El Gobierno reconoce que ha incumplido diez de las once recomendaciones para mejorar el clima laboral en la Policía Canaria

El Gobierno de Canarias ha reconocido formalmente este martes ante el Parlamento que sólo ha cumplido una de las once medidas que le recomendó a principios marzo pasado una comisión de expertos sobre el clima laboral detectado en el Cuerpo General de la Policía Canaria a raíz de una investigación abierta por una denuncia de acoso interpuesta por su anterior comisario jefe, Luis Santos Jara. A preguntas de la diputada socialista Nayra Alemán, la consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dicho que de esas once medidas, solo cuatro son de obligado cumplimiento, que una ya se ha cumplido, que otra está pendiente de un informe y que las otras dos dependen de otros órganos distintos a la Dirección General de Seguridad: la Secretaría General Técnica de la consejería y el Consejo de Gobierno.

En resumen: la comisión que investigó en 2024 distintos sucesos ocurridos en el seno del cuerpo rechazó que se hubiera producido un caso de acoso, pero detectó “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”. E hizo once recomendaciones de las que el Gobierno desecha siete de plano porque no son de obligado cumplimiento, y sólo parece dispuesto a cumplir con las cuatro restantes siempre que le den un tiempo.

De momento, y siempre según la versión que este martes ofreció la consejera Nieves Lady Barreto, solo se ha cumplido una que compete al director general de Seguridad, Daniel del Pino Franquet, la referida al “clima y la relación en las reuniones de trabajo de los distintos mandos”, según la explicación de la consejera, lo que en el dictamen de las personas expertas se especificaba así: “Elaborar informes trimestrales para asegurar que la información fluya correctamente entre mandos y subordinados, evitando que las instrucciones lleguen a los subordinados antes que a sus jefes”.

La otra recomendación que es competencia del director general, la que la consejera resumió como “la elaboración de un informe trimestral sobre el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” está pendiente de “una aclaración solicitada al Comité puesto que el propio artículo 33 contradice, según el servicio de la Dirección General, otros artículos de la ley”.

En realidad se trata de una directriz del propio departamento dictada en 2025 por la que se obliga a “elaborar informes trimestrales para asegurar que la información fluya correctamente entre mandos y subordinados, evitando que las instrucciones lleguen a los subordinados antes que a sus jefes”.

Las otras dos recomendaciones ineludibles no se han cumplido por distintos motivos. Respecto a la obligación de designar comisario principal del cuerpo, la consejera recordó que “no compete al director general sino al Consejo de Gobierno” y que “es un procedimiento de libre designación entre miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad” y que en estos momentos hay “dos comisarios que vienen de esos cuerpos”. En cuanto a la revisión del procedimiento de expedientes de información reservada, la consejera dijo que eso “compete a la Secretaría General Técnica, no al director general”, pero no explicó por qué ese otro departamento de la consejería no ha actuado tampoco.