Aunque el primer informe de la OCDE sobre tecnología en el aula indica que disponer de más ordenadores y hacer un uso más extenso de ellos no mejora automáticamente los resultados escolares (de hecho, al parecer, sucede todo lo contrario), es incuestionable que hoy en día hay mucha tecnología en los colegios, ya sea la que aporta el propio centro o la que lleva de casa el estudiante con su recién estrenado teléfono inteligente.  

El uso de estas herramientas conlleva una serie de interrogantes legales que afectan a los centros educativos, a los alumnos y, sobre todo, a la privacidad de todos ellos.

Obras de teatro y otras celebraciones

Sin lugar a dudas, un colegio celebrará durante el año actos públicos con la participación de los estudiantes para que los familiares asistan. ¿Puede el colegio grabarlos en vídeo para la posteridad? Sí, siempre y cuando cuente con el consentimiento de los padres. No hay que olvidar que la imagen es un dato de carácter personal. En este caso, además, se trata de la imagen de un menor de edad.

Si un padre no quiere que graben a su hijo, aunque el resto no se oponga, estaremos ante una situación compleja en la que el niño en cuestión podría quedar fuera de la participación en la obra. No obstante, debería tenerse muy en cuenta el caso particular, el tipo de obra, su finalidad y el ámbito de difusión, entre otras cosas.

Por otro lado, el curso pasado dio mucho que hablar un caso sobre el uso de YouTube en las aulas. Una profesora de inglés puso como ejercicio a sus alumnos que se grabaran para valorar su pronunciación y subieran luego el vídeo a YouTube, en lugar de entregarlo en el típico formato físico. Por tanto, un dato de carácter personal se estaba compartiendo en un servicio de terceros y con dudas sobre el consentimiento otorgado por los alumnos.

El caso llegó a la Agencia Española de Protección de Datos y ésta indicó que, si bien hay formatos más adecuados para conciliar la protección de datos personales de menores y la tarea académica, la actuación no era sancionable.

Los blogs de los alumnos

Cada día es más habitual que los colegios usen blogs para comunicar a los padres el día a día de sus hijos y las diferentes actividades que realizan. Blogs que incluirán normalmente fotografías de los menores, así que estamos nuevamente ante un dato de carácter personal.

Es algo que puede hacerse, siempre y cuando se disponga del correspondiente consentimiento de las personas afectadas, los padres, y se realice previa identificación del usuario que accede al contenido para personalizar la comunicación. Es decir, no sería ideal que los blogs se publicaran en abierto, para todo el mundo. Se debería acceder a ellos mediante usuario y contraseña, segmentando en todo lo posible la información que se muestra por grupos, cursos o etapas.

En el caso de los blogs creados por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), es interesante lo que dictaminó en 2013 la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) en cuanto a su responsabilidad en la gestión de sus blogs relativos a los diferentes jardines de infancia de un municipio. Según el organismo, la responsabilidad es del AMPA, no del ayuntamiento o la concesionaria.

Un correo electrónico para cada niño

Digamos que el colegio, en el marco de un programa para promover el uso de las nuevas tecnologías, crea un correo electrónico para cada uno de los usuarios menores de edad. ¿Haría falta el consentimiento de los padres? Si estamos antes menores de 14 años y el correo electrónico se puede utilizar con finalidades que van más allá de la puramente académica, sí es necesario.

En el caso de usuarios menores de 14 años que crean una cuenta de correo electrónico en el marco de la actividad docente y específicamente para esa finalidad, el día a día del colegio, en principio no haría falta.

El correo electrónico en el ámbito educativo da bastante juego. Por ejemplo, cabría preguntarse si se puede proporcionar la dirección de correo electrónico del docente a los padres que lo soliciten. Obviamente, se puede, y además no es necesario el consentimiento del profesor (siempre pensando que se pide para conocer la evolución del alumno).

En cuanto a la situación inversa, la del docente que le pide al alumno menor de edad la dirección de correo electrónico de sus padres, lo cierto es que sería necesario el consentimiento de los progenitores. Con una excepción: que la dirección de 'email' resulte necesaria para completar la capacidad del menor de edad. De ahí que se requiera el correo electrónico de los padres para solicitar ese consentimiento.

En este ámbito, la Guía Básica de Protección de Datos para los Centros Educativos de la APDCAT procura despejar la mayoría de las dudas.

Trabajo en equipo

No hay mejor herramienta para hacer buen trabajo en equipo, entre los propios alumnos y entre profesores y estudiantes, que una intranet: una red privada a la que se accede mediante usuario y contraseña y cuyo contenido no es visible para el resto del mundo.

El problema aquí radica en que, dado el coste de montar una intranet propia, en general, se recurre a servicios de terceros que, a cambio de una suscripción mensual, facilitan servicios de gran calidad y a un precio razonable. Servicios como Google Apps para Educación, Edmodo, Schoology o Edoome, entre muchos otros.

Un punto importante a este respecto es la ubicación de los datos personales que se incorporan al servicio. Si no tenemos en cuenta lo establecido en los términos y condiciones, es posible que sin darnos cuenta estemos abriendo un canal por el que estudiantes y profesores estén proporcionando su información personal mucho más allá del territorio español. La llamada “transferencia internacional de datos”, técnicamente hablando. Algo que puede ser muy problemático si el servicio que recopila esos datos y el país en que los almacena no proporcionan un nivel de garantías equivalente al europeo en materia de protección de datos.

Por curiosidad, ¿dónde alojan los servicios comentados los datos que recopilan? Google Apps en Estados Unidos, si bien es cierto que la multinacional está adherida al Acuerdo de Puerto Seguro, un pacto entre la Unión Europea y la potencia norteamericana que en principio garantiza su cumplimiento en materia de protección de datos de acuerdo a la normativa del Viejo Continente. Edmodo también los almacena en EE.UU. y también está adherido al Acuerdo de Puerto Seguro. Lo mismo sucede con Schoology o CourseSites. En Edoome resulta imposible descubrirlo, ya que el enlace a sus Términos y Condiciones está roto.  

En todo caso, existen alternativas nacionales que en principio no deberían presentar este inconveniente, como por ejemplo RedAlumnos.

Un móvil en cada bolsillo

He aquí un tema peliagudo, y cada día más presente, relativo a si puede el director o el profesor de un colegio revisar el contenido del móvil de un alumno. La regla general es que no, que requiere el consentimiento de sus padres en el caso de un menor de edad o el consentimiento del propio alumno si es mayor de 14 años. Sin embargo, como no hay derecho absoluto, y el derecho a la protección de datos no es ilimitado, debe valorarse en cada caso concreto qué derechos están colisionando.

De ese análisis podría entenderse que un centro escolar sí puede acceder al teléfono del menor sin consentimiento de sus padres. Sería, por ejemplo, el caso que llegó no hace mucho hasta la Audiencia Nacional, que estimó correcta la actuación del director del colegio porque los derechos de los otros menores se anteponían a la protección de datos del menor cuyo móvil había sido revisado.

Con móvil o sin él, en la función navideña o a través del blog del profesor, lo cierto es que la tecnología ha entrado en los colegios y lo ha hecho para quedarse. En estos primeros momentos, habrá que andarse con pies de plomo para hacer un uso intensivo, eficiente y legal de las nuevas tecnologías en el entorno educativo.

---

Las imágenes de este artículo son propiedad de Startup Stock Photos, USAG, Steve Jonhson e Intel Free Press

“Di poco y dilo bien”. Así reza un popular proverbio irlandés, y sin embargo, no es precisamente una de las virtudes de los términos y condiciones, que tienen la mala costumbre de decir mucho y pocas veces de la forma más clara.

Esta historia tiene a varias docenas de esos términos y condiciones como protagonistas, pero también a cientos de millones de datos personales. El escenario es una isla (no tan) remota cuyo antiguo nombre, Ériu, evoca relatos de fantasía. Ahora, en pleno siglo XXI, es identificada como una de las mayores guardianas del oro de nuestros tiempos. Hablamos de Irlanda y de la información personal.  

Irlanda está repleta de delegaciones de multinacionales estadounidenses, en especial las relacionadas con la tecnología y los grandes volúmenes de datos. Día sí y día también, el nuevo servicio de moda en internet abre allí oficina o cambia sus condiciones legales para hacer que sus usuarios no residentes en Estados Unidos contraten con la delegación irlandesa. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene Irlanda, sobre todo legalmente, que resulta tan atractiva para esas compañías? La respuesta incluye tres factores: personal cualificado, grandes ventajas fiscales y suaves exigencias en materia de protección de datos.

Irlanda dispone de mucho personal cualificado. Tantos años con empresas de alto perfil tecnológico crearon necesidades en recursos humanos que poco a poco se fueron cubriendo, y hoy en día, eso ha dado lugar a un 'pool' de talento profesional muy considerable y apreciado.

En relación a la vertiente fiscal, el origen debe buscarse a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces, el gobierno irlandés quería reverdecer el país. Por ello reinvirtió parte de los fondos proporcionados por EE.UU. como ayuda, contratando a un grupo de consultores norteamericanos que analizaron la situación económica. Aquel informe comenzaba con una frase que, hoy en día, es bastante famosa: “En la economía irlandesa, el ganado es el rey”.

Una de las propuestas del informe fue que Irlanda, siguiendo el ejemplo de Puerto Rico, redujera los impuestos aplicables a sociedades para atraer a las multinacionales. El gobierno irlandés vio en ello una reforma interesante y, poco a poco, se puso manos a la obra.

Con el tiempo, esa idea comienza a coger forma y a atraer a grandes empresas. Por ejemplo, Apple crea allí su subsidiaria en 1980. Sin embargo, no sería hasta finales de los 90 cuando Irlanda se convirtió en el (casi) paraíso fiscal que conocemoscasi. Fue entonces cuando su impuesto de sociedades pasó del 40% de 1990 a un muy escaso 12,5% en 2003 (y así hasta hoy). Un descenso continuado que ha ido a más en casos particulares, lo que ha llevado al inicio de investigaciones y varios cambios normativos. Con todo, la situación fiscal de Irlanda sigue siendo uno de sus mayores atractivos.

Finalmente, Irlanda tiene el reclamo de su (escasa) protección de datos. Solo este año, empresas como Etsy, Twitter, Dropbox o Zynga han cambiado sus términos y condiciones para indicar que los usuarios no residentes en Estados Unidos contratan con su (nueva) delegación en Irlanda. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Algunos argumentan que se trata de alejar a dichos usuarios del control que pueda ejercer la NSA, pero también podría ser un intento por mejorar la adecuación a la normativa europea y protegerse ante una eventual suspensión del Acuerdo de Puerto Seguro. No es ilógico. Sin embargo, es probable que la verdadera causa sea un poco más compleja.

Históricamente, la agencia de protección de datos irlandesa ha sido acusada de ser poco estricta. Aplica su normativa, pero lo hace de una forma muy suave. Tanto, de hecho, que no sanciona, ya que no tiene potestad para ello. Su labor se limita a investigar el supuesto, advertir al infractor, sugerir mejoras y hacer un seguimiento de su aplicación. Poco más. La agencia irlandesa explica que ellos tienen otra forma de hacer las cosas, una más dialogante.    

Uno de los casos más famosos de abuso de esta debilidad es el relativo a la base de datos de la policía irlandesa, PULSE. Creada con la finalidad de monitorizar cualquier incidente en el que participara un agente, acabó usándose, entre otras cosas, para controlar a los novios de las hijas de los policías. La agencia irlandesa abrio una investigación sobre el asunto, tras haber colaborado en su puesta en marcha, pero acabó en nada.   

Otro caso polémico afectó durante 2011 y 2012 a Facebook. En aquella ocasión, la actitud de la agencia frente a la red social también fue tibia.

Sin noticias de Bruselas

Desde 2012, Europa intenta aprobar su nueva normativa en materia de protección de datos. Esta vez en forma de reglamento y no de directiva, lo que debería garantizar una interpretación y aplicación común de la norma (algo que no sucede en la actualidad). Dada la importancia de la materia y el interés económico sobre la cuestión (recordemos: los datos personales son el nuevo petróleo), la norma acumula considerables retrasos y más de 4.000 enmiendas 4.000 enmiendas(la que más en la historia de la Unión Europea).

De acuerdo a documentos filtrados sobre las negociaciones en Bruselas para aprobar el nuevo reglamento, Irlanda ha sido el tercer país que más enmiendas ha presentado para rebajar el nivel de exigencia actual en materia de protección de datos, justo por detrás de Reino Unido y Alemania. Por ejemplo, una de las demandas de Irlanda pretende facilitar la conservación de datos cuando el usuario es menor de edad.

Entre su capital humano, las ventajas fiscales y su benevolencia respecto al tratamiento de la información personal, no es raro que tantas multinacionales norteamericanas quieran dar el salto a la isla Esmeralda y que el ganado haya dejado de ser el rey en la economía irlandesa.

--------------

Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Paul, Giuseppe Milo y Jorge Morell

Érase una vez una ambulancia perseguida por un abogado.

En el sector jurídico, especialmente en el anglosajón, se habla de 'ambulance chasers' o cazadores de ambulancias en referencia a los abogados que solían perseguirlas hasta la misma puerta de urgencias, a la busca y captura de potenciales clientes. Es una práctica ya casi extinta, aunque atendiendo a la actualidad, parece que todavía se da puntualmente.

Lo cierto es que algunos abogados se han hecho famosos, aparentemente, empleando este tipo de artimañas. Uno que frecuentemente es acusado por ello es John Edwards, que estuvo a punto de ser vicepresidente de los Estados Unidos hace unos años y recientemente se reincorporó al ámbito legal. Otro no menos ilustre cazador de ambulancias es Lionel Hutz, el desafortunado abogado de la serie 'Los Simpson', que durante años desempeñó su tarea desde un centro comercial en una oficina llamada “No puedo creer que sea un despacho de abogados”.

Por suerte, este tipo de prácticas son excepcionales hoy en día y están claramente prohibidas en el Estatuto General de la AbogacíaEstatuto General de la Abogacía, concretamente en su artículo 25.2 C), que impide ofrecer servicios legales a víctimas de accidentes en el momento en que carecen “de plena y serena libertad” para elegir a un abogado por encontrarse sufriendo una reciente desgracia personal.

Sin embargo, internet y sus nuevos métodos de comunicación, desde un foro hasta una red social o una 'app' de mensajería, abren la puerta al retorno de este tipo de prácticas, pero a la inversa: ahora estos clásicos picapleitos acuden raudos a la llamada de auxilio que los potenciales clientes realizan a través de la Red.

¿Quién no ha visto algún tuit del tipo “necesito abogado especializado en…”, “busco abogado en la zona de…” o “alguien conoce un abogado para…”? Hablamos de personas que buscan asesoramiento legal a través de un nuevo canal de comunicación, en este caso Twitter, y se trata en principio de solicitudes serias, con potencial incluso para convertirse en clientes. Ahora bien, ¿sería legal darles respuesta?

En principio, no hay norma en materia de publicidad o competencia desleal que impida responder a ese tipo de solicitud, en la que expresa y voluntariamente se requiere la prestación de un servicio profesional. Obviamente, la respuesta deberá ajustarse a las exigencias de la buena fe y no incurrir en ningún tipo de acoso, coacción o influencia indebida que pretendan afectar la libertad de elección del destinatario, tal y como establece la Ley de Competencia Desleal en su artículo 8.1. Más allá de eso, no parece existir limitación alguna.

Con la ayuda del analista de datos Óscar Moya Mesa y a modo de experimento, hemos monitorizado durante cuatro semanas, a través de la API de Twitter y siempre de acuerdo a lo establecido en sus términos y condiciones, tuits públicos que contenían alguna de estas ocho combinaciones de palabras: “quiero abogado”, “necesito abogado”, “contacto abogado”, “algún abogado”, “contactar abogado”, “abogado urgente”, “busco abogado” y “alguien conoce abogado”.

Detectamos 2.032 tuits aparentemente útiles. Tras revisar y limpiar los datos, obtenemos 383 tuits con potencial de ser auténticas solicitudes de servicios profesionales (algo más del 18% del total). La combinación de palabras con mayor porcentaje de utilidad resulta ser “alguien conoce abogado” (87%), mientras que el resto se mueven entre el 20 y el 30% de utilidad.

No obstante, la calidad no se corresponde con la cantidad en todos los casos: hay búsquedas como “alguien conoce abogado” que generan pocos resultados pero casi todos potencialmente útiles, y hay otros términos más voluminosos que, si bien pueden llegar a ser más productivos, requieren más trabajo.

Por materias, excluyendo las consultas indeterminadas, las grandes protagonistas son las consultas sobre derecho laboral (50), seguidas por las de derecho de familia. El resto están bastante repartidas entre ramas como administrativo, penal o mercantil. Hay incluso 4 relativas al derecho tecnológico y otras 4 concretas sobre propiedad intelectual.

En cuanto a la procedencia, dejando al margen las muchas desconocidas, destaca Latinoamérica, con Chile (51) y Argentina (41) a la cabeza. España queda en un meritorio tercer puesto, con 30 tuits que a priori están buscando un abogado o asesoramiento en materia legal. Colombia (28), Venezuela (23) y México (19) ocupan las otras tres posiciones.

Nuestro país está en tercera posición gracias a consultas concretas (“busco abogado”, “necesito abogado” y “algún abogado”), mientras que combinaciones como “abogado urgente” funcionan mucho mejor en Argentina o Chile.

Salta a la vista que la proporción de tuits útiles es bastante baja, pero existe una oportunidad de llevar el negocio a Twitter por dos motivos: por una parte, este canal para encontrar clientes está completamente inexplorado, por tanto, aunque el número sea escaso, está todo por ganar; por otra parte, dado el tipo de potencial cliente (que usa un canal atípico como Twitter para solicitar tal servicio), es posible que un número respetable de consultas pueda resolverse a distancia, lo que podría solventar el problema frecuente de la barrera geográfica (aunque no así el de la barrera normativa).

Cuando este tipo de prácticas comience a ser habitual, también será interesante comprobar si la satisfacción de los clientes contactados de este modo hace que otros se animen a usar el mismo canal en busca de este tipo de servicios.

En definitiva, la gente usa los nuevos canales de comunicación para buscar ayuda profesional, y el sector legal no es (ni debe ser) ajeno a ello. Monitorizar esas búsquedas y ofrecer de forma adecuada ese posible asesoramiento no parece una pérdida de tiempo. Al fin y al cabo, con los datos aquí expuestos, estamos hablando de 30 potenciales clientes al mes únicamente en España.

Dejemos de perseguir a la ambulancia y empecemos (quizá) a perseguir el tuit.

Si hay una máxima jurídica ampliamente conocida en el sector legal (y más allá) es la famosa “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, recogida en el artículo 6.1 del Código Civil.

Tal regla lleva mucho tiempo entre nosotros. Es lógica e incluso relativamente fácil de entender. Ahora bien, puede que un ciudadano no ignore la ley, sepa que existe, pero ¿y si no la entiende? No sería raro. Al fin y al cabo, en el sector jurídico hablamos muchas veces en 'legalés', un idioma propio que en ocasiones ni tan siquiera los juristas comprendemos.

“Si no la entiende, consulte con un profesional”, responderán muchos. Cierto, y en numerosas ocasiones será la mejor opción, pero ¿siempre? No nos engañemos: la grandísima mayoría de las normas jurídicas está fuera del alcance del ciudadano de a pie, por contenido, estructura y localización.

Partiendo de ahí, ¿pueden hacerse leyes más simples, útiles, comprensibles y agradables que las actuales? Hay iniciativas muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo Clarity, una asociación internacional que promueve el lenguaje jurídico sencillo; o Legal Information Design Network, que propugna el “diseño legal” como una necesidad del legislador actual. El objetivo es conseguir una 'beautiful law' (una ley hermosa) mediante la aplicación del diseño (nuevo lenguaje, visualizaciones, diagramas o un reenfoque de la sistemática) al desarrollo normativo.

Leyes visuales

Casi el 90% de la información transmitida a nuestro cerebro llega por vía visual. De hecho, podemos procesar información visual 60.000 veces más rápido que la textual. Sin embargo, el derecho es texto y punto. Además, no cualquier texto.

Usando una herramienta sencilla como Textalyser, que permite medir la complejidad, densidad y legibilidad de un texto, podemos comprobar como en una escala de 0 a 100 (siendo 100 un texto con legibilidad sencilla, 0 muy difícil), la Constitución Española saca una nota negativa de -9,9. Igual ocurre con la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las AAPP y el procedimiento administrativo común, que obtiene una nota negativa de -13,4. Es decir, dos normas importantes usan únicamente el texto como medio para transmitir la información y además no son especialmente legibles para el ciudadano medio. Por tanto, aunque sepan que existen esas normas, no las pueden comprender ni a un mínimo nivel por sí mismos.

De hecho, que el lenguaje jurídico es complejo lo sabe el Ministerio de Justicia, que a finales de 2009 constituyó una comisión para la modernización del lenguaje jurídicocomisión para la modernización del lenguaje jurídico. Por ahora, no da la sensación de que su informe se haya tenido en especial consideración. También el gobierno del Reino Unido está interesado en la materia. De ahí que el año pasado publicara un estudio sobre cuál es el mejor modelo de desarrollo y presentación de una norma pensando en el lector. Es decir, los tests A/B aplicados a una ley.

¿Un ejemplo de otra forma de hacer las cosas? Esta visualización de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías (comparen con la versión 'normal'). Con el texto imprescindible, mucho más clara y visual, además de estructurarse desde el punto de vista de preguntas sencillas del interesado (para quién es la ley, cuáles son las obligaciones del vendedor o cómo se crea un contrato) y no sobre cuestiones en ocasiones demasiados abstractas (como “la conformidad de los bienes”).

Nadie dice que este formato deba reemplazar por sistema a la norma clásica (aunque sería interesante redactar una norma únicamente así), pero sí que sea el complemento que necesariamente acompañe a la versión detallada para profesionales del sector. Un complemento que permita al usuario medio, si quiere, conocer de forma sencilla de qué va esa ley y cómo le afecta.

Por otro lado, ¿puede visualizarse una ley? De hecho, ¿sirve para algo? Que se lo pregunten a Jaques Verrier, que creó una visualización interactiva de la evolución del Código Civil francés desde 1804 a 2012. Con ella, por ejemplo, pudo ver cómo en la segunda mitad de siglo se había producido un mayor desarrollo del derecho de familia, justo en la misma época en que los movimientos sociales por la igualdad de género surgieron con más fuerza.

Otro ejemplo interesante de 'open data' legal es la región de Piemonte (Italia), que de forma muy visual informa de la evolución normativa de la región, el efecto de las enmiendas, su número o interrelación, entre otros aspectos.

También hay quien no se conforma con eso de crear una ley más “bella”, como es el caso de la jurista Margaret Hagan y su Law Dojo, una web que trata de explicar las leyes a los no iniciados a través de metáforas y analogías visuales o incluso aplicando la 'gamificación' al mundo normativo.

Un ámbito legal en el que pueden apreciarse ciertos esfuerzos por simplificar es, aunque parezca mentira, el de los términos y condiciones. Hay considerables e interesantes ejemplos: Facebook y su reciente política de privacidad, Google y su privacidad anotada, Pinterest y su política de uso aceptable visualizada o LinkedIn y su política de privacidad en vídeo.

En conclusión, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimento, pero la complejidad de la misma tampoco debería excusar de un esfuerzo por hacerla comprensible para el común de los mortales. Hoy por hoy, estamos en esa fase.

¿Quiero eso decir que veremos algún día leyes con 'emojis'? Quién sabe. Tampoco sería una locura que la traducción de una norma desde el 'legalés' a algo más comprensible los incluyera, ¿verdad?

En los últimos años, las secciones de 'El Tiempo' en televisión han pasado de ser una parte más de los espacios de noticias a convertirse en programas autónomos con una muy respetable duración.

Entre las novedades que han ido incorporando ocupa un lugar muy destacado la participación de los espectadores. ¿Cómo? Pidiendo que les envíen fotografías de los distintos eventos climatológicos que captan en sus localidades, para luego mostrar las más destacadas en el programa.

Cuando eso ocurre, normalmente se cita al autor de la instantánea y la localidad donde ha sido tomada, y en algunos casos se incluye también en la galería que el correspondiente espacio del tiempo tiene en la web de la cadena. Llegado el caso, ¿qué más podría hacer el hombre del tiempo con esas fotografías? Pues nos hemos leído montones de términos y condiciones para aclararlo.

Antes, eso sí, debemos determinar qué son legalmente esas imágenes. Es decir, desde un punto de vista legal hay dos tipos de fotos, la obra fotográfica y la mera fotografía. ¿Cuál es la diferencia? La obra fotográfica es la que, según el Tribunal Supremo, supone un “esfuerzo intelectual” que la convierte en una creación artística.

Por su parte, la mera fotografía no supone ningún ingenio o personalidad que convierta la foto en una creación artística, consistiendo simplemente en capturar de forma mecánica un instante.

¿Qué diferencias legales hay entre la una y la otra? Varias. En la obra fotográfica se reconocen todos los derechos de explotación (incluido el derecho de transformación para crear obras derivadas), así como los derechos morales (como que te reconozcan como autor de la obra). Eso será así durante un periodo de entre 70 y 80 años.

En la mera fotografía no se reconocen los derechos morales (no estarían, por tanto, obligados a reconocerte como autor de la obra) y los derechos de explotación se reconocen limitados (no se contempla el derecho de transformación para crear una obra derivada). Eso será así 'solo' durante 25 años.

Ahora bien, ¿cómo saber si una foto es obra fotográfica o mera fotografía? Pues dependerá del caso concreto, pero la idea es que lo determina el esfuerzo creativo o intelectual que el autor haya puesto en la fotografía. La diferenciación no siempre es fácil.

Dicho esto, volvamos al tiempo y sus fotografías.

La mayoría de las que se envían parecen encajar en la categoría de meras fotografías, ya que captan mecánicamente una nube llamativa, un chaparrón o una nevada copiosa, sin mayor creatividad. Pero se envían tantas que cada vez es más fácil ver fotos de gran calidad, en las que el autor definitivamente ha hecho algo más que darle a un botón.

Entonces, ¿qué pueden hacer las cadenas de televisión, según sus términos y condiciones, con el contenido que envían los usuarios (por ejemplo, las fotografías)?

Lo cierto es que dicen poco. De 25 cadenas de televisión consultadas (nacionales y autonómicas), únicamente 7 se pronuncian. De ellas, 2 muy brevemente (Aragón TV y EITB) y 5 con mucho más detalle (Cuatro, Telecinco, TV3, Antena 3 y La Sexta), aunque hay repeticiones (Cuatro y Telecinco dicen lo mismo, como sucede con Antena 3 y La Sexta).

Sorprende que La 1 y La 2 de TVE no se pronuncien, o al menos nosotros hemos sido incapaces de encontrar algo sobre la materia entre las muchas condiciones presentes en sus páginas web. De hecho, las fotografías se envían a través de su 'app' móvil: al darle al botón “Enviar”, se abre la aplicación de correo del dispositivo para mandar un email con la foto adjunta y añadir el autor y la localidad. No se indica nada más.

De las que se pronuncian, quizá podría haber algunas cuestiones abusivas en la reserva de uso para medios futuros indeterminados que hacen Cuatro y Telecinco, o en la cesión de contenido por tiempo ilimitado que contemplan Antena 3 y LaSexta y TV3.

Respecto a las que no se pronuncian, que son la mayoría, habrá que entender que no hay licencia alguna a favor de la cadena y, por tanto, deben ajustarse a lo que establece la normativa según el tipo de contenido o fotografía.

Capítulo aparte merecerían cuestiones como las cadenas de televisión que no incluyen términos y condiciones de ninguna clase, la cantidad de cláusulas 'copia y pega' que pueden detectarse en sus documentos legales o sus prehistóricas regulaciones acerca de cómo puede enlazar un usuario a sus páginas web.

Todo eso lo dejamos para otra ocasión. Entretanto, si decidimos enviar fotos para que salgan por la tele, mucho cuidado con las condiciones que estamos aceptando.

Vienen desde Oriente, cargados de regalos e ilusiones (y algo de carbón), para recompensar nuestro esfuerzo por hacer las cosas bien a lo largo de 2014. Un año que ha sido bastante ajetreado para sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en lo que respecta a la tecnología. Estar siempre a la última conlleva ciertos quebraderos de cabeza, dilemas jurídicos a los que también los Reyes Magos deben hacer frente.

En enero, los Reyes comenzaron el año con el tradicional reparto de regalos, y para dejar constancia nada mejor que hacerse un 'selfie'. No tuvieron mal ojo, teniendo en cuenta que 'selfi' (así, adaptada al castellano) ha sido la palabra del año escogida por Fundéu. Además, ha protagonizado no pocos debates legales y en 2015 lo seguirá haciendo, seguramente, cuando su prohibición llegué a lugares como por ejemplo los museos.

En febrero se tomaron un merecido descanso, pero se llevaron una desagradable sorpresa: a Melchor le habían robado su identidad digital y, con ella, la tarjeta de crédito. Por desgracia no fue ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que hasta a Tim Cook, consejero delegado de Apple, le ha ocurrido dos veces en 2014. Es un problema que en 2015, previsiblemente, no irá a menos.

Marzo era buen momento para compartir los primeros álbumes de fotos del año. Y hablando de fotos y siguiendo con Apple, el escándolo del año fue el llamado 'celebgate', el robo de centenares de fotografías a docenas de populares actores y modelos. La mayor parte de esas fotos provenían de iCloud, la 'nube' de Apple, y se plantearon dudas sobre la responsabilidad legal de la compañía en este caso. Por tanto, ojo con lo que subimos desde el móvil.

Iniciaron abril probando nuevos artilugios que podían resultar útiles para sus quehaceres. Hablamos de los drones. Muy presentes este 2014 en la cartas que recibieron los Reyes, en 2014 Amazon inició su cruzada por usarlos legalmente en su día a día. Mientras tanto, en España estrenamos nuestra primera regulación sobre la materia; luego una segunda de carácter temporal; y finalmente la propuesta para una tercera. Todo eso en un año. 2015 nos traerá muchísimos más drones y esperemos que mayor seguridad jurídica.

Siguiendo con la experimentación, en mayo probaron las famosas Google Glass. Si bien parecen haber perdido mucha fuerza, al margen de determinados ámbitos profesionales, las gafas inteligentes del gigante de Mountain View siguen formando parte de un mercado, el de los 'wearables', que seguirá siendo tendencia en 2015. También en lo que afecta al Derecho, y más cuando los datos provenientes de uno de estos dispositivos se usaron por primera vez como prueba en un juicio en 2014.

En junio, el rey de España abdicó, y de poco más se habló (a Melchor de hecho no le sentaron bien algunos comentarios que leyó en WhatsApp). Precisamente la mensajería instantánea fue uno de los grandes temas del año. Facebook, de hecho, compró WhatsApp por una millonada, y docenas de servicios florecieron en múltiples variantes, efímeras también. Los chats parecen ser las nuevas redes sociales, y no pocos debates legales se han abierto a su alrededor, por ejemplo su uso en sectores profesionales como el jurídico. También serán estrellas en 2015, el año en que seguramente llegarán, tras una larga espera, los nuevos términos y condiciones de WhatsApp.

Llegó julio y comenzó el trabajo serio para los Reyes Magos. Comenzaba la monitorización remota y detallada de nuestro comportamiento para ver si merecíamos regalos o carbón. ¿Que eso no es verdad? Claro que lo es: será por herramientas e iniciativas. Nadie espera que el ciberespionaje vaya a menos en 2015.ciberespionaje

En agosto tocaban vacaciones, en la playa y con otro clásico 'selfie': el de los pies. Asunto que, por cierto, dio lugar a una interesante campaña de denuncia social en 2014.

Al llegar septiembre, los Reyes decidieron hacer un poco de 'egosurfing'. Se dieron cuenta de que al buscar su nombre en internet, la gente pensaba que eran un invento. ¡Nadie los creía reales! Tanto trabajo para nada… Pensaron entonces recurrir a uno de los conceptos jurídicos más comentados en 2014, el derecho al olvido, pero cronología en mano, pensaron que quizá no era el momento ni el caso. Veremos lo que nos depara 2015 en esta materia.

En octubre elaboran las primeras listas de usuarios que recibirán carbón. Datos personales especialmente protegidos, sin duda. Y hablando de protección de datos, seguimos un año más sin reglamento europeo en la materia, por mucho que en 2014 se aprobara un paquete de reglas que adaptan (o tratan de adaptar) la normativa del lejano 1995. La privacidad, los datos y su gestión seguirán siendo temas estrella en 2015.

Llega el mes de noviembre, durante el cual se produjo un ciberataque no muy publicitado. La web de Papá Noel fue objeto de un 'defacement' por alguien que se hizo pasar por los Reyes Magos. Los ciberataques en 2014 han aumentado considerablementehan aumentado, con algunos muy destacados como el que sufrió recientemente Sony. Por eso se espera que la inversión en ciberseguridad durante 2015 se incremente hasta alcanzar cifras muy respetables.

Y así llegamos a diciembre, momento de iniciar los preparativos del viaje para repartir los regalos. Los Reyes Magos, por cierto, también compran 'online' y aceptan los términos y condiciones sin prestar mucha atención. Sí, esos inocentes términos y condiciones que ya compiten con las leyes nacionales…

En cualquier caso, tras un 2014 de lo más intenso, los Reyes Magos ya están de nuevo rumbo a nuestras casas. Esperamos que os hayáis portado bien.

¡Feliz año, buenos reyes y a por 2015!

¿Te has fijado en lo que promete Facebook en su portada? “Es gratis y lo será siempre”.

La verdad es que, en sus 10 años de vida, ese ha sido el caso. Sin embargo, echa un ojo a la Declaración de Derechos y Responsabilidades que aceptaste al darte de alta (forma parte de sus términos y condiciones, concretamente en su apartado 9.14), a ver qué dice sobre la cuestión: “No garantizamos que la plataforma vaya a ser siempre gratuita”. Vaya con la promesa, pues…

Por cierto, ¿sabías que WhatsApp puede echarte del servicio si lo usas con una finalidad comercial, como por ejemplo publicidad o servicio de atención al cliente? Al aceptar sus términos y condiciones te comprometiste a darle a la aplicación una utilidad únicamente personal, no profesional.

Sirvan estos ejemplos como dos pequeñas muestras de lo mucho que aceptamos (sin leer) al darnos de alta en un servicio o adquirir un producto suscribiendo la siguiente afirmación: “Sí, he leído y acepto los términos y condiciones”. Presentes ya a todos los niveles, pronto también en los más íntimos gracias a la llamada 'internet de las cosas', más de uno ha catalogado ya los términos y condiciones como la mayor mentira de internet, si bien para mí son el mayor autoengaño.

Por falta de concienciación, desastroso formato y la búsqueda continua de la comodidad como usuarios, vemos los términos y condiciones como un simple trámite más, sin mayor relevancia. Un clic en el botón de “aceptar” que, sin embargo, sí es relevante, tanto en la esfera personal como en la profesional (véase el ejemplo de Whatsapp). Mientras nosotros mostrábamos indiferencia, se han ido introduciendo en casi cada recoveco de nuestra vida digital, uno tras otro. Porque alguien sí les prestaba mucha atención: los servicios que los crean.

Para ellos, especialmente para los que tienen un volumen y un peso casi más propio de un estado que de una empresa privada (Facebook tiene casi tantos usuarios como habitantes China), son la pieza fundamental desde la que construir y organizar sus servicios de carácter mundial, coste cero y basados en anuncios nutridos de tantos datos como sea posible. Además de tener normalmente origen en EE.UU.

¿Pero por qué los términos y condiciones de esas 'megacorporaciones' son tan relevantes para su modelo de negocio? Para empezar, son normas privadas no limitadas por fronteras, dado su carácter universal, que se aplican de forma uniforme en el país que sea. Como decía hace poco Twitter: “Nuestras reglas se aplican a todos los usuarios en todos los países. Por lo tanto, una cuenta que viole nuestra política de suplantación podrá ser suspendida en Rusia, Irlanda o los Estados Unidos”.

Se trata además de normas que se aplican unilateralmente, ante las que se puede hacer poco más que aceptarlas, y que cambian mucho y rápido para garantizar su eficacia. En relación a los cambios, un dato: el 58,1% de los cambios este año no se han comunicado en ningún sentido al usuario.

Son a su vez influyentes, comienzan a darse cambios normativos que son simplemente un reflejo de sus previsiones, y presentan una eficacia y un potencial de aplicación que la mayoría de estados envidian. Sirva como ejemplo lo que sucedió con Gmail este verano o los supuestos casos de censura en Twitter y Facebook al abusar de sus condiciones de uso gobiernos como el de Turquía.

Con base en esas características, resulta difícil negar la relevancia que han adquirido hoy en día los términos y condiciones, en especial los de grandes servicios, capaces de regular la esfera personal y profesional de una masiva cantidad de usuarios, de forma uniforme, unilateral, universal y con una muy considerable influencia. Hasta el punto de hablar de tú a tú a las leyes nacionales de muchos estados.

Por ello resulta necesario no perder más tiempo y comenzar a dedicarles la atención que se merecen. En primer lugar concienciando sobre su significación, para lo cual debe ayudar la 'traducción' de los actuales a formatos más sencillos de comprender, como por ejemplo se hace desde ToSDRToSDR. En segundo lugar, se necesita una reinvención del típico modelo de términos y condiciones, crear uno nuevo que huya de utilizar única y exclusivamente el texto e incorpore otros formatos, medios y herramientas para expresar el mismo contenido. Es algo que ya hacen varios servicios.

Finalmente, se requiere una tarea de vigilancia y control minuto a minuto con la intención de saber que cambian y qué no, especialmente dada su facilidad para mutar pero también para esconder el cambio. Entre otros, quien esto escribe realiza desde Términos y Condiciones esa tarea a través del boletín semanal.

Por tanto, leamos, aunque sea simplemente en puntos clave, los términos y condiciones. No son un simple trámite. Con ello seremos usuarios informados que han decidido dejar de autoengañarse para interactuar de igual a igual con esas ya 'megacorporaciones'.

La regulación de la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto, popularmente conocidas como drones, ha seguido un proceso algo confuso y atropellado en España. Resulta que hemos pasado de tener una regulación casi nula, a tener tres marcos normativos diferentes en cuestión de seis meses.

En primer lugar tuvimos la nota informativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el 7 de abril de 2014, que prohibía casi por completo su uso para fines comerciales o profesionales, reduciéndolo al aeromodelismo y el ámbito militar. Aquella nota venía acompañada de un mensaje: se estaba trabajando en una normativa que diera mayor seguridad al sector.

Precisamente esa normativa, que nos llega a principios de julio, es la aplicable actualmente (y en la que se basa la infografía que verás al final de este 'post'). Se incorporó a nuestras vidas a través de una de esas normas batiburrillo que tanto gustan últimamente, denominada en este caso 'Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia' (ya Ley desde mediados de octubre). Ahora bien, este nuevo marco normativo nace con fecha de caducidad, ya que se indica que es temporal hasta que reglamentariamente se desarrolle una norma específica que, una vez aprobada, lo derogaría.

Mientras esa normativa temporal está en vigor, se inició el pasado 23 de octubre la fase de información pública del 'Proyecto de Real Decreto por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto'. Es decir, la norma específica que debería de una vez por todas fijar un marco jurídico estable en cuanto a los drones en España.

Aprovechando que hasta el 15 de noviembre es posible participar en ese proceso de información pública, veamos algunos aspectos básicos de la normativa actual y temporal que, si bien será derogada cuando se apruebe el decreto ahora en fase pública, no debería cambiar mucho en lo básico; simplemente desarrollarse en mayor detalle.

Sí, la verdad es que resulta todo algo confuso (y el carácter bastante técnico de la norma tampoco ayuda).

Seis meses ha necesitado Ello desde su creación para convertirse en la red social de moda, e incluso ser bautizada como el 'anti-Facebook'.

Todo comenzó hace unas semanas cuando Facebook decidió imponer su política de identidades reales a importantes miembros de la comunidad LGBTQ. Muchos de ellos se negaron, y en su éxodo a tierras más prometedoras, acabaron en Ello. De ahí a la fama hizo falta poco más.

Que la elegida fuera Ello, y no otra de las muchas nuevas redes sociales que pululan por Internet, seguramente se debió a sus particularidades. La principal es que según su manifiesto, el usuario no es el producto y nunca incluirá anuncios. Además, no obliga a usar identidades reales, muestra tolerancia cero con los discursos violentos y presenta una política flexible con el contenido de tipo erótico.

Ello funciona mayormente como un Twitter 'facebookeado'. Si bien en la actualidad está en fase beta y únicamente accesible mediante invitación, cuando uno crea allí un perfil, con nombre verdadero o no, puede colocar a sus amigos en alguna de las dos 'timelines' por defecto, la de los “Amigos” o la de “Ruido”, y todo lo que diga será público (a excepción de los mensajes privados).

Pero lo que ha hecho que Ello crezca tanto en popularidad es su famosa proclama de que el usuario para ellos no es el producto, ya que no comercia con sus datos personales, y además no incluirá anuncios. ¿De qué vivirán pues? De un modelo 'freemium' para concretas funcionalidades y de una polémica inversión de capital no siempre comentada.

¿En verdad es Ello tan garante de la privacidad y tan distinto a Facebook como dicen? Pues hay un poco de todo.

Si bien permite cuentas con contenido sexual explícito, si están adecuadamente identificadas, y todo lo compartido es público por defecto, basta con tener 13 años para darse de alta. Por tanto, un buscador puede indexar lo que digas.

Hablando de lo que compartimos, todo lo que subimos es nuestro, pero se lo licenciamos a Ello sin límite (lo que suena bastante excesivo). Dicen, eso sí, que ese contenido, si bien lo usarán como consideren, no se lo venderán a terceros. A no ser que demos nuestro consentimiento. Y ya sabemos lo fácil que es dar nuestro consentimiento en los términos y condiciones sin que nos enteremos...

Ya que estamos con lo de dar, ¿qué información personal proporcionamos? Nombre y correo en el registro. Por otro lado, recopila la IP, el dispositivo usado, la localización, el idioma, múltiples hábitos de navegación, los que provengan de las 'cookies' y quizá en el futuro tu número de tarjeta de crédito (aunque no por ahora). También es verdad que, en principio, puede anonimizarse bastante la navegación en el sitio, ya sea porque admite 'Do Not Track' o por la posibilidad de desactivar el rastreo de Google Analytics.

Finalmente, ¿qué puede hacer con esos datos? No los venderá a anunciantes o 'data brokers', pero, como ya hemos señalado, si podría hacerlo si lo consentimos. También compartirá esa información si la ley obliga, contrata con un servicio que los necesite (por ejemplo el de almacenamiento) o con futuras empresas afiliadas.

En conclusión, ¿eres el producto para Ello? La buena voluntad mostrada apunta a que no, así como las diversas medidas técnicas adoptadas (respetar DNT, anonimizar buena parte de los hábitos de navegación o permitir identidades ficticias). Sin embargo, todavía hay suficientes elementos para convertirte en uno. Por ejemplo, consentimientos 'accidentales' que permitan vender nuestra información, futuros aliados comerciales con propósitos menos idealistas o inversiones de capital que quizá ya hayan convertido a Ello en un producto sin darse cuenta y a pesar de las buenas intenciones.

A finales de 2011 un miembro del equipo de 'data scientists' de Facebook, y las universidades de Cornell y California, se ponen de acuerdo para analizar y manipular el 'feed' de noticias de los usuarios de la red social. Introducen un programa, el 'Linguistic Inquiry and Word Count' (LIWC2007), para determinar si un elemento del 'feed' contiene palabras emocionalmente positivas o negativas. Por ejemplo, “happy” (feliz) o “hurt” (ofendido).

Durante una semana de enero de 2012, eligen al azar 689.003 conejillos de Indias. A un grupo le muestran menos noticias con palabras negativas, mientras que al otro le muestran menos con palabras positivas. A la semana siguiente, comprueban que los usuarios que vieron menos elementos negativos escribieron más 'posts' positivos, y viceversa: los que vieron menos noticias positivas, publicaron más cosas negativas.

De ello deducen que una comunidad puede afectar el estado emocional de uno de sus miembros online y de forma casi exclusivamente textual, sin necesidad de contacto personal ni de comunicarse verbalmente.

En resumen, Facebook intentó manipular el estado de ánimo de un grupo de personas y, en teoría, lo consiguió. Esto sitúa el estudio en el ámbito de una investigación en seres humanos, según la 'Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos', y la opinión de buena parte del mundo académico. Ahora bien, también hay quien defiende que estamos ante un simple test de modelo A/B como los que, por ejemplo, ayudan a elegir una interfaz u otra.

¿Es cierto todo esto?

Sí, aquí tienes el interesante 'paper' que lo explica para que lo leas por ti mismo (en inglés). Una investigación que, por cierto, lleva publicada desde el 2 de junio y no se hizo 'popular' hasta que The Atlantic la mencionó hace unos días.

En cualquier caso, lo que mucha gente está obviando sobre los resultados es que el cambio fue minúsculo, de un 0,07%, en el caso del incremento de mensajes positivos. Podría ser simple ruido estadístico y no estar estrictamente relacionado con la manipulación de Facebook.

Además, hay otro problema: el 'software' que se utilizó, el citado LIWC, data de 2007, antes del fenómeno de las redes sociales. Es decir, está pensado para analizar textos de unas 400 palabras pero no mensajes de 100 caracteres. De hecho, justo por esa razón, la metodología del estudio podría ser cuestionable.

En todo caso, Facebook ya ha pedido disculpas por el estudio, lo que no ha evitado que el Reino Unido esté pensando abrir una investigación sobre el asunto.

¿Pudo afectarme?

A no ser que utilices Facebook en inglés, no. De hecho, ese fue en teoría el único criterio para elegir a los participantes, un 0,04% de los miembros de la red social en ese momento. Lo que suscita otra pregunta interesante: ¿participaron menores de edad? Los autores no se han pronunciado sobre ello, así que no debemos descartarlo.

Si así fuera, la polémica cuestión del consentimiento se vuelve incluso más compleja. ¿Un estudio cuya finalidad es la investigación en seres humanos, en el que participan menores, y sus representantes legales no son avisados? Mal negocio, si este fuera el caso.

¿Quién pagó el estudio?

Que participaran dos universidades junto a uno de los miembros del equipo de analítica de Facebook da a entender que el estudio tenía un cierto componente público, financiado en parte por el gobierno de Estados Unidos (¡qué comiencen las conspiraciones!). De hecho eso se dijo inicialmente, aunque se ha acabado desmintiendo.

La cuestión tiene su importancia. Según Facebook, al no ser un estudio gubernamental sino exclusivamente privado, no estaban obligados a cumplir la normativa y regulaciones en la materia. De modo que, si lo hizo, fue de forma voluntaria.

Las normas a las que hacen referencia se conocen en Estados Unidos como “Common Rule”, una serie de códigos éticos que sigue la comunidad científica cuando se realizan experimentos de este tipo. Códigos adoptados a raíz del no menos famoso y polémico experimento de Milgram en 1963.

¿Se tomaron las medidas adecuadas?

Las previsiones de la “Common Rule”, que a nivel europeo tendría su equivalencia en la ya citada Declaración de Helsinki, podrían resumirse en: 1) que un comité de ética revise y apruebe por adelantado el estudio, 2) que se minimicen los riesgos de los participantes, 3) que esos riesgos sean razonables respecto a los supuestos beneficios y 4) que exista consentimiento informado por parte de los que participan.

Facebook dice que al ser una entidad privada no tenía que pasar por dicho comité de ética. La universidad de Cornell añade que, como ellos simplemente trabajaron sobre unos datos que Facebook ya tenía, se trata de una excepción a la necesidad de todo el proceso legal (aunque esa afirmación es cuestionable). Finalmente, la editora de la revista que publicó el artículo afirma que, como Facebook no es una entidad gubernamental, no tenía necesidad de cumplir con estos requisitos (aunque la revista no suele publicar artículos que no hayan pasado previamente ese proceso).

A pesar de todo, parece que el estudio sí pasó por el comité de ética, que dio su visto bueno porque, en teoría, los datos los había recogido Facebook previamente, mientras que las universidades se limitaban a analizarlos y no tomaban parte en su recolección.

¿Los usuarios dieron su consentimiento?

El otro gran requisito en este tipo de estudios es que exista consentimiento informado por parte de los participantes. Según Facebook, lo hubo: el proporcionado al darse de alta en el servicio, concretamente el que se especifica en su Política de Uso de Datos.

A ese consentimiento, sin embargo, se le pueden poner algunas pegas. Para empezar, ese texto supera en castellano las 10.000 palabras. Basar la idea de un consentimiento informado (que no es un simple “Aceptar”, según los artículos 25 y siguientes de la Declaración de Helsinki) en dos de esas diez mil palabras - “la investigación” - quizá resulte algo atrevido.

Pero aún hay más. Esas dos palabras, o el término “research” en inglés, no se añadieron a la Política de Uso de Datos de Facebook hasta mayo de 2012, es decir, 4 meses después de que se realizara el experimento. Por tanto, el consentimiento nunca pudo basarse en esos términos, que ya de por sí son poco concretos, sino en algo todavía más genérico.

Además, este tipo de estudios exigen que el participante pueda retirar en cualquier momento su consentimiento, pero ¿cómo puedes retirarlo si no sabes que lo has dado? Por no decir que retirarlo implica darse de baja del servicio, porque Facebook se basa en el visto bueno que el usuario concede al registrarse.

A pesar de todo, hay quien argumenta que el estudio podría no requerir este consentimiento informado, dado que implica un riesgo mínimo para el sujeto, que Facebook modifica constantemente su algoritmo y que la manipulación fue relativamente inocua. El tema, por lo tanto, es más complejo de lo que parece.

¿Podría ocurrir en otros servicios?

Ahora todas las empresas medirán muy bien sus actos antes de caer en algo parecido, pero ¿podrían en teoría hacer lo mismo otros servicios que emplean algoritmos para filtrar el contenido de los usuarios? Entre servicios como Linkedin, Twitter, Spotify o Google+, que también utilizan este tipo de 'software', sólo Linkedin hace referencia al término “research” (y en un ámbito mucho más específico).

El resto simplemente menciona que analizarán tu uso del servicio para la mejora del mismo.

¿Sueñan los algoritmos con 'feeds' organizados de noticias?

De todo este embrollo pueden hacerse varias lecturas:

El estudio en sí resulta muy interesante, y sus posibles potenciales aplicaciones algo preocupantes. Sin embargo, sus resultados tampoco son tan concluyentes.

La transparencia de Facebook en este caso ha dejado mucho que desear, por el proceso en general y por el asunto del consentimiento en particular.

El abuso por parte de los servicios de lo que consentimos al tuntún en sus términos y condiciones alcanza un nuevo nivel de exceso.

Facebook, como otras grandes corporaciones, sigue actuando como si determinadas normas no fueran de aplicación para ellas dada su magnitud, ahora en el ámbito académico.

Como acertadamente apuntaba Jorge Campanillas, en el fondo todo esto surge de la alteración (no indicada) de un algoritmo o proceso automatizado, cuyas consecuencias para nosotros, los usuarios, hace tiempo que dejaron de ser ficción.

Finalmente, no hay que olvidar uno de los motivos por los que Facebook inició el estudio: comprobar si el pesimismo de tus amigos en la red social podría hacer que la abandones.

Facebook tampoco quiere quedarse solo.

-------------------------------------------------

Las imágenes de este reportaje son obra de dkalo, opensourceway, birgerking y Jorge Morell