Más poder para la nueva agencia europea de fronteras, menos derechos para las personas migrantes

Vivimos un momento de excepcionalidad. Las consecuencias de una política exterior basada en la guerra y la violencia, y de una política económica cimentada en la explotación de los recursos naturales y humanos del Sur nos están mirando fijamente a los ojos. El resultado de todo esto son las miles de personas que tratan de encontrar un lugar seguro en el que vivir en Europa, en lo que es uno de los movimientos migratorios más grandes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ante ello, la propuesta de las instituciones y autoridades europeas no se ha hecho esperar.

Sin embargo, la UE no ha reaccionado, tal y como proponíamos, con la concesión de visados humanitarios en países en conflicto o la apertura de vías legales y seguras de acceso desde esos países, sino con todo lo contrario. La UE ha diseñado, junto a la OTAN, un plan para militarizar el Mediterráneo y ha decidido redoblar el blindaje de sus fronteras. Un elemento clave en esto es la Guardia Europea de Fronteras y Costas, una nueva agencia de la Unión Europea que sustituirá a Frontex, pero con una ampliación sin precedentes de su mandato y competencias.

La nueva agencia de la UE tendrá una serie de características propias que la diferencian de todas las anteriores y demuestran el carácter estratégico que Bruselas ha otorgado a su proyecto racista de Europa fortaleza. Por primera vez, esta agencia tendrá un personal propio de más de mil personas y capacidad para tener sus propios recursos materiales. Esto es importante porque hasta ahora Frontex operaba con agentes y recursos de los Estados miembros. Ahora, podrá operar directamente y por sí misma. Pero hay que tener un dato clave en cuenta: es una agencia que no responde a ninguna autoridad política democráticamente electa.

También es clave la ampliación del mandato, que pasa de ser exclusivamente de vigilancia de las fronteras externas para cubrir también la seguridad interna de la UE. Esto no es sino presentar a las personas migrantes como una amenaza a nuestra seguridad. Es una posición estratégica extremadamente grave ya que criminaliza a quienes huyen de la explotación, la violencia, o el hambre, y además permite a la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas tener unas competencias hasta ahora desconocidas.

Esta agencia será la encargada de comprobar si los Estados pueden “soportar una presión desproporcionada en sus fronteras”, es decir, si son capaces de mantener fuera a todas las personas, independientemente de circunstancias como que tengan derecho a la protección internacional de acuerdo a la Convención de Ginebra.

A través de estos test, la agencia evaluará a los diferentes Estados miembros de la UE y, si lo estima oportuno, intervenir directamente en ellos. Es decir, que un organismo que no responde ante ninguna institución democrática podrá actuar directamente en un Estado de la UE sin contar con la aprobación de su Gobierno y sin la obligación posterior de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo o los parlamentos estatales.

La Defensora del Pueblo europea ya ha mostrado su preocupación por la falta de fiscalización que genera una situación de impunidad ante la violación de derechos fundamentales, pero la respuesta ha sido la creación de un mecanismo de quejas no independiente de la agencia. Resulta cuanto menos cínico creer que personas sujetas a abusos de la autoridad, devoluciones en caliente, o encerradas en centros de internamiento van a presentar una queja escrita a las personas culpables de su situación. La experiencia demuestra que es más cínico aún que un organismo de este tipo vaya a sancionar a sus propios agentes o apartarlos por estas prácticas porque son la razón de ser del mismo.

Una de las cuestiones más preocupantes del conjunto de la política migratoria y de asilo europea que se ve agravada con esta regulación es, desde luego, la criminalización de las personas migrantes. En primer lugar, cuando crucen las fronteras se recogerán todos sus datos, incluyendo las huellas dactilares, y otros de carácter personal. Esos datos serán almacenados y podrán ser cruzados con los de otras agencias europeas, como EuroPol, lo que, en cierto modo, da la imagen de que estas personas son ya culpables de haber cometido algún delito nada más pisar suelo europeo.

Además, la regulación de la nueva agencia no da ninguna garantía sobre protección de datos y deja la puerta abierta a la recolección y almacenamiento de datos de carácter personal, es decir, cosas como la religión o la orientación sexual.

Después de esto, las personas migrantes serán encerradas en los llamados hotspots. Estos centros de retención se ubican en las principales zonas de llegada al Continente, como ha sucedido en las islas griegas. Allí se les toman las huellas dactilares a las personas migrantes y refugiadas, se les encierra y desde ellos son expulsados a Turquía en base al acuerdo firmado por la UE y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Se trata de un modelo que se quiere exportar a otros países del entorno europeo. Por ejemplo, el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, ya ha anunciado su intención de crear centros de detención flotantes, es decir, en el mar, para devolver a Libia o a Túnez a los migrantes y refugiados que intenten cruzar el Mediterráneo. El objetivo, en definitiva, es que no puedan poner un solo pie en Europa.

En estos centros, además, es donde se podrían cursar demandas de asilo. Sin embargo, con la nueva regulación este derecho se verá muy restringido ya que serán los agentes de la Guardia Europea de Fronteras y Costas quienes decidan quién puede solicitar acceso a la protección internacional. Esto, nuevamente, va en contra de la legislación internacional, que establece que este es un derecho al que deben tener acceso todas las personas en situación de vulnerabilidad. Así, la nueva agencia de la UE tendrá el control de las fronteras, hará las labores de seguridad interna, podrá almacenar datos y se encargará de los centros de detención.

Pero además, la Guardia Europea de Fronteras y Costas será una auténtica agencia de deportación, ya que será ella la encargada, en lugar de las autoridades de cada Estado, de las deportaciones forzosas. El mandato, que tiene un capítulo entero dedicado a este tema, les permite incluso el uso coercitivo de la fuerza durante las mismas, lo cual vuelve a sembrar dudas sobre el cumplimiento de derechos fundamentales.

La Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas es ahora mismo un proyecto fundamental para el Consejo Europeo y la Comisión Europea, que ha tramitado su puesta en marcha de forma urgente para que los plazos de aprobación en las diferentes instituciones no se demoren. Es tan importante para ellos por motivos ideológicos porque a través de esto pretenden volver a imponer el mantra de que no hay alternativa.

Al igual que con la política económica, la UE pretende perpetuar su modelo racista y neoliberal con esta agencia que impide que cualquier territorio o Estado pueda impulsar políticas migratorias alternativas, como han intentado los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas del Estado español gobernados por la izquierda. Con este proyecto, además, pretenden competir con las fuerzas políticas de extrema derecha, vinculando seguridad y política migratoria. Estamos ante un riesgo real de auge del fascismo en Europa, las instituciones de la UE han decidido ponerse del lado de la xenofobia.