“Al no tener documentos, mis hijas se han privado de muchas cosas. Y ha sido frustrante”, rememora Julia (nombre ficticio) sobre sus dos hijas, que eran adolescentes cuando llegaron a Gran Canaria. En España, según un informe de ‘Save the Children’ y ‘Por Causa’ publicado en 2021 con datos de 2019, había más de 146.000 personas menores de 19 años en situación administrativa irregular, un escenario que va a cambiar con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y que va a mejorar la vida de miles de menores que, incluso con protección familiar, han vivido privados de derechos durante años. Con la regularización, estos menores van a poder participar de manera plena en sus colegios, en las actividades extraescolares y podrán continuar sus estudios si así lo desean. 

Las niñas y niños sin papeles se han enfrentado durante años a numerosas trabas administrativas que les han impedido la integración completa en la sociedad y que, además, han dejado un impacto en la salud mental de ellos y de sus familias. Jennifer Zuppiroli, especialista en infancia en movimiento de ‘Save the children’, desgrana que estos menores han debido renunciar a viajes escolares, a la realización de estudios medios y superiores, a la realización de prácticas curriculares, al comedor escolar, a becas o a estar federados en equipos deportivos. “Son cuestiones que van quitando la libertad de vivir y de participar en la sociedad de manera plena”, denuncia. 

Las consecuencias de la falta de papeles se evidencian especialmente en la educación. Julia, una mujer de Perú que no tiene papeles, recuerda que sus hijas tenían buenas calificaciones y que decidieron estudiar. La menor comenzó una formación de administración que no pudo terminar, ya que le exigían disponer de la tarjeta de residencia para la realización de las prácticas. “Ella hizo un primer periodo de prácticas en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, donde su coordinadora la llegó a recomendar. Pero ya las segundas prácticas no las pudo hacer porque no tenía el NIE (Número de Identificación de Extranjero). Así que no pudo terminar”, señala su madre. “Ella ha tenido capacidad intelectual para hacerlo, pero no se le ha dado la opción de elegir”, denuncia. 

A su hija le gustaba la psicología, pero tampoco hubiera podido matricularse en la universidad si antes no hacía entrega del certificado académico, para el cual es necesario disponer de tarjeta de residencia. “Estas son cosas que están dentro de mi corazón, ahí, un poco reprimidas y con dolor, obviamente, porque no veo a mi hija realizada como ella querría”. A su otra hija la matriculó en un centro privado para estudiar peluquería, donde pudo formarse sin necesidad de un NIE. Julia recuerda que trabajaba sin papeles y que con mucho esfuerzo económico pagaba el curso a su hija. Sin embargo, una vez finalizada su formación no pudo ejercer, ya que no tenía autorización de residencia ni de trabajo. “Fue muy frustrante porque no podía ejercer lo que le gustaba”, se lamenta. 

Zupporili subraya que estos menores se enfrentan a más obstáculos en su día a día. Por ejemplo, no pueden salir de excursión con sus compañeros de clase fuera de sus provincias o de su país, puesto que deben presentar documentación en regla. “Hace muy poco hemos tenido un caso muy grave de un niño que había viajado a Polonia. Encontraron su situación de irregularidad en el aeropuerto y empezaron un expediente de expulsión de ese niño por estar en situación de irregularidad en España. Sabemos que es una situación de mucho riesgo y de mucha inseguridad para ellos”, destaca. Julia también recuerda que sus hijas tuvieron que renunciar a programas de intercambio con estudiantes de otros países por el mismo motivo.

También encuentran problemas para federarse en deportes, escuelas y equipos oficiales. Pero además, si consiguen inscribirse en alguna entidad, pueden tener dificultades para viajar. La hija mayor de Armando (nombre ficticio) ha dejado con 11 años y después de dos años sus clases de gimnasia rítmica en un municipio del sur de Gran Canaria. “Mi hija después del colegio salía a clases de gimnasia rítmica. Le pagaba una mensualidad, pero el inconveniente era que cuando tenían presentaciones fuera, la niña obligatoriamente tenía que tener un NIE. Entonces ya la academia iba seleccionando a las niñas que podían viajar y tener descuento de residente”, revela. 

A raíz de esta imposibilidad para viajar, Armando confiesa que su hija se ha desanimado y ha abandonado esta actividad. “Ella ya dijo que no quería seguir porque veía a sus compañeritas que iban fuera y ella no podía”, cuenta. Al mismo tiempo, Armando recuerda que el primer curso escolar fue el más complicado, ya que con los pocos recursos de los que disponía la familia, puesto que tanto él como su mujer tenían trabajos esporádicos y sin contrato, tuvieron que hacer frente al pago de todos los libros, los uniformes y el comedor. 

Un hogar en el que sus miembros no disponen de documentación tiene bastantes probabilidades de caer en la pobreza. Zuppiroli constata que la irregularidad es un factor de riesgo, ya que la ausencia de papeles dirige a las personas hacia trabajos precarios, mal pagados, donde se exponen a la explotación laboral o a ser chantajeados. “Cuando estás en la irregularidad no participas en la sociedad de la misma manera, con lo cual eso puede afectar a tu seguridad y a tu empoderamiento. Y esto puede tener unas consecuencias a nivel de salud mental de los niños y las niñas y en su desarrollo en el medio y largo plazo”, matiza la experta en infancia migrante. 

“Yo veo en mi hija que tiene muchas cosas en la cabeza, tiene muchos traumas por lo que ha pasado. No me gustaría que otros niños pudieran tener ese tipo de traumas por no tener papeles”, reclama Julia. De hecho, la vida en la irregularidad marca a los menores desde temprano. Los hijos de Armando, con 8 y 11 años actualmente, preguntan en sus casas cuándo van a poder ir a la Península o a hacer planes de familia fuera su localidad. “¿Cuándo vamos a tener los papeles para que vayamos de paseo?”, le preguntan sus hijos a su padre.

Padres sin papeles, hijos sin papeles

En España, la situación administrativa de un menor va vinculada a la que tiene su progenitor: “Yo he arrastrado a mis hijas a esta situación por no tener papeles”, se lamenta Julia. En nuestro país, prevalece el criterio de ‘ius sanguinis’, el derecho de sangre, frente al ‘ius soli’, derecho de suelo. Por ello, hay personas que, aun habiendo nacido en España, no tienen la nacionalidad española y adoptan la de sus padres y, por consiguiente, su estatus jurídico. “Si el progenitor paterno o la progenitora materna progresan en ese sentido y tienen una autorización de residencia, también indirectamente los menores pueden de alguna forma solicitar su permiso de residencia”, aclara Jair Sánchez, abogado experto en Extranjería. 

Por ello, el decreto para la regularización de miles de personas extranjeras es una oportunidad para las familias. Los progenitores que presenten su solicitud pueden añadir al mismo tiempo la de sus hijos, según aclara Sánchez. Para ello, deben aportar el certificado de nacimiento donde conste quiénes son los progenitores, el pasaporte con sello de entrada en España y el certificado de empadronamiento. 

Zuppiroli añade que se puede aportar cualquier otra documentación que demuestre que han entrado a España antes del 1 de enero de 2026 y que han residido en el país los últimos cinco meses, como informes de escolarización, médicos, de urgencias o de cualquier otro recurso que refleje que la persona ha estado residiendo en el territorio en el periodo solicitado. 

Para aquellos progenitores que ya hayan iniciado su tramitación de arraigo antes de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, Redwan Baddouh, portavoz de Regularización Ya en Canarias, recomienda que, a falta de nuevas instrucciones, lo aconsejable es esperar a que, si entrado junio no hay respuesta, que desistan y que se presenten a la regularización extraordinaria junto a sus hijos.  

“El hecho de que los padres puedan tener su permiso de residencia y la autorización a trabajar, ya es algo que beneficia a los menores. Que sus padres puedan tener unas mejores condiciones laborales en sus puestos de trabajo, ya beneficia al menor”, resalta Sánchez. En la misma línea, ‘Save the children’ celebra esta regularización extraordinaria ,ya que va a sacar de la exclusión a miles de personas vulnerables: “Proporcionar papeles a las familias y a los niños es cuidar y proteger a los niños”, concluye Zuppiroli. 

El 6 de abril de 2024, tuvo que ser un día feliz para Toumany (nombre ficticio para preservar su identidad). En 2020 y con 14 años, se marchó de Mali, su país de origen, atravesó Senegal, Mauritania y finalmente Marruecos, de donde salió una noche en medio de la voracidad del Atlántico. Junto a 49 personas más, la neumática precaria que los trasladaba llegó a Fuerteventura después de un día de viaje. Sin embargo, a pesar de que nunca había visto el mar hasta que llegó a Marruecos, cuatro días después del desembarco estaba en prisión acusado de ser el encargado de pilotar la embarcación. “¿Por qué? Era la única palabra que se repetía en mi cabeza. Yo ni sabía lo qué era ser patrón de patera”, recuerda en una entrevista concedida a este periódico unos meses después de salir de la cárcel. 

Toumany fue absuelto en diciembre del año pasado en una de las pocas sentencias exculpatorias para los migrantes que han sido acusados de pilotar embarcaciones desde África hasta las Islas Canarias. Como precedente, en 2024, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en una sentencia de la que fue ponente la magistrada Victoria Rosell, ya había absuelto a otros acusados valorando conjuntamente todos los elementos probatorios expuestos y analizados, concluyendo que el tribunal albergaba “una duda razonable de si los acusados eran los patrones de la embarcación, o si, como sostienen ellos, eran uno más de las 48 personas que pagaron dinero a una organización mafiosa para realizar la travesía desde Marruecos a España. Y esta duda nos obliga, en virtud del principio in dubio pro reo, a absolver a los acusados del delito de favorecimiento de la inmigración ilegal que se les acusa, al no disponer de una convicción fundada de culpabilidad con respecto al delito”.

Ahora, en la sentencia de Toumany, ha sido la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas la que ha concluido que no era posible acreditar que el joven y otro compañero fueran los encargados de dirigir a la tripulación. Para el tribunal no eran suficientes los testimonios de dos testigos protegidos. Uno de ellos declaró por videoconferencia durante el juicio, pero el otro solo prestó declaración durante la investigación inmediata al desembarco, la denominada prueba preconstituida. La sentencia estimó que ambas declaraciones, que no venían acompañadas de otras pruebas, no podían desvirtuar la presunción de inocencia.   

“El día que entré en la prisión de Tahiche, Lanzarote, solo pensaba que era injusto, que por qué yo, que me estaban echando la culpa de ser algo que yo no era”, expresa Toumany. El joven remarca que desde ese instante se propuso aprender español para poder defenderse el día del juicio: preguntaba a sus compañeros de prisión por el nombre de los objetos, leía, escribía y también mataba el tiempo haciendo deporte y jugando al fútbol para despejar su mente. “Si cogí el riesgo de atravesar el mar, sabía que tenía que continuar. De hecho, nunca sentí que iba a tirar la toalla”, rememora.

Siempre tuvo claro que no aceptaría el acuerdo de conformidad, por el cual muchos jóvenes como él se declaran culpables para evitar el riesgo de pasar más años en prisión. “Algunas personas me recomendaron que aceptara, pero me iba a costar mucho aceptar algo por lo que yo no soy culpable, porque ¿cómo voy a culparme a mí mismo? No, no lo iba a hacer. Había que luchar por mi inocencia”, resalta. 

La conformidad ha terminado de enterrar a muchos jóvenes migrantes que están en prisión acusados por este delito. Aceptar su culpabilidad implica no sólo renunciar a su derecho a la defensa, sino que además, una vez libres, deben esperar cinco o seis años para poder solicitar la autorización de residencia y trabajo en España, ya que uno de los requisitos para la regularización es carecer de antecedentes penales. 

A Toumany le movía la verdad de lo que había pasado y su fe en dios. Esta perseverancia tuvo sus frutos el día del juicio. La Audiencia no sólo lo absolvió, sino que, además, tal y como recoge la sentencia, advirtió de que existían “indicios de la utilización de los tres subsaharianos por parte de los magrebíes, evitando atribuir responsabilidad alguna a ciudadano de este origen”. 

El fallo también recoge que las declaraciones de ambos testigos se basó en el color de piel, ya que “señalaban a las personas de piel oscura”. Por su parte, agentes de la Policía declararon en este sentido que las mafias utilizan a jóvenes subsaharianos para evitar enfrentamientos entre los grupos o mafias y para que los marroquíes eludan la cárcel. 

El joven maliense pagó por este trayecto unos 3.000 euros y recuerda una travesía corta, pero donde se daban órdenes y había gritos. Los que pilotaban iban en la parte trasera de la neumática con el rostro cubierto, dejando sólo visible los ojos y la nariz, mientras que el resto tenía que permanecer sentado mirando hacia el frente. “Si uno intenta mirarlos, te puede pasar algo malo”, apunta. Poco antes de llegar, le dieron la orden de que se levantara y se trasladara a la parte trasera. “Yo, cuando hablaron conmigo para desplazarme e ir hacia atrás, dije, pero ¿por qué? Si todo el camino yo he estado sentado aquí. Y me dijeron: es una orden. Y lo tuve que hacer. Yo y los dos senegaleses”, relata. 

“A día de hoy me siento orgulloso de que he podido luchar por mi inocencia y de la gente que he tenido, los que me apoyaron para salir de esta situación”, destaca. Una de las personas que más le ha ayudado ha sido su abogada, Louelia Sid Ahmed Ndiaye, quien cuestiona las investigaciones exprés que determinan la culpabilidad de personas que no han manejado un timón en su vida. La abogada corrobora que la situación que ha vivido Toumany es uno de los escenarios posibles a los que se enfrentan los investigadores y que es complicado resolver en las poco más de 72 horas de identificación en que el migrante permanece entre el puerto y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) antes de ir al recurso de acogida. “Es prácticamente imposible o inviable para la Policía Nacional y para Frontex obtener esta información en un día, en dos días, en un CATE”, subraya.  

Además, estas declaraciones se obtienen en un contexto de vulnerabilidad máxima, tal y como denuncian las organizaciones humanitarias, ya que en muchas ocasiones la persona que ha migrado acaba de vivir situaciones de violencia o ha estado en peligro de muerte. 

Por ejemplo, Toumany reconoce que le ha marcado haber permanecido dos semanas en el desierto a la intemperie sin apenas comer ni beber con la amenaza constante de los integrantes de la mafia. El resultado de estas investigaciones inmediatas puede dar lugar a acusaciones erróneas. “Encontrar la realidad material y poder probar quién es realmente el patrón de la embarcación es complejo y por eso cada vez vemos más sentencias absolutorias en Canarias”, señala la abogada.

Sid Ahmed detalla que las pruebas usadas en contra de los migrantes se basan en el atestado policial que recoge las entrevistas realizadas tras el desembarco y que pueden incluir pruebas materiales como fotografías o volcados de teléfono y después en las declaraciones de los testigos protegidos. La abogada reconoce que hay ocasiones en que las pruebas acusatorias van desde que el migrante dio de comer a sus compañeros de travesía o que la persona vino documentada, por ejemplo, con el carné de conducir de su país. En cualquier caso, para ella estas condenas no sirven para desmantelar las grandes mafias de tráfico de personas: “La realidad es que las personas y el negocio de las fronteras va a seguir moviendo a las personas mientras de manera sistemática impidamos que la gente pueda venir por las vías seguras”, sentencia.

Toumany salió de prisión preventiva después de un año y ocho meses. “Entré en la cárcel injustamente y salí por justicia”, recuerda que fue el primer pensamiento que le vino a la cabeza tras pasar el umbral de la puerta de salida. Ahora sueña con seguir jugando al fútbol, encontrar un trabajo que le permita tener una estabilidad y poder ayudar a su abuela, la persona que lo crió en Mali y que ya es mayor y está enferma. Confiesa que aunque aún está muy reciente su paso por prisión, tiene ganas y voluntad de dejar este episodio atrás: “En la vida el tiempo no se para. Cuando te ocurre algo, una vez que se pasa, hay que intentar hacer otras cosas para avanzar en la vida”, concluye.

Es la primera vez que Amadou* (nombre ficticio) pasa el Ramadán lejos de su casa en su país, de Senegal. Como él, cientos de migrantes que han sobrevivido a la ruta atlántica celebran el mes sagrado de la religión musulmana fuera de sus hogares, sin apoyo familiar y además en alguno de los centros de acogida que hay en Canarias. “Es muy difícil hacer el Ramadán lejos de la familia, cada día es más difícil pero, Alhamdulillah, confíamos en que el año que viene será mejor”, señala el joven.

Amadou llegó a Gran Canaria en agosto de 2025 y es quien más repite que lo peor es pasar estas fechas fuera de su casa. Otros jóvenes senegaleses, guineanos y gambianos llevan años migrando por diferentes países de África antes de llegar a Canarias y ya han celebrado esta fiesta lejos de sus familias: “Este año es diferente porque siempre lo celebramos con la familia. Lo único que podemos hacer es simplemente rezar porque aquí no tenemos familia con la que ir a compartir y tampoco trabajamos para ganar algo de dinero. Si estuviéramos en casa y ganáramos dinero, podríamos comprar cualquier cosa, una cabra, ropa y haríamos una fiesta entre todos, con los amigos y con nuestros padres”, confiesan.

Lamine* (nombre modificado) ve esta festividad como un momento para la reflexión y el agradecimiento. Es de Gambia, llegó hace ocho meses y también reside en el mismo recurso de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria que Amadou. Aunque este año no ha podido celebrar el Ramadán junto a su familia como había hecho hasta ahora, se muestra agradecido: “Nada es para siempre, y este año estar en Las Palmas es parte del proceso. Pienso que tengo buena salud, que duermo, que puedo comer y caminar para ir a la mezquita. No tengo malas condiciones de vida. Hay gente que no puede caminar, ni comer ni ir a la mezquita”, reflexiona. En cualquier caso, reconoce que la vida no está siendo muy fácil, ya que vino para trabajar y hasta el momento no ha podido ser trasladado a la Península: “Es un poco difícil la vida aquí. Hasta que no tengamos papeles no podemos trabajar y el cerebro necesita desconectar, y eso es complicado aquí”, confiesa.

Cada día, poco antes de las seis de la mañana, hacen la primera comida del día. Según Amadou y Lamine, en su centro se les ofrece café con leche y pan. Algunas entidades se han ajustado a este periodo importante para los musulmanes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Gran Canaria apunta que han adaptado el horario del servicio de comedor, que abre a las cuatro de la mañana, para ofrecer el desayuno a las personas musulmanas, aunque también para aquellos que van a trabajar o a estudiar. Resaltan que siempre han preparado platos sin cerdo y que el menú es muy variado: muslitos de pollo al horno, cuscús, batidos de frutas, sopa de pescado, paella mixta, burritos, hamburguesas (de carne de pollo) o pavo en salsa. 

La ruptura del ayuno (iftar) este mes en Gran Canaria tiene lugar poco después de las 19.00 horas, cuando cae el sol. En ese momento, decenas de jóvenes de varios recursos de acogida de Las Palmas de Gran Canaria acuden a alguna de las tres mezquitas de la ciudad para realizar el rezo de la ruptura y degustar algunos alimentos que los responsables de estos espacios religiosos han preparado para los más vulnerables. 

Otros migrantes prefieren llevarse la comida preparada en unas bolsas con bandejas para comerla en sus centros, ya que tienen horario de llegada por la noche. “Este es un mes de solidaridad, así que se les invita a todos aquellos que no tienen medios a que si quieren romper el ayuno aquí, que lo hagan”, sostiene Omar Kasse, secretario de la Liga Comunidad Islámica, que gestiona dos mezquitas en la capital grancanaria.

“Hay una primera parte que es la lectura del ayuno. Después se hace entrega de una botella de agua, un zumo, un paquete pequeño de leche y dátiles. Se rompe el ayuno con esto y se celebra otro rezo. Y ya después se come el segundo plato, que es la comida fuerte”, explica Kasse. Esta segunda comida suele consistir en un plato de arroz con carne y verduras y es preparada de manera voluntaria por personal cercano a las mezquitas. 

Los fieles donan los alimentos, como garrafas de agua o pan, y hay familias que también preparan algún plato en casa y lo llevan a la mezquita para que las personas sin recursos puedan celebrar el Ramadán con la mayor normalidad posible. “Vienen muchas personas, sobre todo jóvenes, migrantes de confesión musulmana y no musulmana que también que están en los centros, y que suelen acudir aquí todas las tardes para romper el ayuno o para comer durante todo el mes”, detalla Kasse.

Amadou y sus amigos van cada día a la mezquita más cercana a su centro, donde pueden rezar en comunidad y disfrutar del plato de arroz preparado a la manera que harían en sus casas. “La comida de la mezquita es buena, preparan muy bien el arroz. En el centro, sin embargo, la comida no es buena. No está bien hecha”, señala este grupo de chicos que aún está en la isla desde hace ocho meses. Para los migrantes recién llegados, estos platos les dan la sensación de que están más cerca de sus casas, a pesar de la distancia. “El arroz es la comida básica de la mayoría de sus países, así que estarán contentos”, apunta Kasse. 

El Ramadán es el periodo más importante del Islam. Se celebra en el noveno mes del calendario lunar musulmán y conmemora la transmisión del Corán por parte de Alá a Mahoma. En este tiempo se practica el recogimiento, una mayor autorreflexión y la ayuda al prójimo. “De los 12 meses del año, el mes del Ramadán es el más importante. En esta festividad, prima ser solidario, hacer obras buenas, ayudar al prójimo, al más débil, al que no tiene”, sostiene Kasse. 

Gracias a esta preparación de platos y a la acogida de las mezquitas, muchos migrantes han encontrado un espacio donde compartir su mes más importante como creyentes. “Nosotros aquí no tenemos familia con la que compartir, así que nos gusta ir a rezar a la mezquita y así estamos juntos. En todo caso, sentimos que aquí nos comprenden, hay gente que no lo entiende tanto, pero vemos que hay personas de diferentes religiones y nos sentimos más o menos comprendidos”, subraya Amadou.

Catorce cuerpos enterrados de forma lateral con pulseras de cuentas de vidrio de Senegal y Gambia y situados en los márgenes de los edificios religiosos de la zona. Este hallazgo tras unas obras para la canalización de aguas en Finca Clavijo en Guía, Gran Canaria, desembocó en un estudio genético sobre el linaje de estos cuerpos inhumados cerca de un ingenio azucarero. Las conclusiones fueron claras: algunas de estas personas tenían un origen subsahariano y otras descendían de norteafricanos. “El yacimiento de Finca Clavijo es excepcional porque nos permite estudiar de manera directa a los individuos que llegaron a Canarias como resultado del tráfico de esclavos”, subraya Rosa Fregel, la experta en genética de la Universidad de La Laguna (ULL). 

La intervención arqueológica de la empresa Tibicena y la posterior investigación sobre el ADN de estas personas, liderada por Jonathan Santana, arqueólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en la cual también participó Fregel, y que fue publicada en 2015 en la revista American Journal of Physical Anthropology, revelaron que este yacimiento podría tratarse del primer cementerio de esclavizados del Atlántico, el cual estuvo activo entre los siglos XV y XVII. 

Los cuerpos yacían de lado con la cabeza elevada, en dirección oeste-este y con los brazos en diferentes disposiciones. Algunos los tenían estirados y otros doblados en la parte anterior o posterior del cuerpo. Aunque la mayoría de estas personas procedía del continente africano, también se descubrió que una mujer era descendiente de aborígenes canarios, lo cual apuntaría a que esa población también fue esclavizada en aquella época. Fregel matiza que este primer estudio solo permitió conocer parte del ADN mitocondrial, el cual dio información exclusivamente del orígen por línea materna.

Los análisis genéticos revelaron otros aspectos relacionados con la salud de estas personas. Sus investigadores señalan que los adultos enterrados en este yacimiento realizaron “una actividad física extenuante” que les afectó a la columna vertebral y a las extremidades. El estudio evidencia que lesiones como la osteoartritis, los nódulos de Schmorl y hernias discales se concentraron en las vértebras cervicales inferiores y torácicas inferiores y que el trabajo que desempeñaron en Finca Clavijo dejó una importante huella en la articulación del hombro. “Se han observado altas tasas de osteoartritis, nódulos de Schmorl y hernias discales en poblaciones esclavizadas de plantaciones de caña de azúcar en Carolina del Sur, Surinam y Barbados”, añade el documento. 

Esta necrópolis albergaba más particularidades. Estos catorce cuerpos fueron inhumados fuera de los cementerios oficiales y con rituales que no eran cristianos. Dos de las mujeres, que contaban entre 20 y 25 años, portaban pulseras de cuentas de vidrio que tendrían su orígen en la zona de Senegal y Gambia, tal y como especifica Marco Moreno, gerente de Tibicena. Estas piezas de colores azul, verde, marrón y blanco aparecieron asociadas a los huesos del antebrazo izquierdo de las dos jóvenes. 

El Museo Canario, donde están depositadas estas piezas, contextualiza que este tipo de elementos entraban en el norte del continente procedentes del Medio Oriente, desde el Mediterráneo y de Asia, y llegaban al África subsahariana a través del comercio transahariano, donde están documentadas desde el siglo II.

También se encontró una medalla de la Inmaculada Concepción y de san Francisco de Asís, con lo cual, para Moreno, ya se observa otro tipo de hibridación entre una cultura procedente de África y la religión cristiana. “Finca Clavijo es un cementerio multiétnico con una práctica funeraria singular, la cual es resultado del sincretismo de diversos orígenes como el católico, el islámico y el africano. Los rituales funerarios sincréticos eran comunes en América y otros lugares de la esfera atlántica donde hubo presencia de poblaciones africanas”, se puntualiza en el estudio liderado por Santana. 

Para estos investigadores, este tipo de enterramientos ha puesto en evidencia la capacidad de resistencia cultural y de agencia de esta población, que a pesar de vivir en la exclusión optó por mantener símbolos de sus culturas originarias para dar paso a la muerte. 

Esclavizados al servicio de la industria azucarera canaria

Moreno pone en contexto estos enterramientos en los márgenes con el momento que vivía Canarias en aquel periodo, cuando comenzó a albergar su primer monocultivo a través de la industria azucarera: “Había una gran cantidad de ingenios en Canarias, y en Gran Canaria, en concreto. Surtíamos de azúcar a Europa, de modo que esta sería la primera gran industria que tuvo Canarias”, matiza el arqueólogo. 

Al mismo tiempo, los autores del estudio genético recuerdan que entre el siglo XV y el XVI grandes cantidades de personas de origen norteafricano y subsahariano fueron traídas a Canarias “para servir como esclavos en la industria azucarera y como sirvientes domésticos para las familias más ricas”. 

El mismo estudia subraya que las primeras plantaciones de esclavizados del Atlántico se alojaron en la Macaronesia, concretamente en Madeira, Canarias y Cabo Verde.

Siguiendo los trabajos de investigación de historiadores como Ana Viña o Manuel Lobo, el mismo documento desgrana que los moriscos eran los esclavizados más numerosos en Canarias, aunque también había personas negras que llegaban a las Islas por acuerdos comerciales con los árabes, por el tráfico portugués de esclavizados y por las incursiones hacia el continente africano realizado por la población colonial asentada en Canarias. 

“Una vez en las Islas Canarias, estas personas eran vendidas en subasta pública, pasando a formar parte de la fuerza de trabajo en casas, conventos y fábricas de caña de azúcar”, detalla el estudio.

Las condiciones de vida de las mujeres y hombres esclavizados eran extremas. El libro El azúcar y su cultura en las islas atlánticas, de Jesús Pérez Morera, relata que en la Casa Fuerte de Adeje, Tenerife, los esclavizados eran encerrados bajo llave cuando regresaban de la faena agrícola y cuando no podían salir a trabajar por estar enfermos. 

El autor habla, además, de la casa de galeras, una infraestructura de castigo donde se encerraba a los esclavizados que sus amos consideraban que habían tenido un mal comportamiento: “Se les daba un colchón relleno de paja y su manta, que el mayordomo revisaría todos los domingos por si a alguno hubiera que darle su merecido castigo”, se especifica en el libro. 

Tal y como ha detallado la historiadora Ana Viña en su investigación La organización social del trabajo en los ingenios azucareros canarios (siglos XV-XVI), en algunas haciendas se encontraban las casas de los negros, “situadas en la esquina de la casa principal de aposento, como en el ingenio de Tazacorte en el que figuran 14 casas de negros en 1557”. 

En cuanto a la distribución del trabajo, Viña sostiene que aunque había trabajadores asalariados, los esclavizados eran el personal más numeroso de los ingenios, ya que los hacendados tenían como objetivo abaratar costes para obtener así mayor rentabilidad del comercio del azúcar. 

En los ingenios de Gran Canaria había una media de 30 o 35 esclavizados entre hombres y mujeres. Ellos se dedicaban a tareas como cocer el azúcar, pues se consideraba que resistían mejor las temperaturas, o a regar las cañas. En cuanto a las labores de las mujeres en el proceso de obtención del azúcar, Viña especifica en su estudio que las referencias que se tienen de ellas aluden a su trabajo como ceniceras, que consistía en hacer ceniza en el campo para darle mayor blancura al azúcar, mientras que el resto de las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas. 

“Este tipo de arqueóloga nos dice que este paraíso no lo fue siempre. Nos pone delante de un espejo para decirnos que la vida de estas personas no fue agradable, que había enfermedades o lesiones”, reclama Moreno. El arqueólogo considera que la arqueología canaria se basó durante mucho tiempo en el mundo aborigen y que el descubrimiento de la necrópolis de Finca Clavijo ha permitido que se hable de la etapa posterior a la colonización, momento en el cual se produce una “hibridación de lo indígena con lo colonial”, agrega. 

“La gente tiende a olvidar de dónde viene el canario y la realidad es que dentro de nosotros habitan muchos ADN: de moriscos, de europeos, de aborígenes y de personas negras”, subraya.

Era miércoles por la mañana y, como todos los días, Modou (nombre ficticio) se preparaba para ir al instituto. Llegó a El Hierro hace más de dos años y desde hace un tiempo cursa en Gran Canaria una FP básica de Jardinería, que espera que le pueda abrir puertas a un trabajo cuando cumpla los 18. Sin embargo, ese 19 de noviembre sus planes estuvieron a punto de torcerse. “Me llamaron para decirme que tenía que ir al Canarias 50 para después irme a la Península. Me puse a llorar como loco”, recuerda. Por miedo a salir de las islas en el marco de las reubicaciones ordenadas por el Supremo, optó por renunciar al asilo.

Como él, otros 120 jóvenes han abandonado los trámites para obtener la protección internacional, y así evitar el traslado a otra comunidad autónoma, según las cifras que maneja el Ejecutivo canario. “Tenemos que pensar que para un niño o una niña que ha sufrido persecución en su país de origen, renunciar al asilo significa renunciar a la protección global que brinda este reconocimiento”, explica la especialista en Infancia en Movimiento de Save the Children Jennifer Zuppiroli. 

Ibrahim*, un joven mauritano de 16 años, tampoco quiere irse de Canarias. “Llevo aquí dos años y quiero vivir aquí. No tengo ningún problema. Estudiamos bien, jugamos al fútbol, pero quieren separarnos, es un poco triste”, dice. Aunque hace un par de meses expresó que no quería marcharse y consiguió permanecer en su centro sin renunciar al asilo, hace dos semanas fue derivado al Canarias 50, el recurso donde son alojados de forma temporal los menores que entran en el sistema nacional de protección hasta ser reubicados en una plaza del Estado.

Un día antes del traslado, Ibrahim habló con esta redacción. “Mañana tendré que faltar a clase y hoy tampoco fui, porque tengo que recoger todas mis cosas y despedirme de mis amigos. Estoy triste. Conozco mucha gente aquí que es como mi familia”, dijo entonces. También Modou ha conseguido tejer en Gran Canaria en estos años una red de apoyo. “He recibido mucho cariño aquí, en el instituto, en los entrenamientos de fútbol, en todos lados. Hemos formado una familia y para mí ir a la península sería lo peor”, confiesa.

El Tribunal Supremo, a instancia del Gobierno canario, ordenó al Estado en marzo de 2025 hacerse cargo de cerca de un millar de menores refugiados que hasta ahora estaban siendo acogidos por la comunidad autónoma. El auto concluyó que el sistema estatal de acogida de menores que solicitan asilo no había sido puesto a disposición de los jóvenes de Canarias, a pesar de que tienen “pleno derecho a él”. El alto tribunal apuntaba además que esta medida permitiría corregir el hacinamiento de los recursos del Archipiélago.

El peligro de ser devuelto

Más allá del impacto emocional, renunciar al asilo tiene consecuencias en la seguridad de los niños y adolescentes. “Significa correr el riesgo de ser en algún momento devuelto a su país de origen por haber caído en una situación de irregularidad cuando alcance la mayoría de edad”, añade. Este es uno de los miedos de Modou, que aunque entró en 2023 al sistema de acogida de las islas como menor no acompañado, aún no cuenta ni con pasaporte ni con permiso de residencia, un trámite que debe asumir la comunidad autónoma. “Necesito una solución porque en ocho meses seré mayor de edad”, insiste. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincide en que el futuro de quienes han renunciado al asilo se vuelve “más incierto” al cumplir los 18 años, salvo que “se disponga de una política pública para el acompañamiento en la transición a la vida adulta”, un servicio que, apuntan, tiene “carácter residual” en la actualidad. “En la red estatal de asilo la transición de la minoría de edad a la edad adulta podría mantener la acogida en el mismo sistema, aunque en recursos de acogida distintos”, explica la ONG. 

“La cuestión positiva del asilo es que asegura a una persona extranjera el derecho de estar de manera indefinida en España para no tener que correr el riesgo de ser devuelto al país, donde puede sufrir vulneraciones de derechos muy graves”, recalca Zuppiroli. 

Las más afectadas por este estado de vulnerabilidad son las niñas, que pueden haber solicitado asilo por sufrir persecución por motivos de género en su país o por haber sido víctimas de trata de seres humanos. “Renunciar a su protección internacional las dejaría desamparadas. Esa niña, ya como adulta, puede verse otra vez en el lugar de origen donde se originó la explotación”, resalta la experta de Save the Children. 

Plazas en Canarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reclama al Estado la apertura de más centros en las islas donde se pueda acoger a los menores refugiados porque las plazas creadas hasta ahora no son suficientes. Por su parte, fuentes del Ministerio de Migraciones insisten en que ya se han creado recursos en Canarias para que los menores solicitantes de asilo que tienen arraigo puedan quedarse y no tengan que interrumpir sus estudios ni su trabajo. 

Estas plazas, explican, también pueden ocuparse por jóvenes refugiados que estén a punto de cumplir la mayoría de edad y que pueden pasar después al sistema de asilo de adultos. 

Save the Children valora que es “insuficiente”. “Los niños lo que no quieren es dejar los centros en los que han estado viviendo, no tanto la isla. Si un niño ha estado en una comunidad específica, el hecho de que se le mantenga en la misma isla pero se le traslade a otro pueblo o a otra ciudad ya es, de por sí, un desarraigo”, explica Zuppiroli. 

Para evitar el desarraigo, la entidad especializada en la infancia migrante propone el despliegue de equipos multidisciplinares en los centros de acogida con los que prestar apoyo especializado en asilo, sin que eso implique abandonar el recurso. 

Desde CEAR piden que cualquier derivación al sistema estatal de asilo sea “extremadamente rigurosa”, desde una evaluación individualizada de cada caso concreto, escuchando la opinión del menor y valorando las alternativas que eviten rupturas traumáticas, para que el acceso al asilo no se viva como una amenaza de desarraigo.

Marruecos ha retomado una vez más su plan sobre la delimitación de sus aguas y las de España. No es un proyecto nuevo, pero sí es la primera vez que lo hace después de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que alude al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental como otra de las vías para solucionar el conflicto. La determinación de los espacios marítimos por parte del régimen marroquí se convierte en un tema controvertido, pues roza varias cuestiones que entrarían en conflicto con España y, concretamente, con el archipiélago canario. “Debería institucionalizarse que Canarias esté presente en cualquier asunto internacional que afecte a nuestros intereses”, alerta Fernando Ríos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL). 

La revista Atalayar publicó hace unas semanas la propuesta del Gobierno de Marruecos en la que se cuestiona la línea divisoria entre ambos territorios y recoge la ampliación de la plataforma continental marroquí y una supuesta explotación conjunta con España del Monte Tropic, un área al sur de Canarias sobre la que el Gobierno español ha pedido extender su plataforma continental. “Hasta ahora se está respetando de facto la línea mediana como límite funcional entre las aguas jurisdiccionales de ambos estados”, aclara Rafael García Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide. Por eso la frontera entre ambos países siempre se ha considerado de hecho, no de derecho. Hasta el momento, la frontera marítima viene marcada por una mediana, una línea imaginaria que divide en dos partes el espacio comprendido entre Gran Tarajal y Cabo Juby. Con base en esta mediana, España ha establecido su Zona Económica Exclusiva (ZEE), que puede llegar hasta las 200 millas. Sin embargo, Marruecos ha mostrado desde hace años su desacuerdo con esta delimitación. 

Este criterio para determinar la distancia de las aguas, conocido como equidistancia, suele ser la vía común utilizada por los estados. Viene reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El otro principio para determinar una frontera marítima es el de la equidad, por el que se tienen en cuenta factores como el volumen de población o la longitud del territorio. Este criterio es el defendido por Marruecos, el cual lo llevaría a cambiar la mediana y, por lo tanto, siguiendo este principio, ganaría territorio marítimo. Para defender esta medida, su gobierno alude a las diferencias territoriales entre Marruecos y Canarias, a “la asimetría geomorfológica entre una costa continental extensa -más de 3.000 km en el caso marroquí- y un archipiélago de extensión limitada” y a que Canarias no es un estado. 

Sobre la equidad y la equidistancia, el profesor recalca que son “criterios generales” pero que no hay mandato legal que obligue a los estados a llegar a un acuerdo: “Si España no lo acepta, no se hace; de la misma manera que si Marruecos no acepta la tesis española, no se hace. No tenemos una frontera marítima, entre otras cosas, porque no hay una voluntad de acuerdo entre los dos países, y ante esa falta de entendimiento no existe esa frontera”, matiza García Pérez. El profesor aclara que el principio jurídico para cualquier delimitación de aguas es que aquello que acuerden los estados implicados es lo que se acepta: “No hay normas, no hay reglas, no hay justicias. Es lo que se acepta si se ha producido una negociación diplomática, sin coacción, sin violencia, sin presión”, detalla. 

Un plan marroquí sin definición

En cualquier caso, el plan marroquí de delimitación de sus aguas no ofrece detalles sobre el número de millas que tendría su zona económica, ni sobre cómo se delimitaría la frontera en función de su población, orografía, etc. Para Ríos, el Estado marroquí suele moverse en una postura en la que no dice claramente qué acepta y qué no: “Se ha movido en una indefinición, ni sí ni no, porque está cómodo en esa indefinición”, considera. También opina que a Canarias no le beneficia la situación actual de indefinición: “Si hay una definición y seguridad jurídica en la que se precise cuál es el espacio de uno y cuál es el espacio de otro, en principio yo creo que sí beneficiaria a Canarias”, sostiene. En este sentido, la Plataforma por el Mar Canario lleva 25 años reclamando que Canarias sea reconocida ante la ONU como un archipiélago de pleno derecho. Tal y como defiende su director, Domingo Martín, el reconocimiento de Canarias como Archipiélago en esta institución internacional “blindaría a Canarias en lo que respecta a sus aguas interiores a través del perímetro archipelágico”. 

Martín critica que la situación actual supone que todas las aguas que superen las 12 millas (el espacio más cercano a la costa y que se denomina mar territorial) de cada isla puede pasar a jurisdicción marroquí. De hecho, el Parlamento de Canarias aprobó el año pasado en este sentido una proposición no de ley para pedir a la ONU el reconocimiento jurídico como archipiélago. Esta propuesta fue respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX. El director del colectivo lamenta que a pesar de que los 88 ayuntamientos de Canarias y los siete cabildos insulares también respaldan la propuesta y que el Estatuto de Autonomía canario reconoce a Canarias como un archipiélago, “el estado español sigue reconociendo a Canarias en un régimen de islas”. 

En esta línea, María Esperanza Orihuela Calatayud, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Murcia, explica que el principio archipelágico entiende al archipiélago como un conjunto de tierra y mar y que España con la Ley de Aguas Canarias de 2010 ha intentado provocar un cambio para que el derecho internacional reconozca a cualquier archipiélago, sea estado o no, “esa posibilidad de considerarse como un todo”, detalla. 

La última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 recoge que Canarias constituye un archipiélago, cuyo perímetro viene determinado por lo que se conoce como líneas de base recta, los cuales unen los puntos más extremos de las islas que componen el archipiélago canario. Las aguas que quedan dentro del perímetro se denominan en la reforma del estatuto como aguas canarias. “Canarias tiene trazadas las líneas que unen el archipiélago, lo que no tiene claramente establecido es cuál es el régimen de las aguas que hay dentro de ese perímetro. La ley española de lo que habla es de aguas canarias, pero no especifica qué carácter tiene y qué relación tiene”, señala Calatayud.

Entretanto, España y Marruecos celebraron la semana pasada en Madrid una reunión de alto nivel en la que no se tocó el asunto de la delimitación de las aguas. Tal y como señaló el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de la red social X, “no se han tratado asuntos que afecten a Canarias, ni directa ni indirectamente”, según le trasladó a través de una llamada telefónica el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. 

“Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui”

La ampliación de la plataforma continental por parte de Marruecos hacia el sur es otro de los puntos incluidos en la publicación de Atalayar. El texto señala que “España presentó en 2014 y 2015 solicitudes para extender la plataforma alrededor de Canarias hasta el máximo permitido. Marruecos respondió expresando su desacuerdo, por considerar que los límites propuestos por España se superponen a la plataforma continental frente a sus provincias del Sur”. Sin embargo, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonizar, el último territorio en esta situación en África. El delegado del Frente Polisario para Canarias, Alisalem Sidi Zein, recuerda que Marruecos “no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui” para que pueda delimitar sus fronteras marítimas. “El Frente Polisario, el pueblo saharaui y la República Árabe Saharaui Democrática rechazan y condenan ese intento siempre de querer involucrar a las fronteras saharauis que no le corresponden, en ese intento de delimitar las zonas marítimas y las fronteras marítimas con Canarias”, recalca Sidi Zein. Una supuesta ampliación de la plataforma continental de Marruecos entraría en confrontación con la petición solicitada por España, concretamente en la zona donde se aloja el Monte Tropic, una cadena de montes submarinos, consideradas una prolongación de las abuelas de Canarias“. En esta zona se han descubierto tierras raras, y minerales como el telurio, cobalto o níquel, materiales que pueden ser relevantes para la transición ecológica del futuro.

La explotación de estas tierras raras es un proyecto muy a largo plazo del que tampoco hay muchas certezas. La profundidad del yacimiento hace muy difícil su exploración y explotación y hasta el momento no hay empresas que se hayan interesado en la extracción de los recursos de la zona. García Pérez precisa que no hace falta esperar a una resolución sobre a quién pertenece esta zona para explotarla, ya que se puede hacer a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) de la ONU, que se encarga de la gestión de los fondo oceánicos. “Una compañía privada puede pedir acceder a la explotación de estos recursos y conseguir la licencia por parte de esta institución. Tendría que pagar un canon de explotación que se lleva a cabo a través de la ONU y que se reparte luego entre todos los miembros de la comunidad internacional”, explica. El profesor añade que esto no se ha hecho hasta ahora, quizá porque no hay empresas que vean viabilidad técnica y económica en este proyecto

En cualquier caso, para Sidi Zein el plan marroquí sobre delimitación marítima guarda relación con sus “pretensiones expansionistas”, las cuales buscan llevar a cabo la idea del Gran Magreb, un proyecto que abarcaría una parte de Argelia, de Mauritania, Mali, Ceuta, Melilla y Canarias. “Estas pretensiones las ha utilizado desde su independencia en 1956. Es el sueño expansionista del régimen de Marruecos, el cual no respeta el derecho internacional, no porque lo ignore, sino que lo hace para conseguir sus objetivos expansionistas”, concluye. 

La Marina Nacional de Senegal y un equipo especializado en trabajos marítimos están llevando a cabo labores de estabilización del petrolero Mersin accidentando en la costa de Dakar entre el 27 y el 28 de noviembre. Según ha comunicado el Puerto Autónomo de Dakar, dependiente del Ministerio de Pesca y de la Economía Marítima de Senegal, a pesar de las condiciones de viento desfavorables en el mar, el buque permanece estable y bajo vigilancia constante. El petrolero, que se encuentra aproximadamente a 1.400 km de Canarias, carga en su interior 39.000 toneladas de crudo. 

El organismo portuario señala que el objetivo de la intervención es la protección del medio ambiente, para lo cual han desplegado un dispositivo que busca prevenir cualquier riesgo que afecte al medio marino. En la zona se encuentra un equipo de buzos artificieros de la empresa Tous Travaux Sous-Marins que está realizando intervenciones específicas en el casco y cuenta con el apoyo de una embarcación de la Marina Nacional, que garantiza una supervisión cercana y la seguridad del perímetro de intervención. Con este despliegue conjunto se busca “aplicar lo antes posible la solución técnica más segura y adecuada para asegurar de forma definitiva el buque y su carga”, matiza la nota. 

El despliegue está coordinado por la Alta Autoridad de la Seguridad Marítima (HASSMAR, por sus siglas en francés), que dirige todas las acciones en estrecha colaboración con el Puerto Autónomo de Dakar y la Agencia Nacional de Asuntos Marítimos (ANAM, por sus siglas en francés), tal y como se detalla en el comunicado. También, asegura el organismo, se mantienen intercambios técnicos con los representantes del armador del buque. Por otra parte, tal y como señala la Agencia EFE, la naviera responsable de la gestión técnica del petrolero, Besiktas Shipping, ha asegurado que la situación se controló de inmediato y que no hubo heridos, ni víctimas mortales ni contaminación. 

El petrolero Mersin sufrió cuatro explosiones externas en la noche del 27 al 28 de noviembre cerca de la costa de Dakar, de las cuales se desconocen sus causas. Algunas fuentes relacionan este incidente con ataques de drones originarios de Ucrania, aunque no hay confirmación oficial. Por otra parte, la tripulación atribuyó la escora sufrida por el barco a una vía de agua en la sala de máquinas provocada por el nulo mantenimiento al que es sometido. Según recoge el periódico Le Monde la investigación no descarta ninguna pista, incluida el ataque ucraniano. El Mersin es un buque con bandera panameña, según recoge la web Vessel Finder pero de propiedad turca. Tal y como informa la Agencia EFE, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler, el Mersin tiene un historial de transporte de petróleo ruso. 

El Mersin es considerado un buque de la llamada shadow fleet (flota sombra), barcos viejos, con nulo o escaso mantenimiento, que navegan al margen de las exigencias internacionales para el tipo de carga que transportan. Son los que habitualmente se ocupan de transportar crudo de procedencia rusa para, de ese modo, eludir las sanciones de los organismos internacionales. Habría salido el 21 de agosto del puerto de Taman, en Rusia, según informaciones de Le Monde y llegó a Dakar el 2 de noviembre, tal y como refleja la web Vessel Finder. 

Hasta el momento no ha habido una reacción oficial por parte de España ni de Canarias, teniendo en cuenta que en el caso de que se decretara la existencia de una marea negra, esta podría afectar a Canarias, a tan solo 1.400 kilómetros de la costa senegalesa. Por su parte, la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS), liderada por el ambientalista Ezequiel Navío, ya se ha ofrecido al Gobierno de Canarias, este aún no ha contestado formalmente por carecer de información consistente. Tampoco consta reacción oficial alguna del Gobierno de España, al que también se ha hecho llegar un ofrecimiento similar. 

Por su parte, Greenpeace África ha mostrado su preocupación ante un hecho que no valoran como un evento aislado, sino que refleja una “tendencia preocupante” y un “patrón que se repite peligrosamente”. Para la organización, las aguas senegalesas están expuestas a “riesgos industriales insuficientemente anticipados”. Y aunque valoran la reacción rápida de las autoridades, critican que todavía no hay respuestas a las preguntas esenciales para el público y la protección del medioambiente.

Por ello, desde Greenpeace África reclaman a las autoridades competentes repuestas rápidas sobre las causas reales del incidente, los potenciales riesgos para el medio marino, información sobre la eficacia real de la barrera anticontaminación y cuál será el destino del buque.

Durante años reconoce que ha sentido el síndrome de la impostora. Odome Agone es gabonesa, filóloga hispanista, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora, profesora de Literatura hispanoafricana en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar y cuenta con cuatro libros en el mercado en los que aborda las cuestiones de género, raza, colonialidad e interseccionalidad. Y también en la actualidad, ha sentido que no es lo “suficientemente válida” para dar voz a contextos y saberes debido a su procedencia. Por eso, su trabajo, reivindica, no es solo académico, sino también político, con el que llama a hacer una revisión del contenido de los ámbitos académicos para que se integren otros saberes que no han sido producidos en Occidente pero que son igualmente válidos. 

“Debemos dejar de asociar únicamente las lenguas occidentales con el saber académico”, enfatiza. La filóloga, que ha estado recientemente en Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso Compass organizado por la universidad pública de la misma ciudad, critica la marginación que han sufrido los discursos y conocimientos de “las periferias”, creados por personas que no son de Occidente y que además no transmiten sus conocimientos en alguna lengua occidental. Es lo que se denomina injusticia epistémica. Ejemplifica que personas como ella, procedente de otros contextos, han tenido que leer a los grandes clásicos occidentales en detrimento de sus grandes clásicos porque no escribían en lenguas occidentales. También recuerda a su abuela, quien le enseñó las herramientas del feminismo pero que, a su vez, nunca podría estar en la academia porque no habla una lengua colonial: “En la ciencia, llevamos siglos excluyendo a media población humana porque no habla lenguas occidentales”, revela. 

Para luchar contra este desequilibrio, la filóloga recurre a la justicia epistémica. Para ello habría que dar voz a los que históricamente han sido ocultados, empezar a asociar las lenguas no occidentales también con el saber académico y permitir que idiomas de otras latitudes entren en la academia para que sean tratadas como iguales. Además, esta lucha, a juicio de Angone, debe hacerse desde los sures, desde sus contextos, realidades y sistemas donde buscar mecanismos para incluir esos saberes en los círculos académicos. “Occidente, en mi opinión, no nos reconocerá mientras sigamos autoexcluyendo nuestros propios saberes”, asevera. 

Sobre Occidente también hay cuestiones que plantearse y para ello la filóloga propone redirigir el foco. Angone considera que del mismo modo que se dice que hay personas afrodescendientes, habría que interrogarse “de qué color son los blancos, aquellos que se consideran el paradigma de la humanidad, de qué color es el corpus que estudiamos desde una perspectiva eurocéntrica y de qué color es el discurso dominante”. En su último libro ¿De qué color son los blancos?, la investigadora se cuestiona sobre las implicaciones que conlleva pertenecer a cada grupo. “Es importante que cuando hablemos de negros, de personas no blancas, entendamos que la blanquitud forma parte también de ese colectivo. Las personas racializadas somos todos, como negros y como blancos. Ya que los cuerpos son marcados históricamente para actuar de determinada manera”. 

Uno de los mecanismos que la profesora ha puesto en marcha es la incorporación de textos y libros de autores africanos o afrodescendientes en sus clases en la Universidad pública de Dakar. “La universidad es para mí altamente política”, revela y por ello, empezó a buscar materiales de autores contemporáneos, que hablen, por ejemplo, de las migraciones, pero desde sus puntos de vista, desde sus saberes y que, además, pocas veces son escuchados en los “espacios dominantes”. “Siempre en clave decolonial para desmontar los mitos y, también, los discursos erróneos que algunas veces se divulgan en los espacios públicos, en la televisión y en la narrativa dominante”, matiza. 

Sus clases hacen un recorrido literario por varias figuras y realidades diversas. Están presentes libros como Tierra de la luz, de Lucía Mbomio; La luna está en Douala, de Sani Ladan y otros de autores guineanos como Tomás Ávila Laurel o Francisco Zamora Loboch, que en su libro La república fantástica de Annobón refleja la etapa de la colonización española en Guinea Ecuatorial. La profesora destaca también No hay país para negros, del camerunés Oscar Kem, en el que habla de la dimensión global del racismo estructural antinegro a partir de la historia de Junior, el personaje principal. “El texto es un mecanismo de socialización para quienes aprenden en este contexto, como es la juventud africana. Yo creo que es importante que también se legitime su voz”, subraya. 

Para llegar a esta lucha, Angone pasó por un doctorado en la Universidad Complutense, donde descubrió que también podía especializarse en filología hispánica teniendo en cuenta su lugar de origen. Su tesis doctoral fue una comparativa entre la literatura francófona africana y la literatura cubanoamericana, en la que habla de las identidades transfronterizas y con la que comprendió que su estudio estaba ligado a su propia experiencia: mujer nacida en un país colonizado en el que seguía teniendo un gran peso la lengua occidental y el imaginario colonial. “Comprendí que hay una relación directa entre la sociedad y la academia, y no puedo seguir estudiando otros corpus de otros espacios sin poner en perspectiva mi contexto personal y político”, apunta. 

También ha ido reforzando esta lucha su condición de madre. Su hija es de padre español blanco y de madre africana universitaria y reconoce que empezó a dar contenidos en literatura afrodescendiente española contemporánea porque hasta entonces no veía a su hija reflejada en los textos. “Si quiero transmitir el concepto de justicia epistémica en la academia debería empezar por mi hija, haciéndole justicia a ella”, enfatiza. Reconoce que no puede considerarse únicamente como una docente sino también como una madre universitaria que “politiza su existencia”. “Históricamente soy consciente de que cuerpos como el mío no iban a las academias para ofrecer contenido y tener la legitimidad hablar en nombre de un todo. Por eso digo que no soy solo universitaria, sino que soy madre y universitaria como sujeto político en la academia”, reivindica.

Los mensajes contra las personas migrantes llevan años marcando la agenda política y pública. Desde líderes de partidos políticos, hasta influencers y personas anónimas de la sociedad han recurrido a la utilización de la población migrante para ganar votos y expandir su posicionamiento ideológico.

Aquí se repasan los bulos más repetidos que afectan a las personas migrantes y racializadas de España y cuál es la realidad. 

“Viven de las pagas”

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con los del Ministerio de Trabajo recuerdan que la población migrante en España es clave en el mercado de trabajo. En nuestro país, según el INE, residen casi siete millones de extranjeros. De la población activa extranjera, es decir mayores de 16 años y que trabajan o buscan trabajo, el 83,5% está ocupada, según el Ministerio de Trabajo. En cifras, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de tres millones están afiliados a la Seguridad Social. Su trabajo es especialmente relevante en hostelería, agricultura, construcción, actividades administrativas y transporte. Además, casi la mitad del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social son mujeres. La marroquí es la nacionalidad extranjera con más trabajadores, seguida de personas de Rumanía y Colombia. Estas serían las personas migrantes que trabajan de manera legal. 

Pero en nuestro país residen personas de origen extranjero que viven sin papeles, por lo tanto, sin acceso a derechos básicos. Según el centro de análisis Funcas, a principios de 2023 en España había casi 700.000 personas residiendo en estas condiciones. Quitando a los menores, muchos de estos migrantes trabajan en la economía sumergida, de los cuales es complicado tener datos debido a su actividad irregular. Estas personas ejercen sin contrato, sin seguro de trabajo, expuestos a condiciones laborales extremas y con el riesgo de sufrir abusos de diversa índole por parte de sus empleadores. Entre los sectores donde se tira más de mano de obra extranjera sin regularizar están el empleo doméstico, los invernaderos o la construcción. 

Estas personas, aun sin contrato laboral, sobreviven gracias a la remuneración que perciben por su trabajo y no gracias a ayudas públicas, ya que sin papeles no hay acceso a prestaciones sociales. En esta línea, una de las últimas afirmaciones lanzadas contra las personas migrantes gira en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a su supuesto acceso por parte de migrantes que no están en situación administrativa regular. Uno de los requisitos obligatorios para comenzar el trámite del IMV es que el solicitante tenga residencia legal en España. Otras prestaciones sociales como los subsidios por desempleo o el permiso por maternidad también exigen estar en posesión de la tarjeta de residencia.

“Les regalamos la nacionalidad española”

La cuestión relativa a la documentación, ya sea la nacionalidad española o el permiso de residencia, también es tendencia. La obtención de la nacionalidad española por residencia tiene varias modalidades. Las personas de países de Iberoamérica o Filipinas pueden solicitar el pasaporte español después de dos años de residencia legal en nuestro país. Si el extranjero procede de algún país de África o de Oriente Medio debe haber residido en nuestro país durante mínimo diez años de manera legal. Además, los solicitantes deben pasar por dos pruebas realizadas por el Instituto Cervantes, una de español A2 (salvo para los procedentes de Hispanoamérica) y otra de conocimientos sobre la Constitución y sobre la realidad social y cultural de España. En cualquier caso, en España hay personas que han nacido en este territorio o llevan residiendo 20 años y no tienen aún DNI español. 

Hace unas semanas, durante la presentación del plan migratorio del Partido Popular (PP), su líder, Alberto Núñez Feijóo, incidió en que la solicitud de residencia por arraigo “no puede seguir siendo una vía masiva”. El trámite para la regularización de una persona que ha pasado mínimo dos años residiendo en nuestro país de manera ilegal (solicitud por arraigo), requiere de diversa documentación con la que demostrar tanto su vínculo social como laboral con España. Entre otros documentos, se requiere de certificado de empadronamiento, informe de integración social expedido por servicios sociales de la comunidad autónoma o ayuntamiento, antecedentes penales del país de origen, pasaporte y oferta de trabajo con una jornada semanal de mínimo 20 horas. Hay migrantes que pueden esperar hasta 6 meses para saber si su solicitud está aprobada o no. Sin embargo, quienes sí han tenido facilidades para obtener su regularización en España fueron los millonarios, que con una inversión en nuestro país superior a 500.000 euros, obtenían automáticamente la tarjeta de residencia. Es la conocida como golden visa y fue suprimida el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

“Les regalan las casas”

Oumar (nombre ficticio) es un joven de Senegal que reside en Bilbao. Relata a este medio que cuando está en búsqueda de piso y las conversaciones se mantienen por Whatsapp todo funciona con normalidad. Desde que acude en persona a ver el inmueble, surgen los problemas. “Cuando he ido a la cita puesta por el propietario y me ha visto, me ha dicho directamente en la puerta de la casa que al final no va a alquilar el piso”. Oumar tiene un contrato de trabajo indefinido con un salario alto y tarjeta de residencia. Su caso no es el único. Se conoce como racismo inmobiliario y dificulta a las personas negras, musulmanas, latinas y gitanas el acceso a una vivienda, hayan migrado o nacido en España.

La Asociación Provivienda, en un informe financiado por el Ministerio de Inclusión, determinó en 2024 que prácticamente el 99% de las inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias contra personas extranjeras sugeridas por los propietarios. El mismo documento señala que no hay negociación alguna “cuando se trata de excluir a personas extranjeras de países de África, Asia y América Latina”. 

“Son unos delincuentes”

Cuando se lanza la afirmación de que los extranjeros cometen más delitos que los españoles, realmente lo que se quiere expresar es que son las personas africanas las que copan estas estadísticas, aunque no sea así. Según los datos de población del INE, en nuestro país residían 1.217.706 personas de África en 2022. También según datos del instituto de estadística, 36.289 personas procedentes de algún país africano cometieron algún delito en España ese mismo año. Se trata de 2,98% si presuponemos que todos los que delinquieron residen en nuestro país, ya que los datos sobre delincuencia aportados por el INE también incluyen a los que no residen en España pero cometieron un delito en una visita puntual.  

“Los jóvenes y menores son unos delincuentes”

Relacionado con lo anterior y de manera más específica, también sobrevuela la afirmación de que los migrantes más jóvenes, incluso los menores de edad, se dedican a actividades delictivas. El Ministerio de Inclusión matizó que a 30 de junio de 2025, el 62% de las personas menores y jóvenes extuteladas, de 16 a 23 años, con autorización de residencia en vigor, estaban afiliadas a la Seguridad Social. Entre las personas de 18 a 23 años ese porcentaje es del 71% y entre las de 16 y 17 años es del 15%. Pero además, muchos de ellos estudian y trabajan al mismo tiempo: cursan formaciones profesionales, cursos de idiomas o se están sacando el carnet de conducir. 

“Si el migrante delinque, debe ser expulsado”

El Código Penal ya establece en su artículo 89 que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. En 2024 se expulsaron más de ocho personas de media al día tras ser condenados. La nacionalidad con más expulsados a su país de origen en 2023 fue la albanesa, según datos de la Fiscalía. 

“Si el Gobierno le da ayudas es para que los voten”

Los migrantes sin papeles y los que tienen permiso de residencia, incluso de larga duración, no pueden votar en las elecciones generales. Son los españoles mayores de edad los que tienen derecho a sufragio para elegir a los miembros del Congreso y el Senado, según establece la Junta Electoral Central. Solo en los comicios municipales, pueden hacerlo aquellos nacionales de una serie de países como Bolivia, Cabo Verde, Corea o Islandia. Para ejercer este derecho primero deben haber residido en España mínimo cinco años de manera legal antes de la celebración de las elecciones y solicitar una inscripción en el censo electoral. 

“Colapsan nuestro sistema de salud”

Los extranjeros utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, salvo urgencias, de acuerdo con informaciones del Ministerio de Inclusión. No solamente no consumen más que los nacionales este tipo de recursos, sino que muchas personas de origen migrante tienen dificultades para acceder al derecho a la salud por las distintas barreras a las que se tienen que enfrentar, como la discriminación administrativa o los obstàculos culturales o idiomáticos, tal y como ha alertado Médicos del Mundo. De hecho, para algunos expertos, el racismo ya se contempla como un problema de salud pública, que provoca mayor morbilidad y mortalidad prematura en los grupos racializados. La fundación FUNDEC va más allá y señala que gran parte de los problemas de salud de los migrantes derivan de la política migratoria, como la Ley de Extranjería (una persona en situación administrativa irregular durante años puede encontrar dificultades para tener médico de cabecera asignado, por ejemplo) o la política de externalización de fronteras (un migrante de África que que se ve obligado a atravesar el continente antes de llegar a Europa puede sufrir desde torturas hasta padecer enfermedades que no son tratadas y arrastran hasta llegar a España). 

Cómo los sesgos y los estereotipos refuerzan los bulos

“Creemos que sabemos mucho de una persona y sobre cómo se comporta solo por el hecho de saber un dato, como, por ejemplo, que es migrante o que viene de un lugar determinado”, revela Naira Delgado, profesora de Psicología Social de la Universidad de La Laguna (ULL). Para la psicóloga, la predisposición a creer en bulos se basa en el funcionamiento de nuestro cerebro, ya que las personas, ante toda la información disponible, se queda con aquella que confirma sus creencias previas, aunque estas no estén verificadas o contrastadas científicamente. “Es un pensamiento circular que se produce y está relacionado con lo que conocemos en psicología como el sesgo de confirmación”, matiza. A través de los sesgos, detalla, la persona toma un “atajo de pensamiento” para llegar a una conclusión, en detrimento de pararse a pensar o reflexionar sobre la persona en concreto. “Esto nos lleva a tomar conclusiones y decisiones injustas”, destaca. 

También está la cuestión política y cómo los líderes de los diferentes grupos han hecho de esta cuestión su caballo de batalla. Para el Doctor en Economía e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Alessandro Indelicato, una parte de responsabilidad la tiene a la clase política, la cual polariza cada vez más el fenómeno migratorio: “Hay un contraste muy fuerte entre una parte de la política que dice que hay que dejar entrar pero después no da una respuesta clara de cómo organizar la entrada y gestionar la convivencia y otra parte que dice que vienen aquí con machete”.  

“Creo que el principal problema de la migración en España y en Europa es la gestión”, mantiene Indelicato. A su juicio, “la culpa” es de las instituciones que no han desarrollado políticas “eficientes”, ya que considera que si las personas migrantes pudieran trabajar de manera reglamentada desde que llegan, muchas de las percepciones negativas sobre los migrantes no se pensarían. 

Para Delgado, estas percepciones negativas son los estereotipos que se han formado en el cerebro, y que son “construcciones sociales, criterios arbitrarios” que hacen “más cómodo” organizar la diversidad del mundo social. Sin embargo, la especialista subraya que las personas tienen una pluralidad de comportamientos y que las personas no son iguales: “Cualquier afirmación que vaya en la línea de que todos los miembros de este grupo son iguales, es de origen falso, no puede ser real”, incide. En cualquier caso, sostiene que el racismo es lo que va estar siempre detrás de este comportamiento, acompañado del etnocentrismo, la visión de que la cultura y valores de Europa son superiores, cuando estas personas “también tienen un acervo cultural, otro recorrido y otra riqueza”, enfatiza.

Solo faltaban cinco metros para que el cayuco tocara tierra firme en La Restinga, El Hierro. La embarcación, con 150 personas a bordo, intentó colocarse junto a la Salvamar. En mitad de la maniobra, la barcaza volcó. El momento fue capturado por las cámaras de televisión y las imágenes de la tragedia dieron la vuelta al país ese 28 de mayo. Siete personas murieron: cuatro niñas y tres mujeres. Los migrantes habían salido diez días antes desde Guinea Conakry, a más de 2.000 kilómetros de distancia del Archipiélago. Las salidas desde este país han añadido una nueva ruta hacia Canarias y los guineanos se han convertido este año en la tercera nacionalidad más frecuente entre quienes cruzan el Atlántico.

''Aquí nada ha cambiado, es la dirección la que cambia'', explica Elhadji Mohamed, coordinador de la Organización guineana por la lucha contra la migración irregular. Los últimos datos publicados por Frontex, la agencia europea de vigilancia de fronteras, concluyen que la mayoría de personas que sobrevivieron a la ruta canaria entre enero y agosto de 2025 son los nacionales de Mali (5.059), Senegal (2.833) y Guinea (1.284). La situación política, la búsqueda de un futuro mejor y el refuerzo de los controles en otros puntos de salida explican la mayor presencia de guineanos entre las embarcaciones que llegan a las islas, así como las salidas que se han contabilizado desde el país. 

En el mismo periodo de 2024, cuando el número de llegadas era un 52,6% mayor, el número de guineanos que sobrevivieron al Atlántico (1.666) estaba por debajo de la cifra de malienses (10.727), senegaleses (6.851), marroquíes (2.150) y mauritanos (2.024). Ya en junio de 2025, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, afirmó que las salidas de migrantes se habían desplazado hacia Guinea Conakry y Argelia, suponiendo un mayor riesgo para las personas que intentan llegar a Europa. En las embarcaciones que han salido de Guinea en 2025 no hay solamente nacionales de este país. También viajan jóvenes de Senegal o Gambia. 

''Estamos hablando de diez días de navegación, por lo que el riesgo es mucho mayor para la vida de las personas que intentan acercarse a Canarias, al tratar de alejarse de la costa demasiado para evitar que les detecten'', explicó Pestana, quien recordó que los cayucos pueden perderse en el Atlántico y llegar al Caribe o a Brasil, como ya ha ocurrido.

Para Elhadji Mohamed, el desplazamiento hacia el sur de la ruta que conecta el continente africano con las Islas Canarias responde a la política de cierre de fronteras de la Unión Europea (UE), ya que las salidas desde Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal se han complicado. “Es como si llenas algo con mucha agua y cierras. El agua seguirá saliendo y terminará explotando”, ejemplifica.

En el caso de Mauritania, una investigación reciente elaborada por la organización Human Rights Watch (HRW) destapó el lado oscuro del control fronterizo que trata de frenar las salidas desde este país hacia Canarias y que explica por qué las llegadas de migrantes a las islas han caído en más de un 60% este año. El exhaustivo informe documenta extorsiones, arrestos masivos, detenciones durante días y semanas sin agua ni comida, expulsiones colectivas, palizas y torturas. Los mauritanos negros son quienes sufren con más fuerza este tipo de violencia y discriminación ejercida por parte de mauritanos de piel más clara, que son mayoría entre las fuerzas de seguridad.

''Si el océano Atlántico de Senegal permite llegar, los que están en Guinea dirán, ¿por qué no intentarlo desde nuestro país? Esto pasará más a menudo, porque si las otras zonas están cerradas, otras necesariamente se van a abrir'', cuenta Mohamed. Sin embargo, intentarlo desde Guinea Conakry implica elevar el riesgo a la máxima potencia. La mayor parte de las embarcaciones que lo han intentado han salido desde el puerto de Kamsar, en la región de Boké, una zona más cercana a Guinea Bissau que a Conakry, la capital del país. Desde este puerto al de La Restinga hay más de 2.200 kilómetros. 

Mohamed explica que se trata de la región pesquera del país, donde sus trabajadores tienen un gran conocimiento del mar, y que al estar alejada de la principal ciudad del país, está menos controlada. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, puesto que el experto cuenta que ya en 2024 se produjeron varias salidas, es en 2025 cuando esta ruta se ha materializado con la llegada de tres embarcaciones, a las que se suman dos que vieron interrumpido su trayecto, una en Senegal y otra en Mauritania. 

El primer cayuco que alcanzó El Hierro lo hizo en abril. El segundo arribó a las costas canarias en mayo y terminó en tragedia. La última barcaza que salió desde Guinea y que llegó al Archipiélago fue rescatada el 16 de octubre con 28 personas a bordo. Fue localizada a 13 kilómetros de la costa y llamó la atención de las autoridades porque iba “sobrada de espacio” con comida y combustible para trasladar a más de 200 personas. Fuentes policiales indicaron a la Agencia Efe que sospechan que los migrantes fueron sorprendidos por las autoridades de su país cuando iban a salir hacia Canarias y que estos emprendieron el viaje sin completar el embarque.

''Poco importa si mueres o vives''

De la región de Boké proceden algunos de los jóvenes guineanos que se adentran en la ruta canaria desde sus costas. Hay varios motivos que subyacen a la decisión de partida. Por un lado está la cuestión política. Una junta militar gobierna el país desde el año 2021 y las manifestaciones son constantes: ''No hay manifestación donde no haya algún muerto. Esto también hace que la gente migre'', detalla Mohamed. Por otra parte está el factor económico, en un país con un 60% de desempleo juvenil, según las cifras publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

''Imagina un gran país con una mayoría de población joven, un 72%, que no tiene oportunidades de empleo. El salario medio es de 55 euros y el alquiler de una vivienda es de 600 euros. ¿Cómo podemos pensar que la gente puede vivir con esto?'', se lamenta. También cuentan las proyecciones que se tienen antes de partir. Los jóvenes piensan que si comienzan a trabajar y envían a sus casas 100 o 200 euros, esa cifra se convierte en unos 5 millones de francos, una cantidad que supone mucho dinero en Guinea. O que si consiguen ahorrar 15.000 euros pueden construir una casa en su país. 

Ese anhelo por tener una vida mejor no tiene frenos. ''Los jóvenes son todos conscientes de que la ruta es peligrosa. Pero cuando tú hablas de esto, ellos dicen que poco importa si mueres o vives, porque ya aquí sobrevives'', afirma. La organización que Mohamed coordina trabaja en la sensibilización sobre los riesgos de la migración y recuerda que hay familias que no han vuelto a ver a sus seres queridos que partieron en embarcaciones de las que se perdió su rastro. ''El océano Atlántico es muy peligroso, es una cuestión de vida o muerte, y si ellos salen y mueren, dejan a sus familias con dificultades. Aquí hay familias que viven con miedo y angustia'', destaca.

Lejos de las imágenes de los cayucos que llegan a las costas canarias y de los migrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla, hay otra realidad migrante africana. Las movilidades humanas dentro del continente supusieron 16 millones de desplazamientos en 2022, según la Organización Mundial de las Migraciones, mientras que ese año llegaron a las fronteras del sur de Europa cerca de 133.000 personas procedentes de África, de acuerdo con datos de Frontex. Una de las rutas con mayor dinamismo dentro del continente africano es la que une Rosso (Senegal), Nuakchot (Mauritania) y Casablanca (Marruecos), cuya historia de intercambios comerciales comenzó hace siglos y donde hoy miles de migrantes subsaharianos contribuyen a su crecimiento económico sin ninguna pretensión de lanzarse al mar. 

“Hay muchas personas que prefieren mil veces instalarse en Mauritania y Marruecos y no arriesgarse a atravesar el mar para llegar a Canarias”, sostiene el socioantropólogo senegalés Baye Masse Mbaye, autor del libro Socioantropología de la inmigración subsahariana. Entre 2021 y 2023, el investigador y profesor de Sociología de la Universidad de Saint Louis (Senegal) se camufló entre los trabajadores subsaharianos que trabajan entre estos tres polos, donde constató que esta ruta no es únicamente un desierto caluroso y seco, sino que también es un corredor lleno de vida. “Es un desierto rico donde sus trabajadores han construido infraestructura. Son albañiles o personal de carga en los puertos y en los mercados. Verdaderamente la mano de obra subsahariana hace maravillas”, subraya. Su trabajo, que ha obtenido el Premio de Ensayo de Casa África en 2024, sirve también para ampliar el foco y dejar de reducir las migraciones africanas al sueño europeo. “Los países africanos que son atravesados por este corredor constituyen un verdadero destino del sur. No son necesariamente países de tránsito. Y no todos los migrantes quieren necesariamente venir a vivir en Europa”, revela. 

Para el sociólogo, estos migrantes están construyendo África. Se mueven no solo entre las tres principales localidades del corredor, sino también por los puntos de tránsito como Guerguerat, Nuadibú, Dajla y Agadir. El investigador desgrana que la cercanía a sus lugares de origen es un factor con mucho peso a la hora de migrar dentro del continente, ya que saben que pueden regresar en cualquier momento para ver a sus familias y en cada festividad religiosa. Si vive en Europa, el migrante debe pensar en el papeleo indispensable para moverse, como la tarjeta de residencia y añadir el coste del billete de avión. Además, el profesor agrega que cuando ya están bien instalados traen a sus familias. “Ellos viven el dorado africano. Quería mostrar que hay migrantes que triunfan en África, que son ricos en África, que traen a su familia y que cuidan a sus padres en la distancia”, matiza. 

La mayoría de las personas que han migrado a lo largo de este corredor ya tenían un oficio en sus países de origen. Eran albañiles, profesionales de la mecánica, pintores, diseñadores o pescadores. Uno de los perfiles profesionales más destacados es el de los transportistas, que llevan en sus grandes camiones minerales, como los fosfatos a lo largo de carreteras invadidas por las arenas del desierto. Los migrantes del corredor son de Senegal, Mali, Níger, Costa de Marfil y Guinea y tienen entre 15 y 35 años. Que los migrantes subsaharianos presentes en esta ruta pertenezcan a esta franja de edad desmonta el mito de que todos los jóvenes africanos quieren venir a Europa. Además, tal y como apunta el profesor, pudo preguntarles qué harían en el caso de que tuvieran una visa para venir a Europa: “Si la embajada de España les ofreciera una visa, ¿se irían a trabajar? Y me dijeron que partirían pero para regresar. Sería solo para diversificar el comercio y encontrar otros mercados, pero no para recomenzar de cero en España, ni rehacer su vida, ni los papeles”, cuenta. 

“Hay que hacer hablar a las cifras”

El trabajo de Masse se inscribe en el campo de la sociología decolonial. Para realizar esta investigación quiso alejarse del enfoque clásico de las estadísticas en los estudios sobre el fenómeno migratorio entre África y Europa: “Para mí las estadísticas son las cifras, pero hay que hacer hablar a las cifras”. Para ello, se vistió como los trabajadores de esta ruta y se adentró en el terreno para hacer una “observación participante”, gracias a la cual pudo obtener la información necesaria de manera directa, bruta y sin filtros.“Es la etnografía multisituada, que ya ha sido hecha por muchos investigadores, que se plantea de manera discreta, a largo plazo y que incluye tomar fotos, mantener conversaciones, observar las escenas”, apunta.

Entre conversaciones y comidas pudo descubrir, por ejemplo, la figura del migrante de reemplazo. Se trata de aquel joven que ha llegado a Casablanca y Nuakchot con el objetivo de sustituir a un trabajador familiar o amigo que ha sufrido algún percance de salud. “Quise mostrar que el migrante, cuando está herido, no piensa: ay, me voy a ir a Europa, que allí hay mejor sistema sanitario, sino que prefiere hacer venir a un vecino o a su hermano pequeño para que ocupe su puesto y reciba un salario. Es la solidaridad entre migrantes”, incide.

Fronteras actuales africanas y la colonización

La historia de la circulación dentro del corredor no es nueva. Masse explica que ya en el siglo VIII los camellos transportaban piezas de valor, joyas, libros en árabe, sal y goma árabe hasta Rosso, en la frontera entre Mauritania y Senegal, para realizar intercambios por esclavos negros. En esta zona siempre hubo intercambios y migraciones sin fronteras. Sin embargo, la llegada de la colonización sacudió la zona y la transformó sin tener en cuenta a sus poblaciones. Francia se hizo con el control de Marruecos, Mauritania y Senegal y definió sus fronteras. Esta delimitación se hizo sobre los mapas, pero en el día a día de las personas africanas la situación es otra. “En la psicología de las personas de esta zona y de los migrantes no hay fronteras; la frontera es para el estado, para los militares. La historia, las relaciones, los conocimientos, la religión es lo que nos une y eso es más fuerte que la jurisdicción del estado o el arsenal de control. Por eso hasta hoy la política estatal ha fracasado ante la realidad social y cultural de esta zona”, enfatiza. 

Este trabajo transfronterizo también le ha permitido sacar conclusiones sobre el funcionamiento de los límites geográficos y políticos: “Cuanto más cerrada es una frontera, más creativa es la gente para encontrar soluciones para pasar”. Masse apunta que, aunque a priori se puede pensar que una frontera cerrada puede desmotivar a una persona, él ha comprobado todo lo contrario: “Cuanto más musculosa, más dura y haya más tasas para pasar, la gente va a encontrar más alternativas. Esto quiere decir que no se puede hacer nada contra la voluntad del hombre; cuando él quiere vivir no se puede limitar. Y eso es algo humano, no algo africano”, destaca.

La descolonización de los museos en todo el mundo es un proceso imparable. Desde hace años, académicos y países que sufrieron la violencia colonial han reivindicado una lectura de los museos más acorde con la realidad y, en algunos casos, la restitución de su patrimonio cultural ubicado en museos —y sus almacenes— de Europa o Estados Unidos. También España, siguiendo esta línea, quiso sumarse a la ola de la descolonización museística y el año pasado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, llamó a “hacer revisiones de las colecciones para superar el marco colonial”. En el caso de Canarias, esta práctica muestra una serie de particularidades que guardan relación con su propio proceso histórico.

La descolonización de los museos no es tarea sencilla. Una de las medidas de mayor impacto es la restitución de piezas obtenidas mediante el expolio durante la colonización, ante la cual muchos expertos muestran sus dudas, ya que resulta complicado trazar cómo se apoderaron de ellas y a quién hay que devolverlas hoy. 

También incluye la contextualización de los objetos, explicar su procedencia, su uso en su cultura de origen y cómo llegó hasta las vitrinas de un museo. En Canarias, con la retirada y reclamación de la momia de Erques, ya almacenada en el Museo Arqueológico Nacional, se intensificó el debate sobre la restitución y futuros usos de los restos humanos de los antiguos canarios. Pero al mismo tiempo, museos como el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) custodian materiales arqueológicos, procedentes del Sáhara Occidental, que fueron donados por José Héctor Vázquez, el que fue el primer gobernador de este territorio durante la colonización española.

Para Roberto Gil, sociólogo y doctor en Filosofía, Cultura y Sociedad por la Universidad de La Laguna (ULL), esta descolonización se hace necesaria, ya que en numerosos museos “aún se exhiben de manera acrítica bienes y restos humanos obtenidos del saqueo, el despojo y la violencia colonial”, frente a lo cual se pide su restitución y el “fin de la exposición pública de cuerpos indígenas”, detalla. 

En esta línea, la doctora en Filosofía por la ULL Larisa Pérez Flores considera que, aunque se trate de una realidad que afecta a todos los museos, en las Islas, “de una manera específica, también se vuelve urgente”. Para la filósofa, la particularidad tiene que ver con la propia conquista, la cual ha hecho que las Islas tengan “una relación histórica con la expansión colonial directa”. “Canarias es un territorio que hace cinco siglos empieza a tener una interacción bastante violenta con otra manera de organizar la sociedad y de producir conocimiento y eso va a ir instalándose a lo largo de los siglos y va a producir una visión de nuestro propio territorio”, subraya. Esta manera diferente de entender el mundo, para ella se materializa en que los contenidos de los museos de historia o arqueología canarios tienen que ver con la manera en la que “otras personas” han mirado a las Islas. “Esas categorías están creadas desde unos marcos concretos, con unos intereses concretos, que quizá no son los que le corresponden a nuestro territorio”, puntualiza. 

“La identidad colonial de Canarias es un poco ser el colono y ser el colonizado”, revela el doctor en Artes y Humanidades de la ULL José Otero. Del mismo modo, la titular de Estudios Culturales de la Universidad Paris 8 Claire Laguian, que ha investigado sobre la invisibilización de la esclavitud en los museos canarios, mantiene que la posición de las Islas es muy compleja en el sistema mundial: “Canarias está entre tensiones socioculturales y geopolíticas opuestas: entre el continente africano, Europa, América Latina y el Caribe y dentro del Estado español”. 

Pérez explica que “la doble colonialidad en Canarias es muy evidente”, ya que se trata de un espacio geográfico que recrea colonialidad sobre otros territorios africanos, y al mismo tiempo, las islas son vistas como “algo exótico de donde extraer cosas sin permiso”. Por todo ello, la descolonización de los museos en las Islas podría indicar que debería seguir su propio camino: “Estamos empezando a plantear las cosas y es verdad que hacerlo siguiendo fórmulas que no son las que nos pide el contexto puede ser peligroso”, sostiene Otero. 

¿Cómo se descoloniza un museo en Canarias? Para Gil, el primer paso sería identificar “cómo el racismo se ha infiltrado en los museos”. A partir de ahí, se podrían revisar las perspectivas que han modulado los discursos sobre la historia de Canarias: “La que niega la violencia de la colonización cuando la representa como un proceso idílico de mestizaje, la que aún sigue diferenciando a la población indígena por tipos raciales, la que todavía proyecta estereotipos sexistas que invisibilizan a las mujeres nativas y su importancia para el orden social; la que sobredimensiona determinados rasgos de la cultura precolonial, como sus lesiones y enfermedades, pero apenas atiende a otros, como sus formas de producir conocimiento y la exhibición de los cuerpos de estos últimos como si fueran simples curiosidades científicas”, resalta. 

Para Laguian, también es importante preguntarse qué es lo que se enseña y qué no se enseña y añade que se debería dar al público la oportunidad de conocer la historia colonial tal y como ocurrió. Según Pérez, la construcción de un museo descolonizado deber ser fruto del diálogo social en el que participen los diferentes agentes sociales: “No puede ser una entidad que esté de alguna manera copada solo por un grupo de expertos que pertenecen a la comunidad científica o académica y tomar las decisiones acerca de eso”, reivindica. 

En cualquier caso, la filósofa también incide en que se trata de una tarea compleja, puesto que ya los orígenes del museo son problemáticos, debido a que la institución “nació como algo vinculado con el poder, con ciertas élites que tenían capacidad para acumular bienes”. Además, matiza que estos objetos eran arrancados de sus contextos para ser colocados en otros espacios: “Esa cosa pierde su uso que tenía en aquel contexto y acaba resignificada en otro para que la observen determinadas personas. Y cuando tú observas el objeto se pierden muchas cosas. Incluso se puede perder la dignidad. Por ejemplo, enterrar una persona puede ser una manera de preservar una dignidad y exponerla puede ser una manera de perderla”.

Museos en Canarias, en proceso de reflexión

Uno de los espacios museísticos que está en proceso de revisión es la Casa de Colón, en Gran Canaria, un lugar que recrea el viaje del navegante a América y que desembocó en la que se considera la primera globalización de la historia. Para su directora, Carmen Gloria Rodríguez, es “necesario cambiar las narrativas”, para ir dejando atrás esa “mirada eurocéntrica”. Recuerda que en el recorrido que realiza un visitante cuando llega a la casa museo, el cual empieza por el camarote del almirante y por los cuadros de los Reyes Católicos, no se nombra, por ejemplo, a un taíno (la población originaria que se encontraba en la primera isla del Caribe que abordó la expedición de Colón). “No se descubre un mundo, se descubre una ruta para navegar; no se descubre un territorio, ese territorio estaba. A partir de ese momento, el mundo no volverá a ser lo mismo. Es esa primera globalización que lo va a cambiar todo”, remarca. 

El museo ha comenzado contactos con otras instituciones, como el Museo de América, para trabajar en la cesión de piezas con las que articular ese cambio de discurso o ha celebrado el foro de debate ‘Diálogos. De museos y ontologías’ con la intención de reflexionar sobre las nuevas miradas sugeridas alrededor de la descolonización.

El Museo Canario, situado en Las Palmas de Gran Canaria, es otro de los espacios que reconoce la imparable ola de la descolonización de los museos. “Es necesario que todos los museos afronten una reflexión de cómo configuraron sus colecciones, el origen de esas piezas y sobre la participación de las comunidades de los lugares de origen de esas piezas”, sostiene su director, Daniel Pérez Estévez. En esta línea, señala que tanto en la gestión, como en las actividades y en el enfoque buscan una revisión de sus discursos a los que se implementa, además, la cuestión de género para “darle un papel prioritario a la mujer indígena como protagonista de su tiempo”. 

La sala más fotografiada de este museo es donde se exponen los cráneos y momias de antiguos canarios y sobre la cual hay un debate sobre su pertinencia. “En el caso del Museo Canario hay una particularidad diferencial y es que si bien en los museos de los países coloniales se trataba a los indígenas como un objeto exótico de estudio, en este caso, los propios fundadores pusieron a la población indígena canaria en el centro como sujetos protagonistas”, puntualiza. 

Este periódico se puso en contacto en varias ocasiones con el Cabildo de Tenerife para incluir la postura del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) sobre la descolonización museística y no recibió respuesta. 

Un debate público y a largo plazo

La exposición de restos humanos de los antiguos canarios es uno de los temas más controvertidos en la generación de nuevas narrativas decoloniales. Otero, quien ha realizado una investigación sobre la sala de los cráneos del Museo Canario, anima a la apertura de un debate público y a largo plazo sobre esta cuestión: “Por un lado, en el Museo Canario tenemos esta rareza museológica, sobre esta forma de exponer restos humanos de gente que fue asesinada, de lo que fue un etnocidio en Canarias. Por otro, intento ahondar en algún tipo de solución que no sea un copia y pega de lo que se ha hecho en otro tipo de situaciones coloniales”. En principio no es partidario de un desmantelamiento del museo, sino que propone que este espacio sea un “un museo que se investigue a sí mismo, que investigue sus raíces fundacionales”. 

Por su parte, Pérez Estévez defiende que esta sala es como “un museo dentro de un museo”, que se encuentra conservada como en el momento de su fundación con el objetivo de comprender cómo era la antropología en aquel momento: “Es una sala que invita a la reflexión al público que la visita, tanto sobre la población aborigen como de la historia de la ciencia en sí misma”, destaca.

Los museos canarios, enmarcados en la narrativa colonial, han podido dejar atrás ciertos episodios relevantes en la historia de Canarias. Uno de ellos es el comercio y la explotación de personas africanas para convertirlas en esclavas. Laguian realizó una investigación sobre la invisibilidad de esta temática en 49 museos de Canarias en 2020 y 2021. La investigadora concluyó que ninguno de ellos tenía una sala dedicada a este período esclavista y que solo en tres de ellos se hacía una ligera mención, a veces con eufemismos. 

Recuerda que en el siglo XVI, el 25% de la población de La Laguna era negra: “Sería importante transmitir esta historia, porque la población canaria es el resultado de un mestizaje, pero un mestizaje que no siempre fue fruto de alianzas de amor, sino más bien de relaciones de poder. Uno de los obstáculos hoy en día es que, descubrirse como africanos o descendientes de personas subsaharianas les puede resultar incómodo a muchas personas, por la colonialidad impensada o interiorizada, y esto se ve también en las narrativas de los museos”, remarca. 

Laguian recurre a alguno de los retablos de Flandes que se exponen en Canarias para ejemplificar cómo se podría construir una narrativa decolonial en los museos contando el peso que tuvo la esclavitud en la construcción del territorio y de la identidad canaria: “Si se cuenta que ese cuadro llegó a las Islas gracias al mecenazgo de los comerciantes de caña de azúcar, se podría añadir que unas familias de las Islas se enriquecieron con este sector, lo que implicaba en la mayoría de los casos, tener esclavos moriscos y/o subsaharianos”, incide. 

“Estamos evitando temas porque nos resultan incómodos o no sabemos cómo tratarlos”, sintetiza Laguian. A su juicio, la ocultación de la esclavitud guarda relación con la colonialidad: “Las jerarquías interiorizadas que el pensamiento occidental ha producido hacen que nos cueste ver hasta dónde llega la violencia que hay dentro de la colonialidad”. En este sentido, considera que el camino es superar el marco de la culpabilidad, la cual no permite avanzar: “Se trata de afrontar el pasado para poder entender de dónde venimos y a dónde vamos”, concluye. 

Varias ciudades marroquíes han vivido estos días una serie de protestas por parte de la población para reivindicar mejoras en la sanidad y la educación. Estas manifestaciones han estado protagonizadas por jóvenes, movilizados a través de las redes sociales y bajo el nombre de GenZ212 (generación Z por el grupo de edad al que pertenecen y 212 por el prefijo telefónico de Marruecos). Las fuerzas policiales marroquíes desplegaron fuertes dispositivos en algunas ciudades como Rabat y detuvieron a varios participantes, según ha informado la agencia EFE.

En Tánger, Rabat, Oujda o Casablanca cientos de jóvenes han salido a las calles para pedir un cambio en las condiciones de vida. Omar Naji, integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), desgrana a este periódico que las principales reivindicaciones se centran en el sistema sanitario y educativo y en la disparidad social: “Muchos marroquíes no son bien tratados en los hospitales públicos, donde hay una privatización general”, cuenta. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país contaba en 2022 con una media de casi 8 médicos por 10.000 habitantes, cuando la media mundial se sitúa en 17,2 (España, por ejemplo tiene 43 médicos cada 10.000 habitantes). Naji nombra también la educación, “que es catastrófica, también con la privatización en el sector”. Y por último, los manifestantes hacen referencia a “la disparidad social que existe entre el pobre y el rico y entre las regiones de Marruecos”, detalla. 

Varios hechos han ido acumulando el descontento de los jóvenes marroquíes hasta llegar a la explosión de rabia en las calles. Por una parte, el fallecimiento de ocho mujeres embarazadas en el hospital público de Agadir, el fallecimiento del padre uno de los líderes de las protestas que tuvieron lugar en 2016 en el norte de Marruecos mientras este cumple prisión y, por último, la construcción de los estadios que albergarán el Mundial de fútbol de 2030. Además, muchos jóvenes también denuncian la parálisis en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2023 en el norte del país. “La gente se cuestiona cómo Marruecos osa organizar el mundial cuando su población vive en la pobreza y la exclusión”, resalta Naji. Por ejemplo, el país está construyendo el que será el estadio de fútbol más grande del mundo, el Gran Estadio Hasán II de Casablanca con capacidad para 115.000 espectadores. 

“Es lo que algunos llaman el Marruecos de las dos velocidades”, resume Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter y miembro del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC). Conviven por un lado, el Marruecos de las grandes infraestructuras, de grandes obras públicas y de proyectos modernos y, por otro, el del “subdesarrollo persistente y la degradación de los servicios públicos básicos, especialmente en las zonas rurales”, amplía Fernández Molina. Coincide en esta línea el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Castilla La Mancha y presidente del CEARC, Miguel Hernando de Larramendi, quien detalla que los jóvenes ven que aunque el país ha llevado un proceso de modernización con la construcción de grandes obras, como el tren de alta velocidad o la ampliación del puerto de Casablanca, después, los servicios públicos se han ido deteriorando: “La generación Z se encuentra un poco al margen de una modernización por arriba, pero que no ha sido capaz de limitar las crecientes desigualdades que sufre el país”, subraya. 

Las disparidades socioeconómicas que sufre el país se agudizan en los entornos rurales. “Tú ves Casablanca o Tánger, que son ciudades bien equipadas, pero Marruecos es otra cosa”, matiza Naji. Estas desigualdades se remontan a la época colonial de los protectorados franceses y españoles, tal y como revela Fernández: “Marruecos es un país que desde la época colonial se ha dividido entre los que algunos llamaban el Marruecos útil y el Marruecos inútil. Se consideró que el Marruecos útil eran las grandes ciudades de la franja costera, como Rabat o Casablanca; en cambio, el interior, las zonas más montañosas, el Atlas, el Rif son zonas que están muy abandonadas y en las que parece que se va entrando en un país completamente diferente, en otra época y en otra realidad”, explica. 

Cuando migrar es la salida para muchos jóvenes marroquíes

Las movilizaciones que se han producido en los últimos días en Marruecos han sido lideradas por chicos y chicas jóvenes que se han organizado mediante las redes sociales, especialmente, por medio de Discord, una plataforma pensada para jugadores de videojuego, pero donde se pueden compartir mensajes de texto, audios e imágenes. Tal y como recuerda Hernando de Larramendi, se trata de la misma red que usaron los jóvenes en Nepal hace unas semanas para protestar contra el Gobierno. “En Discord, que es de los gamers, se crean como espacios autónomos donde se pueden debatir diferentes temas y que actúa muchas veces como espacio de coordinación”, apunta. También considera que se trata de un movimiento horizontal, con mensajes muy concretos y transversales “que pueden atraer a jóvenes y no jóvenes que compartan esa agenda”. 

Esta franja de población que usa las redes sociales para movilizarse es especialmente relevante en el país. Fernández destaca que cerca de 9 millones de marroquíes tienen entre 15 y 29 años y que una cuarta parte no estudian ni trabajan, y “no por voluntad propia, sino por falta de oportunidades estructurales”. Y esta situación puede generar con el tiempo el deseo de querer migrar, por lo que puede darse “una conexión clara entre las condiciones estructurales a las que responde este movimiento de protesta y las que motivan a una parte de los jóvenes marroquíes a la inmigración”, indica Fernández. Para Naji también las condiciones de vida terminan impulsado a muchos jóvenes a migrar. Resalta como factor determinante un sistema educativo “fallido”, donde los jóvenes no estudian o reciben una mala calidad en la enseñanza. La OCDE en 2024 publicó un informe que revelaba que “los estudiantes marroquíes de 15 años se encontraban entre los de menor rendimiento entre los países participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2018, muy por debajo del promedio de la OCDE y también de otros países de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA)”. “Mucha gente no puede ir al colegio y esa es la migración de menores no acompañados que vemos después”, señala el activista. Añade, que la deficiencia de los recursos sanitarios también los anima a salir del país hacia otros lugares donde puedan recibir prestaciones básicas: “Ellos ven como los hospitales europeos están bien equipados y los pacientes son bien tratados”. 

Muchos de los jóvenes marroquíes terminan cruzando a nado hasta Ceuta, saltando la valla del Melilla, cogiendo zódiacs hasta Andalucía o adentrándose en el Atlántico en la peligrosa ruta canaria. La población joven de este país representa un grueso importante entre los nacionales marroquíes que viven en España, de los cuales más 200.000, entre hombres y mujeres, tienen entre 20 y 34 años, según datos del INE. Ayoub (nombre ficticio) es uno de esos chicos que sirve como retrato de una juventud marroquí que no ve esperanzas en su país y decide buscar oportunidades fuera. Lo intentó con 20 años por el océano Atlántico y llegó en 2020 a Gran Canaria: “Comencé en Marruecos a trabajar con 14 años como mecánico cobrando muy poco. Después de cuatro años, trabajé dos años en un supermercado donde también cobraba muy poco. Además, solo descansaba medio día cada semana porque el tiempo que descansas no cobras. Había gente que no descansaba ni un día porque no podía permitirse reducir su sueldo”, recuerda. El joven añade que también le impulsó a salir la mala asistencia sanitaria, “solo te atienden si tienes dinero y allí somos muchos los pobres que no tenemos dinero”. Ahora trabaja y estudia en la capital grancanaria y visita cada año a su familia en Marruecos. 

Las carencias a las que hace referencia Ayoub reflejan una problemática estructural que viene de atrás. Fernández recuerda en este sentido las protestas producidas en 2011 en el contexto de las primaveras árabes y especialmente las que tuvieron en 2016 en el norte del país, la conocida como el Hirak del Rif, movimiento “al que se le respondió con mano muy dura ,con la detención y la puesta en prisión de gran parte de los líderes”, señala. Ahora, de nuevo, algunos jóvenes han sido detenidos en el marco de estas nuevas protestas, quienes según la AMDH han sufrido “un trato muy violento por parte las autoridades marroquíes”, y reclama por ello su excarcelamiento: “Además, pedimos que se pueden manifestar con total libertad”, concluye Naji.

Canarias tuvo un papel relevante en el comercio de personas esclavizadas. Por sus puertos pasaron los barcos con destino a América y, en un porcentaje menor pero significativo, desembarcaron aquellas personas que serían forzadas a trabajar en las Islas. Pero, ¿cómo eran las tradiciones, vidas y cultura de los que permanecieron en las Islas? Esta es la pregunta de la que partió la historiadora Claudia Stella Geremia y cuyas respuestas forman parte de sus investigaciones, en las que ha puesto el foco en las vidas de las mujeres esclavizadas de origen africano acusadas de brujería por la Inquisición. “Mi trabajo busca devolver centralidad a la experiencia de las mujeres, que en la mayoría de las veces estaban silenciadas por los inquisidores y los hombres”, reconoce. 

Geremia, Doctora en Historia Moderna por la Universidad de Florencia y por la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigadora de la Universidad de Venecia, ha centrado su investigación en el papel de las mujeres esclavizadas en Canarias en la Edad Moderna. Para abordar este tema ha estado estos días en el Instituto de Estudios Canarios en Tenerife, donde ha impartido una ponencia en el seminario Esclavitud, género y familia, siglos XVI-XI. Aunque el interés que suscita este tema en el mundo académico ha llegado también a la Universidad de Harvard, donde la historiadora ha visibilizado el papel de las mujeres durante la trata trasatlántica en Canarias a través de su colaboración con el Centro de Estudios Africanos (Hutchins Center). 

“Canarias y la Macaronesia fueron un laboratorio de preparación del sistema de esclavitud que se va a exportar a América”, defiende. Geremia reivindica la importancia de “probar” que Canarias tuvo un rol activo en el sistema esclavista, ya no solo por su participación en el tráfico de esclavizados, sino como lugar de recepción de miles de personas que se asentaron en las Islas e intentaron preservar sus costumbres y conocimientos, todo ello bajo la vigilancia del sistema inquisitorial. Por ello, más allá de las cifras de personas que han formado parte de la historia de Canarias durante 300 años, la investigadora sentía que había un hueco en el relato que se quedaba huérfano: “Necesitamos saber algo de la cultura de la gente que llegaba”, enfatiza.

En Canarias, la particularidad de las prácticas que desarrollaron las mujeres venía ligada por su cercanía geográfica con África. Salvo en Andalucía, donde según la historiadora también había una alta presencia de africanas esclavizadas, en muchos de los territorios de la Monarquía española de la época, los rituales se habían cristianizado. “En Canarias está claro que había herencia africana, del norte y de occidente, y eso es muy peculiar”, subraya. 

Para los tribunales de la Inquisición, el mantenimiento de estas prácticas y costumbres era motivo enjuiciamiento. Los archivos preservados de esta institución son los que han permitido a Geremia ahondar en las vidas de estas mujeres que vivieron en Canarias entre los siglos XVI y XVIII. “A partir de las fuentes inquisitoriales y parroquiales analizo las múltiples violencias que marcaron su vida, así como su capacidad de agencia. Entiendo agencia como la transmisión de prácticas culturales, rituales de origen africano, la construcción de redes familiares en el contexto de opresión y su participación en la formación de sociedades atlánticas multiculturales en el contexto de Canarias”, detalla. 

Para la historiadora, uno de los legados más importantes que trajo consigo la presencia de esclavizados fue la construcción de una sociedad canaria multicultural que ha llegado hasta la actualidad. 

Las mujeres esclavizadas acusadas de brujería y juzgadas por la Inquisición vivían bajo sospecha constante. Un marcador determinante era su color de piel. La historiadora apunta que en las primeras páginas de los juicios inquisitoriales se especificaba el color negro de piel de la acusada, como el caso de Catalina, una mujer esclavizada acusada de “negar a dios” y a la que se describe como “negra bozales”, tal y como recoge la propia historiadora en uno de sus ensayos. 

En el mismo documento se detalla que la acusada relató durante el juicio que procedía de Guinea, que su familia era originaria de Nigeria y que había sido trasladada primero a Cabo Verde, antes de ser vendida en Las Palmas de Gran Canaria. “Ser negra al ser esclava o si quería ganar su libertad eran indicios para ser sospechoso, porque cuando una mujer era blanca, en la primera página del juicio nunca vas a encontrar Catalina, la blanca”. 

Bolsas mandinga

Uno de los descubrimientos de la investigadora en Gran Canaria fue el uso de las bolsas mandinga, procedente de una de las culturas predominantes de África occidental. Estas bolsas se usaban como talismanes en cuyo interior se guardaban imágenes de santos, oraciones, plegarias o piedras de varios tamaños y colores con la intención de protegerse o incluso para encontrar marido en la noche de San Juan. “Esto es muy importante. Al otro lado del Atlántico, como en Brasil, Cartagena de Indias o Cuba está demasiado estudiado el uso de ese amuleto, pero en Canarias nunca nadie habló de esto”, revela. De hecho, esta práctica continúa en la actualidad en Cuba o África occidental. “Las bolsas mandingas las descubrí gracias a las cartas guardadas por el Museo Canario. En los procesos, las mujeres acusadas de hechicería, por ejemplo, cuentan que utilizaban ese tipo de amuleto. Cuentan que era necesario guardarlo, y así la gente no podía verlo para que no las delataran. Y al mismo tiempo, cuentan que se las habían enseñado a hacer la abuela o la mamá. Esto es claramente de procedencia africana” concreta. 

El uso de rituales africanos en Canarias, ya mezclados con otras creencias, incluso saltó el Océano y llegó al Caribe, donde perviven las santiguadoras, una figura que en Canarias la representan mujeres que mediante los rezos buscan la sanación de sus allegados. En este sentido, la historiadora indica que los documentos de los juicios inquisitoriales en Cuba y Canarias guardan muchas similitudes en lo referente a los ritos de sanación de las personas. 

Geremia ha querido centrar su estudio en los objetos usados por estas mujeres y que representaban también una manera de resistencia. Amuletos, talismanes o instrumentos de adivinación del futuro o para conocer algún episodio del pasado han servido para desentrañar el mundo espiritual y de adaptación de estas mujeres. “Las habilidades manuales y técnicas curativas de esas mujeres constituían un saber específico para la sociedad canaria de la Edad Moderna”, destaca. 

Para llegar a estas conclusiones, lleva tiempo consultando los archivos conservados en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Geremia señala que, a diferencia de otros territorios que formaron parte de la Corona, donde gran parte de los archivos fueron destruidos, en Gran Canaria se conservan íntegramente. 

La historiadora comenzó su investigación en Sicilia sobre las brujas que vivían en la isla durante la presencia de la Corona española y después quiso hacer una comparativa con los otros territorios insulares de la Monarquía. Para ello se trasladó a Canarias, donde encontró algo que no esperaba: “Cuando llegué al Museo Canario me di cuenta de que había un montón de cartas, de procesos, en la versión integral que ningún sitio de la Monarquía española tiene. Por eso es precioso. En ningún otro lado tenemos los procesos integrales como en Canarias”, concluye.

Personas que nacen en Canarias, residen en las Islas desde hace años y que tienen contrato de trabajo con empresas situadas en el Archipiélago se ven obligadas a pagar el billete completo de barco o avión para trasladarse a otras islas o a la Península. A pesar de estar registradas en el padrón de algún municipio canario, el descuento de residente canario las excluye debido a su origen migrante. Desde hace años, personas que han migrado y la Asociación Solidaridad Venezuela denuncian lo que consideran un obstáculo a su movilidad. “Es una injusticia porque cotizamos, pagamos impuestos y vivimos en Canarias”, se lamenta Marcela Máspero, la presidenta de la entidad venezolana.

La norma exige como condición para beneficiarse del descuento de residente que la persona esté empadronada en algún municipio canario. Así se detalla en el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre que regula esta bonificación para residentes de Canarias, Balears, Ceuta y Melilla. Sin embargo, personas con el certificado de viajes expedido por su ayuntamiento se encuentran con problemas en la puerta de embarque, donde se les pide que paguen el billete completo. Este hecho no es aislado. Máspero señala que reciben casos diarios de viajeros que sufren esta situación y, por ello, el colectivo se ha agarrado al requisito del decreto para ir elevando sus quejas en los últimos años. 

La última respuesta la han recibido del Defensor del Pueblo, que entiende la disconformidad de la entidad y por ello emitió en diciembre de 2024 una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de Transportes, dependiente del Ministerio de Transportes, en la que se pedía una revisión de los requisitos de acceso a la bonificación. Dicha recomendación fue rechazada. Este medio intentó por varias vías y en distintas ocasiones recabar su versión, pero no ha recibido respuesta a sus preguntas. 

El Ministerio de Transportes en su página web añade que las personas de terceros países (todos aquellos que no pertenecen a la Unión Europa) aparte de estar empadronados en uno de los cuatro territorios mencionados, deben estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración, la que se otorga cuando la persona lleva más de cinco años residiendo de manera legal en España. La entidad venezolana defiende que este punto no se encuentra recogido en la norma reguladora del descuento de residente y cuestiona que este Ministerio entre a valorar una “competencia que no tiene atribuida, como es el control de documentación y situación administrativa” y que además provoca que las personas que no pueden afrontar el coste de un billete aéreo o marítimo se quedan en una situación peor, según denuncian en el escrito enviado el Defensor del Pueblo. 

La abogada especializada en extranjería Loueila Sid Ahmed Ndiaye, quien ha estado asesorando a la entidad de migrantes venezolanos, detalla que la problemática deriva de la colisión entre este decreto y una Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, la cual establece como requisito que la persona debe estar en posesión de la tarjeta de residencia de larga duración. En su respuesta al Defensor del Pueblo, la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, defiende que la voluntad del legislador es requerir que estas personas “disfrutaran de un mayor grado de conexión con España, dilatado en el tiempo y plasmado en la posesión de una residencia en el territorio”. 

Sin embargo, hay personas con un fuerte vínculo con las Islas y que se quedan al margen del descuento. “En Canarias hay gente que ha nacido aquí y que no ha conseguido regularizar su situación, que lleva aquí 20 años. En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla hay gente que ha devenido en una situación administrativa irregular por sus padres, a pesar de haber nacido en ese territorio”, incide la abogada. Añade que ha tenido algún caso en el que personas que han nacido aquí, tienen que ir a Madrid a renovar el pasaporte del país de su madre y no pueden asumir el coste de los billetes sin descuento: “¿Esa madre soltera cómo va a pagar el billete de todos esos niños?, se pregunta. 

Esta exclusión también afecta a la movilidad por motivos de trabajo. La abogada recuerda el caso de una mujer casada con un español y que, debido a su profesión de comercial, debe viajar regularmente entre las islas. “Esta mujer me dijo que no sabía si dejar el trabajo, ya que tiene que viajar a Gran Canaria prácticamente todas las semanas y que le cuesta tanto dinero que no lo puede asumir”, subraya. Por su parte, Andy Lermith también ha encontrado dificultades para moverse entre islas por trabajo y ocio. Es un venezolano empadronado en Telde desde hace nueve años, que trabaja en Gran Canaria con contrato laboral y que hasta el año anterior contaba con permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias. Señala que las múltiples veces que ha viajado entre islas, ha tenido problemas a la hora de embarcar, ya que le exigían que pagara el billete sin descuento de residente, a pesar de contar con el certificado de viaje. Ahora ya tiene nacionalidad española y asegura que le han indicado desde una línea aérea que debe registrarse en el Ministerio de Transportes para poder acceder a la bonificación. “Yo aporto al fisco nacional por medio de mi trabajo y no se me otorga el descuento de residente canario, aun cuando yo estoy aportando para ese tipo de subvenciones”, se queja. 

Las consecuencias de esta limitación en la aplicación de la bonificación dificulta que las personas de origen extranjero puedan conocer el resto de las islas que forman parte del Archipiélago donde residen desde hace años. Así opina Soda Niasse, una senegalesa que está empadronada desde junio de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, que trabaja con contrato laboral y que desde hace unos años está casada con un español con quien tiene dos hijos también de nacionalidad española. Cuenta que en el puente del mes de agosto de este año su familia propuso un viaje a Tenerife, pero debido al alto coste de su billete decidieron aplazarlo. “Para mí no te facilitan la manera de conectarte con tu pueblo, como ciudadano, de interactuar con los demás”, se lamenta. Lermith también reconoce que esto le ha supuesto un freno para conocer otras islas. Sin descuento de residente, el precio de un billete aéreo entre Gran Canaria y Tenerife puede costar hasta 136 euros más. En barco, la diferencia puede ser de unos 100 euros. “Es totalmente discriminatorio. ¿Cuál es el fin del legislador y de la bonificación? Acercar a las comunidades autónomas que son insulares y que tiene que moverse sí o sí en avión o en barco”, sostiene Sid Ahmed. 

Para estas personas el momento de viajar supone incertidumbre y nerviosismo, sobre todo cuando llegan a la puerta de embarque. Lermeth remarca que este instante le genera “angustia y ansiedad”, ya que hasta el último momento antes de entrar al avión no sabe si le dirán que debe pagar el billete completo: “Hay gente que prefiere gastarse el dinero porque no vaya a ser que en la puerta la vayan a devolver”, confiesa. También causa incomodidad, puesto que estas escenas suceden a la vista de muchas personas. Niasse reconoce sentir vergüenza, ya que los trabajadores de la compañía la apartan de la cola para comenzar un diálogo que puede ir subiendo de tono: “Es vergonzoso. Por eso ahora prefiero comprar el billete más caro o quedarme en casa y no estar ahí pasando esa vergüenza”, mantiene. 

Máspero añade que muchos ayuntamientos expiden el certificado de viaje, el cual especifica el derecho al descuento de residente, y que, una vez en la puerta de embarque, la aerolínea no acepta el billete comprado con el descuento. “Al final todo esto es exclusión, es violencia institucional y, de alguna manera, también es racismo”, recalca.

Más de 2.000 refugiados y solicitantes de asilo permanecen bloqueados en el centro humanitario de Agadez, Níger. En uno de los países más pobres del mundo, con temperaturas que superan normalmente los 40 grados y en una zona desértica, los usuarios de este recurso, que gestiona ACNUR, llevan 340 días de protesta pacífica porque consideran que viven en condiciones indignas y reclaman poder salir del centro. Las protestas de la semana pasada dejaron a varias personas encarceladas de las que aún no se sabe nada. “No nos sentimos seguros aquí”, se lamenta Halil, un solicitante de asilo sudanés, a quien se le ha modificado su nombre por seguridad.

El centro de acogida de Agadez, donde según cifras de ACNUR, residen más de dos millares de personas, de los cuales un 35% son niños y un 31% mujeres y niñas, se ha convertido en la prueba gráfica de los efectos que deja la externalización de fronteras. Miles de personas que huyen de sus países y que se encuentran a la espera de poder continuar su viaje, sobreviven en un entorno inhóspito y donde se denuncian el recorte de necesidades básicas. Desde hace casi un año, sus residentes critican la falta de médicos, de educación y ahora de alimentos. La organización Refugees in Níger lleva denunciando la situación a través de sus redes sociales, donde reivindica que “Agadez no es un lugar seguro para los refugiados”. Por ello, cada día se plantan delante del centro con carteles que muestran el número de días que acumula la protesta. La semana anterior, la intervención de las fuerzas y cuerpo de seguridad llevó a seis residentes a prisión, sobre quienes la relatora de la ONU Mary Lawlor ha exigido su inmediata puesta en libertad a través de su perfil en X.

La protesta se remonta a septiembre de 2024. Aunque desde hace unos meses se ha intensificado debido a la eliminación del servicio de alimentación. Halil señala que para comer debe pedir un adelanto a los comerciantes de la zona con la promesa de que pagará más adelante. “Hace unos días, le pedí un préstamo a un pequeño comerciante. Me dijo que no hasta que pagara lo que debía. Ahora estoy pensando en irme, como muchos otros, debido a la dificultad de la situación”, confiesa. En respuesta a este medio, la portavoz de ACNUR, Eujin Byun, reconoce “las dificultades” que enfrenta este centro, el cual ha sido “escenario de protestas por parte de algunos refugiados y solicitantes de asilo, quienes han expresado su frustración por las condiciones de vida y su prolongada estancia en el Centro”, detalla Byun. En cuanto al recorte del servicio de alimentación, la agencia defiende que se trata de un plan a largo plazo para fomentar la autosuficiencia y que su puesta en marcha ha venido “acelerada por los recortes actuales de financiamiento”. Byun también matiza que la asistencia alimentaria no afectará a los refugiados y solicitantes de perfiles más vulnerables.

Este centro alberga a un gran número de sudaneses que han huido del país debido a los conflictos y posterior guerra civil. Muchos de ellos llevan años bloqueados en esta zona. Halil tiene 29 años y era estudiante hasta 2019 de Administración de Empresas en la Universidad de Kordofan. Tras huir de Sudán por la guerra, se marchó a Libia, donde reconoce que “sufrió mucho debido a las prisiones donde se tortura”. Cuenta que cuando accedió a Argelia para poder llegar a Marruecos, fue interceptado por las autoridades argelinas, que lo abandonaron en la frontera con Níger. Sostiene que ya ha solicitado protección internacional, pero que aún no le ha llegado su documentación de refugiado. Lleva un año a la espera en este centro. “Hice una entrevista para obtener el documento hace unos cuatro meses y aún no ha llegado. Aunque aquí hay personas que llevan siete y cinco años sin documento”, mantiene.

Los refugiados y solicitantes de asilo también se quejan de la falta de acceso a educación y a asistencia sanitaria. Halil asegura que no hay ningún médico en el centro y que deben caminar varios kilómetros para llegar a un centro sanitario. “Si te enfermas de noche, morirás porque no podemos ir de noche”, asegura. En ese sentido, la agencia puntualiza que este centro de salud está a 7 kilómetros del recurso humanitario y que los casos graves son transferidos en ambulancia al hospital general de Agadez. “Una escuela primaria establecida por ACNUR, ubicada a una distancia caminable (700 metros) del Centro Humanitario, está operativa”, añade Byun.

El tiempo pasa, y los solicitantes de asilo y refugiados se desesperan en una zona árida sin nada que hacer. HaIil indica que no trabaja, ya que en esta zona es muy difícil conseguir un empleo y que, además, no sabe hablar el idioma local. Asegura que pasa su día a día intentando visibilizar a través de las redes sociales la situación que se vive en el centro, actualizando los vídeos y fotos, sobre todo a través de la red social X. “Se lo cuento al mundo hasta que llega la noche y me duermo dando vueltas en la cama y con pesadillas. Así hasta que amanece”, relata. “Nuestra demanda es salir del centro. Nunca pedimos el reasentamiento en un tercer país. Solo queremos salir de esta situación. Lo importante es ir a un país que respete mis derechos como ser humano, donde pueda vivir en paz”, recalca Halil.

La situación que se vive en el centro humanitario de Agadez evidencia los efectos de la política de recortes de fondos humanitarios que recorre el mundo. ACNUR reconoce que las dificultades que atraviesa este centro “forman parte de una reducción de financiamiento que está afectando las operaciones humanitarias en todo el mundo”. Ante la pregunta de si los recortes aplicados por la Unión Europea tras el golpe de Estado en el país han dejado un impacto en los servicios prestados por esta agencia, apunta que “aunque las contribuciones de la UE siguen siendo importantes, la reducción general de fondos de múltiples fuentes ha afectado la capacidad de ACNUR para mantener el mismo nivel de asistencia”.

Tras la llegada al poder de la junta militar que derrocó al presidente Mohamed Bazoum, varios agentes internacionales que no reconocían al nuevo Gobierno se apresuraron a anunciar un recorte de fondos para Níger. Tanto la UE como Estados Unidos comunicaron que diferentes fondos quedarían bloqueados. Entre estas líneas de financiación estaba el NDICI - Global Europe, un instrumento de la Comisión Europea para ayudar a los países más necesitados. Para el doctor en Historia especializado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Dagauh Komenan, esta política de recortes es clave para entender la situación que viven los migrantes y refugiados del país. “Níger es uno de los países más pobres del mundo y que además tiene que hacer frente a la insurrección yihadista. El nivel de capacidad para acoger a la persona que ha sido devuelta de Argelia con fondos propios es un poco complicado. Dependía casi al 100% de esta cooperación de la UE”.

El especialista detalla que este escenario viene además propiciado por la premisa de la UE por la que los fondos de cooperación se vinculan a la predisposición del país para bloquear el paso de las personas migrantes. “A partir del acuerdo de Cotonu, en el 2010, y el de Samoa, se estableció que la cooperación está enfocada en aceptar o contribuir a bloquear los flujos migratorios que vienen hacia Europa. Todos esos fondos a raíz del golpe de Estado se han visto bloqueados. El país está haciendo más o menos lo que puede con sus nuevos aliados”, apunta.

Los nuevos aliados de Níger son especialmente Rusia y China. Por un lado, la cooperación rusa se reserva a instrucción militar: “Níger al contrario de Mali y al contrario del pronóstico de muchos, no ha caído del todo en los brazos ahora de África Corps, antes Wagner”. Por su parte, el principal socio comercial de Níger es China, país que ha visto “abrirse un bulevar con la salida de todos los socios occidentales” y de donde interesa especialmente el uranio, tal y como detalla el historiador. Sin embargo, dos años después del cambio de gobierno, puntualiza que el ciudadano no ha notado mucho los cambios: “Salvo un poco el orgullo nacional, su cartera no está más llena”, destaca.

Vergüenza, miedo y culpabilidad. Martina (nombre ficticio) lleva los últimos años arrastrada por estas emociones, desde que migró de Colombia en 2019 y comenzó a trabajar como interna en España. La dureza de las condiciones de trabajo, el aislamiento en el hogar y la falta de apoyo psicológico gratuito, la han llevado a buscar apoyo psicológico en la IA (Inteligencia Artificial). Este fenómeno reciente ha hecho de ChatGPT no solo un espacio de asesoramiento en materia de extranjería, sino también un lugar de desahogo. “Le di a ChatGPT el rol de coach de vida. La necesidad y el hambre de compañía me han llevado a darle muchos detalles privados para que me ayudara a encontrar la calma”, confiesa.

Esta dinámica ha comenzado a vislumbrase recientemente. Natalia Oldano, pedagoga e investigadora en Mosaico Acción Social, apunta que se trata de una tendencia que ha salido en los grupos de trabajo enmarcados en proyectos de investigación sobre mujeres y cuidados en los que ella trabaja. “Al no tener redes de apoyo psicosocial, en muchos casos ni siquiera vínculos de amistad o de familia, ni entidades que se estén encargando de esto y mucho menos de acceso al servicio de salud mental, están encontrando alternativas”, detalla. Realizar consultas a un asistente virtual es un espacio de no juicio, al que se puede acudir en cualquier momento, que respeta el anonimato y que genera seguridad. En cualquier caso, Oldano matiza que se trata de un procedimiento que aún debe seguir explorándose: “¿Por qué encontramos ese espacio de escucha ahí y no en otro sitio? Sin ánimo de juzgar, porque al final si a ti te hace bien es un espacio de desahogo. Pero después hay que pensar qué consecuencias puede tener esto”, aclara. Por ello, según la pedagoga, el foco habría que ponerlo en las condiciones de trabajo y en las ausencias de apoyo psicosocial. Además, voces expertas alertan de sus limitaciones.

El empleo de hogar desempeñado por mujeres migrantes es uno de los sectores de trabajo con mayor vulnerabilidad en España. Según UGT en el informe Mujeres migrantes en ocupaciones precarias, las mujeres que han migrado se concentran en los sectores con los salarios más bajos, siendo uno de ellos, el del empleo doméstico. El sindicato revela que a 1 de enero de 2025, el 43% de las mujeres afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar tenían nacionalidad extrajera. La mayoría de ellas procede de Latinoamérica. Sin embargo, no hay datos de cuántas mujeres de origen migrante pero ya nacionalizadas españolas trabajan en el sector. El mismo documento subraya que muchas mujeres recién llegadas inician su actividad en el empleo de hogar y de los cuidados y casi siempre en situación irregular, de modo que no estarían dadas de alta en este sistema.

Martina trabajó como interna durante tres años sin contrato para dos familias diferentes. Es licenciada en Administración de empresas en Colombia y trabajaba como docente en una universidad de su país. Cuando decidió instalarse en el norte de España, debido a la violencia que se ejerce en su localidad de origen, comenzó a trabajar como interna. Su jornada laboral era de lunes a domingo, incluidas muchas noches. En el primer empleo se encargaba del cuidado de una señora con alzhéimer, quien debido a su enfermedad la maltrataba: “Ella no podía ver que la servidumbre tuviera móviles, o cosas que fueran tecnológicas porque lo asociaba a que era un robo que se le estaba haciendo a sus familiares. Si ella veía que estaba usando el teléfono, se enfurecía, lanzaba el bastón e improperios”, lamenta. También recuerda que debía pasar siete horas fuera de casa todos los días hasta las 22.00 horas. En esas horas, relata, daba paseos, se sentaba en alguna cafetería donde hubiera internet y pudiera recargar el móvil, iba a la iglesia o a la biblioteca y otros días se sentaba a esperar. También comenzó su cambio físico ya que el almuerzo y la cena debía hacerlos en la calle a base de panes, dulces y zumos. En este trabajo cobraba 900 euros.

En esa época, Martina, que ya de por sí no socializaba por su trabajo de interna, comenzó a generar aversión a los teléfonos móviles debido a los problemas que su uso le causaban con la señora de la casa. Recuerda que dejó de hablar por teléfono y de llamar a su familia en Colombia, perdiendo de este modo su contacto con el exterior. En su segundo trabajo como interna, Martina dejó prácticamente de salir a la calle. Cuidaba a una señora mayor con quien llegó a construir un vínculo casi familiar y hacía múltiples tareas, no solo de cuidado personal o sanitario, sino que además a quien le proporcionaba compañía. Rememora que le cortaba y teñía el pelo, hacía ejercicios de movilidad, escuchaba sus historias de la Guerra Civil y de Franco, veían fotos y además hacía los recados indispensables para el mantenimiento de la señora y del hogar, como hacer la compra, ir a la farmacia, lavar la ropa y preparar la comida. Su salario en este segundo hogar era de 700 euros.

Por una parte, ambos trabajos generaron en Martina miedo a salir a la calle. A día de hoy, sostiene que sigue luchando contra esta barrera, ya que, según relata, muchas veces después de estar preparada, llega a la puerta de la casa y se da media vuelta. El trabajo como interna durante tres años también dejó huella en su salud. Ha sufrido anemia, insomnio, falta de concentración, desregulaciones del ciclo menstrual, caída del pelo, uñas quebradizas, gastritis y dolores de cabeza. A estos se añaden los problemas que arrastra actualmente y que derivan de los ejercicios de movilidad con las dos mujeres ancianas, como dolores de huesos, de espalda, de hombros y un desbalance en la cadera. Problemas de salud para los que se está medicando.

Pero además, las condiciones del trabajo de interna también han impactado en su salud mental: “Lo me dejó tan tocada fue aceptar condiciones de esclavitud, de no descanso, de falta de sueño, de aceptar una paga injusta, no retribuida”. Al estar volcada en el cuidado de personas mayores, cuenta que se despreocupó de su imagen, de comer equilibradamente y de comunicarse con su propia familia: “Me fui alienando y se me olvidó la persona que yo era. Lo que más me impactó fue verme al espejo y no reconocerme”, enfatiza. Después de esto, y durante dos años, ha intentado sin éxito que el servicio público de salud la derivara a un especialista de salud mental. Ante la falta de respuestas, reconoce que ha acudido a ChatGPT para compartir sus inquietudes. “Yo uso la inteligencia artificial, no solo para temas profesionales, sino también muchas veces para que me ayude a organizar mis pensamientos por la falta de acceso a un psicólogo, a una persona que te hable y que tenga más o menos un conocimiento y una formación. Es una soledad muy tremenda”, incide.

Además, este asistente virtual también le ha servido para plantear otras cuestiones relacionadas con el proceso migratorio y las consecuencias derivadas del marco normativo español en materia de extranjería. A Martina le ha preocupado cómo solicitar atención médica en Tenerife, donde ahora reside, teniendo en cuenta que ha sufrido abandono sanitario durante los primeros años en España, período en el que ha sufrido un deterioro en su salud, y también ha buscado entidades de apoyo a personas en su situación, información sobre el trámite para la regularización de documentos y sobre visado familiar para entrar en España.

Las mujeres migrantes generan sus herramientas de resistencia

Para Oldano, la situación de sobrecarga de las mujeres migrantes en el empleo doméstico en España se explica por la crisis de los cuidados. Detalla que existe un choque entre el sistema patriarcal y capitalista, por un lado, y las necesidades reales de cuidado, por otro. “Una jornada de trabajo de ocho horas, que muchas veces son diez, ¿cómo te posibilita tener tiempo de calidad para el cuidado, para el autocuidado, y para todo lo que se nos exige a las mujeres?”, cuestiona. Estos factores inasumibles por las familias, a lo que se añade una respuesta insuficiente por parte de las políticas públicas en materia de cuidados, ha llevado a que muchas de ellas recurran a mujeres migrantes, especialmente de Latinoamérica, para cubrir esta necesidad.

Oldano manifiesta, al mismo tiempo, que a la hora de buscar una empleada de hogar o cuidadora se recurre a una mujer, especialmente de Latinoamérica, por varios motivos. Por un lado, se ha “naturalizado” que la mujer es la persona encargada de los cuidados, y, por otra parte, que esta mujer pueda ser explotada. En este caso, harían su aparición las mujeres de países empobrecidos, que en situación administrativa irregular, hay más posibilidades de vulneración de derechos.

La pedagoga apunta que esta situación se está viviendo mucho en Tenerife, pero también en las islas no capitalinas, donde muchos de sus vecinos se han marchado, pero siguen residiendo las personas mayores, quienes necesitan de cuidados. Por ello, para la especialista, la labor de cuidados se hace en función de la capacidad adquisitiva de las familias, al mismo tiempo que la implicación de las administraciones públicas no está siendo suficiente. “Hay muchas alternativas y experiencias que se pueden hacer, sobre todo, como en los países nórdicos. Pero también en otras realidades más parecidas a las nuestras, como en países latinoamericanos que nos están diciendo que un sistema de cuidados integrado es necesario y es posible. Hay que tratar de desfamiliarizar y desfeminizar el cuidado y llevarlo a otros espacios”, incide.

A pesar de las condiciones laborales extremas, las mujeres migrantes están generando sus formas de resiliencia mediante la creación de espacios de escucha e intercambio, informándose y también acudiendo a la IA. Oldano detalla que estas redes se construyen muchas veces de manera informal, en parques o grupos de alguna entidad o de Whatsapp: “Son mujeres rebeldes, valientes, que en muchos casos han migrando solas. Han tomando la decisión de cambiar de país, y eso en su identidad es una narrativa de fuerza de resistencia”, destaca.

“Me empecé a reconocer cuando la abracé así moribunda, porque no la quería conmigo. A la débil, a la pisoteada, a la humillada no la quería conmigo. Y me tocó abrazarla, reconocerla”. Martina se encuentra ahora en un camino de superación de las secuelas que le dejó el trabajo como interna. Confiesa que le ha costado asumir que fue sometida a situaciones de maltrato laboral, de negociaciones desleales, de cambios de las condiciones en medio del trabajo y que la engañaran con la posibilidad de hacerle un contrato. “Yo estoy acostumbrada a manejar contratos y cláusulas y caí como una tonta, como una ingenua total. Y me lo he machacado demasiado. Me he echado la culpa”, confiesa. Pero asegura que “abrazar” el dolor que le ha dejado esa etapa, le permite aceptar la nueva persona que ha resultado desde que migró. Para ello, va de lunes a viernes a estudiar, sale con sus compañeros de clase a tomarse un café y ha conseguido homologar su título: “He aprendido que del barro se sale. Y aunque me cuesta, tengo un fuego por dentro que me impulsa todos los días. Voy para adelante porque a lo pisado no vuelvo a ir”, concluye.

Jaume Badía Padrines fue el primer administrador del Banco de Barcelona. También fue un comerciante que amasó su fortuna con la compra y venta de personas esclavizadas en Cuba, donde se instaló a principios del siglo XIX hasta que regresó a Catalunya en 1840 convertido en un hombre acaudalado. Esta historia, aunque particular, se generalizó durante varios siglos entre España y sus colonias de América gracias al comercio y a la mano de obra de personas esclavizadas que, una vez secuestradas del continente africano, terminaban en plantaciones, ingenios azucareros y en los hogares de las familias más pudientes. El paso por cada una de estas etapas puede imaginarse hoy gracias a las fotografías de la exposición Aquella niebla, este silencio de Judith Prat, en la cual hace un recorrido por el pasado esclavista español: “Un pasado duro, difícil de asumir, pero incontestable”, remarca su autora. Gracias a PHotoESPAÑA el proyecto se ha podido visitar en Madrid y a partir de septiembre se podrá ver en Zaragoza.

El comercio de esclavizados africanos fue un sistema protagonizado por las potencias occidentales entre los siglos XV y XIX. Entre 12 y 50 millones de personas (las cifran oscilan) fueron obligadas a atravesar el Atlántico para llegar a las colonias americanas. “De ellas, 2,5 millones fueron llevadas a las colonias españolas. España mantuvo impunemente la trata hasta 60 años después de su prohibición internacional”, sostiene Prat. De hecho, España fue la última nación europea en abolir la esclavitud, primero en 1837 en la Península y Canarias, y después, en 1880, en Cuba, la última de sus colonias en la que seguía siendo legal el comercio y el uso de esclavizados. Una historia silenciada, que, además, según critica la autora, no se menciona en los libros de texto en las distintas etapas formativas. “Hay muchos episodios de nuestra historia que han sido deliberadamente ocultados, obviados. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con nuestro pasado esclavista”, recalca.

El viaje por el pasado esclavista español que recorre la autora empieza en Barcelona, salta a Ghana y Sierra Leona, continúa en Cuba y finaliza de nuevo en Barcelona. Es lo que se denomina “el triángulo del comercio trasatlántico”, detalla Prat. Todo comienza con un contexto económico adverso en el que apenas hay oportunidades para salir adelante. “A mediados del siglo XVIII, una grave crisis económica azotó la costa catalana y muchos hombres emigraron a Cuba en busca de fortuna”, detalla el texto de una de las fotografías. Otros se trasladaron a las costas de Ghana y Sierra Leona, donde capturaron y después vendieron a las personas que eran forzadas a cruzar el océano hacinadas en barcos. Una vez en destino, como en Cuba o República Dominicana, fueron sometidas a trabajo extremo, donde las ganancias para los empresarios se multiplicaban.

“Tanto la trata como la utilización de mano de obra esclava en las plantaciones y los ingenios azucareros de Cuba hizo que muchas familias españolas se enriquecieran de forma extraordinaria”, matiza la fotógrafa. El dinero obtenido por la institución esclavista fue reinvertido después en las regiones de las que procedían los comerciantes y esclavistas, donde destinaron su capital a la construcción de mansiones, en la banca, la industria y en infraestructuras en Catalunya o el País Vasco.

De uno de los territorios de partida de los esclavizados, de Sierra Leona, el español Pedro Blanco sacó grandes beneficios. En un estuario entre dos ríos, llegó a establecer una red de factorías donde encerraba a las personas que más tarde embarcaría a América. Tal y como detalla la investigación realizada por Prat, Pedro Blanco fue uno de los mayores traficantes españoles de esclavos. Según recoge uno de los paneles informativos de la muestra, las factorías eran “enclaves organizados por funcionarios cuyo cometido era facilitar el asentamiento de las compañías negreras en territorio africano”. Estos espacios facilitaban el encierro de las personas que entrarían a formar parte del sistema esclavista puesto que, rodeados de agua, era imposible escapar.

Una vez en territorio americano entraban en juego otros actores. La fotógrafa recoge la historia de Julián Zulueta y Amondo, un político español que mantuvo negocios esclavistas clandestinos con la reina regente María Cristina de Borbón. Llegó a recibir el título nobiliario de Marqués de Álava, al igual que otro esclavista, el Marqués de Comillas. Zulueta era conocido por realizar prácticas de torturas y castigos extremos contra las personas esclavizadas que tenía en propiedad. La fotografía que acompaña este relato muestra la torre del ingenio desde donde colgaban por un pie a la persona que intentaba escapar, dejándolo morir a la vista de todos. El trabajo de Prat añade que las ganancias que Zulueta obtuvo gracias al tráfico de personas las invirtió en la industria textil de Álava.

El viaje por el pasado esclavista español se completa con las diferentes fotografías que reflejan las huellas que dejó este negocio, desde los vistosos mosaicos de una mansión cubana de un esclavista, hasta las mansiones actuales en Barcelona que fueron propiedad de los que hicieron negocio con las personas esclavizadas. “Mi mirada está puesta en nosotros, los esclavistas”, resalta la fotógrafa.

En estos ambientes de violencia, también surgieron movimientos de resistencia protagonizados por las personas esclavizadas. Muchas lograron escapar y formaron los palenques, comunidades autogestionadas donde las personas eran libres. Entre estas prácticas, conocidas como cimarronaje, la fotógrafa ha rescatado la historia de la esclavizada Carlota. Esta mujer lideró la primera gran sublevación antiesclavista de Cuba, en la que un grupo de 250 hombres y mujeres arrasó el ingenio Triunvirato de Matanzas, propiedad de la poderosa familia española esclavista Afonso-Soler, según detalla Prat en su trabajo. La autora saca a la luz su historia mostrando la fotografía de la escultura dedicada al esclavo rebelde y que está representada por Carlota en los mismos terrenos donde se ubicó el ingenio. “La participación de la mujer cimarrona en estos movimientos fue fundamental: lideraron numerosas revueltas y lucharon en primera línea, desafiando tanto el sistema esclavista como el rol subordinado que les imponía la sociedad colonial oficial”, revela la autora.

Estos episodios clave del pasado han dejado una huella en la actualidad. La conexión entre la memoria histórica, su relación con la identidad colectiva y sus implicaciones actuales, llevaron a su aurora a bucear en aquellos episodios del pasado que se vinculan con el presente. “Es preciso entender cómo se ha configurado nuestra identidad común para poder abordar debates actuales, como el racismo y los discursos de odio crecientes”. En la misma línea, la curadora de la exposición, Semíramis González, apunta que de este proyecto no solo le interesó “el preciosismo y el cuidado de la fotografía” sino que aborda esta cuestión que apenas tiene eco en el presente y del cual destaca que “tiene capacidad de enunciarse desde un lugar problemático y por poner la mirada sobre un tema tabú”, destaca.

A diferencia de lo que ocurre en otros países con un pasado esclavista como Reino Unido, Francia o Países Bajos, donde hay un reconocimiento, en España, este asunto continúa sepultado. Para González, la ocultación de esta parte de la historia española guarda relación con un estado de confort del que cuesta explorar su raíz: “Es más fácil aludir al síntoma y no a la causa. Hablamos de emergencia climática pero no de capitalismo. Hablamos de desigualdad de género pero no de patriarcado. Hablamos de pobreza de algunos países, pero no de extractivismo. Igualmente, hablamos de los países Occidentales como ricos y prósperos pero no hablamos de colonialismo. Preferimos apartar la mirada porque las comodidades que disfrutamos están construidas, en muchos casos, sobre el expolio a otros”, subraya.

Para contrarrestar este relato, Prat considera que es necesario abrir un debate “honesto y constructivo” sobre la historia y estudiar sus implicaciones en el presente: “Urge el reconocimiento, la reparación y la justicia histórica hacia los pueblos esclavizados para hacer frente al racismo estructural y asentado”, concluye.

El entorno del campamento Canarias 50 es diferente desde hace casi dos semanas. A los adultos migrantes que residen en este recurso de emergencia de Gran Canaria y que salen a pasear por los alrededores se unen ahora los menores solicitantes de asilo. Estos jóvenes llevan meses en el centro del debate político, después de que, a petición del Gobierno canario, el Tribunal Supremo ordenara al Estado que se hiciera cargo de ellos. Este lunes comenzarán los traslados a la Península y, si los plazos se cumplen, algunos de estos menores habrán pasado en menos de dos meses por hasta cuatro centros diferentes. Muchos quieren quedarse en Canarias, donde estudian o trabajan y donde han creado ya lazos de amistad. “Me preocupa que me lleven a la Península”, asegura uno de ellos.

Moussa (nombre ficticio) lleva un año residiendo en Gran Canaria. Es de la región de Kayes, en Mali, de donde procede la mayoría de los nacionales de este país que llegan a Canarias por la ruta del Atlántico. El maliense está al borde de cumplir la mayoría de edad y ha encontrado trabajo en una empresa de fontanería, de donde regresa por las tardes para entrar de nuevo en el Canarias 50.

Moussa asegura que los trabajadores del centro les han comunicado que aún no saben cuándo serán trasladados a otros recursos, “porque es algo que depende del Gobierno”. Él no quiere moverse a ninguna localidad de la Península. Tiene trabajo en la isla y, además, ha hecho amigos y amigas. “Me gusta estar aquí”, confiesa más de una vez y dice que ya ha informado de su deseo de permanecer en el Archipiélago a la entidad que gestiona el módulo de menores asilados dentro del centro, la ONG Engloba.

El caso de Ansou* es diferente. A él no le importaría que lo reubiquen en la Península: “Este centro no es bueno, la comida no es buena. Quiero que me trasladen, me da igual dónde”. Lleva un año en Gran Canaria y no ha recibido ninguna formación en todo este tiempo. Ha pasado ya por dos centros distintos. Uno de ellos fue clausurado por la Policía Canaria recientemente en el marco de una investigación de supuestos malos tratos a los menores por parte de los trabajadores de la ONG Quorum Social 77. “Lo único que se puede hacer es comer y dormir”, lamenta.

En marzo, el Supremo requirió al Estado que se hiciera cargo de más de 1.200 menores solicitantes de asilo en sus centros de protección. Estos jóvenes han convivido hasta el momento en los recursos colapsados de la comunidad autónoma, donde no se les ha brindado una atención específica adecuada a sus vulnerabilidades. Después de varias semanas de reuniones entre el Gobierno central y el canario, el Ministerio de Migraciones ha adelantado que este lunes comenzarán los traslados a los centros de la Península con un primer grupo de ocho personas. Cada semana saldrá de las islas un máximo de dos grupos de entre 15 y 20 menores cada uno.

Hasta ahora, de los 1.200 menores solicitantes de asilo, 141 han sido trasladados de forma temporal al Canarias 50, dependiente de Migraciones. Según el Ministerio, la entidad responsable de atender a los menores en este espacio está realizando valoraciones individualizadas a quienes han manifestado su disposición a trasladarse a la Península, con el propósito que los desplazamientos se hagan “con todas las garantías”.

En todo este proceso, el interés superior de los niños y niñas “es clave”, apuntan desde Unicef. “Para poder garantizarlo, hay que hacer una evaluación previa al traslado, para ver las necesidades de cada menor”, apunta Sara Casero, técnica de Políticas de Infancia de esta agencia de Naciones Unidas. Esta evaluación tiene que pasar por la escucha activa de los niños, “permitiéndoles participar en las decisiones que le están afectando”.

La estabilidad y la previsibilidad son “elementos fundamentales” para el desarrollo de los jóvenes y para reducir su nivel de estrés. “Los constantes cambios de centro generan un impacto negativo en el bienestar emocional de los niños y adolescentes. Debe limitarse el número de movimientos para que se reduzca ese impacto en su salud mental o en su estado psicosocial”, detalla Casero.

Cuando no hay otra alternativa que el traslado, apunta la técnica, es necesario velar por el derecho de los menores a la información y a la participación. “Hay que hacer partícipes a estos niños y adolescentes de estas decisiones que les afectan y explicarles lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, para reducir el impacto que pueda tener en ellos y ellas”, añade la experta.

Los menores malienses

Ansou un apasionado del baloncesto. Es un joven alto, que con un balón en las manos se apresura a buscar una cancha donde poder pasar la tarde junto a su compañero. Lleva un año en Gran Canaria y asegura que tampoco ha podido estudiar. Aun así, prefiere quedarse en la isla, donde lo que más desea es poder acudir a una formación. Aunque no le han detallado cuándo serán trasladados, sí que les han informado de que están en el Canarias 50 porque son solicitantes de asilo. Como la mayoría de los menores acogidos allí, también es de Mali.

“Nosotros venimos de un país donde estamos en peligro, y lo único que queremos es estar aquí. Estar bien”, señala Ansou. El 90% de los menores acogidos en Canarias que han pedido protección internacional son de Mali. En este país se libra desde hace más de diez años una guerra entre grupos yihadistas y el ejército maliense, que ha dejado cientos de miles de desplazados internos y hacia los países vecinos. Otros han optado por emprender la ruta canaria para llegar hasta Europa. Según datos de CEAR, la maliense fue la tercera nacionalidad con más solicitudes de asilo en España en 2024.

“Mali está en una situación delicada, con un conflicto armado que expone a los menores a una violencia muy alta y que les arrebata su infancia”, subraya la técnica de Unicef. Este país también es vulnerable a los impactos del cambio climático. El año pasado sufrió importantes inundaciones y un informe de Naciones Unidas de 2021 lo sitúa entre los 30 países donde los efectos del cambio climático suponen una mayor amenaza para los derechos de la infancia.

“Los niños y adolescentes a los que se les reconoce la protección internacional tienen necesidades específicas, porque huyen de sus países de origen por situaciones que ponen en riesgo su vida, como persecuciones o conflictos armados”, recuerda Sara Casero. Los menores no solo deben hacer frente a situaciones peligrosas en su país de origen. También durante la travesía.

“Esto no es solo específico de los solicitantes de protección. El trayecto migratorio puede durar años, y se enfrentan a hambre, sed, violencia, riesgos contra la infancia, e incluso la muerte de familiares cercanos”, especifica la especialista. “Han sufrido situaciones que para nosotros son inimaginables y que requieren que se desplieguen los recursos necesarios para atenderles de una forma diferenciada y sensible”, añade.

Otros tres jóvenes malienses, sentados en un parque, matan el tiempo de la tarde viendo vídeos musicales en sus móviles. Llevan nueve meses en la isla y han podido ir al instituto o estudiar una formación de soldadura. Hasta hace poco más de una semana vivían en recursos del sur de Gran Canaria, hasta que fueron trasladados al Canarias 50 por ser solicitantes de asilo. Dos de ellos quieren quedarse en la isla, pero aseguran que no saben si se irán o a dónde. En realidad, el asunto que más inquieta a uno de los chicos es la obtención de sus papeles. La realización de este trámite, que el Gobierno de Canarias está obligado a ejecutar antes de que cumplan los 18 años, también ha estado en entredicho en los últimos años.

Malick, también maliense, dice que le gustaría ser trasladado a Madrid. “Me gusta mucho Madrid”, confiesa. Por el momento, ninguno de los ocho menores que saldrán de Canarias el lunes irán a la capital, aunque Migraciones no descarta traslados a esta comunidad autónoma en el futuro. Madrid no ha dejado de intentar bloquear las salidas de menores migrantes hacia la Península. La última estrategia fue ordenar el cierre del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, a donde se preveía trasladar a 400 niños.

En una quinta planta de un edificio desvencijado de un barrio de calles en las que apenas penetra la luz del día se gesta una revolución feminista. En este espacio ubicado en el campo de refugiados de Shatila en Beirut hay una especie de pista de baloncesto con canastas sin red en la que entrena un grupo de niñas y adolescentes, todas descendientes la Nakba palestina y, después, de la guerra de Siria. Sus integrantes han formado el primer equipo de baloncesto femenino del Líbano, en una zona donde salir a la calle siendo mujer, vestida de deportista y con una pelota en la mano, puede suponer una actividad de alto riesgo.

La historia la ha desentrañado la periodista y corresponsal durante seis años en Oriente Medio, Txell Feixas, quien comprobó durante su estancia en el país que en uno de los lugares más hostiles del mundo, también había pequeños rayos de esperanza: “Una vez quise ver la verdad de ese lugar y no lo que yo quiero imaginar o lo que se me ha vendido, me di cuenta de que en medio de esta oscuridad había muchas lucecitas en cada uno de los edificios”. La historia del equipo Palestinian Youth Club, que ya tiene un recorrido de 12 años y ha integrado a más de 150 niñas, la ha plasmado en el libro Aliadas, de la editorial Capitán Swing.

El campo de Shatila fue creado en 1949 en Beirut para alojar a los palestinos que se vieron forzados a huir de sus casas tras la creación del Estado de Israel. Además, su nombre resuena porque su población sufrió un genocidio en 1982 debido a la invasión israelí en el Líbano y su posterior guerra civil. Tal y como apunta la UNRWA, el campo, planificado para 500 unidades residenciales y en el que hoy viven más de 10.000 personas -aunque hay cifras que hablan de 40.000- , está conformado por edificios hacinados que han crecido en vertical, con un sistema de alcantarillado deficiente, sin apenas electricidad y donde los servicios públicos no llegan. Además, sus habitantes tienen restringidos muchos de sus derechos fuera del campo.

En sus seis años de corresponsalía en Oriente Medio, Feixas ha visitado numerosos campos de refugiados. Y en todos ellos vio que en cualquier terreno de arena, había niños jugando al fútbol incluso con pelotas hechas con trozos de trapos. Sin embargo, las niñas nunca formaban parte del juego. Estaban en los alrededores del campo de fútbol, en las casetas de campaña o en los pisos ayudando a sus madres. Pero lo que ha diferenciado a Shatila del resto de campos, es la existencia de Madji. Un veterano del barrio, nieto e hijo de refugiados palestinos que llegaron en 1948 a Beirut, fue quien ideó este proyecto con la esperanza de salvar a su hija de un matrimonio a temprana edad. Un gran número de adolescentes de Shatila dejan sus estudios para casarse y tener hijos. También lo hizo para prevenirla a ella y a sus compañeras del consumo o la venta de drogas, en un barrio donde muchos jóvenes, sin alternativas ni oportunidades, terminan en este mundo. “Madji fue muy atrevido en crear este equipo de baloncesto. Y sobre todo les propone el baloncesto porque sabe que esos padres no van a entrar en razón si se les propone el fútbol”, subraya. Al principio, la idea de que las niñas y adolescentes de Shatila pudieran dedicar algunas de sus tardes a la práctica del baloncesto se convirtió en algo descabellado para muchos padres. Hoy, muchos de esos ellos acompañan a sus hijas al aeropuerto para despedirlas antes de partir al extranjero para jugar algún amistoso.

“El baloncesto me salva la vida”

Pero el impacto ha sido aún mayor en ellas. “Recuerdo a Hafat que me decía: a mí es que el baloncesto me salva la vida. Antes de botar esta pelota, mi sueño era, porque era el de mi familia, ser una buena esposa y una mejor madre. Y desde que he botado esta pelota, me lo decía emocionada, quiero estudiar y salir de Shatila. Y lo ha hecho”, comenta la periodista. A lo largo del libro, la corresponsal describe la vida de varias chicas a las que el baloncesto les cambió la vida. “Recuerdo también a Amina, otra de las pioneras, que me decía: yo cuando iba a entrenar rezaba para que cuando volviera, mis padres no tuvieran escogido uno de los hombres que hacían cola delate de mi casa para casarse conmigo”. Gracias al deporte, Feixas relata que la chica se interesó por el cuerpo humano, estudió fisioterapia y hoy ejerce de ello. “Al final es muy potente ver cómo una iniciativa que era pequeña y que piensas que solo puede cambiar las mentalidades de las chicas, cambia a sus padres, al vecindario, a la comunidad y al campo. Al final es como una gota de aceite que se expande con un poder transformador increíble”.

Sin embargo, el recorrido del Palestinian Youth Club ha estado salpicado de numerosos obstáculos. Primero, debido a las reticencias de muchos padres de las chicas. Después, vinieron los problemas procedentes de algunos miembros de su comunidad y, más tarde, los de fuera. De los chicos que no toleran ver a mujeres practicando un deporte, o del duro sistema de visados de la Unión Europea (UE) para viajar al extranjero a jugar un amistoso. Pero las jugadoras de Shatila ya proceden de entornos lo suficientemente adversos como bajar los hombros a la primera. La cancha de baloncesto del quinto piso de un edificio casi en ruinas, es su espacio seguro. Aquí intercambian inquietudes y acuden a los consejos de las más mayores. “El deporte les permite hacer equipo y hacer una tribu donde al final el deporte es la excusa para empoderarse y luchar juntas de forma aliada por sus derechos”, comenta la corresponsal. El baloncesto también es revolución para las más pequeñas, quienes por la dureza de las condiciones de vida del campo, no han tenido la oportunidad de experimentarse como niñas. “Para las niñas era un paraíso. Porque esas niñas se siete o nueve años no solo aprendían a jugar a baloncesto, sino que aprendían a ser niñas. Para mí era muy triste, pero a la vez era esperanzador ver cómo niñas de esa edad, se descubrían siendo las niñas que no habían podido ser. Cómo el hecho de incentivarlas con un silbato y con una pelota, hacían que empezaran a reír, a llorar, a saltar, a gritar, a tirarse, a hacer la croqueta por el suelo, a perseguirse”.

La historia de la jugadoras de Shatila revela que este no el único ejemplo de empoderamiento femenino que se cocina dentro del campo. Feixas descubre en sus visitas al barrio las revoluciones que se cuecen en “las casas, los hogares, entre cuatro paredes, entre fogones”. Muchas de ellas no pueden andar por las calles salvo que vayan a hacer alguna gestión, de modo que es en el espacio interior donde se arman sus luchas silenciosas. “Las casas se transforman en centros de resistencia, de empoderamiento, de complicidad, de curas entre ellas. Aquí podrías pensar, entre cuatro paredes, qué triste, ¿no? Ahí no es triste. Es atrevido y es vida y es resistencia”, recalca. Por ello, a diferencia de Occidente, donde el feminismo se ha convertido en una cuestión de elección ideológica, en esta zona es una “cuestión de supervivencia”. “Las valentías más importantes son las heroicidades cotidianas, como salir a la calle, o salir a la calle con un chándal y una pelota, como en el caso de Shatila hace unos años o como salir a la calle para protestar por tus derechos. Son sitios donde a veces no entendemos por qué las mujeres no salen a la calle a reivindicarse. Y básicamente no lo hacen, no porque no quieran, sino porque las matan por manifestarse”, destaca.

Para tener este dibujo completo de realidad de una de las sociedades que componen Oriente Medio, la periodista reconoce la importancia de ser consciente de cuál es el punto de partida de la voz que narra las historias. “Los peligros a la hora de contar historias que no son las tuyas son muchos. Yo iba con la precaución de intentar no ser condescendiente, ni paternalista, ni hablar desde el etnocentrismo o que sonara exótico. Y la forma que más me podía ayudar a eso, era que, sobre todo, hablasen ellas y ellos”. Aunque confiesa que a veces hay cuestiones que se escapan, incluso sin quererlo, puesto que la cultura y el marco del cual procede el periodista tienen bastante peso. “Pero siendo honestos, sabiéndolo, te ayuda a no reproducir errores que has visto en ti misma o en compañeros”, aclara.