En el patio enterrado en arena de la casa de la familia Diop en Mbour (Senegal), salpicada de líneas para tender la ropa y rodeada de habitaciones de escasa altura revestidas de cemento reina el silencio. Solo las voces de los niños pequeños de la familia y los gallos recuerdan que la vida no se paralizó del todo en esta casa humilde de techos de cinc. Por la puerta de la casa, que da frente al mar y a los cayucos de los pescadores, salieron 21 jóvenes, todos hermanos y primos durante los primeros días de agosto de 2024. El 22 de septiembre de ese mismo año, la localización de una patera a 70 kilómetros de Dakar reveló que todos ellos habían partido hacia Canarias y habían fallecido durante la travesía. Desde entonces, su familia se aferra a su recuerdo: “Los echo mucho de menos. Me duele tanto que me cuesta incluso hablarlo”, expresa Yatma Diop, hermano de uno de los fallecidos. 

Los echo mucho de menos. Me duele tanto que me cuesta incluso hablarlo

El 9 de agosto de 2024, este grupo de jóvenes se despidió de su familia para ir a trabajar durante la temporada de pesca en Gambia, como hacían con regularidad. Su familia comenta que se iban allí a trabajar y cuando terminaba la temporada, o cuando había alguna festividad, regresaban a casa. Todos aseguran que ninguno de ellos confesó la intención de cambiar de rumbo e ir España.

Cuentan que el 12 de agosto, salieron de Gambia y, 41 días después, la marina senegalesa localizó una embarcación con una treintena de cuerpos en su interior. En esa embarcación, gracias a los vídeos que vieron sus familiares, estaban entre otros Mohamed Lamine, Mame Doudou, Qusseynou, Malamine, Pa Khoulame, Babou, Pa Mody, Maguette, Omar, Pape y Matam. 21 miembros de la familia Diop. 

La familia Diop, como muchas en Senegal, es polígama. El padre de la familia ha tenido dos esposas y numerosos hijos, muchos de los cuales ya están casados y con familia. De ahí que la casa principal, esté siempre llena de gente.

Pude ver el vídeo y vi los cuerpos. Conocía a muchas personas, entre ellas vi a mi hermano

“El 12 de agosto sobre las 22 horas mi teléfono sonó. Era mi hermano, que me decía que estaba de camino para ir España”, recuerda Yatma. Al principio, pensaba que se trataba de una broma porque su hermano nunca le había confesado su deseo de marcharse, pero le admitió que, al ver la partida de todos sus primos, él no podía quedarse atrás. “Después esperé unas cuantas horas y volví a llamarlo, pero estaba ilocalizable. Desde ese día ya no pude estar tranquilo”, continúa su relato. Al cuarto día sin noticias, señala, sintió una mala intuición. “Desde entonces mi corazón latía muy fuerte y empecé a pensar que había pasado algo malo”, indica. Hasta que el 25 de septiembre una llamada de su madre lo apresuró a regresar a casa, ya que habían localizado una embarcación donde estaba su hermano. “Pude ver el vídeo y vi los cuerpos. Conocía a muchas personas, entre ellas vi a mi hermano, por supuesto”, revela Yatma. 

Su hermano Mohamed Lamine tenía 27 años y dos hijos pequeños. Yatma cuenta que tenía una relación muy cercana y especial con él, dormían en la misma habitación y jugaban en el mismo equipo de fútbol. “Lo quiero más que a mí mismo, porque él me ha apoyado muchísimo”. Explica que gracias al trabajo como pescador de Mohamed había podido sufragar sus estudios, comprar el material escolar y pagar las inscripciones. Al mismo tiempo, su madre, apunta, está bloqueada con la muerte de su hijo. “Ella no puede hablar del tema”, señala. 

Perder a un hijo, es duro, imagínate perder a dos

Las lágrimas inundan los ojos de Anata Diop cuando habla de sus hijos, a los que menciona continuamente como les enfants (los niños, en francés), aunque tuvieran 17 y 18 años. “Perder a un hijo, es duro, imagínate perder a dos”, dice mientras remarca el número con su voz y forma con los dedos índice y corazón el símbolo del dos. Eran Gere y Mame Doudou. “Ahora ya puedo hablar un poco sobre esto, porque antes no podía. Aunque hay días que ni como”, confiesa. Nueve días después de la última vez que estuvieron en contacto, antes del 12 de agosto, empezó a preocuparse porque no había vuelto a hablar con ellos. 

Muchas noches, cuenta, se despertaba, salía de la cama y daba vueltas mientras se preguntaba: “¿Qué estarán comiendo mis hijos? ¿Estarán durmiendo bien?”. Hasta que el 25 de septiembre conoció la noticia. Confiesa que en alguna ocasión, uno de sus hijos le reconoció su deseo de migrar por mar a España porque en Senegal las condiciones de trabajo son complicadas y porque tenía amigos en Europa que le contaban que ahora estaban mejor. Afirma que no estuvo de acuerdo y que de estar al tanto se hubiera opuesto. “Yo no sabía nada, porque si yo sé que los niños se van a ir al mar, que son dos, yo no estoy loca. No los hubiera dejado ir”, puntualiza.

Anata está divorciada, tiene un hijo y una hija pequeños y trabaja como empleada de hogar por 40.000 francos CFA al mes, unos 60 euros. La contribución económica de sus hijos era indispensable para el mantenimiento de la familia. Pero, sobre todo, su madre habla de cómo sus hijos llenaban la casa de alegría. Los recuerda como unos chicos muy trabajadores, muy valientes, amables, que hacían reír a la gente y “dignos”. “Hemos pasado por épocas duras, pero creo que lo más duro que nos ha tocado en la vida es esto. Yo le digo a mi hermana, que mis hijos son esas personas que vinieron al mundo solo de paso y se marcharon”, revela. 

Tienes que regresar a casa, me dijo mi madre. Le pregunté por qué. Me respondió: tus hermanos están muertos

Junus trabajaba como temporero en un campo de manzanas en Sevilla cuando su madre lo llamó el 25 de septiembre. “Tienes que regresar a casa, me dijo mi madre. Le pregunté por qué, mamá. Me respondió: tus hermanos están muertos”. Eran Pa Mody y Pathe, de 16 y 24 años. Recuerda bien los días posteriores al 12 de agosto, ya que intentó comunicarse con sus hermanos, como hacía normalmente y no obtuvo respuesta. 

Durante esos días, la pregunta que rondaba a la familia era “¿dónde estarán?”. Junus rememora que sus hermanos ya le habían deslizado la idea de migrar a España, le preguntaban por qué no podían ir ellos también y, así, ayudar así a la familia. Y como muchos chicos de su edad, también soñaban con conocer mundo y ver a su equipo favorito: “A Pathe le gustaba el fútbol, era del Barça y quería ir a Barcelona para ir a ver un partido”, señala. Ahora, las condiciones de vida de la familia se han agravado. Perder drásticamente a 21 jóvenes que aportaban económicamente en la casa, se nota. Amadou, que trabaja en la construcción en Málaga, que también perdió a un hermano pequeño en este siniestro, envía dinero mensualmente a su padre para los gastos de la casa e imprevistos. Pero es insuficiente. “No puedo ahorrar dinero porque todo lo mando a Senegal”, comenta. 

En los bancos de cemento en forma de U, en frente de la casa, la familia se sentó durante muchos días con la mirada puesta en el mar, esperando que alguno de esos cayucos que en la distancia se aprecian como arcos alargados, fuera aquel que trajera de regreso a todos los jóvenes Diop de la familia. Ahora, mientras cae la tarde, recuerdan a sus seres queridos, con quienes tantas veces jugaron al fútbol, caminaron juntos al colegio o salieron a trabajar al mar. “La casa estaba llena de gente y ahora está vacía. Ellos se fueron con todo y nosotros nos quedamos aquí”, se lamenta Amata. 

Reconfiguración temprana en el Gobierno de Senegal. El presidente del país, Diomaye Faye, destituyó en la noche del viernes al primer ministro, Ousmane Sonko, después de meses en los que ambos habían presentado discrepancias sobre la gestión gubernamental. En un comunicado retransmitido por Radio Television Senegal (RTS), el presidente ha puesto fin a las funciones del líder político, dos años después de las elecciones y con quien se presentó en coalición para esos comicios. Con esta decisión puede cambiar por completo el escenario político de Senegal, puesto que Sonko cuenta con un gran apoyo popular, domina el Parlamento y muchos consideran que gracias él, Faye ha logrado gobernar.

La destitución fue comunicada por el secretario general del presidente, Oumar Samba Ba, en una intervención de apenas dos minutos desde el Palacio de la República y en la cual no se explicaron los motivos del cese ni en plazo para nombrar al nuevo primer ministro. Al mismo tiempo, Sonko publicaba su primera reacción en sus perfiles de Facebook y X, en la que expresaba que esa noche ya dormiría “con el corazón ligero” en su domicilio habitual. A su llegada, decenas de simpatizantes lo esperaban para mostrarle su apoyo, tal y como pudo verse en varios vídeos compartidos en las redes sociales.

Faye y Sonko llevaban meses protagonizando diferentes desencuentros marcados por una lucha de poder. El último fue este mismo viernes, en la Asamblea Nacional, donde el exprimer ministro mostró su desacuerdo sobre la gestión de los fondos públicos y pidió mayores controles. También Sonko había acusado recientemente al presidente de no respetar lo suficiente el programa político de Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) en una retransmisión en directo hecha con sus militantes en la que dejó deslizar que no descartaba un gobierno de “cohabitación dulce”, tal y como recoge la cadena TV5 Monde. Otro de los asuntos delicados ha sido la deuda contraída por Senegal con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La disputa saltó cuando se descubrió una deuda oculta durante el gobierno de Macky Sall que asciende a 7 mil millones de dólares, lo que obligó a la congelación de fondos por parte de esta institución. Por su parte, Sonko siempre ha descartado una reestructuración de la deuda.

Las desavenencias eran cada más evidentes y han llevado a ambos líderes a pronunciarse en público. Durante 2025, el ya exprimer ministro habría acusado a su compañero de “falta de autoridad” en una intervención televisada. Faye indicó en mayo que contaba con su confianza pero era él “quien nombraba a su primer ministro y quien podía poner fin a sus funciones”. También añadió que estaban “gestionando” su diferencias y que “por ahora, sigue contando con mi confianza como primer ministro”, declaró. “Pero si considero que ya no puede ser mi primer ministro, alguien más ocupará su lugar”. En otra entrevista televisada, el presidente también llegó a decir que “Senegal no necesita de mesías ni de héroes”.

Tras la destitución surgen varios interrogantes sobre la estabilidad del Ejecutivo, ya que PASTEF domina la Asamblea Nacional y Sonko cuenta con un amplio apoyo popular. Muchas personas del país, especialmente la juventud, habían depositado sus esperanzas en este tándem político y veían con entusiasmo esta nueva etapa marcada, en principio, por la unidad. Después de las dos legislaturas del anterior presidente, de una coyuntura económica y laboral complicada con los precios al alza -factores que además han empujado a la salida del país de miles de senegaleses a través de las rutas migratorias irregulares como a Canarias-, una parte de la población se mostraba confiada. Hoy, aunque muchos personas siguen prestando su apoyo a Sonko, también empiezan a sonar otras voces que expresan sentirse defraudadas porque no han visto que la situación económica haya mejorado desde su llegada.

Ousmane Sonko llegó al Gobierno después de haber pasado por la cárcel durante el mandato del anterior presidente Macky Sall. Inhabilitado tras haber sido condenado por difamación, salió de prisión y se presentó a las elecciones junto a su compañero de partido, Diomaye Faye. Ambos concurrieron a los comicios con el lema Diomaye mooy Sonko (Dioamaye es Sonko, en wolof) para demostrar que eran algo más que líderes individuales, sino que buscan la materialización de un proyecto político común. Definidos por sí mismos como panafricanistas de izquierdas, llevaban en su programa político la revisión de los acuerdos comerciales entre Senegal y la Unión Europea, consolidar las instituciones democráticas y repensar el sistema judicial.

“Yo he sido víctima de Frontex, yo he sido víctima del tráfico de personas y de las rutas clandestinas de la migración”, confiesa Ebrima, un joven gambiano que cuenta que fue interceptado siendo menor de edad por Frontex en el Mediterráneo, entregado por este cuerpo a los guardacostas libios, encarcelado, torturado y de donde pudo escapar para viajar en un bote en 2014 con destino a Italia. Ahora, como activista, busca concienciar sobre los peligros que sufren las personas en movimiento en el continente africano como consecuencia de la política migratoria europea. Sus palabras han resonado fuerte en un evento anual que organiza la ONG senegalesa Boza Fii, una de las pocas que pone el foco en la política de externalización de fronteras y, concretamente, en Frontex y cuyo programa ha incluido dos veladas de cine al aire libre para sensibilizar a la población.

Activistas de Senegal, Mauritania, Marruecos, Gambia, Camerún y Togo compartieron durante 72 horas con la población local sus experiencias con el fin de “deconstruir” el relato de la Unión Europea (UE) sobre la migración. “Para nosotros, cuando se produce una pérdida de una vida, ese no es el problema en sí. Es difícil, pero no es el problema. Para nosotros, el problema son las decisiones que hacen que la gente pierda a sus hijos. Son esas decisiones contra las que hay que luchar”, matiza el director de la asociación organizadora, Saliou Diouf. Por ello, defiende que el trabajo del colectivo va más allá de sensibilizar a través de las redes sociales o de las intervenciones en los medios de comunicación: “Buscamos abordar esta cuestión de la manera más amplia posible e intercambiar con la población en este tipo de eventos”, detalla.

Este año, la acción denominada Push back Frontex (devolución en caliente a Frontex, en inglés), ha tenido lugar en Sokone, una localidad del delta de Sine Saloum, donde muchos quieren irse y todos tienen a un familiar o un amigo en Europa. “Nosotros, desde la asociación, no podemos decirle a la gente que se vaya o se quede. Lo que nos preocupa es el acceso al derecho de moverse, que debe ser respetado”, recalca Diouf. Para lograr su objetivo, han celebrado un concierto y proyectado dos piezas audiovisuales con un debate posterior en el que se encontraban una mezcla de migrantes retornados, personas que buscaban llegar a Europa y no lo consiguieron y vecinos, entre quienes algunos desean partir.

El aire de la noche refresca, y en el cruce de cuatro calles, bordeados de árboles de mangos- es la temporada y se nota en la calle, donde esta fruta es la protagonista de los puestos callejeros- se levanta una pantalla donde se proyecta esa noche el documental de investigación de la BBC sobre los hechos ocurridos en 2022 en Melilla. Decenas de vecinos observan aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo, en las que cientos de cuerpos de personas negras yacían en la frontera entre España y Marruecos. La noche anterior, los vecinos de esta localidad, donde los pies se sumergen en la fina arena, pudieron disfrutar de la película italiana Yo Capitán, que muestra la ruta por desierto o el mercado de migrantes en Libia: “Esto es lo que ocurre verdaderamente. Yo lo he podido presenciar”, comentaron inmediatamente tras la finalización algunos asistentes que han pasado por el duro trayecto migratorio por el continente africano. 

Sus actividades de concienciación van dando sus frutos. Dos vecinos presentes tomaron la palabra para mostrar su rechazo a la política migratoria europea: “No sabía que Frontex podría estar implicada en algunas muertes en el mar”, comentó uno de ellos, mientras que el otro, hizo un llamamiento a los gobiernos africanos para proteger a sus ciudadanos: “Llevar las fronteras hacia nuestros territorios implica que la gente tome más riesgos para poder llegar”. Sin embargo, el deseo de migrar planea por muchos rincones del país, sobre todo entre los jóvenes. Durante la proyección del documental varios adolescentes, aunque sorprendidos por la dureza de las imágenes, mantenían su deseo de migrar intacto, pero con matices: “Queremos ir a España para poder ganar algo de dinero y ayudar a mamá y papá. Mañana mismo, si puede ser”, corearon casi al unísono cuatro jóvenes de 18 y 15 años. Aunque tienen claro que quieren hacerlo por avión ya que conocen los riesgos de hacerlo por el mar. Además, esta noche han presenciado el impacto de la política migratoria europea en la vida de las personas y no les gustaría pasar por lo mismo: “Eso que han hecho las autoridades no está nada bien”, apuntan.

El sufrimiento de los migrantes del continente africano que buscan llegar a Europa no se produce solo en la frontera última con el continente europeo. Empieza mucho antes. En las rutas clandestinas entre Níger, Argelia y Libia. En un centro de detención de este último país, Ebrima confiesa que sufrió “todo tipo de inhumanidades”, de donde pudo finalmente escapar, ya que su familia, muy humilde, no podía pagar su rescate, para el cual, según apunta, pueden pedir 700€ u 800€. Pero el sufrimiento continúa a día de hoy con otros migrantes: “Esta misma mañana, me llamó una persona de Senegal y me dijo que habían detenido a su hijo, que su familia no tiene dinero para pagar el rescate y que le estaban golpeando”, asegura. Diouf, señala también a Marruecos, Túnez y Mauritania, como los otros países de tránsito donde los migrantes sufren violencia y represión: “Cada vez que la UE inyecta su dinero en estos países, esto deriva en problemas”, subraya. Él también sabe de lo que habla, puesto que emigró en 2014 a Marruecos, desde donde intentó partir muchas veces hacia España sin lograr su objetivo, para regresar en 2019 a Senegal.

Por ello, este grupo de activistas considera necesario este tipo de eventos. Fatma (nombre ficticio) también ha sufrido en su cuerpo las consecuencias de migrar. Ha pasado los últimos años entre Marruecos y Mauritania y, por su trabajo como activista en la organización Alarm Phone, ha presenciado de primera mano el dolor que causa la política migratoria acordada a miles de kilómetros de distancia. “Ellos dicen que van a salvar a la gente en el mar, pero la realidad es que ellos vienen para impedir a los migrantes viajar”, cuestiona. Para Diouf, la independencia de su lucha se debe a la financiación privada de la asociación, puesto que sus fondos proceden de la militancia. “Hemos tenido esta oportunidad, pero también somos víctimas porque hemos sufrido todas esas represiones y violencias durante muchos años y no queremos que nuestros hermanos vivan las mismas cosas”, concluye.

Mariama vio a su marido Sidy por última vez el 5 de noviembre de 2024 en el Centro de Atención Temporal para migrantes de El Hierro. Tras una pequeña conversación que mantuvieron, en la que le decía a su pareja que no lo había podido ver el día anterior, Adama no pensó que desde entonces todas sus comunicaciones serían a través del teléfono. Souleymane y toda su familia, aún no pueden creer que su primo Babacar, un hombre de 50 años, recién llegado a España, esté en prisión. Los dos hombres están acusados de pilotar la patera que los trajo a Canarias en 2024. El encarcelamiento de decenas de migrantes una vez desembarcan en el Archipiélago, tras pasar por procesos judiciales cada más cuestionados por abogados y defensores de derechos humanos, impacta también en esposas, madres y hermanos: “Lloro mucho y no paro de pensar porque mi marido no ha hecho nada”, confiesa Mariama. 

La historia de Mariama es una historia de huida. De Joal, Senegal, con 48 años y cuatro hijos, relata entre lágrimas que su familia se opuso firmemente a su matrimonio con Sidy. A lo largo de 2024, la pareja decidió instalarse en Gambia, por un lado para conseguir mayores ingresos económicos y, por otro, para estar lejos de la familia de ella, que la hostigaba regularmente por haberse casado con un hombre que sus hermanos mayores no habían elegido. En Gambia, Sidy trabajaba de pescador. Aquí le comentaron unos meses después de que una patera saldría rumbo a Canarias. “Dijimos que no era seguro que nos quedáramos en Senegal, que teníamos que vivir nuestra propia vida y nuestro matrimonio sin que nadie nos moleste”, recuerda. Sidy había podido ahorrar algo de dinero fruto de su trabajo en el mar y decidieron que seguiría trabajando un tiempo más para terminar de costear el viaje. 

Mariama recuerda que llegaron el 3 de noviembre a El Hierro. Después de pasar 24 horas en el muelle, el tiempo que duró la identificación de la Policía, los tripulantes fueron derivados al CATE. Aquí Mariama recuerda que quería estar con su marido, y que además la Policía les había hecho entrega de un documento que especificaba que eran marido y mujer, pero en el recurso, según relata ella, le dijeron que debían permanecer separados, él en módulo de hombres y ella en el de las mujeres. “Mohamed me dijo que después nos encontraríamos. Él pensaba que íbamos a reencontrarnos”, rememora.

Esa fue la última conversación que mantuvo con su marido en persona. Después pasaron cuatro días en los que no tuvo noticias de él, hasta que un amigo de la familia la llamó y le comunicó que Sidy se encontraba en la cárcel de Tenerife II en prisión preventiva. Desde entonces se comunican muy de vez en cuando por teléfono móvil, ya que ella no ha podido ir a verlo al no tener papeles ni un trabajo con el que obtener ingresos. “Ahora mismo no puedo realizar mis sueños. Desde que pasó esto mis sueños están rotos. Hemos venido juntos a España para poder trabajar, vivir con tranquilidad y seguridad y con el tiempo traer a mis hijos”, sostiene su mujer. El resto de la familia de Sidy también vive en la angustia desde noviembre de 2024. Mariama cuenta que no puede hablar con su suegra porque ambas rompen a llorar: “Ella no puede ni hablar. Me dice que este es el final de su hijo y yo le respondo que no, que es el destino y que debemos rezar por él”, apunta.

Otra mujer sufre en la distancia el encarcelamiento de su marido. La esposa de Babacar vive en Ziguinchor, Senegal y debe alimentar ella sola a sus siete hijos desde que su marido partió a España y fue llevado a prisión en Tenerife. “Es una mujer muy valiente porque se busca la vida; se va al puerto para comprar y vender pescado para sobrevivir. Pero no le llega, lo que gana es muy poco”, cuenta Souleymane, el primo de Babacar desde España. Como muchos otros migrantes, salió de Senegal para mejorar sus condiciones de vida, pero un mes después de llegar a El Hierro, la policía lo trasladó a Tenerife II. Souleymane cuenta que su primo pagó 450.000 CFA, unos 680 euros para llegar a España. “Cuando ya tenía fecha para viajar a la Península, se lo llevaron porque algunos tripulantes han dicho que él era el patrón, pero no lo es. Porque él ha pagado; él es cliente”, señala su primo.

Souleymane cuenta que su primo se encuentra anímicamente “muy mal” porque sabe que ha dejado atrás a su mujer con muchos hijos a cargo y sin recursos. Reconoce que al principio estaba aún más desesperado y que con el paso del tiempo ha ido mentalizándose: “Tienes fe en que un día vas a salir, se te va levantando el ánimo, pero levantar el ánimo entre cuatro paredes no es nada fácil”. En el caso de Babacar se suma su edad. Cuando salga de prisión tendrá más de 50 años, por lo cual le costará mucho reengancharse a la vida laboral. “Si sales de la cárcel cuando aún eres joven te queda mucho tiempo todavía, pero si sales con 50 años ya se te han ido las fuerzas las ganas y la energía”, se lamenta. Sin padre ni madre, y con su mujer sobreviviendo en Senegal solo con la ayuda económica de su primo, que de vez en cuando le envia dinero para que pueda hacer alguna llamada a él, a su mujer y sus hijos: “Imagina un hijo que no puede hablar con su padre y que si habla con él es para solo un minuto. No es nada fácil”, apunta.

*(Todos los nombres utilizados son ficticios para salvaguardar la identidad de los entrevistados) 

Voluntarios que facilitan la vida en prisión

El único contacto con el exterior de muchos migrantes encarcelados por supuestamente haber dirigido una patera hasta Canarias es el teléfono móvil. Sin embargo, la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos supone una traba más en su encierro. En este sentido, la Asociación Rehoyando de Las Palmas Gran Canaria, a través del proyecto Boza, entre otras acciones, presta apoyo emocional, facilitando el contacto del migrante son su familia. Uno de sus voluntarios, el párroco José Antonio Benítez, señala que se trata de una tarea a veces complicada puesto que el reglamento penitenciario exige la existencia de un contrato telefónico para que se dé la comunicación. 

“Imagínate buscar un contrato de teléfono de una persona en medio de una población rural de Senegal o de Mauritania para que pueda entrar en contacto con la familia”, recalca. Por ello, con un equipo de voluntarios y voluntarias, a través de traductores online y de personas del continente africano que hablan bambara o wolof, se ponen en contacto con las familias y les piden un contrato o una factura que incluya al propietario de la línea telefónica. “Cuando el chaval entra en contacto con su familia, el nivel de estrés baja automáticamente”, manifiesta Benítez.

“Ellos no entienden por qué se encuentran en esta situación”, revela el párroco, quien además sostiene que este tipo de casos son los más dolorosos que ha visto en prisión. De la regularidad con la que visita a los jóvenes ha extraído que son jóvenes que no solo están viviendo un duelo migratorio, sino que además lo hacen en prisión acusados de un delito, cuyo procedimiento está entredicho: “Como dos o tres personas que iban en la patera lo acusen porque coincidan en la ronda de reconocimiento de que él estuvo echando una mano o que estaba achicando agua, o porque ayudó a dar alimentación o agua pues ya entras en prisión”, apunta. 

“Estás investigaciones solo se centran en los conductores. Y aunque lo fueran, estas personas son el eslabón más débil de la causa. Ningún mafioso, ningún traficante de personas viene en las pateras”, denuncia la abogada Sara Rodríguez, quien defiende los casos de Sidy y Babacar, acusados de patronear la embarcación. La Fiscalía puede pedir para ellos 20 años de prisión ya que cuatro de sus ocupantes fallecieron como consecuencia de la travesía. Rodríguez cuestiona que las únicas pruebas que sustentan la causa hasta el momento son los testimonios de tres testigos, cuyos relatos se recogieron como pruebas preconstituida y las cuales “previsiblemente sean las que se reproduzcan en el juicio oral si no se identifican y no se encuentran los testigos protegidos”, detalla la letrada. 

Otra cuestión a la que apunta Rodríguez es al volcado de los teléfonos móviles de los migrantes: “Se están realizando de manera indiscriminada y muchas veces sin justificación”, denuncia. Además, añade que se trata de un procedimiento con “muchísimas irregularidades” por el cual la policía selecciona la información que considera relevante, se acude a una persona que realiza la traducción, pero a quien no se identifica a posteriori, y se incorporan como indicios conversaciones que no guardan relación con el delito. “Se pretende hacer ver que esto se hace en aras de defender a los migrantes cuando lo cierto es que hay una desprotección. En mi opinión, esto no sucedería si no estuviésemos hablando de algo relacionado con un tema tan político como son las migraciones”, remata.

“Al no tener documentos, mis hijas se han privado de muchas cosas. Y ha sido frustrante”, rememora Julia (nombre ficticio) sobre sus dos hijas, que eran adolescentes cuando llegaron a Gran Canaria. En España, según un informe de ‘Save the Children’ y ‘Por Causa’ publicado en 2021 con datos de 2019, había más de 146.000 personas menores de 19 años en situación administrativa irregular, un escenario que va a cambiar con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y que va a mejorar la vida de miles de menores que, incluso con protección familiar, han vivido privados de derechos durante años. Con la regularización, estos menores van a poder participar de manera plena en sus colegios, en las actividades extraescolares y podrán continuar sus estudios si así lo desean. 

Las niñas y niños sin papeles se han enfrentado durante años a numerosas trabas administrativas que les han impedido la integración completa en la sociedad y que, además, han dejado un impacto en la salud mental de ellos y de sus familias. Jennifer Zuppiroli, especialista en infancia en movimiento de ‘Save the children’, desgrana que estos menores han debido renunciar a viajes escolares, a la realización de estudios medios y superiores, a la realización de prácticas curriculares, al comedor escolar, a becas o a estar federados en equipos deportivos. “Son cuestiones que van quitando la libertad de vivir y de participar en la sociedad de manera plena”, denuncia. 

Las consecuencias de la falta de papeles se evidencian especialmente en la educación. Julia, una mujer de Perú que no tiene papeles, recuerda que sus hijas tenían buenas calificaciones y que decidieron estudiar. La menor comenzó una formación de administración que no pudo terminar, ya que le exigían disponer de la tarjeta de residencia para la realización de las prácticas. “Ella hizo un primer periodo de prácticas en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, donde su coordinadora la llegó a recomendar. Pero ya las segundas prácticas no las pudo hacer porque no tenía el NIE (Número de Identificación de Extranjero). Así que no pudo terminar”, señala su madre. “Ella ha tenido capacidad intelectual para hacerlo, pero no se le ha dado la opción de elegir”, denuncia. 

A su hija le gustaba la psicología, pero tampoco hubiera podido matricularse en la universidad si antes no hacía entrega del certificado académico, para el cual es necesario disponer de tarjeta de residencia. “Estas son cosas que están dentro de mi corazón, ahí, un poco reprimidas y con dolor, obviamente, porque no veo a mi hija realizada como ella querría”. A su otra hija la matriculó en un centro privado para estudiar peluquería, donde pudo formarse sin necesidad de un NIE. Julia recuerda que trabajaba sin papeles y que con mucho esfuerzo económico pagaba el curso a su hija. Sin embargo, una vez finalizada su formación no pudo ejercer, ya que no tenía autorización de residencia ni de trabajo. “Fue muy frustrante porque no podía ejercer lo que le gustaba”, se lamenta. 

Zupporili subraya que estos menores se enfrentan a más obstáculos en su día a día. Por ejemplo, no pueden salir de excursión con sus compañeros de clase fuera de sus provincias o de su país, puesto que deben presentar documentación en regla. “Hace muy poco hemos tenido un caso muy grave de un niño que había viajado a Polonia. Encontraron su situación de irregularidad en el aeropuerto y empezaron un expediente de expulsión de ese niño por estar en situación de irregularidad en España. Sabemos que es una situación de mucho riesgo y de mucha inseguridad para ellos”, destaca. Julia también recuerda que sus hijas tuvieron que renunciar a programas de intercambio con estudiantes de otros países por el mismo motivo.

También encuentran problemas para federarse en deportes, escuelas y equipos oficiales. Pero además, si consiguen inscribirse en alguna entidad, pueden tener dificultades para viajar. La hija mayor de Armando (nombre ficticio) ha dejado con 11 años y después de dos años sus clases de gimnasia rítmica en un municipio del sur de Gran Canaria. “Mi hija después del colegio salía a clases de gimnasia rítmica. Le pagaba una mensualidad, pero el inconveniente era que cuando tenían presentaciones fuera, la niña obligatoriamente tenía que tener un NIE. Entonces ya la academia iba seleccionando a las niñas que podían viajar y tener descuento de residente”, revela. 

A raíz de esta imposibilidad para viajar, Armando confiesa que su hija se ha desanimado y ha abandonado esta actividad. “Ella ya dijo que no quería seguir porque veía a sus compañeritas que iban fuera y ella no podía”, cuenta. Al mismo tiempo, Armando recuerda que el primer curso escolar fue el más complicado, ya que con los pocos recursos de los que disponía la familia, puesto que tanto él como su mujer tenían trabajos esporádicos y sin contrato, tuvieron que hacer frente al pago de todos los libros, los uniformes y el comedor. 

Un hogar en el que sus miembros no disponen de documentación tiene bastantes probabilidades de caer en la pobreza. Zuppiroli constata que la irregularidad es un factor de riesgo, ya que la ausencia de papeles dirige a las personas hacia trabajos precarios, mal pagados, donde se exponen a la explotación laboral o a ser chantajeados. “Cuando estás en la irregularidad no participas en la sociedad de la misma manera, con lo cual eso puede afectar a tu seguridad y a tu empoderamiento. Y esto puede tener unas consecuencias a nivel de salud mental de los niños y las niñas y en su desarrollo en el medio y largo plazo”, matiza la experta en infancia migrante. 

“Yo veo en mi hija que tiene muchas cosas en la cabeza, tiene muchos traumas por lo que ha pasado. No me gustaría que otros niños pudieran tener ese tipo de traumas por no tener papeles”, reclama Julia. De hecho, la vida en la irregularidad marca a los menores desde temprano. Los hijos de Armando, con 8 y 11 años actualmente, preguntan en sus casas cuándo van a poder ir a la Península o a hacer planes de familia fuera su localidad. “¿Cuándo vamos a tener los papeles para que vayamos de paseo?”, le preguntan sus hijos a su padre.

Padres sin papeles, hijos sin papeles

En España, la situación administrativa de un menor va vinculada a la que tiene su progenitor: “Yo he arrastrado a mis hijas a esta situación por no tener papeles”, se lamenta Julia. En nuestro país, prevalece el criterio de ‘ius sanguinis’, el derecho de sangre, frente al ‘ius soli’, derecho de suelo. Por ello, hay personas que, aun habiendo nacido en España, no tienen la nacionalidad española y adoptan la de sus padres y, por consiguiente, su estatus jurídico. “Si el progenitor paterno o la progenitora materna progresan en ese sentido y tienen una autorización de residencia, también indirectamente los menores pueden de alguna forma solicitar su permiso de residencia”, aclara Jair Sánchez, abogado experto en Extranjería. 

Por ello, el decreto para la regularización de miles de personas extranjeras es una oportunidad para las familias. Los progenitores que presenten su solicitud pueden añadir al mismo tiempo la de sus hijos, según aclara Sánchez. Para ello, deben aportar el certificado de nacimiento donde conste quiénes son los progenitores, el pasaporte con sello de entrada en España y el certificado de empadronamiento. 

Zuppiroli añade que se puede aportar cualquier otra documentación que demuestre que han entrado a España antes del 1 de enero de 2026 y que han residido en el país los últimos cinco meses, como informes de escolarización, médicos, de urgencias o de cualquier otro recurso que refleje que la persona ha estado residiendo en el territorio en el periodo solicitado. 

Para aquellos progenitores que ya hayan iniciado su tramitación de arraigo antes de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, Redwan Baddouh, portavoz de Regularización Ya en Canarias, recomienda que, a falta de nuevas instrucciones, lo aconsejable es esperar a que, si entrado junio no hay respuesta, que desistan y que se presenten a la regularización extraordinaria junto a sus hijos.  

“El hecho de que los padres puedan tener su permiso de residencia y la autorización a trabajar, ya es algo que beneficia a los menores. Que sus padres puedan tener unas mejores condiciones laborales en sus puestos de trabajo, ya beneficia al menor”, resalta Sánchez. En la misma línea, ‘Save the children’ celebra esta regularización extraordinaria ,ya que va a sacar de la exclusión a miles de personas vulnerables: “Proporcionar papeles a las familias y a los niños es cuidar y proteger a los niños”, concluye Zuppiroli. 

El 6 de abril de 2024, tuvo que ser un día feliz para Toumany (nombre ficticio para preservar su identidad). En 2020 y con 14 años, se marchó de Mali, su país de origen, atravesó Senegal, Mauritania y finalmente Marruecos, de donde salió una noche en medio de la voracidad del Atlántico. Junto a 49 personas más, la neumática precaria que los trasladaba llegó a Fuerteventura después de un día de viaje. Sin embargo, a pesar de que nunca había visto el mar hasta que llegó a Marruecos, cuatro días después del desembarco estaba en prisión acusado de ser el encargado de pilotar la embarcación. “¿Por qué? Era la única palabra que se repetía en mi cabeza. Yo ni sabía lo qué era ser patrón de patera”, recuerda en una entrevista concedida a este periódico unos meses después de salir de la cárcel. 

Toumany fue absuelto en diciembre del año pasado en una de las pocas sentencias exculpatorias para los migrantes que han sido acusados de pilotar embarcaciones desde África hasta las Islas Canarias. Como precedente, en 2024, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en una sentencia de la que fue ponente la magistrada Victoria Rosell, ya había absuelto a otros acusados valorando conjuntamente todos los elementos probatorios expuestos y analizados, concluyendo que el tribunal albergaba “una duda razonable de si los acusados eran los patrones de la embarcación, o si, como sostienen ellos, eran uno más de las 48 personas que pagaron dinero a una organización mafiosa para realizar la travesía desde Marruecos a España. Y esta duda nos obliga, en virtud del principio in dubio pro reo, a absolver a los acusados del delito de favorecimiento de la inmigración ilegal que se les acusa, al no disponer de una convicción fundada de culpabilidad con respecto al delito”.

Ahora, en la sentencia de Toumany, ha sido la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas la que ha concluido que no era posible acreditar que el joven y otro compañero fueran los encargados de dirigir a la tripulación. Para el tribunal no eran suficientes los testimonios de dos testigos protegidos. Uno de ellos declaró por videoconferencia durante el juicio, pero el otro solo prestó declaración durante la investigación inmediata al desembarco, la denominada prueba preconstituida. La sentencia estimó que ambas declaraciones, que no venían acompañadas de otras pruebas, no podían desvirtuar la presunción de inocencia.   

“El día que entré en la prisión de Tahiche, Lanzarote, solo pensaba que era injusto, que por qué yo, que me estaban echando la culpa de ser algo que yo no era”, expresa Toumany. El joven remarca que desde ese instante se propuso aprender español para poder defenderse el día del juicio: preguntaba a sus compañeros de prisión por el nombre de los objetos, leía, escribía y también mataba el tiempo haciendo deporte y jugando al fútbol para despejar su mente. “Si cogí el riesgo de atravesar el mar, sabía que tenía que continuar. De hecho, nunca sentí que iba a tirar la toalla”, rememora.

Siempre tuvo claro que no aceptaría el acuerdo de conformidad, por el cual muchos jóvenes como él se declaran culpables para evitar el riesgo de pasar más años en prisión. “Algunas personas me recomendaron que aceptara, pero me iba a costar mucho aceptar algo por lo que yo no soy culpable, porque ¿cómo voy a culparme a mí mismo? No, no lo iba a hacer. Había que luchar por mi inocencia”, resalta. 

La conformidad ha terminado de enterrar a muchos jóvenes migrantes que están en prisión acusados por este delito. Aceptar su culpabilidad implica no sólo renunciar a su derecho a la defensa, sino que además, una vez libres, deben esperar cinco o seis años para poder solicitar la autorización de residencia y trabajo en España, ya que uno de los requisitos para la regularización es carecer de antecedentes penales. 

A Toumany le movía la verdad de lo que había pasado y su fe en dios. Esta perseverancia tuvo sus frutos el día del juicio. La Audiencia no sólo lo absolvió, sino que, además, tal y como recoge la sentencia, advirtió de que existían “indicios de la utilización de los tres subsaharianos por parte de los magrebíes, evitando atribuir responsabilidad alguna a ciudadano de este origen”. 

El fallo también recoge que las declaraciones de ambos testigos se basó en el color de piel, ya que “señalaban a las personas de piel oscura”. Por su parte, agentes de la Policía declararon en este sentido que las mafias utilizan a jóvenes subsaharianos para evitar enfrentamientos entre los grupos o mafias y para que los marroquíes eludan la cárcel. 

El joven maliense pagó por este trayecto unos 3.000 euros y recuerda una travesía corta, pero donde se daban órdenes y había gritos. Los que pilotaban iban en la parte trasera de la neumática con el rostro cubierto, dejando sólo visible los ojos y la nariz, mientras que el resto tenía que permanecer sentado mirando hacia el frente. “Si uno intenta mirarlos, te puede pasar algo malo”, apunta. Poco antes de llegar, le dieron la orden de que se levantara y se trasladara a la parte trasera. “Yo, cuando hablaron conmigo para desplazarme e ir hacia atrás, dije, pero ¿por qué? Si todo el camino yo he estado sentado aquí. Y me dijeron: es una orden. Y lo tuve que hacer. Yo y los dos senegaleses”, relata. 

“A día de hoy me siento orgulloso de que he podido luchar por mi inocencia y de la gente que he tenido, los que me apoyaron para salir de esta situación”, destaca. Una de las personas que más le ha ayudado ha sido su abogada, Louelia Sid Ahmed Ndiaye, quien cuestiona las investigaciones exprés que determinan la culpabilidad de personas que no han manejado un timón en su vida. La abogada corrobora que la situación que ha vivido Toumany es uno de los escenarios posibles a los que se enfrentan los investigadores y que es complicado resolver en las poco más de 72 horas de identificación en que el migrante permanece entre el puerto y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) antes de ir al recurso de acogida. “Es prácticamente imposible o inviable para la Policía Nacional y para Frontex obtener esta información en un día, en dos días, en un CATE”, subraya.  

Además, estas declaraciones se obtienen en un contexto de vulnerabilidad máxima, tal y como denuncian las organizaciones humanitarias, ya que en muchas ocasiones la persona que ha migrado acaba de vivir situaciones de violencia o ha estado en peligro de muerte. 

Por ejemplo, Toumany reconoce que le ha marcado haber permanecido dos semanas en el desierto a la intemperie sin apenas comer ni beber con la amenaza constante de los integrantes de la mafia. El resultado de estas investigaciones inmediatas puede dar lugar a acusaciones erróneas. “Encontrar la realidad material y poder probar quién es realmente el patrón de la embarcación es complejo y por eso cada vez vemos más sentencias absolutorias en Canarias”, señala la abogada.

Sid Ahmed detalla que las pruebas usadas en contra de los migrantes se basan en el atestado policial que recoge las entrevistas realizadas tras el desembarco y que pueden incluir pruebas materiales como fotografías o volcados de teléfono y después en las declaraciones de los testigos protegidos. La abogada reconoce que hay ocasiones en que las pruebas acusatorias van desde que el migrante dio de comer a sus compañeros de travesía o que la persona vino documentada, por ejemplo, con el carné de conducir de su país. En cualquier caso, para ella estas condenas no sirven para desmantelar las grandes mafias de tráfico de personas: “La realidad es que las personas y el negocio de las fronteras va a seguir moviendo a las personas mientras de manera sistemática impidamos que la gente pueda venir por las vías seguras”, sentencia.

Toumany salió de prisión preventiva después de un año y ocho meses. “Entré en la cárcel injustamente y salí por justicia”, recuerda que fue el primer pensamiento que le vino a la cabeza tras pasar el umbral de la puerta de salida. Ahora sueña con seguir jugando al fútbol, encontrar un trabajo que le permita tener una estabilidad y poder ayudar a su abuela, la persona que lo crió en Mali y que ya es mayor y está enferma. Confiesa que aunque aún está muy reciente su paso por prisión, tiene ganas y voluntad de dejar este episodio atrás: “En la vida el tiempo no se para. Cuando te ocurre algo, una vez que se pasa, hay que intentar hacer otras cosas para avanzar en la vida”, concluye.

Es la primera vez que Amadou* (nombre ficticio) pasa el Ramadán lejos de su casa en su país, de Senegal. Como él, cientos de migrantes que han sobrevivido a la ruta atlántica celebran el mes sagrado de la religión musulmana fuera de sus hogares, sin apoyo familiar y además en alguno de los centros de acogida que hay en Canarias. “Es muy difícil hacer el Ramadán lejos de la familia, cada día es más difícil pero, Alhamdulillah, confíamos en que el año que viene será mejor”, señala el joven.

Amadou llegó a Gran Canaria en agosto de 2025 y es quien más repite que lo peor es pasar estas fechas fuera de su casa. Otros jóvenes senegaleses, guineanos y gambianos llevan años migrando por diferentes países de África antes de llegar a Canarias y ya han celebrado esta fiesta lejos de sus familias: “Este año es diferente porque siempre lo celebramos con la familia. Lo único que podemos hacer es simplemente rezar porque aquí no tenemos familia con la que ir a compartir y tampoco trabajamos para ganar algo de dinero. Si estuviéramos en casa y ganáramos dinero, podríamos comprar cualquier cosa, una cabra, ropa y haríamos una fiesta entre todos, con los amigos y con nuestros padres”, confiesan.

Lamine* (nombre modificado) ve esta festividad como un momento para la reflexión y el agradecimiento. Es de Gambia, llegó hace ocho meses y también reside en el mismo recurso de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria que Amadou. Aunque este año no ha podido celebrar el Ramadán junto a su familia como había hecho hasta ahora, se muestra agradecido: “Nada es para siempre, y este año estar en Las Palmas es parte del proceso. Pienso que tengo buena salud, que duermo, que puedo comer y caminar para ir a la mezquita. No tengo malas condiciones de vida. Hay gente que no puede caminar, ni comer ni ir a la mezquita”, reflexiona. En cualquier caso, reconoce que la vida no está siendo muy fácil, ya que vino para trabajar y hasta el momento no ha podido ser trasladado a la Península: “Es un poco difícil la vida aquí. Hasta que no tengamos papeles no podemos trabajar y el cerebro necesita desconectar, y eso es complicado aquí”, confiesa.

Cada día, poco antes de las seis de la mañana, hacen la primera comida del día. Según Amadou y Lamine, en su centro se les ofrece café con leche y pan. Algunas entidades se han ajustado a este periodo importante para los musulmanes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Gran Canaria apunta que han adaptado el horario del servicio de comedor, que abre a las cuatro de la mañana, para ofrecer el desayuno a las personas musulmanas, aunque también para aquellos que van a trabajar o a estudiar. Resaltan que siempre han preparado platos sin cerdo y que el menú es muy variado: muslitos de pollo al horno, cuscús, batidos de frutas, sopa de pescado, paella mixta, burritos, hamburguesas (de carne de pollo) o pavo en salsa. 

La ruptura del ayuno (iftar) este mes en Gran Canaria tiene lugar poco después de las 19.00 horas, cuando cae el sol. En ese momento, decenas de jóvenes de varios recursos de acogida de Las Palmas de Gran Canaria acuden a alguna de las tres mezquitas de la ciudad para realizar el rezo de la ruptura y degustar algunos alimentos que los responsables de estos espacios religiosos han preparado para los más vulnerables. 

Otros migrantes prefieren llevarse la comida preparada en unas bolsas con bandejas para comerla en sus centros, ya que tienen horario de llegada por la noche. “Este es un mes de solidaridad, así que se les invita a todos aquellos que no tienen medios a que si quieren romper el ayuno aquí, que lo hagan”, sostiene Omar Kasse, secretario de la Liga Comunidad Islámica, que gestiona dos mezquitas en la capital grancanaria.

“Hay una primera parte que es la lectura del ayuno. Después se hace entrega de una botella de agua, un zumo, un paquete pequeño de leche y dátiles. Se rompe el ayuno con esto y se celebra otro rezo. Y ya después se come el segundo plato, que es la comida fuerte”, explica Kasse. Esta segunda comida suele consistir en un plato de arroz con carne y verduras y es preparada de manera voluntaria por personal cercano a las mezquitas. 

Los fieles donan los alimentos, como garrafas de agua o pan, y hay familias que también preparan algún plato en casa y lo llevan a la mezquita para que las personas sin recursos puedan celebrar el Ramadán con la mayor normalidad posible. “Vienen muchas personas, sobre todo jóvenes, migrantes de confesión musulmana y no musulmana que también que están en los centros, y que suelen acudir aquí todas las tardes para romper el ayuno o para comer durante todo el mes”, detalla Kasse.

Amadou y sus amigos van cada día a la mezquita más cercana a su centro, donde pueden rezar en comunidad y disfrutar del plato de arroz preparado a la manera que harían en sus casas. “La comida de la mezquita es buena, preparan muy bien el arroz. En el centro, sin embargo, la comida no es buena. No está bien hecha”, señala este grupo de chicos que aún está en la isla desde hace ocho meses. Para los migrantes recién llegados, estos platos les dan la sensación de que están más cerca de sus casas, a pesar de la distancia. “El arroz es la comida básica de la mayoría de sus países, así que estarán contentos”, apunta Kasse. 

El Ramadán es el periodo más importante del Islam. Se celebra en el noveno mes del calendario lunar musulmán y conmemora la transmisión del Corán por parte de Alá a Mahoma. En este tiempo se practica el recogimiento, una mayor autorreflexión y la ayuda al prójimo. “De los 12 meses del año, el mes del Ramadán es el más importante. En esta festividad, prima ser solidario, hacer obras buenas, ayudar al prójimo, al más débil, al que no tiene”, sostiene Kasse. 

Gracias a esta preparación de platos y a la acogida de las mezquitas, muchos migrantes han encontrado un espacio donde compartir su mes más importante como creyentes. “Nosotros aquí no tenemos familia con la que compartir, así que nos gusta ir a rezar a la mezquita y así estamos juntos. En todo caso, sentimos que aquí nos comprenden, hay gente que no lo entiende tanto, pero vemos que hay personas de diferentes religiones y nos sentimos más o menos comprendidos”, subraya Amadou.

Catorce cuerpos enterrados de forma lateral con pulseras de cuentas de vidrio de Senegal y Gambia y situados en los márgenes de los edificios religiosos de la zona. Este hallazgo tras unas obras para la canalización de aguas en Finca Clavijo en Guía, Gran Canaria, desembocó en un estudio genético sobre el linaje de estos cuerpos inhumados cerca de un ingenio azucarero. Las conclusiones fueron claras: algunas de estas personas tenían un origen subsahariano y otras descendían de norteafricanos. “El yacimiento de Finca Clavijo es excepcional porque nos permite estudiar de manera directa a los individuos que llegaron a Canarias como resultado del tráfico de esclavos”, subraya Rosa Fregel, la experta en genética de la Universidad de La Laguna (ULL). 

La intervención arqueológica de la empresa Tibicena y la posterior investigación sobre el ADN de estas personas, liderada por Jonathan Santana, arqueólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en la cual también participó Fregel, y que fue publicada en 2015 en la revista American Journal of Physical Anthropology, revelaron que este yacimiento podría tratarse del primer cementerio de esclavizados del Atlántico, el cual estuvo activo entre los siglos XV y XVII. 

Los cuerpos yacían de lado con la cabeza elevada, en dirección oeste-este y con los brazos en diferentes disposiciones. Algunos los tenían estirados y otros doblados en la parte anterior o posterior del cuerpo. Aunque la mayoría de estas personas procedía del continente africano, también se descubrió que una mujer era descendiente de aborígenes canarios, lo cual apuntaría a que esa población también fue esclavizada en aquella época. Fregel matiza que este primer estudio solo permitió conocer parte del ADN mitocondrial, el cual dio información exclusivamente del orígen por línea materna.

Los análisis genéticos revelaron otros aspectos relacionados con la salud de estas personas. Sus investigadores señalan que los adultos enterrados en este yacimiento realizaron “una actividad física extenuante” que les afectó a la columna vertebral y a las extremidades. El estudio evidencia que lesiones como la osteoartritis, los nódulos de Schmorl y hernias discales se concentraron en las vértebras cervicales inferiores y torácicas inferiores y que el trabajo que desempeñaron en Finca Clavijo dejó una importante huella en la articulación del hombro. “Se han observado altas tasas de osteoartritis, nódulos de Schmorl y hernias discales en poblaciones esclavizadas de plantaciones de caña de azúcar en Carolina del Sur, Surinam y Barbados”, añade el documento. 

Esta necrópolis albergaba más particularidades. Estos catorce cuerpos fueron inhumados fuera de los cementerios oficiales y con rituales que no eran cristianos. Dos de las mujeres, que contaban entre 20 y 25 años, portaban pulseras de cuentas de vidrio que tendrían su orígen en la zona de Senegal y Gambia, tal y como especifica Marco Moreno, gerente de Tibicena. Estas piezas de colores azul, verde, marrón y blanco aparecieron asociadas a los huesos del antebrazo izquierdo de las dos jóvenes. 

El Museo Canario, donde están depositadas estas piezas, contextualiza que este tipo de elementos entraban en el norte del continente procedentes del Medio Oriente, desde el Mediterráneo y de Asia, y llegaban al África subsahariana a través del comercio transahariano, donde están documentadas desde el siglo II.

También se encontró una medalla de la Inmaculada Concepción y de san Francisco de Asís, con lo cual, para Moreno, ya se observa otro tipo de hibridación entre una cultura procedente de África y la religión cristiana. “Finca Clavijo es un cementerio multiétnico con una práctica funeraria singular, la cual es resultado del sincretismo de diversos orígenes como el católico, el islámico y el africano. Los rituales funerarios sincréticos eran comunes en América y otros lugares de la esfera atlántica donde hubo presencia de poblaciones africanas”, se puntualiza en el estudio liderado por Santana. 

Para estos investigadores, este tipo de enterramientos ha puesto en evidencia la capacidad de resistencia cultural y de agencia de esta población, que a pesar de vivir en la exclusión optó por mantener símbolos de sus culturas originarias para dar paso a la muerte. 

Esclavizados al servicio de la industria azucarera canaria

Moreno pone en contexto estos enterramientos en los márgenes con el momento que vivía Canarias en aquel periodo, cuando comenzó a albergar su primer monocultivo a través de la industria azucarera: “Había una gran cantidad de ingenios en Canarias, y en Gran Canaria, en concreto. Surtíamos de azúcar a Europa, de modo que esta sería la primera gran industria que tuvo Canarias”, matiza el arqueólogo. 

Al mismo tiempo, los autores del estudio genético recuerdan que entre el siglo XV y el XVI grandes cantidades de personas de origen norteafricano y subsahariano fueron traídas a Canarias “para servir como esclavos en la industria azucarera y como sirvientes domésticos para las familias más ricas”. 

El mismo estudia subraya que las primeras plantaciones de esclavizados del Atlántico se alojaron en la Macaronesia, concretamente en Madeira, Canarias y Cabo Verde.

Siguiendo los trabajos de investigación de historiadores como Ana Viña o Manuel Lobo, el mismo documento desgrana que los moriscos eran los esclavizados más numerosos en Canarias, aunque también había personas negras que llegaban a las Islas por acuerdos comerciales con los árabes, por el tráfico portugués de esclavizados y por las incursiones hacia el continente africano realizado por la población colonial asentada en Canarias. 

“Una vez en las Islas Canarias, estas personas eran vendidas en subasta pública, pasando a formar parte de la fuerza de trabajo en casas, conventos y fábricas de caña de azúcar”, detalla el estudio.

Las condiciones de vida de las mujeres y hombres esclavizados eran extremas. El libro El azúcar y su cultura en las islas atlánticas, de Jesús Pérez Morera, relata que en la Casa Fuerte de Adeje, Tenerife, los esclavizados eran encerrados bajo llave cuando regresaban de la faena agrícola y cuando no podían salir a trabajar por estar enfermos. 

El autor habla, además, de la casa de galeras, una infraestructura de castigo donde se encerraba a los esclavizados que sus amos consideraban que habían tenido un mal comportamiento: “Se les daba un colchón relleno de paja y su manta, que el mayordomo revisaría todos los domingos por si a alguno hubiera que darle su merecido castigo”, se especifica en el libro. 

Tal y como ha detallado la historiadora Ana Viña en su investigación La organización social del trabajo en los ingenios azucareros canarios (siglos XV-XVI), en algunas haciendas se encontraban las casas de los negros, “situadas en la esquina de la casa principal de aposento, como en el ingenio de Tazacorte en el que figuran 14 casas de negros en 1557”. 

En cuanto a la distribución del trabajo, Viña sostiene que aunque había trabajadores asalariados, los esclavizados eran el personal más numeroso de los ingenios, ya que los hacendados tenían como objetivo abaratar costes para obtener así mayor rentabilidad del comercio del azúcar. 

En los ingenios de Gran Canaria había una media de 30 o 35 esclavizados entre hombres y mujeres. Ellos se dedicaban a tareas como cocer el azúcar, pues se consideraba que resistían mejor las temperaturas, o a regar las cañas. En cuanto a las labores de las mujeres en el proceso de obtención del azúcar, Viña especifica en su estudio que las referencias que se tienen de ellas aluden a su trabajo como ceniceras, que consistía en hacer ceniza en el campo para darle mayor blancura al azúcar, mientras que el resto de las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas. 

“Este tipo de arqueóloga nos dice que este paraíso no lo fue siempre. Nos pone delante de un espejo para decirnos que la vida de estas personas no fue agradable, que había enfermedades o lesiones”, reclama Moreno. El arqueólogo considera que la arqueología canaria se basó durante mucho tiempo en el mundo aborigen y que el descubrimiento de la necrópolis de Finca Clavijo ha permitido que se hable de la etapa posterior a la colonización, momento en el cual se produce una “hibridación de lo indígena con lo colonial”, agrega. 

“La gente tiende a olvidar de dónde viene el canario y la realidad es que dentro de nosotros habitan muchos ADN: de moriscos, de europeos, de aborígenes y de personas negras”, subraya.

Era miércoles por la mañana y, como todos los días, Modou (nombre ficticio) se preparaba para ir al instituto. Llegó a El Hierro hace más de dos años y desde hace un tiempo cursa en Gran Canaria una FP básica de Jardinería, que espera que le pueda abrir puertas a un trabajo cuando cumpla los 18. Sin embargo, ese 19 de noviembre sus planes estuvieron a punto de torcerse. “Me llamaron para decirme que tenía que ir al Canarias 50 para después irme a la Península. Me puse a llorar como loco”, recuerda. Por miedo a salir de las islas en el marco de las reubicaciones ordenadas por el Supremo, optó por renunciar al asilo.

Como él, otros 120 jóvenes han abandonado los trámites para obtener la protección internacional, y así evitar el traslado a otra comunidad autónoma, según las cifras que maneja el Ejecutivo canario. “Tenemos que pensar que para un niño o una niña que ha sufrido persecución en su país de origen, renunciar al asilo significa renunciar a la protección global que brinda este reconocimiento”, explica la especialista en Infancia en Movimiento de Save the Children Jennifer Zuppiroli. 

Ibrahim*, un joven mauritano de 16 años, tampoco quiere irse de Canarias. “Llevo aquí dos años y quiero vivir aquí. No tengo ningún problema. Estudiamos bien, jugamos al fútbol, pero quieren separarnos, es un poco triste”, dice. Aunque hace un par de meses expresó que no quería marcharse y consiguió permanecer en su centro sin renunciar al asilo, hace dos semanas fue derivado al Canarias 50, el recurso donde son alojados de forma temporal los menores que entran en el sistema nacional de protección hasta ser reubicados en una plaza del Estado.

Un día antes del traslado, Ibrahim habló con esta redacción. “Mañana tendré que faltar a clase y hoy tampoco fui, porque tengo que recoger todas mis cosas y despedirme de mis amigos. Estoy triste. Conozco mucha gente aquí que es como mi familia”, dijo entonces. También Modou ha conseguido tejer en Gran Canaria en estos años una red de apoyo. “He recibido mucho cariño aquí, en el instituto, en los entrenamientos de fútbol, en todos lados. Hemos formado una familia y para mí ir a la península sería lo peor”, confiesa.

El Tribunal Supremo, a instancia del Gobierno canario, ordenó al Estado en marzo de 2025 hacerse cargo de cerca de un millar de menores refugiados que hasta ahora estaban siendo acogidos por la comunidad autónoma. El auto concluyó que el sistema estatal de acogida de menores que solicitan asilo no había sido puesto a disposición de los jóvenes de Canarias, a pesar de que tienen “pleno derecho a él”. El alto tribunal apuntaba además que esta medida permitiría corregir el hacinamiento de los recursos del Archipiélago.

El peligro de ser devuelto

Más allá del impacto emocional, renunciar al asilo tiene consecuencias en la seguridad de los niños y adolescentes. “Significa correr el riesgo de ser en algún momento devuelto a su país de origen por haber caído en una situación de irregularidad cuando alcance la mayoría de edad”, añade. Este es uno de los miedos de Modou, que aunque entró en 2023 al sistema de acogida de las islas como menor no acompañado, aún no cuenta ni con pasaporte ni con permiso de residencia, un trámite que debe asumir la comunidad autónoma. “Necesito una solución porque en ocho meses seré mayor de edad”, insiste. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincide en que el futuro de quienes han renunciado al asilo se vuelve “más incierto” al cumplir los 18 años, salvo que “se disponga de una política pública para el acompañamiento en la transición a la vida adulta”, un servicio que, apuntan, tiene “carácter residual” en la actualidad. “En la red estatal de asilo la transición de la minoría de edad a la edad adulta podría mantener la acogida en el mismo sistema, aunque en recursos de acogida distintos”, explica la ONG. 

“La cuestión positiva del asilo es que asegura a una persona extranjera el derecho de estar de manera indefinida en España para no tener que correr el riesgo de ser devuelto al país, donde puede sufrir vulneraciones de derechos muy graves”, recalca Zuppiroli. 

Las más afectadas por este estado de vulnerabilidad son las niñas, que pueden haber solicitado asilo por sufrir persecución por motivos de género en su país o por haber sido víctimas de trata de seres humanos. “Renunciar a su protección internacional las dejaría desamparadas. Esa niña, ya como adulta, puede verse otra vez en el lugar de origen donde se originó la explotación”, resalta la experta de Save the Children. 

Plazas en Canarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reclama al Estado la apertura de más centros en las islas donde se pueda acoger a los menores refugiados porque las plazas creadas hasta ahora no son suficientes. Por su parte, fuentes del Ministerio de Migraciones insisten en que ya se han creado recursos en Canarias para que los menores solicitantes de asilo que tienen arraigo puedan quedarse y no tengan que interrumpir sus estudios ni su trabajo. 

Estas plazas, explican, también pueden ocuparse por jóvenes refugiados que estén a punto de cumplir la mayoría de edad y que pueden pasar después al sistema de asilo de adultos. 

Save the Children valora que es “insuficiente”. “Los niños lo que no quieren es dejar los centros en los que han estado viviendo, no tanto la isla. Si un niño ha estado en una comunidad específica, el hecho de que se le mantenga en la misma isla pero se le traslade a otro pueblo o a otra ciudad ya es, de por sí, un desarraigo”, explica Zuppiroli. 

Para evitar el desarraigo, la entidad especializada en la infancia migrante propone el despliegue de equipos multidisciplinares en los centros de acogida con los que prestar apoyo especializado en asilo, sin que eso implique abandonar el recurso. 

Desde CEAR piden que cualquier derivación al sistema estatal de asilo sea “extremadamente rigurosa”, desde una evaluación individualizada de cada caso concreto, escuchando la opinión del menor y valorando las alternativas que eviten rupturas traumáticas, para que el acceso al asilo no se viva como una amenaza de desarraigo.

Marruecos ha retomado una vez más su plan sobre la delimitación de sus aguas y las de España. No es un proyecto nuevo, pero sí es la primera vez que lo hace después de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que alude al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental como otra de las vías para solucionar el conflicto. La determinación de los espacios marítimos por parte del régimen marroquí se convierte en un tema controvertido, pues roza varias cuestiones que entrarían en conflicto con España y, concretamente, con el archipiélago canario. “Debería institucionalizarse que Canarias esté presente en cualquier asunto internacional que afecte a nuestros intereses”, alerta Fernando Ríos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL). 

La revista Atalayar publicó hace unas semanas la propuesta del Gobierno de Marruecos en la que se cuestiona la línea divisoria entre ambos territorios y recoge la ampliación de la plataforma continental marroquí y una supuesta explotación conjunta con España del Monte Tropic, un área al sur de Canarias sobre la que el Gobierno español ha pedido extender su plataforma continental. “Hasta ahora se está respetando de facto la línea mediana como límite funcional entre las aguas jurisdiccionales de ambos estados”, aclara Rafael García Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide. Por eso la frontera entre ambos países siempre se ha considerado de hecho, no de derecho. Hasta el momento, la frontera marítima viene marcada por una mediana, una línea imaginaria que divide en dos partes el espacio comprendido entre Gran Tarajal y Cabo Juby. Con base en esta mediana, España ha establecido su Zona Económica Exclusiva (ZEE), que puede llegar hasta las 200 millas. Sin embargo, Marruecos ha mostrado desde hace años su desacuerdo con esta delimitación. 

Este criterio para determinar la distancia de las aguas, conocido como equidistancia, suele ser la vía común utilizada por los estados. Viene reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El otro principio para determinar una frontera marítima es el de la equidad, por el que se tienen en cuenta factores como el volumen de población o la longitud del territorio. Este criterio es el defendido por Marruecos, el cual lo llevaría a cambiar la mediana y, por lo tanto, siguiendo este principio, ganaría territorio marítimo. Para defender esta medida, su gobierno alude a las diferencias territoriales entre Marruecos y Canarias, a “la asimetría geomorfológica entre una costa continental extensa -más de 3.000 km en el caso marroquí- y un archipiélago de extensión limitada” y a que Canarias no es un estado. 

Sobre la equidad y la equidistancia, el profesor recalca que son “criterios generales” pero que no hay mandato legal que obligue a los estados a llegar a un acuerdo: “Si España no lo acepta, no se hace; de la misma manera que si Marruecos no acepta la tesis española, no se hace. No tenemos una frontera marítima, entre otras cosas, porque no hay una voluntad de acuerdo entre los dos países, y ante esa falta de entendimiento no existe esa frontera”, matiza García Pérez. El profesor aclara que el principio jurídico para cualquier delimitación de aguas es que aquello que acuerden los estados implicados es lo que se acepta: “No hay normas, no hay reglas, no hay justicias. Es lo que se acepta si se ha producido una negociación diplomática, sin coacción, sin violencia, sin presión”, detalla. 

Un plan marroquí sin definición

En cualquier caso, el plan marroquí de delimitación de sus aguas no ofrece detalles sobre el número de millas que tendría su zona económica, ni sobre cómo se delimitaría la frontera en función de su población, orografía, etc. Para Ríos, el Estado marroquí suele moverse en una postura en la que no dice claramente qué acepta y qué no: “Se ha movido en una indefinición, ni sí ni no, porque está cómodo en esa indefinición”, considera. También opina que a Canarias no le beneficia la situación actual de indefinición: “Si hay una definición y seguridad jurídica en la que se precise cuál es el espacio de uno y cuál es el espacio de otro, en principio yo creo que sí beneficiaria a Canarias”, sostiene. En este sentido, la Plataforma por el Mar Canario lleva 25 años reclamando que Canarias sea reconocida ante la ONU como un archipiélago de pleno derecho. Tal y como defiende su director, Domingo Martín, el reconocimiento de Canarias como Archipiélago en esta institución internacional “blindaría a Canarias en lo que respecta a sus aguas interiores a través del perímetro archipelágico”. 

Martín critica que la situación actual supone que todas las aguas que superen las 12 millas (el espacio más cercano a la costa y que se denomina mar territorial) de cada isla puede pasar a jurisdicción marroquí. De hecho, el Parlamento de Canarias aprobó el año pasado en este sentido una proposición no de ley para pedir a la ONU el reconocimiento jurídico como archipiélago. Esta propuesta fue respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX. El director del colectivo lamenta que a pesar de que los 88 ayuntamientos de Canarias y los siete cabildos insulares también respaldan la propuesta y que el Estatuto de Autonomía canario reconoce a Canarias como un archipiélago, “el estado español sigue reconociendo a Canarias en un régimen de islas”. 

En esta línea, María Esperanza Orihuela Calatayud, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Murcia, explica que el principio archipelágico entiende al archipiélago como un conjunto de tierra y mar y que España con la Ley de Aguas Canarias de 2010 ha intentado provocar un cambio para que el derecho internacional reconozca a cualquier archipiélago, sea estado o no, “esa posibilidad de considerarse como un todo”, detalla. 

La última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 recoge que Canarias constituye un archipiélago, cuyo perímetro viene determinado por lo que se conoce como líneas de base recta, los cuales unen los puntos más extremos de las islas que componen el archipiélago canario. Las aguas que quedan dentro del perímetro se denominan en la reforma del estatuto como aguas canarias. “Canarias tiene trazadas las líneas que unen el archipiélago, lo que no tiene claramente establecido es cuál es el régimen de las aguas que hay dentro de ese perímetro. La ley española de lo que habla es de aguas canarias, pero no especifica qué carácter tiene y qué relación tiene”, señala Calatayud.

Entretanto, España y Marruecos celebraron la semana pasada en Madrid una reunión de alto nivel en la que no se tocó el asunto de la delimitación de las aguas. Tal y como señaló el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de la red social X, “no se han tratado asuntos que afecten a Canarias, ni directa ni indirectamente”, según le trasladó a través de una llamada telefónica el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. 

“Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui”

La ampliación de la plataforma continental por parte de Marruecos hacia el sur es otro de los puntos incluidos en la publicación de Atalayar. El texto señala que “España presentó en 2014 y 2015 solicitudes para extender la plataforma alrededor de Canarias hasta el máximo permitido. Marruecos respondió expresando su desacuerdo, por considerar que los límites propuestos por España se superponen a la plataforma continental frente a sus provincias del Sur”. Sin embargo, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonizar, el último territorio en esta situación en África. El delegado del Frente Polisario para Canarias, Alisalem Sidi Zein, recuerda que Marruecos “no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui” para que pueda delimitar sus fronteras marítimas. “El Frente Polisario, el pueblo saharaui y la República Árabe Saharaui Democrática rechazan y condenan ese intento siempre de querer involucrar a las fronteras saharauis que no le corresponden, en ese intento de delimitar las zonas marítimas y las fronteras marítimas con Canarias”, recalca Sidi Zein. Una supuesta ampliación de la plataforma continental de Marruecos entraría en confrontación con la petición solicitada por España, concretamente en la zona donde se aloja el Monte Tropic, una cadena de montes submarinos, consideradas una prolongación de las abuelas de Canarias“. En esta zona se han descubierto tierras raras, y minerales como el telurio, cobalto o níquel, materiales que pueden ser relevantes para la transición ecológica del futuro.

La explotación de estas tierras raras es un proyecto muy a largo plazo del que tampoco hay muchas certezas. La profundidad del yacimiento hace muy difícil su exploración y explotación y hasta el momento no hay empresas que se hayan interesado en la extracción de los recursos de la zona. García Pérez precisa que no hace falta esperar a una resolución sobre a quién pertenece esta zona para explotarla, ya que se puede hacer a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) de la ONU, que se encarga de la gestión de los fondo oceánicos. “Una compañía privada puede pedir acceder a la explotación de estos recursos y conseguir la licencia por parte de esta institución. Tendría que pagar un canon de explotación que se lleva a cabo a través de la ONU y que se reparte luego entre todos los miembros de la comunidad internacional”, explica. El profesor añade que esto no se ha hecho hasta ahora, quizá porque no hay empresas que vean viabilidad técnica y económica en este proyecto

En cualquier caso, para Sidi Zein el plan marroquí sobre delimitación marítima guarda relación con sus “pretensiones expansionistas”, las cuales buscan llevar a cabo la idea del Gran Magreb, un proyecto que abarcaría una parte de Argelia, de Mauritania, Mali, Ceuta, Melilla y Canarias. “Estas pretensiones las ha utilizado desde su independencia en 1956. Es el sueño expansionista del régimen de Marruecos, el cual no respeta el derecho internacional, no porque lo ignore, sino que lo hace para conseguir sus objetivos expansionistas”, concluye. 

La Marina Nacional de Senegal y un equipo especializado en trabajos marítimos están llevando a cabo labores de estabilización del petrolero Mersin accidentando en la costa de Dakar entre el 27 y el 28 de noviembre. Según ha comunicado el Puerto Autónomo de Dakar, dependiente del Ministerio de Pesca y de la Economía Marítima de Senegal, a pesar de las condiciones de viento desfavorables en el mar, el buque permanece estable y bajo vigilancia constante. El petrolero, que se encuentra aproximadamente a 1.400 km de Canarias, carga en su interior 39.000 toneladas de crudo. 

El organismo portuario señala que el objetivo de la intervención es la protección del medio ambiente, para lo cual han desplegado un dispositivo que busca prevenir cualquier riesgo que afecte al medio marino. En la zona se encuentra un equipo de buzos artificieros de la empresa Tous Travaux Sous-Marins que está realizando intervenciones específicas en el casco y cuenta con el apoyo de una embarcación de la Marina Nacional, que garantiza una supervisión cercana y la seguridad del perímetro de intervención. Con este despliegue conjunto se busca “aplicar lo antes posible la solución técnica más segura y adecuada para asegurar de forma definitiva el buque y su carga”, matiza la nota. 

El despliegue está coordinado por la Alta Autoridad de la Seguridad Marítima (HASSMAR, por sus siglas en francés), que dirige todas las acciones en estrecha colaboración con el Puerto Autónomo de Dakar y la Agencia Nacional de Asuntos Marítimos (ANAM, por sus siglas en francés), tal y como se detalla en el comunicado. También, asegura el organismo, se mantienen intercambios técnicos con los representantes del armador del buque. Por otra parte, tal y como señala la Agencia EFE, la naviera responsable de la gestión técnica del petrolero, Besiktas Shipping, ha asegurado que la situación se controló de inmediato y que no hubo heridos, ni víctimas mortales ni contaminación. 

El petrolero Mersin sufrió cuatro explosiones externas en la noche del 27 al 28 de noviembre cerca de la costa de Dakar, de las cuales se desconocen sus causas. Algunas fuentes relacionan este incidente con ataques de drones originarios de Ucrania, aunque no hay confirmación oficial. Por otra parte, la tripulación atribuyó la escora sufrida por el barco a una vía de agua en la sala de máquinas provocada por el nulo mantenimiento al que es sometido. Según recoge el periódico Le Monde la investigación no descarta ninguna pista, incluida el ataque ucraniano. El Mersin es un buque con bandera panameña, según recoge la web Vessel Finder pero de propiedad turca. Tal y como informa la Agencia EFE, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler, el Mersin tiene un historial de transporte de petróleo ruso. 

El Mersin es considerado un buque de la llamada shadow fleet (flota sombra), barcos viejos, con nulo o escaso mantenimiento, que navegan al margen de las exigencias internacionales para el tipo de carga que transportan. Son los que habitualmente se ocupan de transportar crudo de procedencia rusa para, de ese modo, eludir las sanciones de los organismos internacionales. Habría salido el 21 de agosto del puerto de Taman, en Rusia, según informaciones de Le Monde y llegó a Dakar el 2 de noviembre, tal y como refleja la web Vessel Finder. 

Hasta el momento no ha habido una reacción oficial por parte de España ni de Canarias, teniendo en cuenta que en el caso de que se decretara la existencia de una marea negra, esta podría afectar a Canarias, a tan solo 1.400 kilómetros de la costa senegalesa. Por su parte, la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS), liderada por el ambientalista Ezequiel Navío, ya se ha ofrecido al Gobierno de Canarias, este aún no ha contestado formalmente por carecer de información consistente. Tampoco consta reacción oficial alguna del Gobierno de España, al que también se ha hecho llegar un ofrecimiento similar. 

Por su parte, Greenpeace África ha mostrado su preocupación ante un hecho que no valoran como un evento aislado, sino que refleja una “tendencia preocupante” y un “patrón que se repite peligrosamente”. Para la organización, las aguas senegalesas están expuestas a “riesgos industriales insuficientemente anticipados”. Y aunque valoran la reacción rápida de las autoridades, critican que todavía no hay respuestas a las preguntas esenciales para el público y la protección del medioambiente.

Por ello, desde Greenpeace África reclaman a las autoridades competentes repuestas rápidas sobre las causas reales del incidente, los potenciales riesgos para el medio marino, información sobre la eficacia real de la barrera anticontaminación y cuál será el destino del buque.

Durante años reconoce que ha sentido el síndrome de la impostora. Odome Agone es gabonesa, filóloga hispanista, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora, profesora de Literatura hispanoafricana en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar y cuenta con cuatro libros en el mercado en los que aborda las cuestiones de género, raza, colonialidad e interseccionalidad. Y también en la actualidad, ha sentido que no es lo “suficientemente válida” para dar voz a contextos y saberes debido a su procedencia. Por eso, su trabajo, reivindica, no es solo académico, sino también político, con el que llama a hacer una revisión del contenido de los ámbitos académicos para que se integren otros saberes que no han sido producidos en Occidente pero que son igualmente válidos. 

“Debemos dejar de asociar únicamente las lenguas occidentales con el saber académico”, enfatiza. La filóloga, que ha estado recientemente en Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso Compass organizado por la universidad pública de la misma ciudad, critica la marginación que han sufrido los discursos y conocimientos de “las periferias”, creados por personas que no son de Occidente y que además no transmiten sus conocimientos en alguna lengua occidental. Es lo que se denomina injusticia epistémica. Ejemplifica que personas como ella, procedente de otros contextos, han tenido que leer a los grandes clásicos occidentales en detrimento de sus grandes clásicos porque no escribían en lenguas occidentales. También recuerda a su abuela, quien le enseñó las herramientas del feminismo pero que, a su vez, nunca podría estar en la academia porque no habla una lengua colonial: “En la ciencia, llevamos siglos excluyendo a media población humana porque no habla lenguas occidentales”, revela. 

Para luchar contra este desequilibrio, la filóloga recurre a la justicia epistémica. Para ello habría que dar voz a los que históricamente han sido ocultados, empezar a asociar las lenguas no occidentales también con el saber académico y permitir que idiomas de otras latitudes entren en la academia para que sean tratadas como iguales. Además, esta lucha, a juicio de Angone, debe hacerse desde los sures, desde sus contextos, realidades y sistemas donde buscar mecanismos para incluir esos saberes en los círculos académicos. “Occidente, en mi opinión, no nos reconocerá mientras sigamos autoexcluyendo nuestros propios saberes”, asevera. 

Sobre Occidente también hay cuestiones que plantearse y para ello la filóloga propone redirigir el foco. Angone considera que del mismo modo que se dice que hay personas afrodescendientes, habría que interrogarse “de qué color son los blancos, aquellos que se consideran el paradigma de la humanidad, de qué color es el corpus que estudiamos desde una perspectiva eurocéntrica y de qué color es el discurso dominante”. En su último libro ¿De qué color son los blancos?, la investigadora se cuestiona sobre las implicaciones que conlleva pertenecer a cada grupo. “Es importante que cuando hablemos de negros, de personas no blancas, entendamos que la blanquitud forma parte también de ese colectivo. Las personas racializadas somos todos, como negros y como blancos. Ya que los cuerpos son marcados históricamente para actuar de determinada manera”. 

Uno de los mecanismos que la profesora ha puesto en marcha es la incorporación de textos y libros de autores africanos o afrodescendientes en sus clases en la Universidad pública de Dakar. “La universidad es para mí altamente política”, revela y por ello, empezó a buscar materiales de autores contemporáneos, que hablen, por ejemplo, de las migraciones, pero desde sus puntos de vista, desde sus saberes y que, además, pocas veces son escuchados en los “espacios dominantes”. “Siempre en clave decolonial para desmontar los mitos y, también, los discursos erróneos que algunas veces se divulgan en los espacios públicos, en la televisión y en la narrativa dominante”, matiza. 

Sus clases hacen un recorrido literario por varias figuras y realidades diversas. Están presentes libros como Tierra de la luz, de Lucía Mbomio; La luna está en Douala, de Sani Ladan y otros de autores guineanos como Tomás Ávila Laurel o Francisco Zamora Loboch, que en su libro La república fantástica de Annobón refleja la etapa de la colonización española en Guinea Ecuatorial. La profesora destaca también No hay país para negros, del camerunés Oscar Kem, en el que habla de la dimensión global del racismo estructural antinegro a partir de la historia de Junior, el personaje principal. “El texto es un mecanismo de socialización para quienes aprenden en este contexto, como es la juventud africana. Yo creo que es importante que también se legitime su voz”, subraya. 

Para llegar a esta lucha, Angone pasó por un doctorado en la Universidad Complutense, donde descubrió que también podía especializarse en filología hispánica teniendo en cuenta su lugar de origen. Su tesis doctoral fue una comparativa entre la literatura francófona africana y la literatura cubanoamericana, en la que habla de las identidades transfronterizas y con la que comprendió que su estudio estaba ligado a su propia experiencia: mujer nacida en un país colonizado en el que seguía teniendo un gran peso la lengua occidental y el imaginario colonial. “Comprendí que hay una relación directa entre la sociedad y la academia, y no puedo seguir estudiando otros corpus de otros espacios sin poner en perspectiva mi contexto personal y político”, apunta. 

También ha ido reforzando esta lucha su condición de madre. Su hija es de padre español blanco y de madre africana universitaria y reconoce que empezó a dar contenidos en literatura afrodescendiente española contemporánea porque hasta entonces no veía a su hija reflejada en los textos. “Si quiero transmitir el concepto de justicia epistémica en la academia debería empezar por mi hija, haciéndole justicia a ella”, enfatiza. Reconoce que no puede considerarse únicamente como una docente sino también como una madre universitaria que “politiza su existencia”. “Históricamente soy consciente de que cuerpos como el mío no iban a las academias para ofrecer contenido y tener la legitimidad hablar en nombre de un todo. Por eso digo que no soy solo universitaria, sino que soy madre y universitaria como sujeto político en la academia”, reivindica.

Los mensajes contra las personas migrantes llevan años marcando la agenda política y pública. Desde líderes de partidos políticos, hasta influencers y personas anónimas de la sociedad han recurrido a la utilización de la población migrante para ganar votos y expandir su posicionamiento ideológico.

Aquí se repasan los bulos más repetidos que afectan a las personas migrantes y racializadas de España y cuál es la realidad. 

“Viven de las pagas”

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con los del Ministerio de Trabajo recuerdan que la población migrante en España es clave en el mercado de trabajo. En nuestro país, según el INE, residen casi siete millones de extranjeros. De la población activa extranjera, es decir mayores de 16 años y que trabajan o buscan trabajo, el 83,5% está ocupada, según el Ministerio de Trabajo. En cifras, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de tres millones están afiliados a la Seguridad Social. Su trabajo es especialmente relevante en hostelería, agricultura, construcción, actividades administrativas y transporte. Además, casi la mitad del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social son mujeres. La marroquí es la nacionalidad extranjera con más trabajadores, seguida de personas de Rumanía y Colombia. Estas serían las personas migrantes que trabajan de manera legal. 

Pero en nuestro país residen personas de origen extranjero que viven sin papeles, por lo tanto, sin acceso a derechos básicos. Según el centro de análisis Funcas, a principios de 2023 en España había casi 700.000 personas residiendo en estas condiciones. Quitando a los menores, muchos de estos migrantes trabajan en la economía sumergida, de los cuales es complicado tener datos debido a su actividad irregular. Estas personas ejercen sin contrato, sin seguro de trabajo, expuestos a condiciones laborales extremas y con el riesgo de sufrir abusos de diversa índole por parte de sus empleadores. Entre los sectores donde se tira más de mano de obra extranjera sin regularizar están el empleo doméstico, los invernaderos o la construcción. 

Estas personas, aun sin contrato laboral, sobreviven gracias a la remuneración que perciben por su trabajo y no gracias a ayudas públicas, ya que sin papeles no hay acceso a prestaciones sociales. En esta línea, una de las últimas afirmaciones lanzadas contra las personas migrantes gira en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a su supuesto acceso por parte de migrantes que no están en situación administrativa regular. Uno de los requisitos obligatorios para comenzar el trámite del IMV es que el solicitante tenga residencia legal en España. Otras prestaciones sociales como los subsidios por desempleo o el permiso por maternidad también exigen estar en posesión de la tarjeta de residencia.

“Les regalamos la nacionalidad española”

La cuestión relativa a la documentación, ya sea la nacionalidad española o el permiso de residencia, también es tendencia. La obtención de la nacionalidad española por residencia tiene varias modalidades. Las personas de países de Iberoamérica o Filipinas pueden solicitar el pasaporte español después de dos años de residencia legal en nuestro país. Si el extranjero procede de algún país de África o de Oriente Medio debe haber residido en nuestro país durante mínimo diez años de manera legal. Además, los solicitantes deben pasar por dos pruebas realizadas por el Instituto Cervantes, una de español A2 (salvo para los procedentes de Hispanoamérica) y otra de conocimientos sobre la Constitución y sobre la realidad social y cultural de España. En cualquier caso, en España hay personas que han nacido en este territorio o llevan residiendo 20 años y no tienen aún DNI español. 

Hace unas semanas, durante la presentación del plan migratorio del Partido Popular (PP), su líder, Alberto Núñez Feijóo, incidió en que la solicitud de residencia por arraigo “no puede seguir siendo una vía masiva”. El trámite para la regularización de una persona que ha pasado mínimo dos años residiendo en nuestro país de manera ilegal (solicitud por arraigo), requiere de diversa documentación con la que demostrar tanto su vínculo social como laboral con España. Entre otros documentos, se requiere de certificado de empadronamiento, informe de integración social expedido por servicios sociales de la comunidad autónoma o ayuntamiento, antecedentes penales del país de origen, pasaporte y oferta de trabajo con una jornada semanal de mínimo 20 horas. Hay migrantes que pueden esperar hasta 6 meses para saber si su solicitud está aprobada o no. Sin embargo, quienes sí han tenido facilidades para obtener su regularización en España fueron los millonarios, que con una inversión en nuestro país superior a 500.000 euros, obtenían automáticamente la tarjeta de residencia. Es la conocida como golden visa y fue suprimida el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

“Les regalan las casas”

Oumar (nombre ficticio) es un joven de Senegal que reside en Bilbao. Relata a este medio que cuando está en búsqueda de piso y las conversaciones se mantienen por Whatsapp todo funciona con normalidad. Desde que acude en persona a ver el inmueble, surgen los problemas. “Cuando he ido a la cita puesta por el propietario y me ha visto, me ha dicho directamente en la puerta de la casa que al final no va a alquilar el piso”. Oumar tiene un contrato de trabajo indefinido con un salario alto y tarjeta de residencia. Su caso no es el único. Se conoce como racismo inmobiliario y dificulta a las personas negras, musulmanas, latinas y gitanas el acceso a una vivienda, hayan migrado o nacido en España.

La Asociación Provivienda, en un informe financiado por el Ministerio de Inclusión, determinó en 2024 que prácticamente el 99% de las inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias contra personas extranjeras sugeridas por los propietarios. El mismo documento señala que no hay negociación alguna “cuando se trata de excluir a personas extranjeras de países de África, Asia y América Latina”. 

“Son unos delincuentes”

Cuando se lanza la afirmación de que los extranjeros cometen más delitos que los españoles, realmente lo que se quiere expresar es que son las personas africanas las que copan estas estadísticas, aunque no sea así. Según los datos de población del INE, en nuestro país residían 1.217.706 personas de África en 2022. También según datos del instituto de estadística, 36.289 personas procedentes de algún país africano cometieron algún delito en España ese mismo año. Se trata de 2,98% si presuponemos que todos los que delinquieron residen en nuestro país, ya que los datos sobre delincuencia aportados por el INE también incluyen a los que no residen en España pero cometieron un delito en una visita puntual.  

“Los jóvenes y menores son unos delincuentes”

Relacionado con lo anterior y de manera más específica, también sobrevuela la afirmación de que los migrantes más jóvenes, incluso los menores de edad, se dedican a actividades delictivas. El Ministerio de Inclusión matizó que a 30 de junio de 2025, el 62% de las personas menores y jóvenes extuteladas, de 16 a 23 años, con autorización de residencia en vigor, estaban afiliadas a la Seguridad Social. Entre las personas de 18 a 23 años ese porcentaje es del 71% y entre las de 16 y 17 años es del 15%. Pero además, muchos de ellos estudian y trabajan al mismo tiempo: cursan formaciones profesionales, cursos de idiomas o se están sacando el carnet de conducir. 

“Si el migrante delinque, debe ser expulsado”

El Código Penal ya establece en su artículo 89 que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. En 2024 se expulsaron más de ocho personas de media al día tras ser condenados. La nacionalidad con más expulsados a su país de origen en 2023 fue la albanesa, según datos de la Fiscalía. 

“Si el Gobierno le da ayudas es para que los voten”

Los migrantes sin papeles y los que tienen permiso de residencia, incluso de larga duración, no pueden votar en las elecciones generales. Son los españoles mayores de edad los que tienen derecho a sufragio para elegir a los miembros del Congreso y el Senado, según establece la Junta Electoral Central. Solo en los comicios municipales, pueden hacerlo aquellos nacionales de una serie de países como Bolivia, Cabo Verde, Corea o Islandia. Para ejercer este derecho primero deben haber residido en España mínimo cinco años de manera legal antes de la celebración de las elecciones y solicitar una inscripción en el censo electoral. 

“Colapsan nuestro sistema de salud”

Los extranjeros utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, salvo urgencias, de acuerdo con informaciones del Ministerio de Inclusión. No solamente no consumen más que los nacionales este tipo de recursos, sino que muchas personas de origen migrante tienen dificultades para acceder al derecho a la salud por las distintas barreras a las que se tienen que enfrentar, como la discriminación administrativa o los obstàculos culturales o idiomáticos, tal y como ha alertado Médicos del Mundo. De hecho, para algunos expertos, el racismo ya se contempla como un problema de salud pública, que provoca mayor morbilidad y mortalidad prematura en los grupos racializados. La fundación FUNDEC va más allá y señala que gran parte de los problemas de salud de los migrantes derivan de la política migratoria, como la Ley de Extranjería (una persona en situación administrativa irregular durante años puede encontrar dificultades para tener médico de cabecera asignado, por ejemplo) o la política de externalización de fronteras (un migrante de África que que se ve obligado a atravesar el continente antes de llegar a Europa puede sufrir desde torturas hasta padecer enfermedades que no son tratadas y arrastran hasta llegar a España). 

Cómo los sesgos y los estereotipos refuerzan los bulos

“Creemos que sabemos mucho de una persona y sobre cómo se comporta solo por el hecho de saber un dato, como, por ejemplo, que es migrante o que viene de un lugar determinado”, revela Naira Delgado, profesora de Psicología Social de la Universidad de La Laguna (ULL). Para la psicóloga, la predisposición a creer en bulos se basa en el funcionamiento de nuestro cerebro, ya que las personas, ante toda la información disponible, se queda con aquella que confirma sus creencias previas, aunque estas no estén verificadas o contrastadas científicamente. “Es un pensamiento circular que se produce y está relacionado con lo que conocemos en psicología como el sesgo de confirmación”, matiza. A través de los sesgos, detalla, la persona toma un “atajo de pensamiento” para llegar a una conclusión, en detrimento de pararse a pensar o reflexionar sobre la persona en concreto. “Esto nos lleva a tomar conclusiones y decisiones injustas”, destaca. 

También está la cuestión política y cómo los líderes de los diferentes grupos han hecho de esta cuestión su caballo de batalla. Para el Doctor en Economía e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Alessandro Indelicato, una parte de responsabilidad la tiene a la clase política, la cual polariza cada vez más el fenómeno migratorio: “Hay un contraste muy fuerte entre una parte de la política que dice que hay que dejar entrar pero después no da una respuesta clara de cómo organizar la entrada y gestionar la convivencia y otra parte que dice que vienen aquí con machete”.  

“Creo que el principal problema de la migración en España y en Europa es la gestión”, mantiene Indelicato. A su juicio, “la culpa” es de las instituciones que no han desarrollado políticas “eficientes”, ya que considera que si las personas migrantes pudieran trabajar de manera reglamentada desde que llegan, muchas de las percepciones negativas sobre los migrantes no se pensarían. 

Para Delgado, estas percepciones negativas son los estereotipos que se han formado en el cerebro, y que son “construcciones sociales, criterios arbitrarios” que hacen “más cómodo” organizar la diversidad del mundo social. Sin embargo, la especialista subraya que las personas tienen una pluralidad de comportamientos y que las personas no son iguales: “Cualquier afirmación que vaya en la línea de que todos los miembros de este grupo son iguales, es de origen falso, no puede ser real”, incide. En cualquier caso, sostiene que el racismo es lo que va estar siempre detrás de este comportamiento, acompañado del etnocentrismo, la visión de que la cultura y valores de Europa son superiores, cuando estas personas “también tienen un acervo cultural, otro recorrido y otra riqueza”, enfatiza.

Solo faltaban cinco metros para que el cayuco tocara tierra firme en La Restinga, El Hierro. La embarcación, con 150 personas a bordo, intentó colocarse junto a la Salvamar. En mitad de la maniobra, la barcaza volcó. El momento fue capturado por las cámaras de televisión y las imágenes de la tragedia dieron la vuelta al país ese 28 de mayo. Siete personas murieron: cuatro niñas y tres mujeres. Los migrantes habían salido diez días antes desde Guinea Conakry, a más de 2.000 kilómetros de distancia del Archipiélago. Las salidas desde este país han añadido una nueva ruta hacia Canarias y los guineanos se han convertido este año en la tercera nacionalidad más frecuente entre quienes cruzan el Atlántico.

''Aquí nada ha cambiado, es la dirección la que cambia'', explica Elhadji Mohamed, coordinador de la Organización guineana por la lucha contra la migración irregular. Los últimos datos publicados por Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, concluyen que la mayoría de personas que sobrevivieron a la ruta canaria entre enero y agosto de 2025 son los nacionales de Mali (5.059), Senegal (2.833) y Guinea (1.284). La situación política, la búsqueda de un futuro mejor y el refuerzo de los controles en otros puntos de salida explican la mayor presencia de guineanos entre las embarcaciones que llegan a las islas, así como las salidas que se han contabilizado desde el país. 

En el mismo periodo de 2024, cuando el número de llegadas era un 52,6% mayor, el número de guineanos que sobrevivieron al Atlántico (1.666) estaba por debajo de la cifra de malienses (10.727), senegaleses (6.851), marroquíes (2.150) y mauritanos (2.024). Ya en junio de 2025, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, afirmó que las salidas de migrantes se habían desplazado hacia Guinea Conakry y Argelia, suponiendo un mayor riesgo para las personas que intentan llegar a Europa. En las embarcaciones que han salido de Guinea en 2025 no hay solamente nacionales de este país. También viajan jóvenes de Senegal o Gambia. 

''Estamos hablando de diez días de navegación, por lo que el riesgo es mucho mayor para la vida de las personas que intentan acercarse a Canarias, al tratar de alejarse de la costa demasiado para evitar que les detecten'', explicó Pestana, quien recordó que los cayucos pueden perderse en el Atlántico y llegar al Caribe o a Brasil, como ya ha ocurrido.

Para Elhadji Mohamed, el desplazamiento hacia el sur de la ruta que conecta el continente africano con las Islas Canarias responde a la política de cierre de fronteras de la Unión Europea (UE), ya que las salidas desde Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal se han complicado. “Es como si llenas algo con mucha agua y cierras. El agua seguirá saliendo y terminará explotando”, ejemplifica.

En el caso de Mauritania, una investigación reciente elaborada por la organización Human Rights Watch (HRW) destapó el lado oscuro del control fronterizo que trata de frenar las salidas desde este país hacia Canarias y que explica por qué las llegadas de migrantes a las islas han caído en más de un 60% este año. El exhaustivo informe documenta extorsiones, arrestos masivos, detenciones durante días y semanas sin agua ni comida, expulsiones colectivas, palizas y torturas. Los mauritanos negros son quienes sufren con más fuerza este tipo de violencia y discriminación ejercida por parte de mauritanos de piel más clara, que son mayoría entre las fuerzas de seguridad.

''Si el océano Atlántico de Senegal permite llegar, los que están en Guinea dirán, ¿por qué no intentarlo desde nuestro país? Esto pasará más a menudo, porque si las otras zonas están cerradas, otras necesariamente se van a abrir'', cuenta Mohamed. Sin embargo, intentarlo desde Guinea Conakry implica elevar el riesgo a la máxima potencia. La mayor parte de las embarcaciones que lo han intentado han salido desde el puerto de Kamsar, en la región de Boké, una zona más cercana a Guinea Bissau que a Conakry, la capital del país. Desde este puerto al de La Restinga hay más de 2.200 kilómetros. 

Mohamed explica que se trata de la región pesquera del país, donde sus trabajadores tienen un gran conocimiento del mar, y que al estar alejada de la principal ciudad del país, está menos controlada. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, puesto que el experto cuenta que ya en 2024 se produjeron varias salidas, es en 2025 cuando esta ruta se ha materializado con la llegada de tres embarcaciones, a las que se suman dos que vieron interrumpido su trayecto, una en Senegal y otra en Mauritania. 

El primer cayuco que alcanzó El Hierro lo hizo en abril. El segundo arribó a las costas canarias en mayo y terminó en tragedia. La última barcaza que salió desde Guinea y que llegó al Archipiélago fue rescatada el 16 de octubre con 28 personas a bordo. Fue localizada a 13 kilómetros de la costa y llamó la atención de las autoridades porque iba “sobrada de espacio” con comida y combustible para trasladar a más de 200 personas. Fuentes policiales indicaron a la Agencia Efe que sospechan que los migrantes fueron sorprendidos por las autoridades de su país cuando iban a salir hacia Canarias y que estos emprendieron el viaje sin completar el embarque.

''Poco importa si mueres o vives''

De la región de Boké proceden algunos de los jóvenes guineanos que se adentran en la ruta canaria desde sus costas. Hay varios motivos que subyacen a la decisión de partida. Por un lado está la cuestión política. Una junta militar gobierna el país desde el año 2021 y las manifestaciones son constantes: ''No hay manifestación donde no haya algún muerto. Esto también hace que la gente migre'', detalla Mohamed. Por otra parte está el factor económico, en un país con un 60% de desempleo juvenil, según las cifras publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

''Imagina un gran país con una mayoría de población joven, un 72%, que no tiene oportunidades de empleo. El salario medio es de 55 euros y el alquiler de una vivienda es de 600 euros. ¿Cómo podemos pensar que la gente puede vivir con esto?'', se lamenta. También cuentan las proyecciones que se tienen antes de partir. Los jóvenes piensan que si comienzan a trabajar y envían a sus casas 100 o 200 euros, esa cifra se convierte en unos 5 millones de francos, una cantidad que supone mucho dinero en Guinea. O que si consiguen ahorrar 15.000 euros pueden construir una casa en su país. 

Ese anhelo por tener una vida mejor no tiene frenos. ''Los jóvenes son todos conscientes de que la ruta es peligrosa. Pero cuando tú hablas de esto, ellos dicen que poco importa si mueres o vives, porque ya aquí sobrevives'', afirma. La organización que Mohamed coordina trabaja en la sensibilización sobre los riesgos de la migración y recuerda que hay familias que no han vuelto a ver a sus seres queridos que partieron en embarcaciones de las que se perdió su rastro. ''El océano Atlántico es muy peligroso, es una cuestión de vida o muerte, y si ellos salen y mueren, dejan a sus familias con dificultades. Aquí hay familias que viven con miedo y angustia'', destaca.

Lejos de las imágenes de los cayucos que llegan a las costas canarias y de los migrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla, hay otra realidad migrante africana. Las movilidades humanas dentro del continente supusieron 16 millones de desplazamientos en 2022, según la Organización Mundial de las Migraciones, mientras que ese año llegaron a las fronteras del sur de Europa cerca de 133.000 personas procedentes de África, de acuerdo con datos de Frontex. Una de las rutas con mayor dinamismo dentro del continente africano es la que une Rosso (Senegal), Nuakchot (Mauritania) y Casablanca (Marruecos), cuya historia de intercambios comerciales comenzó hace siglos y donde hoy miles de migrantes subsaharianos contribuyen a su crecimiento económico sin ninguna pretensión de lanzarse al mar. 

“Hay muchas personas que prefieren mil veces instalarse en Mauritania y Marruecos y no arriesgarse a atravesar el mar para llegar a Canarias”, sostiene el socioantropólogo senegalés Baye Masse Mbaye, autor del libro Socioantropología de la inmigración subsahariana. Entre 2021 y 2023, el investigador y profesor de Sociología de la Universidad de Saint Louis (Senegal) se camufló entre los trabajadores subsaharianos que trabajan entre estos tres polos, donde constató que esta ruta no es únicamente un desierto caluroso y seco, sino que también es un corredor lleno de vida. “Es un desierto rico donde sus trabajadores han construido infraestructura. Son albañiles o personal de carga en los puertos y en los mercados. Verdaderamente la mano de obra subsahariana hace maravillas”, subraya. Su trabajo, que ha obtenido el Premio de Ensayo de Casa África en 2024, sirve también para ampliar el foco y dejar de reducir las migraciones africanas al sueño europeo. “Los países africanos que son atravesados por este corredor constituyen un verdadero destino del sur. No son necesariamente países de tránsito. Y no todos los migrantes quieren necesariamente venir a vivir en Europa”, revela. 

Para el sociólogo, estos migrantes están construyendo África. Se mueven no solo entre las tres principales localidades del corredor, sino también por los puntos de tránsito como Guerguerat, Nuadibú, Dajla y Agadir. El investigador desgrana que la cercanía a sus lugares de origen es un factor con mucho peso a la hora de migrar dentro del continente, ya que saben que pueden regresar en cualquier momento para ver a sus familias y en cada festividad religiosa. Si vive en Europa, el migrante debe pensar en el papeleo indispensable para moverse, como la tarjeta de residencia y añadir el coste del billete de avión. Además, el profesor agrega que cuando ya están bien instalados traen a sus familias. “Ellos viven el dorado africano. Quería mostrar que hay migrantes que triunfan en África, que son ricos en África, que traen a su familia y que cuidan a sus padres en la distancia”, matiza. 

La mayoría de las personas que han migrado a lo largo de este corredor ya tenían un oficio en sus países de origen. Eran albañiles, profesionales de la mecánica, pintores, diseñadores o pescadores. Uno de los perfiles profesionales más destacados es el de los transportistas, que llevan en sus grandes camiones minerales, como los fosfatos a lo largo de carreteras invadidas por las arenas del desierto. Los migrantes del corredor son de Senegal, Mali, Níger, Costa de Marfil y Guinea y tienen entre 15 y 35 años. Que los migrantes subsaharianos presentes en esta ruta pertenezcan a esta franja de edad desmonta el mito de que todos los jóvenes africanos quieren venir a Europa. Además, tal y como apunta el profesor, pudo preguntarles qué harían en el caso de que tuvieran una visa para venir a Europa: “Si la embajada de España les ofreciera una visa, ¿se irían a trabajar? Y me dijeron que partirían pero para regresar. Sería solo para diversificar el comercio y encontrar otros mercados, pero no para recomenzar de cero en España, ni rehacer su vida, ni los papeles”, cuenta. 

“Hay que hacer hablar a las cifras”

El trabajo de Masse se inscribe en el campo de la sociología decolonial. Para realizar esta investigación quiso alejarse del enfoque clásico de las estadísticas en los estudios sobre el fenómeno migratorio entre África y Europa: “Para mí las estadísticas son las cifras, pero hay que hacer hablar a las cifras”. Para ello, se vistió como los trabajadores de esta ruta y se adentró en el terreno para hacer una “observación participante”, gracias a la cual pudo obtener la información necesaria de manera directa, bruta y sin filtros.“Es la etnografía multisituada, que ya ha sido hecha por muchos investigadores, que se plantea de manera discreta, a largo plazo y que incluye tomar fotos, mantener conversaciones, observar las escenas”, apunta.

Entre conversaciones y comidas pudo descubrir, por ejemplo, la figura del migrante de reemplazo. Se trata de aquel joven que ha llegado a Casablanca y Nuakchot con el objetivo de sustituir a un trabajador familiar o amigo que ha sufrido algún percance de salud. “Quise mostrar que el migrante, cuando está herido, no piensa: ay, me voy a ir a Europa, que allí hay mejor sistema sanitario, sino que prefiere hacer venir a un vecino o a su hermano pequeño para que ocupe su puesto y reciba un salario. Es la solidaridad entre migrantes”, incide.

Fronteras actuales africanas y la colonización

La historia de la circulación dentro del corredor no es nueva. Masse explica que ya en el siglo VIII los camellos transportaban piezas de valor, joyas, libros en árabe, sal y goma árabe hasta Rosso, en la frontera entre Mauritania y Senegal, para realizar intercambios por esclavos negros. En esta zona siempre hubo intercambios y migraciones sin fronteras. Sin embargo, la llegada de la colonización sacudió la zona y la transformó sin tener en cuenta a sus poblaciones. Francia se hizo con el control de Marruecos, Mauritania y Senegal y definió sus fronteras. Esta delimitación se hizo sobre los mapas, pero en el día a día de las personas africanas la situación es otra. “En la psicología de las personas de esta zona y de los migrantes no hay fronteras; la frontera es para el estado, para los militares. La historia, las relaciones, los conocimientos, la religión es lo que nos une y eso es más fuerte que la jurisdicción del estado o el arsenal de control. Por eso hasta hoy la política estatal ha fracasado ante la realidad social y cultural de esta zona”, enfatiza. 

Este trabajo transfronterizo también le ha permitido sacar conclusiones sobre el funcionamiento de los límites geográficos y políticos: “Cuanto más cerrada es una frontera, más creativa es la gente para encontrar soluciones para pasar”. Masse apunta que, aunque a priori se puede pensar que una frontera cerrada puede desmotivar a una persona, él ha comprobado todo lo contrario: “Cuanto más musculosa, más dura y haya más tasas para pasar, la gente va a encontrar más alternativas. Esto quiere decir que no se puede hacer nada contra la voluntad del hombre; cuando él quiere vivir no se puede limitar. Y eso es algo humano, no algo africano”, destaca.

La descolonización de los museos en todo el mundo es un proceso imparable. Desde hace años, académicos y países que sufrieron la violencia colonial han reivindicado una lectura de los museos más acorde con la realidad y, en algunos casos, la restitución de su patrimonio cultural ubicado en museos —y sus almacenes— de Europa o Estados Unidos. También España, siguiendo esta línea, quiso sumarse a la ola de la descolonización museística y el año pasado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, llamó a “hacer revisiones de las colecciones para superar el marco colonial”. En el caso de Canarias, esta práctica muestra una serie de particularidades que guardan relación con su propio proceso histórico.

La descolonización de los museos no es tarea sencilla. Una de las medidas de mayor impacto es la restitución de piezas obtenidas mediante el expolio durante la colonización, ante la cual muchos expertos muestran sus dudas, ya que resulta complicado trazar cómo se apoderaron de ellas y a quién hay que devolverlas hoy. 

También incluye la contextualización de los objetos, explicar su procedencia, su uso en su cultura de origen y cómo llegó hasta las vitrinas de un museo. En Canarias, con la retirada y reclamación de la momia de Erques, ya almacenada en el Museo Arqueológico Nacional, se intensificó el debate sobre la restitución y futuros usos de los restos humanos de los antiguos canarios. Pero al mismo tiempo, museos como el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) custodian materiales arqueológicos, procedentes del Sáhara Occidental, que fueron donados por José Héctor Vázquez, el que fue el primer gobernador de este territorio durante la colonización española.

Para Roberto Gil, sociólogo y doctor en Filosofía, Cultura y Sociedad por la Universidad de La Laguna (ULL), esta descolonización se hace necesaria, ya que en numerosos museos “aún se exhiben de manera acrítica bienes y restos humanos obtenidos del saqueo, el despojo y la violencia colonial”, frente a lo cual se pide su restitución y el “fin de la exposición pública de cuerpos indígenas”, detalla. 

En esta línea, la doctora en Filosofía por la ULL Larisa Pérez Flores considera que, aunque se trate de una realidad que afecta a todos los museos, en las Islas, “de una manera específica, también se vuelve urgente”. Para la filósofa, la particularidad tiene que ver con la propia conquista, la cual ha hecho que las Islas tengan “una relación histórica con la expansión colonial directa”. “Canarias es un territorio que hace cinco siglos empieza a tener una interacción bastante violenta con otra manera de organizar la sociedad y de producir conocimiento y eso va a ir instalándose a lo largo de los siglos y va a producir una visión de nuestro propio territorio”, subraya. Esta manera diferente de entender el mundo, para ella se materializa en que los contenidos de los museos de historia o arqueología canarios tienen que ver con la manera en la que “otras personas” han mirado a las Islas. “Esas categorías están creadas desde unos marcos concretos, con unos intereses concretos, que quizá no son los que le corresponden a nuestro territorio”, puntualiza. 

“La identidad colonial de Canarias es un poco ser el colono y ser el colonizado”, revela el doctor en Artes y Humanidades de la ULL José Otero. Del mismo modo, la titular de Estudios Culturales de la Universidad Paris 8 Claire Laguian, que ha investigado sobre la invisibilización de la esclavitud en los museos canarios, mantiene que la posición de las Islas es muy compleja en el sistema mundial: “Canarias está entre tensiones socioculturales y geopolíticas opuestas: entre el continente africano, Europa, América Latina y el Caribe y dentro del Estado español”. 

Pérez explica que “la doble colonialidad en Canarias es muy evidente”, ya que se trata de un espacio geográfico que recrea colonialidad sobre otros territorios africanos, y al mismo tiempo, las islas son vistas como “algo exótico de donde extraer cosas sin permiso”. Por todo ello, la descolonización de los museos en las Islas podría indicar que debería seguir su propio camino: “Estamos empezando a plantear las cosas y es verdad que hacerlo siguiendo fórmulas que no son las que nos pide el contexto puede ser peligroso”, sostiene Otero. 

¿Cómo se descoloniza un museo en Canarias? Para Gil, el primer paso sería identificar “cómo el racismo se ha infiltrado en los museos”. A partir de ahí, se podrían revisar las perspectivas que han modulado los discursos sobre la historia de Canarias: “La que niega la violencia de la colonización cuando la representa como un proceso idílico de mestizaje, la que aún sigue diferenciando a la población indígena por tipos raciales, la que todavía proyecta estereotipos sexistas que invisibilizan a las mujeres nativas y su importancia para el orden social; la que sobredimensiona determinados rasgos de la cultura precolonial, como sus lesiones y enfermedades, pero apenas atiende a otros, como sus formas de producir conocimiento y la exhibición de los cuerpos de estos últimos como si fueran simples curiosidades científicas”, resalta. 

Para Laguian, también es importante preguntarse qué es lo que se enseña y qué no se enseña y añade que se debería dar al público la oportunidad de conocer la historia colonial tal y como ocurrió. Según Pérez, la construcción de un museo descolonizado deber ser fruto del diálogo social en el que participen los diferentes agentes sociales: “No puede ser una entidad que esté de alguna manera copada solo por un grupo de expertos que pertenecen a la comunidad científica o académica y tomar las decisiones acerca de eso”, reivindica. 

En cualquier caso, la filósofa también incide en que se trata de una tarea compleja, puesto que ya los orígenes del museo son problemáticos, debido a que la institución “nació como algo vinculado con el poder, con ciertas élites que tenían capacidad para acumular bienes”. Además, matiza que estos objetos eran arrancados de sus contextos para ser colocados en otros espacios: “Esa cosa pierde su uso que tenía en aquel contexto y acaba resignificada en otro para que la observen determinadas personas. Y cuando tú observas el objeto se pierden muchas cosas. Incluso se puede perder la dignidad. Por ejemplo, enterrar una persona puede ser una manera de preservar una dignidad y exponerla puede ser una manera de perderla”.

Museos en Canarias, en proceso de reflexión

Uno de los espacios museísticos que está en proceso de revisión es la Casa de Colón, en Gran Canaria, un lugar que recrea el viaje del navegante a América y que desembocó en la que se considera la primera globalización de la historia. Para su directora, Carmen Gloria Rodríguez, es “necesario cambiar las narrativas”, para ir dejando atrás esa “mirada eurocéntrica”. Recuerda que en el recorrido que realiza un visitante cuando llega a la casa museo, el cual empieza por el camarote del almirante y por los cuadros de los Reyes Católicos, no se nombra, por ejemplo, a un taíno (la población originaria que se encontraba en la primera isla del Caribe que abordó la expedición de Colón). “No se descubre un mundo, se descubre una ruta para navegar; no se descubre un territorio, ese territorio estaba. A partir de ese momento, el mundo no volverá a ser lo mismo. Es esa primera globalización que lo va a cambiar todo”, remarca. 

El museo ha comenzado contactos con otras instituciones, como el Museo de América, para trabajar en la cesión de piezas con las que articular ese cambio de discurso o ha celebrado el foro de debate ‘Diálogos. De museos y ontologías’ con la intención de reflexionar sobre las nuevas miradas sugeridas alrededor de la descolonización.

El Museo Canario, situado en Las Palmas de Gran Canaria, es otro de los espacios que reconoce la imparable ola de la descolonización de los museos. “Es necesario que todos los museos afronten una reflexión de cómo configuraron sus colecciones, el origen de esas piezas y sobre la participación de las comunidades de los lugares de origen de esas piezas”, sostiene su director, Daniel Pérez Estévez. En esta línea, señala que tanto en la gestión, como en las actividades y en el enfoque buscan una revisión de sus discursos a los que se implementa, además, la cuestión de género para “darle un papel prioritario a la mujer indígena como protagonista de su tiempo”. 

La sala más fotografiada de este museo es donde se exponen los cráneos y momias de antiguos canarios y sobre la cual hay un debate sobre su pertinencia. “En el caso del Museo Canario hay una particularidad diferencial y es que si bien en los museos de los países coloniales se trataba a los indígenas como un objeto exótico de estudio, en este caso, los propios fundadores pusieron a la población indígena canaria en el centro como sujetos protagonistas”, puntualiza. 

Este periódico se puso en contacto en varias ocasiones con el Cabildo de Tenerife para incluir la postura del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) sobre la descolonización museística y no recibió respuesta. 

Un debate público y a largo plazo

La exposición de restos humanos de los antiguos canarios es uno de los temas más controvertidos en la generación de nuevas narrativas decoloniales. Otero, quien ha realizado una investigación sobre la sala de los cráneos del Museo Canario, anima a la apertura de un debate público y a largo plazo sobre esta cuestión: “Por un lado, en el Museo Canario tenemos esta rareza museológica, sobre esta forma de exponer restos humanos de gente que fue asesinada, de lo que fue un etnocidio en Canarias. Por otro, intento ahondar en algún tipo de solución que no sea un copia y pega de lo que se ha hecho en otro tipo de situaciones coloniales”. En principio no es partidario de un desmantelamiento del museo, sino que propone que este espacio sea un “un museo que se investigue a sí mismo, que investigue sus raíces fundacionales”. 

Por su parte, Pérez Estévez defiende que esta sala es como “un museo dentro de un museo”, que se encuentra conservada como en el momento de su fundación con el objetivo de comprender cómo era la antropología en aquel momento: “Es una sala que invita a la reflexión al público que la visita, tanto sobre la población aborigen como de la historia de la ciencia en sí misma”, destaca.

Los museos canarios, enmarcados en la narrativa colonial, han podido dejar atrás ciertos episodios relevantes en la historia de Canarias. Uno de ellos es el comercio y la explotación de personas africanas para convertirlas en esclavas. Laguian realizó una investigación sobre la invisibilidad de esta temática en 49 museos de Canarias en 2020 y 2021. La investigadora concluyó que ninguno de ellos tenía una sala dedicada a este período esclavista y que solo en tres de ellos se hacía una ligera mención, a veces con eufemismos. 

Recuerda que en el siglo XVI, el 25% de la población de La Laguna era negra: “Sería importante transmitir esta historia, porque la población canaria es el resultado de un mestizaje, pero un mestizaje que no siempre fue fruto de alianzas de amor, sino más bien de relaciones de poder. Uno de los obstáculos hoy en día es que, descubrirse como africanos o descendientes de personas subsaharianas les puede resultar incómodo a muchas personas, por la colonialidad impensada o interiorizada, y esto se ve también en las narrativas de los museos”, remarca. 

Laguian recurre a alguno de los retablos de Flandes que se exponen en Canarias para ejemplificar cómo se podría construir una narrativa decolonial en los museos contando el peso que tuvo la esclavitud en la construcción del territorio y de la identidad canaria: “Si se cuenta que ese cuadro llegó a las Islas gracias al mecenazgo de los comerciantes de caña de azúcar, se podría añadir que unas familias de las Islas se enriquecieron con este sector, lo que implicaba en la mayoría de los casos, tener esclavos moriscos y/o subsaharianos”, incide. 

“Estamos evitando temas porque nos resultan incómodos o no sabemos cómo tratarlos”, sintetiza Laguian. A su juicio, la ocultación de la esclavitud guarda relación con la colonialidad: “Las jerarquías interiorizadas que el pensamiento occidental ha producido hacen que nos cueste ver hasta dónde llega la violencia que hay dentro de la colonialidad”. En este sentido, considera que el camino es superar el marco de la culpabilidad, la cual no permite avanzar: “Se trata de afrontar el pasado para poder entender de dónde venimos y a dónde vamos”, concluye. 

Varias ciudades marroquíes han vivido estos días una serie de protestas por parte de la población para reivindicar mejoras en la sanidad y la educación. Estas manifestaciones han estado protagonizadas por jóvenes, movilizados a través de las redes sociales y bajo el nombre de GenZ212 (generación Z por el grupo de edad al que pertenecen y 212 por el prefijo telefónico de Marruecos). Las fuerzas policiales marroquíes desplegaron fuertes dispositivos en algunas ciudades como Rabat y detuvieron a varios participantes, según ha informado la agencia EFE.

En Tánger, Rabat, Oujda o Casablanca cientos de jóvenes han salido a las calles para pedir un cambio en las condiciones de vida. Omar Naji, integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), desgrana a este periódico que las principales reivindicaciones se centran en el sistema sanitario y educativo y en la disparidad social: “Muchos marroquíes no son bien tratados en los hospitales públicos, donde hay una privatización general”, cuenta. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país contaba en 2022 con una media de casi 8 médicos por 10.000 habitantes, cuando la media mundial se sitúa en 17,2 (España, por ejemplo tiene 43 médicos cada 10.000 habitantes). Naji nombra también la educación, “que es catastrófica, también con la privatización en el sector”. Y por último, los manifestantes hacen referencia a “la disparidad social que existe entre el pobre y el rico y entre las regiones de Marruecos”, detalla. 

Varios hechos han ido acumulando el descontento de los jóvenes marroquíes hasta llegar a la explosión de rabia en las calles. Por una parte, el fallecimiento de ocho mujeres embarazadas en el hospital público de Agadir, el fallecimiento del padre uno de los líderes de las protestas que tuvieron lugar en 2016 en el norte de Marruecos mientras este cumple prisión y, por último, la construcción de los estadios que albergarán el Mundial de fútbol de 2030. Además, muchos jóvenes también denuncian la parálisis en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2023 en el norte del país. “La gente se cuestiona cómo Marruecos osa organizar el mundial cuando su población vive en la pobreza y la exclusión”, resalta Naji. Por ejemplo, el país está construyendo el que será el estadio de fútbol más grande del mundo, el Gran Estadio Hasán II de Casablanca con capacidad para 115.000 espectadores. 

“Es lo que algunos llaman el Marruecos de las dos velocidades”, resume Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter y miembro del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC). Conviven por un lado, el Marruecos de las grandes infraestructuras, de grandes obras públicas y de proyectos modernos y, por otro, el del “subdesarrollo persistente y la degradación de los servicios públicos básicos, especialmente en las zonas rurales”, amplía Fernández Molina. Coincide en esta línea el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Castilla La Mancha y presidente del CEARC, Miguel Hernando de Larramendi, quien detalla que los jóvenes ven que aunque el país ha llevado un proceso de modernización con la construcción de grandes obras, como el tren de alta velocidad o la ampliación del puerto de Casablanca, después, los servicios públicos se han ido deteriorando: “La generación Z se encuentra un poco al margen de una modernización por arriba, pero que no ha sido capaz de limitar las crecientes desigualdades que sufre el país”, subraya. 

Las disparidades socioeconómicas que sufre el país se agudizan en los entornos rurales. “Tú ves Casablanca o Tánger, que son ciudades bien equipadas, pero Marruecos es otra cosa”, matiza Naji. Estas desigualdades se remontan a la época colonial de los protectorados franceses y españoles, tal y como revela Fernández: “Marruecos es un país que desde la época colonial se ha dividido entre los que algunos llamaban el Marruecos útil y el Marruecos inútil. Se consideró que el Marruecos útil eran las grandes ciudades de la franja costera, como Rabat o Casablanca; en cambio, el interior, las zonas más montañosas, el Atlas, el Rif son zonas que están muy abandonadas y en las que parece que se va entrando en un país completamente diferente, en otra época y en otra realidad”, explica. 

Cuando migrar es la salida para muchos jóvenes marroquíes

Las movilizaciones que se han producido en los últimos días en Marruecos han sido lideradas por chicos y chicas jóvenes que se han organizado mediante las redes sociales, especialmente, por medio de Discord, una plataforma pensada para jugadores de videojuego, pero donde se pueden compartir mensajes de texto, audios e imágenes. Tal y como recuerda Hernando de Larramendi, se trata de la misma red que usaron los jóvenes en Nepal hace unas semanas para protestar contra el Gobierno. “En Discord, que es de los gamers, se crean como espacios autónomos donde se pueden debatir diferentes temas y que actúa muchas veces como espacio de coordinación”, apunta. También considera que se trata de un movimiento horizontal, con mensajes muy concretos y transversales “que pueden atraer a jóvenes y no jóvenes que compartan esa agenda”. 

Esta franja de población que usa las redes sociales para movilizarse es especialmente relevante en el país. Fernández destaca que cerca de 9 millones de marroquíes tienen entre 15 y 29 años y que una cuarta parte no estudian ni trabajan, y “no por voluntad propia, sino por falta de oportunidades estructurales”. Y esta situación puede generar con el tiempo el deseo de querer migrar, por lo que puede darse “una conexión clara entre las condiciones estructurales a las que responde este movimiento de protesta y las que motivan a una parte de los jóvenes marroquíes a la inmigración”, indica Fernández. Para Naji también las condiciones de vida terminan impulsado a muchos jóvenes a migrar. Resalta como factor determinante un sistema educativo “fallido”, donde los jóvenes no estudian o reciben una mala calidad en la enseñanza. La OCDE en 2024 publicó un informe que revelaba que “los estudiantes marroquíes de 15 años se encontraban entre los de menor rendimiento entre los países participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2018, muy por debajo del promedio de la OCDE y también de otros países de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA)”. “Mucha gente no puede ir al colegio y esa es la migración de menores no acompañados que vemos después”, señala el activista. Añade, que la deficiencia de los recursos sanitarios también los anima a salir del país hacia otros lugares donde puedan recibir prestaciones básicas: “Ellos ven como los hospitales europeos están bien equipados y los pacientes son bien tratados”. 

Muchos de los jóvenes marroquíes terminan cruzando a nado hasta Ceuta, saltando la valla del Melilla, cogiendo zódiacs hasta Andalucía o adentrándose en el Atlántico en la peligrosa ruta canaria. La población joven de este país representa un grueso importante entre los nacionales marroquíes que viven en España, de los cuales más 200.000, entre hombres y mujeres, tienen entre 20 y 34 años, según datos del INE. Ayoub (nombre ficticio) es uno de esos chicos que sirve como retrato de una juventud marroquí que no ve esperanzas en su país y decide buscar oportunidades fuera. Lo intentó con 20 años por el océano Atlántico y llegó en 2020 a Gran Canaria: “Comencé en Marruecos a trabajar con 14 años como mecánico cobrando muy poco. Después de cuatro años, trabajé dos años en un supermercado donde también cobraba muy poco. Además, solo descansaba medio día cada semana porque el tiempo que descansas no cobras. Había gente que no descansaba ni un día porque no podía permitirse reducir su sueldo”, recuerda. El joven añade que también le impulsó a salir la mala asistencia sanitaria, “solo te atienden si tienes dinero y allí somos muchos los pobres que no tenemos dinero”. Ahora trabaja y estudia en la capital grancanaria y visita cada año a su familia en Marruecos. 

Las carencias a las que hace referencia Ayoub reflejan una problemática estructural que viene de atrás. Fernández recuerda en este sentido las protestas producidas en 2011 en el contexto de las primaveras árabes y especialmente las que tuvieron en 2016 en el norte del país, la conocida como el Hirak del Rif, movimiento “al que se le respondió con mano muy dura ,con la detención y la puesta en prisión de gran parte de los líderes”, señala. Ahora, de nuevo, algunos jóvenes han sido detenidos en el marco de estas nuevas protestas, quienes según la AMDH han sufrido “un trato muy violento por parte las autoridades marroquíes”, y reclama por ello su excarcelamiento: “Además, pedimos que se pueden manifestar con total libertad”, concluye Naji.

Canarias tuvo un papel relevante en el comercio de personas esclavizadas. Por sus puertos pasaron los barcos con destino a América y, en un porcentaje menor pero significativo, desembarcaron aquellas personas que serían forzadas a trabajar en las Islas. Pero, ¿cómo eran las tradiciones, vidas y cultura de los que permanecieron en las Islas? Esta es la pregunta de la que partió la historiadora Claudia Stella Geremia y cuyas respuestas forman parte de sus investigaciones, en las que ha puesto el foco en las vidas de las mujeres esclavizadas de origen africano acusadas de brujería por la Inquisición. “Mi trabajo busca devolver centralidad a la experiencia de las mujeres, que en la mayoría de las veces estaban silenciadas por los inquisidores y los hombres”, reconoce. 

Geremia, Doctora en Historia Moderna por la Universidad de Florencia y por la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigadora de la Universidad de Venecia, ha centrado su investigación en el papel de las mujeres esclavizadas en Canarias en la Edad Moderna. Para abordar este tema ha estado estos días en el Instituto de Estudios Canarios en Tenerife, donde ha impartido una ponencia en el seminario Esclavitud, género y familia, siglos XVI-XI. Aunque el interés que suscita este tema en el mundo académico ha llegado también a la Universidad de Harvard, donde la historiadora ha visibilizado el papel de las mujeres durante la trata trasatlántica en Canarias a través de su colaboración con el Centro de Estudios Africanos (Hutchins Center). 

“Canarias y la Macaronesia fueron un laboratorio de preparación del sistema de esclavitud que se va a exportar a América”, defiende. Geremia reivindica la importancia de “probar” que Canarias tuvo un rol activo en el sistema esclavista, ya no solo por su participación en el tráfico de esclavizados, sino como lugar de recepción de miles de personas que se asentaron en las Islas e intentaron preservar sus costumbres y conocimientos, todo ello bajo la vigilancia del sistema inquisitorial. Por ello, más allá de las cifras de personas que han formado parte de la historia de Canarias durante 300 años, la investigadora sentía que había un hueco en el relato que se quedaba huérfano: “Necesitamos saber algo de la cultura de la gente que llegaba”, enfatiza.

En Canarias, la particularidad de las prácticas que desarrollaron las mujeres venía ligada por su cercanía geográfica con África. Salvo en Andalucía, donde según la historiadora también había una alta presencia de africanas esclavizadas, en muchos de los territorios de la Monarquía española de la época, los rituales se habían cristianizado. “En Canarias está claro que había herencia africana, del norte y de occidente, y eso es muy peculiar”, subraya. 

Para los tribunales de la Inquisición, el mantenimiento de estas prácticas y costumbres era motivo enjuiciamiento. Los archivos preservados de esta institución son los que han permitido a Geremia ahondar en las vidas de estas mujeres que vivieron en Canarias entre los siglos XVI y XVIII. “A partir de las fuentes inquisitoriales y parroquiales analizo las múltiples violencias que marcaron su vida, así como su capacidad de agencia. Entiendo agencia como la transmisión de prácticas culturales, rituales de origen africano, la construcción de redes familiares en el contexto de opresión y su participación en la formación de sociedades atlánticas multiculturales en el contexto de Canarias”, detalla. 

Para la historiadora, uno de los legados más importantes que trajo consigo la presencia de esclavizados fue la construcción de una sociedad canaria multicultural que ha llegado hasta la actualidad. 

Las mujeres esclavizadas acusadas de brujería y juzgadas por la Inquisición vivían bajo sospecha constante. Un marcador determinante era su color de piel. La historiadora apunta que en las primeras páginas de los juicios inquisitoriales se especificaba el color negro de piel de la acusada, como el caso de Catalina, una mujer esclavizada acusada de “negar a dios” y a la que se describe como “negra bozales”, tal y como recoge la propia historiadora en uno de sus ensayos. 

En el mismo documento se detalla que la acusada relató durante el juicio que procedía de Guinea, que su familia era originaria de Nigeria y que había sido trasladada primero a Cabo Verde, antes de ser vendida en Las Palmas de Gran Canaria. “Ser negra al ser esclava o si quería ganar su libertad eran indicios para ser sospechoso, porque cuando una mujer era blanca, en la primera página del juicio nunca vas a encontrar Catalina, la blanca”. 

Bolsas mandinga

Uno de los descubrimientos de la investigadora en Gran Canaria fue el uso de las bolsas mandinga, procedente de una de las culturas predominantes de África occidental. Estas bolsas se usaban como talismanes en cuyo interior se guardaban imágenes de santos, oraciones, plegarias o piedras de varios tamaños y colores con la intención de protegerse o incluso para encontrar marido en la noche de San Juan. “Esto es muy importante. Al otro lado del Atlántico, como en Brasil, Cartagena de Indias o Cuba está demasiado estudiado el uso de ese amuleto, pero en Canarias nunca nadie habló de esto”, revela. De hecho, esta práctica continúa en la actualidad en Cuba o África occidental. “Las bolsas mandingas las descubrí gracias a las cartas guardadas por el Museo Canario. En los procesos, las mujeres acusadas de hechicería, por ejemplo, cuentan que utilizaban ese tipo de amuleto. Cuentan que era necesario guardarlo, y así la gente no podía verlo para que no las delataran. Y al mismo tiempo, cuentan que se las habían enseñado a hacer la abuela o la mamá. Esto es claramente de procedencia africana” concreta. 

El uso de rituales africanos en Canarias, ya mezclados con otras creencias, incluso saltó el Océano y llegó al Caribe, donde perviven las santiguadoras, una figura que en Canarias la representan mujeres que mediante los rezos buscan la sanación de sus allegados. En este sentido, la historiadora indica que los documentos de los juicios inquisitoriales en Cuba y Canarias guardan muchas similitudes en lo referente a los ritos de sanación de las personas. 

Geremia ha querido centrar su estudio en los objetos usados por estas mujeres y que representaban también una manera de resistencia. Amuletos, talismanes o instrumentos de adivinación del futuro o para conocer algún episodio del pasado han servido para desentrañar el mundo espiritual y de adaptación de estas mujeres. “Las habilidades manuales y técnicas curativas de esas mujeres constituían un saber específico para la sociedad canaria de la Edad Moderna”, destaca. 

Para llegar a estas conclusiones, lleva tiempo consultando los archivos conservados en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Geremia señala que, a diferencia de otros territorios que formaron parte de la Corona, donde gran parte de los archivos fueron destruidos, en Gran Canaria se conservan íntegramente. 

La historiadora comenzó su investigación en Sicilia sobre las brujas que vivían en la isla durante la presencia de la Corona española y después quiso hacer una comparativa con los otros territorios insulares de la Monarquía. Para ello se trasladó a Canarias, donde encontró algo que no esperaba: “Cuando llegué al Museo Canario me di cuenta de que había un montón de cartas, de procesos, en la versión integral que ningún sitio de la Monarquía española tiene. Por eso es precioso. En ningún otro lado tenemos los procesos integrales como en Canarias”, concluye.

Personas que nacen en Canarias, residen en las Islas desde hace años y que tienen contrato de trabajo con empresas situadas en el Archipiélago se ven obligadas a pagar el billete completo de barco o avión para trasladarse a otras islas o a la Península. A pesar de estar registradas en el padrón de algún municipio canario, el descuento de residente canario las excluye debido a su origen migrante. Desde hace años, personas que han migrado y la Asociación Solidaridad Venezuela denuncian lo que consideran un obstáculo a su movilidad. “Es una injusticia porque cotizamos, pagamos impuestos y vivimos en Canarias”, se lamenta Marcela Máspero, la presidenta de la entidad venezolana.

La norma exige como condición para beneficiarse del descuento de residente que la persona esté empadronada en algún municipio canario. Así se detalla en el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre que regula esta bonificación para residentes de Canarias, Balears, Ceuta y Melilla. Sin embargo, personas con el certificado de viajes expedido por su ayuntamiento se encuentran con problemas en la puerta de embarque, donde se les pide que paguen el billete completo. Este hecho no es aislado. Máspero señala que reciben casos diarios de viajeros que sufren esta situación y, por ello, el colectivo se ha agarrado al requisito del decreto para ir elevando sus quejas en los últimos años. 

La última respuesta la han recibido del Defensor del Pueblo, que entiende la disconformidad de la entidad y por ello emitió en diciembre de 2024 una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes, en la que se pedía una revisión de los requisitos de acceso a la bonificación. Dicha recomendación fue rechazada. Este medio intentó por varias vías y en distintas ocasiones recabar su versión, pero no ha recibido respuesta a sus preguntas. 

El Ministerio de Transportes en su página web añade que las personas de terceros países (todos aquellos que no pertenecen a la Unión Europa) aparte de estar empadronados en uno de los cuatro territorios mencionados, deben estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración, la que se otorga cuando la persona lleva más de cinco años residiendo de manera legal en España. La entidad venezolana defiende que este punto no se encuentra recogido en la norma reguladora del descuento de residente y cuestiona que este Ministerio entre a valorar una “competencia que no tiene atribuida, como es el control de documentación y situación administrativa” y que además provoca que las personas que no pueden afrontar el coste de un billete aéreo o marítimo se quedan en una situación peor, según denuncian en el escrito enviado el Defensor del Pueblo. 

La abogada especializada en extranjería Loueila Sid Ahmed Ndiaye, quien ha estado asesorando a la entidad de migrantes venezolanos, detalla que la problemática deriva de la colisión entre este decreto y una Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, la cual establece como requisito que la persona debe estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración. En su respuesta al Defensor del Pueblo, la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, defiende que la voluntad del legislador es requerir que estas personas “disfrutaran de un mayor grado de conexión con España, dilatado en el tiempo y plasmado en la posesión de una residencia en el territorio”. 

Sin embargo, hay personas con un fuerte vínculo con las Islas y que se quedan al margen del descuento. “En Canarias hay gente que ha nacido aquí y que no ha conseguido regularizar su situación, que lleva aquí 20 años. En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla hay gente que ha devenido en una situación administrativa irregular por sus padres, a pesar de haber nacido en ese territorio”, incide la abogada. Añade que ha tenido algún caso en el que personas que han nacido aquí, tienen que ir a Madrid a renovar el pasaporte del país de su madre y no pueden asumir el coste de los billetes sin descuento: “¿Esa madre soltera cómo va a pagar el billete de todos esos niños?, se pregunta. 

Esta exclusión también afecta a la movilidad por motivos de trabajo. La abogada recuerda el caso de una mujer casada con un español y que, debido a su profesión de comercial, debe viajar regularmente entre las islas. “Esta mujer me dijo que no sabía si dejar el trabajo, ya que tiene que viajar a Gran Canaria prácticamente todas las semanas y que le cuesta tanto dinero que no lo puede asumir”, subraya. Por su parte, Andy Lermith también ha encontrado dificultades para moverse entre islas por trabajo y ocio. Es un venezolano empadronado en Telde desde hace nueve años, que trabaja en Gran Canaria con contrato laboral y que hasta el año anterior contaba con permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias. Señala que las múltiples veces que ha viajado entre islas, ha tenido problemas a la hora de embarcar, ya que le exigían que pagara el billete sin descuento de residente, a pesar de contar con el certificado de viaje. Ahora ya tiene nacionalidad española y asegura que le han indicado desde una línea aérea que debe registrarse en el Ministerio de Transportes para poder acceder a la bonificación. “Yo aporto al fisco nacional por medio de mi trabajo y no se me otorga el descuento de residente canario, aun cuando yo estoy aportando para ese tipo de subvenciones”, se queja. 

Las consecuencias de esta limitación en la aplicación de la bonificación dificulta que las personas de origen extranjero puedan conocer el resto de las islas que forman parte del Archipiélago donde residen desde hace años. Así opina Soda Niasse, una senegalesa que está empadronada desde junio de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, que trabaja con contrato laboral y que desde hace unos años está casada con un español con quien tiene dos hijos también de nacionalidad española. Cuenta que en el puente del mes de agosto de este año su familia propuso un viaje a Tenerife, pero debido al alto coste de su billete decidieron aplazarlo. “Para mí no te facilitan la manera de conectarte con tu pueblo, como ciudadano, de interactuar con los demás”, se lamenta. Lermith también reconoce que esto le ha supuesto un freno para conocer otras islas. Sin descuento de residente, el precio de un billete aéreo entre Gran Canaria y Tenerife puede costar hasta 136 euros más. En barco, la diferencia puede ser de unos 100 euros. “Es totalmente discriminatorio. ¿Cuál es el fin del legislador y de la bonificación? Acercar a las comunidades autónomas que son insulares y que tiene que moverse sí o sí en avión o en barco”, sostiene Sid Ahmed. 

Para estas personas el momento de viajar supone incertidumbre y nerviosismo, sobre todo cuando llegan a la puerta de embarque. Lermeth remarca que este instante le genera “angustia y ansiedad”, ya que hasta el último momento antes de entrar al avión no sabe si le dirán que debe pagar el billete completo: “Hay gente que prefiere gastarse el dinero porque no vaya a ser que en la puerta la vayan a devolver”, confiesa. También causa incomodidad, puesto que estas escenas suceden a la vista de muchas personas. Niasse reconoce sentir vergüenza, ya que los trabajadores de la compañía la apartan de la cola para comenzar un diálogo que puede ir subiendo de tono: “Es vergonzoso. Por eso ahora prefiero comprar el billete más caro o quedarme en casa y no estar ahí pasando esa vergüenza”, mantiene. 

Máspero añade que muchos ayuntamientos expiden el certificado de viaje, el cual especifica el derecho al descuento de residente, y que, una vez en la puerta de embarque, la aerolínea no acepta el billete comprado con el descuento. “Al final todo esto es exclusión, es violencia institucional y, de alguna manera, también es racismo”, recalca.

Más de 2.000 refugiados y solicitantes de asilo permanecen bloqueados en el centro humanitario de Agadez, Níger. En uno de los países más pobres del mundo, con temperaturas que superan normalmente los 40 grados y en una zona desértica, los usuarios de este recurso, que gestiona ACNUR, llevan 340 días de protesta pacífica porque consideran que viven en condiciones indignas y reclaman poder salir del centro. Las protestas de la semana pasada dejaron a varias personas encarceladas de las que aún no se sabe nada. “No nos sentimos seguros aquí”, se lamenta Halil, un solicitante de asilo sudanés, a quien se le ha modificado su nombre por seguridad.

El centro de acogida de Agadez, donde según cifras de ACNUR, residen más de dos millares de personas, de los cuales un 35% son niños y un 31% mujeres y niñas, se ha convertido en la prueba gráfica de los efectos que deja la externalización de fronteras. Miles de personas que huyen de sus países y que se encuentran a la espera de poder continuar su viaje, sobreviven en un entorno inhóspito y donde se denuncian el recorte de necesidades básicas. Desde hace casi un año, sus residentes critican la falta de médicos, de educación y ahora de alimentos. La organización Refugees in Níger lleva denunciando la situación a través de sus redes sociales, donde reivindica que “Agadez no es un lugar seguro para los refugiados”. Por ello, cada día se plantan delante del centro con carteles que muestran el número de días que acumula la protesta. La semana anterior, la intervención de las fuerzas y cuerpo de seguridad llevó a seis residentes a prisión, sobre quienes la relatora de la ONU Mary Lawlor ha exigido su inmediata puesta en libertad a través de su perfil en X.

La protesta se remonta a septiembre de 2024. Aunque desde hace unos meses se ha intensificado debido a la eliminación del servicio de alimentación. Halil señala que para comer debe pedir un adelanto a los comerciantes de la zona con la promesa de que pagará más adelante. “Hace unos días, le pedí un préstamo a un pequeño comerciante. Me dijo que no hasta que pagara lo que debía. Ahora estoy pensando en irme, como muchos otros, debido a la dificultad de la situación”, confiesa. En respuesta a este medio, la portavoz de ACNUR, Eujin Byun, reconoce “las dificultades” que enfrenta este centro, el cual ha sido “escenario de protestas por parte de algunos refugiados y solicitantes de asilo, quienes han expresado su frustración por las condiciones de vida y su prolongada estancia en el Centro”, detalla Byun. En cuanto al recorte del servicio de alimentación, la agencia defiende que se trata de un plan a largo plazo para fomentar la autosuficiencia y que su puesta en marcha ha venido “acelerada por los recortes actuales de financiamiento”. Byun también matiza que la asistencia alimentaria no afectará a los refugiados y solicitantes de perfiles más vulnerables.

Este centro alberga a un gran número de sudaneses que han huido del país debido a los conflictos y posterior guerra civil. Muchos de ellos llevan años bloqueados en esta zona. Halil tiene 29 años y era estudiante hasta 2019 de Administración de Empresas en la Universidad de Kordofan. Tras huir de Sudán por la guerra, se marchó a Libia, donde reconoce que “sufrió mucho debido a las prisiones donde se tortura”. Cuenta que cuando accedió a Argelia para poder llegar a Marruecos, fue interceptado por las autoridades argelinas, que lo abandonaron en la frontera con Níger. Sostiene que ya ha solicitado protección internacional, pero que aún no le ha llegado su documentación de refugiado. Lleva un año a la espera en este centro. “Hice una entrevista para obtener el documento hace unos cuatro meses y aún no ha llegado. Aunque aquí hay personas que llevan siete y cinco años sin documento”, mantiene.

Los refugiados y solicitantes de asilo también se quejan de la falta de acceso a educación y a asistencia sanitaria. Halil asegura que no hay ningún médico en el centro y que deben caminar varios kilómetros para llegar a un centro sanitario. “Si te enfermas de noche, morirás porque no podemos ir de noche”, asegura. En ese sentido, la agencia puntualiza que este centro de salud está a 7 kilómetros del recurso humanitario y que los casos graves son transferidos en ambulancia al hospital general de Agadez. “Una escuela primaria establecida por ACNUR, ubicada a una distancia caminable (700 metros) del Centro Humanitario, está operativa”, añade Byun.

El tiempo pasa, y los solicitantes de asilo y refugiados se desesperan en una zona árida sin nada que hacer. HaIil indica que no trabaja, ya que en esta zona es muy difícil conseguir un empleo y que, además, no sabe hablar el idioma local. Asegura que pasa su día a día intentando visibilizar a través de las redes sociales la situación que se vive en el centro, actualizando los vídeos y fotos, sobre todo a través de la red social X. “Se lo cuento al mundo hasta que llega la noche y me duermo dando vueltas en la cama y con pesadillas. Así hasta que amanece”, relata. “Nuestra demanda es salir del centro. Nunca pedimos el reasentamiento en un tercer país. Solo queremos salir de esta situación. Lo importante es ir a un país que respete mis derechos como ser humano, donde pueda vivir en paz”, recalca Halil.

La situación que se vive en el centro humanitario de Agadez evidencia los efectos de la política de recortes de fondos humanitarios que recorre el mundo. ACNUR reconoce que las dificultades que atraviesa este centro “forman parte de una reducción de financiamiento que está afectando las operaciones humanitarias en todo el mundo”. Ante la pregunta de si los recortes aplicados por la Unión Europea tras el golpe de Estado en el país han dejado un impacto en los servicios prestados por esta agencia, apunta que “aunque las contribuciones de la UE siguen siendo importantes, la reducción general de fondos de múltiples fuentes ha afectado la capacidad de ACNUR para mantener el mismo nivel de asistencia”.

Tras la llegada al poder de la junta militar que derrocó al presidente Mohamed Bazoum, varios agentes internacionales que no reconocían al nuevo Gobierno se apresuraron a anunciar un recorte de fondos para Níger. Tanto la UE como Estados Unidos comunicaron que diferentes fondos quedarían bloqueados. Entre estas líneas de financiación estaba el NDICI - Global Europe, un instrumento de la Comisión Europea para ayudar a los países más necesitados. Para el doctor en Historia especializado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Dagauh Komenan, esta política de recortes es clave para entender la situación que viven los migrantes y refugiados del país. “Níger es uno de los países más pobres del mundo y que además tiene que hacer frente a la insurrección yihadista. El nivel de capacidad para acoger a la persona que ha sido devuelta de Argelia con fondos propios es un poco complicado. Dependía casi al 100% de esta cooperación de la UE”.

El especialista detalla que este escenario viene además propiciado por la premisa de la UE por la que los fondos de cooperación se vinculan a la predisposición del país para bloquear el paso de las personas migrantes. “A partir del acuerdo de Cotonu, en el 2010, y el de Samoa, se estableció que la cooperación está enfocada en aceptar o contribuir a bloquear los flujos migratorios que vienen hacia Europa. Todos esos fondos a raíz del golpe de Estado se han visto bloqueados. El país está haciendo más o menos lo que puede con sus nuevos aliados”, apunta.

Los nuevos aliados de Níger son especialmente Rusia y China. Por un lado, la cooperación rusa se reserva a instrucción militar: “Níger al contrario de Mali y al contrario del pronóstico de muchos, no ha caído del todo en los brazos ahora de África Corps, antes Wagner”. Por su parte, el principal socio comercial de Níger es China, país que ha visto “abrirse un bulevar con la salida de todos los socios occidentales” y de donde interesa especialmente el uranio, tal y como detalla el historiador. Sin embargo, dos años después del cambio de gobierno, puntualiza que el ciudadano no ha notado mucho los cambios: “Salvo un poco el orgullo nacional, su cartera no está más llena”, destaca.