La ''amenaza urbanística'' sobre una montaña protegida de Tenerife llega a la Comisión Europea
La ''amenaza urbanística'' sobre la montaña protegida de Guaza (Tenerife) ha llegado a Europa. Colectivos ecologistas han presentado una queja formal ante la Comisión Europea en la que advierten que los dos proyectos previstos para urbanizar este enclave de Arona afectarían a especies en peligro de extinción y hábitats de interés comunitario dentro de un espacio de la Red Natura 2000. ''El principio de precaución no admite otra respuesta que la denegación de las licencias'', defienden. Así, solicitan la paralización de cualquier trámite de licencia y garantizar la conservación íntegra de este espacio.
Dos empresas han pedido licencia al Ayuntamiento de Arona para construir viviendas y locales comerciales en la ladera de Montaña de Guaza. Una de ellas es la madrileña Metrovacesa, que quiere levantar un edificio de 28 viviendas de uso residencial, cuatro locales comerciales, trasteros, garajes y una piscina comunitaria. La otra es la promotora Lemwey, vinculada al poderoso grupo belga Los Menceyes, que pidió licencia para una urbanización de lujo entre la playa de Palm-Mar y la Montaña de Guaza.
La documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora muestra que la superficie ocupada por el proyecto de Metrovacesa, denominado 'Gara', asciende a los 3.200 metros cuadrados y está cerca de la costa. La licencia, según confirmaron desde la corporación municipal a este periódico, permaneció congelada durante meses porque la parcela está afectada por la Red Natura 2000. Lo mismo ha sucedido con el proyecto del grupo Los Menceyes, bautizado como The Cliff.
Los colectivos ecologistas han remitido la queja también al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, ''dejando constancia formal de que todas las administraciones competentes conocen los hechos denunciados y las infracciones alegadas''. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se insiste en que ''ninguno de los proyectos'' ha sido sometido a la evaluación adecuada de repercusiones sobre la Red Natura 2000.
''Destrucción irreversible''
La queja formal apela al principio de precaución que rige la política ambiental de la Unión Europea y que exige a las autoridades ''anticipar y prevenir el daño ambiental significativo cuando existe riesgo''. ''La evidencia científica acumulada es concluyente: estamos ante impactos significativos e irreversibles sobre uno de los enclaves naturales costeros mejor conservados del sur de Tenerife, hogar de especies endémicas, protegidas y en peligro de extinción'', alertan los colectivos. Por ello, exigen la paralización de cualquier tramitación de las licencias por parte de las administraciones.
La queja incluye un anexo con informes técnicos de flora, fauna y geomorfología. Según han informado los colectivos, en ellos se subraya que los proyectos afectan a especies catalogadas en peligro de extinción tanto por la legislación canaria como por la estatal. Entre ellas está la pimelia tinerfeña costera (Pimelia canariensis), un escarabajo endémico de Tenerife ''cuya extinción local sería prácticamente irreversible dada su limitadísima capacidad de dispersión''. Otra de las especies mencionadas es el lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia), del que sobreviven apenas dos poblaciones en toda la isla, una de ellas ''a escasos metros de las obras proyectadas'' y que arrastra años de ''declive acusado''.
La Montaña de Guaza también está atravesada por una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En esta línea, los informes aportados por los colectivos advierten de la presencia de nidos de la pardela cenicienta (Calonectris borealis) ''directamente en la zona de obras'' y de otras especies protegidas, residentes o migratorias como el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) o el alcaraván (Burhinus oedicnemus).
''La realización de las obras y, posteriormente, la presencia de un edificio habitado conllevaría perturbaciones significativas'', alerta el texto, como los ruidos de maqiunaria y vibraciones durante la construcción o el aumento de tránsito humano y de luces artificiales nocturnas. Asimismo, respecto a la vegetación, han identificado comunidades del tabaibal cardonal -hábitat de interés comunitario- y especies ''con el mismo grado de protección que la viborina triste, que paralizó Cuna del Alma''.
El proyecto de Los Menceyes contempla, entre otras cosas, una obra de contención de la ladera de la montaña para ''impedir la potencial caída de rocas''. Los colectivos ecologistas defienden que la ladera es un ''sistema estabilizado'' que no representa riesgo alguno ni para las personas ni para infraestructuras. Por el contrario, las intervenciones previstas como la cementación, el hormigonado o la colocación de mallas metálicas sí alterarían de manera ''irreversible'' el régimen hídrico, la dinámica geomorfológica y los valores paisajísticos y patrimoniales de la Montaña de Guaza.
La batalla en los tribunales
El Ayuntamiento de Arona considera que no puede otorgar la licencia a Metrovacesa sin una evaluación ambiental previa, al afectar a un espacio protegido por Europa. La empresa no comparte ese criterio, por lo que recurrió a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El pasado 9 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a la promotora y resolvió que no era necesaria una evaluación ambiental para conseguir la licencia. Poco más de un mes después, Arona anunció que había recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo para que clarifique el criterio aplicable en actuaciones con posible incidencia en espacios protegidos y ''evitar interpretaciones que puedan suponer, en la práctica, una reducción de las garantías ambientales''.
En esta línea, la queja formal presentada ante la Comisión Europea subraya que autorizar ahora un desarrollo urbanístico sin los debidos controles ambientales supone ''un retroceso manifiesto'' en el grado de protección de la Montaña de Guaza y abre la puerta a futuras edificaciones en este espacio protegido.
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