A Sánchez el partido se le estaba yendo de las manos por la agresividad del equipo contrario, cuando decidió pedir tiempo muerto. Algunos llegaron a pensar que tiraba la toalla y se acababa el partido, pero no. Se trataba de detenerlo y poner en evidencia el juego sucio del rival. Era una manera de dar la vuelta a la situación y tener el balón. Pero ganar tiempo no sirve de nada sin agrupar las propias fuerzas, tensionar a la hinchada para que anime y recuperar la iniciativa.

El dilema era seguir aguantando la brutal ofensiva del contrario o plantarle cara con una nueva estrategia.  Tenía claro que las únicas batallas que se pierden son las que no se dan. El objetivo era rechazar el peligroso juego e intentar garantizar que los árbitros no sean parciales. La afición al baloncesto del presidente del Gobierno le ha debido inspirar este movimiento de parar para recuperar el balón, maniobra que puede ser discutible para algunos pero que ha puesto a la derecha a la defensiva. Ya lo hizo tras el 28 de mayo y le funcionó, pero ahora o hay un cambio de estrategia o no servirá de mucho. 

Pero el problema sigue estando ahí. Unas derechas muy ultras a las que se les llena la boca de con la palabra “democracia” cuando no tienen el poder, porque consideran que la democracia son ellos. Intentan derribar al Gobierno de España con una campaña de deslegitimación continua, plagada de bulos y bárbaros ataques. Son incapaces de reconocer ningún logro ni siquiera en la marcha de la economía: no les importa que crezca el empleo y su estabilidad o que España adelante a la eurozona en la recuperación del PIB tras la pandemia. Siguen con su matraca de que este es el peor Gobierno de la historia de España, aunque se sitúen a la derecha de la realidad y del sentido común. Con ellos, no estamos en democracia, estamos en demagogia y urgencia. 

Este ataque se resume en la imagen de un Núñez Feijóo acusando a Pedro Sánchez de ser como Franco y a su gobierno legítimo una dictadura. Menos mal que llegaba para modernizar al PP. No basta decir que le marcan el paso Aznar, Ayuso y Abascal, que se precipitaron a opinar antes que él sobre la decisión de Sánchez de continuar. Feijóo se encuentra cómodo en la hipérbole y parece que MAR le asesora. Practica un hooliganismo político que es muy peligroso cuando mucha gente, colocada en condiciones de supervivencia por el sistema, está entre el miedo y la ira. 

Hay que preguntarse por qué es tan difícil que haya en España una derecha moderna y europea. Para ello hay que bucear en las raíces franquistas y en el modelo de transición. Es muy interesante para encontrar las claves, estudiar el análisis comparativo de la construcción de la democracia en España y Portugal que hace Robert Fishman en su obra “Práctica democrática e inclusión” (Ediciones Catarata, 2021).

Lo cierto es que parece que vivimos el coleteo del “atado y bien atado”: a medida que pasa el tiempo, en vez de disolverse el franquismo bajo el desarrollo de la modernidad social, ocurre lo contrario, aparece cada vez más como elemento que constituye el núcleo de una derecha que se reproduce a sí misma. Hasta la ONU se acaba de pronunciar sobre la agenda negacionista de PP Vox atacando la memoria democrática en las CCAA.  Lo dijo gráficamente Rafael Chirbes antes de morir: “es como si hubiesen tenido el cadáver del dictador en el fondo de la charca y se hubieran decidido a cortar la cuerda para que saliera a flote, trayéndonos toda su pestilencia” 

Mantener el Gobierno por mantenerlo no tiene demasiado sentido. El único, evitar que tome el poder la derecha y haga un destrozo con los logros sociales, pero eso no es suficiente. A pesar de la complejidad de los apoyos parlamentarios, se trata de desarrollar un programa avanzado de regeneración democrática y de reformas sociales para la modernización del país. La tarea principal que tiene el actual Gobierno de coalición y sus socios de la investidura es ir en serio. 

Ello pasa por la derogación de la ley Mordaza para fortalecer los derechos y libertades de la ciudadanía, la renovación sin más demoras del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la Constitución y la independencia judicial, y medidas para combatir la intoxicación con bulos y mentiras. Por una estrategia decidida de reconquista de lo público y de mejora de la sanidad y la educación, políticas medioambientales y de lucha por la descarbonización, un nuevo modelo económico que fortalezca la industria y sea sostenible, una política fiscal con mucha mayor progresividad fiscal que grave a la banca y grandes capitales, avances en la laicidad del estado y supresión de todo tipo de privilegios. 

Un tema clave es dotar a la ciudadanía de espíritu crítico, como vacuna frente a la manipulación mediática y política. Eso pasa por una educación pública universal, plural, laica y democrática y cuestionar la doble red privada sostenida con fondos públicos que juega un papel segregador y adoctrinador.  

Además de la desestabilización del Gobierno, el segundo objetivo que las derechas ultras persiguen, es provocar desafección política y alejamiento ciudadano con una tensión y un ruido insoportable. Esto es muy viejo. Ya nos advertía hace un siglo de estas estrategias, Antonio Machado, que decía: “Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”.

Hay que explicar de nuevo la relación entre la política y las cosas de comer, es decir, sobre lo que realmente importa. Por ejemplo, si una persona es operada de corazón o de cadera, vive o anda no gracias a la ciencia sino a la política; porque, aunque la técnica quirúrgica esté muy desarrollada, si no tiene dinero quizá no se la apliquen, a no ser que la política decida que hay sanidad universal para todos. Esta es la grandeza práctica de la política que no se puede perder.     

La desconfianza hacia la política es una característica de los momentos de derrota y la peor derrota es la pérdida de la esperanza. Es peligroso pasar de política. Hannah Arendt se preguntaba si la política tiene aún sentido y concluía que el totalitarismo era la desaparición de la política. Fin de la política, fin de la historia. Por ello, no se puede dejar ni la política ni la calle en manos de la derecha. 

Es preocupante lo que está pasando y convendría que todos hiciéramos un esfuerzo por reconducir la situación. En mi breve paso de dos años por la política institucional, cuando me despedí en la Asamblea de Madrid hacía la siguiente recomendación a sus señorías: “Guarden siempre un tono de respeto y de escucha. No olvidemos que la democracia no es otra cosa que la capacidad de diálogo civilizado. Los modos y la ética deben ser parte fundamental de la democracia y de la política, porque la política sin ética es simple politiqueo y un club de cínicos. Y porque las instituciones sin respeto se convierten en una cesta de cangrejos que aleja a la ciudadanía de la política y erosiona la democracia”.

Estas semanas hemos visto cosas que en Europa y en un estado aconfesional no comprenderían. Niños y niñas en horario escolar disfrazados de nazarenos y legionarios (colegio concertado El Divino Pastor, de Málaga). Alumnos desfilando en procesiones, como ha recogido Enrique Díez en Valladolid (colegio Nuestra Señora de Lourdes) y en Ciudad Real (colegio San José); la procesión escolar que me encontré en Getafe paralizando el tráfico. La Junta de Andalucía invitando a celebrar la semana santa en los colegios públicos con una circular que ha sido criticada por sindicatos y familias. La charla de Vox en contra del aborto a alumnos del colegio concertado valenciano Inmaculado Corazón de María. Desgraciadamente, no son casos aislados. 

Mientras esto sucede, las derechas, que en estos temas son todas ultras, intentan presentarse como adalides en contra de la “ideología en las aulas” o del “adoctrinamiento”. En el colmo del retorcimiento, dan la vuelta a su significado y califican de adoctrinamiento ideas progresistas que se basan en derechos humanos. Para ellos, adoctrinar es hablar de igualdad entre hombres y mujeres, de educación afectivo-sexual, de derechos de las personas LGTBI o del cambio climático.

Toda educación tiene una ideología y responde a un modelo de sociedad. Pero es puro adoctrinamiento si no respeta la ciencia y la democracia. Para impedir que se aborden estos temas la ultraderecha se inventó el palabro del “pin parental”, que no es otra cosa que imponer la censura católica para que los progenitores o tutores de los estudiantes impidan la asistencia a actividades escolares complementarias. 

Pero el adoctrinamiento realmente existente en los centros educativos es otro. Veamos los tres tipos que hay y la función que cumplen.

1. Adoctrinamiento religioso, decisivo en la difusión de las ideas conservadoras. La religión debería estar fuera de la escuela, porque una cosa es que las familias puedan elegir la educación religiosa de sus hijos en casa o lugar del culto y otra que tenga que hacerse en centros educativos y financiado con dinero público. Hay que recordar que más del 82% de los colegios privados religiosos tienen concierto con las administraciones.

El legítimo derecho a la libertad religiosa, lo utilizan sectores de ultraderecha y sectas ultracatólicas muy financiadas (desde el Opus Dei a Hazte Oír, El Yunque o Abogados Cristianos, etc.) para intentar imponernos por todos los medios sus dogmas sectarios. Con ese interés por imponer su ideología buscan mantener sus privilegios e intereses económicos. Quieren controlar la educación, mantener la influencia en la justicia y grupos empresariales, las subvenciones y privilegios fiscales, el no pago del IBI y las inmatriculaciones para apropiarse de los bienes de las comunidades. 

Responden airadamente a la resistencia de la sociedad civil al fanatismo católico y a una moral impropia de los tiempos actuales. Si pudieran, con la excusa de que el laicismo atenta contra los sentimientos religiosos, estos grupos sectarios nos impondrían a todos sus dogmas, como pasaba cuando la moral católica se enseñaba en las escuelas durante la dictadura. Por eso han rechazado las leyes del divorcio, el aborto, la eutanasia o los derechos LGTBI. Afortunadamente, la sociedad se ha modernizado y evoluciona desde el reconocimiento de los derechos y el sentido común. 

2. Adoctrinamiento en valores conservadores como el individualismo, el negacionismo climático, la inmigración como amenaza, el rechazo a la igualdad y al feminismo, etc. El problema es que el adoctrinamiento reaccionario tiene consecuencias. Por ejemplo, cada vez parece más probado que cuando no hay educación afectivo sexual y la pornografía campa entre los jóvenes, la violencia machista se dispara en adolescentes. Nada sucede por casualidad.

A veces, pueden inculcarse incluso ideas neofascistas, por activa o por pasiva. Por ejemplo, el reciente caso del karaoke franquista con el “Cara al Sol” en un colegio de León, que al ser público ha sido denunciado por el AMPA. O las leyes de la “discordia” del PP y Vox para ir en contra de la memoria histórica. Con ellas se pretende imponer el revisionismo histórico y los mitos fascistas. Se quiere manipular la verdad y apropiarse de un relato que legitime el golpe de estado y la dictadura. Se pide “libertad de memoria” para ensalzar el franquismo y se rechaza que se enseñe en los centros educativos la represión franquista. No podemos olvidar que los totalitarismos aniquilan la memoria.

Hay que llamar la atención sobre el propio modelo educativo, que puede favorecer los valores conservadores si en vez de ser inclusivo como el público, es segregador como el privado y concertado.

3. Adoctrinamiento para la hegemonía política. Las derechas entienden la educación como una operación de ingeniería social y electoral para controlar el poder político. Un instrumento para ello es la existencia de una red privada concertada financiada con fondos públicos. Un consejero de Educación del gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre afirmaba que por cada colegio concertado que impulsaban en un barrio o localidad, aumentaba un 3% el voto al Partido Popular. Quizá los resultados electorales en Madrid se expliquen, en parte, por la anomalía de que, en la capital, menos del 40% del alumnado está escolarizado en la educación pública. En España lo está el 67% y en Europa el 90%.

La ultraderecha da tanta importancia a la educación para el adoctrinamiento, que he oído decir en la Asamblea de Madrid a una diputada de Vox que “el pin parental más importante era el cheque escolar”; es decir, la financiación de la educación privada y concertada para tener así patente de corso con el adoctrinamiento político-religioso. Y la inspección educativa no interviene, como tampoco actúa frente a las cuotas ilegales que cobran el 90% de centros concertados

La educación debe ser laica, es decir, debe respetar el derecho fundamental a la libertad de conciencia del alumnado cada vez más diverso y promover la convivencia entre culturas. Quien mejor puede garantizar que no haya sectarismo confesional e ideológico es la escuela pública por su carácter plural, democrático, inclusivo, por la libertad de cátedra del profesorado y por programas aprobados democráticamente. 

La campaña reaccionaria cala hasta el punto de que una parte del profesorado se autocensura y la educación se va convirtiendo en algo “neutro” donde los valores democráticos universales se diluyen"

Solo desde la desvergüenza se puede afirmar que la escuela pública adoctrina y que no lo hace un colegio del Opus Dei. Pero la campaña reaccionaria cala hasta el punto de que una parte del profesorado se autocensura y la educación se va convirtiendo en algo “neutro” donde los valores democráticos universales se diluyen y se abre la puerta a la ideología más extrema. La escuela pública debe enseñar a pensar y tiene la obligación de educar en la ciencia y los derechos humanos. Algo que es lo contrario de adoctrinar.

Pero la izquierda está a por uvas y no acaba de apostar de manera decidida por la educación pública y por la reducción progresiva de la concertada, empezando por retirar la financiación a aquellos centros que adoctrinan en el nacionalcatolicismo y segregan por sexo, por origen o por nivel socioeconómico. Se trata, simplemente, de ser europeos en educación y asegurar la igualdad de oportunidades. Se trata de proteger la democracia de la derecha.

Poco le duró a Alberto Núñez Feijóo su papel de Bartleby. Su “preferiría no hacerlo” con relación a pactar o no con la ultraderecha aguantó exactamente dos horas. Y su rendición a Vox se firmó en Valencia en un texto de 219 palabras que quedará como el testimonio de que la derecha española es toda ultra, al aceptar el marco y las políticas de la ultraderecha y gobernar juntas. El acuerdo entre PP y Vox recogía de forma sumaria cinco puntos mal escritos de generalidades y redundancias que dan vergüenza ajena, del tipo: “4. ”Señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad“. Luego se desarrollará un texto de 50 propuestas donde se recogen los negacionismos básicos de la ultraderecha a la violencia de género, al cambio climático, a la memoria democrática, a una fiscalidad progresiva y a unos servicios públicos de calidad.

En esa misma línea, se han cerrado acuerdos en ayuntamientos y en otras comunidades autónomas, incluida Extremadura tras las presiones de Feijóo y Ayuso. En estos acuerdos, se repite la misma pauta política e ideológica. Se adoptan preocupantes medidas concretas que van desde suprimir las concejalías de Igualdad a cargarse el carril bici en algunas grandes ciudades como si fuera una medida comunista, que es lo que la ultraderecha piensa de la lucha por la descarbonización. También han empezado a prohibir y censurar la cultura, impidiendo la representación de obras de teatro de Virginia Wolf o sobre Antoni Benaiges, aquel maestro que quiso llevar a sus niños de una aldea de Burgos a ver el mar y nunca pudo hacerlo porque el franquismo le fusiló. 

Feijóo ha reconocido ya que pactará con Vox si necesita sus votos. Es muy grave que el Partido Popular asuma buena parte de la política de ultraderecha y le ponga una alfombra roja para que acceda al poder. Esto conllevaría la ruptura de consensos sociales existentes como, por ejemplo, la lucha por la igualdad. Hay mucha preocupación en Europa y puede producirse un deterioro de la imagen del país por los retrocesos que suponen los pactos del PP con Vox en materia de igualdad y LGTBI. Sería tremendo pasar de estar a la vanguardia internacional al modelo de Hungría.

La responsabilidad es de Feijóo. Porque no es capaz de resolver los dos problemas que tiene: la definición para el PP una estrategia política y de alianzas democrática, coherente y europea, y la consolidación de un liderazgo fuerte. Su estrategia política es errática, porque se encuentra pinzado por su ultraderecha interna y por su propia historia reciente. Ayuso, cada vez más Vox, no solo le marca la línea a seguir, sino que es una amenaza de sustitución. Ese es el trasfondo de una guerra interna donde no se hacen prisioneros. Ayuso está tomando posiciones con sus fieles en el gobierno de Madrid y en la lista al Congreso, por si Feijóo no aprovecha su última bala del 23-J.

Su historia como líder del partido viene marcada, desde el punto de vista ético y estético, por la oscura defenestración del presidente anterior, Pablo Casado. Tampoco puede presumir de su experiencia como presidente en Galicia, donde dejó una gestión claramente negativa: deuda pública disparada, pérdida de población juvenil, reducción de población ocupada, cierre de grandes empresas (Alcoa, Siemens Gamesa), deterioro de la sanidad y la educación pública.

Decía Caetano Veloso que visto de cerca nadie es normal. También se podría decir que vistos de lejos algunos parecen mejores. Esto le está pasando a Feijóo. Vino a la política nacional como la gran esperanza de la derecha después del linchamiento de Casado. Como apariencia y realidad no van de la mano, la lejanía y las nieblas de Galicia le daban mejor imagen, de político razonable y con cierta solvencia. Pero se está desinflando como un soufflé. 

Hasta el punto de que la política de comunicación de Génova ha sido reducir su exposición para que no muestre su desconocimiento sobre numerosas materias. Parece cada vez más una copia de Rajoy en la vaciedad de sus frases, la ausencia de ideas potentes y el abuso de los lugares comunes. Por eso, conscientes él y su equipo de sus limitaciones, se ha resistido al máximo a los debates en esta campaña electoral, una cobardía que supone un desprecio al electorado, ya que quien aspira a gobernar el país está obligado a explicar sus propuestas y contrastarlas con los otros partidos. 

Es malo que la derecha tenga un líder débil y confuso. Especialmente cuando no es capaz de embridar a un sector de su partido que apuesta sin complejos por el pacto con Vox y que le arrastra a él. El peligro está en que cada vez más la ultraderecha juega al discurso de odio y a los bulos para subvertir una democracia y unos derechos humanos que consideran un mantra progre.

Si la izquierda no frena esta peligrosa deriva con una potente movilización de su electorado, nos espera lo que las derechas llaman “derogar al sanchismo”. Es decir, cargarse todas las leyes y medidas positivas para la mayoría social y las libertades de esta legislatura. Ante el riesgo de un retorno al pasado, no podemos quedarnos esperando a los bárbaros. Hay posibilidad de impedirlo. Tomando conciencia de lo que está en juego, reforzando la unidad de la izquierda y evitando que las discrepancias y los sectarismos se impongan. No olvidemos que la melancolía está hecha de la misma materia que las derrotas y se construye poco después de ellas. Habrá posibilidades el 23 de julio si hay una amplia participación ciudadana y PSOE, Sumar y las izquierdas periféricas obtienen 176 escaños. Yo votaré a Sumar porque, además, creo que es el voto más decisivo: si queda en tercer lugar inclinará la balanza hacia el bloque progresista.

Y hay algo más importante: a la ultraderecha no se la derrota desde el miedo a unos herederos del franquismo y los recordatorios a la experiencia histórica, aunque conviene tenerlo presente. Se la puede derrotar planteando soluciones a los problemas vitales de la gente, como la garantía de un empleo con derechos y salarios suficientes, el derecho a la vivienda, unos servicios públicos (educación y sanidad) de calidad, una fiscalidad donde paguen todos y más quien más tiene, etc. De lo contrario, el malestar vital de sectores importantes de la población se puede manipular con las emociones identitarias, las guerras culturales y los púlpitos mediáticos. Y el resultado es que hay sectores que votan en contra de sus intereses, pensando que quizá los bárbaros sean la solución.

Hay que combatir la desmovilización y el pesimismo en la izquierda. Los pesimistas podrían tener razón, pero no deben. Salir a ganar el 23 de julio debe de ser fruto de un esfuerzo consciente de todas las personas progresistas y, como sucede en la historia en los grandes momentos, debe ser un compromiso moral. Decía Thomas Carlyle de los héroes revolucionarios que, aunque parecerán anárquicos hijos del desorden, en realidad son hijos del orden, porque no pueden soportar el desorden. A nosotros, que no pasamos de progresistas, nos puede estar sucediendo lo mismo: nos toca defender la democracia, consolidar lo conseguido y seguir avanzando en derechos. Perder unas elecciones es normal en una democracia. Lo malo sería perder la democracia en unas elecciones.

No es el franquismo, no es Afganistán, y resulta difícil de creer e imposible de explicar. La Comunidad de Madrid en pleno siglo XXI fomenta la educación segregada y financia con 51.687.221 euros en el curso 2022/23 a 17 colegios ultrarreligiosos, la mayoría del Opus Dei, según información obtenida de la Consejería de Educación. Cuando nos indigna la discriminación de las mujeres o nos impactan las noticias sobre violencia de género, debemos preguntarnos: ¿por qué se producen? Las ideas que sustentan el machismo tienen su origen en el modelo patriarcal y en las situaciones en las que se reproduce. Una de ellas es el modelo de escuela sexista y segregador. Es decir, la falta de una verdadera coeducación para que los niños, las niñas y los jóvenes desarrollen sus capacidades, adquieran los mismos valores y relaciones de respeto sin predominio de un género sobre otro. Educar en igualdad es una cuestión de justicia y de derechos humanos. 

La LOMLOE pretende evitar la educación segregada. En su Disposición Adicional 25 del artículo 83, plantea que no se financiarán conciertos que no aseguren la coeducación y que segreguen por sexo. De hecho, hay una serie de comunidades autónomas que ya la están aplicando. Así ocurre en Cataluña, Navarra, Asturias o Cantabria. El Tribunal Constitucional ha avalado la retirada de la financiación a los centros que segregan, rechazando el recurso de Vox.

En este, como en otros temas educativos, la más recalcitrante es la Comunidad de Madrid. Aprobó un decreto en 2021 para ampliar la duración de estos conciertos a diez años y en 2022 impuso la llamada “ley maestra” de educación. Esta tiene como ejes principales saltarse la ley educativa estatal, mantener este tipo de conciertos, regalar suelo público a empresa privadas para que hagan negocio con la educación, y poner obstáculos a la educación inclusiva.

La cuestión no es solo la insumisión reaccionaria de Ayuso para seguir debilitando la educación pública y confrontarse con el Gobierno central. Estamos ante un disparate pedagógico, un prejuicio religioso y un despilfarro económico.

Pedagógicamente, la educación segregada no aporta nada. En los centros educativos, además de enseñar conocimientos, se educa, se socializa y se acompaña en el desarrollo moral del alumnado. Si la coeducación fomenta la igualdad y la tolerancia, en los colegios segregadores se estimula el sexismo. El estudio La pseudociencia de la escolarización por sexos, publicado en la revista Science, concluyó que no había mejora académica, pero que cristalizaba los estereotipos. Separar al alumnado por sexo equivale a otro tipo de segregaciones y genera prejuicios y diferencias de roles.

Más allá de la ganga propagandística que se quiera hacer, los colegios segregadores son mediocres, aunque sean centros de élite que seleccionan al alumnado y lideran la tasa de exclusión. En el ranking de 650 colegios de la Comunidad de Madrid, estos centros aparecen en una mala posición en la lista: la gran mayoría se sitúa por debajo de la media.

Este tipo de enseñanza se basa en un modelo patriarcal y antiigualitario. No es ciencia, sino prejuicio, y está fuera de nuestro tiempo. Son la expresión de absurdos miedos cargados de represión sexual. Los defensores de lo que ellos llaman “educación diferenciada” vienen a plantear que es la manera de evitar relaciones sexuales tempranas y embarazos. Alarman sobre una situación que es rotundamente falsa. El fondo del asunto son las obsesiones de un rancio sector del catolicismo que niegan la igualdad, la coeducación y la educación afectivo-sexual.

Es discutible, también, que la libertad de elección de las familias sea ilimitada y permita adoctrinar en valores contrarios a la igualdad y a los derechos humanos. De hecho, este tipo de colegios apenas existen en los países más desarrollados: son pocos, en países poco ejemplares en materia de igualdad, y siempre privados. No se puede financiar con dinero público una concepción sectaria y patriarcal y una segregación que va contra la cohesión social o la igualdad.

No es aceptable esta transferencia de recursos públicos a colegios de ricos con educación segregada. Son exactamente 503,5 millones de euros despilfarrados desde el curso 2010-11. Una barbaridad. Menos admisible es aún que se realice en un contexto de educación pública enflaquecida y un profesorado maltratado en la Comunidad de Madrid, una comunidad que, siendo la más rica, invierte en educación la mitad que la media de España.

Con este dinero, y doblando ya la inversión hasta el nivel medio de España, se podría abordar una bajada general de la ratio y la construcción y finalización de 55 centros educativos públicos a los que se niega el Gobierno de Díaz Ayuso. Permitiría atender las demandas del profesorado madrileño que irá a la huelga el 26 de mayo para recuperar la jornada de 35 horas, las 23 y 18 horas lectivas en primaria y secundaria, la contratación de profesorado y la equiparación de salarios al resto del Estado (Madrid está en el penúltimo nivel y un profesor vasco gana 400 euros más al mes). Y, por supuesto, acabar con la excesiva burocracia que, como decía una compañera mía de instituto: “Hay que ver lo que nos hacen trabajar, para que no trabajemos en lo nuestro”.

El Gobierno central debe velar por el cumplimiento de las leyes, en este caso la LOMLOE, y asegurar que en todo centro sostenido con fondos públicos se garantiza el derecho a la coeducación que refleja la pluralidad de la sociedad en la que vivimos. El profesorado y la comunidad educativa debe seguir movilizándose para defender la educación pública y que sea inclusiva y de calidad. Y si el fin de la educación es hacernos mejores, la ciudadanía debe rechazar con su voto el 28 de mayo estas políticas contrarias al bien común.

Las conductas suicidas y autolíticas están creciendo mucho entre los jóvenes de nuestro país. Es un fenómeno doloroso que tiene un origen multicausal. En algunos casos tiene que ver con patologías de salud mental. Pero en otros son consecuencia del malestar emocional producido por el maltrato y el bullying. Recientemente, varios casos dramáticos han generado alarma social. Ha habido varios intentos, uno en La Ràpita (Tarragona) y dos en Sallent (Barcelona) con la muerte de un adolescente. Pueden estar asociados a situaciones de acoso sostenido sobre personas con espectro autista, LGTBI y otras vulnerabilidades. En el fondo, es porque no se tolera ni se asumen las diferencias o diversidades.

Cuando pasan los ecos de estas desgracias, en la práctica, todo sigue igual. Ni siquiera se logra objetivar un análisis que vaya al fondo del problema ni, por supuesto, se implementan soluciones. A veces todo se reduce a la queja de que el profesorado está desbordado y que faltan profesionales especializados en los colegios y en salud mental. De acuerdo con esto, pero es un análisis insuficiente ante la magnitud del problema y no va a las causas. 

Los datos son impresionantes. Según el INE, en 2021 se suicidaron 22 menores de 14 años y 53 de entre 15 y 19 años. Y se calcula que por cada suicidio consumado hay hasta 200 tentativas. Lo cierto es que la autolisis está creciendo mucho y puede estar asociada a situaciones de acoso escolar reforzadas por las redes sociales. La Fundación Anar y la Fundación Mutua Madrileña vienen realizando encuestas en varias comunidades autónomas que cifran en la cuarta parte los alumnos que perciben acoso en su aula.

Una encuesta de la Diputación de Barcelona a 25.000 alumnos de 3º y 4º de la ESO arroja conclusiones muy inquietantes, como que el 48% de las alumnas reconoce haber sufrido maltrato psicológico o que el 23% admite haber tenido pensamientos suicidas. La Asociación de Directores de Institutos de Madrid (ADIMAD) viene denunciando que los casos de autolisis se han multiplicado en los últimos años, así como los protocolos abiertos en los centros. Es evidente que la situación es difícil y la pandemia ha agudizado las cosas desde el punto de vista del sufrimiento y del aumento de la fragilidad de un importante número de niñas, niños y jóvenes.  

Los conflictos son naturales en cualquier comunidad, pero la intolerancia y el maltrato no se pueden banalizar diciendo que son “cosas de niños”. Son dinámicas de grupo que tienen que ver con la falta de respeto, la ausencia de educación en valores, de planes de convivencia y con un modelo social de referencia competitivo, individualista y falto de empatía. A ello se unen los discursos de odio y violencia que se escuchan desde las instituciones.

La creación de un ambiente de convivencia y protección en los centros educativos debe ser el objetivo. Hacen falta medidas generales y concretas. Exige invertir bastante más en educación pública. Ahorrar en educación no previene el acoso escolar ni los suicidios. Por ejemplo, en el caso de Madrid, hay que doblar la inversión para llegar a la media de España; y a nivel de todo el país, tener el horizonte de un 7% del PIB. Ello permitiría una bajada de ratios y es más fácil educar, enseñar y detectar las situaciones de acoso escolar en un grupo de 20 alumnos que en uno de 30 o 35. Aumentar el profesorado, especialmente en atención a la diversidad y estabilizar hasta donde sea posible las plantillas. 

Los centros educativos son espacios privilegiados para detectar los problemas de salud mental y desarrollar acciones de prevención e intervención. El profesorado tutor suele ser el que antes descubre los síntomas del acoso: desconcentración, aislamiento, molestias físicas, desinterés y bajada en las notas. El problema es cuando las ratios son tan altas y los horarios tan intensos que no hay capacidad ni tiempo para la atención personalizada y la coordinación con las familias. Por ello, también se deben reducir las jornadas lectivas (18 periodos lectivos en secundaria) para que haya tiempo de coordinación entre los equipos docentes. 

Si queremos prevenir cualquier tipo de maltrato, tendremos que reforzar las tutorías con programas de educación en valores, en igualdad, en respeto a la diversidad, en derechos humanos, una educación que aumente las competencias sociales y emocionales. Para ello se necesita el apoyo externo de expertos, en colaboración con ayuntamientos y organizaciones. Se necesita también reforzar la formación de todo el profesorado en desarrollo emocional y prevención de conductas de riesgo.

Los Planes de convivencia juegan un papel muy importante si participan en ellos toda la comunidad educativa. Programas como el alumnado ayudante, equipos mediadores y grupos de acogida, se demuestran muy eficaces en la prevención. Actúan sobre las dos partes: protegen a las víctimas, y mejoran la empatía y el desarrollo moral de los acosadores.

Entre las medidas concretas se deberían reforzar los departamentos de Orientación en los centros educativos; nombrar coordinadores de bienestar formados y con medios para ejercer su función; coordinar la escuela con otras administraciones, con Servicios Sociales de los ayuntamientos y con los servicios públicos de salud, especialmente con Salud Mental.

Los problemas de salud mental deben abordarse desde el ámbito clínico y sanitario. Ello exige aumentar las plazas en Centros Educativos Terapéuticos, las Unidades de Adolescentes en hospitales y los equipos multiprofesionales y de psiquiatras y psicólogos infantojuvenil en los Centros de Salud Mental Comunitarios. 

Apostar por la salud y el bienestar de toda persona, por su equilibrio físico, psicológico y social es la auténtica prevención. Porque no basta intervenir cuando ya se ha creado el problema o cuando éste se ha ido de las manos. En estos casos, los protocolos establecidos están bien, pero no es una condición suficiente. La existencia del acoso escolar supone en sí mismo un fracaso del objetivo de la educación: hacernos mejores a todos. La escuela tiene que ser una oportunidad, nunca un riesgo, y debe proteger a todos sus miembros.

“La utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. Si no blinda y potencia la Educación Pública, será una ley inane incapaz de proporcionar para el siglo XXI una educación que pueda transformar y mejorar esta sociedad. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida…”. Con esta conclusión, cerraba un artículo sobre la Ley Orgánica 3/2020, publicado hace un año, donde analizaba sus aciertos e insuficiencias.

Los hechos posteriores han confirmado estos fundados temores. El Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid sigue con su cruzada privatizadora de la educación pública. Aprovecha para ello los vacíos legales y la inacción del Ministerio de Educación, que no ha sido capaz de recurrir las leyes y las medidas de Díaz Ayuso para aplicar esta estrategia.

La mal llamada ley “maestra de libertad educativa” del Gobierno de Madrid busca fundamentalmente blindar la educación concertada, incluyendo la financiación a los colegios que segregan por sexo. Se aprobó con los votos del PP y de Vox y el rechazo del bloque progresista. Una delegación del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid nos reunimos con la cúpula del Ministerio de Educación encabezada por el secretario de Estado, Alejandro Tiana, el 21 de marzo. En ella, les advertimos de lo que sucedería y les pedimos que recurrieran la ley ante el Tribunal Constitucional. No lo hicieron y ahí están los resultados. Hablemos de dos de ellos.

1. Pelotazo educativo en Valdebebas, Villa de Vallecas y El Cañaveral. El Gobierno del PP, saltándose la filosofía de la Disposición Adicional decimoquinta de la LOMLOE, va a ceder gratis a empresas privadas tres parcelas con un valor de 30 millones de euros y una superficie total de 55.000 m2, equivalente a más de cinco campos de fútbol. Siempre aparece el mismo modus operandi. Se desprecia a las familias que se movilizan demandando la construcción de centros educativos públicos. Para que los concertados capten el alumnado, se obliga a construirlos en pocos meses: el de Valdebebas no está adjudicado aún, pero se establece que empezará en septiembre de 2023. Son una golosina desde el punto de vista de la rentabilidad: son barrios con decenas de miles de habitantes sin infraestructuras educativas y, por ello, con fuerte demanda; por ejemplo, en Valdebebas salen 3.000 alumnos a estudiar fuera cada día. Se concederán conciertos a 40 años, prorrogables a 75 años sin que exista aún el centro, algo irregular; y se compromete una financiación de muchos cientos de millones de euros de fondos públicos. Los aspirantes al premio son los sospechosos habituales: el Opus en alguna de sus formas y grandes fondos de inversión. 

En este medio, Daniel Sánchez Caballero llegaba a la misma conclusión que nosotros en el sentido de que la LOMLOE no evita el expolio de lo público: “La nueva ley de educación no consigue frenar la cesión de suelo público para colegios concertados”.

2. Financiación con 51,7 millones de euros por curso a colegios del Opus Dei que segregan por sexo. Son 17 centros pertenecientes todos ellos a grupos ultrarreligiosos que rechazan abiertamente el principio de coeducación sin ningún argumento consistente. La LOMLOE lo impide expresamente en su Disposición Adicional vigesimoquinta del artículo 83. Más allá de su ilegalidad, negar la coeducación obedece a una concepción sectario-religiosa y no tiene beneficio pedagógico alguno ¿Por qué hay que financiar con fondos públicos una filosofía patriarcal y machista de la sociedad y discriminatoria para la mujer? De ella, a los gritos simiescos del colegio mayor Elías Ahúja hay un paso.

El saqueo a la educación pública que hace el PP en Madrid pretende que sea el modelo a exportar a otras comunidades y para el Estado en el caso de ganar las elecciones generales. Además de la negativa a construir centros educativos públicos demandados por las familias, realiza una oferta de plazas públicas muy insuficiente (especialmente en la Formación Profesional). Completan el robo los cheques escolares para estudiar en centros privados a familias con rentas muy altas en las enseñanzas no obligatorias (0-3 años, bachillerato y FP). Las consecuencias son que en Madrid capital menos del 40% del alumno está escolarizado en la educación pública; o que en la última década los alumnos de la FP privada han crecido un 1.523%. 

Las razones de esta estrategia de las derechas son ideológicas, políticas y económicas. Por una parte, se busca controlar la educación para promocionar valores conservadores que mantengan el sistema y que no se planteen reducir las desigualdades y una mayor justicia social. Políticamente, hay un claro objetivo de búsqueda de hegemonía política en estas operaciones de ingeniería social. Lo sabía muy bien Esperanza Aguirre. Como llegó a decir un consejero suyo de Educación, por cada colegio concertado que se instalase aumentaría un 3% el voto al PP en el barrio o localidad. Por último, el aterrizaje de fondos de inversión en el pastel de la educación es muy evidente y proporciona una alta rentabilidad.  

El fondo del asunto es que los colegios privados-concertados son una perversión educativa y un anacronismo. Básicamente ofertan la selección del alumnado e idearios religiosos. Suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto al cobro de cuotas ilegales (82%) y la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es pagar con dinero público un sistema segregador que multiplica las desigualdades y que supone dar dinero a los que ya lo tienen.

España no es Europa en educación. Somos una anomalía: el segundo país de Europa en educación concertada, detrás de Bélgica. En todos los demás países: Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros, la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28). Y es que la educación pública es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la misma escuela los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores y clases sociales.

La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los sectores conservadores, de la Iglesia y de los fondos de inversión. Lo mínimo que debe hacer el Gobierno de España es recurrir toda medida que intente reventar la timorata LOMLOE. Y realizar todas las modificaciones normativas que impidan la cesión de suelo público y los procesos de privatización. En este sentido, el grupo parlamentario de Unidas Podemos/ECP/GeC presentará una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados. Para tener un futuro sistema educativo de calidad, el gran reto es escolarizar al 90% del alumnado en una red pública única, como es la norma en los países europeos, suprimiendo e integrando los conciertos de forma progresiva.

La guerra de Ucrania ha pasado a ser algo cotidiano y a convertirse en la nueva normalidad. Los datos son escalofriantes. Por un lado, se calcula que ha habido 240.000 víctimas. Unos cien mil soldados rusos y otros tantos soldados ucranianos han muerto o han resultado heridos en la guerra. Se estima en alrededor de 40.000 los civiles que habrían muerto en el conflicto. A ello hay que sumar casi 8 millones de desplazados y terribles destrucciones de todo tipo. Por otra parte, el mundo no puede vivir en el sobresalto de si cae un misil en el sitio equivocado por error, provocación o de forma deliberada. Europa no puede hipotecar su economía con el aumento del gasto militar que está planteando, cuando se necesitan recursos para hacer frente a la crisis económica y a la emergencia climática. Y la guerra se prevé larga, como si no hubiera otra alternativa que la resignación.  

Pero no todo el mundo acepta la normalidad de la barbarie. El 5 de noviembre más de 100.000 personas se manifestaron en Roma a favor de la paz en Ucrania. Mientras tanto en España la prensa se dedicaba a especular sobre los riegos del uso de armas nucleares en dicha guerra. Noten la diferencia: una sociedad movilizada por la paz y una opinión pública pasiva y alarmada sobre los riesgos extremos en la evolución del conflicto.

La invasión rusa de Ucrania es absolutamente injustificable, hay que condenarla y estar al lado de las víctimas. Las disputas no se pueden resolver con las armas, aunque cada parte tenga sus argumentos, pues el recurso a la guerra solo tiene consecuencias dramáticas para los pueblos ucraniano y ruso. El fondo del problema es la lucha entre oligarquías excluyentes por la depredación de los recursos. Los intereses geoestratégicos hacen que la OTAN juegue a una provocadora expansión y busca colocar a la Unión Europea en una posición subalterna a la política de Estados Unidos.

Todo ello provoca que haya una voluntad de guerra larga por parte de los dos bloques. El occidental, mientras espera la derrota de Rusia, obtiene dividendos para el complejo militar industrial y añade nuevos socios para la OTAN (Finlandia y Suecia). Por su parte Rusia, intenta salir airosa del laberinto en el que se ha metido y que le puede costar una fuerte agitación social al deteriorarse el nivel de vida de la población y por tener que recurrir a medidas autoritarias para hacer levas de jóvenes para el frente. 

Las consecuencias son terribles y previsibles: muertes, destrucción, hambre y frío, desplazamientos de población en los escenarios de la guerra y riesgos de escalada nuclear.  Pero además del sufrimiento para el pueblo ucraniano, y también para el ruso, los efectos son devastadores en el terreno económico. La guerra la están pagando ya los trabajadores europeos (inflación, subida de tipos de interés, aumento de la desigualdad y de la pobreza, restricciones energéticas, etc.). Y la sufre la población de África y otras zonas vulnerables del mundo con graves crisis alimentarias por las dificultades para sacar el trigo ucraniano del país. 

La otra gran perdedora de esta guerra es la lucha contra el cambio climático. Se abandonan objetivos de descarbonización, se revaloriza el papel de los combustibles fósiles para asegurar suministro a los países y se reabren minas de carbón. La coalición de Estados-gánster que domina el mundo desde los intereses del petróleo está encantada con una guerra que hace retroceder la conciencia ciudadana y las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, la COP27 de El Cairo es otro fracaso. El texto final no tiene ningún avance respecto a Glasgow en la reducción de las emisiones, por lo que se ha perdido un año en la lucha frente a la emergencia climática. 

 Pero el ejemplo italiano debería iluminarnos. La manifestación en Roma del 5 de noviembre convocada por la Plataforma EuropeForPace, en la que se integran todo tipo de movimientos sociales, ONGs y sindicatos, ha venido precedida de movilizaciones en diferentes ciudades. Y ha contado con el apoyo de la intelectualidad y de la Conferencia Episcopal. El Papa Francisco, en la misma línea, viene defendiendo “Que callen las armas y que se busquen las condiciones para una negociación capaz de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino acordadas, justas y estables”.

En Roma se ha condenado al agresor y se apoya a quienes se colocan del lado de la no violencia. Se pide que se pare la guerra ahora, que la Unión Europea y Naciones Unidas asuman la responsabilidad de negociar para detener la escalada y alcanzar un alto el fuego inmediato. Se exige que Naciones Unidas convoque urgentemente una Conferencia Internacional por la Paz para restablecer el respeto al derecho internacional y garantizar la seguridad mutua. También para comprometer a todos los Estados a eliminar las armas nucleares, reducir los gastos militares en favor de las inversiones para combatir la pobreza, la transición ecológica y el trabajo con derechos.

¿Qué pasa en España? En nuestro país el movimiento pacifista siempre tuvo una gran tradición y relevancia. Hay que recordar las Marchas contra las bases militares, el movimiento de objeción de conciencia que logró la supresión del servicio militar obligatorio, la campaña por el no a la OTAN o la oposición a la guerra de Irak. El pacifismo ha sido uno de los movimientos emancipatorios más importantes, junto al feminismo y al ecologismo. 

¿A qué esperamos en España para organizar una potente movilización pacifista? No es posible que haya desaparecido todo el espíritu pacifista y antiOTAN. ¿No hay intelectuales que levanten la voz y se posicionen por la paz? ¿dónde están los movimientos pacifistas, la izquierda, los sindicatos? No podemos olvidar que la mejor manera de defender la vida, la ecología, los salarios, los derechos laborales y la transformación social es garantizando la paz. 

Analiza bien Noam Chomsky cuando dice: “Es posible que después de las severas derrotas militares de Rusia, Putin esté listo para un acuerdo, más o menos en la línea de lo que propuso el presidente ucraniano, Zelenski, en marzo pasado: que Ucrania no sea miembro de la OTAN, garantías de seguridad y tal vez la posibilidad de un referéndum supervisado internacionalmente en las áreas de conflicto. No es inimaginable. Pero no hay forma de saberlo hasta que lo intentes” (NOTA 1). 

Por ello, es urgente y necesario apostar por la diplomacia y por la paz. No hay guerra justa, solo la paz lo es. Entre matar y morir hay una tercera posibilidad: vivir en paz. Es el momento de la política y la diplomacia para acordar una paz justa y estable. Por la paz y por el no a la guerra deben movilizarse todos los pueblos de Europa. También en España. 

Cuando se utiliza la mentira como arma política, la única defensa posible es objetivar los hechos y que las mentiras parezcan mentiras, que las verdades no tengan complejos y que la verdad sea un argumento irrebatible. Para que sea así, los medios de comunicación tendrían que jugar su papel independiente del poder y contar con una ciudadanía crítica vacunada de las intoxicaciones y una oposición que denuncie. De lo contrario, la impunidad es absoluta, aunque se inventen los datos y se difundan bulos machacones para que calen en la población. En el Debate sobre el Estado de la Región de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se empleó a fondo en la propaganda que transmitía una visión engañosa del estado de la educación madrileña. Estos son los manipulados datos y argumentos que ofreció:

Madrid “invierte mucho en educación”

Ayuso dijo que Madrid se gasta 5.761 millones. A ella le parecerá mucho ese dinero para llevarlo en el bolso, pero es poco para proporcionar una educación de calidad a 1.228.158 alumnos. Ella, tan defensora de una regla de tres, podría utilizarla y poner en relación estos millones con el PIB. Es la manera convencional de medir el esfuerzo educativo. El resultado es un mísero 2%, frente al 4,8% de media en España o al 6-7% que invierten los países europeos. Si comparamos el presupuesto educativo por habitante es de 754 euros y el presupuesto educativo por alumno 4.181 euros, mientras que en España la media es de 1.076 y 5.779 respectivamente. Madrid está a la cola de todas las comunidades autónomas (CCAA), a pesar de ser la más rica. Eso indica que le importa muy poco la educación. Hay que resaltar que Madrid es quien destina más dinero a las empresas privadas concertadas y cheques escolares hasta para familias ricas.

Madrid trata bien a la educación pública

Es mucho descaro decir eso cuando se está aplicando una auténtica doctrina del shock con los colegios públicos: recortes que no se han revertido, ratios elevadísimas, desprecio al profesorado y una privatización que no cesa. Se reducen aulas públicas, se niega la construcción de nuevos centros escolares y se deriva al alumnado hacia la privada-concertada con una oferta pública insuficiente y con cientos de millones en cheques. Resultado del destrozo: Madrid capital escolariza a menos de un 40% del alumnado en la pública y la Comunidad solo a un 54%, frente a un 67% en España y más del 90% en los grandes países de Europa.

Madrid es un “modelo educativo de excelencia”

El último informe PISA dice todo lo contrario por la fuerte bajada de Madrid en Matemáticas, Ciencias y Lengua y Comprensión lectora. También los malos resultados comparativos con las Evau del resto de España (posición número 15), ponen de manifiesto la mediocridad del modelo. Lo explica la baja inversión, la existencia de una red privada-concertada y la segregación. Y no me cansaré de repetirlo: solo el compromiso y calidad del profesorado de la enseñanza pública evita que el desastre sea mayor. Quizá Ayuso crea que un modelo de excelencia es tener un centro (el IES San Mateo) con “bachillerato de excelencia”, que ni siquiera consigue la mejor nota de la Evau.

Madrid “da igualdad de oportunidades”

Todos los estudios académicos (Save the Children, el de F. Javier Murillo y Cinthya Martínez-Garrido de la Universidad Autónoma de Madrid) lo niegan y afirman que en Madrid es muy segregador en educación. El último de EsadeEsPol es demoledor: la escuela no corrige la desigualdad inicial, sino que la aumenta. Estamos a la cabeza en segregación escolar, especialmente socioeconómica, y a la cola en equidad. Es algo buscado deliberadamente. La doble red pública (desatendida) y concertada-privada (fomentada y financiada) produce este efecto evidente de aulas desiguales y colegios de ricos y colegios de pobres ¿Cómo puede haber en 3º de primaria hasta dos años de retraso escolar entre niños de familias de distinto nivel socioeconómico? Pero como para Ayuso no hay clases sociales y como Ossorio no ve pobres, siguen insistiendo en un radical modelo neoliberal donde la igualdad de oportunidad es un espejismo y su ausencia produce una sociedad más clasista y menos cohesionada.

Madrid “reduce las ratios de alumnado por aula”

Esta medida solo se aplicará en el primer curso de la segunda etapa de infantil (cuatro años). Significa que de seguir aplicándose a ese ritmo, se tardaría una década en llegar a la ESO. Reducir la ratio es un clamor del profesorado para mejorar la calidad educativa (la pandemia demostró empíricamente que los resultados mejoraron muy notablemente con menos alumnos en las aulas). Madrid tiene una de las ratios más altas de España. Es la última de las CCAA en primaria y la antepenúltima de las CCAA en todo lo demás: ESO, Bachillerato, FP Grado Medio y Superior. Lo normal es tener, por ejemplo, más de 30 en ESO y hasta 38 en bachillerato.

Madrid “oferta plazas públicas suficientes de Formación Profesional”

Afirman que se han aumentado las plazas de FP en 50.000 en los tres años de gobierno de Ayuso, pero reconocen que solo 17.000 de ellas son públicas, es decir, solo una de cada tres. Y que se han quedado plazas sin elegir. Dice Ayuso que es porque todos los chicos quieren ir a cocina porque ven MasterChef, una patochada para sonrojarse. El hecho incuestionable es que 29.000 el curso pasado y 33.000 este año han querido estudiar en un centro público y se ha quedado sin plaza ¿Dónde queda aquello de la libertad de elección?

Madrid no regala dinero a los ricos con los cheques escolares

Sostiene Ayuso que la mayoría de los cheques va a familias con menos de 20.000 euros per cápita. Pero, aunque así fuera, no suaviza el escándalo, porque sigue habiendo familias muy ricas que se quedan fuera de lo que llaman “mayoría” que cobran este regalo; y al situar el listón para hablar de mayoría en 20.000 euros anuales, seguimos hablando de que podrían cobrarlo familias con dos hijos que tengan ingresos como el sueldo del presidente del Gobierno. Y no olvidemos que la intención última es engrasar el proceso de robo de alumnado a la pública para transferirlos a la privada.

Madrid “trata bien al profesorado de la educación”

En Madrid no se han recuperado los 18 periodos lectivos. Dicen que van a contratar a 1.266 profesores más, pero lo cierto es que entre el curso 2020/21 y el 2021/22 hay 3.768 profesores públicos menos (datos del MEFP). Para el Curso 2022/23 solo en Secundaria pública habrá 1.000 profesores menos, aunque aumenta un 1,6% el alumnado (según ADIMAD). Como le dijo el presidente de ADIMAD (que ellos sí que saben): “Ossorio no puede mentir a todo el mundo todas las veces”. En Madrid se necesitan 12.216 profesores más (según los cálculos de CCOO) para aplicar los 18 periodos lectivos establecidos en la Ley 4/2019, para bajar las ratios, apoyos y refuerzos, orientadores y coordinadores de bienestar. Y hay una insoportable temporalidad de un 25,22%.

En cuanto a las retribuciones, el profesorado lleva una década con ellas congeladas y ahora vienen con que subirán 75 y 90 euros al profesorado de primaria y secundaria, algo que apenas supone la tercera parte de una inflación que está en el 10,5%. Este maltrato al profesorado, al igual que al personal sanitario, es otra vía para la privatización porque están empezando a faltar profesionales en una serie de espacialidades.

En Madrid “no se adoctrina en los colegios”

El 88% de los centros concertados en Madrid son de confesión católica. El ideario de todos los colegios religiosos es adoctrinador por definición. Es una inversión política a medio plazo. Un consejero de Educación del PP llegó a afirmar que por cada colegio concertado (suelen tener alumnado de 0 a 18 años) que se autorizaba en un barrio o pueblo, subía el voto al PP un 3%. Parece claro el afán de adoctrinar con valores conservadores para conseguir la hegemonía política de las derechas. En Madrid, más bien se censura el currículo por las ideas negacionistas de Ayuso (respeto al cambio climático o el género) y en los libros de texto se pretende invisibilizar a las mujeres y a los invisibles.

Madrid es “un modelo de libertad educativa”

Cuando la desigualdad educativa y social se dispara, una sociedad es menos libre. Es una burla hablar de libertad cuando se defienden privilegios. Cuando hay medio centenar de demandas de las familias que piden nuevos centros públicos y no se construyen, porque el Gobierno autoriza antes centros concertados que aterrizan para hacerse con el alumnado. Y cuando no les queda más remedio que hacerlo por la presión, construyen por fases y convierten en un infierno las obras con infinitos retrasos. Pregunten a los vecinos de Valdebebas, Ensanche de Vallecas, El Cañaveral, Parla, Rivas, Montecarmelo, San Sebastián de los Reyes, Coslada, San Fermín, Fuenlabrada… O a las familias que los tienen a medio construir del Jane Goodall, Yvonne Blake, Mercedes Vera, La luna, Pérez Llorca, etc.

La libertad de Ayuso es el disfraz de la mentira. Ayuso actúa como una liberticida desmantelando la educación pública: no construye los centros públicos demandados, deja sin plaza pública de FP a decenas de miles de alumnos, cierra el ciclo 3-6 años en sus escuelas infantiles en contra de la voluntad unánime de las familias. La única “libertad” de Ayuso en educación es convertir un derecho fundamental en un mercado y permitir la segregación socioeconómica del alumnado. Con su gobierno no estudia quien quiere sino quien puede. ¿Dónde está la libertad de elección, ¿dónde está la igualdad de oportunidades?, ¿dónde la equidad?

La escuela pública es un espacio de libertad. Un lugar donde no puede tener cabida la discriminación por sexo, religión o nivel económico. Creemos en otro modelo que no deje atrás a nadie. Donde se aprenda a convivir y a respetar los derechos humanos y la ciencia. Donde pueden nacer los sueños de niñas y de niños en igualdad. Por eso seguiremos defendiendo una Escuela Pública de todos y para todos. En 2023 habrá elecciones, mientras tanto hay que resistir, denunciar las mentiras y salir a la calle a protestar.

Una vez más lo vuelve a hacer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se repite el desastre de todos los años en la matriculación de alumnos en los ciclos de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid. Según el estudio de CCOO (NOTA 1), 33.275 alumnos se quedan sin la plaza pública que han solicitado en FP de grado medio y de grado superior. Y, añado, aún faltan por conocerse los datos de matriculación en FP a distancia que saldrán en septiembre y que el curso pasado rechazaron a 4.422 personas. Estos son los datos: 33.000 alumnos sin plaza este año, frente a los 25.000 de curso pasado.

Para tapar este ataque directo al derecho a la educación, la consejería de Educación hurta la información sobre los datos. La falta de transparencia es total, no dan cifras precisas y pormenorizadas sino genéricas y manipuladas sobre la supuesta creación de plazas (incluyendo las privadas) y que en absoluto atienden la demanda. Esto obliga a recoger centro a centro y ciclo a ciclo el número admitidos y de no admitidos, y desde la consejería se presiona a los directores para que no faciliten los números. Además, la mesa de la Asamblea de Madrid, con mayoría absoluta del PP y que es el reino de la arbitrariedad, acaba de rechazar por falta de concreción temporal (¿?) las Peticiones de Información que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha realizado de todos y cada uno de los centros de FP con el siguiente texto: “Número de solicitudes y de admitidos en los ciclos de Formación Profesional del IES XXX, desglosado por ciclos formativos según modelo de la tabla adjunta”. Las volveremos a pedir.

La razón por la que esto sucede no se debe solo a la mala gestión. Obedece a una estrategia deliberada de los gobiernos del PP de Madrid para impulsar un proceso de privatización galopante de la FP. Desde 2007 aumentaron un 2268% las plazas privadas de FP de Grado medio (+5.899) y las de FP de grado superior un 767%, (+20.731). Utilizan tres mecanismos para ello:

1) Mantener un déficit estructural en la oferta de plazas públicas. La consecuencia es empujar a los estudiantes a los centros privados, aunque sea endeudándose para realizar el copago de una formación que debería ser gratuita. De no hacerlo, se quedarán en su casa sin poder estudiar. Es una expulsión escolar de miles de chicos y chicas que quieren seguir estudiando pero no pueden hacerlo porque sus familias no pueden pagar las matrículas de los centros privados ni con cheque escolar ni sin él. Porque aunque accedieran a un cheque escolar, no les cubriría más que 2.212 euros en los grados superiores cuando las tarifas de los centros privados están entre 5.000 y 7.000 euros

2) Limitar las posibilidades de la FP pública, no ofertando (o haciéndolo de manera insuficiente) ciclos de gran demanda y mayor empleabilidad que se reservan para la oferta privada. Es especialmente llamativo en el caso de las familias profesionales sanitarias, informática y redes, enseñanzas físico-deportivas, videojuegos, etc. A ello hay que añadir la baja utilización de espacios e infraestructuras existentes y la insuficiente renovación de medios materiales.

3) Aplicar una política de cheques escolares para derivar alumnado a los centros privados. En concreto, se van a gastar la friolera de 33 millones de euros para llevar a 12.915 alumnos a ciclos privados de FP de Grado Superior y Medio. Es un robo descarado de alumnado a la Formación Profesional pública. Con esos 33 millones de euros se podrían construir nuevos institutos de FP, como demandan muchos barrios y localidades y contratar profesorado para abrir aulas en turno de tarde y crear miles de plazas públicas nuevas.

Con esta estrategia, Ayuso desmantela el sistema público y pone una alfombra roja a los fondos buitre que están aterrizando en el negocio de la educación y de la FP, muchas veces bajo la fórmula de chiringuitos de baja calidad formativa. El PP no se preocupa por la juventud madrileña ni por sus futuros trabajadores. Es disparatado que se deje sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes, en una comunidad que tiene una alta tasa de paro juvenil y de precariedad laboral. Desde un punto de vista socioeconómico y democrático no es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo.

Por ello, desde Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional y prepare un Plan de Choque que incremente la oferta pública y permita atender en septiembre la demanda insatisfecha. En concreto, proponemos la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de Grado Superior, eliminando la actual tasa de 400 euros. Aumentar el profesorado para permitir el uso de los centros públicos de Formación Profesional en horario de tarde, pudiendo aumentarse la oferta de plazas con una mínima inversión. La apertura y adecuación de colegios públicos que están actualmente cerrados para dedicarlos a FP. Un futuro Plan de construcción de nuevos centros públicos de Formación Profesional, para atender la demanda existente. Y un compromiso para frenar el proceso de privatización, apostando por aumentar el porcentaje de plazas de Formación Profesional públicas en la Comunidad de Madrid hasta la media de España del 70%. Para afrontar estos temas, hemos registrado la petición de comparecencia del consejero de Educación en el pleno de la Asamblea de Madrid para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que tome medidas urgentes de apoyo a la FP pública.

Es un escándalo que más de la mitad de los alumnos se queden sin la plaza pública que solicitaron. Pero no estamos hablando solo de números, son personas con circunstancias concretas, con sus anhelos y proyectos de estudios y de vida que quedan truncados. Cito dos ejemplos que conozco que no han obtenido plaza pública: en un caso, la familia del alumno cobra una pensión de viudedad y no puede matricularse para un ciclo de grado superior en un centro privado; en el otro caso, la familia tiene ingresos de profesionales y se podrá matricular el hijo en un ciclo de grado medio privado pagado por los progenitores. Es especialmente grave la situación de los alumnos que han tenido dificultades en la secundaria y se ven obligados, para no quedarse en casa, a matricularse en bachillerato con pocas posibilidades de éxito.

Estos son los hechos que hablan más alto que las palabras. Solo la educación pública es gratuita y forma parte del Estado de Bienestar que algunos están desmantelando al servicio de intereses privados. La meritocracia y la libertad que predica Ayuso son el disfraz de la barbarie. La derecha está convirtiendo el principio de equidad y de igualdad de oportunidades en un espejismo ¿Hasta cuándo lo permitiremos?

Parece una paradoja. Cuando un gobierno es el resultado de una amplia mayoría electoral debería tener una relación pacífica con la oposición y con los discrepantes. A no ser que crean que ganar unas elecciones y/o tener asegurados los apoyos necesarios, les da patente de corso para hacer lo que quieran. Y ese “hacer lo que quieran”, suele ser gobernar en contra del bien común, de derechos fundamentales de la ciudadanía, colocarse a la derecha del sentido común, como hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid. 

No solo no negocian nada, sino que se convierten en autoritarios y represivos y meten la pata. En la aplicación de su política ultraliberal, están generando conflictos y desafecciones. Por citar algunos casos que conozco por mi responsabilidad actual. Desmantelan los proyectos de las escuelas infantiles públicas de la CAM suprimiendo la etapa 3-6 años; se niegan a construir colegios e institutos públicos o la retrasan pese a la fuerte demanda de las familias (Valdebebas, Ensanche de Vallecas, El Cañaveral, Parla, Rivas, San Sebastián de los Reyes, Aravaca, etc.); regalan cheques a las rentas altas por valor de 127 millones de euros; siguen sin crear las plazas necesarias de formación profesional para seguir privatizándola; aprueban una ley al servicio de los VTC y contra el sector del taxi; recortan los trenes de metro y buses deteriorando el transporte público cuando más se necesita. Por todo ello, ha habido concentraciones en barrios y localidades y encierros en colegios, manifestaciones del transporte público de Metro y EMT y de los taxistas, luchas de colectivos de trabajadores, etc.

Mención especial merece la agresión a la sanidad pública y, especialmente a la Atención Primaria, donde se está la cola de España en inversión, se cierran las urgencias y se deteriora conscientemente la calidad de un eslabón clave de la sanidad pública. Es la manera de empujar a unos usuarios desesperados a recurrir a la oferta privada que se potenciar así. La movilización de los vecinos de Villaverde, Usera, Vallecas, Carabanchel, Parla, Getafe, etc. ponen de manifiesto que no se lo van a poner fácil a Ayuso, porque saben lo que se juegan.

Están nerviosos por las respuestas ciudadanas y laborales ante sus agresiones. La respuesta es la represión institucional. Y la han focalizado en una profesional de la sanidad pública, en la médica de familia Mar Noguerol. A la Dra. Noguerol, directora del Centro de Salud Cuzco en Fuenlabrada, se le abre un expediente sancionador que conlleva la suspensión de empleo y sueldo por 10 meses por una supuesta irregularidad en la contratación de suplentes en la Unidad Administrativa en plena pandemia de covid. 

Es una de las personas más reconocibles en defensa de la Sanidad Pública madrileña. Lleva diez años comprometida contra la privatización de la sanidad, algo que logró parar la Marea Blanca desde la calle y en los tribunales. Recientemente, un vídeo en el que aparecía hablando con los usuarios en la puerta de su centro, se convirtió en viral por la claridad y contundencia de la denuncia sobre el abandono que sufren.

Se la sanciona de forma incomprensible, no solo sobre su actividad directiva, sino también sobre su actividad asistencial, como médica de Atención Primaria. Es un intento de desprestigiarla y de intimidar a los profesionales, algo que ya hicieron los gobiernos del PP anteriormente cesando a varios directores de centros de salud comprometidos 

La principal arma de la ciudadanía es la solidaridad y empujar en favor del cambio político. Es evidente que, aunque no es ella sola, la purga de la doctora Mar Noguerol se ha convertido en un símbolo incluso a su pesar. Decía una de las víctimas de la caza de brujas que hubo en Estados Unidos en los años cincuenta que “Se necesita gente con coraje para enfrentar a personas como McCarthy”. También para enfrentarse a Ayuso y a las mafias que intentar recortar los derechos sociales y de ciudadanía, recurriendo a la guerra sucia desde las cloacas y a la caza de brujas. Por ello no se la puede dejar sola. Hay que detener la represión, hay que firmar, hay que manifestarse en su apoyo (el viernes 15 de Julio hay una concentración en su Centro de Salud alas 19h), y hay que hacer todo lo posible por acabar con este estado de cosas.

Quizá el mejor apoyo es que haya un otoño caliente que ponga de manifiesto la determinación por defender los servicios públicos (Sanidad, Educación, Transporte…), unido a la lucha salarial frente a la inflación, por el trabajo digno y con derechos, y por una fiscalidad progresiva.

Pero no será suficiente, si no se vislumbra una alternativa política. Hay una buena ocasión para ello: el proyecto político de Sumar. Estoy cansado de decirlo: en ningún sitio está escrito que tengan que ganar los bárbaros. Si en Madrid hay la suficiente inteligencia y generosidad para confluir en una especie de Sumar Madrid unitario, aunque difícil, será posible el cambio y se producirá, seguro, en muchos grandes ayuntamientos. Para ello hace falta altura de miras y no vuelo raso de intereses particulares y pequeñas ventajas. Incluso los regímenes políticos más autoritarios caen con estrépito, siempre que se hagan las cosas bien.

1. Una beca es una beca y un cheque es un cheque. Los ultraliberales utilizan una neolengua que intenta confundir los conceptos para que no se sepa de qué se está hablando. Un ejemplo, cuando la ultraderecha habla de “dictadura progre”, se está refiriendo a la democracia y al respeto a las minorías. Es la guerra cultural para avanzar en la guerra económica y retroceder en valores.

La ultraderecha empezó hablando de gratuidad de la enseñanza y tuvimos que denunciar aquí que en realidad era un robo a la educación pública. Ahora, hablan de “becas” para disfrazar lo que son cheques escolares. El sentido de las becas siempre ha sido el de subvencionar estudios o investigaciones a alumnos sin recursos propios.

2. Los datos son escandalosos. En un mes, la consejería de Educación ha publicado cuatro órdenes para la concesión de cheques escolares con las siguientes cuantías: bachillerato (43,4 millones), educación infantil de 0 a 3 años (50,6 M), formación profesional de grado superior (30,5 M) y FP de grado medio (2,4 M). Totalizan 127,1 millones de euros, un 96% de incremento en un solo año. En el caso de los cheques de bachillerato, el incremento de la partida es de un 383%.

Si tenemos en cuenta los umbrales de renta per cápita que se fijan para acceder a estos cheques, la obscenidad es total. Al pasar, por ejemplo, en bachillerato de 10.000 euros per cápita a 35.913. Regalar cheques escolares, a una pareja con dos hijos en bachillerato y una renta de 143.625 euros anuales, es un hachazo a la equidad y a la justicia social.

Ayuso demostró su ignorancia malintencionada cuando explicó este tema. En su desvergüenza, ni Ossorio ve pobres ni Ayuso ve ricos en aquellos que resultan agraciados con su cheque escolar regalo. Para ella, rentas de más de 100.000 son rentas medias y las personas en las colas del hambre son subvencionados. Solo por recordar, el presidente del Gobierno tiene un salario de 84.845 euros. Y si nos vamos a la estadística, ni llegan al 5% los madrileños que tienen rentas por encima de los 100.000 euros anuales.

3. Los cheques escolares son pura privatización. En Madrid la derecha viene aplicando un proceso de desmantelamiento de la educación pública a través de la potenciación de la red concertada y privada y los recortes en la pública. Los datos son muy claros: solo están escolarizado en los centros públicos el 39% del alumnado de Madrid capital, el 53% en la comunidad de Madrid, frente al 67% de media en España y entre el 81,7% en Europa.

Desde mi experiencia de profesor de instituto público, todos los años había un aumento de matrícula de alumnado en primero de bachillerato proveniente de los colegios concertados. Venían por dos razones: por la calidad de los IES públicos y los excelentes resultados en la selectividad, y porque al no ser ya enseñanza obligatoria la familia tenía que pagar mucho más que las ilegales cuotas que les cobraban. La derecha quiere frenar ese flujo de alumnos hacia la pública. Y por ello este diluvio de cheques escolares llegará a 62.238 alumnos de centros exclusivamente privados.

La aplicación de esta práctica de cheques escolares deteriora el sistema público, aumenta la segregación y la desigualdad. Es el caso de Suecia, donde los “vales de libre elección” han producido una fuerte caída en los resultados y la calidad educativa hasta el punto de que el responsable de educación de la OCDE y de PISA, Andreas Schleicher, ha llegado a afirmar “que el sistema sueco parece haber perdido el alma”.

4. No son becas, es una gigantesca transferencia de recursos de las rentas modestas a las altas. También a las empresas del negocio educativo, que acabarán subiendo los precios. Hablamos de que se subvenciona un 40% del total del alumnado de bachillerato de la comunidad de Madrid; el 75% de la educación infantil privada de 0 a 3 años; y un 50% de los ciclos de FP de grado superior privados. Además, la gestión privada de esos cheques nos cuesta 800.000 euros, al no gestionarlos la administración pública.

Los 127 millones de euros de gasto en cheques se detraen de una educación pública infradotada, que tiene una inversión del 2% del PIB frente al 4,2% de media en España. De ahí su déficit estructural de plantilla, ratios altas, recortes en atención a la diversidad, resistencia a la construcción de nuevos centros públicos y a la creación de plazas en formación profesional. Es una educación pública abandonada por el Gobierno Ayuso y que mantiene los niveles de calidad solo por la excelencia de su profesorado y por su compromiso.

Madrid redistribuye poco, tanto por los ingresos como por el gasto. Con los cheques escolares sucede lo mismo que con los regalos fiscales a las rentas altas, la privatización de servicios públicos o la mayor inversión en sanidad y educación en las zonas ricas. Este es el fondo de esta política: trasvasar recursos públicos de los de abajo a los de arriba.

Es una política deliberada. Se conoce como efecto Robin Hood aquel que busca quitar a los más poderosos y repartirlo entre los más desfavorecidos. Ayuso hace exactamente lo contrario, tanto con la regresividad fiscal como con los cheques escolares. Por ello, su política es la del sheriff de Nottingham: robar dinero a los pobres para dárselo a los ricos, algo que conduce a agrandar la desigualdad y la injusticia social.

 5. La lucha por la hegemonía política es la otra cara de esta estrategia. Cuando una diputada de la ultraderecha dijo desde la tribuna de la Asamblea de Madrid que “el mejor pin parental es el cheque escolar”, lo dejó muy claro. Saben muy bien qué encierra esta privatización de la enseñanza. La única derecha existente en Madrid, que es la ultra, sabe que las elecciones y el poder político se ganan asegurando la participación de las clases para las que trabajan y aumentando la desafección política y la abstención de las clases populares. Por ello, la desigualdad social forma también parte de una operación de ingeniería electoral porque induce a que votantes potenciales de la izquierda se queden en su casa lamentándose.

La jugada parece perfecta: cheques regalo para su clientela electoral, beneficios para las empresas que solo ven en la educación un buen negocio, y una ciudadanía desmovilizada que no responde a estas políticas injustas. Este panorama solo puede empezar a cambiar con tres acciones aparentemente sencillas: tener claro lo que está en juego.; no bajar los brazos ante las agresiones al bien común; y, por supuesto, que la izquierda espabile y le eche inteligencia y unidad, que es lo que necesitamos en estos momentos.

Si algo caracteriza la educación pública madrileña es la baja inversión, la alta presencia del sector privado y una fuerte segregación escolar. Todo ello ha reducido el peso de la red pública. Y, claro, cargarse la educación pública tiene consecuencias, porque se empieza privatizando y recortando en educación y se acaba en la cola de la calidad. 

Es un escándalo que Madrid, siendo la región con mayor PIB, sea la que menos dedica a la educación. Los estudios dicen que el éxito escolar es directamente proporcional a la renta per cápita y a temas tan concretos como los metros cuadrados de librería que tiene una familia. Madrid rompe esta regla a pesar de su ventajosa posición social de salida: la comunidad autónoma más rica obtiene unos flojos resultados en las pruebas objetivas que permiten realizar comparaciones. Los datos demuestran que la derecha desprecia la educación, además de utilizarla para confrontar con el Gobierno central y generar conflicto como hace con su cruzada anti LOMLOE. Veamos.

1. Los resultados de la selectividad (Evau) de 2021 no pueden ser más mediocres. La Comunidad de Madrid ocupa la antepenúltima posición en notas medias, habiendo retrocedido del puesto número 8 al 15. Con la misma Evau de siempre que examina a los alumnos de un currículo de contenidos mínimos y comunes (60%) y una parte que depende de la comunidad autónoma (40%), sin que pueda haber grandes diferencias entre ellas. Y no se puede sostener que el nivel de exigencia sea mayor en Madrid. Los datos lo desmienten porque una cosa es la propaganda política y otra los frutos de la realidad. 

2. Los resultados del último informe PISA anterior a la pandemia encendieron todas las luces rojas. Los datos de 2018 fueron muy malos para Madrid, que retrocedió en los tres exámenes respecto a 2015: Ciencias (-29 puntos), Matemáticas (-17 puntos) y Lengua o comprensión lectora (-46 puntos), bajando de la parte alta de la tabla a la media baja. Estos resultados revelan un retroceso en la equidad en Madrid, algo que ha ido empeorando de forma continua. 

Lo que sucede no es extraño. La experiencia sueca refleja lo mismo. Se ha privatizado el sistema educativo desde 1991 con dinero público a través de un sistema de cheques escolares que allí se llaman vales de “libre elección”. Ello ha hecho caer en picado los resultados en PISA, aumentar las diferencias en conocimientos entre escuelas y aumentar la segregación escolar. Andreas Schleicher (OCDE) dice que se ha pasado de “mirar a Suecia como patrón de oro de la educación” a un “sistema que parece haber perdido su alma”.

La pregunta es ¿por qué siendo Madrid la comunidad más rica de España obtiene resultados tan grises? La explicación es un cóctel explosivo: mísera inversión y la alta segregación producida por el gran peso de la red concertada, el distrito único y el modelo bilingüe. El PP y Ayuso lo tienen claro: subordinan la educación al negocio y venden colegios a fondos de inversión. No hay más que ver el movimiento de los especuladores educativos y el gran número de cambios de titularidad (más de cien) en la última década.  

En cuanto a la inversión educativa, Madrid gasta un 2,2% de su PIB frente al 4.2% de media en España y al 7% de países europeos punteros como Finlandia. Es un hecho incontestable, se mida como se mida. Si vemos el gasto educativo en 2021 por habitante sería de 759 euros/año, frente a 1.076 euros de media de España. Y si lo comparamos en gasto por alumno, son 4.727 euros/año frente a una media en España de 5.779 euros o de 9.298 euros en el País Vasco. Que Madrid esté a la cola en inversión educativa demuestra lo poco que le importa la educación al gobierno regional.

La segregación educativa es brutal y una estrategia deliberada que se traduce en desigualdad social. Estudios solventes así lo indican. ESADE y Save The Children señalan que la segregación en la Comunidad de Madrid “ha crecido de forma muy notable y es hoy una de las regiones con mayor segregación en toda la OCDE”.  Es una segregación múltiple, pero especialmente socioeconómica. La investigación de F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido de la Universidad Autónoma de Madrid concluye que la Comunidad de Madrid es la segunda región de Europa con mayor segregación socioeconómica en Secundaria. Un solo dato sobre el desequilibrio de atención al alumnado con necesidades de apoyo escolar: las escuelas públicas escolarizan a tres de cada cuatro alumnos inmigrantes.

La segregación siempre es social y obedece a un modelo clasista, aunque Ayuso niegue la existencia de clases. Para evitar la mezcla social se selecciona el alumnado y se disfraza de un cínico discurso sobre la meritocracia para defender y perpetuar los privilegios de las élites. Se financian con dinero público colegios de ricos donde solo van los hijos de los ricos, se roban recursos destinados a la equidad y se culpabiliza a los que fracasan. Todo docente sabe cómo condicionan el contexto y origen social los resultados académicos. No hay igualdad de oportunidades si la educación no es un derecho sino un servicio que compra el que puede.

Dicen los expertos que si se rompe el principio de heterogeneidad del alumnado se reduce la calidad educativa en términos globales. Aunque en términos globales son bastantes parecidas las notas medias de las dos redes, tienen más mérito y valor las de la pública porque no selecciona al alumnado por nivel socio económico y porque asume a la gran mayoría que tiene necesidades educativas especiales. Por último, hay una pista sobre la calidad educativa: la nota más brillante en las Evau es siempre de alumnado de la educación pública.

Todos estos datos son una bofetada a la propaganda del Gobierno de Madrid. ¿Hasta cuándo van a seguir negando los datos y ocultando el desprecio por la educación por incompetencia e intereses? ¿Por qué en vez de abordar estos problemas Ayuso propone censurar libros de texto? Son intentos inútiles y sin recorrido a problemas inventados. La principal consecuencia de cargarse la educación pública es un modelo educativo mediocre que no nos merecemos los madrileños y que hipoteca nuestro futuro como sociedad. La alternativa es muy clara: triplicar la inversión, fortalecer la educación pública y aumentar la equidad.

En la celebración del 2 de Mayo la presidenta de la Comunidad de Madrid pretendió dar una lección de Historia de España. A la vista del batiburrillo que tiene en la cabeza, lo primero que pensé al escucharla es que Isabel Díaz Ayuso jamás hubiera aprobado la asignatura de Historia en un instituto público. Porque ni España tiene 2.000 años, ni se puede cargar ocho siglos de presencia musulmana hablando de la “España perdida”, ni los Reyes Católicos hicieron la unidad nacional... De lo que parece una anécdota y de sus intenciones sobre el nuevo currículo de bachillerato, se pueden desprender varias reflexiones sobre el uso político de la historia y la guerra “cultural” que practica la derecha.

Cuando Ayuso dice burradas históricas uno piensa que son guiños a Vox. Luego te das cuenta de que no es eso, sino que la ultraderecha es ella misma. Más tarde te preguntas ¿para qué quiere el rigor y la verdad si le funciona la propaganda y las falsedades como forma de hacer política? Los desatinos ultranacionalistas y ultracatólicos sirven para calentar a su hinchada. En todo caso, como ha dicho de ella el catedrático de Historia, Julián Casanova: “… cuando opina de historia recurre a mitos, leyendas y propaganda, con versiones e inexactitudes desmontadas por historiadores reconocidos. Conocimiento frente a mentiras”.

Está claro que en materia de Historia de España Ayuso es una iletrada, pero lo preocupante es su intento de manipular el pasado con su propuesta de currículo para Bachillerato. Para que sepamos de qué estamos hablando, el consejero Ossorio dijo en el pleno de la Asamblea de Madrid que quitaría del currículo aquello que considera un “ensalzamiento brutal del periodo de la Segunda República” y que se hable de “la transformación democrática de España y las reformas estructurales de la Segunda República”. También lo que llama cotillón de mantras: “ciudadanía resiliente, emergencia climática, ciudadanía ética... ”. Y acabó asegurando que “se estudiarán la Hispania romana, Al Ándalus, el legado judío, los Reyes Católicos, el descubrimiento de América y por supuesto también el terrorismo de ETA que al 'sanchismo' se la ha olvidado”. Cristalino. Quédense con lo que dice, con cómo lo dice y con lo que falta después de la pirueta cronológica.

El profesorado de Historia siempre nos hemos quejado de un programa inabarcable con las horas lectivas disponibles. La propuesta del Ministerio de Educación quiere atender la demanda del profesorado y dar mayor peso a la historia contemporánea en bachillerato a fin de que el alumnado pueda entender y analizar los hechos de la actualidad. Las etapas históricas previas -todo lo que dice el consejero que se estudiará como si fuera una novedad- ya se dan en los anteriores cursos de secundaria. 

Además de seguir confrontando con el Gobierno central, lo que pretende Ayuso es apostar por un currículo añejo de historia en bachillerato. No es un capricho, es mucho más serio. Porque, cuando se enfatizan las pomporrutas imperiales, se está negando currículo, tiempo y calidad a la historia reciente. Esto no es inocente, porque solo sobre un campo de ignorancia y tergiversación de la historia, se puede construir la sumisión necesaria para que nada altere el status quo que cimenta las diferencias de clase que ella niega.

Es difícil que alguien con un mínimo conocimiento de lo que pasa en las aulas, rechace la necesidad de abordar los temas de la contemporaneidad en la enseñanza de la historia. Porque ésta debe ayudar a la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de su sociedad. Sabemos que la manera de evitarlo son programas imposibles con horarios insuficientes. Ayuso quiere que sigamos a vueltas con los visigodos y los Reyes Católicos y sin tiempo suficiente para abordar en profundidad el siglo XIX y XX, la Segunda República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición. No es un tema historiográfico sino político. Está tan crecida la derecha que ya no se queda en la teoría del empate moral o la equidistancia entre legitimidad y sublevación; va mucho más allá, hacia un revisionismo puramente ideológico y sin verdad histórica que busca de alguna manera la justificación del franquismo. Todo atado y bien atado.

No olvidemos esto que dice el historiador Fernando Hernández: “Enseñar la Historia reciente va más allá de la adquisición de conocimiento factual: supone dotar a las jóvenes generaciones de las herramientas para construir una ciudadanía vacunada contra la penetración del discurso antidemocrático en un mundo donde prolifera el germen de las ideologías reaccionarias. Desde una perspectiva global, eso significa acometer el estudio de los totalitarismos del siglo XX. En el contexto español, abordar el estudio del franquismo, régimen contrarrevolucionario de la estirpe de los fascismos que sobrevivió cuatro décadas a sus auspiciadores gracias a la Guerra Fría”.

Enseñar historia de la contemporaneidad reciente es, por tanto, un imperativo cívico y democrático. Todos los estudiantes deberían salir de las aulas conociendo las claves de los procesos que han conformado la sociedad de la que van a formar parte como ciudadanos con plenos derechos políticos.

Por último, hay que desmontar el falso discurso neoconservador en relación con el mérito y a la calidad. Si algo caracteriza esta visión es hacer que la educación sea un instrumento para la segregación y la desigualdad social en vez de ser un bien público al servicio de la equidad y la igualdad de oportunidades. Como bien denunciamos profesionales de la educación en un reciente Manifiesto, ellos sólo buscan instruir, y no un desarrollo integral como personas y ciudadanos bien formados en valores y conocimientos. 

Ese obsesivo enfoque parcial de la educación en base a contenidos de aprendizaje memorístico y cronológicos, se acompaña de la denuncia de un supuesto adoctrinamiento en las aulas. Es un insulto a la inteligencia que lo hagan aquellos que defiende a ultranza la presencia de la asignatura de religión en las aulas y que cuestionan aspectos del currículo basados en los derechos humanos y en la aportación de las ciencias. Para esta derecha ultraderechizada, adoctrinar es coeducar, luchar contra la violencia de género, el respeto a la diversidad, la educación afectivo sexual o la educación en valores de paz y convivencia. La desfachatez de su guerra cultural no tiene límite.

En la neolengua y la posverdad se llama “adoctrinamiento” a la necesaria construcción de una ciudadanía crítica; escuela de valores al catecismo en las aulas y “mantra progre” a los derechos humanos. El mundo al revés. Pero lo que más escuece, para qué vamos a negarlo, es el triunfo de la ignorancia. Si en Madrid las cosas pasan de las bravuconadas a los hechos, el Gobierno central deberá recurrir la eliminación de contenidos básicos al Tribunal Constitucional, y el profesorado debe ejercer su libertad de cátedra al amparo del artículo 27 de la Constitución Española. Nos queda mucha faena para que impere la razón.

El título de este artículo, “Agua de grifo, por favor”, es de una campaña que preparamos en 2019 y lanzamos en 2020 en Madrid diferentes organizaciones ecologistas, sociales, defensoras del agua y vecinales como un derecho humano. Las razones para defender el consumo de agua de grifo son poderosas. El agua es un recurso natural vital y un bien común. El agua, junto al saneamiento, son derechos humanos, según Naciones Unidas desde el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 664/292, y los poderes públicos deben garantizar su provisión a los ciudadanos. Debe ser gestionada con criterios de solidaridad y cooperación, acceso universal, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social.

El neoliberalismo gestiona el agua con ánimo de lucro y la ha convertido en un gran negocio. Por ejemplo, una de sus manifestaciones es el agua embotellada. Es un negocio que vende más de 6.300 millones de litros al año en España. Se consigue con fuertes campañas publicitarias, a pesar de producir numerosos residuos y otros impactos ambientales negativos, ser mucho más cara y menos segura. España es el cuarto país europeo en producción y el tercero en consumo de agua embotellada.

El Gobierno progresista de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha impulsado la Ley 7/2022, de 9 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En ella se establece, en su artículo 18.3:

“Al objeto de reducir el consumo de envases de un solo uso, las administraciones públicas fomentarán el consumo de agua potable en sus dependencias y otros espacios públicos, mediante el uso de fuentes en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria o el uso de envases reutilizables (…). Con ese mismo objeto, en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento”.

Solo por evitar la generación de residuos plásticos derivados del agua embotellada ya se justifica esta ley. El 59% de los residuos plásticos generados en Europa son envases, según los datos de la Estrategia Europea para el plástico. En España son 3.500 millones de botellas de plástico al año y apenas se recicla el 25%.

Pero hay más ventajas sociales, económicas y ambientales que avalan el consumo de agua de grifo, empezando por su fiabilidad y calidad. El agua de grifo es más saludable y segura que la embotellada, sus controles se rigen por criterios de seguridad sanitaria, que son más exigentes que los del agua embotellada que se rigen por criterios alimentarios. Como ejemplo, el Canal de Isabel II de Madrid realiza un análisis del agua cada cinco segundos, el doble de lo que exige la ley. En España se cifra en un 99,5% del total, el agua de grifo que cumple con las garantías de calidad sanitaria. Sin embargo, un porcentaje muy alto del agua embotellada ha presentado micropartículas de plástico perjudiciales para la salud que proceden del envase, del proceso de embotellamiento y del tiempo de almacenamiento y exposición a la luz.

Además de las medidas concretas que se deben adoptar para la sostenibilidad medioambiental, hay que poner el contexto para valorar la importancia de las actuaciones y proteger un recurso estratégico como el agua. El último Informe del Panel de Naciones Unidas (IPCC) sobre el cambio climático del 4 de abril viene a advertirnos que se está agotando de manera dramática el tiempo para reaccionar: apenas ocho años para recortar un 43% los gases de efecto invernadero. Todas las medidas que podamos tomar serán pocas. En este sentido, el control público de los servicios de agua y saneamiento, permite gestionar los recursos y ecosistemas hídricos de forma sostenible, teniendo en cuenta el interés general y los aspecto ambientales y sociales. El derecho humano al agua garantiza el acceso de todos los ciudadanos al agua de grifo, independientemente de su situación económica.

Sin embargo, el negocio privado del agua embotellada tiene como objetivo maximizar los beneficios, externalizando los impactos medioambientales. Desde la captación incontrolada de los recursos, el riesgo de sobre explotación de los acuíferos, la producción con controles diferentes a los exigidos para la potabilidad del agua, la distribución con la generación de gases de efecto invernadero y la utilización de envases, en una buena parte de plástico. El gran negocio del embotellamiento de agua produce millones de beneficios para las empresas transnacionales de la alimentación (Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Danone, Coca-Cola, Pascual, Vichy Catalán, etc.) que facturan en España más de mil millones de euros al año. Ello lo consiguen haciendo que el litro de agua embotellada sea, de media, 180 veces más cara si hablamos de agua embotellada consumida en el hogar y que en restaurantes puede llegar a ser 2.000 veces más cara. Esto no tiene nada que ver con el bien común. Se sobreexplotan los manantiales, que no deberían ser gestionados desde el punto de vista de la mercantilización y el negocio, en un escenario en el que el cambio climático nos acerca al colapso hídrico.

Podemos avanzar en el fomento del uso y consumo del agua de grifo; en la garantía del agua y el saneamiento como derechos humanos que son, en los espacios públicos con fuentes, surtidores de libre acceso, baños y servicios en las calles y espacios comunes, así como el establecimiento de una ley de Mínimo Vital que asegure a toda persona la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social. La protección de los ecosistemas hídricos, esenciales para la vida deberían ser gestionados por las comunidades y las instituciones públicas con criterios de conservación ambiental, universalidad y equidad.

Pero valoremos lo que significa de modernización y avance esta ley que hará que bares, restaurantes y establecimientos hoteleros, dispongan en primer lugar de agua de grifo. Ello nos coloca al nivel de los países más desarrollados, de ciudades como París o Nueva York. Se ha acabado que en bares y restaurantes nos ofrezcan directamente agua embotellada por los enormes beneficios económicos que da la venta de este producto. Ahora sí podremos decir: ¡Agua de grifo, por favor! Y nos la pondrán, porque tienen la obligación legal de servirla, y como personas educadas que somos, daremos las gracias al restaurante y lo agradecerá el planeta.

Esta es una historia de ambiciones desatadas, de corrupción y traiciones sin piedad. Y por eso es imposible que acabe bien para sus protagonistas. Seguramente tampoco para la salud moral y democrática de la sociedad. Sus personajes son de todos conocidos, se introducen en los rincones de nuestra intimidad a cualquier hora en un carnaval meta informativo que más que informar, pretende manipular las opiniones en favor de hechos que son merecedores de desprecio y rechazo moral. En medio de ese vendaval de noticias que no duran un día, sólo hay una certeza: a esta historia aún le quedan varias temporadas.

Lo que está en juego. Yo nunca tuve buen concepto de Pablo Casado y escribí un artículo cuando le eligieron líder del Partido Popular que titulaba un “Chisgarabís de aparato” . Era evidente su inconsistencia política y su discurso errático. También ha sido dudosa su sinceridad a la hora de combatir el nepotismo y la corrupción en su partido. Parecía más bien el intento de repetir la jugada de Rajoy que llevó a la dimisión de Esperanza Aguirre. Pero supo situarse bien ante la moción de censura de Santiago Abascal a Pedro Sánchez. Y ése es uno de los orígenes de lo que está sucediendo ahora. Veamos qué hay detrás de lo que está sucediendo. 

“Es mejor pactar con el partido de Ortega Lara que con sus secuestradores” . Esto dijo Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral de Castilla y León, usando la imagen de una víctima del terrorismo para blanquear a la ultraderecha. Lo oiremos más veces. Posteriormente, se declaró partidaria de pactar con Vox sin que importase lo que dijera la izquierda. Y lo decía con la intención de empujar a Pablo Casado a que autorizase a Mañueco a pactar con la ultraderecha para formar gobierno en Castilla y León.

Por su parte, Vox, ha puesto unas condiciones imposibles de cumplir para un partido democrático por muy de derechas que sea: derogación de las leyes sobre violencia machista y sobre memoria histórica. Así, sin complejos, reivindicándose como la expresión más genuina del patriarcado y del franquismo. Tampoco era menor la exigencia de tener la vicepresidencia y cuatro consejerías para legitimar su discurso y normalizar su presencia en las instituciones. Quien no cree en los derechos humanos es un peligro evidente para la democracia.

Recapitulando: si la ultraderecha pone condiciones imposibles desde un punto de vista democrático; y si Ayuso emplaza a la dirección del Partido Popular a pactar con Vox, la consecuencia es muy clara: no es posible el acuerdo y se pone en la picota del fracaso a Pablo Casado. Es evidente que parece una estrategia pactada en la que tanto Vox como Ayuso sacan beneficios. Por un lado, Abascal pasa factura a Casado por la falta de apoyo a su moción de censura; por otro, Ayuso daba un nuevo paso en su estrategia de desgaste a Pablo Casado para su asalto al poder estatal. Esta estrategia coincidente se puede observar en el pacto presupuestario en la Comunidad de Madrid, que contrasta con el desacuerdo en Andalucía y en el Ayuntamiento de Madrid. ¿O alguien es tan ingenuo que piensa que es casual la entente cordiale entre Ayuso y Vox?

Siete días que estremecieron al PP. En el tablero de juego de la lucha por el poder, todo empezó el 16 de febrero al filtrarse una supuesta investigación desde la dirección del PP sobre el cobro de comisiones de Tomás Díaz Ayuso en un contrato de suministro de mascarillas. Se realiza a través de un periódico con claro posicionamiento político a favor de Ayuso.  El siguiente movimiento fue la rueda de prensa donde la presidenta de Madrid se colocó en la posición en la que mejor se mueve: el victimismo. Con gesto doloroso, acusó duramente a Casado y a García Egea de actuar de modo “cruel e injusto” contra ella. La dirección desmintió las acusaciones y anunció la apertura un expediente informativo. Tras una reunión infructuosa entre Casado y Ayuso, los barones del partido presionaron y Génova anunció que retiraba el expediente solo 24 horas después. El último movimiento decisivo fue sacar a la calle a sus “ayusers”, seguramente trufados de seguidores de Vox, ante la sede de Génova para pedir la cabeza de Casado. Ayuso tenía a Casado contra las cuerdas y a punto de caer en la lona. El KO era cuestión de horas y acabaría despidiéndose en el Congreso de los Diputados una semana después.

Un intrigante y temerario Pigmalión. Hay que reconocer la habilidad del muñidor de toda la estrategia de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Una Ayuso, víctima dolorosa, lanza un órdago al PP y logra que no se hable de corrupción sino de “guerra total” en el partido. Esta estrategia se superpone a una serie de hechos turbios: las sospechas sobre comisiones cobradas por diferentes familiares y personas próximas a Díaz Ayuso, incluso en medio de la pandemia. Estamos hablando de su hermano, su madre, su excuñada, su expareja. Huele fatal. 

Todo ello, con la inestimable complicidad de muchos medios de comunicación que acaban despreciando absolutamente los hechos y defendiendo su trinchera política. Se juega con los sentimientos de manera tan descarada que, por ejemplo, El Mundo saca en portada la foto de una Ayuso de tres añitos con su hermano y su madre. También podía haber sacado a un Pablo Casado de cinco años jugando con un perrito. Pero, no: la apuesta es muy clara y la manipulación también.

A Pablo Casado le ha sucedido como al protagonista de la novela de Ramón J. Sénder: La aventura equinoccial de Lope de Aguirre. Las desafecciones a Casado se han disparado en horas hasta dejarlo políticamente muerto y llevarle a la dimisión. Pero ni con ello, ni con el Congreso extraordinario, ni con la elección de Feijóo acabará esta historia. Solo es el principio de una nueva temporada marcada por el debate sobre el proyecto político (un partido conservador pero europeísta o un partido aliado con la sombra oscura de la ultraderecha) y las ambiciones en juego. En ella, ese Pigmalión y rey de la intriga que mueve los hilos, intentará alcanzar el objetivo que tiene y que no es otro que el de Ayuso for president por la gracia de Vox. Lo hará desde la temeridad que le caracteriza, actuando como esos entrenadores de fútbol que solo ambicionan conseguir otro título de la Champions más por ellos que por su último equipo. Y, si no me equivoco, esto conducirá de nuevo a convertir el PP en un campo de Agramante.

Aunque siempre puede haber giros de guion que lo eviten, como puede ser el papel de una justicia que actúe con independencia o la movilización popular harta de tanta podredumbre. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el hermano de Ayuso. Es difícil que pase, pero imagínense que encuentra pruebas evidentes de delito y corrupción en este Ayusogate, después de que haya rodado la cabeza de Pablo Casado. La escombrera moral en la que aparecería convertido el Partido Popular afectaría a nuestro sistema democrático. Si falta un sentido ético de la moral y se justifica lo injustificable, se acaba diciendo lo que una señora que se manifestaba frente a Génova: “Casado es un traidor, los trapos sucios se lavan en casa”. Fuerte. Cuando lo que indigna no es la corrupción, sino que se sepa, la corrupción devora la política. Así que, mucho cuidado.: la jugada de fondo es que haya un gobierno articulado en torno a la ultraderecha. No hay poder inocente, pero algunos son especialmente peligrosos para la democracia y solo se la puede proteger si sabe a lo que se enfrenta.

La llamada “ley Maestra de libertad de elección educativa”, impulsada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, no es otra cosa que un nuevo asalto a la educación pública. De ahí la necesidad de tomar conciencia plena de lo que está en juego para evitar que se produzca un daño irreparable a lo público. Llamar “maestra” a la ley Ayuso para la segregación educativa, es el disfraz de la mentira y un insulto a los docentes. Veamos.

Es una ley para confrontar con el Gobierno central. Isabel Díaz Ayuso utiliza la ley para insistir en su estrategia política de colisionar con Pedro Sánchez para ser referente en la batalla que libra por el poder en su partido y en el ámbito estatal. Así, aunque no lo haga la LOMLOE, ella se inventa que ataca a la educación concertada, a los centros de educación especial y al castellano. La campaña de falacias que lanzaron para justificar esta ley, nada tienen que ver con la realidad, pero conocen bien aquello de que una mentira mil veces repetida acaba pareciendo una verdad.

Madrid está a la cabeza de Europa en segregación educativa y ello es un ataque a la igualdad de oportunidades y pone en riesgo la cohesión social

No aborda los problemas de la educación madrileña. Los rasgos que definen la situación son los siguientes: mísera inversión educativa, campeones en segregación escolar, privatización galopante y resultados mediocres. Estos son los datos: Madrid invierte un 2,5 % del PIB en educación, que es la mitad de la media de España; siendo la comunidad autónoma más rica, es la de menor gasto público por alumno con 4.503 euros, frente 5.579 de media en España y a 9.298 del País Vasco. Es la segunda comunidad que da más dinero a la concertada y donde las familias gastan más en educación, un 72% más que la media nacional. Ni siquiera recupera los recortes de 1.724 millones habidos desde 2009.

Madrid está a la cabeza de Europa en segregación educativa y ello es un ataque a la igualdad de oportunidades y pone en riesgo la cohesión social. El proceso de privatización hace que en la comunidad de Madrid la educación pública tenga un peso un 15% menor que la media estatal y un 40% menor que el de los grandes países europeos; en Madrid capital, la derecha está convirtiendo la educación pública en algo subsidiario de lo privado (40%-60%). Los últimos resultados en pruebas internacionales (PISA) están empezando a reflejar la mediocridad del modelo de Madrid con fuertes caídas en Ciencias y en Matemáticas y que tiene que ver con la segregación, con la doble red de centros. Algo tiene que salir mal, cuando se primar la red privada, se concentran recursos en la concertada y se recortan en la pública.  

La ley Ayuso no habla de doblar la inversión educativa, ni de garantizar con carácter general una educación en aulas inclusivas y centros ordinarios que respeten la diversidad, ni de reforzar la equidad y la igualdad de oportunidades. Tampoco se propone reducir ratios de alumnado, mejorar la atención a la diversidad, trabajar la convivencia y el bienestar del alumnado, ni evaluar un programa bilingüe cada vez más cuestionado por las familias, el profesorado, el alumnado y el sentido común. 

El objetivo buscado de la ley es segregar y privatizar. Por ello se aumenta, en los Presupuestos de la Comunidad para 2022, la partida destinada a conciertos y cheques escolares hasta los 1.315 millones. Y se complementa con el acuerdo PP-Vox con más cheques escolares: son 62,5 M que se deberían dedicar a fortalecer la educación pública y que se destinan a financiar a las clases altas y medias los centros privados y concertados.

La calidad educativa y la excelencia es directamente proporcional a la equidad. Esta ley apuesta deliberadamente por cristalizar la desigualdad social, aunque se vista de un falso discurso sobre el esfuerzo. Es cínico que se arropen en él, quienes quieren convertir simples academias (como ESNE) en Universidades. Todos los expertos nos repiten que los modelos educativos de mayor éxito se basan en la heterogeneidad del alumnado y la inversión en lo público. Cualquier país debe aspirar a tener la misma calidad educativa en todos sus centros, es el ejemplo de Finlandia. 

Lo más negativo de la ley son los siguientes puntos: a) No garantiza la educación inclusiva y sin discriminación de todas las personas con discapacidad, al plantear distintas modalidades de escolarización que segregan al clasificar al alumnado. Con ello contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2007; b) Los conciertos económicos a empresas privadas que están en contra la coeducación y que segregan por sexo; supone pagar decena de millones de euros de dinero público a colegios del Opus Dei y otros grupos ultrarreligiosos; c) El blindaje de la red privada-concertada, que no es gratuita y discrimina al alumnado de familias con bajo nivel socioeconómico o con dificultades. Tampoco asegura la participación de las familias y el profesorado; d) El regalo de suelo público a empresas privadas para que hagan negocio educativo; hay que recordar que, en la etapa de Aguirre y Granados, se produjo un escándalo de corrupción ya que se cobraban 900.000 euros por colegio concertado, tal y como se acredita en la Operación Púnica; e) La publicación de ránquines de los centros educativos con los resultados de las pruebas externas.

Su tramitación ha sido un atropello parlamentario en la Asamblea de Madrid al no cumplir los mínimos de cualquier procedimiento democrático. No se puede pretender zanjar la ley, en Ponencia y en Comisión, obligando a presentar en pocos minutos decenas de enmiendas de cada grupo y que se voten en bloque. Se ha negado el debate y de la posibilidad de defender 117 enmiendas de los tres grupos parlamentarios progresistas. Hay que recordar que son enmiendas elaboradas de común acuerdo con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa, que no dan crédito a lo sucedido. Todo ha sido todo un paripé antidemocrático. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Las formas son tan importantes como los contenidos y hay que respetarlas. 

En conclusión, es una ley rancia que, en algunos aspectos, como los conciertos a centros que segregan por sexo, recuerda las escuelas franquistas que separaban niños y niñas. Fomenta la segregación educativa y con ello la desigualdad social. Busca la hegemonía política conservadora con un modelo individualista. Está hecha al dictado de sectores de la patronal de la educación privada-concertada que considera la educación como puro negocio. Va, además, a contracorriente de un modelo moderno y eficaz de calidad educativa; este modelo ya está inventado y funciona: en Europa la educación es prácticamente 100% pública. Lo de aquí es un anacronismo debido a la pervivencia de privilegios de una Iglesia poco evolucionada y a la presión de sectores privados. Tiene artículos contrarios a una ley de rango superior, la LOMLOE, y el Gobierno central debería recurrirla ante los tribunales en defensa del derecho constitucional a la educación.

La ley Ayuso será aprobada por la derecha y ultraderecha porque tienen más votos, pero no porque tengan más razones que los que defendemos un modelo educativo desde el bien común. Sabemos que hemos ganado porque ni nos han engañado con su nombre ni nos han convencido con su modelo contrario a la igualdad. Es una ley sectaria, sin consenso, impuesta con métodos autoritarios. Leyes de quita y pon. Por ello, nos comprometemos públicamente a derogarla en el futuro, igual que se ha hecho con la ley Wert. Lo conseguiremos, antes o después, y Ayuso será recordada como una enemiga de la educación pública.

La educación es más que un servicio público, es un derecho humano fundamental. Y deben ser las administraciones públicas las que aseguren su carácter universal y gratuito a través de la educación pública. Omnia sunt communia. Todo es de todos, pero cuando la educación es un negocio, deben pagar quienes lo utilizan. Es un principio democrático básico. Es absurdo que con los impuestos de todos se paguen privilegios. 

En la Asamblea de Madrid, al calor del debate presupuestario y de la llamada “ley maestra”, se ha abierto un falso debate sobre la “gratuidad” de la educación. Hay que recordar que la educación pública es gratuita en los niveles obligatorios. La educación privada sostenida con fondos públicos debería serlo, aunque un 77% de los centros cobra cuotas ilegales, para aumentar sus beneficios. La propuesta de Vox pretende que la educación infantil en centros privados la paguemos en su totalidad con dinero público. 

Gratuidad total, suena bien, pero es una trampa que esconde un ataque a la educación pública. Estamos hablando de financiar el colegio de los hijos de las élites, mientras no hay recursos para nuevos centros escolares o nuevos grupos en centros públicos. Pedir financiar la privada es un escándalo, cuando Madrid solo va a gastar el 2,39% de su PIB en educación en 2022, frente al 4,26% de media en España; o cuando solo gastó 52 millones en inversiones en infraestructuras educativas en 2020. Con este modelo, las familias de zonas populares estarían financiando con los recortes en sus centros públicos los colegios privados a las familias adineradas. 

Para mejorar la equidad y calidad educativa se necesita doblar la inversión, un Programa de Construcciones de Centros Públicos y un Plan de actuación de la Inspección para evitar cuotas ilegales. Es urgente extender la red de escuelas infantiles públicas de 0-3 años y crear 30.000 plazas públicas de Formación Profesional.

El orden es fundamental a la hora de abordar las prioridades políticas. Necesitamos saber si se van a revertir los recortes en la pública, si se doblará la mísera inversión educativa, si acabará el saqueo fiscal al servicio de las rentas altas. Mientras no se dé respuesta a estas cuestiones ¿Por qué vamos a regalar cheques escolares a quienes no los necesitan? 

Alguien pensará: ¿un rico no va a poder comprarse la educación privada que le dé la gana con el dinero público? Habrá que explicarle que no es justo ni redistribuye, porque da más a quien más tiene. 

Esa es la esencia del “gratis” que algunos piden como condición para apoyar unos presupuestos regresivos y una ley educativa segregadora. Un “gratis” que tiene un alto precio: el aumento de la desigualdad a costa del empeoramiento de la educación pública. 

No es gratis. El precio es la igualdad.

Alba acabó bachillerato en un instituto público del sur de Madrid y quería matricularse en un ciclo de grado superior de Laboratorio Clínico. Pertenece a una familia trabajadora y cree que tiene capacidad para cursar una carrera, pero no puede permitirse la Universidad por las tasas universitarias y, sobre todo, porque necesita trabajar lo antes posible. Pero cuando miró las listas de admitidos en julio comprobó que no tenía plaza y que estaba en una lista de espera de 1.684 personas, ya que el 90% habían sido excluidos. Estos primeros días de septiembre va a tener que hacer guardia de noche en la puerta de un centro público, a ver si tiene mucha suerte y puede acceder a una posibilidad para seguir formándose. Alba es una más de las casi 25.000 personas que se han quedado sin una plaza pública para poder estudiar Formación Profesional (FP) en Madrid.

Los datos de la campaña de matriculación en Formación Profesional en Madrid para el curso 2021-2022 son escandalosos. En julio se quedaron 6.938 personas sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio. A ellos hay que sumar otros 17.976 (el 54%) que se quedaron sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior. Son un total de 24.914 solicitudes rechazadas de personas, obligados ahora a ir centros privados y concertados o a quedarse en su casa por no poder pagar tasas de 7.000 a 10.000 euros. Este desastre de la FP en Madrid pone de manifiesto que no estudia quien quiere sino quien puede.

El déficit estructural de plazas públicas en la FP es un grave problema educativo por la falta de inversión y de planificación. Está afectando a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo y destroza la equidad del sistema. Porque si lo unimos a la segregación escolar que produce la apuesta de la derecha por la red de centros privados y concertados, al distrito único y al bilingüismo, en la práctica supone un irrompible techo de cristal para los jóvenes de familias modestas. Algo que ya documentó Paul Willis en su “Aprendiendo a trabajar”  (NOTA 1), desmontando el mito neoliberal de que cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. No hay que olvidar que la naturaleza de toda segregación consiste en dejar a gente por el camino, convirtiéndose en un poderoso mecanismo que convierte la igualdad de oportunidades en un espejismo. 

Lo sucedido no es imprevisión ni simple incompetencia. Es recurrente, ya que algo parecido sucede todos los años (NOTA 2). Las causas hay que buscarlas en la descarada estrategia de privatización de la FP. Privatización que no consiste en vender centros públicos, pero sí en cerrar aulas o ir vaciándolas de su alumnado. Es una decisión política que apuesta por un modelo educativo neoliberal que reproduce fielmente un modelo social injusto por desigual. 

Su política contra lo público les hace mantener un déficit crónico de plazas en la FP pública para achicar el espacio de la educación pública. Al negar plazas públicas a muchos miles de alumnos, se les deja en la calle o se les arroja en brazos del sector privado, que ha proliferado bajo la forma de academias que difícilmente reúnen condiciones mínimas de calidad. Miles de alumnos reciben el “cheque escolar” exclusivo para el alumnado de la FP privada. Así, una orden de la Consejería de Educación de mayo de 2021 destina 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las secretarias de los centros privados. El resultado del proceso de privatización de la FP en la Comunidad de Madrid es demoledor: en solo diez años el alumnado que estudia FP en centros concertados y privados ha pasado del 27% al 44%, gracias a esta política deliberada. 

Una comunidad como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes. No es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros. Para corregir y mejorar la situación, desde Unidas Podemos exigimos la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. Hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos. 

Es urgente negociar un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y atender la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar con la comunidad educativa y los agentes sociales un Plan Estratégico de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y del mercado de trabajo, y no del negocio de los centros de FP privados. Hay que reforzar la FP reglada pública, más aún, cuando conocemos que se produce una disminución de la FP continua (dirigida a trabajadores en activo), porque las empresas han recortado a la mitad en una década el dinero en formación a sus trabajadores (NOTA 3). 

Los efectos sociales y laborales del debilitamiento de la FP que hacen comunidades como Madrid, convierten el mercado de trabajo en el reino de la desregulación y la precariedad. Negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes es abocarles al paro,  a la precariedad y a los bajos salarios. Es la hora de apostar por empleos de calidad. Ello pasa, además, por la derogación de la reforma laboral a la máxima urgencia y por otro modelo productivo que nos saque del círculo vicioso de la dependencia cuasi absoluta de la hostelería y del turismo. Desde Biden a Macron han abierto el melón de algo obvio: es absolutamente necesario pagar bien a trabajadores debidamente formados. El modelo de precariedad, bajos salarios, trabajo sin derechos que conduce a la generación de trabajadores pobres no debe tener cabida en una economía avanzada y en una sociedad civilizada. Hay que poner una FP pública de calidad al servicio de la formación de los buenos profesionales que el país necesita.

Lo venía diciendo la comunidad científica y pedagógica, lo sabemos por nuestra experiencia como docentes a pie de aula, y lo confirma el sentido común: se educa y se enseña mejor de 20 en 20 alumnos que de 33 en 33, o de 38 en 38, que son las ratios que se plantean en ESO y bachillerato en la Comunidad de Madrid (CAM) para el curso próximo. Y lo recomienda la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea: 20 estudiantes por grupo-aula en educación primaria y secundaria; 30 en aula universitaria según establece el Plan Bolonia. Pero hemos tenido que vivir una pandemia para comprobarlo con carácter general. Durante la crisis sanitaria de la Covid hemos descubierto el valor de lo esencial en educación, aunque, como decía Antoine de Saint Exupery, a veces lo esencial es invisible a la vista, y eso parece que es lo que le pasa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Los retos para el curso próximo son la total presencialidad, las garantías sanitarias y la mejora de la calidad educativa. Que se alcancen, depende en gran medida de la inversión, de las ratios y de la contratación de profesorado. La Consejería de Educación ha anunciado la contratación de 6.700 profesores y otros profesionales. Estas contrataciones en realidad suponen la reducción en unos 5.000 profesores, con relación a los contratados el curso pasado, que la propia Consejería de Educación reconoce que fueron 10.600. 

La Consejería intenta contabilizar como nuevas contrataciones las 3.700 plazas de la oposición de Secundaria, pero son las mismas plazas ya existentes que cambian de naturaleza: pasan de estar cubiertas por profesorado interino a serlo por funcionarios de carrera en prácticas. Pero lo que mide la realidad, no son las cuentas del “Gran Capitán” que haga la Consejería de Educación sobre profesorado contratado, sino los cupos concretos que llegan a los centros.  Éstos, no contemplan la reducción de la ratio, ni el aumento del profesorado de refuerzo. Según explican los directores de institutos públicos, se destinan 600 profesores para 353 institutos públicos. Eso viene a suponer un par de profesores más por centro, fuera de cupo, y eso no sirve para realizar desdobles, ni reducir las ratios (que van a estar en 30-33 en ESO y 38 en bachillerato). Dos ejemplos: un IES del centro de Madrid con 1400 alumnos, tendrá 3 profesores más y 0,5 para el departamento de orientación; un IES del Corredor del Henares con 1.300 alumnos, 2,6 profesores y 0,5 en orientación.

Mantener ratios altas tiene consecuencias demoledoras. Por un lado, dado el pequeño tamaño de muchas aulas, es imposible garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado en los escenarios covid que se contemplan con ratios tan altas en clase y con una distancia de seguridad de 1,2 metros. Por otro lado, es seguir apostando por la mediocridad del sistema educativo, algo que se ha puesto de manifiesto con el retroceso de Madrid en los últimos informes PISA: bajada de 46 puntos en lectura y fuertes caídas en matemáticas y ciencias. 

Se necesitan clases con ratios razonablemente bajas, que faciliten el deber del profesorado de atender las necesidades del alumnado. Es decir, no sólo enseñarles las materias, sino facilitar la convivencia, favorecer su inclusión, prevenir los conflictos y ayudarles a solucionarlos. Necesitan muchos cuidados en esas etapas tan tempranas de sus vidas. Por no hablar del efecto de mejora de las condiciones de la docencia y la consiguiente reducción  del estrés del profesorado.

No es aceptable que, siendo Madrid la comunidad autónoma más rica, sea la que menos invierte en educación. Tan solo un 2,25% del PIB frente al 4,27 % de media en España y al 5% que recomienda la LOMLOE. Con 34.916 euros de PIB per cápita, solo invierte 4.700 euros por alumno/año, 1.000 euros menos que la media de España, 2.000 euros menos que Castilla León, y 4.300 euros menos por alumno que el País Vasco. A lo anterior hay que añadir los Fondos de Recuperación europeos de los que va a disponer la CAM. Por último, hay que hacer una mejor gestión del dinero público. Tres ejemplos de gastos poco útiles: 5 millones de euros en pruebas externas de bilingüismo; 1 millón de euros en algo tan absurdo como un programa para evitar que se copie en los exámenes online; 15 millones en Aula Planeta, una enciclopedia virtual que nadie pidió y que nadie utiliza, un dinero que hubiera permitido contratar a 500 profesores durante todo el curso.

Las Instrucciones de la Consejería que acaban de llegar a los centros educativos para el curso 2021-2022, confirman que el anuncio solemne de Ayuso en la sesión de investidura de que iba a bajar las ratios es una burla cruel. Para que se entienda lo que ha propuesto, imagínense que con la Covid se dijera: tenemos dinero, pero no vamos a comprar vacunas y ni a vacunar hasta septiembre de 2022 y solo a los de 4 años. Por respeto a la ciudadanía y a sí mismo, el Gobierno Ayuso no debería seguir usando un coctel de mentiras y propaganda, anunciando a bombo y platillo una bajada de ratios que tardaría 10 años en llegar a la ESO. 

La reducción de ratios tiene que ser algo estructural y no episódico frente al fracaso escolar y a los mediocres resultados educativos. Por ello, es muy escandaloso que habiendo dinero no se invierta en mejorar la educación pública, por una decisión política que ignora y desprecia una educación de calidad en nuestra comunidad. El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid olvida que lo que mide el grado de civilización de una sociedad es cómo cuida a su infancia y a sus mayores, y aquí se les abandona. Y si fue muy grave la muerte de ancianos en las residencias, también lo es que un alumno de Madrid no tenga las mismas oportunidades educativas que otro del País Vasco, Asturias o Castilla León. 

La educación es la mejor inversión. Lo demostraba James Heckman, Premio Nobel de Economía del 2000, afirmando que por cada dólar (o euro) invertido por niño, el rendimiento es de entre el 7 y el 10% a lo largo de su vida; es decir, que cada dólar invertido en educación inicial revierte en 8 dólares del producto social en las etapas posteriores; una rentabilidad mucho más elevada, insistía irónicamente Heckman, que los fondos de inversión. 

Solo un gobierno incompetente puede ignorarlo. Solo un Gobierno prepotente como el de Ayuso, puede negarse a negociar estos temas, como hacen otras comunidades autónomas. Por ello, hay que decirles dos cosas: primero, que dejen de actuar como si fueran la reserva del neoliberalismo más rampante; y, en segundo lugar, que si les parece que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. En todo caso, desde Unidas Podemos, seguiremos empeñados en defender una educación pública de calidad de todas y para todas.

Perdonad el atrevimiento de dirigirme a vosotras y a vosotros. Siempre he pensado que sois la mejor juventud, como decía Pasolini. La que creció en democracia, la mejor formada, la que ha podido disfrutar de un país más libre y avanzado que el que tuvieron vuestros padres y abuelos. Pero también sois los afectados por sucesivas crisis, por la degradación de derechos laborales, por un modelo de consumismo que genera un falso bienestar y produce frustración. La última década ha tenido que ser terrible para vosotros, por la crisis económica y por la crisis sanitaria de la COVID, que también tiene demoledoras consecuencias. Habréis tenido problemas con el paro, la precariedad y dificultades para conseguir vuestra autonomía. Sé que bastantes de vosotros os habéis ido del país para poder trabajar y obtener reconocimiento. Otros, habréis salido adelante estupendamente y tendréis un trabajo que os permitirá organizar vuestro proyecto de vida.

He tenido mucho contacto con miles de jóvenes, que ahora tendrán entre 18 y 40 años, mientras daba clases de Geografía e Historia en varios institutos públicos de la Comunidad de Madrid. He aprendido mucho de sus dificultades, de sus esperanzas y sueños personales y profesionales. Me han enseñado que cada uno se merece las mejores oportunidades para conseguirlas; que lo contrario a la democracia es el techo de cemento que impide que las chicas y chicos de la clase obrera desarrollen todo su potencial. Por mi parte, siempre he intentado que reflexionen sobre el pasado y vayan dibujando un país más libre, justo e igualitario en el que puedan vivir con dignidad y se comprometan en mejorar el mundo. Supongo que, como ellas y ellos, habéis crecido y madurado no sin dificultades. Por eso me he animado a escribiros una carta públicamente.

A punto de cumplir 70 años, ya jubilado, colaboraba con los ecologistas que trabajan para salvar este planeta tan amenazado. Pero hace un mes, desde Unidas Podemos, me pidieron que me presentara como candidato a estas elecciones. Dudé unos minutos, pero no podía decir que no porque está mucho en juego el 4 de mayo: que no haya retrocesos en derechos ni en libertades, que no se deteriore la convivencia. Además, mi trayectoria de vida y de ideas coincide con lo que esta formación defiende y accedí. Por eso estoy aquí y ahora, dispuesto a echar una mano y a compartir la experiencia que he acumulado.

En estos días me pregunto mucho cómo afrontaréis los jóvenes este proceso electoral, y qué haréis el 4 de mayo. Supongo que muchos tenéis vuestras ideas y vuestras opiniones políticas bien definidas. Otros estaréis quemados y decepcionados por vuestra situación personal: el ascensor social lo han averiado hace mucho tiempo. Estar sin trabajo o no poder emanciparse de casa, ni hacer planes a medio plazo produce un profundo desánimo y esto puede llevar a la inacción. El ruido mediático intentará haceros creer que todos los políticos son iguales, intentarán disuadiros para que no votéis. No interesa que los jóvenes de las clases populares decidan conscientes su futuro.

Un 35% de paro juvenil en nuestra Comunidad no es soportable para ninguna sociedad. Tampoco lo es, ni los bajos salarios ni los contratos precarios ni el subempleo que sufrís los que tenéis buena cualificación profesional. No podemos consentir ese desperdicio de vuestra energía y potencialidad. Es urgente un plan de rescate para la juventud que, utilizando los fondos europeos, apueste por la creación de empleo digno y con derechos, por facilitar el acceso a la vivienda y por la gratuidad de la enseñanza a todos los niveles.

En cuanto a las elecciones, vaya por delante mi respeto a todas las posiciones y decisiones. Por eso, yo no os voy a pedir que me votéis. Pero sí que recordéis aquello que decía Don Antonio Machado: “Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros, y, naturalmente, contra vosotros”. No olvidéis nunca que lo que nos hace humanos es la capacidad de soñar, de representarnos un futuro mejor, de luchar por él y tener esperanza. También os pido que defendáis la convivencia como una bandera; y la solidaridad y el apoyo mutuo que siempre es más importante que el dinero, y más en tiempos de crisis. Es lo que siempre intenté enseñar a mi alumnado.

Para acabar, quiero animaros a participar en política para mejorar las cosas y a votar en conciencia. Si lo hacéis de forma progresista, coincidiremos. En caso contrario tenéis todo mi respeto también. Y como les escribía a mis alumnos en la despedida de cada curso, os deseo que la vida os trate dignamente, aunque también os lo tendréis que trabajar vosotros.