimentaria y energética, movilidades saludables) y forjar economías comunales (redes y territorios cooperativos). En su interacción, esos tres vértices temáticos pueden dar lugar a nuevas lógicas de ciudadanía: la prosperidad compartida y arraigada en entornos habitables.

En síntesis, los procesos orientados a innovar, democratizar y territorializar lo colectivo pueden operar, en un contexto ya maduro de cambio de época, como rutas estratégicas hacia un nuevo contrato ecosocial superador del estado de bienestar clásico. El cruce de valores (intersecciones de fraternidad), las estructuras público-comunitarias (espacios de lo común) y el derecho a la ciudad (procesos de arraigo) emergen como ideas-fuerza principales.

Se produce, a partir de ahí, la traducción a políticas públicas y a prácticas colectivas: renta básica y cuidados; lógicas habitacionales alternativas, infraestructuras sociales y territorios cooperativos; planes de barrios y transiciones energéticas de proximidad… Un amplio abanico donde asentar las bases de una ciudadanía social posible para el siglo XXI. Frente a la construcción reaccionaria de miedos y odios, una propuesta para explorar caminos de más democracia; para alzar -de forma discreta- utopías cotidianas de esperanza.

La semana pasada, Dolores Delgado, fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, dictaba unas Diligencias en las que instaba a la Fiscalía de Barcelona a apoyar la admisión de la querella interpuesta por Carles Vallejo en relación a las torturas que habrían sufrido en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana núm 43 los años 1970-71. Así pues, se instaba a “practicar diligencias de investigación necesarias para la determinación de los hechos con el fin de adoptar una decisión fundada en derecho en cuanto persecución del procedimiento o su archivo”.

Se trata de una importante noticia que, aunque celebrada por activistas y juristas especializados, ha pasado bastante desapercibida para el público en general. Este artículo lo escribo con el objetivo de contextualizar esta decisión y de poner encima de la mesa una de les líneas de actuación que en mi opinión deberían desarrollarse en el ámbito de las políticas públicas de memoria democrática en el momento actual: explorar al máximo la intersección entre derecho y memoria democrática.

Políticas para avanzar en el reconocimiento y la reparación

Se abre una ventana de oportunidad. Aunque tarde, ha llegado la hora del derecho a la verdad. De empezar a abrir procesos judiciales en relación a la represión franquista que aclaren hechos, que establezcan la verdad jurídica de lo que pasó y que sean procesos reparativos para las víctimas y la propia sociedad. Pero para que la nueva legislación avance es necesario crear las condiciones adecuadas. No será fácil, pero conviene empujar. Las administraciones debemos impulsar políticas públicas que permitan avanzar en el reconocimiento de los crímenes del franquismo y en su reparación.

Dos caminos a transitar. En primer lugar, impulsar formación y capacitación a operadores judiciales y jurídicos: jueces y magistrados, fiscales, abogados y profesores universitarios. Que conozcan y se interesen por cuestiones vinculadas a la justicia transicional, delitos de lesa humanidad y derechos humanos. En segundo lugar, acompañar a víctimas y supervivientes en los procesos judiciales que emprendan: des de la colaboración en la construcción de la prueba (sistematizando información y documentación disponible en archivos y en bases de datos) hasta la personación como acusación popular de las instituciones en los casos que se considere pertinente. En este sentido, la nueva ley de memoria democrática de Catalunya contempla en su articulado la acusación popular, ampliando las herramientas para tal fin, y se ha personado en la querella Vallejo para poder acompañar el proceso. 

Quizá no es momento de buscar castigo, pero sí de establecer la verdad jurídica sobre los hechos. Es importante que el sistema de justicia establezca qué pasó, que determine las responsabilidades. Que escuche a las víctimas y sus necesidades. El proceso en sí debería tener una doble virtuosidad: de reconocimiento de la injusticia y crueldad del régimen dictatorial franquista; y de reparación hacia las víctimas y supervivientes y el conjunto de la sociedad. Lo mínimo que puede hacer una democracia consolidada es reconocer y reparar a los y las luchadoras por las libertades, aquellas que se jugaron su integridad física y moral por los derechos y la democracia. Les debemos todo.

Hay marco jurídico para juzgar los crímenes

Aunque militantes y organizaciones de derechos humanos suman ya un centenar de querellas interpuestas, lo cierto es que, con contadas excepciones, estas han sido automáticamente inadmitidas. Alegando la prescripción de las penas, el principio de legalidad y la ley de amnistía de 1977, jueces y magistrados (incluido el Tribunal Supremo en la sentencia 101/2012) han cerrado sistemáticamente las opciones de investigar judicialmente los crímenes del franquismo. Se justifica la decisión, grosso modo, alegando que la ley de punto final preconstitucional supone que los tribunales no pueden conocer casos previos a esta fecha.

Aunque es la interpretación mayoritaria, esta máxima no goza de consenso. Se puede sostener que el derecho internacional de los derechos humanos señala que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles. Y por lo tanto los tribunales deberían poder interpretar el marco jurídico estatal teniendo en cuenta estas indicaciones. Es más. Aun considerando que la ley de amnistía opera y que, por lo tanto, no se pueden castigar delitos cometidos antes de 1977, no está dicho que no puedan abrirse procesos judiciales para fijar un relato jurídico sobre determinados episodios, aunque sin consecuencias penales (en esta línea se situarían Balaguer y Xiol en su voto particular al auto 80/2021 del TC). El solo proceso tiene de por sí una importante función de reconocimiento y reparación. 

Por si existían dudas, la ley 20/2022, de Memoria Democrática, viene a poner esto negro sobre blanco. Explícitamente la ley se articula en torno a los principios internacionales del Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH) de “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia y pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”. El artículo 2.3 del citado texto recuerda que todas las leyes vigentes en el estado “incluida la ley de Amnistía (Ley 46/1977 de 15 de octubre)” se interpretarán de conformidad al derecho internacional y en particular con el derecho internacional humanitario.

Así pues, esta es la ley que sustenta la posición amplia y sólidamente justificada de la fiscal de sala en la querella Vallejo. Es la primera vez que esta institución de nueva creación se posiciona ante un caso (aunque de manera implícita lo hizo también el pasado 15 de septiembre estando presente en la vista en relación a la querella interpuesta por Julio Pacheco por torturas durante el tardofranquismo). Hay camino, hay marco, les debemos todo. 

A pesar de que la política de ejecución penal se concibe a menudo como un elemento incómodo o en todo caso periférico de nuestras sociedades, ésta ocupa un lugar central en el fomento de la cohesión social y la seguridad ciudadana de un país. Un trabajo de reinserción eficaz para con las personas penadas garantiza que no vuelvan a cometer delitos una vez acaban la pena y, por tanto, evita la aparición de futuras víctimas. Así mismo, permite que los victimarios puedan trazar un horizonte de futuro y de vida en sociedad. Precisamente, hace unos meses el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat hacía público el último estudio de reincidencia del sistema penitenciario catalán. En él se registra y analiza la principal dimensión del fracaso en el objetivo constitucional de la reinserción: aquellas personas que una vez en libertad vuelven a delinquir y a ingresar en un centro penitenciario. El estudio muestra que 8 de cada 10 personas que han pasado por prisión no vuelven a ingresar. Este es un dato que, aunque mejorable, nos sitúa en una buena posición en términos comparados. Por otro lado, más allá de este titular el estudio arroja dos sugerentes conclusiones.

La primera, que encarcelamientos rígidos y dilatados en el tiempo no funcionan ni en términos de protección a la víctima ni de prevención de futuros delitos. Cuando el tránsito a la vida en libertad se produce desde el tercer grado o la libertad provisional, la reincidencia se reduce 12 puntos – controlando estadísticamente el resto de variables. La rehabilitación y la reinserción se trabajan mucho mejor con una intervención social y comunitaria en medio abierto, mientras que el encarcelamiento corta de raíz la relación de la persona con el exterior y afecta seriamente su salud mental y física. Una política valiente y ambiciosa de reducción del internamiento es, pues, una política eficaz de cohesión social y seguridad ciudadana. Decía Ester Giménez-Salinas, prestigiosa catedrática y actual Síndica de Greuges, que un 60% de presos deberían estar fuera. Seguramente tiene razón, pero para esto necesitaríamos algunas reformas legales. Ahora bien, con las reglas de juego actuales podemos avanzar en la desinstitucionalización o, en otras palabras, en el objetivo de potenciar la ejecución penal en medio abierto. El cumplimiento de la pena puede realizarse también fuera de las paredes de los centros penitenciarios (de forma total o parcial). Para avanzar en el objetivo debemos trabajar conjuntamente poder judicial, instituciones públicas y tejido social. Hay camino para recorrer, y los datos nos avalan.

La segunda conclusión del estudio antes apuntado señala que, mientras que la tasa de reincidencia se sitúa en el 20%, esta es el doble en el caso de delitos contra la propiedad sin violencia (para contextualizar, en el caso de las violencias sexuales la reincidencia se sitúa en un 5%). Es decir, hay más reincidencia en aquellos delitos menores donde las condiciones materiales de vida –casa, trabajo o papeles– son variables que actúan con fuerza. Las políticas públicas a implementar en estos casos escapan en parte del sistema de ejecución penal. La política penitenciaria debe ser capaz de dialogar de forma sistémica con otros ámbitos como el de trabajo, vivienda, educación o salud. Una sociedad que garantiza derechos sociales y económicos es una sociedad con menos delitos y menos víctimas. Además, debemos de huir de la tentación de hacer política migratoria (es decir, la expulsión) vía política penitenciaria.

En definitiva, tenemos un sistema penal que cumple con las garantías de un Estado democrático y de Derecho, pero que no es capaz de satisfacer todos los objetivos que una sociedad del s.XXI debería demandar. La naturaleza de nuestro sistema es básicamente retributiva y punitiva, esto es, se basa cuasi exclusivamente en establecer una pena al victimario. Por un lado, a la víctima la situamos en un segundo plano. No somos capaces de atender de manera eficaz sus necesidades y demandas.  Y por el otro, arrojamos a los victimarios a penas privativas de libertad rígidas y dilatas en el tiempo, que poco o nada ayudan al objetivo final de reinserción y rehabilitación. Esto hace que ni se cumplan las expectativas de la víctima de reparación del daño ni las del conjunto de la sociedad, que espera que los victimarios salgan de prisión mejor de como habían entrado.

Dicho esto, y a modo de conclusión, la deflación punitiva (penal y penitenciaria) debería ser un camino a seguir, no solo por razones éticas sino también de eficacia y de eficiencia. Imponer penas de cárcel más largas, o ejecutarlas íntegramente dentro del centro penitenciario, no implica ni una mayor protección de las víctimas ni una mejor prevención de futuros delitos. Las sociedades democráticas deberíamos de ser capaces de imaginar nuevas formas de gestionar los conflictos que no pasen por aislar a personas en la cuatro paredes de un centro penitenciario durante años, salvo en casos muy extremos. Si queremos vivir en sociedades más cohesionadas y más seguras tenemos que ir por aquí.

Esta mañana, antes de que iniciara la sesión constitutiva del Parlament, Elsa Artadi en nombre de JxCat, atendía a los medios de comunicación con una exultante alegría. Razones tenía la que fue discípula de Andreu Mas Colell: gana por doble partida. En primer lugar lo hace porque, al relegar a Laura Borràs a la presidencia del Parlament, se aplana el camino para que ella asuma la vicepresidencia económica del gobierno y se consolide como una de las dirigentes con más ascendente en el espacio postconvergente. De las distintas facciones en disputa dentro del grupo político apadrinado por Carles Puigdemont, gana terreno aquella que tuvo lazos más o menos estrechos con la CiU ideológicamente neoliberal que gobernó en el bienio 2010-12. Artadi, la joven promesa del upper Barcelona, consigue por fin hacerse con las riendas del poder (aunque por un camino un poco distinto al inicialmente pensado). Inteligente y bien formada, nunca ha perdido el hilo de comunicación y confianza con cierto empresariado y grupos de interés.

En segundo lugar gana porque se consolida la estrategia preferida por parte de JxCat. Su apuesta desde un primer momento (no tenían otras opciones posibles) ha sido reeditar las lógicas de gobierno de la legislatura pasada: un equilibrio basado en el reparto de negociados entre JxCat y ERC; con un apoyo más o menos entusiasta, según el momento, de la CUP. Quedarse sin el gobierno hubiera sido letal para el espacio de JxCat: una fuerza política con mil facciones podía implosionar si se quedaba sin recursos institucionales. La solidez orgánica de CiU durante la travesía por el desierto (2003-10) nada tiene que ver con la situación actual de JxCat. Conscientes de esto, se han aplicado a fondo, desde el ámbito político pero no solo para que se construyera el escenario más adecuado a sus intereses y lo han conseguido. Si bien ERC tenía otras opciones posibles para transitar la legislatura (quizá hasta más deseadas por una parte importante de dirigentes y votantes) el partido republicano no ha sabido o no ha podido transitarlas. Diría más, no tengo claro que le hayan servido para bajar el precio de las demandas de JxCat y CUP (lo sabremos cuando se constituya ejecutivo).

Seguramente el escenario que se dibujaba este viernes con la elección de la mesa del Parlament – más de lo mismo - no dista mucho del escenario al que nos encaminábamos. Las negociaciones habían avanzado más en el pacto entre ERC-JxCat que en otros posibles. Ahora bien, hay dos decisiones que se producen esta semana que, si existía alguna mínima duda, consolidan la elección por reunificar el bloque independentista: la revocación del tercer grado a los presos independentistas y el levantamiento de la inmunidad a Puigdemont, Ponsatí y Comín. No por esperadas, dejan de ser decisiones que impactan. Recuerdan que hace ya más de tres años que los líderes independentistas están en la cárcel y en el exilio. Que hace ya casi tres años que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Y no se visualizan avances hacia la imprescindible desjudicialización del contencioso. Es muy difícil que en Catalunya se abran otros horizontes posibles sin mejoras en este campo. El quietismo enquista y pudre los conflictos. El inmovilismo del PSOE sitúa al país en un callejón sin salida (Catalunya y España). Y hoy tenemos una legislatura que se abre gris, triste y deslucida, como las propias imágenes que llegaban del hemiciclo. 

Haber sido restrictivo en Navidad podría haber evitado una tercera ola. O como mínimo, sería de más fácil gestión y con menos costos. En Catalunya desde que los contagios empezaron a escalar después del puente de diciembre, se sabía que lo más racional era pinchar la burbuja navideña que habían ayudado a hinchar periodistas y políticos. Nadie quiso ser claro y tomar medidas en este sentido: “este año no se van a poder celebrar las fiestas, toca un último esfuerzo final; aunque las vacunas están cerca aún tenemos que ganar tiempo”. Pero es que además había un motivo añadido. Teníamos una cita muy importante que preservar en democracia: la celebración de elecciones. Era responsabilidad de los poderes públicos hacer todo lo posible para llegar en buenas condiciones a esta fecha. Este, y no otro, es el principal reproche que puede hacerse a los responsables políticos frente al 14F.

Ahora tenemos lo que tenemos. Estamos en fase de subida acelerada de contagios y el Govern ha valorado que es mejor retrasar la cita electoral. Desde mi punto de vista, estamos frente a una decisión delicada y que debe ser muy bien argumentada. Que puede tomarse pero que importa cómo se tome. No está prevista en la legislación el cambio de fecha, pero tampoco estaban recogidas otras actuaciones que se han tomado en pandemia. Frente a situaciones complejas, no podemos quedarnos encadenados en interpretaciones normativas estrechas. Decisiones similares se han tomado en algunos contextos, en otros se ha decidido tirar adelante. Hay razones de peso tanto para un aplazamiento (se puede limitar de facto el derecho a voto a algunos colectivos, se genera un aumento de interacción social, dificultades de constitución de mesas, etc.) como para el mantenimiento de la cita si no hay un confinamiento domiciliario (alegando que mientras pueda hacerse otro tipo de actividades como ir a trabajar o a la escuela, también se puede garantizar el voto seguro).

No he escondido desde el inicio mi preferencia hacia el mantenimiento de la normalidad electoral. Y por lo tanto, de que se votara el 14F. Ahora bien, no dejan de sorprenderme las sobrevenidas y activistas defensas de esta opción. Entornos socialistas que, de golpe, hacen bandera de la inamovilidad de la fecha como algo sagrado y trascendental. Como efecto espejo, parece también desdeñable el poco interés de algunos miembros del Govern (de la parte de JxCat) en que la cita tirara adelante. Tanto que en algunos momentos pudo parecer, aunque quizá no fuera su intención, que ya les iba bien que empeorara la situación pandémica. El indisimulado interés partidista puede emborronar debates de alto interés político e institucional como un cambio de fecha electoral sin precedentes. Pero, ¿podemos afirmar que mover las elecciones puede beneficiar o perjudicar a determinados partidos? A pesar del griterío colectivo en la arena política catalana y estatal, tengo mis dudas. 

En primer lugar, es cierto que si ahora no se hacen las elecciones, la situación de Salvador Illa se complica. Si no deja el ministerio, será acusado de hacer partidismo desde las instituciones. Si deja ya la cartera, podrá perder una parte del efecto “ministro” en las elecciones si se demoran mucho en el tiempo. Esto es evidente, pero habría que considerar otras variables. Por ejemplo, la abstención. Los datos de las elecciones gallegas y vascas apuntarían que esta continúa repartiéndose de manera similar a las anteriores citas electorales. Pero… ni aquellas elecciones se produjeron en plena ola, ni los comportamientos abstencionistas son iguales que en Catalunya. Si se celebraran las elecciones el 14F cabría esperar un aumento de la abstención, entre otras razones, por la pandemia.

Dos preguntas:

1) ¿Se volvería a la abstención diferencial? Es decir, al patrón de comportamiento que se reprodujo durante más de tres décadas en que un segmento de la población determinado (áreas urbanas, próximo a socialistas y comunistas) votaba en las elecciones generales pero no en las autonómicas.

2) El efecto miedo, ¿afectaría distinto en los tramos de edad? Es decir, ¿disminuiría más el voto en el segmento de población mayor? Si las dos respuestas fueran afirmativas, que no lo sabemos, unas elecciones en la fecha inicial podrían acabar siendo letales para el PSC.

En segundo lugar, la batalla entre independentistas les puede generar una mala pasada si se arrastra en el tiempo. Las puyas entre conselleries dan una imagen de Ejecutivo en decadencia. Además, los nervios provocados por las encuestas pueden llevar a cálculos cortoplacistas y descentrar estrategias más generales y ambiciosas. Lo que ha funcionado durante el procés puede no ser útil ahora. La pandemia ha puesto en el centro la importancia de la buena gestión y de las políticas públicas. ERC está intentando situarse en un nuevo marco, pero a veces sucumbe. No ser capaz de desprenderse del pasado le puede hacer descarriar sus intenciones de quedar primero en la batalla electoral. Para nostalgia ya está JxCat. A estos, las últimas actuaciones de la justicia belga en relación al exconseller Lluís Puig les han dado aire. Optimismo sobrevenido por primera vez desde que se empezó a hablar de elecciones, pero que puede agotarse si se demora mucho la cita. 

En definitiva. Vamos hacia un aplazamiento de elecciones. Pero no está claro cuál puede ser su efecto electoral. Más aún, no es que no lo conozcamos por limitaciones cognitivas, sino porque hay muchas variables en juego que pueden transformar el campo de batalla. Y una muy importante: la acción de los actores para reconstruir el contexto dado. Queda mucho partido aún por ver.

Un día antes de finalizar el año, el PSC anunciaba que Miquel Iceta cedía su puesto de candidato a la presidencia de la Generalitat en favor de Salvador Illa. Una decisión tomada a mediados de noviembre pero sigilosamente guardada a petición del Pedro Sánchez. Antes se debían aprobar los Presupuestos, encarrilar la campaña de vacunación y presentar el balance de un año de legislatura. Es evidente que la gestión de la pandemia ha dado al ministro de Sanidad una visibilidad y centralidad nada predecible cuando se le asignó tal función (al ser una cartera con pocas competencias y muy técnicas, la idea era compatibilizarla con el cargo de secretario de organización del PSC). Así pues, la decisión de hacer presidenciable a Illa supone sacar provecho de su grado de conocimiento y valoración con fines electorales. Pero a la vez, esta decisión provoca una sacudida en el propio PSC y en el conjunto del tablero electoral catalán. Vayamos por partes.

A Salvador Illa se le conoce por su perfil técnico, dialogante, poco amante del enfrentamiento. Hombre gris de partido, con las luces y sombras que esto supone. Disciplinado, sin salidas de tono, tampoco con grandes apuestas de país. Sería el anti-candidato en el manual del buen populista. Y, en parte, por eso ahora resulta un buen presidenciable. La pandemia ha puesto en valor la capacidad de una buena gestión pública: más hacer y menos gritar. Además, su figura es capaz de recuperar la transversalidad perdida en el electorado del PSC. Puede romper el techo electoral que tenía la candidatura de Miquel Iceta. Y también puede mostrar la salida a una estrategia limitativa en la que se había embarrancado la organización catalana en los últimos tiempos: la obsesión de captar votos desafectos de Ciudadanos acentuando un enfrentamiento con el independentismo. Se apostó por construir una suerte de nuevo eje de disputa: el binomio orden-desorden. El pacto con Units per Avançar, y las negociaciones abiertas con la Lliga, Lliures u otros grupos provenientes del centro-derecha, iban en este sentido. Todo esto chirriaba con la estrategia de Sánchez a nivel estatal.

Más allá del espacio político-electoral del PSC, la salida con fuerza de Illa a la batalla electoral para el 14F sacude el propio tablero catalán. En primer lugar, sitúa al PSC y a ERC en la batalla por el primer puesto. A ambos les interesa alimentar el binomio de “presidenciables” y es previsible que así lo hagan. Salvador Illa y Pere Aragonès son aspirantes con posibilidades de acceder a la presidencia de la Generalitat. Sus perfiles no distan mucho: gestores, pactistas y con la mirada puesta en el futuro. Sus electorados sí difieren. Este hecho les posibilita mantener su talante dialogante, marcar educadamente a su contrincante y, a la vez, seducir a amplios electorados. Al PSC le va bien insistir en la idea de que aún hay partido y que puede haber cambio en la Generalitat. A ERC le sirve movilizar un voto útil soberanista planteando un proyecto transitable de país. 

En segundo lugar, la entrada en acción de Illa refuerza un marco distinto al de 2017. Mientras que en aquella cita Cs y JxCat arrasaron alimentando la polarización, la disputa identitaria y el carisma del liderazgo, ahora parece que el nuevo contexto les coge con el pie cambiado. La pandemia ha favorecido el debate alrededor de las políticas públicas y la gestión. El encauce de la crisis catalana con el gobierno de coalición ha destensado la vida política catalana en el eje nacional. Así pues, el cambio en el mundo socialista puede empujar en este sentido. De todas formas, no todo está hecho. Y cada uno de los actores va a intentar reconstruir el marco electoral de manera más favorable a sus intereses. La última encuesta del CEO cifraba los indecisos en un 36,2%. Quien sepa jugar mejor la campaña, se va a llevar el agua a su molino: unos querrán volver a tensar, los otros intentaran no caer en provocaciones.

Y en tercer lugar, se abre un nuevo espacio para los comuns. Mientras que la llegada del ministro a la vida política catalana puede reducir sus expectativas electorales (sus principales fronteras de voto son con socialistas y republicanos), paradójicamente puede asegurarle un peso importante en la gobernabilidad el día posterior. Más que seguir insistiendo en una suerte de tripartito que no llegará (en estos momentos, parece difícil que ERC y PSC gobiernen juntos), estos podrían presentarse como la garantía de que arrastraran al presidente hacia la izquierda si gobierna Aragonès, o hacia la plurinacionalidad si gobierna Illa. Sería un error medir la salud de la formación de Pablo Iglesias solamente por los resultados que obtengan sus socios el día 14F. Su papel para estabilizar la correlación de fuerzas de la moción de censura, también desde Catalunya, puede darles su protagonismo.

La semana pasada Pol Pareja y Victòria Oliveras publicaban en estas páginas una interesante pieza sobre la fragilidad de nuestro sistema sanitario público. Como en otros campos, la pandemia ha acentuado los efectos de sus déficits estructurales. En el artículo citaban, entre otros, los problemas de detección de enfermedades graves y el seguimiento/tratamiento de las crónicas durante la pandemia. Así pues, sacaban a relucir impactantes datos de reducción de pruebas diagnósticas, alargamiento de las listas de espera en visitas a especialistas e intervenciones, así como el olvido de las enfermedades mentales. Todas las personas que utilizan la sanidad pública saben que tanto la atención médica primaria como la especializada funcionan a medio gas desde que empezó la crisis de la COVID-19. Los y las expertas desde hace tiempo alertan que este impacto en el sistema conllevará efectos a medio plazo: aumento de la mortalidad, alargamiento de las bajas laborales, deterioro de la calidad de vida, etc.

Vayamos un poco atrás en el tiempo. El sistema sanitario español se edifica sobre la Ley General de Sanidad (1986) impulsada por el socialista Ernest Lluch. Y lo hace sobre dos premisas. En primer lugar, se establece la atención sanitaria como un derecho universal para todas las personas que viven en el país, financiado por los Presupuestos Generales del Estado (no por las contribuciones a la Seguridad Social). El estado de bienestar naciente en los 80 destina importantes esfuerzos en la articulación de un sistema sanitario de calidad e inclusivo. En segundo lugar, se opta prioritariamente por una red de provisión pública directa. Este modelo estaría también en la base de la reforma de la atención primaria. Ahora bien, por presión de ciertas CCAA y grupos de interés, esta cuestión se va diluyendo a partir de 1991 con el “informe abril” estableciéndose modelos sanitarios autonómicos con peso importante de la concertación.

Actualmente, el sistema sanitario español, que había llegado a ser considerado como un modelo de éxito, es un gigante con pies de fango. Después de años de recortes de gasto, inversión y personal, así como también de debilitamiento estructural a través de externalizaciones y privatizaciones, varios indicadores muestran su vulnerabilidad. Si bien no era un sistema sobrado de recursos, las políticas de austeridad que acompañaron la anterior crisis supusieron un enorme golpe. Y la pandemia ha dejado al sistema noqueado. En algunas autonomías aún no se han recuperado los niveles de gasto (en números absolutos) de hace una década. Todo esto genera dos efectos. Uno de evidente: menos calidad en la atención médica para la ciudadanía y peores condiciones de trabajo para el personal sanitario. Un segundo efecto, menos visible pero no menos importante: la salida de una parte de las clases medias a mercados privados. 

Existe amplio consenso en la literatura académica sobre bienestar y políticas sociales de que la calidad de los servicios públicos depende en gran medida del compromiso de las clases medias hacia el sistema. Eso es, se vincula a que gran parte de la ciudadanía los utilice y los sienta suyos. Cuando unos sectores, los más pudiente, los abandonan, puede esperarse un deterioro. Y no tanto porque se afecte de manera directa al sistema de financiación (las personas que tienen seguro privado deben continuar pagando sus impuestos), sino por los incentivos que se generan a la hora de apostar por el sistema público, o por las prioridades que se instauran de ciertos servicios frente a otros (por ejemplo, aquellos que tienen seguros privados tienden a no hacer uso de la atención primaria, ni pruebas diagnósticas, ni intervenciones menores del sistema público, pero sí lo hacen de la medicina hospitalaria para enfermedades graves -la más cara, por cierto-). 

Hace unos días Judith Vall, economista y profesora de la UB, exponía en Els Matins de TV3 que más de la mitad de parlamentarios de las cámaras autonómicas tienen seguro médico privado. Este hecho puede suponer que tengan una menor experiencia con el sistema público e intereses menos directos para mejorarlo. Si de verdad queremos seguir apostando por la centralidad de un sistema público de sanidad de cobertura universal y con calidad debemos revertir cuanto antes un posible punto de no retorno: un abandono, en todos los sentidos, de los servicios públicos. Se necesitan, de manera inmediata, más recursos para sufragar los déficits acumulados, mejores condiciones de trabajo para retener talento, una apuesta prioritaria por la gestión directa y recuperar el peso de la atención primaria. Las comunidades autónomas, con competencias transferidas en sanidad, tienen un reto importante por delante. El gobierno del Estado también puede ayudar a incidir.

El martes ERC y PNV anunciaban su voto afirmativo a los Presupuestos Generales del Estado, explicando a los medios de comunicación aquellos avances que habían conseguido en sus negociaciones con el Gobierno. A la vez, EH Bildu sumaba su apoyo a las cuentas públicas con una argumentación más política: contribuir a la abertura de una ventana de oportunidad para el cambio en España y el País Vasco. Con los “sí” de estas formaciones en el bolsillo, el Ejecutivo consigue reunir 179 votos, la mayoría para tirar adelante una de las leyes más importantes para el buen funcionamiento de la legislatura. A lo largo de estos días se añadirán más grupos, presumiblemente el apoyo será más amplio que el de la propia investidura a Pedro Sánchez. Durante los últimos dos años se ha actuado con los Presupuestos prorrogados que elaboró Cristóbal Montoro, situación insostenible si se le suma además la irrupción de la pandemia y la próxima llegada de fondos europeos.

Ahora bien, la aprobación presupuestaria va más allá del propio acto. Con distintos matices y explicitaciones, así lo entienden los distintos grupos políticos que apoyan al Gobierno. La suma de estos escaños significa la consolidación del escenario que se abre con la moción de censura a Mariano Rajoy de mayo de 2018 y la investidura de la noche de Reyes de este mismo año. La relevancia del acceso de Sánchez a la presidencia del Gobierno, refrendado posteriormente a través de unos comicios, no reside tanto en la alternancia política que se opera sino, sobre todo, por la correlación de fuerzas que la hace posible: una triangulación progresista y plurinacional que conjuga socialistas, morados y fuerzas plurinacionales. Se ha destacado el hecho histórico de que un partido a la izquierda de los socialistas se integre en el Ejecutivo, debe revisitarse la II República para encontrar una experiencia similar. Pero aquello que muta potencialmente con más intensidad el escenario es la interdependencia, con pesos relativamente equilibrados, entre los tres vértices del triángulo. 

Además, este “sí” de los plurinacionales es también la negación de un escenario de cierre por arriba de las grietas que supuran del régimen del 78: un pacto socioliberal entre el PSOE y Ciudadanos o un acuerdo carteliano entre los dos grandes (PSOE PP). Cuatro décadas después de la recuperación democrática, este país se abre a hacer frente a importantes retos socioeconómicos, agravados por la crisis de la COVID-19 (un modelo productivo con pocos sectores que aporten alto valor añadido, un mercado de trabajo dual y altamente precarizado, con altas cifras de pobreza y exclusión, etc.) y los que presenta la crisis del sistema autonómico (un modelo agotado que ido ha generando cada vez más dinámicas centrífugas y centrípetas). Resuena a Pacto de San Sebastián. 

Eso sí, todo momento con altas potencialidades tiene su doble cara. La triangulación progresista y plurinacional puede tener dos vías de evolución, estamos en un periodo en construcción y disputa. Una primera sería llevar a la práctica el cambio, desarrollar reformas y medidas estructurales que transformen el país. Hacer frente a los retos socioeconómicos y territorial-identitarios. Dar respuestas en clave emancipatoria a las nuevas preguntas surgidas en un mundo complejo e incierto. Ahora bien, una segunda deriva podría pasar por la tentación de seguir haciendo más de lo mismo (quizá con otro discurso). Y es este escenario de estancamiento el que podría facilitar la consolidación disruptiva de la extrema derecha. Existe una responsabilidad histórica: se ha abierto y apuntalado una grieta estrecha pero que puede ser muy profunda. Si la nueva correlación de fuerzas no llegase a materializar esperanzas, sería peor el remedio que la enfermedad. En el interregno nacen monstruos. Y si estos no se combaten, te devoran.

Esta semana saltaba en forma de escándalo en los medios de comunicación la convocatoria de subvenciones a los autónomos en Catalunya: 10.000 ayudas de 2.000 euros que obtenían los primeros en rellenar la solicitud. El sistema informático no soportó la avalancha de demandas, se calcula que en la comunidad hay unos 570.000 autónomos. La medida fue bautizada por algunos analistas como unos “juegos del hambre”. Más allá de los titulares y de las críticas ridiculizadoras resulta conveniente hacer una reflexión sobre la elaboración y la gestión de las políticas sociales. Desde mi punto de vista estamos frente a un mal diseño de política pública. Pero lo creo así porque parto de una perspectiva que entiende que las medidas sociales deben inscribirse en un paradigma de derechos. Es decir, se accede a un servicio o una prestación porque se cumplen unos requisitos y no porque exista o no disponibilidad presupuestaria: se configura un derecho subjetivo.

Ahora bien, sería hipócrita hacer ver que esta aproximación sea la única posible. De hecho, y como recuerda muy bien José Antonio Noguera en un hilo de twitter, no ha sido la predominante a la hora de construir medidas hacia los más desfavorecidos. La batalla entre derechas e izquierdas en la forma de entender la política de renas autonómica es un claro ejemplo: en 2011 el gobierno de Artur Mas suprimió el carácter de derecho subjetivo en la renta mínima de inserción dejando sin prestación, en los momentos más duros de la crisis, a miles de personas. 

Avancemos un poco más. Los errores en el diseño no son los únicos en la gestión de las medidas sociales. Puede haber buenos puntos de partida teóricos, con su correcta dotación monetaria y targets bien identificados y definidos, pero fallar en la implementación. En análisis de políticas públicas es un tema vastamente tratado desde las aportaciones que hicieron Aaron Wildawsky y Michael Lipsky en los años 70 e inicios de los 80. Y aquí es donde podemos situar otros fallos de la Administración. A pesar de que desde el Gobierno de España se ha sido muy ambicioso en la construcción de una suerte de “escudo social” con el objetivo de sostener ciudadanía y empresas durante la pandemia, debe reconocerse que en la gestión de una parte de ayudas existen disfunciones que generan importante malestar.

Esta semana CCOO denunciaba también en Catalunya que las nuevas prestaciones por desempleo gestionadas después del 12 de agosto aún no se están cobrando. Esto se suma a que una parte de los ERTE de la primera ola aún restan encallados en el magma burocrático. O que el IMV ha alcanzado una reducida cobertura efectiva en relación a la ciudadanía que tendría derecho. Se trata de situaciones especialmente graves ya que estas medidas han sido precisamente pensadas para aquellos que más lo necesitan, que de golpe se han quedado sin o con muy pocos ingresos. Las necesidades son inmediata y la llegada del dinero no puede esperar. 

¿Qué factores explican estos cuellos de botella? Básicamente dos. Un primero tienen que ver con la no previsión de problemas durante la definición más técnica de la política, la letra pequeña que no suele salir en los medios de comunicación. En relación al IMV hubo acalorados debates en el que participaron expertos y altos funcionarios de los dos principales ministerios implicados (vicepresidencia segunda, ministerio de inclusión y seguridad social). Visto en perspectiva es evidente que tenían razón los que apostaban por la simplificación de trámites, incorporando de manera decidida la comprobación posterior de los criterios. También se debería haber afinado mejor la dotación de suficiente personal y recursos para garantizar el proceso haciendo cambios o nuevas contrataciones.

Un segundo factor que considerar, vinculado al primero, es la existencia de una Administración pública aún de corte burocrático-weberiana poco adaptada a nuestro mundo complejo, incierto y cambiante. Una Administración más preocupada por el cumplimiento de la legalidad y el gasto presupuestario que por la eficiencia y eficacia de las políticas. Una Administración con muy poco margen de maniobra para adaptarse a contextos territoriales y sociales diversos. Un sistema de inspiración napoleónica que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. No es el único: en Catalunya Jordi Pujol copió a rajatabla el modelo en los años 80 (y así pasó también durante la construcción del Estado autonómico). 

Se identifica como un límite evidente la falta de una alta dirección pública que vaya más allá del cuerpo de juristas y economistas del Estado. En la mayor parte de países europeos, la figura del gestor público está mucho más formalizada. Otros perfiles profesionales que requiere la Administración también deben adaptarse al s. XXI: nuevos servidores públicos que introduzcan de manera sistematizada conocimiento plural en las organizaciones públicas. Estas y otras transformaciones no pueden esperar. Para poder avanzar en la efectividad de derechos sociales, debería ser posible empezar a trabajar en una ambiciosa reforma de la Administración pública. Construir una Administración relacional, de la que habla Quim Brugué, con capacidad estratégica y propositiva: que fomente la transversalidad (frente a problemas que son complejos), la colaboración multinivel (dando importancia a la proximidad y el principio de subsidiariedad) y la permeabilidad social (la participación de actores y ciudadanía). Una nueva Administración que acompañe un proyecto de ciudadanía social para el s. XXI.

Los altercados de estos últimos días en diversas ciudades del Estado suman complejidades en la gestión de las emergencias sanitaria, social y económica derivadas de la crisis de la Covid-19. La introducción de comportamientos desafiantes, y a veces violentos, hacia medidas que buscan contener el avance de la pandemia añaden dificultades a la contención de la segunda ola. El fuerte crecimiento de nuevas infecciones por coronavirus llega cuando aún no nos hemos recuperado del primer embate: nuestras sociedades viven sumidas en una mezcla de cansancio psicológico y crecimiento exponencial vulnerabilidades socioeconómicas. Sufrimiento y malestar en expansión. Las incertidumbres de nuestro mundo actual se presentan en este episodio con toda su potencia: más dudas que certezas, más ejercicios de prueba-error que verdades dadas por descontadas. Es difícil asumir que somos incapaces de controlar la naturaleza.

Diversas son las aproximaciones que han tratado de explicar las movilizaciones de estos días. Y diría que todas tienen parte de razón. En primer lugar, es cierto que existe una estrategia deliberada por parte de la extrema derecha y de sus aliados políticos (Vox y el ala trumpiana del PP) de tensionar la calle para debilitar el Gobierno. Los grupos neonazis son perfectamente funcionales para tal finalidad. Lo vimos en las concentraciones en Núñez de Balboa aunque se trabaja para que el conflicto pueda adquirir un carácter más transversal. En segundo lugar, debe reconocerse que existe disconformidad entre algunos sectores en cómo se ha gestionado la respuesta a la pandemia. Aquí pueden encontrarse desde negacionistas conspiranoicos hasta una suerte de colectivos que reclama mayores márgenes de libertad. Sin poner en duda la letalidad del virus, defienden ponderar de manera distinta riesgos y sacrificios.

Siendo acertado todo lo apuntado, desde mi punto de vista hay un factor fundamental a considerar: un malestar de fondo que alimenta ciertas dinámicas conflictuales, pulsando ira y desazón. Una desafección creciente en sociedades cada vez más desiguales, con más sectores excluidos y con ciertos colectivos en caída libre. La expansión de unas clases medias empobrecidas: los perdedores del modelo socio-liberal. Unas vulnerabilidades sociales, pero también económicas y productivas, que provocan cada vez más grietas en la cohesión social. Una realidad que no es nueva, que se va larvando en el tiempo, y que en el nuevo milenio ha ido estallando en los momentos más tensionados. En 2011 la válvula de escape fue una disrupción en favor de más fraternidad e inclusión: una crítica hacia los de arriba (los poderosos de verdad). El peligro ahora se encuentra en que la salida puede ser regresiva y fragmentadora, fomentando el resentimiento entre los de abajo (o los de un poco más abajo).

La cronificación de una sociedad de los dos tercios, a modo y semejanza de como caracterizábamos a los países anglosajones hace unos años, es condenable desde un punto de vista normativo, pero también una amenaza para la paz social. No hay recetas mágicas para hacer frente a los retos socieconómicos que se presentan en nuestras sociedades, pero hay vías por las que transitar para ir cambiando el modelo. Seguramente se deberá ser ambicioso y acertar con las medidas a corto plazo. La apuesta por construir un “escudo social” (ERTE, IMV, ayudas a autónomos, etc.) y las inyecciones de recursos al sistema productivo van en buena línea. A la vez, son positivas medidas autonómicas o locales de apoyo a la pequeña y mediana empresa, o a los colectivos excluidos de las ayudas generales. Las administraciones en los distintos niveles territoriales y sectoriales, en una situación excepcional como la vivida, deberían coordinar esfuerzos. Además, hay retos urgentes aún pendientes, por ejemplo, la prohibición de desahucios y cortes de suministro, las exenciones de cuota a pequeños autónomos, o la agilización y desburocratización en el acceso y cobro de prestaciones.

Ahora bien, sería una equivocación pensar que el reto termina en las inmediatas políticas públicas que pueden (y deben) realizarse. Pan para hoy y hambre para mañana. Urge rehacer un nuevo pacto social en pleno siglo XXI que, con el espíritu redistribuidor de los “treinta gloriosos”, tenga en cuenta transformaciones y vulnerabilidades presentes. Hay camino por recorrer desde la proximidad pero el reto trasciende las fronteras del Estado-Nación: la batalla en Europa debe darse. Urge también reconstruir vínculo social. Revalorizar lo común y lo público. Poner en el centro la inclusión relacional: las redes de apoyo, las solidaridades comunitarias o el activismo por la vida. Y vinculado a la pandemia, tomar prestado el lema de la lucha contra el SIDA: “cuídate, cuídame”. No creo que valgan los atajos que puedan pasar por cambiar la pancarta en las movilizaciones o por integrar desde la izquierda determinadas demandas de base insolidaria e individualista. Porque de batalla cultural también se trata.

La “operación Volhov” que ha llevado a cabo la Guardia Civil en diversos municipios de Catalunya ha sido dirigida por el coronel Daniel Baena y tutelada por el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. El operativo se habría saldado con una treintena de registros y una veintena de detenciones. Se trataría de una pieza separada que derivaría de las diligencias previas 11/2016 referentes a un presunto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona. Puede que las casualidades existan. A primera hora de la mañana también se hacia pública la decisión de la fiscalía de no presentar recurso ante la sentencia absolutoria de Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos d’Esquadra alegando “el rigor y la calidad técnica” de esta. Es más: el escrito del ministerio fiscal sí cuestiona la calidad de los atestados policiales que llevan la firma del mismo Baena. Nada nuevo, ratifica una idea que desarrolla ampliamente el fallo.

Avancemos. Hoy jueves se celebra en el Congreso de Diputados una votación importante: el contenido y el alcance del Estado de Alarma, instrumento que debería ser el paraguas para la gestión de la pandemia durante esta segunda ola. A diferencia de marzo, se constituyen en autoridades competentes delegadas las presidencias de las CCAA. Serán ellas, en función de desarrollo de sus competencias, las que modularán las medidas que se crean más convenientes en cada contexto. Hasta el último momento hay negociaciones en marcha: sobre la duración y el control parlamentario de este instrumento, sobre la inclusión de la posibilidad de confinamientos domiciliarios diurnos, y hasta la potestad de ordenar el teletrabajo. De entrada, parece que la mayoría gubernamental cuenta con los votos de, como mínimo, los que apoyaron la investidura. Puede que más.

Avancemos más. El martes pasado el gobierno aprobó una propuesta de presupuestos que sus responsables caracterizaron como “expansivos” y “progresistas”. Y estos deben encarrilar su curso. Las cuentas, que aumentan un 10.3% en gasto público, buscan atender las prioridades actuales pero a la vez contemplar inversiones para transformaciones de fondo de el sistema productivo. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias le han dado trascendencia a una de las leyes más importantes del funcionamiento de la legislatura: esta supone la adopción de una senda nueva que puede permitir afrontar retos estructurales socio-económicos del país. Se prevé una entrada de nuevos recursos con el aumento de impuestos a las rentas más altas de capital (más de 200.000 euros anuales) y de trabajo (más de 300.000); así como a grandes empresas y sociminis. Junto a esto los morados han conseguido arrancar un acuerdo para la regulación del precio de alquileres con un plazo de 4 meses y mejoras de acceso al IMV.

Para que la triangulación de progresista y plurinacional se consolide resulta imprescindible avanzar en dos direcciones: la consecución de la estabilidad del bloque de la investidura con la aprobación del estado de alarma y los presupuestos generales; y la distensión de la crisis catalana. Ambas cosas van de la mano, difícilmente una va a avanzar sin la otra. Para desplegar la potencialidad de la correlación de fuerzas más disruptiva desde la II República se requiere que ningún vértice de la figura geométrica (PSOE, Podemos y ERC) se baje del carro. Si se caldea el ambiente pre-electoral catalán los republicanos pueden recibir presiones para desentenderse de la batalla. Coger el toro por los cuernos en esta crisis del régimen del 78 requiere plantear transformaciones profundas en la administración pública, poder judicial y cuerpos policiales, entre otras. Las resistencias serán importantes y la existencia de ruido puede a la vez generar tensiones en algunos sectores socialistas. 

Retornamos a lo que decía antes. Puede que las casualidades existan. Pero también cabe decir que en nuestro país tenemos una amplia experiencia de voluntad de interferencia de determinados sectores de los aparatos del Estado para comandar el devenir político. Y su activación para bloquear ciertas salidas negociadas de conflictos enquistados. Se identifica una suerte de consciencia corporativa de que los sujetos estatales perviven en el tiempo y que los gobiernos van pasando. Además, la constatación cada vez más amplia del agotamiento de algunos consensos territoriales, políticos y socioeconómicos genera mayores y más virulentas resistencias al cambio. En definitiva, dejando al margen la valoración sobre el contenido del proceso judicial en marcha (aún no han trascendido informaciones fiables) resulta como mínimo pertinente poner en duda la gestión de los “tempos” en la ejecución del operativo. Y precisamente por esto, será importante observar si los principales actores de la triangulación tienen capacidad de poner luces largas y cabeza política. Parafraseando una gran campaña de otros tiempos, lo que más les duele.

Desde la noche electoral del 26M de 2019, la Comunidad de Madrid se ha ido construyendo como una suerte de contrapoder al Gobierno de España. El ala dura del PP, con una importante influencia de la FAES, ha querido compensar la pérdida de poder institucional con la activación de una apuesta muy ideologizada y radicalizada en un gobierno simbólica y materialmente importante para el conjunto del Estado. Por un lado se trata de generar conflicto para dificultar la gobernabilidad del país, complicando la activación de reformas estructurales. Son conscientes de que la división de las derechas dificulta el retorno a corto plazo de los azules a la Moncloa. Pero, por otro lado, también se trata de ganar posiciones en la guerra dentro del mismo PP. Frente a un cierto vacío de poder después de la caída de Rajoy, las correlaciones de fuerza aún no son definitivas en esta formación.  

La gestión de la segunda ola de la pandemia entra en las coordenadas de construcción de este espacio de oposición. Si bien el colapso de primavera puede achacarse a una cierta inevitabilidad debido al hecho de que se estaba frente a un fenómeno inesperado (combinado con los efectos del achicamiento de lo público a lo largo del tiempo), la manera de afrontar el otoño adquiere otra naturaleza. Las decisiones que se toman son conscientes, hay un margen importante de elección. A sabiendas, no se refuerza la atención primaria y la vigilancia epidemiológica, no se llevan a cabo restricciones de movilidad o de aforos una vez superados determinados umbrales de contagio. En nombre de una concepción extremadamente neoliberal de la libertad, se fía toda la guerra contra la pandemia a los hospitales, con esperables efectos sobre la mortalidad (eso sí, con enorme desigualdad de clase) y la recuperación económica de las mayorías. Y no solo. Se desarrolla una intensa justificación de la insolidaridad de la comunidad frente al resto de territorios: “Madrid es España dentro de España”. 

Nada nuevo bajo el sol. Una élite extractiva en plena lucha de clases y de vaciamiento del conjunto del país. En beneficio suyo, de nadie más. Una clase dirigente anclada en una suerte de latifundismo centralista, que ha gozado de privilegios durante los dos últimos siglos, y que ahora se mantiene cabalgando en un neoliberalismo desenfrenado. Quizá más amenazada y por eso más agresiva. Goza de importante penetración en los aparatos estatales. No aporta ni tejido productivo de calidad ni innovación económica, pero se enriquece a partir del manejo de resortes institucionales. Privatización de recursos, socialización de pérdidas: ¿un keynesianismo del 1%? Sin ir más lejos, la lógica de la reducción de impuestos en la CAM favorece la deslocalización de empresas y el empobrecimiento de otros territorios, a la vez que el aumento de desigualdad y degradación de los servicios públicos en el propio. En definitiva, se trata de unas lógicas económico-políticas que se saben protegidas por la no impugnación generalizada del desigual reparto de instituciones, infraestructuras y recursos en el territorio. Lo cuenta muy bien Xavier Domènech en su libro “Un haz de naciones”. Un grupo dominante que, desde el centro, ha ido moldeando el país a su antojo. 

Quizá ha llegado el momento de aceptar que el gran peligro para el futuro de España no es Catalunya. Ni Teruel. Hace mucho tiempo que se confunden consecuencias con causas. Lo que realmente pone en duda la viabilidad del Estado son las prácticas reiteradas de sustracción de futuros a unas mayorías territoriales y ciudadanas. Y ahora además nos jugamos obscenamente la vida. Pasqual Maragall dejó escrito en 2003, en pleno apogeo del aznarismo y justo después del tamayazo, un artículo que llevaba por título “Madrid se ha ido”. Este concluía así: “Cuatro años más de deriva como la de los dos últimos y España perdería el norte. Y nunca tan bien dicho”. El president tenía muy buenas intuiciones. No sé si llegamos a tiempo. Pero el reto merece intervenciones valientes y profundas.

La celebración del 11 de septiembre de este año fue la más deslucida desde que se dio el pistoletazo de salida del procés hace ya ocho años. Y no solo por la reducida presencia de ciudadanía en la calle, achacable ciertamente a la pandemia. El cansancio que provoca una carrera de fondo sin horizonte o las disputas en el seno del independentismo deberían ser variables a tener en cuenta. Pocos balcones o ventadas lucían estelades o senyeres, y los medios de comunicación públicos funcionaron durante la jornada a medio gas, por poner solo dos ejemplos. Además la ANC, principal organizadora de la cita, cada vez se dirige más hacia los convencidos. La movilización de esta diada fue la más “militante” en muchos años. No hubo para nada desborde ciudadano.

Ahora bien, esta constatación no puede llevar al lector a pensar que la cuestión territorial, y en concreto el conflicto entre Catalunya y España, vuelve a su cauce. Al contrario. La grieta profunda que supone la crisis del modelo autonómico no puede más que engrandecerse. La forma de organización territorial que se desarrolla en los ochenta, sobre todo a partir de los pactos entre los dos principales partidos españoles (UCD y PSOE en 1981 y PSOE y PP en 1992), muestra su pérdida acelerada de consensos a partir del segundo gobierno Aznar. El proceso de descentralización cuasi-uniforme en 17 comunidades autónomas acaba generando tensiones centrípetas y centrífugas a la vez. La crisis catalana es la más grave pero no es ni mucho menos la única.

Además, la judicialización del contencioso, y sobre todo el uso político del derecho, ha escalado el conflicto. Hacer que resuelvan los jueces un conflicto de naturaleza política no es nunca una buena idea. Pero que además se construya una suerte de activismo judicial en la cúpula de este poder, que active un excepcionalismo penal iliberal con elementos similares al utilizado en el último tramo de la “lucha antiterrorista”, solo puede traer nefastas consecuencias. La existencia de presos y exiliados cronifica el problema. El uso de tipos penales anacrónicos que llevan aparejadas penas desproporcionadas o el recurso a la prisión provisional sin que se cumpla ninguno de los requisitos devalúan la propia institución judicial y el Estado de derecho. 

En Catalunya, desde el 28 de octubre de 2017, la vida política está bañada por pasiones tristes (a modo spinoziana). Los distintos sectores políticos y sociales (me atrevería a decir todos) navegan en un sentimiento difuminado de desesperanza y sensación de no futuro. Bajos perfiles, nulos proyectos. Catalunya ha dejado de ser aquel país dinámico, ilusionante e innovador que encontraba su espacio en Europa y el mundo. Y esto evidentemente no es bueno. Pero tampoco lo es para España. Los efectos desestabilizadores sobre la gobernabilidad española son evidentes. Y la afectación va más allá, apunta al corazón del proyecto de Estado. 

Es por eso que existen incentivos en ambos lados del Ebro (y en varios actores políticos) para abrir un escenario sincero y valiente de resolución negociada del conflicto. En todo proceso de este tipo se requiere de un período previo de distensión. Trabajo invisible de hormiguita. Generar este contexto inicial de confianza y entendimiento es quizá el punto más difícil y las citas electorales no lo facilitan. Ahora bien, un gesto del ejecutivo acelerando la reforma del código penal o aprobando indultos, y un compromiso firme de falcar la triangulación progresista y plurinacional por parte de ERC aprobando los presupuestos facilitaría un escenario de este tipo. 

Porque si se cree que ir tirando la pelota adelante ya no es una opción, quizá ha llegado el momento de dar la oportunidad para que mute el escenario. Es una evidencia que las dos vías que se han probado no han llevado a buen puerto: ni cerrar muy fuerte los ojos y pensar que la crisis territorial es un mal sueño que pasará, ni apuestas unilaterales con exiguo apoyo ciudadano (un 47% -o un 60% da igual– es poco para una apuesta del tipo).

¿Ha llegado el momento de una tercera vía?

Este fin de semana ha entrado en vigor la resolución del gobierno catalán por la que se prohíben encuentros y reuniones de más de diez personas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público (con distintas excepciones). Con esta medida se intenta frenar el ritmo de contagios por COVID-19 a dos semanas del inicio de clases y de la recuperación de una cierta normalidad laboral. No se trata de una medida nueva. Ya está en vigor en distintos territorios de Catalunya y de España. Y fue una de las recomendaciones que se acordaron en la última Conferencia de Presidentes.

En el texto de la misma resolución se apunta que “en el ámbito familiar y social es dónde se están produciendo un importante porcentaje de contagios, como consecuencia de la relajación en los controles preventivos para evitarlos”. Estos espacios son vividos como zonas de confort y de falsa seguridad: con nuestros seres queridos no puede pasarnos nada. Además, como también apunta la resolución, algunos contagios “provienen de personas asintomáticas que hacen una vida o actividad normal pero son agentes activos de transmisión de la enfermedad”.

España vuelve a ser el país de la UE con mayores tasas de contagio por COVID-19. Es evidente que las cosas no se han hecho bien. Es cierto que la estructura productiva y social del país explica parte del desastre. Pero no solo. Las administraciones públicas (autonómicas y central) han ido a remolque de los acontecimientos en esta “segunda ola” de la pandemia. Muchos expertos coinciden en el análisis de que se ha pasado a una “desescalada” demasiado acelerada, a la vez que se ha producido una entrada a la “nueva normalidad” sin la necesaria capacidad de detección y rastreo de casos. A pesar de que la circulación del virus se redujo drásticamente gracias a uno de los confinamientos más duros del planeta, éste aún vivía entre nosotros... Se confió demasiado en que el empeoramiento de la situación no se produciría hasta otoño. No había demasiado datos que así lo avalaran (ya estaba descartado que fuera un virus estacional), pero las tensiones entre gobierno central y autonómicos acabaron por decantar decisiones. Cada gobernante quería colgarse la mejor medalla.

Ahora bien, llegados al punto en que estamos, debemos ser conscientes de que la mejora de la situación requiere otra vez de la corresponsabilidad ciudadana. Las administraciones deben ponerse las pilas. Pero solo podremos reducir la incidencia del virus si modulamos nuestra actividad social y tomamos precauciones en nuestras interacciones con los otros. La transmisión comunitaria ya está presente en muchas zonas del país. Necesitamos ganar tiempo para poder avanzar en la vacuna y los tratamientos. Medidas como este decreto, bienvenidas sean. Dicho esto, es cierto que es complicado apelar a la implicación social cuando las administraciones han fallado. Y según mi opinión no solo han fallado con las medidas implementadas, es decir, con los efectos directos que estas hayan podido tener (por ejemplo, contagios que haya provocado el ocio nocturno o la abertura de fronteras). Sino, sobre todo, se ha fallado con los mensajes que se han lanzado a través de las propias medidas.

Un ejemplo muy ilustrativo: los bares abrieron antes que nada. Antes que escuelas, universidades, teatros o bibliotecas. Antes que centros médicos, oficinas de empleo o servicios sociales. Antes que centros cívicos, cines o parques infantiles. Abrieron incluso antes de que la gente pudiera ir a pasear o hacer deporte libremente por ciudades o pueblos (¡y montes!). La única manera de recuperar la sociabilidad perdida era encontrarse en un establecimiento de este tipo. En ellos además desaparecían, de facto, las tres medidas claves para hacer frente a la pandemia: manos, mascarilla y distancia. Se ha creado una falsa sensación de seguridad en ciertas prácticas de riesgo.

Y si se puede hacer en el bar, por qué no organizar una celebración en casa, o en el aire libre en forma de botellón. Hemos dado a entender que los bares, restaurantes y discotecas, y lo que allí se hace, son la única vía para recuperar una cierta normalidad en un país donde estar con los otros importa. Se puede entender la presión de algunos lobbies de la hostelería y el ocio nocturno. Pero ¿qué peso económico tienen estas actividades para el conjunto de la economía?, ¿qué hemos dejado de hacer como sociedad para acelerar su abertura? Y, sobre todo, ¿qué impacto ha tenido esta priorización en el comportamiento social? Esta última pregunta es la que me parece más relevante y la menos respondida.

Estamos en medio de una pandemia, va para largo. Debe ser posible pensar otra forma de ocio y sociabilidad. Utilizar intensivamente el aire libre. Fomentar actividades que puedan realizarse con mascarilla. Reinventar iniciativas donde incorporar la distancia social. Estar con amigos y familiares buscando otras formas de mostrar afecto. En la desescalada han tenido un papel importante médicas y estadísticos, economistas y juristas. Quizá ahora echamos en falta no haber tenido en cuenta las ciencias sociales para fomentar comportamientos sociales que ayuden a combatir la pandemia. Sociólogos, antropólogas, psicólogos sociales o politólogas podrían ayudar a construir otro ocio posible (y necesario) a partir de la comprensión de las peculiaridades de nuestra forma de entender la vida en sociedad. Porque negar el ocio no es la vía. Hacer como siempre, tampoco.

El 4 de septiembre una parte de los escolares tiene previsto iniciar el curso en Madrid y Navarra. Después se irán sumando niñas, niños y jóvenes de otras comunidades hasta llegar a los aproximadamente ocho millones de estudiantes. Hace seis meses abandonaron las aulas por la irrupción de la pandemia. Se planteó como una medida temporal pero los centros educativos (con algunas excepciones) ya no volvieron a abrir las puertas a lo largo del curso. En algunos casos se pudo seguir la enseñanza a distancia, en muchos otros no fue posible, sea porque no se ofreció desde las escuelas, sea por falta de medios o posibilidades familiares. Como han apuntado expertos de distintas disciplinas e ideologías, resulta imprescindible y urgente el retorno a la escuela. Existen razones de diverso tipo: pedagógicas, sociales, de conciliación, de desarrollo infantil, etc. El secretario general de la ONU, António Guterres, pedía a principios de agosto reabrir las escuelas para evitar una “catástrofe generacional”.

A pesar de este consenso generalizado, aún quedan muchas incógnitas por despejar. Si bien las comunidades han empezado a dibujar medidas y protocolos para el retorno, pocos son aún los recursos movilizados, y no parece que se hayan tejido muchos acuerdos amplios entre los distintos agentes implicados. Las amenazas de huelga son un claro ejemplo. Además, se echa en falta la capacidad de liderazgo e imaginación de los distintos responsables públicos para hacer realidad el derecho a la educación en un contexto complejo y excepcional. Una mirada estratégica y propositiva que permita construir un horizonte de optimismo. Dicho esto, quedan dos o tres semanas, según el territorio, para trabajar y es imprescindible ponerse las pilas. No hay tiempo que perder.

Por un lado parece evidente que no se puede hacer como siempre. Es necesario destinar recursos adicionales para poder abrir las escuelas en medio de una pandemia. Se requiere reducir ratios y ampliar espacios que utilizar para las actividades educativas. Cabe tener en cuenta que estamos en un momento delicado epidemiológicamente con riesgos de rebrote en muchos lugares del Estado. No resulta muy lógico que se pida a la ciudadanía que no se reúna en grupos mayores de 10 personas y a la vez planear “grupos burbuja” de 25-30. Las escuelas deben poder abrirse, pero las aulas también deben poder mantenerse abiertas. Es cierto que los recursos son limitados, pero se puede aspirar a mucho más de lo anunciado (sobre todo en algunas CCAA).

Por otro lado, resulta lógico pensar que se requerirá de un esfuerzo añadido de maestros y familias, y de la asunción de riesgos en un momento de incertidumbre. Si se considera la educación como un servicio esencial, ésta debe ser una prioridad incluso en condiciones adversas. Es posible que no se pueda seguir con el proyecto educativo de la escuela. Quizá algunos docentes tengan que ir más allá de sus funciones habituales. Puede que se tengan que utilizar espacios poco adaptados. En caso de cuarentenas, no podemos permitirnos que la escuela vuelva a desaparecer de la vida de niños y jóvenes. Se deberá hacer de la necesidad virtud. Y los sindicatos deberían hacerse cargo de la situación.

El 27 de agosto Illa y Celáa han convocado a los responsables autonómicos para marcar las condiciones de la vuelta a la escuela. Ahora bien, las comunidades tienen las competencias de educación y sanidad, y estas deben ejercerse. No deberían esperar a una reunión de coordinación para planificar el curso. En ella se pueden perfilar detalles, pero no más. Lo mismo sucede con los centros. Las direcciones, los claustros de profesorado y el consejo escolar deberían dibujar desde ya cómo plantearán la actividad pedagógica. Pueden pensarse modalidades al aire libre, la cooperación con centros cívicos del barrio o la reorganización del centro según recursos disponibles. La necesaria flexibilidad que debe darse a autoridades y centros para adaptarse a una realidad cambiante no puede confundirse con la desresponsabilización y la espera pasiva.

En definitiva, para hacer efectivo el derecho a la educación se requerirá del esfuerzo de todos/as. Y encontrar el punto medio de las medidas. Entre el todo (lo ideal) y el nada (hacer como siempre) hay un sinfín de espacio para transitar. Nuestras niñas, niños y jóvenes, y sobre todo aquellos de sectores más desfavorecidos, necesitan que responsables públicos, maestros y familias trabajen a la una. No es fácil, pero es la única vía.

Una parte importante de responsables políticos reconocen, ya sea en público o en privado, que la “crisis catalana” no encontrará solución o, como mínimo canalización, hasta que los dirigentes independentistas estén en la calle (y quizá los exiliados en casa). No es un dato menor, por poner un ejemplo, que el presidente de uno de los principales partidos que han dado vida a la XIV legislatura esté privado de libertad. La anomalía que supone esta situación introduce un alto componente de emotividad en la contienda política. En este sentido, Pedro Sánchez hablaba en su discurso de investidura de la necesidad de “recomenzar”, de “retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto”.

Muchos representantes públicos también coinciden en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo, utilizando la tipificación de la sedición, son desproporcionadas (injustas) y inadecuadas (fuera de contexto). Estas son fruto de la activación de una suerte de activismo judicial que tiene más que ver con un comportamiento corporativo de la cúpula judicial, orientado a la salvación de la unidad de España entendida como bien superior, que con la aplicación liberal del derecho.

En del debate público español y catalán se indentifican tres vías que permitirían desescalar los efectos de la judicialización de la política. Vamos a detallarlas.

Vía política penitenciaria. El objetivo de esta estrategia es explorar al máximo los espacios que ofrece la ley y el reglamento penitenciario para que a las personas presas se les puedan ir concediendo salidas de la cárcel. Por un lado se encuentra el avance en la clasificación penitenciaria: en este caso el paso del segundo grado -ordinario- al tercero, conocido también como de semi-libertad. Por el otro, sin acceder al tercer grado, también se puede disfrutar de permisos gracias a la flexibilidad que ofrece el articulo 100.2 u otros del reglamento penitenciario.

El protagonismo en esta vía recae en las juntas de tratamiento de las cárceles (funcionarios de distintas especialidades) y la administración penitenciaria (en este caso la conselleria de justicia). Una vez concedidos pueden ser objeto de recurso al juez de vigilancia penitenciaria o al juez sentenciador. Esta vía es la preferida por el PSOE: el mismo sistema carcelario es el que va flexibilizando el encarcelamiento. Ahora bien, la revocación ayer de los permisos concedidos a Carme Forcadell por parte de la sala segunda del TS, y todo lo que se deriva, parece cerrar esta opción. La única posibilidad de salvar esta opción sería que las fiscalías se inhibieran de recurrir, difícil a estas alturas.

Vía acción gubernamental: indultos. El gobierno tiene la facultad de indultar a personas penadas. El indulto es un derecho de gracia regulado por ley el 18 de junio de 1870: tiene como efecto la extinción de la responsabilidad criminal. Este instrumento decimonónico se encuentra recogido en el artículo 62.I de la Constitución y se materializa vía Real decreto publicado en el BOE. Este puede ser pedido por las personas afectadas pero también por otras, tribunales, gobierno, etc.

Desde un punto de vista técnico, se trata de la medida de más fácil y rápida aplicación. Ahora bien, algunos miembros del gobierno creen que puede tener costos políticos: a diferencia de la anterior requiere de una acción propositiva por parte del ejecutivo (juega a favor el hecho que nos encontramos a principio de legislatura). Aunque esta vía no sea la apuesta pública de los independentistas, es evidente que su activación desescalaría el conflicto y reforzaría la triangulación progresista y plurinacional surgida de la moción de censura. Estos días la UGT ha presentado formalmente la solicitud de indulto para la exconsellera Dolors Bassa, podría ser el inicio del camino.

Vía acción legislativa: modificación código penal o ley amnistía. Dos más son las propuestas, estas a desarrollar en sede parlamentaria. En Comú Podem apuesta por la modificación del código penal que, a parte de otras medidas, buscaría hacer una definición restrictiva del delito de sedición. Este cambio comportaría una aplicación retroactiva beneficiosa al reo. Además buscaría evitar que en un futuro se aplicase el tipo penal a miembros de movimientos sociales. Por otro lado, Omnium Cultural impulsa una amplia campaña para empujar la elaboración de una ley de amnistía que ponga el contador a cero. Y evitar el goteo de casos que irán poblando los tribunales, secuelas aún de los hechos de octubre. Estas dos propuestas tienen como elemento positivo el hecho que se impulsan desde la sede donde recae la soberanía popular, posibilitando debate y deliberación, aunque es cierto que se requiere de tiempo y conseguir amplios consensos.

En resumen, una vez cerrada la vía de la flexibilización de la política penitenciaria por parte de la misma sala del Tribunal Supremo que dictó la sentencia, llega la hora de la política. Ya solo se pueden desandar los efectos de la judicialización del contencioso, a espera de Estrasburgo, con acciones llevadas a cabo desde el ejecutivo o el legislativo, o de los dos en paralelo. Ministras y diputadas deben ser conscientes que solo ellas pueden ser las nuevas protagonistas de la desescalada. Eso si, para que algunas de estas medidas tengan recorrido quizá sería necesario un reparto de papeles: los miembros del ejecutivo mostrando su compromiso y valentía para hacer el camino; aquellos que forman parte de la correlación de la moción de censura bajando el tono de la conversación pública para posibilitar avances materiales. Complejo, porque los andares deberían ser acompasados. Pero necesario para salir del agujero.

El martes el presidente Pedro Sánchez presentó el plan de desconfinamiento para toda España que, si todo fuera bien, abarcaría desde el lunes hasta finales de junio. Este será asimétrico en el territorio y por fases temporales; se va a ir adaptando a la evolución de diversos indicadores epideomológicos y de capacidad sanitaria que se monitorizan permanentemente. La unidad de desescalada será a priori la provincia o la isla. Ahora bien, y a raíz de la demanda de varias comunidades, quizá se acabe utilizando como división operativa las regiones sanitarias u otro tipo de agregación territorial. De la misma manera que en los países europeos del entorno, se está trabajando en un escenario incierto y lleno de riesgos, en el que se va a ir avanzando con pruebas de acierto-error.

Nos guste más o menos el plan, para los y las ciudadanas la exposición de éste representa un cierto alivio. Sabemos a qué atenernos en los próximos meses, conocemos cómo va a ser el proceso, y tenemos claros cuáles van a ser los indicadores que van a acelerar o retrasar la llegada a la llamada “nueva normalidad”. Si la mejora es como se ha previsto, habremos estado aproximadamente dos meses confinadas y dos en transición. Nadie hubiera pensado unos meses antes que viviríamos esta experiencia, la última gran pandemia se remonta a poco más de un siglo atrás. Han sido y serán momentos duros y van a dejar huella, sobre todo en aquellos segmentos sociales más vulnerables.

Dicho esto, y en cuanto a control de la pandemia significa, lo más difícil aún está por llegar. Cuando el shock inicial se ha diluido, cuando las imágenes de hospitales saturados han dejado de monopolizar nuestros telediarios, las personas nos relajamos. Cuando el cansancio de vivir aislados va haciendo mella y ciertas situaciones devienen insoportables, la protección colectiva empieza a ser vivida como una constricción individual. La tensión que nos mantiene en alerta se desdibuja. Y es paradójicamente en la fase de desescalada y, sobretodo, en la de “nueva normalidad”, en la que va a ser más necesario que nunca el compromiso cívico.

Por el momento, las pautas de distanciamiento físico (término que creo más adecuado que distanciamiento social) y las normas de higiene son las únicas herramientas que tenemos para proteger a nuestras sociedades. Como viene alertándose desde el inicio de la pandemia, las medidas adoptadas son necesarias para salvaguardar nuestra salud pero sobretodo la de las personas mayores o con enfermedades previas. Se busca que no se saturen los servicios sanitarios e ir ganando tiempo a la espera del desarrollo de una vacuna y/o nuevos fármacos para tratar la enfermedad. En este contexto, el cambio de nuestros comportamientos para reducir la circulación del virus es imprescindible en aras del bien común.

En las últimas semanas ha habido un vivo debate en la esfera pública entre aquellos que recriminan a sus conciudadanos actuaciones no permitidas en la vía pública y aquellos que les reprenden tildándoles de “policías de los balcones”. En otras palabras, el clásico debate en las ciencias sociales sobre qué hacer con los free riders: soluciones cívico-republicanas o aquellas que apelan a la libertad individual. Esta discusión, además, se ha complicado al mezclarse con una dudosa solución jurídica para multar a los infractores: un número importante de expertos en derecho la tacha de desafortunada y poco ajustada a los procesos garantistas. Así como también por la existencia de ciertos abusos de poder que se han ido registrando a lo largo de la geografía.

Aparte de la gestión de comportamientos minoritarios, debería ser también objeto de preocupación ciudadana la forma de interiorizar la “nueva normalidad”. No será fácil (aunque sea para un periodo limitado de tiempo) acostumbrarnos a vestir mascarilla por la calle y lugares públicos, a posponer actos multitudinarios, a movernos menos, a reducir nuestra vida en las plazas, etc. Sería deseable en una sociedad democrática que los cambios de comportamiento fueran fruto de la asunción de nuestro compromiso con los otros y no de una obligación venida de arriba con amenaza de castigo. De la misma manera que para hacer frente al VIH interiorizamos las normas de protección como responsabilidad colectiva, hagámoslo ahora también con la COVID-19. De la misma manera que hicimos de la lucha contra el SIDA una forma de activismo, estructuremos así también nuestra respuesta social.

Afrontemos el desafío que tenemos delante con construcción de comunidad, de lo colectivo, pensando en el ejercicio de los cuidados, tomando consciencia de la solidaridad entre iguales. Seamos conscientes de nuestras vulnerabilidades y de nuestra naturaleza interdependiente. Cuidémonos, cuidemos y cuidemos el planeta. Hilvanemos proximidad social aunque sea en tiempos de distancia física. El Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB ha puesto en marcha un estudio para recopilar iniciativas sociales que ayudarían a reforzar esta maraña. Solidaridades contagiosas que se materializan en redes de apoyo mutuo específicas para el coronavirus; iniciativas de reciprocidad a nivel vecinal y familiar; experiencias culturales, deportivas o educativas on line; prácticas de solidaridad vehiculadas a través del tercer sector o formas de autoorganización que ya iniciaron en la anterior crisis.

Ahora bien, para transitar hacia un nuevo escenario a partir del compromiso cívico sería bueno que los gobernantes nos consideren ciudadanos racionales y con capacidad crítica. Que nos den datos, información y argumentos. Y sobre todo, que nos expongan las dudas. Ha habido propuestas controvertidas y discutidas entre los decisores públicos. Hágannos partícipes de los debates, también cuando existen importantes disensos. Si nos sentimos corresponsables de la incertidumbre será más fácil avanzar de manera comprometida hacia el nuevo escenario.

En el cambio de milenio, a modo de piezas de dominó, cada vez más países de América Latina pasaron a ser gobernados por proyectos progresistas. O, mejor dicho, por propuestas populares, a favor del pueblo (como así se autodenominaban). Con una gran heterogeneidad entre ellas (se radicaban en países con características diversas y los impulsaban actores a veces con pocas cosas en común), compartían la voluntad de trabajar para el retorno del Estado (o en algunos casos, la simple construcción de Estado). Recuperar recursos para servicios públicos, transferencias e infraestructuras, y a la vez fortalecer instrumentos de gobierno y de planificación de políticas públicas. El Consenso de Washington había empujado a los países de la región en los noventa (la larga noche neoliberal) a una contracción de la institucionalidad pública. Fueron años duros en que la desigualdad (en el continente más desigual del planeta), la destrucción de los tejidos productivos y de clases medias, la pobreza y la indigencia asumieron cotas dramáticas.

En los momentos de máximo esplandor de algunas de aquellas propuestas (por ejemplo, la victoria electoral de Rafael Correa con un 60% en 2013 que premiaba los buenos rendimientos de sus actuaciones públicas) los países del sur de Europa estaban probando ya la medicina de la austeridad. No se había aprendido nada de lo que había pasado en el continente hermano. Se rescataban bancos pero se dejaban caer, a su suerte, importantes sectores sociales y también parte del tejido empresarial local. La vieja receta thatcheriana aplicada a rajatabla: reducción de la intervención del Estado en la economía, desregulación del mercado laboral y disminución de la prestación de servicios públicos de sanidad, educación y protección social. Las instituciones comunitarias y los principales estados de la UE presentaron esta como la única vía de actuación. Europa profundizaba en su descohesión interna: entre países y entre clases sociales.

Hoy a Latinoamérica, a modo de péndulo, le vuelven a sangrar las venas abiertas. La lucha numantina de algunas alianzas sociopolíticas nacionales por salir de la histórica posición de subalternidad en la que les había situado el colonialismo y el cortoplacismo egoísta de las élites locales no pudo concluirse. Hubo coyunturas y razones internas. Pero además faltó tiempo y recursos para consolidar una apuesta regional. Una coordinación con peso económico y demográfico que pudiera presionar por otro reparto geopolítico. Una integración latinoamericana para poder profundizar en la transformación económica y social interna. Tampoco se consiguió gestar un gran pacto entre sectores económicos, políticos y sociales para hacer un salto de escala, para caminar hacia un futuro próspero común.

La crisis de la COVID-19 nos sitúa frente a enormes retos: las respuestas no pueden ser más de lo mismo (o repetir los errores de 2008). Parece que en nuestros países ya es un sentir hegemónico la necesidad de un retorno de lo público, de lo común. Frente a los retos en mayúsculas, el neoliberalismo languidece. Es la sanidad pública la que cuida de nuestros enfermos, son las inyecciones de dinero público las que van a salvar a ciudadanos y empresas posibilitando que no se pare la maquinaria económica y productiva, es la alianza público-privada la que garantiza producción para el bien común (vacunas, respiradores, test, mascarillas, etc.). Resuena al norteamericano New Deal de Roosevelt. Resuena al constitucionalismo social de la Europa de después de la II guerra mundial. Ahora bien, necesitamos tomar nota también de lecciones contemporáneas. Eso es, en un mundo globalizado e incierto, toca dar la batalla por Europa. Es necesaria la construcción de una integración regional basada en derechos civiles, políticos y sociales con peso a nivel internacional. Y se requiere de la implicación y compromiso de actores e intereses diversos: trabajadores, empresarios, ecologistas, campesinos, jóvenes, jubilados, etc. Por responsabilidad y/o interés.

Ahora bien, defender Estado no puede limitarse a reproducir lo construido tras el crack del 29 y la II Guerra mundial. Defender Estado hoy es defender una pluralidad de la institucionalidad pública, eso es, una gobernanza multinivel. Defender Estado es también impulsar lo común, lo público no estatal: lo institucional y lo comunitario retroalimentándose. Defender Estado es plantear unas administraciones públicas que no caigan en el paternalismo ni la rigidez, abiertas a la participación ciudadana y con vocación de la proximidad. Defender Estado es comprender los retos ecológicos, sociales y culturales de nuestro mundo complejo. Defender Estado, en definitiva, para darnos una forma de gobierno y de acción social que nos cuide y cuide al planeta en pleno siglo XXI.

En varias de las informaciones contextualizadoras del juicio a José Luis Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra se resaltaba la figura de la juez Concepción Espejel caracterizándola como amiga de Dolores de Cospedal (y por eso recusada en el juicio del caso Gürtel). En otro contexto esta información sería más bien propia de la prensa rosa que de la crónica política pero a día de hoy se trata de un dato importante. La relación entre política y justicia ha devenido central en el llamado proceso de judicialización de la política alrededor del procés y por eso se pone el foco en la cuestión. Ahora bien, esta vinculación entre ambas esferas se lleva a cabo a través de dinámicas distintas, que tienen relación, pero que conviene analizar separadamente.

En primer lugar, se ha producido una suerte de activismo judicial. Se ha activado un comportamiento corporativo en la cúpula de la magistratura destinado a la salvación de la unidad de España. Así pues, frente a una supuesta inacción de los líderes políticos hacia el desafío independentista, ellos toman las riendas en el contencioso. La alta magistratura entendía que se debía erigir como partisana en la defensa de un bien superior que afectaba al Estado. Este tipo de prácticas tienen más que ver con dinámicas endógenas de una élite judicial que con presiones externas. El uso del derecho con finalidades políticas, para proteger a un supuesto bien superior, no es la primera vez que se produce.

Podemos remontarnos, por ejemplo, al último periodo de la llamada lucha antiterrorista para encontrar lógicas similares. La construcción de los macrosumarios contra el “entorno” de ETA (sumario 18/98 y más), alargando como un chicle el concepto de terrorismo en manos del juez instructor Baltasar Garzón, normaliza este tipo de prácticas. Personas y colectivos que hasta el momento habían desarrollado actividades políticas y sociales publicas y legales pasan a ser acusados de pertenencia a banda armada.

Según mi opinión, hay mucho de activismo judicial en la primera fase del fenómeno de la judicialización de la crisis catalana. A pesar del papel activo de la Fiscalía General del Estado, mi hipótesis es que en el momento de los “hechos de octubre” hay más interés en escalar la dinámica represiva en jueces que en políticos. Además, no todos los protagonistas que activan la maquinaria judicializadora pueden tildarse de conservadores.

Desde el encarcelamiento de los líderes independentistas (16 de octubre y 2 de noviembre de 2017) hasta el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy (1 de junio 2018) y, sobre todo, hasta la victoria en las urnas de Pedro Sánchez (28 abril 2019), puede afirmarse que el protagonismo de la gestión del contencioso recae en los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

En segundo lugar, actúa una relación a modo de correa de transmisión entre políticos y magistrados. Es decir que, bien por convencimiento, bien a cambio de ciertos tratos de favor dentro de la carrera judicial, algunos magistrados actúan en beneficio de “su” partido. En este sentido, el PP, a partir del paso de Gallardón por el Ministerio de Justicia, ha conseguido consolidar mayorías conservadoras en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional y, de manera derivada, en la Junta Electoral Central. No solo se trata de mayorías conservadoras sino de jueces y juezas con una importante vinculación y compromiso con dirigentes del PP. Sin entrar a juzgar su valía profesional, lo cierto es que en la elección de algunos de ellos ha primado más su fidelidad partidista a otro tipo de consideraciones.

La voluntad de politizar, en el sentido de partidificar, la cúpula judicial la encontramos ya en tiempos de José Luís Rodríguez Zapatero. Con el objetivo de desgastar al gobierno socialista, el PP de Mariano Rajoy inicia una campaña contra el Estatut de Catalunya, a la vez que bloquea la renovación del propio Tribunal Constitucional que es quien debe tomar cartas en el asunto. Si hasta el momento el TC, con mayorías progresistas o conservadoras, había gozado de un importante consenso, a partir de aquel momento pasa a ser objeto de sospecha. Se partidifica una institución del Estado. Y de aquellos tiempos, esos lodos. La partidificación ha ido avanzando en toda la cúpula judicial.

Con la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez, la guerra judicial contra el Gobierno se activa. La lógica de actuación ya es exógena. El protagonismo de la judicialización de la política (o en su vertiente contraria, la resistencia a desjudicializar) pasa de la élite judicial a la esfera política. Son los dirigentes del PP de Casado los que mueven fichas e intervienen en el poder judicial para que no se distensione el contencioso. Saben que el éxito del Gobierno de Sánchez depende en gran parte de la capacidad de gestionar la crisis catalana que pasa, en un primer momento, por bajar el acelerador en la esfera judicial.

En definitiva, estamos frente a dos fenómenos que dan cuenta del excepcionalismo penal en relación con la crisis catalana. La cultura de la emergencia escala conflictos, a la vez que degrada el Estado de derecho y la propia democracia. Es evidente que el poder judicial español requiere de transformaciones. Quizá de modo inmediato lo más importante sea cosa de nombres: cambiar determinadas piezas en el organigrama. Y a ese objetivo responde, por ejemplo, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Ahora bien, existen importantes retos de fondo que deben empezarse a plantear.

En primer lugar el proceso de selección y formación de magistrados, que genera sesgos de clase, ideológicos y de origen en los 5.400 jueces españoles, y que mantiene una cultura jurídica muy anquilosada en el pasado. En segundo lugar, el gobierno de los jueces: ¿debemos replantear como se elige el CGPJ y como este hace los nombramientos? No es tarea fácil, no existen soluciones mágicas. Además, aquello que ha pervertido más el sistema no es tanto la política sino el partidismo. Al nuevo gobierno y a su mayoría parlamentaria se les echa trabajo encima.