Ley de Dependencia

El Gobierno canario acusa al estatal de recortar en dependencia mientras la financiación se triplica desde 2019

El Gobierno de Canarias acusa ahora al Gobierno estatal de recortar financiación en dependencia. Tanto en el Parlamento de Canarias como a través de un comunicado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, incide en que un nuevo sistema de reparto estatal de financiación de la dependencia supondrá para el Archipiélago una pérdida de 12,4 millones de euros y todo ello, según el Ejecutivo regional, pese a “haber reducido de forma significativa los tiempos de espera, el denominado limbo de la dependencia y las listas de espera del sistema”.

Según los datos del IMSERSO del pasado mes de abril, Canarias aún tiene un limbo de 15.000 personas que deberían estar percibiendo la prestación porque tienen derecho pero no la reciben.

En una respuesta por escrito a la senadora Marta Arocha, que fue directora general de Dependencia del Gobierno de Canaria, el Ministerio de Derechos Sociales ha señalado que “no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal”.

La consejera de Bienestar Social canaria incidió en la incorporación de un nuevo “factor de corrección del 10 %” en el reparto del denominado nivel acordado, un criterio que asegura que perjudica especialmente a Canarias ya que denuncia que sufrirá una reducción del 32,3 % respecto a la financiación que le correspondería percibir por la evolución de sus datos, convirtiéndose, según sostiene el Ejecutivo regional, en “la comunidad autónoma más perjudicada de España”. “Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo. Parece que cuando mejor lo hacemos en Canarias, más trabas nos ponen desde fuera”, insistió Delgado, que anunció que estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto.

Según le han explicado el Ministerio, “respecto al denominado ”factor de corrección“, es preciso señalar que no constituye en ningún caso una medida aprobada ni incorporada al modelo vigente. Se trata de un elemento técnico planteado en el seno de los grupos de trabajo con comunidades autónomas con el objetivo de explorar mecanismos que permitan moderar las oscilaciones interanuales en un contexto de estabilidad del crédito global. Su consideración responde, por tanto, a un escenario de simulación y análisis, sin que exista decisión alguna adoptada por los órganos competentes para su aplicación efectiva”.

Asimismo, añade que “como podrán confirmar los técnicos del gobierno de Canarias que asistieron a la reunión correspondiente, los escenarios trabajados con datos actualizados a 31 de diciembre de 2025 muestran que Canarias experimenta incrementos en su financiación en términos absolutos en todos los supuestos considerados. En consecuencia, no se identifica ningún escenario en el que la comunidad autónoma registre una pérdida neta de financiación estatal en el nivel acordado”, agrega.

Si se atiende a los últimos datos publicados por el IMSERSO, se aprecia que Canarias percibía en el año 2019, el Estado destinaba a a Canaroas 30.724.689,04 euros para el desarrollo de la Ley de la Dependencia, una cuantía que ha ascendido en 2025 hasta los 101.802.600,06 euros. Es decir, la financiación se ha triplicado desde entonces.

“Debe recordarse que el modelo de reparto incorpora adicionales de carácter estructural, entre ellos los vinculados a la insularidad y la dispersión territorial, que operan en favor de comunidades como Canarias y contribuyen a adecuar la asignación de recursos a sus especificidades”, aclara el Ministerio en su contestación por escirto a Marta Arocha, que insiste en que “desde un análisis técnico del conjunto del sistema de financiación, no puede sostenerse la existencia de una reducción del gasto estatal ni de una penalización específica a Canarias”.

“Desde una perspectiva agregada, no se ha producido una disminución del esfuerzo financiero del Estado en Canarias. Al contrario, se observa una trayectoria creciente en el nivel mínimo de protección, que constituye el principal componente de financiación estatal vinculado directamente a las personas atendidas. En términos cuantitativos, dicho nivel ha evolucionado desde aproximadamente 58 millones de euros en 2023 a 62 millones en 2024, alcanzando en el entorno de 75 millones en 2025. Esta evolución evidencia que el Estado está acompañando el desarrollo del sistema en la comunidad autónoma, con una aportación total (incluyendo acordado) del gobierno central de 102 millones de euros en 2025. En contraste, en 2019 Canarias apenas recibía 29 millones de euros: es decir, casi cuatro veces menos que en 2025. Cabe recordar también la supresión completa del nivel acordado por anteriores gobiernos del Partido Popular, así como las cotizaciones de personas cuidadoras, recortes que este gobierno ha revertido”, insiste la respuesta del Ministerio.

También aclaran que “el denominado nivel acordado debe analizarse en el marco de su propia naturaleza. Se trata de un fondo de distribución condicionada, sometido a un reparto territorial en función de indicadores comparativos y dentro de un volumen global limitado, especialmente en un contexto de prórroga presupuestaria. En este sentido, las variaciones interanuales en el nivel acordado no pueden interpretarse en términos absolutos como pérdidas o recortes, sino como ajustes relativos derivados de la evolución diferencial de los indicadores entre comunidades autónomas. Así, las cuantías asignadas a Canarias (29 millones en 2023, 25 millones en 2024 y en torno a 26 millones en 2025) responden a estos criterios de reparto, sin que ello implique una contracción del conjunto de recursos estatales recibidos”.

La senadora Marta Arocha explica sobre la tabla publicado por el IMSERSO que sobre la tabla que hace referencia al “nivel mínimo” es una cantidad que se paga por cada persona dependiente y que en 2023 es, según incide, el año en que más se pagó de nivel mínimo porque en 2022 durante el Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE) y Noemí Santana como consejera de Derechos Sociales el año en el que más se aumentó tanto el número de persponas atendidas, se redujo la lista... Y el nivel acordado explica que se negocia todos los años y es una cantidad que se va ampliando y que el nivel adicional lo “elininó el PP en 2012” por eso “en el cuadro está en cero”.

El nivel adicional aclara que se negocia todos los años y que según los estudios del Ministerio “ningún escenario va a empeorar la financiación de Canarias”.

Arocha cree que para resolver la dependencia hay que crear servicios, en este momento hay un “déficit de servicios que está impidiendo que la gente pueda acceder y poe eso hay 15.000 personas con prestación recconocida y sin recibir nada”. ¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar“, insiste.

Precisamente, este lunes la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que hay ocho comunidades que pierden financiación estatal en dependencia y entre ellas no está Canarias. Asimismo, las Comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son: País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632 euros) y Navarra (2.578 euros), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.490 euros), Canarias (1.492 euros) y Murcia (1.751 euros).

No obstante, de los datos presentados este lunes por la asociación también se refleja que el Estado cubre el 25,2% de la financiación del sistema de dependencia mientras que la comunidad autónoma de Canarias cubre el otro 74,8% con más de 300 millones de euros.