Marruecos y España negocian la delimitación de las aguas con la “isla del tesoro de Canarias” como telón de fondo

Solapamientos entre las zonas de extensión de la plataforma continental de España con Portugal al norte y el Sáhara al sur

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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Los estados ribereños, aquellos con costa, cuentan con un mar territorial que no puede extenderse más allá de las 12 millas náuticas (22 kilómetros), un espacio contiguo a efectos sanitarios y fiscales, y una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que llega hasta las 200 millas (370 km). Sobre esa última demarcación, las naciones tienen derechos de exploración, de gestión de los recursos e incluso pueden prohibir a terceros cualquier actividad. Cuando la ZEE de dos países vecinos se solapa, ambos territorios, aunque no estén obligados, deben negociar. Y eso es lo que España y Marruecos harán a partir de esta semana, según anunció el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

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Entre el punto más oriental del Archipiélago y Marruecos hay alrededor de 100 kilómetros, por lo que no existe océano suficiente para una ZEE singular para ambas regiones. Hasta entonces, ha regido el criterio de la mediana como marco de referencia. Grosso modo, es como si una tarta se partiera en dos al no haber acuerdo entre quienes la reclaman. Una especie de línea equidistante entre Gran Tarajal y Juby en el corredor de Tarfaya. El Gobierno español y el reino alauita llevaban 15 años sin discutir este asunto. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que las Islas contarán con un representante en la mesa de negociaciones.

Hay quienes podrían pensar que una recta imaginaria a la mitad sería suficiente para trazar la delimitación de las aguas territoriales. En este caso, se estaría aplicando el principio de equidistancia. Hasta ahora se ha hecho así y por eso siempre se ha dicho que la frontera marítima entre Marruecos y Canarias es de hecho, pero no de derecho, sin importar las reivindicaciones que hayan esbozado cada uno. “Ni nosotros les podemos obligar a ellos a que acepten nuestra postura ni ellos a nosotros. Tenemos que llegar a un pacto”, asegura Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y miembro de la Comisión de Derecho Internacional.

El problema es que a Marruecos ya no le interesa el principio de equidistancia; ahora quiere que se fije una regla de equidad, que no es lo mismo. Lo que pretende es que la línea que divide en dos la ZEE tenga en consideración otros aspectos, como pueden ser la longitud de la costa, el volumen de población o la superficie sumergida. “Aplicando esa norma, a Marruecos le correspondería una proporción mayor”, apunta Marta Iglesias Berlanga, profesora en el Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según recoge un estudio titulado Canarias y la previsible ampliación de su plataforma continental: el difícil equilibrio entre España, Marruecos y Sáhara Occidental, por Rafael García Pérez, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), esta “desigualdad manifiesta” entre el Archipiélago y el estado marroquí resultaría en una proporción de 5,3 a 1 a favor de Marruecos (entre los cabos Sim y Dakhla). “Nos cuesta imaginar las dificultades a las que se enfrentará una futura negociación bilateral” sobre esta cuestión, remarca el artículo. Está por ver si el reciente giro copernicano en política exterior de España, reconociendo la postura de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, rebaja las pretensiones del país vecino. O si la búsqueda constante de petróleo del estado marroquí multiplica sus intereses.

El otro debate

Como telón de fondo de esta controversia principal se halla la conocida como “isla del tesoro de Canarias”, el Monte Tropic, que ni siquiera está dentro de la ZEE española, pero podría afirmarse, como así lo han indicado desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que se trata de una prolongación de las “abuelas de Canarias”, una cadena de montes submarinos que albergarían enormes cantidades de minerales estratégicos para la transición ecológica del futuro, según han revelado varias expediciones.

“Tropic es un punto, un gran edificio volcánico en el que investigadores británicos hallaron telurio”, un material poco abundante pero muy preciado para la fabricación de paneles solares, por ejemplo, razona José Mangas, catedrático de Cristalografía y Mineralogía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y dentro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Mangas lleva alrededor de 30 años estudiando las llamadas tierras raras, que también se han hallado en el resto de montes submarinos en torno a las Islas.

“El concepto clave es el de costras de manganeso polimetálico”, continúa el experto. “Estas, contienen cobalto, níquel, cobre, tierras raras… Componentes que se forman por las corrientes profundas del océano. Cada 1.000 años, debido a ello, tiene lugar un milímetro de costra. Tienen que pasar miles y miles de años para conformarse esas costras que vemos hoy en día”.

Tropic se encuentra a unas 250 millas náuticas (unos 460 kilómetros) de Canarias, fuera de la ZEE española, en aguas internacionales. El monte submarino forma parte de la zona internacional de fondos marinos y oceánicos, patrimonio común de la humanidad gestionado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), recuerda Berlanga. En resumidas cuentas, significa que Tropic no pertenece a ningún estado. Y que, en caso de ser explotado (aún no ha emergido la tecnología capaz para ello y los colectivos ecologistas están batallando para que se proteja el lugar), debería hacerlo de conformidad a cómo lo establezca la ISA.

El Gobierno nacional presentó en 2014 ante las Naciones Unidas (ONU) una solicitud de ampliación de su plataforma continental, que puede expandirse hasta las 350 millas, y así hacerse con el monte submarino más codiciado de todos. De hecho, España hizo suyos los argumentos del IGME, y defendió que “la prolongación natural de la masa continental sumergida en el área oeste de Canarias se extiende más allá de las 200 millas marinas”.

En la presentación, coordinada por el vicedirector del IGME, Luis Somoza, el Estado reconoce que tendrá que negociar con Portugal la expansión de la plataforma por el norte debido a la presencia de las Islas Salvajes, un archipiélago luso, y por el sur con los “derechos de terceros que puedan ser reclamados en su día”, utilizando una cláusula de salvaguardia dada la incertidumbre del futuro del Sáhara Occidental.

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS) aún no ha respondido a la petición española. Dice Escobar que es un grupo de trabajo “muy pequeño y hay muchísimas presentaciones”. La solicitud de España ocupa el puesto 77 y la última recomendación emitida, a fecha de 2019, fue la referida al número 32 (marzo de 2017). “La comisión atiende por orden escrupuloso de llegadas. Queda un rato para que nos digan algo”, añade Berlanga.

Antes de que finalice ese “rato”, Marruecos podría presentar su propia solicitud de ampliación de la plataforma continental. Es más, se le acaba el tiempo si quiere hacerlo. Después de haber manifestado su consentimiento a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), tenía hasta 2017, pero pidió una prórroga excepcional de cinco años que termina en mayo de 2022, dentro de unas semanas.

En alguna ocasión, el reino marroquí ha declarado su intención de incluir las aguas del Sáhara Occidental en su solicitud, básicamente porque de otro modo no podría ampliar su plataforma continental (tiene a Canarias delante) y porque así terminaría de echar más sal en la herida del pueblo saharaui.

“Estos textos pretenden incluir el espacio marítimo frente a las costas del Sáhara en el arsenal jurídico nacional para cimentar la tutela legal de Marruecos sobre esas aguas”, esgrimió el Consejo de Gobierno de Rabat el 6 de julio de 2017. Tres años más tarde, en 2020, la Cámara alta marroquí aprobó dos leyes de delimitación marítima que afectan directamente a aguas canarias y saharauis.

A día de hoy, todo apunta a que si la nación alauita presentase una solicitud a la CLCS, esta la desestimaría, recuerdan los expertos en Derecho Internacional consultados por esta redacción. “Corre el riesgo de que la reclamación sea desatendida al no haberse resuelto legalmente el problema del Sáhara. Porque las aguas saharauis pertenecen a ese futuro estado que se podría construir”, argumenta Berlanga.

“La comisión no lo va a aceptar. En la ONU no hay ninguna duda. Marruecos también pidió en su momento gestionar el espacio aéreo del Sáhara Occidental y le dijeron que no”, agrega Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco que lleva 30 años trabajando el conflicto.

Los dos expertos arguyen la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbó los acuerdos comerciales y de pesca de Marruecos con la UE en aguas del Sáhara. Para Soroeta, el Tribunal de Luxemburgo ha sentado jurisprudencia sobre la polémica. Para Berlanga, la justicia ha dicho claramente que el Sáhara es un pueblo pendiente de descolonización y que tiene derecho a ejercer un referéndum de autodeterminación.

Ambos creen que una discusión sobre ello no tiene cabida en el panorama actual. “España podrá negociar con Marruecos, pero nunca en el momento en que este último introduzca el tema de las aguas saharauis”, aclara Berlanga. “Si firman un acuerdo sobre este asunto, estarían violando el derecho internacional. Jurídicamente, España podría verse en problemas”, remacha Soroeta.

Aun así, Marruecos ha demostrado ser paciente y estar muy bien posicionado dentro del mundo árabe, llegando a contar con el apoyo de los Estados Unidos. Una ampliación de la plataforma continental que incluya las aguas del Sáhara chocaría de frente con los intereses de España en el Monte Tropic. En el hipotético caso de que los dos países avancen en sus solicitudes, se verían abocados a volver negociar.

“Sería como si dos vecinos se disputaran las lindes de dos fincas”, concluye Eloy Ruiloba, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga y autor de una de las tesis Circunstancias especiales y equidad en la delimitación de los espacios marítimos. “Si hay intereses económicos, ya verás qué rápido se ponen de acuerdo”, sin descartar la posibilidad de que ambos países exploten juntos los recursos del monte submarino. 

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