Las previsiones apuntan una recuperación económica más rápida de lo previsto inicialmente. Sin embargo, tanto las distintas variantes de la COVID-19 como la falta de vacunas y su desigual distribución en el mundo hacen que las incertidumbres sobre el futuro sigan presentes.

La posición de las instituciones europeas de no retirar prematuramente los estímulos de recuperación debe mantenerse. Del mismo modo, la interacción entre las políticas monetaria y fiscal ha demostrado ser eficaz, y, por ello, también tiene que continuar. El reciente anuncio de la revisión estratégica del BCE viene a reforzar esta posición, que se extiende a ambos lados del Atlántico: así lo manifestó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Eurogrupo.

Además, está previsto que la suspensión de las reglas fiscales mediante la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se prolongue hasta el final de 2022. Este contexto de suspensión hasta el año 2023 presenta una ventana de oportunidad para acometer una revisión de las reglas de gobernanza económica en la UE. 

En un informe liderado por el grupo socialdemócrata y respaldado por una amplia mayoría de la cámara en el último pleno, el Parlamento Europeo pidió la revisión del marco legislativo macroeconómico antes de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia. La revisión del PEC no puede posponerse más. Llevar a cabo esta revisión tras la desactivación de la cláusula provocaría complicaciones y divisiones, y el riesgo de una consolidación prematura frenaría la recuperación económica.

El PEC no puede ser, como lo fue en la década anterior al estallido de la pandemia, un obstáculo para el crecimiento económico. Los niveles de productividad de la UE son bajos y el crecimiento es desigual entre los Estados miembros. En este contexto, el crecimiento no debe concebirse solo como una creación de riqueza y capital, sino que debe ser también una herramienta para combatir las desigualdades, incrementar el bienestar de las personas e impulsar el cumplimiento de los compromisos del Pacto Verde Europeo, los Acuerdos de París o el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

Para que esto sea posible, necesitamos una nueva forma de abordar las inversiones públicas. En la última crisis financiera, se puso el foco en la reducción del déficit y la deuda pública.  Esto se tradujo en que las normas sobre la deuda y el déficit se convirtieron en objetivos más que en instrumentos, pero resultaron ser ineficaces, complejas y obsoletas. La inversión pública, y en consecuencia las personas, fueron las primeras víctimas de la consolidación fiscal. La coherencia con los compromisos políticos requiere una capacidad presupuestaria adecuada. Una inversión de calidad se traduce en unas finanzas públicas de calidad, lo que, a su vez, mejora la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y aumenta el crecimiento potencial de las economías. En consecuencia, el Parlamento considera que los gastos considerados sostenibles deben recibir un tratamiento especial en el cálculo de las normas presupuestarias.

Un PEC revisado requiere una nueva concepción de las deudas soberanas. En lugar de centrarnos únicamente en las ratios de deuda, debemos garantizar la sostenibilidad de la misma. Con la deuda pública en niveles récord y, al mismo tiempo, los tipos de interés en niveles muy bajos, necesitamos una noción más dinámica de la deuda que garantice trayectorias de reducción diferenciadas por países y basadas en una única regla de gasto. 

La revisión de las normas fiscales no puede ignorar el potencial de los instrumentos de respuesta a la crisis, como el SURE y el programa Next Generation EU. Financiados por la deuda europea, demuestran que la Unión está mejor protegida contra los choques gracias a los instrumentos comunes.

Asimismo, la coordinación de la política fiscal requiere un instrumento de capacidad fiscal que actúe de forma anticíclica en casos de choques simétricos y asimétricos. Esto debería formar parte de la caja de herramientas a disposición de la Unión, y la Comisión Europea debería aprovechar plenamente su potencial. 

El Parlamento ha logrado construir y adoptar una posición clara. Ahora le corresponde a la Comisión presentar las iniciativas legislativas necesarias, y al Consejo, dejar atrás su funcionamiento en pequeños grupos de países y crear un entorno de confianza mutua entre los Estados miembros. Es esto lo que la ciudadanía espera de la Unión Europea.

La respuesta a la Gran Recesión se basó en recortar el gasto público y subir los impuestos a la clase media. La adopción de estas medidas dio lugar a una larga recesión y al auge del resentimiento populista en Europa. Las devastadoras consecuencias de las recetas aplicadas hace una década constituyen un motivo más que suficiente para que la respuesta a la Gran Reclusión sea completamente distinta. Las firmas más contaminantes, las grandes corporaciones y las rentas más altas llevan años evadiendo impuestos, y es el momento de acabar con esta práctica. Para ello, es fundamental tomar medidas a nivel europeo.

La era del sector público menguado ha llegado a su fin. El Estado ha impedido que la sociedad implosionara en nada menos que dos ocasiones en los últimos 15 años. El Estado nos protegió, pero lo hizo a cambio de pagar un alto precio. Los miles de millones de euros de deuda pública estaban todavía muy lejos de haber sido devueltos cuando el Estado tuvo que actuar de nuevo para proteger vidas y rentas de sus ciudadanos. 

Tras la crisis financiera, los presupuestos se reequilibraron mediante recortes del gasto público y subidas de impuestos a las clases medias. En este sentido, es necesario tomar medidas a escala europea para evitar cometer los mismos errores que entonces. Solo lograremos construir una economía más justa y sostenible si hacemos que sean las empresas más contaminantes y los más ricos quienes paguen la factura de la presente crisis. La recién constituida subcomisión permanente de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo impulsará una ambiciosa agenda con este fin.

En primer lugar, la UE necesita focalizarse mucho más en la lucha contra la evasión fiscal. Los gobiernos de la UE pierden anualmente en torno a 170.000 millones de euros en ingresos fiscales, lo que merma la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia. Algunos Estados miembros de la Unión tienen una gran responsabilidad sobre este asunto, y el Parlamento Europeo es la única institución que se ha atrevido a apuntarlos con claridad. Con independencia del resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo para reformar nuestro sistema fiscal, la UE debe crear un “muro fiscal” -que asegure que se gravan adecuadamente todos los dividendos y pagos de intereses a países terceros- para detener la planificación fiscal agresiva.

Los que más tienen no solo se benefician de los impuestos bajos a través de los beneficios que generan las compañías de las que son propietarios. Sacan provecho, además, del hecho de que dinero llama a dinero, lo que está provocando una acumulación de riqueza en las manos de unos pocos sin precedentes desde la II Guerra Mundial. El resultado de todo esto es la creciente brecha entre la clase pobre trabajadora y los más ricos. Para evitar que estas desigualdades alcancen cotas que serían muy difíciles de revertir, Europa debe poner en marcha impuestos a la riqueza. 

La sociedad europea del post-coronavirus tiene que ser más igualitaria y sostenible que ninguna otra sociedad en la historia. Para ello, las compañías más contaminantes deben pagar por el daño que causan al medioambiente, de manera que podamos cumplir con los compromisos adoptados en la Conferencia sobre el Clima de París. Del mismo modo, tampoco podemos cruzarnos de brazos ante las empresas extranjeras que venden productos contaminantes en nuestro mercado. Con un impuesto sobre las importaciones contaminantes (mecanismo de ajuste de carbono en frontera), la UE puede salvar a los productores nacionales y al mismo tiempo utilizar su tamaño de mercado para exportar nuestras ambiciones climáticas en todo el mundo.

Hasta ahora, el hecho de que aprobar legislación europea en materia de impuestos requiera unanimidad en el Consejo ha impedido en gran medida la adopción de normas serias. Paradójicamente, el resultado de la unanimidad ha sido una erosión, gradual pero constante, de la soberanía nacional. Pese a haber sido aclamada como una herramienta para proteger el poder de los Estados miembros, la unanimidad y el estancamiento que ha provocado en materia fiscal ha puesto el poder en manos de las empresas, que ahora pueden obtener beneficios y pagar impuestos donde quieran. 

Esta situación pone a los gobiernos bajo presión para seguir las bajadas de impuestos puestas en marcha por los Ejecutivos de otros países de la Unión. Así, todos los Estados reducen sus impuestos, lo que provoca que, en lugar de ser capaces de tomar el control de sus políticas fiscales, los Estados tengan permanentemente una soga alrededor del cuello. Cada movimiento en este sentido provoca que los Estados se alejen cada vez más del nivel de presión fiscal necesario para mantener los servicios públicos a flote. La unanimidad ha fallado en su cometido de proteger el poder de los gobiernos nacionales y, por ello, es hora de dejar atrás este mecanismo de toma de decisiones en materia fiscal.

Con el telón de fondo de la crisis del COVID-19 y el retorno del Estado como garante del bienestar ciudadano, la política fiscal europea está alcanzando la madurez. Necesitamos reconstruir nuestras economías y hacer que sean mejores: más justas y más sostenibles. Un impuesto justo para las empresas, los ricos y los grandes emisores de gases contaminantes es la hoja de ruta a seguir. El rumbo que hemos de tomar está claro, pero es necesario alejarse de la unanimidad para emprender este camino al ritmo que requiere la gravedad de la situación que vive Europa. El Parlamento Europeo, a través de su nueva subcomisión de Asuntos Fiscales, está listo para actuar ya.

El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría el Acuerdo Económico y Comercio Global con Canadá, más conocido como CETA. El acuerdo entrará ya en vigor de manera provisional una vez haga lo propio el parlamento canadiense sujeto, en todo caso, a la ratificación posterior por todos los Estados miembros. El acuerdo ha estado sujeto a notables críticas, amplificadas por el debate sobre el TTIP, el acuerdo con Estados Unidos, que se encuentra paralizado o incluso muerto tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En esta breve columna pretendo salir al paso a algunas de las críticas que se han vertido sobre el acuerdo y, por lo tanto, defender mi voto afirmativo. Quiero clarificar que mis argumentos van dirigidos a aquellos que como yo aspiran a vivir en una sociedad igualitaria en el marco de una economía social y de mercado, junto a eficientes instrumentos de regulación y redistribución de la renta. O dicho de otra manera, hay personas que están contra el CETA en la medida en que están siempre contra el mercado. Mi colega Miguel Urbán es anticapitalista y, por lo tanto, se sitúa contra este acuerdo comercial. Por ello, la discusión sobre este asunto con estos amigos no puede focalizarse sólo en el CETA, sino en el modelo de sociedad al que se aspira. Por lo tanto, quiero dejar claro que al debatir las bondades o maldades del CETA no puedo entremezclarlo con un intercambio de opiniones sobre la naturaleza de la economía de mercado. Ese es otro debate. Quiero así circunscribir claramente el objetivo de este artículo.

El actual comercio de la Unión Europea y Canadá supone tan sólo el 1,8% del comercio exterior de la UE. Sin duda, un volumen reducido. Por ello, el CETA es más un símbolo que un tratado de alto impacto. Pero es un símbolo importante. Y lo es porque para Europa marca las líneas de juego de la futura política comercial de la Unión que ha puesto el foco de las decisiones en Bruselas y no en los Estados miembros. Muchos hemos pedido que Europa negocie con una sola voz y tras el Tratado de Lisboa lo hemos conseguido. Por ello, en primer lugar, no entiendo la petición de que todo sea aprobado por cualquier cámara legislativa, incluso por los Ayuntamientos. Estamos yendo en contra del espíritu europeísta que hemos defendido tantas veces. Pero la simbología del CETA no acaba en esta cuestión competencial.  

Se han escuchado voces que han afirmado que el CETA abre la puerta a una competencia desleal en materia laboral, medioambiental y sanitaria. Pues bien, Canadá es un país con estándares laborales perfectamente homologables con los europeos y, sin ninguna duda, superiores a muchos Estados de la propia Unión. El salario mínimo de Canadá se sitúa en más de 1.300 euros y el conjunto de los costes laborales de Canadá son sustancialmente superiores a los españoles. Nadie puede afirmar que vamos a sufrir un proceso de deslocalización.

En el mismo sentido, Europa no rebaja en  ningún caso ni los estándares medioambientales ni sanitarios, reglas que deberán seguir cumpliendo cualquier producto que cruce el Atlántico hacia Europa. Europa no ha variado ninguno de los requerimientos en esta materia y me sorprende de nuevo que se alarme a la población con las supuestas importaciones de carne hormonada o productos genéticamente modificados. Esto no es cierto. El paradigma de la post-verdad parece impregnarlo todo en la opinión pública.

Por otra parte, se ha afirmado también que el CETA permitirá la privatización de servicios públicos. Entiendo que quien crea esto coliga que los socialistas somos unos traidores. No podría estar más de acuerdo. Pero de nuevo es otra falacia dirigida a confundir a la ciudadanía. Los servicios públicos, lamentablemente, son provistos por los Estados miembros y digo lamentablemente porque parte de ellos debería recaer en Europa, pero por ello nosotros no podemos tomar decisiones que corresponden a los países. Es más, el CETA deja claro que ninguna disposición impedirá que un servicio ya privatizado en el presente pueda volver a manos públicas, si así lo deciden las autoridades nacionales. El CETA, pues, no privatizará ningún servicio público ni impedirá su vuelta al sector público, lo podrán hacer o no los gobiernos nacionales, y, por ello, sigue siendo tan importante, entre otras razones, ganar las elecciones a nivel nacional o regional.

Por último, se sitúa el debate sobre los procesos de arbitraje. Hasta ahora Europa siempre había admitido la entrada en juego de árbitros privados que discernieran en los distintos pleitos entre inversores internacionales y los Estados. No hace mucho España perdió un pleito en un comité de arbitraje por la reducción retroactiva de las primas a algunas energías renovables, decisión adoptada por el gobierno del PP que sufrió un serio varapalo, de lo que me alegro. Pues bien, el CETA incorpora por primera vez un tribunal conformado por juristas profesional de carrera elegidos en ambas jurisdicciones, que conforman la base de una institución permanente y no ad hoc como los árbitros privados. Pero, además, el modelo incorpora un sistema de apelación. Y, por supuesto, las compañías no podrán demandar a los Estados por decisiones legislativas que les supongan una pérdida del lucro cesante. Esta es otra de las mentiras que han circulado y que han alarmado a buena parte de la sociedad.

Estamos, pues, poniendo un pequeño ladrillo para construir un sistema judicial global que decida sobre cuestiones comerciales, como ya tenemos establecido para los casos de crímenes contra la humanidad en la Corte Internacional de Justicia. Es más, Canadá y Europa se han comprometido en el CETA a impulsar juntos esa globalización de un sistema judicial público. A este respecto, su configuración final depende aún de una decisión del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, que espero ayude a mejorar la actual propuesta. Como digo, el acuerdo final no es un resultado perfecto, pero el modelo que se perfila se introdujo a petición de los socialistas europeos y obligó a reabrir la negociación en un momento en el que un gobierno progresista alcanzaba el poder en Canadá, facilitando así el acuerdo.

En todo caso, comparto con muchos críticos, además de la esperanza por esa mejora del modelo de arbitraje, la preocupación sobre los acuerdos comerciales, en la medida que aceleran el crecimiento, contribuyan al aumento de la desigualdad, en un momento donde los sistemas fiscales de nuestros países no están funcionando como debieran. Esta tribulación es legítima y la hago mía pero nuestra respuesta desde la izquierda no puede pasar por bloquear todos los tratados comerciales, sino por insistir en la construcción de un pilar fiscal en Europa y poner coto a elusión o evasión fiscal de las grandes multinacionales. No podemos oponernos simplemente al comercio o al desarrollo tecnológico, debemos luchar denodadamente por recuperar una redistribución efectiva de nuestros sistemas fiscales.

Esta es la nítida diferencia entre la derecha y la izquierda, en la medida que a la primera no le preocupa los efectos redistributivos del crecimiento. Y esa es la batalla en la que debe estar la izquierda europea, cuando una parte de ella se desliza ya por los postulados nacionalistas, sin atender a que no hay institución pública capaz de intervenir en los mercados que no sea Europa.

Más allá de los debates puramente económicos, habida cuenta de la importancia menor del comercio con Canadá, el CETA viene a discutirse en un momento de involución autárquica del mundo. La victoria de Donald Trump ha abierto un flanco brutal en los esfuerzos internacionalistas de muchos y un rearme de las posiciones nacionalistas, que deben ser directamente combatidos sin ambages ni medias tintas. Europa debe ser un actor global en el mundo y no podemos eludir nuestra responsabilidad, y la Canadá progresista Justin Trudeau es un socio incuestionable.

Ha llegado el momento de poner orden en la globalización para canalizar el crecimiento en un marco de reglas justas y jueces imparciales, y el CETA es también un símbolo en ese aspecto. Debemos encontrar un espacio de colaboración con las democracias del mundo que permita esa interconexión económica que va de la mano de la cultural y humana, aun a pesar de los distintos legados normativos y el CETA hace la primera expedición en ese terreno que sin ser perfecto, anuncia un camino a recorrer.

Hace apenas unas semanas fallecía Zygmunt Bauman, quien puso nombre a la “sociedad líquida” que se había venido configurando en las últimas décadas. Pero con él han muerto también esas características ambiguas de nuestra sociedad, en un momento donde la ciudadanía comienza a buscar verdades a las que atarse en un entorno incierto, que ya es rechazado. El socialismo europeo no puede mantenerse en indefiniciones abstractas, eludiendo pronunciarse con rotundidad. Necesitamos algunas certezas para continuar adelante y no podemos permitir que esas sean las de los discursos autárquicos que responden al miedo con soflamas aún más desestabilizadoras.

Jamás entendí a esa “tercera España” que en medio de nuestra Guerra Civil evitó tomar bando, aun cuando hubo errores en el lado republicano. De igual modo, no entiendo a quien se pone de perfil en un asunto que por simbólico puede ayudar a marcar la evolución futura de Europa y, por ello, he aceptado la invitación de eldiario.es para escribir esta columna, dirigida, como digo, a quien desde la izquierda aspira a vivir en una sociedad de bienestar en el marco de una economía social de mercado. El CETA no es perfecto, aunque no son ciertos la gran mayoría de argumentos que se han venido usando para criticarlo. Pero es el primer paso en un camino que debemos recorrer y, por ello, ha tenido mi apoyo.

Después de un primer periodo de expansión fiscal tras la caída de Lehman Brothers, Europa adoptó como paradigma de su política económica los ajustes fiscales para aplicar en aquellos países con problemas de deuda. Ciertamente, en una unión circunscrita a un tipo de cambio fijo, las políticas expansivas junto a volúmenes inmensos de deuda exterior es una combinación de difícil gestión que siempre precipita un periodo de ajustes y recesión. Sin embargo, frente a esa estrategia, Europa ha tenido siempre una vía alternativa disponible, centrada en acelerar la integración de la economía europea, condición necesaria para ganar espacios de maniobra para una política alternativa, que ya no puede ser implementada desde un solo país en esta eurozona.

Pues bien, después de muchas vueltas, Europa transita ya por ese camino gracias al esfuerzo diario de los socialistas europeos. En primer lugar, la llegada de los progresistas a los gobiernos en Francia e Italia en 2012 abrió la oportunidad para una unión bancaria. Esa unión permitió, a su vez, que el BCE iniciará una estrategia más expansiva, que ha concluido con mucho retraso en la iniciativa de compra de deuda pública anunciada recientemente

En segundo lugar, los socialistas europeos hemos negociado una revisión completa de la política fiscal para con la nueva Comisión Europea. Fruto de ese acuerdo, por una parte, la Comisión ya ha presentado un plan de inversión superior a los 300.000 millones de euros, que podría ser aún mayor a la espera de la participación de los Estados. El Parlamento ha recibido ya el reglamento que habilita la creación de ese fondo de inversión y estoy seguro que el texto que de aquí salga permitirá la constitución de un fondo sólido. Por otra parte, el comisario socialista, Moscovici, presentó recientemente una comunicación para revisar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta nueva orientación incorpora una “golden rule” para la inversión, internaliza en el cálculo del déficit estructural el efecto de las reformas y plantea una estrategia fiscal anti-cíclica radicalmente distinta a la sufrida en la última legislatura. Esta revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento podría conducir hacia un volumen de inversión pública superior al propio plan paneuropeo.

En tercer lugar, Europa ha reconocido ya el grave problema de la competencia fiscal entre Estados a cuenta de la tributación de las sociedades. El escándalo WikiLeaks, que ha afectado directamente a Jean Claude Juncker, ha evidenciado los acuerdos secretos que las grandes sociedades han venido acordado con los Estados miembros para tributar en sus jurisdicciones a unos tipos muy reducidos los beneficios obtenidos en otras. Esto no puede continuar. Europa y el proyecto de la zona euro necesitan una homologación de los impuestos cuyas bases imponibles sean más móviles. Así pues, la batalla del grupo socialista en esta legislatura está centrada también en homogeneizar el impuesto de sociedades y forzar a que las sociedades tributen por sus beneficios en aquellos Estados donde los han obtenido. Este compromiso está presente también en el acuerdo de investidura de la Comisión y, aún con la necesidad de investigar el pasado, estamos volcando toda nuestra presión para que el Parlamento reciba cuanto antes un proyecto legislativo sobre este asunto.

Por todo ello, la agenda de los socialistas europeos está focalizada en acelerar la integración económica para permitir una política fiscal y monetaria más expansiva. Está centrada en poner en planta una unión fiscal, que dé continuidad a la unión bancaria, y sea un paso previo hacia la unión social. Y lo estamos haciendo como segunda fuerza  del Parlamento, participando en varios gobiernos nacionales y con líderes relevantes en la propia Comisión. El camino no está siendo fácil en la medida en que los ciudadanos europeos volvieron a dar la mayoría al centro-derecha en las pasadas elecciones europeas, aunque por un estrecho margen, y porque buena parte de los resultados de ese giro, que hemos logrado en los últimos seis meses, aún no se perciben por los ciudadanos. En todo caso, sólo podemos insistir en esta vía, ante quienes se agarran al statu quo y ante quienes quieren romper con todo, con la seguridad de cumplir con nuestro compromiso con los ciudadanos.

Esta senda está permitiendo una leve mejora en las condiciones económicas de la Unión que también se comienza a percibir en España. Sin embargo, las políticas económicas del Gobierno Rajoy están conduciendo tal recuperación exclusivamente hacia las capas más adineradas (reforma fiscal y recortes mediante), profundizando en una salida de esta crisis injusta y antisocial.

Al hilo de este debate, las últimas elecciones griegas han otorgado un amplio apoyo a Syriza, a quien ahora le toca arrimar el hombro para fortalecer ese cambio. Sin embargo, las incertidumbres son relevantes. Sin duda, Grecia necesita una agenda de devolución de la deuda más liviana que podría encauzar la creación de un Fondo de Redención de la deuda pública. Ahora bien, las intenciones del nuevo Gobierno son aún un interrogante. Por una parte, Syriza podría apostar por romper con los socios europeos y no tejer alianzas con quienes estamos trabajando ya en Europa para solidificar ese cambio de política económica. Este camino parece inverosímil, en la medida que podría incapacitar al gobierno griego para sostener su gasto público, aún a pesar de los recortes realizados, lo que conllevaría al país fuerza de la zona euro. Por otra parte, Syriza podría fortalecer la posición griega, con alianzas con sus potenciales aliados comunitarios, para permitir un alivio del servicio de la deuda.

En todo caso, la elección de Syriza como socio de Gobierno a la derecha ultranacionalista, cuyo único eurodiputado pertenece al grupo de los eurohostiles liderado por el Partido Conservador británico con el apoyo de Alternativa por Alemania que viene planteando desde hace años la expulsión de Grecia y del resto de los países deudores de la zona euro, no parece el mejor inicio. Confiemos que esta primera decisión no agüe los esfuerzos de los socialistas para avanzar en la integración económica y política, condición necesaria para que ese viraje que ya hemos iniciado se consolide en Europa.

Luxemburgo construyó su modelo económico sobre el secreto bancario y una reducida presión fiscal, lo que unido a una población flotante que entra y sale desde Alemania o Francia cada día para prestar los servicios menos remunerados, deja la renta per cápita de los oriundos liderando todos los rankings internacionales.

Sin embargo, este modelo comenzó a cuestionarse hace tiempo, en la medida que impedía la confianza fiscal entre Estados, cuestión central para mejor la coherencia de la zona del euro, y por ello Luxemburgo acordó eliminar el secreto bancario a partir de 2015. En todo caso, las recientes revelaciones periodísticas que destapan pactos secretos para minimizar la tributación en Luxemburgo a cambio de ofrecer una vía para aflorar en esa nación los beneficios obtenidos en otros países intensifican la imperiosa necesidad de acabar con estas prácticas.

Tales preocupaciones han sido centrales en la agenda de todos los socialistas europeos. Así, cuando se negoció la investidura de Jean Claude Juncker en el mes de julio, los socialistas europeos exigimos una agenda de gobierno que en este campo eliminará los paraísos fiscales en el seno de la Unión, la definición común de la base imponible del impuesto de sociedades y la prohibición de las prácticas habituales en las grandes empresas de transferir los beneficios de sus filiales de un país a otro en busca de la menor tributación. De este modo, el Grupo Socialista apostó muy fuerte por minimizar la competencia fiscal entre Estados, condición necesaria para viabilizar algún tipo de unión fiscal. Como es sabido, los socialistas españoles, obviamente compartíamos tales compromisos, pero albergábamos serias dudas sobre la credibilidad del candidato, lo que nos condujo a no respaldar directamente el acuerdo amplio entre populares, socialistas, liberales, buena parte de los verdes que facilitó la investidura del propio Juncker.

Por este motivo, los socialistas españoles vamos a liderar ahora la exigencia de explicaciones al presidente de la Comisión por este asunto en sede parlamentaria y seguiremos muy de cerca la investigación que el propio Ejecutivo comunitario ha iniciado. Esta presión será fundamental para conocer el fondo de la cuestión, no sólo sobre la ilegalidad o no de tales acuerdos secretos, sino sobre todo para acelerar esa agenda de reformas fiscales a las que el propio Juncker se ha comprometido.

Sin duda, la posición política del presidente de la Comisión se encuentra ya muy debilitada y, con independencia de la evolución de la investigación, esperamos que este asunto sirva para visibilizar aún más la necesidad de esas reformas tributarias para mejorar la coordinación fiscal de la Unión. Ciertamente, en estos momentos hay serias incertidumbres sobre la idoneidad política de Juncker para tal misión, pero eso sólo puede ser el aldabonazo para redoblar nuestra presión para avanzar rápidamente en una estrategia tributaria comunitaria, al menos, en el marco de la zona euro.

La eurozona se enfrenta a un nuevo estancamiento que podría conducir a una tercera recesión, tal y como han alertado todos los centros de análisis. La “unión bancaria” ha sido clave para superar la crisis financiera, que a punto estuvo de hacer saltar el euro en el primer semestre de 2012; proyecto que explica a su vez la estabilización observada entre finales de 2013 y la primera mitad del presente año. Pero ahora hay que acelerar esa “unión fiscal” para impulsar la inversión a escala europea y reactivar la demanda, que no va a responder sólo con nuevas medidas expansivas del Banco Central Europeo, aun cuando éstas también sean necesarias.

Pues bien, esa “unión fiscal” necesita desarrollar ese acuerdo para armonizar la tributación, así como la construcción de un pilar presupuestario comunitario que debería iniciarse para financiar el programa de inversión de 300.000 millones de euros, que los socialistas arrancamos también en la negociación para la investidura de Juncker. Este compromiso es vital para superar la crisis a corto plazo, pero también para europeizar las políticas sociales bajo el proyecto de la “unión social”, objetivo final de los socialistas europeos.

Por todo ello, las revelaciones sobre la actuación de Juncker como primer ministro de Luxemburgo, no por esperables, son menos preocupantes. La posición del presidente de la Comisión resulta muy complicada y exige una investigación pormenorizada y un seguimiento del Parlamento. Pero, además, este suceso debería conducir a una aceleración de la puesta en marcha de los compromisos fiscales adquiridos por el propio Juncker en la investidura, que conforman una pieza esencial de la “unión fiscal”, necesaria para superar la crisis, pero también un pilar necesario para construir la “unión social” de Europa, horizonte central para los socialistas.

El Parlamento Europeo retomó su actividad el pasado lunes 1 de septiembre después de un mes en el que las cuestiones de política exterior, seguridad y derechos humanos mantuvieron a una buena parte de las comisiones trabajando. Los acontecimientos en Ucrania, Irak-Siria, Gaza-Israel y en Libia, así como la extensión del ébola, exigieron de un seguimiento permanente por parte del Parlamento que se reunió en periodo de estival para analizar la evolución de los acontecimientos después de las declaraciones institucionales adoptadas a final de julio. Sin duda, el entorno de la Unión atraviesa por circunstancias muy complicadas que van a exigir una política exterior mucho más ambiciosa de la desarrollada en la última legislatura.

Por lo demás, Bruselas sigue pendiente de la conformación del Colegio de Comisarios, así como del resto de posiciones institucionales, después de la elección parlamentaria de Jean-Claude Juncker como presidente del poder ejecutivo europeo. Las primeras decisiones han puesto al conservador polaco Donald Tusk al frente del Consejo Europeo y a la progresista italiana Federica Mogherini en la cartera de Exterior y de Seguridad. Ciertamente, aún es pronto para evaluar el desarrollo futuro de estos nombramientos, especialmente en la medida que no conocemos la composición final del ejecutivo comunitario, aunque los rumores comienzan a trufar las portadas periodísticas.

Es importante clarificar que los futuros comisarios deberán pasar por trámite parlamentario, travesía que no parece sencilla. Por una parte, es probable que el Parlamento acabe vetando a alguno de los nombres propuestos y, por otra, todo apunta a una Comisión con una presencia de mujeres reducida. En este sentido, aquellos que creemos en la igualdad de género hemos iniciado una campaña, denunciando que no puede haber menos de diez comisarias. Sin duda, esta solicitud no resulta extraordinariamente ambiciosa, pero los nombres que circulan por los pasillos, mayoritariamente masculinos, apuntan hacia una Comisión muy desequilibrada que podría encontrarse con un veto en el Parlamento.

En el terreno político, el Parlamento está expectante ante el cumplimiento o no de los compromisos de investidura de Juncker. El ala progresista de la Cámara espera con impaciencia el programa de inversión comunitario y la suavización de los ajustes fiscales en el marco de una aplicación más flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ciertamente, todo ello no será suficiente para acabar de revertir la actual mediocridad de las tasas de crecimiento y empleo, pero los socialistas vamos a presionar duramente para que la Comisión vaya más allá en el desarrollo de tales proyectos. En este sentido, se anuncia una nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para el próximo octubre centrada en el crecimiento, de donde debería salir una reorientación global de las políticas económicas.

La verdad es que la situación no es muy compleja. El Banco Central Europeo ha anunciado nuevas políticas de expansión monetaria, pero yo empiezo a pensar que el efecto final de tales medidas podría ser muy reducido. Es cierto que el BCE no ha realizado expansiones monetarias similares a la Reserva Federal o al Banco de Inglaterra, camino, por el que si avanzamos, podría ayudar a reanimar la inversión. Sin embargo, uno ya cree que sin una reforma institucional profunda que perfile un pilar fiscal europeo no vamos a lograr superar esta crisis. Y este reto que no forma parte hoy del paradigma europeo, aun cuando el propio Draghi lo enunció en su discurso del pasado 22 de agosto en Jackson Hole, presenta relevantes desafíos políticos.

Basta seguir un debate parlamentario, como el vivido el pasado jueves con el presidente del Eurogrupo Dijsselbloem, para ser consciente de las dificultades. Ante mi pregunta acerca de la urgente de necesidad de impulsar ese pilar fiscal europeo, Dijsselbloem se escabulló con las frases insustanciales de la jerga del debate económico actual. Pero la verdad es que no existe el consenso necesario hasta el presente para esa reformulación de la agenda económica. Por una parte, el centroderecha europeo parece convencido de las bondades de los ajustes, que forma parte de su corpus doctrinal de manera permanente. Por otra, el Parlamento está plagado de antieuropeos, ya sean los conservadores e independentistas británicos o los fascistas franceses, que centran sus discursos en supuestos espíritus patrióticos que ofenden a cualquier ciudadano informado.

En fin, Europa atraviesa un periodo convulso por una larga recesión económica que ha desembocado en una crisis política e institucional, con casi un tercio del Parlamento en posiciones demagógicas, populistas, antiparlamentarias y extremadamente peligrosas. Y todo ello con una reorientación global del poder hacia el Pacifico, con polos autoritarios y dictatoriales con creciente influencia mundial, y un entorno más cercano muy inestable y donde los derechos humanos brillan por su ausencia.

En todo caso, mis convicciones continúan firmes y más sólidas que nunca ante tanto disparate que nos intoxica. El Grupo Socialista Europeo, aun teniendo menos diputados que el Partido Popular, es clave en esta legislatura, ante la notable pérdida de escaños de esta última formación y la fragmentación del Parlamento. En este sentido, el Grupo Socialista ha ganado capacidad de influencia, que junto a la presencia de una buena pléyade de primeros ministros progresistas va a permitir una revisión de las políticas económicas y sociales. A ello destinaré todo mi esfuerzo en los próximos meses.

Después de un largo mes de transición, los nuevos eurodiputados hemos ocupado finalmente nuestro escaño el pasado 1 de julio, durante la sesión de inauguración de esta nueva legislatura en Estrasburgo. Muchas son las sensaciones, emocionales y racionales, que hemos experimentado en estos días, especialmente aquellos que como yo estrenamos responsabilidad política en Europa. En todo caso, destacaré dos primeras impresiones.

En primer lugar, no puedo dejar de señalar la fragmentación del Parlamento Europeo y el extraordinario peso de las fuerzas antieuropeístas, que dejan poco espacio para la negociación entre el resto de formaciones. En estos días, hemos visto cómo los diputados del UKIP, liderados por Nigel Farage, que engrosan el grupo eurohostil European Freedom and Direct Democracy, daban la espalda al Himno de la Alegría en la sesión inaugural y pasaban el resto de las reuniones de la cámara gritando, insultando y faltando al respeto al Parlamento. Pero estos diputados del UKIP no están solos en esta campaña contra Europa. Su grupo suma 48 diputados, gracias al apoyo de Beppe Grillo y de otros partidos minoritarios, y el grupo mixto (en terminología europea, “no adscritos”), liderado por Marine Le Pen, cuenta con 52 diputados adicionales que suponen otra fuerza de choque contra el proyecto europeo. De este modo, un 13% del Parlamento está representado por personas que aspiran a destruir la democracia europea y que hacen patente su desprecio a las instituciones europeas de manera permanente.

Ciertamente, resulta muy duro ver a este puñado de fascistas en las instituciones democráticas europeas, especialmente en estos días de recuerdo de la I Guerra Mundial que abrió una etapa en nuestro continente felizmente cerrada con la reconciliación europea institucionalizada con el Tratado de Roma. Reconciliación a la que se sumaría nuestro país con la Constitución de 1978 y con la entrada en Europa en 1986.

La cuestión es que el avance de Europa no sólo tendrá enfrente a estos diputados que aspiran a dar vuelta atrás al reloj de la historia, sino que también va a sufrir las zancadillas de los euroescépticos del grupo de los European Conservatives and Reformists, liderado por el Partido Conservador británico, que cuenta con 70 diputados. De este modo, a ese 13% de diputados eurohostiles, debemos sumar otro 10% de euroescépticos conservadores, que tampoco se van a sumar al esfuerzo de integración que Europa necesita para superar esta prolongada y profunda crisis.

A partir de estos números, resulta evidente que el enconado debate que observamos en nuestro país a cuenta de los acuerdos entre los partidos políticos europeístas, a izquierda y a derecha, toma otro cariz radicalmente distinto. Piense el lector que el grupo socialista representa un 25% de la cámara, los demócratacristianos un 29%, y el resto se reparte entre los liberales, la izquierda unida y los verdes.

De este modo, una vez descartado un cuarto del Parlamento en manos de los antieuropeos y dada la fragmentación restante, quedan pocos espacios de libertad para sumar mayorías que permitan el trabajo legislativo de la propia Cámara. En todo caso, es necesario un esfuerzo adicional de los diputados que aquí estamos para explicar este marco parlamentario y los retos que nos plantea.

Más allá de este debate numérico y político, en esta primera semana el Parlamento ha recibido a Matteo Renzi, como primer ministro del país que le tocará guiar el trabajo del Consejo en este segundo semestre de 2014. Renzi era esperado con atención y esperanza por muchos de los diputados del Parlamento, especialmente entre las filas de la izquierda europeísta, que en estos momentos estamos tan huérfanos de referentes.

Renzi no defraudó con un discurso fresco e innovador en el que recurrió a la mitología grecorromana para defender el impulso europeísta y progresista. En este sentido, se refirió a Ulises y puso como ejemplo para la generación más joven el esfuerzo de Telémaco, dispuesto asumir la herencia de su padre con responsabilidad y ambición. De este modo, Renzi se autoexigió estar a la altura del legado del proyecto europeísta, sin esperar a que el tiempo pase, a que los acontecimientos se sucedan sin la voluntad de liderarlos. Su discurso sonó sincero a la vista del trabajo que estos momentos está desarrollando en su propio país.

Pues bien, ese esfuerzo de entregarse al presente para la construcción del futuro, por encima de posiciones distantes y cómodas, es adecuado también para nuestro país, donde una generación de españoles nacidos después de la Transición debe asumir ya el importante legado del pasado, y con respeto por el trabajo realizado hasta ahora, debe comprometerse en ese nuevo impulso modernizador para España. Y para ello necesitamos un PSOE renovado que incorpore miradas complementarias, para recuperar lo mejor de la historia centenaria de nuestro partido, al servicio como siempre del bien común y especialmente de los que menos tienen. En ese sentido, ese próximo congreso se presenta vital para reiniciar nuestro propio viaje a Ítaca.

En fin, termina, pues, esta primera semana de trabajo con el deseo de comenzar la próxima, ya en Bruselas, para la constitución de las comisiones, mientras seguimos discutiendo las opciones de cara la votación del próximo presidente de la Comisión Europea.

Artículo publicado previamente en Policy Network: The recession is over but the crises still need to be resolved.Policy NetworkThe recession is over but the crises still need to be resolved.

La economía española ha dejado atrás la recesión. Ahora bien, las perspectivas de crecimiento continúan siendo muy modestas, el desempleo se mantendrá en tasas muy elevadas y los perniciosos efectos sociales, fruto de la crisis pero también de muchas de las decisiones políticas que se han venido tomando en los últimos años, tendrán largo impacto sobre la cohesión de nuestra sociedad.

De este modo, si bien parece que lo peor de esta larga crisis europea podría haber pasado, los retos políticos y sociales continúan siendo titánicos. Ello exige una nueva agenda progresista que aúne las reformas económicas necesarias para vigorizar el crecimiento y una aproximación radical a los problemas de inequidad y pobreza que están asolando el presente. Además, el país urge de una reforma institucional y democrática serena pero innovadora.

Para encontrar las razones de la mejora económica, se debe analizar la política europea. Si entre 2008 y 2010 las agendas estuvieron focalizadas en políticas keynesianas, tal proceso acabó fracasando ante los problemas de sostenibilidad de la deuda soberana.

Esas incertidumbres emergieron porque en una unión monetaria muy parecida a un simple acuerdo de tipos de cambio fijo no se pueden realizar políticas nacionales de gasto ante una crisis de deuda; sin embargo, en aquellos momentos se creía que la fortaleza y credibilidad de la unión no estaban en juego. No obstante, tales contradicciones acabaron emergiendo en mayo de 2010 con la crisis de deuda soberana en Grecia y en el resto de países “deudores”.

Entonces se podría haber optado por una estratégica focalizada en revisar la naturaleza de esa unión económica incompleta acelerando la integración, de tal modo que hubiera herramientas alternativas a los ajustes fiscales y las desregulaciones agresivas.

Por desgracia, el equilibrio político del momento condujo a la adopción de las políticas más conservadoras, centradas en responder a la crisis de deuda soberana dentro del statu quo institucional de la zona euro. Ahora bien, ese camino, como en otras ocasiones en la historia, no sólo no garantizó la salida de la crisis, sino que ha tenido costes sociales profundos.

De este modo, sólo a mediados de 2012, una vez testada la insuficiencia de tal estrategia, la Unión comenzó a virar su agenda hacia una aceleración de la integración en la eurozona. En este sentido, el Consejo Europeo de junio que ayudó también a la toma de decisiones posteriores por parte del BCE, comprometidos todos en el futuro de la eurozona y, por lo tanto, obligados a reformar las propias instituciones europeas, está siendo central en esta estabilización económica.

El compromiso político de pasar desde una zona euro muy parecida a un simple acuerdo de tipos de cambio hacia una unión económica integrada, cuyo primer hito sería la unión bancaria, está en la base de la mejora en la transmisión de la política monetaria y ello, a su vez, en la suavización de los procesos de ajuste fiscal. Además, en el caso de España, la solicitud del rescate financiado por el MEDE para sanear el sector financiero, en el marco de esa aceleración de la integración europea, ha ayudado también a esta estabilización de la economía.

Además, es justo reconocer que el Gobierno ha tomado medidas que han ayudado también a esa mejora de la economía. Ahora bien, existían otras opciones de política económica más idóneas para mejorar la credibilidad del país y el funcionamiento de los mercados y, por supuesto, con nulos costes sociales. Sin embargo, el Partido Popular prefirió dotar a las reformas, que necesitaba el país, de contenidos profundamente ideológicos con efectos muy negativos sobre la cohesión social, por ejemplo, en el mercado laboral.

En todo caso, España inicia 2014 con unas perspectivas de crecimiento en torno al 1%, si bien las estimaciones a medio plazo apuntan a aumentos muy débiles de la renta, que apenas podrán reducir la tasa de desempleo. Así pues, la recesión ha quedado atrás pero la economía española necesita innovar su estrategia de crecimiento, reformular las reformas del Partido Popular salvaguardando la cohesión social y combatir urgentemente los efectos de la pobreza.

Bajo esta estrategia, España debe abordar a corto plazo una reforma fiscal que amplíe las bases tributarias y ataque los nichos de elusión y fraude fiscal, además de revisar la tributación sobre el patrimonio y los impuestos ambientales. Se necesitan también reformas profundas en los mercados de factores de producción: trabajo y capital. En primer lugar, es urgente una reforma laboral que apueste por la flexi-seguridad, frente a la desregulación absoluta impulsada por el Gobierno del Partido Popular, para acelerar la creación de empleo de calidad. Y en segundo lugar, el sector financiero, aun tras la finalización del rescate europeo, debe seguir siendo centro de atención para mejorar su recapitalización, pero también el flujo de crédito y la competencia.

En este sentido, la concentración de los órganos de supervisión y regulación sectorial junto con la Comisión de Competencia, aprobada por el Partido Popular, ha supuesto un paso atrás en la lucha frente a los oligopolios y los abusos de poder, que atenta contra los emprendedores y el conjunto de los consumidores. Asimismo, el país debe afrontar una reforma energética que contenga los costes eléctricos y mantenga la apuesta contra el cambio climático, clave también para fortalecer el sector industrial exportador.

Además, más allá de la agenda económica, la reforma tributaria debería permitir suavizar los ajustes del gasto en el marco de una consolidación fiscal pautada. Ello debería permitir focalizar a corto plazo las políticas del Estado de bienestar en combatir la pobreza. Y a medio plazo, España debe revisar las políticas educativas, revirtiendo lo peor de la última reforma del Partido Popular y centrando los esfuerzos financieros en los primeros años de vida de los ciudadanos. Por cierto, el próximo Gobierno progresista tendrá que derogar la propuesta de regulación del aborto del Gobierno del Partido Popular, si finalmente decide aprobarla en el Congreso.

En otro orden de cosas, España hace frente a un problema territorial severo derivado de las tensiones de Cataluña, así como de un modelo federal del Estado, fruto del desarrollo normativo de la Constitución, pero con serios problema de coordinación y cooperación. En este sentido, tarde o temprano, el país deberá revisar su Carta Magna para hacer más armónico el modelo descentralizado y permitir una mejor adecuación de Cataluña. Y todo ello debe realizarse en un clima político muy enrarecido ante los casos de corrupción que afectan a casi todas las instituciones del Estado. De este modo, España necesita un programa regeneracionista y progresista para salir adelante frente a la actual crisis, que no sólo es económica.

En todo caso, la economía ha comenzado a estabilizarse, gracias a esa reorientación de las políticas europeas, estrategia que aún debe fortalecerse y confirmarse ante las próximas elecciones europeas. España y el conjunto de la zona euro sólo superarán esta crisis económica si se acelera ese proceso de integración que implica también severos retos de gobernanza económica y legitimidad democrática.

La unión bancaria debe ser un primer paso que anticipe la unión fiscal y social de Europa bajo un proyecto profundamente democrático. La socialdemocracia europea tiene claro tal camino, que deberá ser refrendado por el conjunto de la ciudadanía europea el próximo mes de mayo.

A finales del pasado año, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentaba su “Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada”. Este anteproyecto pretende reformar la ley sobre la regulación del aborto aprobada en 2010, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Popular.

En su día, el Partido Popular se comprometió a derogar tal reforma e impulsar una nueva ley en sintonía con la vigente desde 1985, que permitía el aborto en algunos supuestos (violación, riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, malformación del feto). Esa propuesta suponía un cambio en la posición del PP, en la medida que Alianza Popular había votado en contra de esa ley, aunque es cierto que los gobiernos de José María Aznar habían convivido con esa regulación sin mayores dificultades. Pues bien, la reforma de Mariano Rajoy ya es pública y todo apunta hacia una vuelta a la doble moral que marcó el desarrollo de la ley de 1985, con un grado adicional de cinismo. Veamos.

En primer lugar, la reforma propuesta permite el aborto dentro de las doce primeras semanas de gestación en el caso de que el embarazo sea fruto de una violación previamente denunciada. En segundo lugar, la nueva regulación habilita la interrupción del embarazo dentro de las primeras veintidós semanas de gestación ante la existencia de “un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”. Por último, el anteproyecto considera no punible el aborto realizado más allá de las veintidós primeras semanas de gestación, siempre y cuando el feto presente una anomalía incompatible con la vida, que no se hubiera podido detectar con anterioridad. Como cierre del modelo, la regulación propuesta exige la elaboración de varios informes médicos que justifiquen el supuesto al que se acoge la mujer embarazada y dilata los trámites burocráticos de todo el proceso.

Por lo tanto, una primera valoración de esta reforma apunta a una versión restringida de la ley de 1985, en la medida que elimina el supuesto de malformación del feto y complica las gestiones administrativas. Ahora bien, el propio ministro, en la rueda de prensa posterior al Consejo, afirmaba que aquellas mujeres que deseen abortar ante una malformación podrán usar el supuesto de riesgo para su salud psíquica. De este modo, el propio gobierno invita directamente al “fraude de ley” al sugerir el uso de un supuesto que no está habilitado formalmente para tal escenario. Esta doble moral nos reconduce, como decía, a lo peor de la ley de 1985.

Aquella regulación, bajo el modelo de supuestos, habilitó una válvula de escape exactamente a través de la declaración de riesgo grave para la salud psíquica de la mujer. Esa posibilidad supuso de facto una opción discrecional para el aborto; eso sí, bajo una notable inseguridad jurídica y con el coste emocional para la mujer de alegar riesgos psíquicos y, en aquellas comunidades donde el sistema público se mostraba más celoso, con el coste financiero adicional de recurrir a clínicas privadas. Estamos hablando, pues, de un modelo que acababa conduciendo a las mujeres y a los profesionales hacia un entorno regulatorio gris, sin garantía alguna, y con una discriminación económica adicional para las mujeres en peor situación socio-económica. Ese marco legal indefinido acabó provocando operaciones policiales que vinieron a mostrar la necesidad de una ley de plazos. Como respuesta a esa notable inseguridad jurídica, la reforma de 2010 ha habilitado un entorno legal nítido. Es justo aseverar, pues, que la ley de plazos ha levantado el velo de la hipocresía que marcaba a la regulación previa.

De este modo, bajo la actual regulación, se puede practicar un aborto dentro de las 14 primeras semanas de gestación sin necesidad de alegar trastorno alguno. Además, dentro de las primeras 22 semanas se permite también la interrupción ante riesgos vitales para la mujer y anomalías fetales. Y, por último, en el caso de malformaciones del feto incompatibles con la vida, el aborto se puede realizar durante todo el embarazo. Así pues, la ley de plazos habilita un periodo breve para interrumpir el embarazo a voluntad de la mujer, pero claro, frente al modelo previo caracterizado por unos supuestos demasiado difusos.

Por lo tanto, el actual anteproyecto supone recuperar ese entorno legal indefinido de 1985. Es cierto que este anteproyecto dificulta y ralentiza las gestiones administrativas y sanitarias de un aborto, pero sería bueno asumir nuestra mayoría de edad y concluir que no hay herramienta de control posible que circunscriba las interrupciones una vez habilitados los supuestos. Así lo reconoce el propio ministro al recomendar sin pudor el uso del supuesto de riesgo psíquico para la mujer ante la existencia de una malformación del feto. Sin embargo, este tipo de subterfugios, forzados por una ley irresponsable, sólo eleva los costes emocionales y económicos para las mujeres, y elimina la seguridad jurídica para los profesionales. Es decir, donde había claridad, de nuevo, volverán los perfiles difusos.

Por todo ello, (y aun cuando este anteproyecto pudiera criticarse exclusivamente por el recorte de derechos de las mujeres que representa) esta reforma eleva formalmente las restricciones para un aborto pero en realidad sólo aumenta la discrecionalidad y la oscuridad de los mismos. Por este motivo una vez que la sociedad española se ha mostrado reiteradamente a favor de algún tipo de regulación a este respecto, la ley de plazos vigente resulta ser la opción más garantista.

España aún presenta unos niveles reducidos de competencia. Bajo una de las más graves recesiones de las últimas décadas, el nivel de precios domésticos continúa en tasas sustancialmente elevadas y apenas se ha corregido el diferencial de inflación acumulado desde la entrada en funcionamiento de la zona euro. Sin duda, parte de este comportamiento podría deberse a las subidas de los impuestos sobre el consumo, que elevan la inflación. Sin embargo, si se observan los precios de las exportaciones, ajenos a tales incrementos impositivos, tampoco se observan indicios suficientes de la deflación que debería estar experimentando nuestra economía. Es cierto que durante los primeros años de esta crisis, los costes laborales no respondieron como habrían debido a los síntomas de la recesión. Durante un largo tiempo, los costes laborales continuaron creciendo, incluso en términos de remuneración por asalariado. Sin embargo, esto ya no es así. En los últimos años se ha registrado una reducción significativa de los costes laborales unitarios, es decir, del precio del trabajo en relación con su productividad, pero además los propios salarios entraron también en 2012 en una senda deflacionista.

Por el contrario, los costes de capital unitarios y su retribución no están registrando reducción alguna aún. Este comportamiento de los márgenes empresariales que no acaban de constreñirse para canalizar una deflación exportadora es una muestra del reducido nivel de competencia en nuestros mercados. Tal es así que aunque los costes laborales unitarios vienen reduciéndose, esto no se está traduciendo en un ajuste del nivel de precios. Probablemente, este período tiene fecha de caducidad, dado que la profundización de la crisis acabará por afectar al cártel mejor organizado, pero es importante certificar que los datos macroeconómicos apuntan hacia una reducida competitividad en nuestra economía.

Estos problemas de competencia tienen impacto directo sobre la capacidad de crecimiento, pero también sobre la igualdad de oportunidades. Una economía con limitaciones a la entrada o acuerdos explícitos o implícitos entre los oferentes dificulta la creación de nuevas empresas y acorta los períodos de expansión a través de tensiones inflacionistas. Tal panorama impide la generación de más oportunidades para los trabajadores y emprendedores, reduciendo la capacidad de reorientación del patrón de crecimiento de una economía, con efectos nocivos en las fases recesivas. Por todo ello, no hay política más progresista que la lucha por la competencia efectiva en los mercados.

Las restricciones a la competencia suelen concentrarse en los proveedores de servicios, muchos de los cuales tienen un carácter territorial que facilita su actuación como monopolios locales. Pero también se observan comportamientos oligopolísticos en sectores estratégicos que están regulados por marcos institucionales poco preocupados por la concurrencia de varios actores con cierta igualdad de condiciones. Asimismo, el mapa empresarial del país muestra una reducida pulsión a favor del paradigma de la competencia y se siguen observando cárteles y comportamientos monopolísticos en multitud de mercados.

España tiene pendiente una reforma profunda de la regulación de los servicios. En términos amplios, los ayuntamientos, comunidades y Estado vienen desarrollando multitud de normativas que bajo el supuesto objetivo de garantizar la calidad del producto o servicio, así como de controlar sus efectos medioambientales o urbanísticos, acaban operando como auténticas barreras a la entrada y a la competencia efectiva. Sin duda, parte de esta regulación es bienintencionada pero a nadie se le escapa que la notable presión de grupos de poder mantiene amplios espacios de actividad ajenos a la libre competencia, reduciendo el potencial de crecimiento de la economía y las oportunidades de todos los ciudadanos.

En los últimos años, el país ha debido transponer la última directiva de servicios que iba dirigida a romper la limitación espuria al establecimiento de empresas, así como a la eliminación de toda regulación que restringiera la libertad en la prestación de un servicio en cualquier mercado europeo, con independencia del lugar de origen de la compañía oferente. Sin embargo, muchas autoridades han aplicado la directiva buscando la adecuación de la regulación previa a los supuestos habilitados por la propia norma europea para mantener de facto las restricciones a la competencia.

Este comportamiento supone un freno a la recuperación de la economía española y representa la supervivencia de los más conservadores «grupos de poder» que vienen mediatizando el futuro de nuestro país desde hace décadas. Ante tal situación, las autoridades europeas están impulsando una nueva Acta Única que, como la primera, avance en la integración de los mercados nacionales en uno único europeo.

Por otra parte, los comportamientos anticompetitivos se observan también en mercados clave que fueron privatizados en los años noventa pero que no han sufrido una rerregulación oportuna que facilite la entrada y la competencia de nuevos agentes. En este caso, la responsabilidad sigue recayendo en el sector público, que no ha hecho uso de su poder de regulación.

Esta crisis representa la ocasión oportuna a las autoridades españolas para resituar estos mercados bajo los requisitos de la competencia y la concurrencia, pasando por encima de los intereses creados. No existe pues un cambio más netamente progresista en política económica que la lucha contra estos grupos de poder que obtienen rentas extraordinarias a fuerza de exprimir a los consumidores y cuya protección legal no tiene nada que ver con el necesario apoyo que deben dar las autoridades a los más débiles. Además, tal agenda reformista supondría la mejor política de apoyo a los emprendedores, centrada en la apertura de los mercados a la concurrencia de nuevos entrantes.

Por todo ello, el país necesita intensificar la cultura procompetencia que debe impregnar el conjunto de la actividad empresarial. En este sentido, se debería intensificar la dotación y la capacidad de la Comisión Nacional de la Competencia para hacer frente a los comportamientos empresariales contra el mercado, particularmente cuando la estructura empresarial del país sigue denotando un reducido respeto por la competencia y la presencia de oligopolios en algunos sectores estratégicos supone un freno al desarrollo económico del país. Así, la propuesta gubernamental de fusionar los organismos sectoriales con la Comisión Nacional de la Competencia podría suponer un duro golpe a las políticas procompetencia en nuestro país.

Por último, pero no por ello menos importante, dentro de una revisión profunda de la estructura empresarial, el país debe resolver el colapso del sistema judicial. El retraso de la toma de decisiones, la elevada litigiosidad intencionada, así como la reducida modernización del conjunto del sistema judicial, lo han convertido en un obstáculo para la reorientación permanente de la estructura económica. Se hace necesaria, pues, una revisión profunda de la dotación presupuestaria, de los mecanismos procesales, así como elevar la concurrencia competitiva, eliminando mercados cautivos que empeoran y retrasan la impartición de justicia. Sin duda, la reforma judicial exige de una concreción que se escapa a los objetivos de esta publicación, pero el país no podrá encuadrar un modelo de crecimiento sostenible hasta que no aborde en profundidad un poder que ha vivido ajeno a la modernización de otros poderes del Estado.

Centrar toda la responsabilidad en unos políticos conformados en “clase extractiva” supone un salto cualitativo peligroso que puede conducir a la ciudadanía a una notable desafección ante la cual pueden regenerarse nuevos discursos antiparlamentarios

1. Introducción

La profunda crisis que atraviesa España, que no se agota en la recesión económica, sino que afecta a las bases nucleares del amplio consenso que ha sustentado el desarrollo del país en las últimas décadas, aproxima al país a una posición crítica. Esta situación está impeliendo una nueva ola de publicaciones que no sólo intentan descifrar las causas de este marasmo, sino que también, en algunos casos, apuntan estrategias de salida que aúnan consideraciones económicas con valoraciones políticas. Esta crisis económica ha venido a cuestionar todo el entramado institucional del país y el crecimiento del desempleo y la reducción de la actividad están golpeando la legitimidad institucional en la que operan políticos cada vez más vilipendiados. Y todo ello bombardeados por titulares de periódicos e investigaciones judiciales en curso sobre casos de corrupción con afección múltiple, desde concejales desconocidos de urbanismo hasta las más altas instituciones del Estado, emponzoñando aún más el espacio público.

Pues bien, es este entorno el que explica la reciente publicación del libro de César Molinas “Qué hacer con España”. Como píldora inicial de esta crítica, adelantaré que el libro acierta a la hora de situar a la acción política en el centro de la salida de esta crisis, pero en mi opinión yerra en el reparto de causas de la misma, demasiado simplificadora al focalizar toda la responsabilidad sobre unos políticos transmutados en “clase extractiva”. Esta visión, además de parcial, puede inducir a la expansión de la anti-política, en la medida que el autor no logra desarrollar su diagnóstico en una teoría holística y con una hoja de ruta consistente. Ciertamente, el país necesita una profunda reforma institucional pero la aproximación de Molinas resulta demasiado alicorta y sus propuestas quedan en una mera hipótesis que sitúa a la ciudadanía ante una frustración de difícil gestión frente a las instituciones.

2. La historia no tiene fin porque no tiene destino

El libro se divide en tres grandes capítulos, el primero de los cuales y bajo el título “¿Hacia dónde va el mundo?” recupera el discurso de los noventa sobre el fin de la Historia. El autor plantea este primer apartado como un marco inicial a partir del cual desarrollar su visión de España. Sin embargo, si las conclusiones de este capítulo, que casi abarca la mitad del conjunto de la publicación, fueran ciertas, las incertidumbres sobre el presente de nuestro país serían menores.

En este primer capítulo, César Molinas defiende el fin de la Historia y la victoria eterna de la democracia liberal. El autor apuesta por el fin de la Historia de las Ideas influido bajo una visión hegeliana de la propia historia del espíritu que se encuentra a sí mismo una vez enunciados los principios de la Ilustración. La división entre el mundo terrenal y el espiritual iniciada en el Concordato de Worn en el que el Papa Gregorio VII impuso la autonomía de la Iglesia en el nombramiento de las responsabilidades eclesiásticas da pie al desarrollo de un individualismo y un relativismo que posibilita la autocrítica, auténtico motor de la historia, que alcanza su plenitud con la construcción formal del ideario liberal, que a la vez es universal y atemporal y, por lo tanto, fin auténtico de la Historia de las ideas, y paso inicial para el fin global de la Historia, una vez la humanidad sea iluminada por tales principios.

Así pues, una vez concluida la historia de las ideas, todo lo demás son pormenores, apenas detalles para la concreción de las mismas en la vida diaria de las personas. En la economía, la destrucción creativa es el lubricante del progreso; en la guerra, la invención de la bomba atómica aleja el fin del mundo en la medida que las amenazas de destrucción global pasan a ser creíbles y, por lo tanto, suponen una barrera sobre la actuación humana; y en la política, los Estados-Nación configuran el nuevo marco global aunque sujeto a retos importantes, algunos de los cuales debería hacer frente España. Llegados a este punto, me extraña que Molinas no traiga a colación el trilema de Rodrick bajo el cual el capitalismo global, los Estados-Nación y la democracia nacional son incompatibles entre sí. Probablemente, esta discusión puede suponer una amenaza a su fin de la Historia pero, sin duda, no la única.

Ciertamente, en mi opinión, no hay orden político superior a la democracia occidental, asentada bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, pero tal diagnóstico no debería entregarnos al determinismo histórico, confiados en la victoria de la luz y la verdad. La democracia es en realidad un objeto político de difícil sostenibilidad, permanentemente expuesto a la legitimidad del ejercicio. Hasta la llegada de ese Hombre Nuevo, el ser humano presente ha demostrado un apego a los principios liberales menos sólidos que a otras pulsiones menos racionales. Por ello, la democracia puede ser víctima de sí misma, porque al igual que los mercaderes reunidos por Adam Smith conspiran contra el mercado, los políticos también lo pueden hacer contra la democracia, en ausencia en ambos casos de un marco institucional adecuado. Y una crisis económica de la mano de una estructura política sub-óptima provoca tensiones populistas con desconocido resultado.

De este modo, la democracia liberal no puede ser el fin de Historia, porque tampoco lo es respecto de la vida de los órdenes políticos. Las democracias caen y aunque nunca puedan ser repuestas por algo “menos malo”, bajo la visión churchilliana, los seres humanos parecemos irracionales una y otra vez en la búsqueda, en el mejor de los casos, de “cirujanos de hierro” bajo el espíritu regeneracionista de Costa, y en la mayoría de las ocasiones de otras vías de sublimación del espíritu que han de confluir en tragedia. El propio Popper, al que Molinas cita, deja patente la fragilidad de las sociedades abiertas sobre las que se articula la democracia, un sistema siempre amenazado y, por tanto, en riesgo de sucumbir, especialmente cuando se pierde la legitimidad del ejercicio y los ciudadanos minimizan la relevancia de la legitimidad de origen. Pero si las democracias, como órdenes políticos, pueden sucumbir, y así lo hemos visto a lo largo de la historia, tampoco es cierto que las ideas de la Ilustración supongan el nacimiento ex novo de una ideario revolucionario en la historia de la Humanidad.

Así pues, confluyendo con Molinas en que nada hemos encontrado mejor que el orden democrático y liberal, tal descubrimiento no supone el fin de ninguna historia, porque ni las ideas son nunca totalmente novedosas ni su instrumentación institucional inmutable. Sólo un ejemplo: si Gregorio VII logró la autonomía para sus nombramientos eclesiásticos en 1122, en la actualidad la Iglesia Católica depende en China para tales decisiones del concurso del gobierno comunista y no hace tanto que en nuestro país acontecía algo parecido. Y si la aproximación relativista de las religiones en Roma, como señala el propio autor, dio paso a etapas absolutistas de gran impacto y duración en nuestras vidas, ¿cómo esperar que el actual ideario lidere ad infinitum el mundo de las ideas?

En todo caso, Molinas destaca la ausencia de otro referente universal en el que apoyarse para confiar en la estabilidad indefinida a los actuales valores democráticos. Sin embargo, como el propio autor reconoce en otras partes del libro, la caída del Imperio Romano no supuso la construcción de referente alguno alternativo con vocación universal. Tampoco tiene por qué suceder ahora. Es más, la propia concepción de la necesidad de principios políticos universales es fruto también de la misma visión hegeliana que el autor muestra en este capítulo pero que, en absoluto, se corresponde con la realidad. Es decir, no existe necesidad alguna de una alternativa holísticas para evitar el fin de este fin de la Historia. Siendo cierto que esto fue lo que ocurrió con el derrumbe del mundo de ayer de Stefan Zweig con la primera guerra mundial y la expansión posterior de los totalitarismos, nada impide que nuestra Roma caiga bajo los bárbaros y en todo caso, existen en el presente alternativas totalitarias que bien pudieran servir de percha para disparar contra nuestro mundo, desde las dictaduras refrendarias acompañadas del capitalismo de Estado a la imposición de la sharia bajo un Estado islámico.

En fin, la historia no puede tener fin porque tiene destino. Las visiones teleológicas del mundo sólo pueden ser sustentadas en concepciones transcendentes de la existencia humana y garantizada la independencia entre el Reino de Dios y el de tierra, la historia de estos humanos que transitamos por aquí, a la espera o no de un mundo posterior, no tienen mayor historia que la lucha por la supervivencia. Por ello, no parece oportuno encuadrar todo el libro en un supuesto fin de la Historia que de facto vendría a minimizar gran parte de los problemas derivados de la actual situación de España.

En todo caso, soy consciente de la existencia en nuestro país de una cohorte que adquirió la madurez durante la transición y que lideró al desarrollo de este país desde el franquismo más oscuro a la entrada en el euro como socio fundador. Sin duda, para esta generación el discurso del fin de la Historia elaborado en los noventa resulta sugerente porque su propia trayectoria vital participa de esa flecha del progreso. Sin embargo, desde al menos la caída de la Torres Gemelas en 2001, la historia ha vuelto a ponerse en marcha y su camino dependerá exclusivamente de nosotros mismos, sin determinismos históricos que ojalá, en lo referente a la victoria de la democracia occidental, fueran ciertos.

3. Qué hacer con España

La segunda y la tercera parte de libro conforman el núcleo central de su diagnóstico de la crisis española, donde desarrolla la publicitada descripción de los actuales políticos como “clase extractiva”, ampliando el uso que de ese vocablo hacen Acemoglu y Robinson en su reciente “¿Por qué fracasan las naciones?”

En las primeas páginas de este bloque, Molinas realiza un repaso histórico sobre la evolución del capitalismo en España y la influencia del entorno geográfico y de la propia historia en la configuración de un mercado no competitivo en nuestro país, más pendiente de las dádivas del poder que de la elección del consumidor. Se podría afirmar que Felipe II con su elección de Madrid como capital del Reino y su vocación de mantener a España fuera de la ola reformista que procedía del centro de Europa tiene una responsabilidad notable en la configuración posterior del país, poniendo valor las nuevas teorías “path dependece”. A su vez, la incapacidad del país para configurar un Estado-Nación a finales del siglo XIX en pleno apogeo romanticista y nacionalista, y los problemas para el desarrollo de una burguesía modernizadora, superados después por la expansión de los sueños totalitarios de siglo XX que confluyeron en la guerra civil y en la larga dictadura franquista.

Este repaso histórico marcado por ese “capitalismo castizo” conduce a la teoría del autor sobre la clase política española. A excepción del paréntesis histórico que representó la transición liderada por una generación de auténticos políticos con vocación de servicio público, Molinas establece que desde entonces la “cosa pública” ha sido colonizada por una nueva clase de políticos, que como los del pasado, sólo buscan en la Administración fuentes de renta personales. De este modo, el autor defiende que la democracia española ha acabado capturada por un cartel de políticos que sólo buscan la maximización de sus beneficios personales. Para ello, los responsables públicos generan burbujas bajo criterios discrecionales con el único fin de apropiarse de las rentas producidas en tales procesos, cuyo resultado no es otro que el aumento insostenible de la deuda.

Como resultado de este comportamiento de la clase política, la crisis del país sería “una y trina”. En primer lugar, España estaría sufriendo una crisis de deuda acumulada por las burbujas generadas por los políticos locales. En segundo lugar, el país adolecería también de una crisis político-institucional fruto de la actuación de esta clase política que habría pervertido a las propias instituciones. Y fruto de todo ello, estaríamos atravesando también una crisis moral derivada de la actuación de los políticos y de la corrupción que asola el ejercicio del poder.

Así pues, el diagnóstico es meridiano. Nuestro país ha sido ocupado por una clase política que genera burbujas de deuda para extraer rentas en beneficio propio, prostituyendo el propio marco institucional y amplificando la recesión económica, que ellos alimentan, con una crisis moral. Ante tales desatinos, la crisis múltiple que atraviesa el país sólo se superará sustituyendo a esta clase política por otra totalmente nueva, sin los vicios de la actual y con las bondades de aquélla, que construyó la transición.

Para llevar a cabo tal empresa, Molinas confía en dos reformas: una reforma electoral y una revisión de la ley de partidos. En primer lugar, el autor propone cambiar el actual modelo electoral proporcional basado en la circunscripción provincial por un modelo mayoritario de distritos uninominales. Este sistema debería mejorar la selección de los candidatos, elevando la competencia entre ellos, lo que permitiría canalizar hacia las instituciones a mejores políticos. En segundo lugar, Molinas defiende una reforma de los partidos políticos para reducir el poder de las jerarquías aunque en este caso no concreta mucho más allá que las intenciones finales de tal revisión. Esta renovación también debería alcanzar a los agentes sociales, sindicatos y patronal, que vienen a conformar con los políticos ordinarios la “clase extractiva”, que también ocupan los órganos reguladores e incluso la justicia a través del sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Por cierto, en este último caso, el autor plantea una elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por sorteo entre una serie de magistrados con años de experiencia y buena gestión de sus casos.

Una vez revisado el plantel político, la agenda de gobierno tendría dos vectores. Por una parte, habría que impulsar un nuevo Plan Marshall para elevar el nivel educativo y la inversión en I+D. Y, por otra parte, el autor plantea nuevas reformas liberalizadores en el mercado de trabajo y la revisión del sistema de pensiones con el propósito de desarrollar un modelo de capitalización con pensiones públicas mínimas, acompañado de una reforma profunda del mercado de la vivienda, que mejore el funcionamiento del alquiler. Esta última medida permitiría elevar la eficiencia del mercado laboral, ampliando a su vez la capacidad de ahorro del conjunto de la economía. De este modo, Molinas termina el libro con un programa regeneracionista con el Estado en el centro del empeño y una apuesta liberalizadora en el mercado laboral y en el sistema de ahorro.

Con independencia del programa de gobierno que Molinas explicita en su libro, el diagnóstico sobre la “clase extractiva” tiene múltiples equívocos. En primer lugar, el autor no explica cómo esa generación de políticos egoístas ha alcanzado el poder y sobre todo cómo lo retienen. El uso de las teorías extractivas de Acemoglu y Robinson se encuadra en economías nacionales dirigidas por oligarquías o dictaduras que usan el poder coercitivo del Estado para salvaguardar su posición. Es decir, los profesores de Boston estudian los marcos institucionales que permiten que una clase reducida de ciudadanos pueda vivir de la explotación del resto, para lo cual se necesita algún tipo de poder militar para mantener la estabilidad interna. Sin embargo, Molinas utiliza esta versión de la “clase extractiva” de claros tintes marxistas para intentar explicar el mediocre funcionamiento de nuestra democracia, pero no explica cómo esa clase política alcanza el poder ni cómo logra retenerlo en un sistema democrático. De este modo, la supuesta teoría de Molinas apenas es una hipótesis que no logra contrastar.

Pero además, en la medida que no detalla cuál es el funcionamiento institucional por el cual esa “clase extractiva” ha llegado a dirigir al país, tampoco se entiende cómo espera cambiar el mecanismo del sistema mediante una reforma electoral y una nueva ley de partidos. Molinas focaliza toda la responsabilidad de la crisis en la actual clase política pero en la medida que no logra responder satisfactoriamente a los retos institucionales a que tal diagnóstico nos conduce genera de manera automática una frustración ciudadana de peligrosas consecuencias. Sin duda, hemos de dar la bienvenida a las propuestas de reforma institucional pero se echa en falta una mayor concreción de sus ideas y sobre todo una explicación de cómo tales cambios formales vehicularán una renovación ordenada de la clase política. En este sentido, habría que discutir por qué un modelo electoral mayoritario per se facilitará esa trasmutación política, habida cuenta de la experiencia en otras latitudes, no siempre ejemplar. Y además habría que explicar cuáles son los cuellos de botella del sistema de partidos y cuáles los puntos a variar, más allá de las declaración de objetivos, obviamente compartidos, pero que adolecen en la concreción de las medidas necesarias. Por cierto, si la solución a este problema nuclear del país pasa por transformar las instituciones, deberíamos preguntarnos quién fue el constructor de las actuales. Ciertamente, no seré yo quien me una a la crítica abundante a la transición (si aquello fue imperfecto y precipitó treinta años de progreso y cohesión social y territorial como nunca antes en España, ojalá los retos del presente se superen con igual imperfección) pero es obvio que los fallos institucionales presentes proceden de los modelos puestos en planta durante la reconstrucción democrática.

Por otra parte, la explicación casual centralizada en una clase política explotadora resulta demasiado simplificadora cuando el resto del país vivía también en una burbuja, y no sólo económica como explicita Antonio Muñoz Molina en su Todo lo que era sólido. No quiero en ningún caso, minimizar la responsabilidad de los agentes políticos en la consecución de esta crisis o repartirla entre todos nosotros de modo que no haya culpables, pero simplificarla hasta el grado máximo en los representantes políticos resulta incierto, porque las burbujas financieras no tienen explicación sin una referencia al marco institucional de la zona euro, condición necesaria para el exceso de liquidez que disparó la deuda de nuestro país. Ciertamente, los políticos condujeron tal financiación en muchos casos hacia burbujas insostenibles, pero la materia prima para desperdiciar no se creaba de las manos de nuestros representantes, sino del Banco Central Europeo. Y fueron los financieros quienes canalizaron la liquidez hacia las burbujas sectoriales sin valorar los riesgos regulatorios evidentes, y los empresarios e inversores los que edificaron e instalaron huertos solares, y en algunos casos, tal como la justicia está tratando de desentrañar, bajo acuerdos ilegales. Todo ello con el beneplácito de trabajadores cuyos salarios crecían más que el ritmo de productividad, mientras miles de jóvenes abandonaban los estudios por un buen salario en los sectores ligados a la burbuja. Sin duda, a quien más responsabilidad tiene, más se le debe exigir, pero condensar en exclusiva una crítica a los políticos de la relajación moral que protagonizó nuestra pequeña historia durante tres lustros resulta demasiado simplificador.

Por todo ello, cualquier comparación de nuestras élites políticas con las clases extractivas de Acemoglu y compañía no habla mal de nuestros políticos, sino de los españoles, porque a diferencia de los países de análisis de los profesores americanos, en España los ciudadanos votan. Por ello, la teoría de Molinas, siendo sugerente ante el reducido perfil profesional de nuestros políticos, es apenas una hipótesis que no logra contrastar porque ni explica cómo esa clase ha alcanzado el poder y sobre todo cómo lo mantiene sin recurrir a la coacción del Estado.

En todo caso, es obvio que el país tiene un serio problema en la selección de sus políticos y el autor apunta correctamente hacia una ley de partidos y una reforma electoral como elementos necesarios para reconfigurar el espacio público. Pero esta recomendación no puede seguir a la crítica universal sobre los políticos que representa un análisis de una parcialidad tremenda, cuando la zafiedad ha alcanzado a gran parte del cuerpo social de España. Es decir, comparto con el autor una crítica directa a la clase política del país, aunque no creo que sea la responsable única de la crisis. La cuestión es que la descripción intrínsecamente malvada de esa cohorte de políticos junto a unas propuestas de reformas apenas detalladas sitúa al lector ante el anzuelo de la anti-política, porque tales recomendaciones no van a acompañadas ni de explicación de cómo funcionan las instituciones actuales ni de como tales ideas podrían mejorarlas. Si los políticos son una clase extractiva y no se detalla cómo deberían funcionar las instituciones y cómo instrumentar ese cambio, el ciudadano se enfrenta a una insatisfacción insalvable.

4. Conclusiones

Dejando a un lado del primer capítulo sobre el fin de la historia que se aleja de la misión central del libro, Qué hacer con España intenta ofrecer una explicación a la crisis que sufre el país y plantea una agenda de reformas centradas en la revisión institucional, políticas públicas regeneracionistas y nuevas apuestas liberalizadoras en el mercado de trabajo y en las decisiones de ahorro. En todo caso, el foco del autor se sitúa sobre una clase política omnímoda dirigida por una maximización de sus beneficios personales que la conducen de burbuja en burbuja, de institución en institución hasta esquilmar todas las fuentes de renta del país. De este modo, no hay solución a la crisis sin una renovación política que pasa por una reforma electoral y una ley de partidos. Sin embargo, el autor no explicita cómo esa clase extractiva ha logrado alcanzar el poder y cómo no se apea de él, y, por lo tanto, tampoco acierta a explicitar cómo instrumentar su agenda de cambio. Es decir, Molinas focaliza toda la responsabilidad de esta crisis en una clase política no sólo disfuncional, sino parasitaria, pero no consigue transparentar cómo viabilizar sus reformas. De algún modo, el autor orienta la policy pero sin concretar las politics.

Por ello, aun cuando Molinas orienta las reformas institucionales a implementar, en la medida que no explica cómo en la actualidad esa “clase política” ha ocupado todo el poder apenas lleva al lector a la desesperanza. De este modo, en la medida que no explicita el sistema de apropiación del sistema de esa clase extractiva ni cómo gestionar su recambio, habida cuenta que tal grupo social centraliza todas nuestras tribulaciones, Molinas, aún sin pretenderlo probablemente, deja al lector ante una frustración irresoluble.

Y aquí es donde empiezan mis inquietudes más profundas que, por cierto, engarzan con el primer capítulo y el fin de la historia. La simplificación hasta extremos caricaturescos de la maldad intrínseca de nuestra clase política junto a la profunda recesión económica y a la crisis social, institucional y moral, sitúan al ciudadano ante una batalla contra la política. Sin duda, Molinas no llega a tales extremos en su posición pero la incapacidad para explicar cómo impulsar los cambios junto a tal maldad acumulada por nuestros políticos en la actual atmósfera del país es el paso previo para la crítica al parlamentarismo, a los partidos, a las instituciones y, en fin, a todo el armazón constitucional. Además, el autor se descuelga con unas algunas opiniones ciertamente frívolas en la parte en la que critica sin medida alguna el paso de políticos al sector privado y plantea una tabla de consejeros-políticos donde mezcla toda clase de perfiles.

Por ello, si Molinas yerra en focalizar toda la responsabilidad de esta crisis en los políticos, sin referencia alguna a los fallos institucionales de la zona euro o sin cita alguna al resto de corresponsables locales de la actual crisis; el autor peca después de cierta imprudencia porque en la medida que no transmite cómo renovar esa clase extractiva invita, involuntariamente, a idear otro tipo de recambios. Y esta crítica unida al desarrollo de nuevos paradigmas procedentes de países emergente cuyos sistemas políticos ansían legitimarse por los resultados económicos suponen, de nuevo, un polo de atracción fatal ante el fácil discurso contra los políticos que antecede al antiparlamentarismo. Como digo, no culpo a Molinas de la interpretación que pudiera hacerse de sus posiciones, pero sí de la ausencia de una reflexión más meditada sobre las características, la toma del poder y el desalojo potencial de esa clase extractiva. Ojalá esta crisis tuviera una explicación tan sucinta. En todo caso, el autor tiene razón en situar a la política en la arena central del escenario de la crisis, pero ni está sola ni todo pasa por ahí. Y, en cualquier caso, una aproximación a la reforma institucional que exige la actual crisis debería asentarse en un análisis más detallado.

Por último, el autor planeta un Plan Marshall para impulsar la educación y la I+D que tiene difícil crítica. Ojalá los actuales decisores públicos lo tuvieran en cuenta. Además, el libro defiende una nueva reforma laboral acompañada de una mejora del alquiler de vivienda y una “liberalización” del ahorro, mediante la transmutación del sistema de pensiones de reparto u otro de capitalización. Ciertamente, España necesita de reformas en todos estos aspectos pero discutir el contenido de las mismas nos llevaría demasiado tiempo. Baste decir que, en mi opinión, el sistema de pensionas debería mantener su modelo de reparto y el mercado laboral tendría que ofrecer un mix de seguridad y flexibilidad diferente al propuesto por el autor.

En fin, España atraviesa una de las más duras crisis de las últimas décadas y siempre es muy positivo que el debate político amplíe sus tradicionales fronteras. Por ello, es muy valorable el esfuerzo de César Molinas y otros intelectuales para intentar ofrecer un diagnóstico sobre las causas de esta crisis y especialmente sobre las estrategias de salida. Sin duda, cualquier análisis debe incorporar el desgaste de la clase política que ha ido perdiendo vigor desde los años de la transición y que exige una reforma institucional profunda. Sin embargo, centrar toda la responsabilidad en unos políticos conformados en “clase extractiva” supone, en mi opinión, un salto cualitativo peligroso que sin una explicación formal de cómo han alcanzado el poder y cómo lo sustentan bajo un modelo democrático conduce a la ciudadanía a una notable desafección ante la cual pueden regenerarse nuevos discursos antiparlamentarios, confirmando que la historia no tiene fin.

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El elevado endeudamiento del sector privado y su efecto sobre el sector financiero impiden cualquier recuperación de la demanda interna

Los últimos acuerdos del Consejo Europeo junto al programa OMT del BCE han elevado la certidumbre sobre el futuro del euro

La solución última a la recesión pasa por una profundización de la unión económica de la eurozona, pero el país necesita una actualización de los pactos internos políticos, sociales y territoriales

Traducción de Rebooting Spain. Artículo publicado en la edición de febrero de State of the Left en Policy Network.Rebooting SpainState of the LeftPolicy Network

La crisis económica acumula ya cinco largos años y aún no se vislumbra una salida a corto plazo. Los efectos sociales están siendo devastadores, con unas tasas de desempleo y pobreza muy elevadas. Además, los casos de corrupción ocupan los titulares de la prensa y en las últimas semanas apuntan directamente al presidente del gobierno. Por todo ello, la incertidumbre política, económica y social ha alcanzado sus máximos, si bien hay también alguna buena noticia que procede de la eurozona aunque el nuevo presupuesto comunitario vuelve a aguar el ligero optimismo.

La economía española cerró el pasado año con una contracción del 1,4 por ciento. El número de desempleados se sitúa ya muy cerca de los seis millones, tres de los cuales no tienen derecho a prestación, y el desempleo juvenil supera el 50 por ciento. Además, cerca de dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Pero si estos datos son ya muy preocupantes, las perspectivas de corto plazo no son mejores. Para el año en curso, el propio gobierno adelanta una caída adicional de la renta del 0,5 por ciento que la Comisión Europea agrava hasta el 1,4. Así pues, tanto el presente como, sobre todo, la ausencia de un horizonte esperanzador están terminando de minar la confianza de la ciudadanía.

En el fondo, el elevado endeudamiento del sector privado y su efecto sobre el sector financiero impiden cualquier recuperación de la demanda interna. Los primeros deben dedicar todo su flujo de renta a reducir deuda y los segundos están acometiendo el saneamiento de sus propios balances, con el apoyo financiero del Eurogrupo. Por su parte, el sector público ha sufrido un rápido crecimiento de su deuda y, con independencia de los compromisos europeos, debe contener el tamaño de su déficit. Tal desequilibrio fiscal responde en gran medida al desplome de los ingresos, que han reducido su peso sobre el PIB en seis puntos porcentuales desde el inicio de la crisis, cuando en el resto de la eurozona se han mantenido estables. Este dato transparenta unas bases imponibles muy volátiles que complican la gestión de la política fiscal. Sin embargo, el gobierno ha centrado su estrategia en el ajuste del gasto (educación y sanidad) con una subida de impuestos indirectos y un incremento sólo temporal de los directos, rehuyendo una reforma profunda del sistema tributario. Tal es así que la Comisión Europa adelanta un incremento del déficit estructural en 2014.

Con independencia de la senda de ajuste, los países deudores de la eurozona están focalizando su estrategia de recuperación en la aceleración de una deflación interna que incentive a las exportaciones. Como se está observando, esta aproximación muestra insuficientes réditos en economías poco flexibles y, además, amenaza la cohesión y la estabilidad social. Así pues, este camino debe complementarse con una profundización de la integración de la eurozona. Este avance otorgaría más grados de libertad a la política fiscal y monetaria, que actualmente se encuentra muy encorsetada ante la naturaleza sub-óptima de la eurozona (acuerdo de tipos de cambio fijo). Y es aquí donde se observan algunas noticias esperanzadoras. Los últimos acuerdos del Consejo Europeo junto al programa OMT del BCE han elevado la certidumbre sobre el futuro del euro. Esta incipiente revisión del marco institucional está en la base de la suavización de los objetivos fiscales para los países deudores que podría acordarse en las próximas semanas.

En el plano político, hace poco más de un año, el PSOE perdía las elecciones generales, víctima de la crisis pero también de su incapacidad para responder pronto y articular un mensaje nítido ante la misma. Los electores otorgaron una amplia mayoría absoluta al Partido Popular con la esperanza de que pudiera enderezar la situación. Un año después la credibilidad del nuevo gobierno se ha esfumado ante la prolongación de la crisis, los incumplimientos electorales y, en las últimas semanas, los casos de corrupción.

En este último asunto, los medios de comunicación han publicitado una supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular. Según estas informaciones, empresarios ligados a la construcción habrían aportado donativos al PP superiores al límite legal. Estos ingresos ilícitos habrían sido utilizados para pagar sobresueldos a la dirección del partido no declarados a Hacienda. La prensa ha tenido acceso a la supuesta contabilidad paralela, donde se explicita que el actual Presidente, Mariano Rajoy, habría cobrado tales emolumentos ilegales. Hasta ahora, el Presidente ha negado la verosimilitud de tales informaciones. Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha solicitado su dimisión.

En todo caso, este escándalo se suma a una serie de causas judiciales abiertas ante posibles corruptelas en ámbitos locales y regionales, pero también a otros casos que afectan al entorno de la Corona o al Tribunal Supremo. De este modo, el descrédito de las instituciones se está acentuando. Y es este entorno institucional, poco sugerente, el que ayuda a entender también las renovadas tensiones territoriales que aportan un grado adicional de inestabilidad.

Las encuestas recogen una caída notable del PP desde las pasadas elecciones de más de veinte puntos, dejando su apoyo electoral entorno al 24 por ciento. Sin embargo, el PSOE no recupera posiciones y se sitúa ligeramente por debajo del PP. Nunca ambas formaciones habían capitalizado un menor peso electoral conjuntamente. El destino de estos votantes desencantados apunta principalmente hacia la abstención, que podría elevar su peso en cerca de veinte puntos. Por lo demás, se observa también un crecimiento notable de los partidos minoritarios - UPyD al centro e IU a la izquierda– pero no un repunte del apoyo a formaciones anti-sistema o populistas.

En fin, España está sufriendo una dura crisis económica que está deslavazando la cohesión social con efectos negativos sobre la legitimidad del entramado institucional, que ya presentaba problemas relevantes. La solución última a la recesión pasa por una profundización de la unión económica de la eurozona, pero el país necesita una actualización de los pactos internos políticos, sociales y territoriales, que han protagonizado con éxito toda esta etapa democrática.

El campo de discusión se debe situar en el rediseño de la unión monetaria y es aquí donde está la batalla europeísta y socialdemócrata

Existe alternativa, una profunda reforma del marco institucional de la propia zona euro

Las elecciones europeas de 2014 deberían marcar una nueva etapa en la construcción política de la Unión

1. Introducción

La eurozona ha cerrado 2012 con una caída de la renta cercana al 0,5 por ciento. Además, en el último trimestre, Alemania registró una contracción de la actividad del 2,0 por ciento en tasa trimestral anualizada. Así pues, la crisis de las economías periféricas alcanza ya al núcleo de la unión monetaria. Esta extensión territorial de la recesión debería ayudar a revisar los juicios sobre las causas y las soluciones de la propia crisis, huyendo de una interpretación exclusivamente en clave nacional. Hasta ahora, el debate ha estado protagonizado por el enfrentamiento entre las políticas de austeridad y las de gasto, con una clara victoria de las primeras.

Sin embargo, ni unas ni otras pueden solventar la crisis de la eurozona y salvaguardar conjuntamente la fortaleza del modelo europeo de “economía social de mercado”. Solamente una reforma del marco institucional en el que opera la moneda única puede dar una respuesta eficiente y equitativa a esta crisis y las últimas medidas tomadas en esta dirección, aunque aún tenues, pueden explicar el actual debate sobre la relajación de los cronogramas fiscales.

Así pues, el campo de discusión se debe situar esencialmente en el rediseño de la unión monetaria y es aquí donde está la batalla europeísta y socialdemócrata.

2. Unión monetaria y estrategia deflacionista

La actual unión monetaria se acerca más a un área de libre comercio con tipo de cambio fijo, una especie de patrón-euro, que a una auténtica unión económica. Este modelo genera de manera endógena desequilibrios por cuenta corriente, centrados en las economías que ingresan en el acuerdo de tipo de cambio con una moneda depreciada. Este fue el caso de las economías periféricas de la zona euro. Este pecado original generó un boom con incrementos notables de la inflación, dada la poca flexibilidad de estas economías, reduciendo así los tipos de interés reales, ya en tasas rebajadas para impulsar la recuperación en el centro de la eurozona en los primeros años de la década pasada.

Todo ello cebó la bomba del crecimiento y algunos gobiernos confundieron esta etapa coyuntural con una estructural, tomando decisiones de política fiscal inapropiadas y/o relajando el ritmo de reformas. Durante esos años, estas economías vieron elevarse su deuda externa, que pudieron financiar mientras existía certidumbre sobre la estabilidad del euro y los inversores presentaban una aversión al riesgo reducida. Ambas cuestiones saltaron por los aires con la caída de Lehman Brohters. Este suceso destapó la acumulación de desequilibrios en algunas economías nacionales en el interior la zona euro y condujo a dos confusiones. Por una parte, algunos creyeron que la crisis europea era sólo el reflujo de las subprime norteamericanas, toda vez que los desequilibrios en Europa eran endógenos y la crisis al otro lado del Atlántico sólo fue el detonante. Y por otra parte, otros interpretaron la crisis como el resultado de comportamientos imprudentes en los países periféricos, cuando la raíz última de la misma residía (y aún lo hace) en el propio modelo de unión monetaria, aun cuando sea cierto que algunos gobiernos mostraron poca sensatez durante la década previa de acumulación de desequilibrios.

Desde el inicio de la crisis, Europa ha adoptado una estrategia de impulso de ajustes y liberalizaciones en el ámbito de las economías nacionales, tras una primera fase de estímulos. Y de algún modo esta respuesta es coherente con el modelo actual de unión monetaria. Una zona de libre cambio con tipo de cambio fijo solo puede responder ante una crisis de deuda externa a través de un proceso deflacionario. Para ello se necesitan mercados muy flexibles (lo que explica en parte la velocidad del ajuste en Irlanda) y una contracción de la política fiscal, que colabore en la depresión de los precios internos y ayude a reducir la financiación exterior. Aquellas economías con precios rígidos a la baja deberán sufrir reformas liberalizadoras profundas y rápidas, eliminando restricciones e incluso incorporando a la lógica del mercado a sectores de actividad ajenos a la misma anteriormente. Esta estrategia se adecúa, pues, al actual entorno institucional de la eurozona, si bien no está exenta de riesgos como se está observando.

A corto plazo, este proceso conduce a una depresión de las rentas derivada del ajuste deflacionario, mientras la deuda se mantiene estable. Este desajuste, si no se corrige con una rápida recuperación liderada por las exportaciones, puede conducir a un círculo vicioso de contracción-deuda, cuya única salida sea la ruptura del tipo de cambio para acentuar la depreciación mediante una devaluación. Así pues, si bien es cierto que la estrategia deflacionista es coherente con el actual modelo de unión monetaria, un patrón-euro, presenta riesgos notables en su instrumentación, tal y como se constata en Grecia o Portugal.

Pero además, esta apuesta tiene daños “colaterales relevantes” centrados en la cohesión social. Las desregulaciones para flexibilizar el sistema de precios no deben circunscribirse a los mercados de bienes y servicios. Tales medidas deben entrar de lleno en el mercado de trabajo y además deberían conducir a incorporar a la lógica de mercado la provisión de bienes públicos, que puede ayudar a acelerar la consolidación fiscal pero también a desregular la economía, contribuyendo así en la deflación. Estas reformas tensionan el corazón del modelo de Estado de Bienestar netamente europeo.

Este modelo para solventar la crisis bajo una perspectiva exclusivamente librecambista, asentado en una integración europea de facto mediante la desregulación de los mercados nacionales, necesita algunos detalles institucionales para funcionar a medio plazo. Este sistema precisa correas más fuertes contra el déficit público (Fiscal Compact) y un instrumento de apoyo a economías nacionales para cubrir shocks particulares (MEDE). Ambas medidas ya han sido tomadas y podrían terminar de configurar una zona euro bastante cercana al ideal de los conservadores británicos. Por tanto, resulta curioso que sea en este momento cuando más se cuestione la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. En cualquier caso, esta estrategia está fallando en el objetivo primero, permitir una salida de la crisis, y los costes sociales que está generando está poniendo en riesgo la propia estabilidad del sistema.

3. ¿Hay alternativas?

Desde el inicio de la aplicación de la estrategia deflacionista se han levantado distintas voces contra tal opción. Principalmente desde la izquierda se ha exigido una crítica a los programas de consolidación fiscal, mientras se pedía una más expansiva política monetaria y una parada en la agenda de reformas. Este recetario enfrenta una a una las recomendaciones del consenso que ha regido en los últimos años pero su implementación, en el actual marco institucional de la zona euro, aceleraría los riesgos de implosión de la propia Unión.

Estas propuestas, sin alterar la lógica del actual modelo de patrón-euro, suponen elevar las contradicciones de la unión monetaria y conducirla hacia una probable ruptura, cuyo coste social sería también extraordinario. Si las economías deudoras paralizan sus programas de ajuste fiscal solo elevarán sus costes de financiación, acelerando el bucle de deuda y deprimiendo más la actividad. De modo similar, una mayor laxitud de la política monetaria apenas tendría ya impacto sobre la actividad, dado que el problema no son los tipos oficiales de interés sino la transmisión de la propia política monetaria, bloqueada por la probabilidad de ruptura de la eurozona. Asimismo, la paralización de todas las reformas asentaría la rigidez de las economías nacionales, dificultando el funcionamiento del sistema de precios. De este modo, la deflación sería menos probable y más compleja la recuperación vía exportaciones, ahondando así en la recesión. Además, bajo la actual unión monetaria, si países más o menos ajenos a las crisis fiscales de los Estados periféricos comenzaran a revisar sus políticas presupuestarias con el objetivo de impulsar sus demandas internas, corren el riesgo de continuar la senda de los países ya inmersos en severos problemas de sostenibilidad fiscal.

Por todo ello, podría haber quien estuviera tentado a pensar que no existe alternativa alguna al actual camino de austeridad, aunque este muestra una probabilidad decreciente de éxito y unos costes sociales muy negativos. De hecho, los portavoces oficiales acentúan esta imposibilidad material de alternativa alguna para justificar sus propias políticas económicas nacionales. Sin embargo, esta disposición no es cierta. Existe alternativa. Pero ésta no se encuentra en una revisión de la orientación de los actuales instrumentos nacionales de política económica, sino una en una profunda reforma del marco institucional de la propia zona euro.

De este modo, la única respuesta alternativa pasa por revisar el modelo de la unión monetaria y conducirlo hacia una auténtica unión económica, donde se puedan implementar políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas como ocurre en cualquier economía integrada como Estados Unidos. Es importante destacar que la aproximación expansiva norteamericana o las reflexiones nacionales en el Reino Unido no operan en el marco de un área de libre comercio con tipos de cambio fijo (como la eurozona), dado que en este entorno comportamientos nacionales expansivos acabarían por hacer explosionar el sistema. Así pues, la alternativa progresista pasa indefectiblemente por un nuevo impulso europeísta.

4. La alternativa europeísta

La Unión necesita mercados únicos de capital, trabajo y bienes y servicios. En primer lugar, a la política monetaria común debería sumarse la labor de regulación y supervisión bancaria. En este camino está el último acuerdo del Consejo Europeo, al que debería unirse un seguro de depósito común y un sistema compartido de liquidación de entidades. Al final del camino, debería haber un único Banco Central Europeo, donde colapsaran todas las autoridades bancarias nacionales. En el mercado laboral, la Unión debe dar cobertura a los trabajadores que operan en distintos países. O se armonizan los sistemas de desempleo y de pensiones o acabarán muertos víctimas de la propia integración económica, dado que su actual regulación en clave nacional es una traba a la movilidad. También habría que disponer de sistemas de contratación homogéneos en el seno de la eurozona. Y por supuesto, las reformas para otorgar flexibilidad a los mercados de bienes y servicios son inaplazables.

Por otra parte, la Unión necesita una política fiscal europea, no solo acuerdos nacionales de estabilidad presupuestaria. La mutualización de riesgos bancarios de la mano de la supervisión, aún en su versión suave, exige algún tipo de corresponsabilidad fiscal. Pero además, sería necesario viabilizar estabilizadores automáticos europeos junto a fondos de asistencia que redujeran el efecto de shocks asimétricos. Y en la misma línea, urge un presupuesto común que financie bienes públicos europeos. Para ello, la Comisión debería disponer de una fuente de ingresos propios que además podría solventar problemas de eficiencia derivados del actual modelo de tributación nacional de bases imponibles muy móviles (rendimientos del capital, impuestos para determinadas sociedades, etc.). Tal movilidad desaconseja su imposición a escala nacional y solo desde instancias europeas se podría gravar de manera eficiente. Como resultado de todo, el modelo debería completarse con una migración del actual Mecanismo de Estabilidad hacia un Tesoro europeo que mutualice parte de las deudas nacionales. Y, por supuesto, toda esta apuesta centrada en europeizar la regulación (y no en hacerla desparecer) necesitaría una revisión del modelo político, dado que mayor cesión de soberanía exige más rendición de cuentas democráticas. Las elecciones europeas de 2014 deberían marcar una nueva etapa en la construcción política de la Unión que dé sustento a esta agenda económica europeísta que exige una reforma del Tratado.

Esta estrategia institucionalista, aún con un calendario temporal dilatado en el tiempo pero pactado y estructurado, sería clave para asegurar la estabilidad de la zona euro, volver a permitir la transmisión de la política monetaria y acomodar la senda de consolidación fiscal de los países deudores a un ritmo más pausado, que sin la cobertura reformista conduciría al conjunto de la eurozona a la ruptura. Es decir, indudablemente los países deudores necesitan un cronograma de ajuste fiscal más suave, pero este camino no se puede discutir hasta que las autoridades nacionales y comunitarias pacten una revisión profunda del modelo institucional que ampare tal aproximación para no poner en riesgo el futuro del euro.

En este sentido, el último Consejo ha abierto alguna puerta a estas reformas. El acuerdo sobre el supervisor único, aún con notables insuficiencias, se une al programa de compra ilimitada de deuda del BCE para aquellos países que lo soliciten. Ambas medidas parecen haber consolidado la idea de la irreversibilidad del euro y gracias a esto se comienza ya a discutir una rebaja de los objetivos fiscales a corto plazo. Y quizá por esto, los conservadores británicos estén ahora reviviendo el debate sobre su futuro en la Unión. En cualquier caso, si el propósito es, no sólo relajar esos objetivos, sino perfilar una nueva estrategia contra la crisis y a favor de la cohesión social y del proyecto europeísta, el camino sólo ha hecho que comenzar. Aún se necesitan muchas más medidas pro-integración y, por ejemplo, la discusión paralela a cerca de los presupuestos comunitarios para el periodo 2014-20 tampoco parece haber interiorizado esta nueva realidad.

5. Conclusiones

A la vista de esta realidad, la socialdemocracia debe huir también de las aproximaciones exclusivamente nacionales a esta crisis. No es posible una respuesta progresista y nacional a la actual crisis de la zona euro. Por ello, la izquierda debe liderar esa europeización del espacio político y situar en la eurozona el campo de discusión programática con el propósito de europeizar no sólo los mercados financieros y la política monetaria, sino también la regulación social y laboral y, por lo tanto, la fiscal.

Solo existe, pues, un camino para superar esta crisis y mantener la coherencia del modelo social europeo que pasa esencialmente por hacer económica la actual unión, integrando los mercados en un marco institucional ordenado y supervisado por autoridades comunitarias con mayor control democrático. De este modo, solventar esta crisis y profundizar en la unión política son la misma cosa, con el propósito de apuntalar y fortalecer el Estado de Bienestar, que será europeo o no será. Quizá ese Premio Nobel de la Paz recién recibido pueda servir de estímulo ante los retos del presente.