PSOE y NC presentan propuestas para acabar con las sanciones a los propietarios de apartamentos en zonas turísticas

El PSOE y NC-bC han presentado este martes en el Parlamento Canarias, por separado, sendos paquetes de medidas para cabar con las sanciones a los propietarios de apartamentos de uso privado en zonas turísticas del archipiélago. El objetivo, en el que coinciden ambos grupos parlamentarios, es modificar la ley turística de Canarias y también la de viviendas vacacionales para poner fin a las sanciones del Gobierno canario a estos propietarios por hacer un uso privado de sus viviendas y no querer cederlas a un operador turístico.

En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición de Ley para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas con el objetivo de resolver el conflicto que afecta a más de 70.000 residentes en zonas turísticas del archipiélago, reforzar la seguridad jurídica y poner fin a los procedimientos sancionadores que durante años han recaído sobre propietarios que residen legalmente en sus viviendas.

Los diputados Sebastián Franquis y Gustavo Santana acusaron al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de haber agravado un problema que “ya no admite más vueltas” mediante una interpretación rígida del principio de unidad de explotación y la aprobación del Decreto-ley 2/2025, una norma que la propuesta socialista plantea derogar de forma expresa.

Franquis aseguró que la reforma “va al corazón de un problema que el Gobierno ha querido ocultar durante demasiado tiempo”, al considerar que la aplicación de la legislación turística ha generado una profunda inseguridad jurídica, ha castigado a pequeños propietarios y ha alimentado un conflicto social que afecta a miles de familias en Canarias.

El portavoz socialista denunció que una norma concebida para ordenar la actividad turística ha terminado utilizándose “como un instrumento para expulsar a propietarios de sus viviendas, bloquear usos residenciales legítimos e imponer una lógica rígida que no responde a la realidad de nuestros complejos, villas y bungalows”. “Eso no es gobernar con sensatez, eso es legislar de espaldas a la gente”, afirmó.

En este sentido, defendió que la Proposición de Ley pone fin a esa interpretación que calificó de “abusiva” y recupera un principio básico, “la ley tiene que servir a las personas, no a las sanciones automáticas ni a los intereses de unos pocos operadores”.

Por este motivo, subrayó que “no se puede seguir tratando igual a un gran grupo turístico que a una familia que tiene una vivienda en un complejo y quiere conservarla como residencia o darle un uso individual legítimo”.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística defienden la Proposición de Ley socialista, al considerar que tiene como objetivo aportar la seguridad jurídica que merecen los propietarios afectados, aclarando definitivamente que los usos residenciales existentes son plenamente legales.

“Las familias adquirieron sus viviendas libres de cargas y sin limitación alguna de uso, en un momento en el que no existía una especialización del suelo que impidiera el uso residencial”, señalan en una nota remitida por los socialistas.

La iniciativa socialista reconoce como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico, otorgándoles una situación legal de consolidación.

Además, redefine conceptos esenciales como establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa para adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros, y eliminar buena parte de la inseguridad jurídica existente.

Los socialistas consideran también que esta modificación también contribuirá a paliar el déficit de vivienda en Canarias, al evitar la desaparición de miles de viviendas utilizadas como residencia habitual y facilitar que edificaciones situadas en zonas turísticas puedan incorporarse al parque residencial cuando el planeamiento urbanístico lo permita.

Frenar las sanciones, reconocer el uso residencial consolidado y adaptar el planeamiento municipal

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), a través de la diputada Esther González, intentará convencer a los grupos del Gobierno (CC, el PP, la ASG y la AHI) de la importancia de aceptar cuatro enmiendas para corregir el impacto de la ley de la vivienda vacacional en miles de familias propietarias de apartamentos en zonas turísticas, frenar las sanciones, reconocer el uso residencial consolidado y dar tres años a los ayuntamientos para adaptar el planeamiento municipal.

A pesar de que la parlamentaria de NC-BC no pudo defender las cuatro enmiendas in voce en el debate y votación del dictamen del proyecto de ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, Esther González hará un último intento en el pleno de votación final del citado proyecto de ley, previsto para la próxima semana.

Las propuestas de NC-BC parten de la idea de que “no se puede legislar desde un despacho ignorando cómo viven y usan sus propiedades muchas familias canarias” de apartamentos, bungalós, chalés o villas situadas en zonas turísticas. Por eso, las enmiendas planteadas buscan poner orden, y hacerlo con “equilibrio, sentido común y respeto a la realidad existente”, explicó la portavoz nacionalista.

Esther González plantea aclarar mejor qué se entiende por establecimiento turístico y por unidad alojativa, para evitar confusiones y dar más seguridad jurídica. Esto permitirá que la ley sea más clara y que no se metan en el mismo saco situaciones muy distintas, según González.

Propone eliminar la disposición transitoria sexta de la ley 6/2025 de viviendas vacacionales. Tal y como está redactada, para Esther González, perjudica a los propietarios de apartamentos en complejos turísticos porque “no tiene en cuenta la realidad de muchas personas que llevan años usando legalmente esos inmuebles de otra forma o que no encajan en un modelo único” de explotación turística.

NC-BC plantea incorporar una medida especialmente importante. Se trata de dar un plazo de tres años a los ayuntamientos para adaptar su planeamiento y decidir, con criterios realistas, qué suelos o parcelas deben tener uso turístico, residencial o mixto. Es decir, según González, que sean las administraciones municipales, conociendo la realidad de cada municipio y de cada zona, las que ordenen esta situación “con rigor y no mediante imposiciones generales que no distinguen entre casos muy diferentes”.

Durante ese periodo transitorio, se establece que no se abran nuevos expedientes sancionadores a propietarios por no destinar sus inmuebles al uso turístico para “evitar” que muchas personas “se vean castigadas mientras no exista una solución urbanística clara y definitiva.

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista propone derogar el decreto ley 2/2025 (de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su Reglamento). Esta norma, como explicó, forzó el deber de destinar determinados inmuebles al uso turístico. González mantuvo que ha generado “más inseguridad, más conflictos y más presión sobre los propietarios, sin resolver de verdad” el problema de fondo.

Apeló al sentido común de los grupos que mantienen al Gobierno de CC y el PP. “No se puede obligar, de manera automática, a todas las personas” con un apartamento o bungaló en una zona turística “a dedicarlo exclusivamente al turismo sin analizar antes la realidad” del inmueble y del municipio.

Para Esther González, el objetivo no puede ser imponer una solución única para todos los casos. Defendió la necesidad de facilitar una regulación que proteja el interés general sin dar la espalda a la realidad de las islas.