Los últimos vecinos de Guanarteme luchan por subsistir: “Tengo derecho a vivir donde he elegido”

Lo primero que ha notado Lidia Cruz, de 64 años, es la altura de los edificios. Guanarteme era un barrio de casas terreras y talleres, dice. Pero en los últimos años, las obras nuevas han tenido como denominador común su tamaño: bloques de más de diez plantas que impiden ver el sol, que estrechan aún más las calles, que aumentan el tráfico.

Lo que empezó como un proceso de renovación urbana a finales del siglo pasado, con la construcción del Auditorio Alfredo Kraus y el Centro Comercial Las Arenas, entre otras cosas, ha derivado en una “elitización” de la localidad a lomos del turismo masivo. La llegada de cada vez más visitantes que compran casas a precios inaccesibles para la mayoría está cambiándolo todo, elevando el coste de la vida en general y desplazando a los residentes.

Pero sigue habiendo una “resistencia”, destaca Cruz. Y este sábado, una vez más, saldrán a la calle a demostrarlo. “No lo estoy pasando bien, como muchos aquí. Pero tengo derecho a vivir, como dice mi madre, en el lugar donde he elegido. Y no entiendo por qué nos tienen que echar de un sitio y meter en una colmena. Yo no quiero eso”, añade.

La protesta de los últimos vecinos que quedan en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria comenzará a las 11.00 en Plaza de América, donde se está levantando un edificio de 468 casas que puede dar la puntilla a la zona. Se trata de una de las múltiples actuaciones ideadas por el Ayuntamiento hace más de veinte años para crecer en altura, liberando suelo para dotaciones y viales en una zona altamente congestionada.

Son intervenciones “indispensables”, según el Consistorio, para “el desarrollo ordenado del municipio”. Las que ya se han llevado a cabo (y las que quedan) han sido desarrolladas por manos privadas y acarreado expropiaciones de viviendas típicas canarias. Es esa “recualificación”, como indican los propios documentos de la Corporación local, la que ha favorecido la transformación del tejido social.

Donde antes había inmuebles tradicionales del Archipiélago vinculados con el pasado humilde y trabajador de Guanarteme, que nació por las necesidades laborales y empresariales del Puerto de Las Palmas, ahora hay estudios minúsculos que valen oro o viviendas con precios prohibitivos.

Mientras el precio del alquiler en la capital ha aumentado casi un 30% desde 2015, según datos del Ministerio de Vivienda, en el distrito Isleta-Guanarteme-Puerto ha crecido un 38%. Los pisos turísticos en este lugar, que ascienden a casi 2.000, representan poco más del 5% de las viviendas totales en la zona, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y la renta media por hogar ha pasado de 29.293 euros a 36.837 en ocho años, aunque esta subida es acorde a la del resto del municipio.

La plataforma Guanarteme Se Mueve busca evitar por la vía judicial que el Residencial Las Américas, de 468 casas, agrave aún más las cosas.

Cuando el Ayuntamiento capitalino aprobó la modificación menor del planeamiento urbanístico que permite su construcción, allá por marzo de 2021, incorporó un estudio económico que cifra el precio de los inmuebles en un máximo de 2.805 euros por metro cuadrado. Ese documento indica que los promotores, en cuyo consejo de administración figuran empresas importantes como Dinosol y Satocan, invertirán 106 millones de euros en las obras, para obtener unos ingresos de 123. El beneficio sería de 16 millones.

Un piso de 60 metros cuadrados (m2) costaría 168.000 euros, una cifra idéntica a la hipoteca media en Canarias en 2024, según el Consejo General del Notariado. Pero han pasado cuatro años desde esa estimación. Y hace unas semanas, en el portal inmobiliario Idealista, las propiedades del Residencial Las Américas estaban comercializándose por precios que alcanzan los 632.000 euros para inmuebles de cuatro habitaciones, 419.000 para casas de dos dormitorios y 187.000 para estudios de 36 metros cuadrados. Los anuncios ya se han borrado.

La plataforma vecinal ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la obra. Creen que la prolongación de la Avenida de Mesa y López, en la que se justifica la misma, es “incoherente e inmotivada”, una decisión “arbitraria”, arguyen, que carece de la “adecuada memoria de viabilidad económica e informe de sostenibilidad”. También sostienen que emplear una modificación menor del planeamiento para subsanar un proyecto anulado por la justicia es una “desviación de poder”, que lo suyo habría sido una revisión de oficio.

Conviene recordar que el instrumento que ampara este edificio, ahora llamado Residencial Las Américas, pero antes Gran Guanarteme, fue declarado nulo por el Tribunal Supremo en 2013 por violar la edificabilidad máxima permitida en esa zona, de un máximo de seis plantas.

El Consistorio buscó entonces otra fórmula para impulsar la iniciativa, y la encontró enmarcándola en una “actuación de dotación”, que tiene como objeto incrementar las dotaciones públicas regulando la concentración edificatoria. Este método es “más eficiente”, a juicio del Ayuntamiento. Y permite bloques de hasta diez plantas en un entorno, el de Mesa y López, en el que ya “se identifican edificaciones de gran altura”.

Pero ahí no acaba todo. El recurso de Guanarteme se Mueve rechaza al mismo tiempo que parte de la financiación de la prolongación de Mesa y López, valorada en 3,75 millones de euros, corra a cargo del sector público, cuando el propio planeamiento urbanístico de la ciudad endosaba ese gasto al promotor privado.

Estos deberían “costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación de dotación correspondiente”. Pero como la prolongación de la Avenida de Mesa y López tiene “carácter estructural por afectar a una vía de primer orden”, lo hará el Consistorio, defendió el grupo de Gobierno municipal en un pleno reciente.

“¿Encima lo pagamos nosotros? ¿Le das altura [al promotor] y lo pagamos nosotros? ¿Qué dotación nos está dando? Al final pagamos siempre nosotros. Y como es dinero nuestro, no le duele a nadie”, cuestiona Lidia Cruz, presidente de Guanarteme se Mueve.

El colectivo ha solicitado como medida cautelar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad que alerte a futuros compradores del Residencial Las Américas que el edificio está inmerso en un procedimiento judicial. En primera instancia, el juez accedió, pero condicionó la anotación al pago de una fianza de 5,5 millones de euros ante la posibilidad de “dar lugar a la pérdida de valor de los inmuebles”.

La asociación recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que rebajó la fianza a un millón. Ahora han presentado un recurso de casación ante el Supremo para que el Alto Tribunal dirima si la pérdida de potenciales compradores de una promoción inmobiliaria es un daño cuya indemnidad debe garantizarse mediante el abono de una fianza o es inherente a dicha actividad económica, es decir, algo que cualquier mercantil “tiene el deber jurídico de soportar”.

“Quien solicita una licencia de obras y promueve una construcción con base en la misma, tiene que prever como contingencia de su negocio que el título administrativo puede ser impugnado por un tercero, y que incluso el mismo resulte finalmente anulado por esta jurisdicción”, señala el recurso. “Y, además, debe asumir que los posibles compradores no se decidan a adquirir finalmente un inmueble en tal promoción si supieran que la licencia se ha impugnado judicialmente”, remacha.

Ambos pleitos siguen su curso. Pero el exconcejal de Urbanismo de la capital, Javier Doreste, no ve ningún recorrido, al menos al primero de ellos, el que pide la anulación de la licencia de obras. Doreste asegura que estos proyectos “vienen de muy lejos” en la ciudad, que para frenarlos “ya ha pasado el tiempo”, y que durante su estancia en el Consistorio (2019-2023) vio que “no era posible” detenerlos.

“Esos convenios eran malos. Mucha altura para poco espacio público. Pero son imposibles de parar”, resume el exconcejal. “Los pisos que habilitan son muy caros. Y muchos de ellos serán vivienda vacacional”.

Guanarteme ha terminado así reuniendo los “hechos probados” de una localidad víctima de la gentrificación, en palabras de Carmen Ginés, doctora en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

“Tenemos incremento del alquiler turístico, pérdida del comercio local, del comercio de barrio, aparición de actividades que no nutren al residente, sino al que viene de fuera… Y hay una protesta. Son los propios vecinos quienes nos están alertando. Cuando es el tejido social el que se queja, ahí tenemos que poner el foco”, explica la experta.

Ginés detalla que “un barrio no es más que una miniciudad”. Y que al carecer de servicios “para ellos”, para sus habitantes, “se convierte en una zona que expulsa” a sus propios pobladores, convirtiéndose en un lugar “exclusivamente para turistas”. Lo que ha pasado en Guanarteme, además, debe advertirnos de los riesgos asociados a los procesos de renovación urbana, porque “pueden generar un proceso de elitización”.

“Hemos renovado, pero no para los de casa. Y ahora no puedes controlar quién adquiere una vivienda”, incide Ginés.

“Todo esto me ha afectado mucho”, concluye Lidia Cruz, vecina. “Uno ama y quiere el barrio donde está. Y que se haga esta cosa [el Residencial Las Américas] me lastima mucho. El estómago se me pone súper duro”. La salida de este embrollo, opina, la tiene la clase política. “Si se pierde el poco tejido social que queda en Guanarteme, esto será como el Sur, desamparado, lleno de apartamentos y sin vida”.