Nueve años después de que se presentara la primera denuncia ciudadana en Bruselas en forma de petición, una delegación del Parlamento Europeo visitará durante los próximos tres días el parque natural de Doñana, un enclave medioambiental único y un verdadero puente de biodiversidad entre África y Europa.

Esta misión de investigación -promovida y defendida cada año durante los últimos cinco por el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo- nace del trabajo incansable de numerosas organizaciones políticas y asociaciones ecologistas que, hartas del abandono y la desprotección por parte de la Junta de Andalucía y de los diferentes Gobiernos centrales, decidieron acudir a las Instituciones europeas para evitar que uno de los parques naturales más importantes de Europa acabe convertido en un mero parqué especulativo en forma de almacén de gas.

Al igual que muchas otras organizaciones ecologistas, cuando desde IU registramos nuestra petición en el año 2013, lo hicimos porque entendimos que quienes rechazamos este proyecto especulativo y defendemos Doñana estamos jugando una partida con las cartas marcadas. Una partida trucada de inicio por los estrechos vínculos e intereses compartidos por el PSOE y el PP con la empresa Gas Natural-Fenosa, la encargada del proyecto.

Vínculos estrechados gracias a cuantiosas ayudas económicas concedidas por el anterior Gobierno de España a Gas Natural - como los 6,3 millones concedidos el pasado enero en relación al proyecto en Doñana- e intereses compartidos entre empresas y miembros de los partidos al frente de las administraciones competentes con forma de puertas giratorias y generosos salarios, como los recibidos por Felipe Gonzalez (PSOE) o Nemesio Fernández-Cuesta (PP) en su etapa como miembros del Consejo de Administración.

Si a esta relación casi simbiótica entre empresas y gobiernos sumamos la irresponsabilidad sistemática a la hora de proteger el medioambiente que nos convierte en el país líder de la UE en infracciones medioambientales, es comprensible la desconfianza de asociaciones y organizaciones sociales, pero también de las Instituciones europeas, hacia el Gobierno central y la Junta de Andalucía a la hora de proteger el parque Natural de Doñana.

Desconfianza ante gobiernos que aceptaron la fragmentación fraudulenta del proyecto de almacén de gas en cuatro subproyectos, dando por buena esta forma de ocultar su verdadero impacto medioambiental. Administraciones que fueron concediendo los permisos pertinentes a la vez que ignoraban el rechazo mayoritario de la ciudadanía y las numerosas irregularidades –cuando no ilegalidades- que dinamitan por los aires los dos principios rectores del derecho medioambiental europeo: la prevención y la precaución.

Irregularidades a la hora de dar por válida una Declaración de Impacto Ambiental que no recoge los efectos acumulativos del proyecto, no tiene en cuenta el elevado riesgo sísmico por las extracciones e inyecciones de gas en el terreno, ni tampoco analiza la “peligrosidad alta” por posible inundación de la zona.

A todas las organizaciones y asociaciones que estamos citadas a participar estos días en la misión nos toca trabajar para asegurar que los y las eurodiputadas conozcan durante su visita toda la verdad sobre este proyecto y sobre la alarmante situación en la que se encuentra actualmente el Parque Natural.

Mostrando la verdad, la principal conclusión de esta misión coincidirá con lo que piensa la inmensa mayoría de andaluzas y andaluces: el futuro de Doñana no pasa por convertirse en un gran almacén de gas, si no por medidas urgentes para su conservación y protección.

Pero mantener vivo este Patrimonio andaluz para la Humanidad requiere de la implicación de todas y cada una de nosotras y del refuerzo del imprescindible papel que están desempeñando para su conservación movimientos como la Plataforma Salvemos Doñana u organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o Greenpeace.

Ni esta misión, ni las Instituciones comunitarias van a salvar Doñana. Salvar Doñana pasa por conseguir que nuestros gobiernos se llenen de personas que entienden que el ecologismo y la protección del medioambiente, hoy en día, no son una opción más; son una obligación y una responsabilidad con nuestro presente y, sobre todo, con nuestro futuro como sociedad.

La primera vuelta de la elección presidencial colombiana, el 27 de mayo, fue encabezada por Iván Duque y Gustavo Petro.

Las opciones de Gobierno aparecen claras, y las oposiciones marcadas para el voto del 17 de junio, día de la segunda vuelta.

Si decidimos tomar la palabra para hacer conocer publicamente nuestro apoyo a Gustavo Petro y Angélica María Robledo a la presidencia y vice-presidencia de Colombia es porque consideramos que los acuerdos de paz se encontrarían protegidos y fortalecidos con una victoria de Colombia Humana. El compromiso por la paz no puede ser la bandera de un sólo país y de su pueblo, nosotros también lo compartimos.

Luchar contra la desigualdad, la concentración de las riquezas y de la tierra es tambien une forma de construir la paz, y es el programa de Gustavo Petro. Colombia Humana promueve una agenda progresista. Se respeta el planeta, con una economía que no hace del extractivismo su eje, se lucha en contra del cambio climático y se protege el mundo animal. La distribución y las reformas agrarias están al orden del dia. Las minorías no se sienten amenazadas. Nuevos sectores de la ciudadanía acceden al poder político.

Sin mayoría en el congreso, Gustavo Petro tendra que dialogar con el legislativo, construir alianzas y coaliciones para cambiar el pais, rompiendo asi con las practicas del sistema político tradicional.

Con Petro gana un proyecto que no es viable bajo las reglas de juego del sistema político colombiano, ni el ultraliberalismo. Para sacar adelante sus propuestas sobre energía, redistribución y desarrollo agrario, Petro necesitará participación ciudadana y movilización social.

Queremos que nuestro apoyo se sume al de la ciudadanía, al del Polo democrático, de los Verdes, de sectores de los liberales.

Para nosotros, el 17 de junio, ¡Es Petro!

La Europa Fortaleza, sus políticas, su progresiva militarización y fortalecimiento no son algo nuevo. Desde la izquierda y los movimientos sociales llevamos mucho tiempo denunciando el papel criminal de las políticas migratorias y de fronteras que impone la Unión Europea con un único objetivo: que entre el menor número posible de personas y que las que entren se encuentren en una situación de precariedad tal, que facilite su explotación. A pesar de que en 2017 las demandas de asilo se redujeron en un 47% respecto al año anterior, las instituciones comunitarias siguen empeñadas en generar una percepción de desborde que justifique sus decisiones. La imposición de estas medidas xenófobas ha llegado a tal punto, que incluso los escasos espacios que el entramado institucional comunitario reserva a la salvaguarda de los derechos de las personas están dando la voz de alarma ante unas políticas que matan.

El Foro Consultivo de la agencia Frontex es uno de esos espacios. Es un organismo que supervisa y hace recomendaciones a la propia Frontex, que se encarga del control fronterizo de la UE. Lo componen una multitud de instituciones y grupos, desde ONG hasta otras agencias u oficinas de la Unión, pasando por organizaciones supraestatales de diferente tipo. Por tanto, hablamos de un Foro en el que tienen presencia representantes de diferentes instituciones comunitarias y de organismos como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que, entre otras cosas, gestiona los denominados “retornos voluntarios” desde Libia a diferentes países africanos y organiza deportaciones masivas a Afganistán.

No cabría esperar demasiado de las recomendaciones del Foro y, sin embargo, encontramos toda una serie de cuestiones fundamentales. Que incluso este tipo de actores estén criticando las actuaciones de Frontex no es sino una muestra del grado de agresividad sin precedentes de las políticas europeas, una agresividad que aumenta cada día.

Una de las principales características de la política migratoria y de asilo de la UE es su carácter opaco. A pesar de que el año pasado la agencia Frontex organizó prácticamente una deportación colectiva por día (341 en total) y vio sus competencias en materia de control fronterizo aumentadas, sigue actuando de espaldas a cualquier forma de monitoreo. Las tareas de fiscalización que pueden hacerse desde el Parlamento Europeo son muy escasas, e incluso el propio Foro Consultivo se queja de su incapacidad para desarrollar su trabajo de forma correcta, porque no tienen acceso a la información de Frontex que necesitan para llevar a cabo su labor.

Y una de las consecuencias es que Frontex, que ha visto cómo sus presupuestos han aumentado de forma exponencial en los últimos años, se niega a destinar recursos a los mecanismos de evaluación y promoción de los derechos fundamentales. Y pese a esas limitaciones, el informe del Foro recoge una serie de cuestiones clave que muestran el maltrato sistemático al que se expone a quienes, huyendo de la violencia, el hambre o la explotación, tratan de entrar en la UE.

Resulta especialmente preocupante la situación de las y los menores. Las instituciones internacionales, incluida la Eurocámara, se han pronunciado de forma reiterada en contra de la detención de personas menores de edad. Sin embargo, estas se siguen produciendo de forma generalizada en la UE. A los menores no acompañados no sólo se les detiene, sino que muchas veces se los interna en los mismos módulos que a las personas adultas, algo que va claramente en contra de su interés superior como menores. No reciben ningún tipo de atención específica para sus necesidades sino que, al contrario, se les somete a pruebas degradantes (como el palpamiento de testículos) para dictaminar si realmente son menores o están mintiendo.

Esta asunción de que pueden mentir y aprovecharse del sistema es una parte fundamental del discurso criminalizador que se trata de imponer. Esta situación de detención es muy grave en los CIE —tal y como ha venido trascendiendo en el Estado español en el último tiempo—, auténticas cárceles donde se violan los derechos humanos de forma sistemática. Pero también es grave en otros lugares, como las salas de los aeropuertos en los que las personas que demandan asilo son obligadas a permanecer al aterrizar en Europa. Los tiempos de espera son indefinidos, desde unas horas a más de una semana y, en algunos casos, como en los aeropuertos españoles, estas salas no tienen más que unas sillas de plástico y un aseo.

Al igual que las y los menores, la situación de las mujeres también es particularmente complicada, y se dan muchos factores de violencia específicos. Sin embargo, las autoridades europeas prefieren ignorar esta realidad, y no sólo no hay formación y profesionales específicos en materia de género, sino que ni siquiera hay datos desagregados, tal y como detalla el informe del Foro. Pese a las dificultades que esto genera, se calcula que un 80% de las mujeres africanas que llegan a la UE son víctimas de trata, pero en lugar de establecer mecanismos para protegerlas, la decisión que han tomado nuestras instituciones es la de deportarlas.

También cabe destacar del documento los asuntos referidos a los propios trabajadores de Frontex, quienes si bien tienen un código de conducta, este no recoge ninguno de los aspectos relacionados con los derechos fundamentales de las personas migrantes o demandantes de asilo. Ni siquiera les obliga a informarles de sus derechos o a no violarlos directamente con prácticas como las devoluciones en caliente.

De hecho, se recoge que en muchos casos las personas no son informadas de sus derechos, como el derecho a recurrir una decisión y ni siquiera tienen acceso a la información sobre cómo presentar una demanda de asilo en su propia lengua.En este sentido, el texto muestra su preocupación por la situación en una frontera concreta: la que separa Hungría de Serbia, la única que menciona directamente. Y es que, en su tarea de dar soporte a las autoridades locales, agentes de Frontex podrían haber participado en las políticas criminales del Gobierno de Orban, quien directamente ha lanzado a sus fuerzas de seguridad a atacar a los migrantes, llegando incluso a gasearlos.

Pero de acuerdo al código de conducta, los agentes de Frontex no deben denunciar órdenes ilegales o ilícitas cuando las reciben, y si a eso se le suma la ya mencionada opacidad, parece perfectamente diseñado para que ninguno de ellos pueda ser llevado ante la Justicia. La Unión Europea que se dice defensora de los derechos fundamentales ha dado carta blanca para que la vulneración de los derechos de las personas migrantes quede impune.

Por último, cabe señalar que la Agencia Frontex está en un proceso de reconversión para convertirse en la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Esto hará que sus competencias aumenten de forma considerable en diferentes ámbitos, incluyendo una mayor presencia en el exterior. Aunque ya se está desplegando personal de la Agencia en terceros países, no conocemos sus funciones detalladas, solamente una descripción general.

Además, a través de las políticas de externalización, lo que se persigue es precisamente entregar estas tareas a los agentes de terceros países. Y este es el siguiente paso de la política comunitaria: no frenar estas violaciones de derechos, sino propiciar que se produzcan fuera de nuestras fronteras. Entregamos millones de euros anualmente a países autocráticos como Marruecos o Turquía para que poco a poco vayan asumiendo estas tareas. Y serán ellos quienes detengan a las personas antes de que lleguen a Europa y así se podrán seguir violando sus derechos lejos de la mirada y el escaso escrutinio al que podemos someterlos.

Els anys dels despropòsit, el saqueig de les arques públiques i les barbaritats institucionals sense dubte van provocar una impressió arreu de la Unió; no només en allò referent a què coneixia de nosaltres la ciutadania europea, sinó també les pròpies institucions comunitàries. Exemples dels disbarats n’han sobrat, des de l’aeroport sense avions de Castelló fins uns estudis de cinema pagats amb subvencions il·legals, passant per ajudes irregulars a clubs de futbol, grans premis de Fórmula 1 fracassats, dades de dèficit públic falsejades i, fins i tot, un informe demolidor sobre l’urbanisme depredador instal·lat i promogut pels pintorescos governants locals: el famós Informe Auken de l’Eurocambra. Europeus d’a peu i també institucions continentals van descobrir en pocs anys que a aquest país hi havia alguna cosa més que les platges i la paella: com tantes i tants ciutadans del País Valencià, es van trobar de nassos amb una realitat marcada per una gestió pública infame, corrupta i malbaratadora dels recursos públics, els propis i també els europeus.

El nou govern que va eixir de les urnes el 2015 tenia per davant molta feina i, com ha reconegut en diverses ocasions el propi president Ximo Puig, havia de recobrar la confiança de les institucions europees. I mentre anaven caient les sancions per diversos casos de fosques maniobres amb els fons que venien d’Europa, el Consell intentava reimpulsar la seua projecció davant les institucions comunitàries adquirint major protagonisme al Comité de les Regions de la UE o reforçant l’oficina de la Generalitat a Brussel·les.

Així, tornem a la pregunta: ¿S’ha aconseguit rehabilitar la imatge pública del País Valencià a Europa? Doncs, malgrat les intencions inicials i les promeses, hem de dir que no.

Perquè encara hi ha massa factors que ens situen a la cua d’Europa i sobre els quals l’acció del Consell ha estat nul·la o molt esquifida. Estem encara a anys llum del compliment de les polítiques mediambientals europees. El govern valencià no ha estat capaç en tres anys de pràcticament moure fitxa en qüestions tan bàsiques com la lluita efectiva contra el canvi climàtic, al sistema de tractament dels residus, passant per la protecció de les àrees naturals protegides, les polítiques energètiques o les mesures per eliminar la contaminació atmosfèrica.

En matèria social tampoc pot constatar-se cap avanç important, i menys ara que acabem de conèixer que Brussel·les fins i tot ha rebutjat l’informe del Consell sobre l’execució dels recursos del Fons Social Europeu per al País Valencià, en trobar-lo ‘inacceptable’. Un informe que, a més, recull a la meitat del període del programa només un 10% dels fons han estat invertits. Costa de creure que un govern que tantes vegades denuncia (amb tota la raó) el deficient finançament que hem de patir les valencianes i els valencians, no siga capaç d’invertir en ocupació, en formació ni en inclusió social més que una mínima part dels diners que Europa ja ens ha concedit.

Per acabar: el Parlament Europeu té una Comissió de Peticions, on pot adreçar-se directament tota la ciutadania de la UE per plantejar les seues demandes, trucant a la porta de Brussel·les quan ja s’han cansat de rebre portades de les seues autoritats locals. L’Estat espanyol és el que major nombre de peticions registra; i entre els territoris autonòmics d’origen, sí, és des del País Valencià d’on arriben un grandíssim volum d’aquestes peticions. Només en els darrers temps, hem tingut a Brussel·les als professors associats de la Universitat de València, a veïns d’Oriola reclamant que no s’urbanitze l’última platja verge del municipi, a les Kellys clamant contra les deficients condicions laborals del sector hostaler, a ecologistes d’Alcoi intentant aturar una operació urbanística que amenaça la Font Roja i l’aqüífer local, a veïns d’Elda demanant el tancament definitiu d’un abocador sense llicències, a habitants de l’interior de Castelló que s’oposen a que una línia de Molt Alta Tensió travesse zones habitades i àrees naturals, a col·lectius de dependents a qui no se’ls acaba de resoldre la seua desesperada situació...

Què pot pensar, doncs, la institució europea respecte al País Valencià? Que algunes coses han canviat, però massa continuen igual.

Esquerra Unida del País Valencià en tot moment era, de fet ho és, una d’aquestes veus: des de les Corts, des de les responsabilitats institucionals, des d’alcaldies i regidories i col·lectius locals de tots els racons del País Valencià.

I un exemple ben clar i esclaridor d’aquesta lluita contra l’espoli és Rosa Pérez, representant d’allò que són els càrrecs públics d’Esquerra Unida. No és l’única, afortunadament som una organització amb moltes persones disposades a plantar cara als poderosos, però cal reconèixer la vàlua, el valor i l’orgull col·lectiu que suposa tindre a primera fila una d’aquestes persones valentes, que des de l’aïllament a què se la sotmetia en una Diputació de València corcada pels corruptes, es va enfrontar a Rus i va posar fi a anys de vergonyosa impunitat. Rosa Pérez va investigar, recopilar informació i proves, redactar i signar la denúncia que va obrir el ‘cas Taula’, que va desballestar el PP valencià amb desenes d’imputats, entre ells l’intocable Alfonso Rus i diversos expresidents de la Diputació de València. Tot aquest treball li ha suposat haver d’aguantar insults, amenaces, pressions, i fins i tot cinc denúncies, totes arxivades.

Molta gent va conèixer a Rosa en aquell moment en què s’enfrontava al cacic del PP valencià, però Rosa Pérez ja provenia d’una militància de base a EUPV, i potser sense aquest bagatge personal i polític no s’explicaria aquest compromís i decisió. Les persones d’esquerres anem sumant militàncies, i en això Rosa també és un clar exemple de trajectòria compromesa: des de la militància als anys d’universitat al BEA i la coordinació de Joves d’EUPV, fins a la seua tasca com a cap de llista i regidora a Catarroja, ja que van aconseguir tornar a tindre representació a l’Ajuntament, passant per la seua activitat professional com a advocada i professora universitària de Dret (on a més, va guanyar les eleccions sindicals encapçalant la llista de CCOO). A Esquerra Unida entenem que l’activisme no pot reduir-se a les responsabilitats institucionals: cal lluitar contra les injustícies i la desigualtat a cada espai, a cada àmbit, sempre.

És necessari treballar contra les injustícies i la corrupció, per descomptat, però sobretot cal lluitar per transformar la realitat que ens envolta. Tenim un programa que aspira a capgirar la societat, a canviar de baix a dalt un sistema polític sotmès al poder econòmic i financer, i aconseguir unes institucions i uns recursos públics al servei de la gent. Un model que des de la seua tasca com a diputada provincial Rosa Pérez posa en pràctica a totes les àrees que gestiona. Com a diputada d’Inclusió Social, multiplicant per 4 el pressupost destinat als serveis socials municipals avançant en un model que garanteix els drets socials i posant fi a l’etapa d’assistencialisme de l’època del PP; ho fa com a diputada de Teatres consolidant l’àrea com un referent en producció i exhibició; també en la seua responsabilitat al capdavant de Memòria Històrica, en ser la primera i única administració valenciana que està exhumant les fosses comunes i alhora impulsant el programa ‘Memòria a l’escola’ que farà possible que tots els estudiants de Secundària puguen conèixer com van ser els 40 anys de repressió franquista a aquest país, o amb subvencions a la retirada de vestigis franquistes i la posada en valor de llocs de la memòria i la dignitat.

EUPV és una organització de gent valenta, valuosa i compromesa. Alguns, des de les institucions; la majoria, des de fora d’elles, a cada poble, barri i ciutat, al sindicat, a les organitzacions feministes, als col·lectius ecologistes, a la PAH, a les Marxes, amb altres organitzacions. És una organització que mereix una direcció com la que Rosa Pérez Garijo i el seu equip representen i exemplifiquen.

Un reportaje de la CNN destapó a mediados del mes de noviembre lo que era un secreto a voces: que las personas migrantes en Libia son esclavizadas, violadas y torturadas. Pero la semana pasada, en el pleno del Parlamento Europeo, muchos diputados parecían haberse enterado de la terrible situación que se está viviendo allí sólo por las imágenes de la cadena estadounidense.

Hace casi ya un año, la embajada alemana en Níger envió un informe a su Ministerio de Exteriores alertando de que las personas migrantes y refugiadas encerradas en los centros libios vivían peor que en los campos de concentración nazis. Mucho antes, durante el verano de 2016, ONG como Médicos sin Fronteras o Amnistía Internacional ya habían empezado a denunciar esta situación por los testimonios de las personas rescatadas en el Mediterráneo.  

La izquierda europea llevamos denunciando desde hace mucho tiempo estas prácticas y el Consejo Europeo, la Comisión Europea, los eurodiputados y las eurodiputadas, no pueden alegar que hasta ahora desconocían lo que sucedía en ese país.

Como ya pasara con Aylan, han sido unas imágenes -en este caso de televisión-, lo que les ha forzado a tener que posicionarse ante la alarma generada en la opinión pública. Hay que decir que, desafortunadamente, lo que no saben muchos ciudadanos y ciudadanas es que, en el fondo, es la Unión Europea la que, a través de múltiples acuerdos en diferentes ámbitos con Libia, está financiando esta violencia. Y todo tiene que ver con la opacidad de las políticas migratorias de la UE y su objetivo final: la externalización de nuestra frontera Sur para que no pueda llegar nadie a Europa.

La externalización de fronteras es el eje central de la política migratoria de la UE y consiste, básicamente, en pagar a otros países para que hagan el trabajo sucio. En el caso concreto de Libia, Bruselas y los Estados miembros están poniendo dinero público para que sean los libios los que reduzcan al máximo la llegada de personas migrantes y refugiadas a nuestras costas, a cualquier precio. 

El de Libia, no es el primer acuerdo de este tipo. De hecho, el primero lo conocemos bien en casa porque lo firmaron Marruecos y el Estado español en la década de los noventa. Luego han ido viniendo decenas más. El más conocido, y que quizá haya servido de modelo para el formato libio, es el acuerdo de la vergüenza con Turquía, que entró en vigor en marzo 2016 y cuyo fin último es entregar el control de las fronteras europeas a Ankara a cambio de seis mil millones de euros.

En cualquier caso, el más sofisticado es el de Libia, porque no se trata de un sólo acuerdo, sino de varios, algunos de ellos disfrazados de cooperación, para hacer así más difícil su control, seguimiento y denuncia. Son además acuerdos opacos, muchas veces ni siquiera formales y, por supuesto, ni se publican ni se votan en los parlamentos.

La guerra y la intervención de la OTAN en Libia hizo de este un estado fallido, en cuya desestabilización actual juegan además un papel importante las propias políticas migratorias europeas. Las personas migrantes son detenidas y encerradas sistemáticamente en centros cuyas condiciones, como hemos dicho al principio, han sido comparadas a las de los campos de concentración. En estos centros, las personas están en situación de malnutrición, sufren toda clase de torturas físicas y sexuales y, a menudo, son extorsionadas, teniendo que entregar todas sus posesiones o trabajar en condiciones de esclavitud durante meses para poder salir.

Esos campos, así como la supuesta guardia costera que los Estados miembros están financiando y entrenando –la Guardia Civil española también está dándoles formación-, están controlados por milicias que tuvieron un papel activo en la guerra y que ahora han reorientado su actividad hacia estas cuestiones. De esta forma, la UE lo que hace es alimentar una estructura en la que grupos armados sin una conexión clara y directa con autoridades gubernamentales de ningún tipo ostentan el control real sobre el país. Según un informe de Human Rights Watch, hay más de siete milicias que se autodenominan guardacostas. Ninguna de ellas tiene una cadena de mando directa con el Gobierno de Fayez Al-Serraj, que, de los tres gobiernos autoproclamados en Libia, es el único reconocido por la UE.

Hace unos meses, el comisario de Interior de la UE, Dimitris Avramopoulos, nos aseguró en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara que los guardacostas están siendo formados en derechos humanos. La realidad nos dice que esos cursos no deben ser muy intensivos. Los mercenarios reconvertidos en guardacostas no tienen reparos en hundir barcos llenos de migrantes, usar la violencia y perseguir e incluso disparar a las ONG de salvamento y rescate.

El adiestramiento y la financiación van acompañadas de armamento. En una reciente visita a la Eurocámara, un representante de las autoridades libias demandó material antidisturbios para estas milicias, pese a que la utilidad de esos equipos para rescatar personas en el mar sea, cuanto menos, dudosa.

Y sí, la Unión Europea está financiando también los centros donde se produce la violencia, pero las organizaciones internacionales no tienen acceso a ellos y debido a la situación del país son cada vez menos las que aguantan sobre el terreno.

Lo peor, sin duda, es que hayan hecho como si no supieran nada cuando la noticia saltó a la luz y que la solución al problema, en palabras de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, durante el pleno de la semana pasada en Estrasburgo, sean los denominados ‘retornos voluntarios’, es decir, que acepten ser deportados a sus casas.

Lo que no dijo Mogherini, pero podría haberlo hecho, puesto que no es la primera vez que se escucha ese mensaje por boca de alguno de sus compañeros en las instituciones, es que lo que importa es que cuando lleguen a sus países cuenten lo terrible que es el camino hacia el Norte y no vengan más. Porque para la UE, el horror de los centros de detención en Libia es una buena lección. Es, igual que las muertes en el Mediterráneo, un elemento disuasorio para que dejen de intentar llegar a Europa.

Como no podía ser de otra manera, la UE también pagará esos vuelos de vuelta a casa gracias al arduo trabajo que está haciendo la Oficina Internacional de las Migraciones para cumplir con los objetivos de deportaciones que les marca Bruselas. Quizá Mogherini se crea que estas personas han arriesgado su vida durante años de travesía por el desierto para ser devueltos en vuelos chárter, En casa, por mucho que nos quieran decir, les espera de nuevo a la explotación, la violencia, el hambre y la escasez de la que huyeron en primer lugar.

En este caso ya no es posible hablar de complicidad de la UE, ni de que no actúan o miran hacia otro lado. En este caso, la tortura y esclavismo promovido y financiado por Bruselas. Por eso, en ese mismo pleno, preguntábamos quién acompañaría a los torturadores y esclavistas libios cuando se sienten en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, donde deben terminar dando cuentas de los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo.

¿Será el presidente del Consejo, Donald Tusk; será el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; o será la propia señora Mogherini?

En el primer pleno de octubre del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, volvió a anunciar en Estrasburgo que los resultados de las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea están completamente en manos del Gobierno británico. Dependería de Londres que se produzca un Brexit duro con consecuencias nefastas para los derechos de la ciudadanía comunitaria y británica; que se produzca un Brexit más suave, garantizando algunos derechos para las personas, pero, sobre todo, para las grandes empresas; o que se ignore el mandato democrático del pueblo británico de salir de la Unión.

Estas declaraciones responden seguramente a una estrategia de cara a la ciudadanía británica e incluso a las propias discusiones internas del Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, pero no dejan de ser una declaración de intenciones sobre la forma en que las propias autoridades comunitarias afrontan el proceso.

El Brexit vuelve a poner de relieve la verdadera naturaleza de la Unión Europea que conocemos, un proyecto de las clases dominantes de Europa, donde los derechos adquiridos son accesorios al núcleo del proyecto, que no es otro que perpetuar el enriquecimiento de una élite continental a través de la creación de un enorme espacio de libre comercio y, sobre todo, a través de una nueva distribución del trabajo a nivel continental.

Y si se toleran estos niveles de flexibilidad con Reino Unido es porque nunca llegó a formar parte de este espacio del todo –como lo demuestra su no pertenencia a la Eurozona- y siempre mantuvo su propia élite y modelo de producción. Peor suerte corrieron, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras griegos, que sí que forman parte de él, a los que la UE, con su firmeza, ha condenado a seguir en uno de los escalones más bajos de nuestro modelo.

Tras la última ronda de negociaciones entre Bruselas y Londres, ambas partes afirmaron que harán todo lo posible por tener un acuerdo comercial lo más fuerte posible. Mientras, volvimos a ver cómo los derechos adquiridos por la ciudadanía no son más que fichas que no tienen problema en intercambiar y de ahí que el destino de los tres millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en Reino Unido, y del millón de británicos y británicas que residen en el continente, permanece bastante incierto.

En realidad, el Gobierno británico ya ha dado una muestra de lo que es capaz al enviar a centenares de ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido una carta con amenazas de expulsión. Y aunque es cierto que tras un gran revuelo anunció que se había tratado de un error, nadie debe olvidar que la mayor parte de comunitarios que trabajan allí lo hacen en condiciones muy precarias y, por tanto, están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que, por ejemplo, los británicos que residen en el continente.

Tanto Bruselas como Londres hablan constantemente de reciprocidad cuando se refieren a las negociaciones del Brexit, pero todo indica que esta máxima sólo tendrá valor en el caso de las grandes empresas y capitales. Sobre la mesa hay ya toda una serie de iniciativas destinadas a que no peligre el privilegio de los más ricos para veranear bajo el sol, o el de las grandes fortunas, que no tiene patria, de establecer su sede en cualquier territorio, incluidos los paraísos fiscales bajo jurisdicción británica de Gibraltar, Jersey o la Isla de Man. Mientras tanto, el futuro de quienes buscaron una vida mejor en Reino Unido desaparece igual de rápido que las posibilidades de hacerlo en el futuro, pues nadie en el Gobierno británico dice contemplar la libertad de movimiento.

Incluso cuestiones que parecen tan asentadas como la reunificación familiar desaparecen de la oferta que han puesto sobre la mesa los negociadores británicos liderados por el Secretario de Estado David Davies, que para más inri es considerado parte del sector más moderado de su Gobierno. La propuesta es pasar a un modelo en el que serían necesarios cinco años de residencia legal como trabajador o trabajadora para obtener un permiso de residencia permanente. Por supuesto, se vincula la migración y la seguridad, y además de los controles policiales obligatorios a todo el o la que solicite residencia, se podrá deportar a un ciudadano o ciudadana comunitaria por su actividad previa a instalarse en Reino Unido.

En cualquier caso, no debemos comprar el discurso ¬–muy extendido en Bruselas- de que el Brexit es una especie de delirio del Reino Unido y que están imponiendo unas condiciones de salida terribles. El Brexit es una mala solución, en clave nacionalista e insolidaria, a un problema de carácter europeo generado por las propias instituciones de Bruselas que llevan años construyendo la UE de espaldas a la ciudadanía y atacando con políticas económicas y productivas al servicio de los poderosos los intereses de la mayoría.

La UE no se queda atrás en la restricción de derechos en cuestiones concretas de las negociaciones. Por ejemplo, el equipo negociador ha puesto encima de la mesa una propuesta para eliminar el derecho de los británicos y británicas residentes en el continente a sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Asimismo, están proponiendo limitar sus derechos para que sólo estén cubiertos en el Estado en el que residan en el momento concreto del Brexit, sin contemplar ningún tipo de opción de residencia en el continente de británicos y británicas en el futuro.

Sea cual sea el resultado de las negociaciones queda claro, por las posiciones mantenidas hasta ahora, que las grandes empresas seguirán disfrutando de los muchos beneficios que les otorga este modelo de UE, mientras la mayoría de las personas verán reducidos sus derechos adquiridos. Avanzamos hacia un modelo, tanto en la UE como a nivel global, en el que las fronteras están cada vez más abiertas para las empresas y cada vez más cerradas para las personas.

Nunca en la historia europea fue más difícil migrar a nuestro continente. Por tanto, cuando vemos cómo se reducen los derechos y se dificulta la vida de los más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas del Estado español que residen en Reino Unido, no nos olvidemos de la realidad de violencia institucional a la que se enfrentan quienes llegan a Europa desde fuera. Que la limitación de nuestro derecho a migrar sirva para abrir los ojos sobre quienes tratan de llegar a nuestro Estado y se enfrentan a condiciones mucho peores, a recibir palizas por las fuerzas de seguridad en las vallas de Ceuta y Melilla, a ser encerrados en CIE en condiciones infrahumanas, a ser explotados en obras, granjas y huertos, o a ser deportados con violencia.

Hace mucho tiempo que las instituciones europeas decidieron que una de sus principales razones de ser es la lucha contra lo que ellos llaman “inmigración ilegal”. Incluido en los planes de seguridad de la Unión Europea, lo asimilan a la lucha contra el tráfico de drogas o de armas ilegales. Sitúan al migrante como un elemento nocivo en sí mismo como si fuera un alijo de heroína, o peligroso como una ametralladora.

Y las políticas que llevan aplicando treinta años para frenar la entrada de personas migrantes en situación administrativa irregular o expulsarlos cuando ya están en territorio UE van desde las vallas de Ceuta y Melilla a las deportaciones forzadas, pasando por las redadas racistas, y las detenciones y muertes que se producen en los CIE.

Ahora, después de todo ese tiempo, parece que los líderes europeos han entendido una cosa muy obvia: para reducir el número de migrantes que llegan a la UE hay que reducir el número de migrantes que salen de África. Si de esta evidencia se derivaran políticas encaminadas a que nadie abandone su lugar de origen por necesidad; a acabar con el expolio de las multinacionales, foco de conflictos armados en todo el continente; a condonar la deuda externa que desangra a muchos países africanos; o a que las farmacéuticas dejen de hacer negocio con enfermedades por las que mueren miles de personas a pesar de existir cura para ellas, sería, sin ninguna duda, una muy buena noticia.

A pesar de ello seguirían existiendo movimientos de población, pues a lo largo de la historia las personas se han trasladado siempre de unos lugares a otros por infinidad de motivos aportando enorme riqueza social y cultural a nuestras sociedades. Pero, desde luego, las cifras serían más bajas.

Sin embargo, esa no es la propuesta. Los dirigentes de la Comisión Europea, siempre bien acompañados de los gobiernos representados en el Consejo Europeo, han pensado que para que los migrantes no salgan de África lo mejor es poner vallas por todo el continente, que con las Ceuta y Melilla no hay suficiente y que, por tanto, hay que ponerlas en Níger, en Senegal o en Libia. Vallas físicas, o en forma de ejércitos, de centros de detención, o de legislaciones en materia de visados. En definitiva, su plan es trasladar las fronteras de la UE a países cada vez más lejanos. Crear muros, sean o no físicos, cada vez más lejos.

A esto es lo que llamamos externalización de fronteras, una serie de acuerdos de la UE con países africanos con los que Bruselas impone sus políticas migratorias a cambio de ayuda técnica e inversiones bajo amenaza de retirarles los fondos de cooperación si no aceptan los dictados de la nueva metrópoli.

La UE tiene acuerdos firmados con decenas de países de África y Asia, pero se ha marcado cinco países como prioritarios: Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía. Hace unas semanas, la Comisión Europea publicó el cuarto Informe sobre el marco de asociación con terceros países, que está dedicado casi en su totalidad a estos cinco países.

Se trata de un documento –con un lenguaje propio de épocas coloniales–, en el que la UE se permite evaluar las políticas migratorias de esos países y definir como “socios proactivos” y “constructivos” a aquellos que aplican las políticas más duras en materia de control de fronteras que la UE ha diseñado. Como si de buenos y obedientes alumnos se tratara.

De este modo, la UE se compromete a sostener políticamente a cualquier gobierno dispuesto a cumplir su mandato. Por cierto, algunos de estos buenos socios son gobiernos autoritarios y represivos, con ejércitos que violan sistemáticamente los derechos humanos. Eso, sin embargo, no aparecerá en los documentos siempre y cuando detengan a todos los migrantes que pasen por allí.

Como ya se ha comentado, el objetivo de estos acuerdos es evitar que salgan migrantes de esos países en dirección a Europa y que pasen los migrantes procedentes de otros países. Para ello, la UE ha desplazado a cada uno de esos Estados a equipos de funcionarios de la Agencia Europea de Control de Fronteras. Su cometido es controlar y analizar los flujos migratorios, entrenar a las fuerzas de seguridad locales o transmitirles “nuestro conocimiento” sobre recogida de huellas dactilares y datos personales. Es, sin duda, una injerencia en las políticas internas de esos países. Algo difícilmente aceptable si se hiciera en sentido contrario, desde el sur hacia el norte.

Ahora bien, la readmisión es, de todos los objetivos, la clave. La UE quiere que estos países acepten a toda costa a las personas que consiguieron llegar a su territorio y que van a ser deportadas. Esas expulsiones se hacen, muchas veces, sin ningún tipo de garantía, con violencia policial, decisiones judiciales no firmes e incluso sin documentos de viaje e identificaciones válidas.

Es en la deportación, en la expulsión de aquellas personas que después de jugarse la vida en la ruta por África, en el Mediterráneo, de pasar por los CIE, de sufrir muchas de ellas la explotación sexual y laboral, donde la UE pone el acento. Devolver al hambre, a la miseria, a la falta de esperanza a miles de personas es, en definitiva, el pilar fundamental de la política migratoria de la UE.

Y es en este punto donde, hay otros dos países clave que sumar a los cinco mencionados: Libia y Turquía. La UE también tiene acuerdos con ellos y a cambio de sumas importantes de dinero se han convertido en plataformas tanto para recibir deportados como para deportar desde ahí a otros países africanos –Libia–, o de Oriente Medio y Asia –Turquía–.

Eso sí, la Comisión alude constantemente en todo el documento a la lucha contra los traficantes de personas. Luchan contra los traficantes deportando y deteniendo a migrantes, y militarizando fronteras. Pero se les olvida señalar que la mejor forma de luchar contra los traficantes es instaurando un sistema de migración legal y garantizando un cumplimiento efectivo del derecho al asilo. Así nadie tendrá que ponerse en manos de mafias criminales. En estos momentos no hay prácticamente forma legal de llegar, residir o trabajar en la Unión Europea. Y hasta que eso no se solucione, la lucha contra los traficantes es sólo la excusa para seguir blindando Europa.

No existe ningún elemento para pensar que detrás de los robos de bebés haya existido “un plan sistemático”, “motivaciones políticas” o algún tipo de “organización”. Estamos ante “casos aislados” y, por tanto, no podemos hablar de delitos de lesa humanidad, vino a afirmar el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la reunión que mantuvo con los eurodiputados que visitamos Madrid hace unos días en el marco de la misión de investigación del Parlamento Europeo sobre la trama de los niños robados.

Si bien son ya de sobra conocidas las reticencias y obstáculos de la Fiscalía a las investigaciones de casos de corrupción ligados al Partido Popular –también calificados como “casos aislados” a pesar de los numerosos y sonados casos de miembros del PP investigados–, en esta ocasión Maza intentaba justificar así su inacción ante un robo masivo –entre 30.000 y 300.000– de bebés y niños en España, desde los años cuarenta hasta mediados de los noventa.

“Las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos demostrado anteriormente en otros trabajos y la comprobación de nuestras hipótesis tiene una enorme transcendencia política y social. Si de preferencia militan en el marxismo psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de plaga tan terrible”. Esta es una de las principales conclusiones del Gabinete dirigido por Antonio Vallejo-Nájera, el jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista, y que serviría de sustento pseudocientífico e ideológico para la orden ministerial del 30 de marzo de 1940 y la posterior Ley de 4 de diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados, ley que daba cobertura legal y promovía desde las entrañas fascistas del Gobierno franquista el robo masivo de niños para ser entregados a familias leales al nacionalcatolicismo, con la indispensable colaboración y complicidad de la Iglesia católica.

La existencia de un plan sistémico, la organicidad y la responsabilidad de los poderes públicos ante la trama de los niños robados es clara. Así lo han entendido todas las instituciones internacionales que han investigado el tema, incluido el Consejo de Europa, que en 2006 aprobó una resolución internacional de condena de los crímenes del franquismo que hablaba de las víctimas de la trama de los niños robados como “parte de las víctimas del franquismo” y los definía como “niños enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba a su familia republicana como inadecuada para su formación”.

Y también el Parlamento Europeo que, a pesar del voto en contra de la extrema derecha y del Partido Popular, aprobó en 2013 un informe que incluía un llamamiento a prestar “una atención especial al derecho de las familias víctimas del régimen franquista a la memoria histórica, a la verdad, a la justicia, a una indemnización, así como al derecho de los niños secuestrados en España a conocer la identidad de sus padres biológicos”.

Por tanto, es importante dejar claro que, cuando hablamos de los niños robados, estamos hablando de un ejemplo más de las atrocidades cometidas por el franquismo. Es importante entender que estamos ante un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y con responsabilidad directa del Estado español. Pero también, vista la dejadez del Gobierno, la falta de investigación por parte de la Fiscalía y el abandono que sufren las víctimas, que estamos ante un ejemplo más de cómo la Transición fue un cierre en falso de la dictadura.

Una Transición que, al estar basada en el silencio y la impunidad con una Ley de Amnistía convertida en un agujero negro donde esconder graves violaciones de derechos humanos, imposibilita el derecho de todas las víctimas de la trama de los bebés robados –como al resto de víctimas del franquismo–, a la verdad, la justicia y la reparación, y nos condena a todas a poder ser víctimas en el futuro al no cumplirse esas condiciones mínimas que establece la ONU como garantías básicas para la no repetición.

Ese silencio e impunidad permitió que lo que un principio nació como una incruenta forma de represión a través de la desaparición sistémica de bebés se convirtiera con el paso de los años en un negocio lucrativo.

La misión de investigación en la que participamos la semana pasada –y que fue posible a pesar del rechazo y la actitud mezquina del PP y de sus eurodiputados, que, una vez aprobada, intentaron cambiarle el nombre para que se hablara de bebés “perdidos” y no robados– es consecuencia directa de la inacción y el silencio del Estado español y de la Iglesia católica.

Pero también es el resultado de la persistencia y el trabajo sin descanso de las asociaciones y las víctimas que, a través de decenas de peticiones al Parlamento Europeo, no han dejado de denunciar la violación de derechos fundamentales a la que se ven sometidos por parte del Estado español. Desde derechos generales, como la inviolabilidad de la dignidad humana, a más concretos, como la violación del derecho a una tutela judicial efectiva o la negación de acceso a información de carácter personal (art. 74 y 8.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).

Ante estas vulneraciones, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad subsidiaria frente a un Estado que no cumple derechos fundamentales. De nada nos sirve una UE que impone recortes y privatizaciones, que obliga a cumplir la regla del déficit, pero que se abstiene y se declara impotente e incompetente a la hora de intervenir frente a violaciones de derechos fundamentales.

El reconocimiento de la condición de víctimas del franquismo, la creación de un verdadero banco de ADN, el acceso efectivo a la justicia, una investigación en profundidad por parte de la Fiscalía con la creación de un fiscal especial para la trama de los niños robados o la apertura de los archivos del Estado y de la Iglesia. Cumpliendo con las recomendaciones que salgan de esta misión, el Gobierno tendrá la oportunidad de responder ante la UE con algo más que con el silencio y la mentira como ha hecho hasta ahora.

Asumir responsabilidades desde el Estado y pedir perdón, como se ha hecho en Australia. O seguir el ejemplo de la actuación del anterior Gobierno de Argentina respecto a los niños robados en la dictadura de Videla –un ejemplo que desde el Ministerio de Justicia español afirman no conocer–, pueden ser unos primeros pasos para conseguir que se conozca la verdad sobre una de las atrocidades cometidas por el franquismo y sus herederos, cuya no repetición no estará garantizada hasta que no se cumpla el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Los resultados de las elecciones francesas no deberían sorprendernos. Son el reflejo electoral de la situación que están engendrando las políticas que promueve la Gran Coalición de conservadores, liberales y socialdemócratas que gobiernan la Unión Europea. Son políticas basadas en los recortes a los derechos y servicios públicos, el único mecanismo de redistribución de la riqueza existente en la actual Unión Europea, por lo que su primera y más directa consecuencia es el aumento de las desigualdades. Para cumplir las exigencias de un déficit inferior al 3%, el Gobierno socialdemócrata francés aplicó recortes por valor de 50.000 millones de euros, el 40% de los cuales fueron al sistema de salud y a los sistemas de protección social para las personas paradas o jubiladas.

A pesar de que estas políticas enfrentaron a Hollande con las bases de su organización política y con los sindicatos, el presidente francés hizo los recortes no por una imposición de Bruselas como algunos intentaron vender, sino porque su mismo Gobierno fue parte de ese consenso existente en Europa que criminaliza la inversión pública y premia el beneficio ilimitado de las grandes empresas.

De esta manera, las empresas del CAC-40, que agrupa a las cuarentas principales sociedades de la bolsa de París, sumaron beneficios por encima de 75 millones de euros en el año 2016. Mientras se recortaban los subsidios por desempleo, el director ejecutivo del banco BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, cerraba el año con 7.700 millones de euros más.

Además de ello, el Gobierno de Hollande también ha sido un actor principal en el refuerzo de la Europa Fortaleza. Francia ha sido un actor fundamental en la política de externalización de fronteras de la Unión Europea, y a través de sus relaciones neocoloniales con muchos países africanos ha sido promotor de los acuerdos con diferentes estados de África a través de los cuales la UE está armando y financiando a algunos gobiernos para el control de las rutas migratorias.

Dentro de su propio territorio hemos visto el crecimiento de dos enormes asentamientos informales de personas migrantes y demandantes de asilo en Calais y Dunquerque. No sólo fue un Gobierno incapaz de atender las necesidades de estas personas, que vivían en condiciones de auténtica miseria, sino que su respuesta fue enviar ahí a la Policía antidisturbios para su desmantelamiento inmediato y sin alternativas.

Estas políticas son las que empobrecen a las capas populares y las que presentan a las personas venidas de fuera como enemigas de las trabajadoras y trabajadores que, cada vez más empobrecidos, deben competir por los escasos recursos públicos a su disposición. Estas son, en definitiva, las políticas que han aupado a Le Pen a su posición actual, las responsables de que haya pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los partidos que hasta ahora habían mantenido la hegemonía no tenían intención de enfrentarse a la extrema derecha políticamente. Más bien, al revés, han asimilado gran parte de su discurso para así enfrentarse a ella electoralmente.

Esta situación ha generado una crisis de los grandes partidos tradicionales, el Partido Socialista y Los Republicanos, que han sido incapaces de leer los cambios políticos en los que estamos inmersos a nivel europeo. Sin embargo, las élites económicas de las que dependían han sido capaces de solucionar este problema a través de la creación de un tercer espacio, representado por Macron, que nace para la continuidad del antiguo modelo político. De esta manera, Macron se ha convertido en el defensor del statu quo, pieza fundamental para mantener la senda de recortes en las conquistas sociales de la última mitad del Siglo XX.

En el campo de la izquierda francesa, la campaña de La France Insoumise ha sido capaz de generar un movimiento social fuerte y de obtener unos resultados excepcionales. Sin embargo, no ha podido capitalizar todo el voto perdido por el Partido Socialista y el descontento generalizado con las políticas del anterior Gobierno. A pesar de las movilizaciones que han caracterizado la legislatura de presidencia de Hollande, particularmente las que se produjeron contra la reforma laboral, se encontraban ya en un momento de reflujo. Y si hay algo que en la izquierda no podemos olvidar, es que la lucha social es imprescindible si pretendemos imponer nuestra política. Si no somos capaces de generar y organizar la contestación a unas políticas injustas para la mayoría, no podremos crear una base amplia de personas que apuesten por cambiar el sistema desde su raíz.

Además de esto, el nerviosismo que despertó la buena posición de Mélenchon en las encuestas generó una campaña en su contra del tipo al que desgraciadamente ya estamos acostumbradas en la izquierda del Estado español. Entre los dirigente más derechizados del Partido Socialista, que llamaron a votar a Macron para frenar cualquier opción progresista, y los voceros de los poderosos, que igualaban a Mélenchon y Le Pen en un intento de asimilar dos modelos contrapuestos, consiguieron su objetivo: apuntalar al candidato que representaba los intereses de las élites económicas.

De cara al próximo 7 de mayo es imprescindible ser consciente de que no serán Macron y las políticas que encarna quienes frenen el fascismo de Le Pen. Macron forma parte de ese establishment europeo que está haciendo las políticas de la extrema derecha desde el centro del hemiciclo. Macron, igual que Le Pen, significa reforzar los controles fronterizos y aumentar las deportaciones, pero también significa mantener unas políticas al servicio de la élite económica que seguirán generando desigualdad. Aunque ahora intente presentarse como la candidata que representa los intereses de las capas populares, no podemos olvidar que el programa económico de Le Pen no cuestiona en absoluto el actual modelo, simplemente pretende que la sede de su Banco Central no esté en Frankfurt sino en París.

Y el reto pasa por seguir construyendo ese proyecto político de izquierdas capaz de combatir a la extrema derecha en las calles y en las urnas, que luche contra las fuerzas reaccionarias como el Frente Nacional sin dejar de denunciar a la Gran Coalición de conservadores, liberales y socialdemócratas, que recogen sus propuestas. Solo una alternativa a escala europea, basada en la unidad y en la movilización parará a la xenofobia y sus políticas.

El rechazo al militarismo es inseparable de la lucha por los derechos sociales y el respeto al medioambiente. Para acabar con la guerra, hay que cambiar el sistema social en el que vivimos

La celebración del 6º Salón de las Tecnologías de Defensa y Seguridad Nacional en Madrid ha cosechado el rechazo de muchos colectivos sociales, de izquierdas y del propio Gobierno municipal de Ahora Madrid, y es una buena ocasión para recordar qué hay detrás de la guerra, ese “monstruo grande” que “pisa fuerte toda la inocencia de la gente”.

Si algo está preñado de cinismo es la guerra, cuya primera víctima es la verdad. A propósito de la incompetencia y desprecio por la vida de los seres humanos de los altos mandos de los distintos ejércitos implicados en la Primera Guerra Mundial -desde los alemanes a los británicos, pasando por los franceses o rusos-, el primer ministro británico, Lloyd George, le decía a un periodista de la época: “Si la gente supiera [la verdad], la guerra se detendría mañana mismo. Pero, por su puesto, ni la saben ni deben saberla” (El siglo de la revolución, de Josep Fontana).

Todos los gobiernos jurarán una y otra vez sobre la Biblia, el Corán, —o por Snoopy—, que no tienen otro objetivo que la paz. Sin embargo, la venta de armas es el tercer negocio a escala planetaria: 1,8 billones de dólares en 2014. Y la mayoría de ese dinero sale del erario público. Menos mal que su prioridad es la paz.

No es difícil calibrar que con esos recursos, que casi doblan el PIB anual del Estado español, se podría transformar la situación del planeta si se emplearan en combatir el hambre y garantizar el acceso a los alimentos, el agua, la sanidad, la educación. Pero eso iría contra la naturaleza del sistema económico que rige nuestras vidas, que sólo busca el máximo beneficio privado en el menor plazo posible.

Además, está el costo social y material de emplear ese armamento. Conflictos como el de Yemen, Sudán o Siria, que ha arrasado el país y obligado a emigrar a millones de personas -a quienes los gobiernos de la Unión Europea rechazan dar asilo, aunque eso les cueste la vida a miles y un infame peregrinaje a la inmensa mayoría-, sólo son la punta del iceberg del desastre social y medioambiental que supone la guerra en todo el planeta.

El Estado español tiene asignado al presupuesto de Defensa “sólo” 5.787,89 millones de euros. Pero un estudio más detallado saca a relucir que el conjunto del gasto militar casi llega a los 31.000 millones de euros, una cifra que supone el 2,7% del PIB y el 7,2% del presupuesto estatal. Con poco más de la mitad de ese dinero, 17.000 millones, se podrían haber evitado los recortes en Sanidad y Educación aplicados desde que empezó la crisis. Y sólo en la Enseñanza pública se han perdido 30.000 empleos de docentes, cuando en todo el sector de la industria militar trabajan algo menos de 20.000 personas.

Un estudio del año 2007 en Estados Unidos demostraba que por cada 1.000 dólares invertidos en Sanidad o rehabilitación de vivienda se creaba un 50% más de empleo que por la misma cantidad invertida en el ámbito militar. Y si esa inversión se llevaba a cabo en Educación o transporte público los puestos de trabajo creados doblaban con creces a los que se lograban con la inversión militar. Todo eso sin entrar a valorar que gastar en salud, educación o vivienda, es mucho más positivo para la sociedad que en la “industria” de la destrucción.

Las guerras no responden a una maldad innata al ser humano, sino a unos intereses materiales muy concretos y tangibles, que van más allá del negocio que resulta de su propia venta. Son la expresión más brutal de la lucha de las grandes corporaciones multinacionales, y de los Estados nacionales que las representan, por el control de los mercados y las fuentes de materias primas. No en vano, el “proteccionista” Donald Trump, pretende aumentar el gasto militar estadounidense en casi un 10%, el mayor aumento en 15 años. Y, evidentemente, no lo propone para defenderse de una invasión de Canadá o de México, sino para garantizar su capacidad de intervención militar en cualquier punto del planeta.

Eduardo Galeano, en una de sus obras emblemáticas, citaba al comandante de EEUU Smedley D. Butler, que en 1935 declaraba: “Me he pasado treinta y tres años y cuatro meses en el servicio activo, como miembro de la más ágil fuerza militar de este país: el Cuerpo de Infantería de Marina. Serví en todas las jerarquías, desde teniente segundo hasta general de división. Y durante todo ese período me pasé la mayor parte del tiempo en funciones de pistolero de primera clase para los Grandes Negocios, para Wall Street y los banqueros. En una palabra, fui un pistolero del capitalismo…” (Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano).

Hoy las cosas no han cambiado tanto, sólo la sofisticación del armamento empleado, por los pistoleros. Y los conflictos encuentran el terreno abonado en un mundo cada vez más desigual, marcado por una explotación creciente de la clase trabajadora y los campesinos pobres en todo el planeta, y un expolio suicida de los recursos naturales. Por eso, el rechazo al militarismo es inseparable de la lucha por los derechos sociales y el respeto al medioambiente. Para acabar con la guerra, hay que cambiar el sistema social en el que vivimos.

Elena Valenciano, Inmaculada Rodríguez, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui, José Blanco, Esteban González Pons, Javier Díaz de Mera, Pilar del Castillo, Luis de Grandes, Teresa Jiménez Becerril, Javier Nart, Izaskun Bilbao y Ramon Tremosa son sólo algunos de los eurodiputados y eurodiputadas españoles del PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdC la gran coalición europea, que han votado este miércoles a favor de la ratificación por el Parlamento Europeo del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá.

El texto ha contado con 408 votos favorables, 254 en contra y 33 abstenciones y ha sido aprobado antes de someterlo a votación en los parlamentos estatales de los Estados miembros para presionar a los gobiernos europeos y blindarlo, ya que se empezará a aplicar de manera provisional y ya no podrá ser modificado.

La jugada no puede considerarse más que una estafa y un golpe a nuestras democracias y cuenta con el privilegio de ser el primer caso en el que se aplicará una legislación en la UE antes de estar debidamente aprobada. Sin embargo, a pesar de haber perdido una votación, lo primero que debe quedar claro es que no está todo perdido, porque ha sido la presión social de estos últimos meses lo que ha hecho que el CETA tenga que pasar por los Estados.

Por lo tanto, ahora es necesario que plataformas, organizaciones políticas, sociales, sindicales y movimientos a favor del medioambiente redoblemos los esfuerzos. Sólo con que un Estado miembro de la UE diga 'No', el CETA quedará anulado.

Lo segundo que debe quedar patente es que el PSOE ha quedado retratado. Durante toda la semana la plataforma contra el TTIP, el CETA y el TiSA estuvo interpelando a cada uno de los eurodiputados pidiendo su voto contrario, ya que se entendía que si querían ser consecuentes con sus palabras de defensa de servicios públicos, del medioambiente, o del empleo y las pequeñas y medianas empresas, deberían votar en contra de este tratado.

Pero parece que la coherencia en el grupo socialdemócrata sólo ha llegado algunos diputados y diputadas belgas y franceses. No así a los socialistas españoles, que con esta votación, sumada a la de la investidura en la que dieron la presidencia del Gobierno del Estado español a Mariano Rajoy, han decidido instalarse de forma permanente en el ala derecha de la socialdemocracia europea.

Es más, son los socialistas españoles los que están sirviendo de puntal para sostener a la gran coalición, esa gran coalición que lo mismo te aprueba el CETA, que apoya las políticas de la Europa fortaleza, o que impone políticas de austeridad que ahogan a los pueblos.

La oposición al CETA debería salir natural si se tienen en cuenta algunas cosas. El acuerdo entre la UE y Canadá forma parte del conjunto de acuerdos que, como el TTIP o el TiSA, son calificados de meros acuerdos comerciales, pero que en realidad van mucho más allá. Son una suerte de constitución transatlántica, por el hecho de que van a modificar nuestras regulaciones, nuestras legislaciones, afectarán a los servicios públicos, a los derechos laborales, a los sectores productivos, a los estándares medioambientales o a las patentes farmacéuticas.

Por eso no es correcto hablar del CETA como si de un acuerdo comercial se tratara. Es un proyecto político y económico de una élite transatlántica para seguir acumulando riqueza. Es un proyecto que apuesta por la transformación radical de nuestro actual modelo político para subordinarlo por completo a los intereses de las grandes multinacionales. Y esta élite tiene a sus cómplices en las instituciones: aquellos que hoy han apretado el botón del Sí y han dado luz verde a este tratado.

Pongamos un ejemplo práctico de cómo nos va a afectar el CETA. En estos momentos son muchos los municipios que gracias a las candidaturas de unidad popular están devolviendo a manos públicas servicios públicos que habían sido privatizados en épocas anteriores. Hablamos de recuperar el agua, la recogida de basuras, la funeraria, la limpieza de las calles o los polideportivos para la ciudadanía. Pues estas decisiones democráticas son una de las cosas con las que pretende acabar el CETA.

Con este acuerdo quieren dejarlo todo blindado para que no vuelva a pasar como en Madrid, Zaragoza, Valladolid o en tantos otros municipios donde se les está devolviendo a los ciudadanos y ciudadanas lo que es suyo y nunca debió pertenecer a las empresas privadas,

Con el CETA pretenden que no se les puedan poner límites a los negocios y beneficios de unos pocos. En definitiva, es un acuerdo para pararle los pies a la izquierda, porque aunque gane en las urnas no podrá hacer políticas de izquierdas.

El objetivo fundamental del CETA es proteger a los inversores, blindar sus beneficios y ampliar sus nichos de negocio. Y para que no haya ley que se les pueda poner por delante se han creado los tribunales de arbitraje, un sistema jurídico paralelo, al que las grandes empresas podrán recurrir cualquier intento de legislación o normativa que pueda suponer un freno a sus beneficios.

Ya sea la remunicipalización de un servicio público, una ley antifracking, una subida del SMI, o una ley anti tabaco, todo es susceptible de afectar a los beneficios de las grandes empresas y, por tanto, todo es susceptible de ser denunciado. Es una justicia

a la medida de las grandes empresas regida por un conjunto de reglas para el enriquecimiento ilimitado de las multinacionales.

Con la remunicipalización del agua podemos ver claramente la amenaza del CETA a las corporaciones municipales. Si este tratado llegara a ratificarse de forma definitiva, un ayuntamiento que decida recuperar el servicio del agua puede verse expuesto a una demanda multimillonaria de un inversor. Demanda que no podría pagar ni destinando todo el presupuesto anual del municipio.

El argumento al que se van a acoger para defender esto es que al remunicipalizar el servicio, la empresa deja de tener acceso a un mercado al que antes sí podía acceder, y por tanto, esa decisión de los concejales y concejalas les está perjudicando económicamente. Que la decisión haya sido tomada por cargos públicos elegidos democráticamente, que sea una decisión que emana de un mandato del pueblo, será secundario, porque lo importante es proteger a los inversores, y todo el CETA gira en torno a esta cuestión.

Además, el CETA introduce una cláusula que impide que los servicios públicos privatizados vuelvan a las manos del conjunto de la ciudadanía. Con lo cual, una vez aprobado el CETA, si un servicio público pasa a gestión privada, el ayuntamiento, la comunidad o el Estado nunca más podrán recuperarlo.

Y esto es sólo a modo de ejemplo, porque el CETA no va a tener un fuerte impacto sólo en los servicios públicos. Por ejemplo, el sector agrario y ganadero europeo no va a poder competir con la grandes multinacionales de la agroindustria de Canadá y las empresas mineras canadienses coparán los proyectos que van a perjudicar a nuestro medio ambiente.

En lo que se refiere a los derechos laborales hay algunos indicadores que indican que la UE puede enfrentarse a problemas muy serios, como la destrucción de 200.000 puestos de trabajo que pronostican los sindicatos europeos y el hecho de que Canadá no haya firmado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre convenios colectivos, lo que llevó a la comisión de Empleo del Parlamento Europeo a tumbar el texto.

Por último, merece la pena tener en cuenta un dato: el 80% de las grandes corporaciones estadounidenses tienen algún tipo de participación en compañías canadienses y en Canadá hay registradas un total de 41.000 empresas de EEUU. Con el CETA tendrán vía libre para instalarse en la UE con todos los beneficios que les dé el tratado. Esto, tal y como quedó reflejado en un informe de la Comisión Europea es una grave amenaza para las pequeñas y medianas empresas y los productores locales, que no podrán competir los gigantes canadienses y estadounidenses. Pero además, hace del CETA la puerta de atrás del TTIP, por la que las empresas de EEUU podrán entrar antes de que nos demos cuenta.

Todo esto, muy lejos del acuerdo progresista que tratan de vendernos desde Bruselas, es lo que PSOE, PP y Ciudadanos han aprobado en la Eurocámara. Todo esto es contra lo que debemos seguir luchando en los parlamentos estatales.

El pleno del Parlamento Europeo decide este martes a su nuevo presidente tras la huida de Martin Schulz a Alemania. Atendiendo a la lógica turnista de la Gran Coalición, Antonio Tajani, el candidato conservador, debería ser quien ostente la Presidencia en los dos años y medio que quedan de legislatura. Al menos, esto es lo que acordaron el 24 de junio de 2014, un mes después de las elecciones europeas, los presidentes de los grupos parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Manfred Weber y el propio Schulz.

Ambos firmaron un contrato que decía lo siguiente: “El Grupo PPE y el Grupo S&D acuerdan que durante el periodo legislativo 2014-2019 del Parlamento Europeo deberán apoyarse mutuamente en la elección del presidente del Parlamento Europeo. Acuerdan que el Grupo S&D elegirá al presidente del Parlamento Europeo en la primera mitad de la legislatura y el Grupo PPE en la segunda mitad”.

Dos días después, el presidente del grupo parlamentario de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Guy Verhofstadt, se sumó a la fiesta de la democracia y estampó su firma en otro documento que decía esto: “El acuerdo de entendimiento firmado por el Grupo PPE y el Grupo S&D el 24 de junio de 2014 se hace extensivo al Grupo ALDE. El Grupo PPE y el Grupo S&D se comprometen a apoyar a los candidatos de ALDE en el Parlamento Europeo”.

El contenido de estos contratos los conocimos el lunes de la semana pasada. Hasta el momento, no sólo habían sido secretos, sino que además los tres firmantes en cuestión siempre negaron su existencia. Sin embargo, la filtración a la prensa vino directamente del PPE, que se vio en la obligación de violar una cláusula de confidencialidad no escrita porque tanto los socialdemócratas como los liberales han decidido presentar a sus propios candidatos: Gianni Pittella, por los primeros, y Verhofstadt, por los segundos.

Los papeles podrían interpretarse como la prueba irrefutable de la existencia de la Gran Coalición, pero para nosotras es, simplemente, la demostración de cómo se reparten los trozos del pastel que para ellos es la UE –este reparto no es sólo en el Parlamento, es exactamente el mismo en la Comisión Europea y en el Consejo Europeo–.

En realidad, la verdadera prueba de la existencia de la Gran Coalición europea la sufren a diario millones de europeos y europeas y la encontramos en las políticas que aplican y en sus votaciones en el Parlamento Europeo.

En esto, en el voto en la Eurocámara, las tres familias coinciden en el 75% de las veces. Un ejemplo relevante es la votación del 8 de julio de 2015 sobre las negociaciones del TTIP. El Parlamento Europeo dio su visto bueno a que la Comisión Europea y Washington siguieran las rondas negociadoras con el voto favorable de casi todos los representantes de PPE, ALDE y una mayoría de socialdemócratas, entre los que se encontraban los eurodiputados del PSOE.

Unos meses más tarde, el 8 de octubre, el tripartito europeo votó conjuntamente impidiendo que la Eurocámara solicitara a la Comisión Europea la elaboración de una serie de medidas legislativas para reforzar y garantizar el derecho a la vivienda que incluían, entre otras cosas, la dación en pago a nivel europeo.

En julio de 2016 los tres grupos dieron su apoyo a la nueva Agencia de Guardias de Fronteras y Costas –que sustituye a Frontex–, una nueva agencia de deportación que ha sido cuestionada incluso por la Defensora del Pueblo europeo ya que no respeta la legislación internacional en materia de acogida y asilo, y que supone un paso más en la política de criminalización de las personas refugiadas y migrantes.

Y como con el TTIP, la Gran Coalición se unió también en noviembre del año pasado para blindar otro tratado de libre comercio, el CETA, entre la UE y Canadá, evitando con su voto que el texto fuera examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para comprobar su legalidad.

Así es, lo del contrato es un reparto de poder sin más, ya que cuando el acuerdo sobre las políticas les sale tan natural, a PPE, S&D y ALDE sólo les queda reflejar en el papel el reparto de puestos. De ahí nuestra sorpresa cuando la semana pasada el candidato socialdemócrata Pittella se dirigió a las diputadas y diputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) para pedirnos el voto anunciando el fin de la gran coalición.

“Hemos decretado el fin de la Gran Coalición”, llegó a decirnos en un ataque de osadía. No cabe duda que el fin de la Gran Coalición sería sin duda una buena noticia para las clases populares de toda Europa, pero no, no hay nada que celebrar.

Que el S&D haya decidido presentar un candidato alternativo no es el fin de la Gran Coalición como dice Pittella. Estamos, en todo caso, ante una lucha de poder dentro de la Gran Coalición, una simple pelea de gallos por la Presidencia del Parlamento Europeo. Y de hecho, el único argumento que ponen encima de la mesa es que no quieren que la presidencia de Eurocámara, Comisión y Consejo esté en las manos de un mismo partido.

Bueno, eso y, según también Pittella, que están sufriendo una caída electoral y que su electorado les está pidiendo polarizar. Es decir, que además de repartirse los sillones están aparentando para no estrellarse como dicen todas las encuestas en las próximas elecciones en Francia y Alemania.

Claro, nosotras tratamos de darle un baño de realidad a Pittella y le explicamos que la Gran Coalición acabará el día que los socialdemócratas decidan hacer honor a su nombre y dejen de plegarse a las políticas neoliberales, que tumben el acuerdo de la Vergüenza con Turquía, que digan 'no' a la deportación forzosa de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas, que se decanten por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, que voten en contra del TTIP, el CETA y el TiSA que sentencien el Pacto de Estabilidad y el Semestre Europeo Y, sobre todo, cuando el PSOE deje de apoyar al Gobierno de Mariano Rajoy.

Por ello, desde el GUE/NGL vamos a apoyar hasta el final a nuestra candidata para la Presidencia de la Eurocámara, Eleonora Forenza, compañera de Rifondazione Comunista, feminista, antifascista y anticapitalista. Una de esas mujeres que tienen claro que luchar contra la extrema derecha, no plegarse a sus políticas xenófobas, es un objetivo prioritario para Europa, que para mejorar las condiciones de vida la clase trabajadora debemos acabar con las políticas económicas neoliberales que están abrasando nuestros derechos.

Eleonora, una candidata que sabe que las conquistas llegan de la organización y la movilización y por eso igual podría estar presidiendo el Parlamento Europeo, que organizando las manifestaciones contra el CETA que tendrán lugar el próximo fin de semana.

Los próximos 1 y de 2 de febrero se votará en el Parlamento europeo la ratificación del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), acuerdo comercial bilateral firmado por Canadá y la Unión Europea el pasado 30 de octubre. Esta firma dio por concluido el largo proceso negociador iniciado siete años antes por ambas partes aunque su plasmación final estuvo sometida a la duda hasta el último momento por la oposición de la región belga de Valonia. Y fue precisamente por las reticencias de este pequeño territorio que este tratado empezó a tomar cierto protagonismo mediático y a ser conocido más allá de sus defensores y opositores, ya que hasta la fecha había permanecido bastante oculto dado el interés de los primeros en mantenerlo lo más alejado posible de la transparencia informativa.

El CETA podría entrar provisionalmente en vigor si el Parlamento europeo lo ratifica. La Comisión Europea aceptó declarar este acuerdo como mixto o de competencias compartidas - que exige la ratificación en los parlamentos estatales- a cambio de que el acuerdo entre en vigor de forma inmediata, sin esperar a esta ratificación de los estados, tras su paso por la eurocámara. Esta aplicación provisional, de buena parte de su articulado, provoca una situación claramente antidemocrática al ser de obligado cumplimiento para los 28 sin ni siquiera haber sido ratificada su aprobación en sus respectivos parlamentos, en un proceso que puede durar varios años.

No obstante, desde la firma del tratado, además de los retrasos en el calendario de ratificación en el Parlamento europeo prevista inicialmente para mediados de diciembre, se han producido dos hechos importantes que cuestionan tanto la adecuación normativa como el fondo de este acuerdo. Por un lado las conclusiones de Eleanor Sharpstson, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución a la que la Comisión Europea ha pedido opinión sobre el acuerdo comercial con Singapur, de considerar a éste como acuerdo mixto al invadir las competencias de los estados miembros y que puede extrapolarse tanto a CETA como a TTIP al ser sus objetivos, criterios de aplicación y contenidos muy similares. Por otro las recomendaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales (EMPL) del Parlamento europeo pidiendo a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) -que debe informar al Parlamento sobre el acuerdo- su posicionamiento contrario a la ratificación. El EMPL basa su recomendación en que estudios recientes pronostican la pérdida de 204.000 puestos de trabajo para el conjunto de la UE, la clara disparidad entre el nivel de protección previsto para los inversores y los derechos de los trabajadores o la inexistencia de medidas específicas de apoyo a las pymes.

Otra Comisión, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha de pronunciarse el próximo 12 de enero sobre aspectos de su competencia en referencia al CETA. Finalmente la propia Comisión de Comercio Internacional (INTA) se reunirá el 24 de ese mismo mes para preparar la recomendación de voto que hará al Parlamento europeo.

Por otra parte, El Parlamento Europeo votó el 23 de noviembre una Resolución presentada por alrededor de noventa diputados pidiendo que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminase si el CETA se ajusta en su totalidad al marco jurídico europeo. En igual sentido, en España, se presentó el 29 de noviembre una PNL por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos y apoyada por ERC y Bildu, pidiendo que el tratado fuese examinado por el Tribunal Constitucional y que fuese sometido a referéndum. En ambos casos estas propuestas fueron rechazadas con los votos de conservadores, liberales y socialdemócratas y que aquí corresponden a PP, C’s y PSOE.

Se ha hecho por tanto un trabajo importante en términos institucionales contra el CETA y el TTIP tanto en el Parlamento Europeo como en el estatal, sin olvidar el realizado en los parlamentos autonómicos, donde ocho de ellos se han declarado contrarios a estos acuerdos.

Pero no hemos de olvidar otro actor importante en esta ya larga lucha contra los mal llamados tratados de libre comercio y que ha ido cobrando con el tiempo un mayor protagonismo. Nos referimos a las distintas campañas y plataformas que tanto en Europa como en el conjunto del estado han sido las responsables de movilizar a las clases populares contra estos acuerdos comerciales que solo favorecen los intereses de las transnacionales y grandes empresas.

En España, la campaña estatal #NoalTTIP agrupa numerosos nodos territoriales formados a su vez por cerca de 350 organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Ha sido esta campaña y sus nodos territoriales las que han apoyado a cientos de municipios a presentar mociones declarándose municipios libres de TTIP y CETA (en la actualidad 280 lo son) y que han informado a la ciudadanía en cientos de charlas, jornadas, mesas redondas en el conjunto del estado de todo lo que se ha ido conociendo de estos tratados a través de varias filtraciones, ocultado durante mucho tiempo por quien los negociaba, pero ya a la luz en el caso del CETA.

Una información ahora disponible en las 1600 páginas de ese acuerdo que confirma los peores temores que se tenían. Un tratado que en su articulado contiene -y no dudamos que el TTIP tendrá similitudes con el mismo- una apuesta por un modelo agroindustrial que perjudica la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana y que la propia FAO no considera la más adecuada, una apuesta por los combustibles fósiles que pone en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático, un ataque a los derechos sociales que se desprende del apoyo a las desregulaciones en materia laboral, educativa, sanitaria, un ataque a los servicios públicos al apoyar la mayor privatización posible, un ataque a la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje al margen de los estatales para dirimir conflictos entre inversores y estados, un apoyo incondicional a los grandes inversores y un olvido de las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas, un ataque a la soberanía de los estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser éstas supervisadas por un organismo creado al efecto de manera poco democrática.

Por eso ahora, a la vista de esta situación tan lesiva para los intereses de las mayorías sociales es importante trabajar también más allá de las instituciones. Es el momento de las movilizaciones. El CETA, pero también el TTIP, el TiSA, el TPP y otros acuerdos bilaterales firmados o a punto de serlo tanto por EEUU, Canadá o la UE no son tratados inocentes que quieran mejorar el comercio de bienes y servicios entre partes. Representan la estrategia neoliberal actual de maximización de beneficios a costa de la desregulación normativa, el blindaje de las inversiones y el control político por parte del poder financiero a costa de los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales de las clases populares.

Estos tratados no se paran desde el Parlamento Europeo o desde el Congreso de los Diputados, se paran desde la organización y la movilización. Por ello es importante desbordar la realidad institucional y bajar a la calle. Y es en este sentido que cobra importancia la existencia de estas campañas contrarias a los tratados, ya que representan a miles de activistas y a cientos de organizaciones unidas con un mismo objetivo. Organizaciones políticas y sindicales pero también y en gran medida movimientos sociales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, asociaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones de pymes y un largo etcétera que trabajan para que no se aprueben estos tratados y conseguir fórmulas alternativas de comercio que contemplen a las personas y al planeta –como dice el lema de la campaña- antes que los intereses de las multinacionales.

El próximo 21 de enero habrá movilizaciones en toda Europa contra el CETA. La campaña estatal #NoalTTIP hace un llamamiento, al igual que se hizo el pasado 15 de Octubre, a toda la ciudadanía para que acuda a esta convocatoria y a todas las organizaciones adheridas a que movilicen a sus militantes, simpatizantes y votantes. Salgamos a la calle contra los tratados de las multinacionales y por nuestros derechos.

Marina Albiol. Eurodiputada de IU. Portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo  //  Pablo Jiménez. Miembro del Área Federal de Medio Ambiente de IU y de la campaña estatal #NoalTTIP. Cocoordinador del libro “Las amenazas del TTIP y el CETA”

La Comisión Europea ha decidido cambiar su estrategia con las personas migrantes y demandantes de asilo ante la constante violación de los derechos humanos a las puertas de Europa. Las muertes, las palizas, la inseguridad y el no cumplimiento del derecho internacional nos han convertido, según la Oficina Internacional de las Migraciones, en el destino más peligroso del mundo para estas personas. Sin embargo, ese cambio de estrategia no tiene nada que ver con la apertura de vías legales y seguras de entrada a suelo europeo, o con la expedición de visados humanitarios.

La Unión Europea está trabajando a contrarreloj para generalizar y consolidar su proyecto de externalización de fronteras, ofreciendo dinero a terceros países para que hagan el trabajo sucio, lo que permite a los gobiernos mirar a otro lado ante las crudas imágenes de quienes huyen de la guerra, la miseria y la explotación que la propia Unión exporta al mundo.

Este tipo de política migratoria nace en la frontera sur del Estado español gracias al Acuerdo de Readmisión Hispano-Marroquí suscrito con Marruecos en 1992. Su resultado son años de palizas en la frontera, muertes, devoluciones en caliente y deportaciones forzosas de espaldas a la legislación internacional. De esta manera, las autoridades españolas se han situado a la vanguardia de un modelo que, como definió recientemente un representante de la Comisión Europea, busca “que los migrantes no aparezcan en nuestras fronteras de manera espontánea”.

Pero ahora, la UE ha dado un paso más allá y se ha decidido a apostar por un sistema muy similar al que lleva años aplicando Australia y que ha recibido numerosas denuncias de ONG. Este modelo está basado en que cualquier persona migrante o refugiada que trata de llegar ilegalmente al país es trasladada inmediatamente y sin poner un pie en la isla a países cercanos como Nauru o Malasia.

Allí son internados y es allí desde donde deben enviar una solicitud para residir legalmente en Australia, ya sea como demandantes de asilo o cualquier otra fórmula. Pero la particularidad es que todo ese tiempo están bajo la legislación del país en el que se encuentran físicamente, sin ninguna supervisión por parte de Australia del cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional.

La UE quiere que este principio sea uno de los pilares de su nuevo paquete migratorio. Ya lo ha empezado a hacer con Turquía, dando 6.000 millones de euros al presidente Erdogan para construir y gestionar unos centros de deportación masiva donde las personas migrantes y refugiadas, tras ser deportadas desde Grecia, esperan a ser devueltas a sus países de origen sin ninguna garantía de que se respeten sus derechos. Así, la UE no tiene que hacerse responsable de las violaciones y abusos que sufran en territorio turco, al tiempo que se ahorra las críticas de la opinión pública ante imágenes como las de las costas griegas, o las de las fronteras de los Balcanes.

Ahora bien, el acuerdo con Turquía es sin duda el más visible, pero no el único. La UE tiene acuerdos bilaterales para facilitar las deportaciones con países tan diferentes como Rusia, Cabo Verde o Armenia, y mantiene negociaciones con otros como Marruecos, Bielorrusia, Etiopía, Túnez, Libia o Nigeria. Esos pactos –y otros, mayoritariamente con países africanos–, se encuentran en una fase avanzada y se asientan sobre el principio de la centralidad de las políticas migratorias en el ámbito de la acción exterior europea. Lo que quiere decir que tienen la particularidad de que se financian con fondos destinados a la cooperación y condicionan estas ayudas a la aplicación de toda una serie de políticas fronterizas, de seguridad interna y de migración, impuestas a los países del sur desde Bruselas.

El ejemplo más actual es el de Afganistán, un país completamente destrozado por la acción bélica europea y con un conflicto violento en plena evolución del que Europa se ha desentendido. El pasado mes de octubre se celebró en Bruselas una cumbre de donantes en la que la UE amenazó al Gobierno afgano con suspender los fondos de cooperación si no aceptaba hacerse cargo de cientos de miles de afganos que hoy se encuentran en suelo europeo.

El chantaje es macabro, porque el 90% de la economía de Afganistán depende de las ayudas externas. Y también cruel, por el contenido y las consecuencias. Sólo en 2015, un total de 196.700 afganos solicitaron asilo en Estados miembros de la UE, convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso después de los sirios. En el acuerdo –finalmente aceptado por Kabul–, la UE se asegura poder fletar todos los que aviones que quiera cada día con más de 50 personas y deportarlos a la capital afgana. Allí, con fondos de cooperación, la UE quiere construir una segunda pista en el aeropuerto Hamid Karzai y un campamento de refugiados.

Por si esto no fuera suficiente, debemos tener en cuenta que es más que probable que muchos de los afganos que van a ser deportados en los próximos años no han estado nunca en Afganistán, sino que habrán nacido y crecido en Irán, país que tiene una población afgana de más de un millón de personas.

La perversión del uso de la ayuda al desarrollo para el control migratorio ha llevado también a la UE a firmar acuerdos con países como Sudán, que vigila atentamente sus fronteras a la caza de personas camino de Europa, gracias al acuerdo alcanzado con su presidente, Omar al-Bashir, sobre el que existe una orden de detención del Tribunal Penal Internacional. El objetivo final de este gran proyecto europeo es crear una suerte de cinturón exterior a la UE y por eso todo vale para que nadie llegue y mantenerlos lejos de nuestras fronteras.

Por otro lado, a todos estos acuerdos se les suma la creciente incorporación de los cuerpos militares al control migratorio. Así, en el verano de 2015, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, lanzó la operación EUNAVFOR MED, que en colaboración con la OTAN, llenaría el Mediterráneo de buques de guerra con la finalidad de destruir los barcos con los que las mafias trafican con personas.

Unos meses más tarde, en noviembre de 2015, los principales líderes africanos y europeos firmaron un compromiso en Malta para destinar más presupuesto –también proveniente de los fondos de cooperación al desarrollo– al control fronterizo, financiando estructuras militares en países de dudoso respeto de los derechos humanos como Egipto y Eritrea. Finalmente, tras el acuerdo con Turquía en marzo de este año, se siguió la misma estrategia que en el Mediterráneo, y la UE dio luz verde a que las fragatas de la OTAN operaran en el Egeo para cortar las llegadas de personas refugiadas a las costas griegas.

Lo cierto es que el despliegue ni ha acabado con las muertes, ni con las mafias, ya que la ausencia de vías legales y seguras de acceso a la UE fomenta que las personas migrantes busquen rutas alternativas más peligrosas, a las que acceden pagando aún más dinero a los traficantes. Esa es una parte del negocio de la migración. La otra está en los países de tránsito y llegada, donde enormes sectores de la población, incluidos los menores de edad como hemos visto en el caso de Turquía, se están convirtiendo en mano de obra prácticamente esclava.

Todos estos datos ponen de manifiesto que la Unión Europea y las instituciones están haciendo de la política migratoria un elemento central de su proyecto, y que la externalización de fronteras, la Europa Fortaleza, es la clave en la que se sustenta.

Por eso desde Bruselas se trata de criminalizar a las personas refugiadas y migrantes y se ponen todo tipo de trabas a los ejemplos de solidaridad. Frente a ello, los pueblos europeos han demostrado estar a la altura, y la prueba está en la proliferación de municipios que se han unido a la red de ciudades refugio, o las recientes movilizaciones contra las violaciones de derechos humanos que se producen en los CIE. Ante esta dicotomía entre la solidaridad de los pueblos y los beneficios de unos pocos, la Comisión Europea y el Gobierno Español ya han decidido de qué lado están.

De Guindos ha venido a Bruselas a explicar en el Parlamento que su política económica se mantendrá dentro de las directrices marcadas por el gran capital, y que penalizar al Estado español pondría en peligro la estabilidad y, por ende, a un Gobierno lacayo de los intereses macroeconómicos como es el suyo

El ministro de Finanzas, Luis De Guindos, ha visitado este martes el Parlamento Europeo y, con su cartera recién reciclada, ha comparecido esta tarde ante los diputados y diputadas de las comisiones de Desarrollo Regional y Economía en el marco del diálogo estructurado con la Comisión Europea por la posible suspensión de los fondos estructurales al Estado español y a Portugal, al haber incumplido los objetivos de déficit.

El Estado español cerró 2015 con un déficit público del 5% del PIB e incumplió las normas europeas en materia de control de déficit impuestas por Bruselas y que en nuestro caso eran del 4,2% del PIB. Y De Guindos, en realidad, ha venido a suplicar que no le apliquen unas normas que él, los suyos, y también los que le han permitido que vuelva ser ministro, aprobaron en su momento.

Venía a pedir, básicamente, que no se sancione al Estado español por no cumplir el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento cuando resulta que ellos elevaron en 2013 este pacto a dogma de fe. Fueron ellos, el tripartito de conservadores, liberales y socialdemócratas que nos gobierna en Europa –y ahora también en el Estado–, los que decidieron que quien no cumpla con el objetivo del déficit sería sancionado. Y esa sanción podría tener la forma de una multa económica o implicar directamente la congelación de los fondos estructurales europeos, poniendo en grave peligro el desarrollo de nuestras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

De la multa, que podía haber llegado a los 2.000 millones de euros, nos libramos en el mes de agosto, pero aquello no nos salió gratis. Fue a cambio de la promesa de que los Presupuestos Generales del próximo año saciarían el hambre de los mercados y recogerían un recorte de 5.500 millones que permitieran al Gobierno llegar a ese 3,1% de déficit público respecto al PIB que marca bruselas para 2017.

Lo que la Comisión Europea dejó claro entonces, y también en otro encuentro con eurodiputados en Estrasburgo recientemente, es que no estaba dispuesta a perdonar la sanción en forma de congelación de los fondos estructurales. Por eso ha venido hoy a Bruselas, a explicar en el Parlamento que su política económica se mantendrá dentro de las directrices marcadas por el gran capital, y que penalizar al Estado español pondría en peligro la estabilidad y, por ende, a un Gobierno lacayo de los intereses macroeconómicos como es el suyo.

Quizá nos libremos de todas las sanciones, pero no es para estar contentos. La Comisión Europea está actuando en este caso como una panda de trileros que nos intenta engañar moviendo la bolita de una mano a otra. Y De Guindos es el cómplice necesario para el timo. Es todo un truco. Hoy el ministro nos pretendía hacer creer que nos estaba defendiendo de una Comisión Europea voraz que quiere congelar las ayudas al Estado español, a la par que saca pecho ante la Comisión con su firme apuesta por el cumplimiento de objetivos macroeconómicos sin importar las consecuencias sociales. Y a nadie le extrañaría si, en unas semanas, unos comisarios magnánimos comparecen diciendo que no se nos sanciona.

Cuando la realidad es que las sanciones ya dan igual. Ya han conseguido lo que querían: un Gobierno del PP apoyado por PSOE y Ciudadanos. Un Gobierno sumiso que estuviera dispuesto a seguir recortando en servicios públicos, a mayor gloria del sector financiero privado. Pero sobre todo querían evitar un Gobierno que, con Unidos Podemos, pudiera plantar cara, rebelarse contra las injustas normas europeas.

Bruselas ha conseguido lo que quería y el PP también. Porque no es sólo sumiso, sino que también es cómplice. Querían evitar que aquello que Carlos Sánchez Mato hace en Madrid, en nombre de muchísimos otros concejales de Hacienda de todo el Estado, lo hiciéramos desde Moncloa. Querían evitar que pudiéramos demostrar, como está demostrando Carlos, que hay una alternativa a su políticas injustas. Que nosotros gobernamos para las mayorías.

Impedir, a toda costa, que hoy compareciera un ministro español diciendo que el único pacto que cumplir es con su gente, diciendo que no queremos multa, que no queremos congelación de fondos, que no queremos sanciones por incumplir el déficit y, sobre todo, que no compartimos ese Pacto por la Estabilidad. Un pacto que no es otra cosa que cuadrar números a nivel macro a costa de joderle la vida de millones de personas.

No vamos a ganar en las instituciones nada que no hayamos ganado antes en las calles. Esta es mi advertencia cada vez que alguien pone sus esperanzas en los diputados y diputadas del Parlamento Europeo para frenar los intentos de las grandes corporaciones de hacerse definitivamente con todo el control de nuestras vidas.

Esta vez la ofensiva llega bajo el envoltorio de tratado comercial. Hay tres en estos momentos encima de la mesa en los que está implicada la Unión Europea: el TTIP (acuerdo con Estados Unidos), CETA (Acuerdo con Canadá) y TISA (Acuerdo para el comercio de servicios que están negociando cincuenta países).

Cada uno con sus matices, pero los tres con el mismo espíritu: esconder bajo el nombre de tratado comercial aquello que en realidad es un proyecto político y económico de la élite mundial para aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadoras y de los recursos naturales, que es al fin y al cabo la única manera que tienen de continuar aumentando sus beneficios.

Estos tratados van a cambiar leyes, normativas, regulaciones en materia de salud pública, medioambiente, derechos laborales, servicios públicos y pretenden implantar un sistema jurídico paralelo para que las multinacionales denuncien a los Estados, en caso de que sus actuaciones sean consideradas lesivas para las empresas.

Todo bien atado para que no haya margen a otras políticas que las que marcan los grandes centros financieros de Washington o Berlín. Tratados que van a imponer su ideología, no sólo a los gobiernos estatales que queden vinculados con los acuerdos, sino hasta el último rincón de cada ayuntamiento.

Pongamos un ejemplo. Con los mecanismos de resolución de controversias entre Estados e inversores, los conocidos como tribunales de arbitraje, pretenden imposibilitar que un ayuntamiento de izquierdas remunicipalice un servicio público de los que fueron privatizados por corporaciones del PP o del PSOE, ya que se podría ver sometido a una demanda multimillonaria ante uno de estos tribunales por parte de una empresa a la que, con la gestión pública del servicio, se le impide optar al negocio y, por tanto, pide ser indemnizada.

No es libre comercio, es comercio regulado para los poderosos. Ya no es dejar que una “mano invisible” regule los mercados, es justo lo contrario. Se trata de utilizar las instituciones para intervenir en la economía, pero en vez de intervenir para regularla en favor de la mayoría, lo que pretenden es regularla en favor de unos pocos.

Utilizan los recursos públicos para asegurar que las rentas del trabajo tengan cada vez menos peso en comparación con las rentas del capital. Una transferencia de riqueza, robando a los pobres para engorde de los ricos. Ese proceso exige allanar el camino librándolo de derechos laborales y sociales, por eso tampoco el principal objetivo es levantar las barreras arancelarias para favorecer el intercambio de mercancías. Y ahora han dado un paso más: romper nuestros derechos, acabar con las conquistas de las luchas laborales y sociales de muchas décadas, para que las grandes empresas sean las reinas del mundo sin resistencias.

Esta ofensiva del capital hay que pararla, y sólo se puede parar desde la calle, desde la organización y la movilización.

De la misma forma que todos nuestros derechos se han conquistado con duras batallas y luego han sido refrendados por los parlamentos, sólo con la lucha podemos mantenerlos.

Las instituciones funcionan con sus propias normas, que son las de mantener el sistema. Son conservadoras y sólo serán sensibles ante una movilización que provoque la entrada en escena de cientos de miles de personas que defendamos conscientemente nuestros derechos frente a esta agresión de los grandes capitalistas.

Esa tarea exige poner en pie con un objetivo común a las organizaciones sindicales, a los trabajadores del campo, las organizaciones ecologistas, feministas, a todos aquellos movimientos sociales con los que luchamos por los derechos laborales y civiles.

Las mayorías parlamentarias de los partidos de la derecha, los conservadores europeos, se amplían con el voto de los partidos socialdemócratas. La única posibilidad de que estos últimos, compañeros del PSOE en Bruselas, se opongan a estos tratados es si ven que van a perder a su electorado. Y eso sólo puede ser consecuencia de la movilización social, de la participación consciente del mayor número de personas, de la información, del rechazo social al proyecto de destrucción masiva de derechos que nos están implantando.

Por eso es imprescindible que las movilizaciones convocadas para este fin de semana en un gran número de pueblos y ciudades del Estado español bajo el nombre Otoño en resistencia sean un éxito. Sólo una gran movilización popular conseguirá pararlos.

En julio, Rajoy y De Guindos se congratulaban por la decisión de Bruselas de no sancionar a España por el incumplimiento de las normas sobre el déficit. Pero ambos obviaron hacer comentarios sobre las otras multas que nos esperan

La satisfacción del Gobierno debería haber sido más comedida, ya que buena parte de la sanción sigue en pie y los que la pagarán no serán ni los que impusieron esas normas de cumplimiento ni los que las incumplieron, sino las clases populares

El pasado 27 de julio, tanto el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se congratulaban por la decisión de la Comisión Europea de no sancionar a España por el incumplimiento de las injustas normas sobre el déficit. Es cierto que el Estado español se enfrentaba a una multa equivalente al 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, que quedó reducida cero, pero tanto De Guindos como Rajoy obviaron hacer comentarios sobre las otras multas que nos esperan.

La sanción por exceso de déficit - que también se le aplicará a Portugal- constaba de tres partes. La multa ya mencionada y perdonada, la propuesta de objetivo de déficit para los próximos años, que lleva aparejados unos recortes de 10.000 millones de euros los próximos dos años, y la posible suspensión de los fondos estructurales programados para 2017.

Por lo tanto, la satisfacción del Gobierno en funciones debería haber sido más comedida, teniendo en cuenta que buena parte de la sanción sigue en pie, y que, como siempre, los que la pagarán, ya sea por los recortes o por la suspensión de fondos, no serán ni los que impusieron esas normas de cumplimiento del objetivo de déficit, ni los que las incumplieron. La pagarán las clases populares.

Bruselas podría llegar a congelar hasta el 50% de los fondos europeos que le corresponden al Estado para 2017 y la decisión se tomará este mes de septiembre después de un debate en el Parlamento Europeo. Así se lo explicó el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Empleo, Crecimiento, Inversiones y Competitividad, Jyrki Katainen, al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, en una carta el pasado mes de julio.

En dicha comunicación, Katainen adjuntaba, además, un listado con todos los programas que se podrían ver afectados por el bloqueo de los fondos europeos en el Estado español y en Portugal. En nuestro caso, hay un total de 63 proyectos cuya financiación se verá amenazada por el exceso de déficit. Se trata de programas centrados en temas como desarrollo rural, la pesca, el desarrollo regional, políticas sociales, el desempleo, la investigación, etc. Algunos de ellos financian iniciativas coordinadas por el Estado, aunque la mayoría se refiere a actividades organizadas por las Comunidades Autónomas.

No hay cifra clara porque cada año varían los fondos destinados a estos proyectos, pero si pensamos que en el periodo 2014-2020 el Estado tenía asignados un total de 38.000 millones de euros de ayudas europeas, muy probablemente la congelación superará los 2.000 millones de la multa inicial. Como parte del chantaje en el que se basa el engranaje del semestre europeo, esto podría evitarse, según las normas de la UE si el próximo Gobierno presenta unos presupuestos “creíbles” para 2017. Obviamente, lo único creíble para la Comisión Europea son los recortes drásticos e indiscriminados.

El Estado, pese a esa alegría injustificada de Rajoy y De Guindos, va a inaugurar junto a Portugal una de esas normas del Pacto de Estabilidad de la UE aprobadas la legislatura anterior gracias a la coalición inquebrantable que socialdemócratas y conservadores forjan en Bruselas junto a los liberales. Los tres partidos mayoritarios decidieron que había que ligar las sanciones por incumplimiento del objetivo del déficit del 3% a los fondos estructurales. Y en esas estamos.

Son de esas decisiones que, a base de repetir que vienen de Bruselas, nos pueden llevar a pensar que caen del cielo. Pero no es así. Estas decisiones tienen cara y ojos, nombre y apellidos. Son normas que llevan el sello del propio Katainen, de Valdis Dombrovskis o de Pierre Moscovici. Dos conservadores y un socialista. El Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialdemócratas Europeos.

De ahí que tengamos que insistir, una vez más, en hacer un llamamiento a los eurodiputados y eurodiputadas españoles del PP y del PSOE para que, durante el debate estructurado que se haga en el Parlamento Europeo, se sitúen al lado de sus ciudadanos y no de sus compañeros de partido. Para que no pongan en peligro esos fondos europeos. Que los defiendan y que pongan los intereses de las clases populares de nuestro país por encima de las decisiones de sus respectivas organizaciones políticas.

Por último, cabe recordar que, en el fondo, no se trata de evitar que sancionen al Estado español (o a Portugal). Se trata de que cambien de una vez por todas esas normas que castigan al pueblo.

"La UE pretende perpetuar su modelo racista y neoliberal con esta agencia que impide que cualquier territorio o Estado pueda impulsar políticas migratorias alternativas", afirman los autores

Vivimos un momento de excepcionalidad. Las consecuencias de una política exterior basada en la guerra y la violencia, y de una política económica cimentada en la explotación de los recursos naturales y humanos del Sur nos están mirando fijamente a los ojos. El resultado de todo esto son las miles de personas que tratan de encontrar un lugar seguro en el que vivir en Europa, en lo que es uno de los movimientos migratorios más grandes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ante ello, la propuesta de las instituciones y autoridades europeas no se ha hecho esperar.

Sin embargo, la UE no ha reaccionado, tal y como proponíamos, con la concesión de visados humanitarios en países en conflicto o la apertura de vías legales y seguras de acceso desde esos países, sino con todo lo contrario. La UE ha diseñado, junto a la OTAN, un plan para militarizar el Mediterráneo y ha decidido redoblar el blindaje de sus fronteras. Un elemento clave en esto es la Guardia Europea de Fronteras y Costas, una nueva agencia de la Unión Europea que sustituirá a Frontex, pero con una ampliación sin precedentes de su mandato y competencias.

La nueva agencia de la UE tendrá una serie de características propias que la diferencian de todas las anteriores y demuestran el carácter estratégico que Bruselas ha otorgado a su proyecto racista de Europa fortaleza. Por primera vez, esta agencia tendrá un personal propio de más de mil personas y capacidad para tener sus propios recursos materiales. Esto es importante porque hasta ahora Frontex operaba con agentes y recursos de los Estados miembros. Ahora, podrá operar directamente y por sí misma. Pero hay que tener un dato clave en cuenta: es una agencia que no responde a ninguna autoridad política democráticamente electa.

También es clave la ampliación del mandato, que pasa de ser exclusivamente de vigilancia de las fronteras externas para cubrir también la seguridad interna de la UE. Esto no es sino presentar a las personas migrantes como una amenaza a nuestra seguridad. Es una posición estratégica extremadamente grave ya que criminaliza a quienes huyen de la explotación, la violencia, o el hambre, y además permite a la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas tener unas competencias hasta ahora desconocidas.

Esta agencia será la encargada de comprobar si los Estados pueden “soportar una presión desproporcionada en sus fronteras”, es decir, si son capaces de mantener fuera a todas las personas, independientemente de circunstancias como que tengan derecho a la protección internacional de acuerdo a la Convención de Ginebra.

A través de estos test, la agencia evaluará a los diferentes Estados miembros de la UE y, si lo estima oportuno, intervenir directamente en ellos. Es decir, que un organismo que no responde ante ninguna institución democrática podrá actuar directamente en un Estado de la UE sin contar con la aprobación de su Gobierno y sin la obligación posterior de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo o los parlamentos estatales.

La Defensora del Pueblo europea ya ha mostrado su preocupación por la falta de fiscalización que genera una situación de impunidad ante la violación de derechos fundamentales, pero la respuesta ha sido la creación de un mecanismo de quejas no independiente de la agencia. Resulta cuanto menos cínico creer que personas sujetas a abusos de la autoridad, devoluciones en caliente, o encerradas en centros de internamiento van a presentar una queja escrita a las personas culpables de su situación. La experiencia demuestra que es más cínico aún que un organismo de este tipo vaya a sancionar a sus propios agentes o apartarlos por estas prácticas porque son la razón de ser del mismo.

Una de las cuestiones más preocupantes del conjunto de la política migratoria y de asilo europea que se ve agravada con esta regulación es, desde luego, la criminalización de las personas migrantes. En primer lugar, cuando crucen las fronteras se recogerán todos sus datos, incluyendo las huellas dactilares, y otros de carácter personal. Esos datos serán almacenados y podrán ser cruzados con los de otras agencias europeas, como EuroPol, lo que, en cierto modo, da la imagen de que estas personas son ya culpables de haber cometido algún delito nada más pisar suelo europeo.

Además, la regulación de la nueva agencia no da ninguna garantía sobre protección de datos y deja la puerta abierta a la recolección y almacenamiento de datos de carácter personal, es decir, cosas como la religión o la orientación sexual.

Después de esto, las personas migrantes serán encerradas en los llamados hotspots. Estos centros de retención se ubican en las principales zonas de llegada al Continente, como ha sucedido en las islas griegas. Allí se les toman las huellas dactilares a las personas migrantes y refugiadas, se les encierra y desde ellos son expulsados a Turquía en base al acuerdo firmado por la UE y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Se trata de un modelo que se quiere exportar a otros países del entorno europeo. Por ejemplo, el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, ya ha anunciado su intención de crear centros de detención flotantes, es decir, en el mar, para devolver a Libia o a Túnez a los migrantes y refugiados que intenten cruzar el Mediterráneo. El objetivo, en definitiva, es que no puedan poner un solo pie en Europa.

En estos centros, además, es donde se podrían cursar demandas de asilo. Sin embargo, con la nueva regulación este derecho se verá muy restringido ya que serán los agentes de la Guardia Europea de Fronteras y Costas quienes decidan quién puede solicitar acceso a la protección internacional. Esto, nuevamente, va en contra de la legislación internacional, que establece que este es un derecho al que deben tener acceso todas las personas en situación de vulnerabilidad. Así, la nueva agencia de la UE tendrá el control de las fronteras, hará las labores de seguridad interna, podrá almacenar datos y se encargará de los centros de detención.

Pero además, la Guardia Europea de Fronteras y Costas será una auténtica agencia de deportación, ya que será ella la encargada, en lugar de las autoridades de cada Estado, de las deportaciones forzosas. El mandato, que tiene un capítulo entero dedicado a este tema, les permite incluso el uso coercitivo de la fuerza durante las mismas, lo cual vuelve a sembrar dudas sobre el cumplimiento de derechos fundamentales.

La Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas es ahora mismo un proyecto fundamental para el Consejo Europeo y la Comisión Europea, que ha tramitado su puesta en marcha de forma urgente para que los plazos de aprobación en las diferentes instituciones no se demoren. Es tan importante para ellos por motivos ideológicos porque a través de esto pretenden volver a imponer el mantra de que no hay alternativa.

Al igual que con la política económica, la UE pretende perpetuar su modelo racista y neoliberal con esta agencia que impide que cualquier territorio o Estado pueda impulsar políticas migratorias alternativas, como han intentado los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas del Estado español gobernados por la izquierda. Con este proyecto, además, pretenden competir con las fuerzas políticas de extrema derecha, vinculando seguridad y política migratoria. Estamos ante un riesgo real de auge del fascismo en Europa, las instituciones de la UE han decidido ponerse del lado de la xenofobia.

Los resultados del referéndum son una mala noticia, pues la solución no puede ser una salida en clave nacional liderada, además, por los sectores más reaccionarios de la sociedad

El Brexit es una muestra del fracaso de las políticas de una Unión Europea que se ha dedicado a imponer la austeridad mientras crecían la pobreza y la discriminación. La arquitectura antidemocrática de la UE lleva años mostrando su peor cara en forma de recortes y vallas en las fronteras, alimentando así al monstruo de la extrema derecha.

Sin embargo, los resultados del referéndum son una mala noticia, pues la solución no puede ser una salida en clave nacional liderada, además, por los sectores más reaccionarios de la sociedad. Nosotras apostamos por una superación colectiva del modelo de esta UE que nos libere de las imposiciones actuales sin encerrarnos en las fronteras del Estado nación.

El proceso previo al referéndum ha sido una prueba más de la verdadera naturaleza de la Unión Europea que tenemos. Mientras se ha mostrado implacable a la hora de negociar con los países más débiles, a los que ha impuesto toda clase de recortes sociales, con el Gobierno de David Cameron ha sido flexible, hasta el punto de negociar un modelo de pertenencia a la Unión que le permitía privar de derechos a trabajadoras y trabajadores comunitarios.

En un contexto en el que desde la extrema derecha se comienza a pedir referendos en los diferentes estados de la Unión, la izquierda hemos de apostar por reforzar nuestros lazos y luchar codo con codo para construir una integración europea diferente que pueda, frente el TTIP, el CETA o el TiSA, acoger a las personas migrantes y refugiadas y garantizar unas condiciones de vida dignas para la población a través de la redistribución de los recursos.

Sin embargo, queda claro que el Brexit es lo contrario a este modelo, pues no cuestiona las políticas austericidas y antisolidarias que se vienen practicando, sino que es una salida individual de unos de los estados más ricos de la UE.