“No tendrían acceso”: el Ayuntamiento reconoce que la ampliación de la Avenida de Mesa y López está mal planteada
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido en un informe municipal que la ansiada prolongación de la Avenida de Mesa y López generaría un problema de accesibilidad entre varias manzanas del barrio de Guanarteme y la vía sobre la que se proyecta la ampliación, la calle Luchana, y ha ordenado a la empresa pública Geursa a modificar el planteamiento en esa zona. El primer borrador ya ha sido redactado y está en estos momentos siendo revisado por los técnicos municipales, indican fuentes del Consistorio.
El documento que admite el contratiempo, fechado en febrero de 2024 y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, es un reconocimiento expreso del Ayuntamiento capitalino de que para la ordenación de la prolongación de Mesa y López “no se tuvo en cuenta” la rasante a la que quedarían las manzanas de la calle Luchana entre las vías Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez y Pavía que, una vez ejecutada la ampliación, “no tendrían acceso directo” desde ella.
Existe un desnivel considerable entre esas manzanas del barrio de Guanarteme y la actual calle Luchana. Y la prolongación de Mesa y López hasta la vía José Sánchez Peñate, posterior a Pavía, no estudió cómo conectarlas a la futura ampliación. Es decir, no planteó nuevos viarios, ni rampas, ni soluciones específicas para que las casas de esa zona puedan acceder a ella.
La confesión del Consistorio de la capital grancanaria (y el posterior encargo de modificación del planeamiento) no es baladí. La prolongación de la Avenida de Mesa y López es el núcleo sobre el que giran las actuaciones urbanísticas ideadas por el Ayuntamiento desde hace dos décadas en esa zona para crecer en altura, liberando suelo para dotaciones y viales en un espacio muy congestionado, sobre todo por el tráfico.
Fuentes de la Corporación han detallado que, en concreto, la “eventual modificación” afectaría a las actuaciones AD-12, AD-13 y AD-14, tres parcelas consecutivas que van desde la calle Cayetana Manrique hasta la vía Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez en las que se levantarán tres edificios, dos de ellos de hasta 16 plantas y uno de once. Son tal altos porque de esa manera permiten rebajar la densidad de edificación y dejar espacios para zonas libres, explica el planeamiento.
El Ayuntamiento niega que la reordenación afecte igualmente a la actuación AD-16, la que prevé un edificio ya en construcción de 468 casas en la Plaza de América, el conocido como Residencial Las Américas, ni a la AD-08, que planea seguir canalizando el Barranco de Guanarteme, crear un espacio libre y levantar dos edificios de once y cinco plantas, respectivamente.
Todas estas iniciativas urbanísticas han sido ampliamente rechazadas por el popular barrio de Guanarteme. Sus vecinos, la mayoría de origen humilde, temen que las grandes construcciones atraigan a población de mayor poder adquisitivo y eso les expulse del barrio donde crecieron y echaron raíces.
Guanarteme aún conserva algunas de las casas terreras que se levantaron el siglo pasado para dar cobijo a los trabajadores del Puerto de Las Palmas que necesitaban un hogar. Pero muchas de ellas desaparecerán para abrir la puerta a pisos minúsculos que valen oro o viviendas con precios prohibitivos.
El barrio ya está saturado. Lo notan la vecindad y hasta las tuberías. El propio informe del Consistorio admite que, junto a la modificación de la ampliación de la Avenida de Mesa y López, hay que sumar “la creciente demanda ciudadana de mayores dotaciones y espacios libres (…) que habrá que atender”.
La última gran manifestación se celebró el pasado 18 de octubre. Se leyeron pancartas con los mensajes “Guanarteme es mi hogar, no mi lujo”, “Basta de especulación, queremos un barrio con corazón”, “Le has robado la tierra a mis hijas” o “Vuelven los buitres a Guanarteme, aquí no hay quien viva”.
El encargo a Geursa recoge igualmente que la reordenación del planeamiento se deberá someter al procedimiento simplificado de la evaluación ambiental estratégica, a efectos de que el órgano ambiental determine si tiene efectos sobre el medio ambiente. Una vez tramitada, también habrá que redactar el documento de tramitación para su aprobación inicial y posterior información pública.
La elaboración de ambos documentos costará a las arcas municipales poco más de 56.000 euros. 26.280 euros la evaluación ambiental estratégica de la modificación y 29.565 euros su tramitación.
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