Canarias ha salido bien parada del último informe sobre desarrollo de sus servicios sociales elaborado por la Asociación de Gerentes y Servicios Sociales (índice DEC) , que le otorga un 6,35 de puntuación y la colocaba como cuarta comunidad autónoma en desarrollo de estos servicios. No obstante, el informe dejó varios retos a la comunidad autónoma que siguen pendientes. Uno de ellos es el déficit en plazas sociosanitarias.

Según dicho informe, si se atienda a las plazas residenciales para persona mayores, se registra una cobertura de 3,76% en relación con las personas mayores de 75 años, cuando la media estatal de 5,50%.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, hizo este lunes balance de dicho informe y destacó precisamente que la atención en plazas sociosanitarias es uno de los retos y “en eso estamos trabajando con los cabildos insulares para establecer antes de que acabe el año ese tercer plan de infraestructuras sociosanitarias que nos va a permitir junto con los fondos Next Generation que ya estamos ejecutando y que ya tenemos el gasto comprometido de más de un 98% de esos fondos la creación de plazas sociosanitarias”.

Delgado dijo que ello junto al gasto aprobado este lunes de 3,5 millones de euros en el Consejo de Gobierno va a permitir “ese afianzamiento de esas plazas residenciales o de atención diurna que nos faltan en Canarias”. No obstante, no adelantó cuántas plazas se estiman en ese nuevo plan.

La consejera añadió que en la evolución del índice de los servicios sociales de Canarias “hemos pasado en una década de estar en los últimos puestos a estar en los primeros puestos de la lista lo que significa que lo que se está haciendo en Canarias se está haciendo bien junto a los Cabildos insulares y a los ayuntamientos de Canarias”.

Según explicó este lunes se aprobaron nuevas plazas de ACUFADE que entrarán en la red pública de plazas públicas del Gobierno de Canarias, “unas con los cabildos y otras financiando nosotros directamente”.

Un segundo plan que “no tuvo el éxito deseado”

“Es verdad que los planes de infraestructuras, el último no tuvo el éxito deseado por la gestión que realizaron muchos cabildos en la legislatura pasada, pero sí es verdad que incorporamos a este plan una fórmula que tuvo mucho éxito que es la colaboración público-privada y también el que este plan va a contar con financiación extra como el FDCAN que va a permitir a los cabildos utilizar ese dinero en la construcción de vivienda como en la creación de plazas sociosanitarias y ya va a nacer con un impulso importante”, insistió Delgado.

La consejera asegura que ese plan se va a realizar con todas las opciones posibles para que quepan las plazas lo más rápidamente posible, y que se van a incluir “todas las medidas de construcción, todas las cuestiones ...” E incluso habló de la Ley del suelo que permite que “espacio rústico se pueda dedicar a centros sociosanitarios”. “Todas esas cuestiones”, asegura que se van a detallar en el plan para que sea un “éxito”.

“A pesar de que mi compañera Cristina Valido y Fernando Clavijo dejaron ese plan aprobado por todos los cabildos y la ficha financiera, los cabildos no pudieron ejecutarlo”, asegura.

Lo cierto es que como informó Canarias Ahora, en 2022, el informe de fiscalización sobre la Consejería de Derechos Sociales instó a elaborar un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias de acuerdo a la normativa. Además, la falta de planificación supuso que no se ejecuten las plazas previstas para 2020 (casi 5.000) y que ahora son insuficientes.

El informe de fiscalización apuntaba que las cifras sobre el bajo nivel de ejecución evidencian que en el momento de la suscripción de los convenios (realizado por la entonces consejera Cristina Valido) “no se desarrolló una adecuada planificación de las actuaciones a realizar y la programación de anualidades presupuestarias asociadas a la financiación de las mismas”. Ello ha traído consigo que, al cierre de 2020, año en el que debían estar finalizadas todas las actuaciones, “en la mayoría de los casos no se ha desarrollado ni un tercio de las actuaciones y ejecución presupuestaria previstas”. 

Por ello, recuerda que en “ejercicios anteriores” ya había informado de la necesidad de la aprobación de un plan, con carácter previo, que contemplara los requisitos establecidos el Decreto 27/2008, de 4 de marzo, que establece “el procedimiento de elaboración y la estructura de los programas de actuación plurianual de los entes con presupuesto limitativo”. Es pues la falta de planificación lo que ha traído como resultado “una muy deficiente ejecución en los citados convenios desde el año de su firma”, remarcaba el documento. 

En febrero de 2024, la consejera Candelaria Delgado detalló acciones que la Consejería está llevando para “reimpulsar” el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. Según dijo, en seis años solo se habían creado 517 nuevas plazas residenciales.

Hay personas que viven para siempre, a las que se les recuerda porque el legado que dejan perdura. La familia del periodista Adolfo Santana (1950-2015) lo recuerda en cada rincón de su casa, está presente en las fotografías, en los rincones, en las conversaciones… “Siempre lo solemos recordar con alegría, con los chascarrillos que tenía”, explica su compañera de vida Nieves Suárez. Pero en la isla de Gran Canaria sus letras marcaron a generaciones de lectores que compraban en el periódico de papel y que recuerdan cómo se preocupaba por las personas más sencillas, por las historias que muchas veces se salen de la agenda mediática y por las tradiciones a las que tanto ha costado dar un reconocimiento social. El pasado jueves Valsequillo reconoció a título póstumo a Santana como Hijo Adoptivo del municipio haciendo énfasis en lo mucho que lo sigue recordando el pueblo y toda la isla desde la que escribía. Ya le había otorgado anteriormente otro reconocimiento; la Almendra de plata.

Suárez relata que Adolfo Santana nacio en una cueva que después fue utilizada como almacén de pirotecnia en Valsequillo. Después, se mudó a Las Puntillas (Ingenio) pero siempre siguió unido a Valsequillo por sus abuelos maternos. Recuerda que “siempre dio voz a los sin voz” y que tuvo una estrecha relación con el Rancho de ánimas de Valsequillo, “su abuelo materno fue patriarca en el rancho de ánimas y a partir de ahí empieza a darle voz a los rancheros para que no se pierda la tradición”, apunta.

La familia del periodista sostiene que su vida y su infancia resultaron clave en las historias que después contó y que nunca olvidó de donde venía. Nieves Suárez subraya que “no fue fácil” para Adolfo, “siete hijos en una habitación, la zafra era muy duro, siempre perdía el que trabajaba, los dueños eran los que ganaban y al final de la zafra era si había o no había algo de dinero y muchas penurias”.

No obstante, esta dureza no le hizo apegarse nunca a lo material ni albergar rencor. “Nunca se sacó el carné ni tenía teléfono, pero él llegaba a los sitios”, apunta Suárez.

De Santana también destaca que era muy crítico, “cuando tuvo la pluma para hablar de los abusos de la aparcería, cuando el aeropuerto se ensanchó…. Cuando naces así y vives una posguerra y una dictadura de que no se muere el dictador si tiene conciencia como era el caso lo vives y lo difundes”, resume su compañera de vida.

Adolfo Santana tuvo dos hijos, Juan Santana y Gara Santana, ella periodista como su padre recogió el reconocimiento el pasado jueves. Nieves Suárez destaca que aunque su hija ya traía lo de periodista en las venas, que siempre le interesó la lectura y prácticamente aprendió sola, pero sí que le marcó el hecho de esperar a que su padre llegara del periódico para compartir con él conversaciones sobre las jornadas. Adolfo además se llevaba muy bien con las personas de diseño (con todo el mundo se llevaba bien, añade Suárez) y traía algunas páginas de lo que sería el periódico del día siguiente y las compartía con su hija con la que también compartía la lucha contra las injusticias.

Sobre el acto, Nieves Suárez destaca que “como familia nos sentimos orgullosos” y “ver el acto y ver que estaba lleno de gente y aquello que era un espacio corto pero enorme para Adolfo, pues, significó unos nervios pero nervios agradables vernos allí”.

Además, agradeció al Ayuntamiento de Valsequillo la organización y las palabras del alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, que valoró que la entrega de reconocimientos se realizaba por el trabajo de esas personas y no por su estatus social.

Gara Santana destacó en el acto que es importante que “se le recuerde más de diez años después de su muerte” y que ello quiere decir que “la población tiene un sentir que las instituciones no pueden obviar y por eso ha sido reconocido aquí, en el pueblo que tanto quiso en Valsequillo, y del que tanto aprendió para llevar las historias del campo a la dignidad que se merecían”. También destacó la labor de su tía Pepa, hermana mayor de Adolfo, ya que “sin los cuidados y sin quienes nos sostienen quizás Adolfo no hubiera podido escribir o llegar lejos en el periodismo canario”.

Más sobre Adolfo Santana

Empezó a ejercer la profesión en el Diario de Las Palmas, escribió sobre Política, Región y fue jefe de Deportes en el Canarias7 a principios de los años 90. En la radio, locutó en programas como La Guagua, en Antena3 Radio y, más tarde, en emisoras como Radio Atlántico, Radio Tagoror, Radio Independiente de Gran Canaria o Canarias Ahora Radio. Dirigió su propio programa de Televisión, La Cantonera, rodado en la Casa de Postas de Ingenio y emitido por el canal de ese municipio.

Entre los reconocimientos recibidos a título póstumo figuran el Roque Nublo del Cabildo de Gran Canaria en 2015, la denominación de un merendero en el espacio protegido del Barranco de los Cernícalos y el nombre de una plaza junto a la casa de sus padres y hermanos en Las Puntillas, Ingenio. 

En el año 2016, un año después de su muerte, su familia recopiló en el libro Retazos de Zafra, de la editorial Canarias Ebook, los últimos escritos que el periodista dejó plasmados en su blog homónimo.

Además de difundir la tradición del Rancho de Ánimas, entrevistó en Guayadeque al último testigo presencial del baile del Pámpano Roto, hecho que reflejaría Alfredo Ayala en el programa de RTVE en Canarias, Raíces Isleñas.

Canarias parte de una situación en la que los informes estatales puntuaban el desarrollo de los servicios sociales como “irrelevantes”. Así se constata por ejemplo en el informe del índice DEC de la asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales del año 2012. En el último informe, sin embargo, la comunidad autónoma aprueba con un 6,35 y es la cuarta comunidad en desarrollo de sus servicios sociales, solo por detrás de País Vasco, Castilla León y Navarra.

¿Qué ocurrió para llegar este punto? El informe habla de un momento de inflexión en el año 2022 cuando se aprobó en la anterior legislatura el catálogo de servicios sociales que “consolidó” los derechos del sistema y supuso un impulso decisivo. Entonces, se consiguió pasar de 3,66 puntos en 2021 a 5,09 puntos en 2022 (superando por primera vez el nivel medio).

Esta tendencia ascendente se mantuvo en los años posteriores, pasando de 5,33 puntos en 2023 a 5,38 en 2024, hasta alcanzar el máximo histórico de 6,35 puntos en 2025.

El factor fundamental para la mejora ha sido la financiación. Canarias, de hecho, alcanza un 10 sobre 10 en la dimensión de Relevancia Económica (E) y obtiene la máxima puntuación en los tres indicadores presupuestarios analizados. Así, entre 2014 y 2024, el gasto por habitante aumentó un 134,2%. Asimismo, pone énfasis en el papel de los cabildos en este sistema.

Por su parte el porcentaje que representa el gasto en servicios sociales de las Administraciones Públicas de Canarias sobre el PIB de esa Comunidad ha alcanzado en 2024 su máximo histórico, situándose en el 2,79%, con un incremento de 0,26 puntos respecto al año anterior. La media estatal fue de 1,75%.

De hecho, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias confía en que debido a las nuevas inversiones inyectadas a su red, procedentes de fondos regionales y de los estatales que se derivarán de la recién aprobada reforma de la Ley de Dependencia, la comunidad autónoma pase de estar en el cuarto puesto al tercero en el próximo informe.

No obstante, el informe destaca, por un lado, una serie de aspectos clave en los que la comunidad avanza y otros en los que aún hay deficiencias. Por un lado, en cuanto a las Rentas Mínimas de Inserción canarias se sitúa por encima de la media nacional, pues la cuantía supone, como media el 16,9% de la renta media en Canarias, mientras que en el conjunto de España esta cuantía es del 14,5%.

Los déficit según el informe

Según el informe, la comunidad autónoma destaca también en centros de Día para personas mayores, con una cobertura del 3,15% frente al 2,19 de media del conjunto de Comunidades; en plazas de acogida para víctimas de violencia de género, con 22,9 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Canarias, frente al 16,2% de media estatal.

También destaca por las plazas residenciales para personas sin hogar, con 245,5 plazas por cada 100.000 habitantes (media del conjunto de Comunidades: 86,4).

Sin embargo, entre los aspectos deficitarios apunta la insuficiencia de profesionales en las estructuras básicas de servicios sociales, con un trabajador o trabajadora a por cada 2.261 habitantes en Canarias, siendo la media estatal un trabajador/a por cada 1.363 habitantes.

Retos en servicios sociales

Otro reto son las plazas residenciales para persona mayores, con una cobertura de 3,76% en relación con las personas mayores de 75 años, siendo la media estatal de 5,50%. Y también sigue a la cola en teleasistencia, con una cobertura de 5,1% en relación con las personas mayores de 75 años, frente al 24,0% de media estatal.

Por otro lado, la atención a la discapacidad se sitúa en niveles inferiores a la media tanto en plazas residenciales (0,9% frente a 1,8% estatal) como en centros diurnos y ocupacionales (2,1% frente a 3,2% estatal). Además, en materia de atención a la dependencia obtiene un 0,45 puntos sobre 1 punto. Asimismo, en el apartado de “ayuda a domicilio” Canarias no puntúa porque presenta en el Imserso un “dato inverosímil” al presentar 15 años seguidos el mismo número de horas de cobertura.

Otros retos de los que habla el informe son: definir e implantar la Historia Social Única en los servicios sociales insulares; aunque dispone de normativa reguladora, aún no ha constituido formalmente el Comité de Ética autonómico y afea la ausencia de una estrategia de investigación.

“El volcán era como un enemigo que no podíamos vencer. Un enemigo que se iba a parar o se iba a retirar cuando él quisiera, no cuando nosotros quisiéramos, entonces era una guerra que íbamos a perder”. Era el pensamiento que le recorría a Marcelino Rodríguez aquellos angustiosos tres meses en los que el volcán de Tajogaite no dejó de escupir lava sepultando todos los recuerdos de su vida y la de sus amigos, familiares y otras personas del Valle de Aridane, en La Palma. Su barrio (La Laguna) quedó dividido en dos y asegura que en esos días no daba tiempo de pensar mucho. Este sábado 19 de septiembre se cumplen cinco años de la catástrofe natural. “Solo pensabas que el siguiente ibas a ser tú”. 

La lava finalmente se quedó a un metro de la casa de Marcelino, pero más de una vez pensó que “hubiera sido mejor que se la llevara” porque el calvario vino después cuando se tuvo que enfrentar al paisaje desolador, a un barrio que no era el mismo con un volcán que les acechaba, a volver a una casa pero no poder entrar por la puerta principal, “aguantar meses y meses con la maquinaria abriendo”. “Porque cuando se paró el volcán, nosotros tuvimos otro volcán por aquí que fueron las maquinarias constantes, que era normal y no protestamos porque había que abrir, pero todo eso te afloja un poquito”. 

El volcán dejó multitud de historias. Marcelino es el presidente de la asociación de vecinos de La Laguna y señala que hay personas que no han vuelto al barrio y hay vecinos que ya no quieren volver. Cree que uno de los retos es impulsar que al que quiera volver se le facilite, aunque psicológicamente ha sido un golpe muy fuerte. Hay personas que no han podido a día de hoy “enfrentarse al volcán” porque es muy duro. 

Dónde viven ahora las personas afectadas por el volcán

Sobre la reconstrucción señala que va despacio, pero “no se puede construir en un día”. “Tenemos que convivir con lo que hay, tú ves que se mueve y el que diga que no se mueve miente, los que estamos aquí nos gustaría que fuera más rápido, pero es lo que hay”, subraya. 

Cuando estalló el volcán, la prioridad se centró en que no hubiera pérdida de vidas humanas. Pero los palmeros y palmeras se iban a dormir cada día con la incertidumbre de no saber qué pasaría con todo aquello por lo que llevaban luchando: viviendas, fincas, negocios… “Yo perdí todo el esfuerzo de 25 años”, asegura Fátima Ramos, de la plataforma de afectados por el volcán. Vivía en el barrio de Todoque, muy cerca del colegio y perdió lo que tenía: su vivienda. Ella se fue a casa de sus suegros y ahí sigue, pero cree que uno de los retos más importantes que sigue teniendo la administración es la vivienda. 

El Gobierno estatal concedió una serie de ayudas por los daños en las viviendas, con importes de hasta 60.480 euros según un decreto de 2021, aunque luego el Ejecutivo central y el Cabildo acordaron ampliar hasta 100.000 euros, con aportaciones adicionales de 30.000. A ello se suma la nueva figura creada por el Gobierno canario de compensación por el valor patrimonial, para lo que también se emplean partidas del Gobierno estatal. 

“La vivienda es el principal reto sobre todo porque hay mucha gente que aunque han recibido una compensación económica por el valor de lo perdido, aparte de las ayudas que se han recibido del Gobierno del Estado y de Canarias, pues a muchos no les llega para poderse comprar un piso, para comprar un terreno y hacerse una casa”, asegura Fátima Ramos. Los precios se han encarecido en los últimos años tanto de suelo como de vivienda lo que complica aún más la reconstrucción de la vida de los habitantes del Valle de Aridane. 

“Todavía sigue habiendo casas contenedor, todavía sigue habiendo casas de madera y la gente sigue viviendo en situación de provisionalidad”, lamenta Fátima, que añade que aunque “se va abriendo camino” aún queda por hacer. 

En La Palma hay quien ha comprado terrenos y casas modulares, hay quien aún se está construyendo su casa y ha tenido que ir al banco, hay quien espera por una vivienda de protección oficial, quien vive en alquileres que se han desorbitado… Hay muchos casos. Fátima señala que cuando se flexibilizó poder construir en suelo rústico ante la catástrofe que había sufrido La Palma, el precio de ese suelo se disparó. Aunque agrega que hay quien ha empezado a construir sus casas y se ha ido adaptando. “Nos hemos visto abocados a vivir de otra forma”, apunta Fátima, que recuerda que hay personas que vivían con una casa y una “huertita”, “tus flores”, “tus mascotas”... y ahora viven en un piso o en lugares provisionales. 

Los afectados también añaden que hay quien espera por una vivienda de protección oficial como alternativa y aguardan por las viviendas que están a punto de terminar en Los Llanos de Aridane (55 que esperan ser entregadas a final de año) pero también se están realizando en El Paso y en Tazacorte. 

“Aquí la cuestión es no quedarnos parados y que la Administración siga ayudándonos en ese sentido”, insiste Fátima Ramos. 

La lucha y las secuelas psicológicas

Los afectados insisten en que quedan muchas secuelas psicológicas y que ahora es cuando está aflorando todo. “La secuelas psicológicas la llevaremos con nosotras, yo creo que siempre, aunque nos vean sonreír, aunque nos vean ir a una fiesta…”, dice Fátima. Coinciden además en que para un niño no es lo mismo que para quienes son más mayores y han perdido sus barrios de toda la vida, los lugares donde se reunía. “¿Te acuerdas de esto y de lo otro?”, recuerdan cuando se ven por la calle, ya que es otra de las consecuencias, vecindarios que han quedado esparcidos. 

Una de las cuestiones de las que más orgullosa se siente Fátima es de la Ley de volcanes, que cree que ayudará a generaciones venideras, ya que los volcanes seguirán afectando a Canarias. 

Francisco Pulido, presidente de la asociación Tierra Bonita, se muestra crítico con el hecho de que cinco años después de la erupción no haya un acto institucional este sábado. También señala que “nunca ha habido una catástrofe de la magnitud del volcán, no en vidas humanas, pero que alteró la vida de muchas personas en La Palma. Es el que más ha impactado en la vida de la gente de la isla”. 

Pulido considera que el Estado ha sido el más transparente a la hora de reflejar las ayudas que se están otorgando y discrepa con el criterio del Gobierno canario de no publicar los beneficiarios de las ayudas por la compensación de daños. Una cuestión que no comparten desde la plataforma de afectados, que considera que son datos privados. 

Retos pendientes

Tierra Bonita también señala que al principio de la erupción había un concepto más “comunitario” de crear bolsas de suelo, de buscar un sistema más corresponsable. Con el Gobierno canario actual se cambió el criterio y ha echado en falta más participación. 

Otro de los retos que quedan pendientes es saber cuántas hectáreas se van a proteger del volcán y qué es lo que se pretende realizar con fines turísticos. Recuerda que el terreno por el que pasa las coladas sigue siendo de los afectados y que tendrán que expropiarles por las acciones que se realicen. “Ahora mismo el volcán para ir a verlo hay que pagar, cualquiera tiene que pagar. Incluso no puede ir solo, hay que pagar un guía”, subraya. 

Pulido también coincide en que aún hay que lidiar con el shock que supuso aquella incertidumbre en los primeros días de la erupción cuando a los afectados les daban apenas unos minutos para sacar sus recuerdos y algunos enseres de sus casas. “Hay una anécdota de una mujer que solo sacó dos garrafas de agua porque estaba aturdida”, explica.

En su caso temió por el cementerio de su pueblo, al que quedó la lava a la altura de los nichos, pero “se ha podido ir recuperando”. 

Marcelino Rodríguez, por su parte, lucha en La Laguna por intentar mantener cohesionado el barrio y vivo el recuerdo, también el de otros barrios hermanos como Todoque y Las Manchas. Recientemente, se inauguró una exposición fotográfica con el objetivo de que quienes les visiten sepan que “debajo de las coladas había vida y había color” y “no nos olviden”. 

Para seguir en este camino de reconstrucción el Gobierno nombró un comisionado especial, Héctor Izquierdo. Según los últimos datos del Ejecutivo, entre las ayudas para la recuperación del Valle se encuentran medidas de protección económica y compensaciones por pérdida, ERTES, exenciones del IRPF, ayudas a la agricultura… 

Los afectados y afectadas inciden en que siguen adelante con sus vidas adaptadas y con la resignación de que nada volverá a ser igual. Esperan que paso a paso puedan ir reconstruyendo sus vidas, sus barrios, sus carreteras y sus hogares, pero “no nos pidan que seamos fuertes. En ese momento creo que teníamos que ser fuertes y aguantar. Pero ya no tenemos motivos para ser fuertes ni motivos para decir qué contento estamos”. 

El calor ha obligado a tres colegios de Tenerife y a dos de Gran Canaria a adelantar la salida de los centros educativos. Se trata del CEIP Los Verodes, CEIP Isabel La Católica y CEIP Julio Castillo Torroba, en Tenerife y del CEIP Tenoya y CEO Omayra Sánchez.

La Consejería de Educación tomó este lunes ante la previsión de altas temperaturas de suspender las clases presenciales en la isla de Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo

No obstante, incidió en que el resto de islas y municipios podrían acogerse al protocolo de altas temperaturas de la comunidad autónoma en el que se prevén otras medidas como la salida anticipada del aula.

“En el caso de la salida anticipada del alumnado menor de edad, esta tendrá carácter opcional, no podrá realizarse antes de las 12:00 horas y deberá contar con la autorización de sus representantes legales”, recuerda la Consejería de Educación.

El alumnado que permanezca en el centro será atendido de acuerdo con su jornada lectiva, mientras que los servicios de comedor y transporte mantendrán sus horarios habituales.

De hecho, Educación informó este lunes en un comunicado que los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo: la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.

Cuatro auxiliares de enfermería han logrado que la Justicia les dé la razón en su pleito ante el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) dependiente del Cabildo de la isla. La magistrada titular de la plaza Nº 7 del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha fijado además una indemnización de 2.000 euros a cada una de las demandantes “por el abuso en la temporalidad”.

Según la sentencia, las trabajadoras prestaban servicios para el IASS con una acumulación de 31, 79, 69 y 99 contratos temporales respectivamente. Todos estos contratos fueron iniciados entre los años 2005 y 2012.

Además, todas las demandantes se presentaron a convocatorias públicas de empleo fijo del IASS (mediante concurso-oposición) pero pese a que aprobaron el proceso selectivo no obtuvieron plaza al aprobar más personas que plazas ofertadas. Por ello, se realizaron listas de reserva para aspirantes que hayan superado todas las pruebas de la fase de oposición, “que serán contratados, siguiendo el orden de puntuación final en el proceso selectivo, según las necesidades y modalidades de contratación que se demanden, con carácter laboral interino y/o temporal”.  

En la sentencia se expone que en los últimos puestos ocupaban contratos de interinidad por plazas vacantes que se prorrogaron durante más de 3 a 5 años (entre 2020 y 2021) en hospitales como el Febles Campos, Nuestra Señora de Los Dolores, Santísima Trinidad y la residencia de Ofra.

Durante el proceso, el IASS se opuso a las demandas de las trabajadoras que reclamaban ser consideradas fijas y una indemnización. El organismo alegaba que “los procesos selectivos a los que se presentaron las actoras y superaron sin obtener plaza por lo que no es aplicable lo previsto en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2026 para declarar la fijeza dado que nos encontramos ante un proceso en el que deben concurrir méritos”.

“Atendiendo a las bases de los procesos selectivos convocados por el IASS , y al resultado obtenido por las demandantes en el mismo, se ha de concluir que las demandantes ”superaron“ en los términos del debate, tal proceso selectivo para personal fijo, porque lo que tenía carácter eliminatorio era la fase de oposición, no la de concurso”, subraya la jueza.

La consecución de la fijeza no deriva, por tanto, solamente del mérito y la capacidad, sino sobre todo del factor aleatorio de haber sufrido un abuso en la contratación temporal, lo cual ciertamente podría suscitar problemas a efectos del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, o del principio de transparencia o el criterio objetivo de la equidad a que se refiere el artículo 7.1.a) Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 (suscrita tanto por España como por la Unión Europea) para la contratación de los empleados públicos“, detalla la sentencia.

La jueza remarca la circunstancia de que el proceso selectivo se articulase mediante el sistema de concurso-oposición no determina, por sí sola, que “deba ser considerado un proceso de acceso al empleo temporal a los efectos de la doctrina jurisprudencial invocada como apuntó el letrado de la demandada o que limitara o hiciera menos llamativa la concurrencia a dicho proceso a los ciudadanos aspirantes”.

“Las convocatorias tenían expresamente por objeto la cobertura con carácter fijo de plazas de Auxiliar de Enfermería, sometiéndose a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” y, añade que “las demandantes superaron el proceso selectivo, sin obtener plaza por no alcanzar la puntuación necesaria, quedando integradas en una lista de reserva para posteriores contrataciones temporales”, pero  la contratación temporal posterior no constituye la naturaleza del proceso selectivo que las demandantes superaron, sino una consecuencia de no haber obtenido una de las plazas fijas convocadas“.

Recuerda asimismo que la doctrina de la sentencia del Supremo de 11 de mayo de 2026 establece que, cuando el trabajador ha superado un proceso selectivo para el acceso a personal fijo, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y posteriormente se produce un abuso en la temporalidad, la conversión de la relación en fija no resulta contraria a los principios constitucionales de acceso al empleo público. “La razón no reside en que el procedimiento sea exclusivamente de oposición, sino en que se haya superado un proceso de acceso al empleo público fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El hecho de que dicho proceso se configure como concurso-oposición no excluye esta conclusión, pues lo determinante es que su objeto sea el acceso a plazas de carácter fijo y que el procedimiento garantice aquellos principios”, subraya.

En consecuencia, “habiendo superado las demandantes un proceso selectivo convocado para la cobertura de plazas de personal laboral fijo y acreditado posteriormente el abuso en la temporalidad, no puede acogerse la objeción formulada por el IASS basada exclusivamente en la naturaleza de concurso-oposición del proceso, resultando aplicable la doctrina jurisprudencial referida”, destaca la jueza.

Por ello, procede estimar la demanda y reconocer a las demandantes la condición de trabajadoras fijas por abuso de la contratación temporal.

No obstante, la jueza rechaza reconocer los 10.000 euros solicitados por cada una de ellas, “al no haberse acreditado circunstancias adicionales que, conforme a los criterios expuestos, justifiquen alcanzar dicha cuantía”.

Para el sindicato C-SIF, que ha amparado a las trabajadoras en la demanda, esta resolución “reconoce la fijeza de una trabajadora del ámbito sanitario como medida efectiva frente al abuso de la temporalidad, en aplicación de la normativa europea y de la reciente evolución de la jurisprudencia; así como una indemnización acumulada por los daños morales causados”.

El sindicato destaca que “supone un nuevo varapalo al IASS de Tenerife que se ha prodigado en abusar de una forma alarmante en las contrataciones temporales inusualmente largas en fraude de temporalidad”.

CSIF insiste en que que este procedimiento “no solo representa una victoria personal de las afectadas, sino también un reconocimiento a todos los trabajadores que durante años han sostenido los servicios públicos en condiciones de temporalidad abusiva”.

Mónica Palacios y María Nebot han aterrizado en el proyecto de vivienda colaborativa o cohousing Los Girasoles, en Firgas (norte de Gran Canaria) porque siempre soñaron con un planteamiento vital comunitario, con un modelo de vida que fuera sostenible no solo desde el punto de vista de la naturaleza, que también, sino “humanamente sostenible”, matiza Nebot. “Es un proyecto bonito desde el punto de vista de la arquitectura, del urbanismo y en todo lo que significa vivir de una manera diferente, en el sentido de poder compartir unos servicios comunes”, apunta. Y agrega, que, en definitiva, la idea es contraponer esa sociedad “individualista”, “disparatada” y “derrochadora” y contribuir a que haya otro modelo posible.

Los Girasoles ya cuenta con un solar muy amplio en este municipio del norte de la isla donde pretenden ejecutar el proyecto en el que quieren envejecer de forma activa y cuidando unos de otros, volviendo a esos valores de comunidad en los que se preocupan por tener una vecindad “amable”, donde hay comunicación. Mónica Palacios asegura que lo que a ella le empujó a dar el paso de entrar fue el grupo y el proyecto en sí, además del lugar donde lo construirán en el coincide con Nebot en el que además de estar en contacto con la naturaleza se encuentra muy cerca de otros enclaves y de la ciudad capitalina, a donde pueden acudir para planes culturales.

El proyecto se define como una cooperativa de viviendas, un grupo de personas entre 50 y 70 años que convivirán por un interés común y unos valores. La titularidad de la propiedad corresponde únicamente a la cooperativa y los socios y socias son usufructuarios del bien, de forma indivisible “por lo que no se puede enajenar, separar, vender o alquilar”. El cohousing además consta de viviendas e instalaciones comunes diseñadas entre todas las personas que lo conforman y de espacios privados (pequeños apartamentos) y grandes zonas comunes. Su apuesta es de un máximo de 30 unidades alojativas en las que pueden hospedarse hasta dos personas. Por ello, podrían vivir en el cohousing hasta 45 personas.

La investigadora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) María Luisa Delgado Losada señala que “el cohousing constituye una alternativa residencial especialmente relevante ante los retos demográficos y sociales asociados al envejecimiento. No se trata únicamente de compartir un espacio físico, sino de construir un modelo de convivencia basado en la autogestión, la participación, la reciprocidad y el apoyo mutuo”. Afirma que su principal aportación es situar a la persona en el centro de las decisiones sobre su propia forma de envejecer, preservando su autonomía al tiempo que favorece la pertenencia a una comunidad. Ha realizado una investigación junto a otros investigadores publicada en Frontiers in Public Health en 2026 que concluyó que “este contexto puede asociarse con un mayor apoyo social, menor soledad y mejores resultados en determinados aspectos de la salud psicosocial y cognitiva. Por ello, el cohousing debe entenderse no solo como una solución habitacional, sino como un ecosistema social que puede favorecer un envejecimiento más activo, participativo y conectado”.

María Luisa Delgado Losada considera que su expansión responde a una transformación profunda de las necesidades y expectativas de las personas mayores. “Estamos ante generaciones que desean mantener su autonomía, participar en las decisiones que afectan a su vida y elegir cómo y con quién quieren envejecer. Al mismo tiempo, el envejecimiento demográfico, la soledad social, los cambios en las estructuras familiares y las limitaciones de los modelos residenciales tradicionales hacen necesario explorar nuevas alternativas. El cohousing permite conservar espacios y decisiones privadas, pero incorpora una dimensión comunitaria y de apoyo mutuo. A ello se suma una creciente sensibilización social e institucional hacia estos modelos. Su proliferación refleja la búsqueda de nuevas formas de vivienda y convivencia adaptadas a una sociedad más longeva y diversa”, agrega.

Los Girasoles se inspira en otras experiencias que ya existían en Canarias como Taro Cohousing. Ana Padrón, una de las socias, señala que se creó en 2021, pero el grupo semilla surgió hace siete u ocho años. Subraya que cuentan con un terreno en Tejina y que están luchando para conseguir licencia para empezar a construir. “Es el impulso que nos falta”, apunta. Su proyecto asegura que lo han diseñado en forma de “L” de manera que en la planta baja estén las zonas comunes con comedor, salas multiusos, despachos… Y una primera planta con viviendas, apartamentos.

“Lo que cambia en un cohousing es que aparte de esa vida privada que tienes, tienes una vida comunitaria porque estás rodeado de personas que han querido vivir en un cohousing para cuidarse, para acompañarse, para compartir”, expone Ana Padrón, que incide en que es un modelo ya muy extendido en otras partes de Europa, América con países como por ejemplo Uruguay.

La cultura de los cocuidados

La idea apunta es la de “cocuidarse” y esto “significa que tú tienes que ir al médico y me dice, pues no me gustaría ir solo y yo te digo, yo te acompaño”, agrega Padrón. Explica que para las personas dependientes habrá unas personas que lo hagan, pero sí se hablará de qué cuidados se necesitan y se apoyarán. Así es como lo imagina ella. María Nebot, del proyecto Los Girasoles señala que las personas que viven en el cohousing no son profesionales de los cuidados, pero sí que pueden ayudarse en estar en contacto con el servicio de salud cercano y han hablado de destinar un espacio dentro del proyecto para los cuidados, para incluso que la posibilidad de que puedan existir cuidados incluso compartidos. Si dos personas por ejemplo necesitan rehabilitación puedan acudir juntas.

“Es esa cultura un poco de compartir y tener una vida menos individualista de la que tenemos en la ciudad. Como volver un poco a esa cultura de ese pueblo que se cuida, de lo colectivo. Que tienes unas necesidades y resulta que tienes un par de vecinas por aquí que van a estar y entonces te pueden ayudar, echar una mano”, añade Mónica Palacios, de Los Girasoles.

La investigadora María Luisa Delgado Losada añade que “la evidencia disponible apunta a que la propia estructura del cohousing facilita oportunidades cotidianas de interacción, participación y reciprocidad. En nuestro estudio de 2026 observamos que las personas mayores que residían en viviendas colaborativas presentaban mayor apoyo social y menor soledad social, además mejor rendimiento en test que evalúan determinadas capacidades cognitivas, independientemente de su nivel socioeconómico”.

De hecho, añade que “la participación en la gestión de la comunidad, la toma de decisiones y las actividades compartidas exige mantener una vida social y cognitivamente activa. Es precisamente esta reciprocidad, dar y recibir apoyo, la que considero especialmente relevante. El cohousing no elimina las dificultades propias del envejecimiento, pero puede generar un entorno que favorezca la autonomía, la conexión social y un envejecimiento saludable”.

Cómo se crea la comunidad

Delgado Losada cree que con el cohousing además se recupera el valor de la comunidad y elementos que históricamente formaban parte de muchas formas de convivencia como la proximidad, la ayuda entre vecinos, la cooperación y el sentimiento de pertenencia, “pero los adapta a las necesidades de la sociedad contemporánea”. La diferencia fundamental es que esta comunidad se construye de manera deliberada y participativa, ya que las personas eligen formar parte de ella y establecen colectivamente sus normas, espacios y responsabilidades.

“Frente a una concepción de la vivienda excesivamente individualizada, propone una combinación equilibrada entre privacidad y vida comunitaria. La convivencia no significa ausencia de conflictos, de hecho, requiere gestión y negociación de los conflictos, y compromiso de colaboración y participación en la comunidad. Esta participación cotidiana puede convertirse en un estímulo social y cognitivo, y en una fuente de propósito y conexión para las personas que optan por esta alternativa de vivienda”, apunta.

De hecho para entrar en el cohousing, Ana Padrón subraya que se establece una edad mínima y máxima, que en caso de Taro son los 45 a los 70 años; luego se puede permanecer en el cohousing todo el tiempo que se quiera. Además, si se desea salir de la experiencia se recupera todo el dinero invertido y los herederos también recuperan el dinero, afirma. En el caso de Los Girasoles, la edad es más de 50 años y menos de 70 años de edad en el momento de formular la solicitud de ingreso. Y también inciden en que la inversión o capital social nunca se pierde y es heredable.

Para ingresar en cualquier cohousing es necesario primero conocer al grupo y en el caso de Taro Cohousing incluso organizan talleres para aprender a gestionar las emociones de cara a la convivencia. Antonio Rodríguez, profesor de la Universidad de La Laguna e investigador de Educación emocional y para la creatividad (EMOCREA) ha impartido estos talleres y destaca que en las sesiones fue constatando que “se trata de un proyecto que lo genuino, lo singular de él es precisamente que va más allá de aportar una alternativa habitacional donde obtener la garantía de generar un proyecto colaborativo, comunitario. Porque en realidad el fondo, lo singular, podemos decir hasta lo revolucionario de este proyecto, es que aborda el tema de la convivencia desde una perspectiva del cuidado, del cuidado de lo esencial”.

Señala que estos proyectos se convierten en un espacio donde cuidarse mutuamente, “donde a través de los vínculos que se entretejen en las relaciones convivenciales, esas conexiones sirven para apoyarlos, para cuidarlos, para protegerlos en definitiva, de su propio momento vital, de la vulnerabilidad que tiene su propio momento vital, pero también de las adversidades que tiene la sociedad actual, una sociedad cargada de daño”.

Rodríguez apunta que lo que se hace en estas sesiones es “enfatizar cómo a través de cuidar lo emocional, de trabajar sobre lo emocional, pues damos margen para que ese valor añadido se consolide, se formalice, se visualice para que tengan conciencia de lo que realmente hay en el fondo de esta propuesta. Por lo tanto, más que un taller donde hacemos técnicas de conciencia, de regulación emocional, se ha convertido en un espacio donde enfatizar o ensayar, entrenarnos, por decirlo de alguna manera, en ese cuidarnos juntos y juntas” y agrega que “cuidarnos es lo esencial, porque lo esencial al fin y al cabo de las personas es lo que sentimos, más allá de que haya otras cuestiones materiales, físicas, corporales, al final nuestros sentimientos son los que van a predominar para que nos sintamos bien o nos sintamos mal”.

“Entonces la idea es darle ese cariño al proyecto para que ellos y ellas tengan esa vocación instrumental, formalizada, operativa, de utilizar lo emocional para cuidarse en esos aspectos que son fundamentales para su desarrollo, sobre todo en un momento donde la vulnerabilidad es más que manifiesta”, apunta.

El profesor sostiene también que estas personas que acuden al taller son en su mayoría seniors o jubiladas y que para abrirse hay que tener también dosis de valentía. “Precisamente porque se abren a ellos, desde esa vulnerabilidad que es abrirse para decir que tienen miedo, que tienen tristeza, que tienen frustración, precisamente se están empoderando. Es paradójico, porque al abrirse se conectan con el otro y el otro lo sostiene, y entonces es un poder compartido. Por eso el valor de esta propuesta, la trascendencia es la capacidad de ofrecer modelos alternativos, ya digo, no solo de convivencia, sino de entender las relaciones humanas”, añade.

Según un estudio sobre la Vivienda en Canarias, un capítulo dedicado al cohousing titulado La vivienda colaborativa en Canarias. Hacia un modelo ampliado de habitar colectivamente detalla que estos proyectos de viviendas colaborativas en Canarias se encuentran en la actualidad en las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y mencionaba además de Taro en Tenerife, EntreAlisios, El Principio, Tagoror. Asimismo, El Ciempiés, Los Girasoles y Somos Siempreviva (en Gran Canaria) además de Brisas Canarias y Brisas El Valle en La Palma. Este periódico también entrevistó el año pasado a los promotores de la iniciativa El Chinijo, en Arucas.

En este informe, los profesores Vicente Javier Díaz García, José María López Medina y el doctorando Ricardo García Molina hablan del fuerte impulso en los últimos años, del desarrollo normativo que ya existe, pero de algunas dificultades que aún se sortean como las dificultades para encontrar suelo o las escasas fuentes de financiación especialmente para que puedan acceder personas con menos recursos económicos.

Mientras tanto, los proyectos luchan por seguir dándose a conocer, por sortear las dificultades y con la esperanza de que sus construcciones empiecen pronto e ir ganando cada vez más socios y socias que compartan valores de una vida de cuidados, más sostenible, de justicia social y en la que se huya de la soledad no deseada y el individualismo.

Vivian de La Caridad Suárez es uno de los rostros de la crisis de vivienda que se ha acrecentado en los últimos años y que golpea en especial a las personas más vulnerables. Pese a que no puede caminar sin la ayuda de su andador se ve obligada a residir en un trastero que le ha prestado un buen amigo en un quinto piso sin ascensor de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, pero en el que no puede quedarse mucho más tiempo, ya que las condiciones no son las más adecuadas para ella. Cuenta que tarda hasta dos horas en bajar esas infinitas escaleras empinadas que la conducen a la calle para comprar comida, ir al médico o a por sus medicinas a la farmacia porque se cansa y porque es muy complicado bajar y subir con el andador. “Aquí paso hasta hambre”, asegura Vivian, que muchas veces no puede salir a comprar comida.

Esta mujer, que llegó de Cuba en el año 2019 solicitando su baja consular, asegura que decidió venir a Canarias porque sus padres y abuelos eran de aquí. En Cuba era ingeniera civil. En Gran Canaria trabajó un tiempo hasta que empezó a sentirse mal de una pierna. Le diagnosticaron fibromialgia y después enfermó de cáncer de mama “de alta agresividad” que requiere de seguimiento en la actualidad. Todo ello la ha llevado a su condición actual de persona con discapacidad que depende de muchos fármacos y tiene muchas dificultades para caminar, además de problemas gástricos, incontinencia urinaria y otros problemas de salud que le impiden trabajar a sus 61 años.

Vivian es perceptora de la renta canaria de ciudadanía (733 euros al mes), tiene reconocida una discapacidad del 49% y ha solicitado la ayuda a la dependencia, la cual está esperando. Distintos avatares de la vida la llevaron a que con esta prestación no pudiera pagarse un alquiler, ya que es lo que cuesta un pequeño estudio en la isla y que es lo que asegura que ella necesita. Su buen amigo le prestó este cuarto de manera desinteresada (sin cobrarle nada) en la azotea temporalmente hasta que ella pudiera tramitar una prestación o acceder a una vivienda adecuada con ayuda de una institución pública.

Empezó a residir en este lugar en diciembre de 2024, pero su amigo y su esposa le habían avisado hace tiempo de que a finales de este mes de agosto necesitan ese cuarto trastero para uso de su familia, ya que habían acordado que sería prestado sin contraprestación económica de forma temporal. Además, las condiciones de salud de Vivian se han agravado y el trastero no reúne las condiciones necesarias para que ella viva. El matrimonio además lo componen personas mayores que tampoco pueden ayudarla subiendo y bajando esas escaleras. “Yo les estoy muy agradecida con lo que han hecho hasta ahora”, asegura Vivian. “Yo lo que quiero no es que me den una casa. Quiero que las instituciones me ayuden con un techo en el que vivir”, insiste. Pero lamenta que aunque siente que el pueblo canario “ayuda” los gobernantes no siempre “sienten el dolor ajeno” en especial con la situación de la vivienda.

La lucha por una vivienda adaptada

“Lo que hago no es un reproche al pueblo canario que me ha tratado muy bien siempre, es a los gobernantes, que me ayuden para poder pagar un estudio en condiciones en una primera planta o en un piso con ascensor porque gano 700 euros y así no me hacen un contrato de alquiler”, explica Vivian.

La mujer se ha movido en los últimos meses tocando las puertas de varias instituciones. Muestra con documentos cómo ha solicitado entrar en el programa Canarias Prohogar del Gobierno de Canarias, pero a mediados de agosto se le respondió que le faltaba documentación. Asegura que le insisten en que es un programa para personas en situación de desahucio judicial y que en su caso ha aportado que tiene que dejar ese trastero prestado a finales de agosto y que se trata de una persona con discapacidad, por tanto, vulnerable.

Vivian recuerda que en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma se recoge que “Canarias Prohogar dota de una bolsa de viviendas destinadas a aquellos casos de especial urgencia y necesidad, con atención singular a quienes presenten circunstancias o situaciones especialmente sensibles como discapacidad, violencia de género, etc”. Por lo tanto, la discapacidad, como es su caso, está recogida.

Asimismo, muestra que es demandante de vivienda protegida en Canarias. Una solicitud que realizó en mayo de este año haciendo hincapié en su condición de discapacidad. En las Islas hay más de 34.000 demandantes de vivienda protegida y este año han cambiado los requisitos y en lo que va de año no ha adjudicado la construcción de ninguna vivienda protegida de promoción pública.

En su pequeño cuarto adaptado indica las evidencias de toda la información que ha recopilado y los informes y las solicitudes que ha enviado. También al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a quien ha solicitado el informe de vulnerabilidad social, del que asegura que no le han facilitado aún una copia.

“La diputada del común sí se ha interesado por mi caso y han abierto expediente y han hecho seguimiento”, asegura. “También he acudido al Defensor del Pueblo”, afirma.

Vivian asegura que seguirá luchando hasta conseguir mejorar sus condiciones. En Gran Canaria no tiene familia y su amigo en la isla ya le ha ayudado bastante todo este tiempo. Asegura que se ha caído ya varias veces y que este trastero no reúne las condiciones idóneas dadas sus circunstancias.

Esta redacción ha contactado con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias para valorar el caso de Vivian y solo comentaron que se está evaluado por el ICAVI y que el caso permanece actualmente abierto a la espera de que Vivian presente los documentos requeridos, a pesar de que no aportan información sobre qué documentos faltan. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se ha obtenido respuesta por el momento sobre si se conocía el caso.

Las familias que han inscrito a sus hijos e hijas en escuelas infantiles que dependen de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias se encuentran en la incertidumbre, ya que a finales de agosto aún no se ha publicado la lista definitiva de admitidos en estos centros. “¿Tendré plaza finalmente para mi hija?” Es la pregunta que se realizan algunas familias que no saben a pocos días de que empiece el curso si tendrán que matricular a sus hijos en centros privados en los que quizás tampoco encuentren plaza.

Un padre afectado explica a este periódico que la solicitud de plaza para su hija se efectuó dentro del procedimiento de admisión de las Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. “Las listas provisionales se publicaron a comienzos de julio y el plazo de reclamaciones quedó abierto del 10 al 15 de julio. Sin embargo, casi un mes después, las familias seguimos sin conocer las listas definitivas”, apunta.

“Esta demora no es una simple molestia administrativa. La propia normativa que regula el procedimiento establece que el plazo para resolver las reclamaciones contra las listas provisionales de admitidos y lista de espera será de 5 días hábiles desde la finalización del plazo de presentación de reclamaciones”, agrega.

En la web de la Consejería, de hecho, la última publicación corresponde a la apertura de un plazo extraordinario de inscripción en la escuela infantil Las Folías del 4 al 10 de agosto. Y sobre las listas del resto de escuelas señala que “una vez resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo de resolución sin que se haya presentado ninguna, la directora General de Protección del Menor y de la Familia procederá de inmediato y a propuesta del Jefe del Servicio, a dictar Resolución sobre la lista definitiva de admitidos y lista de espera, las cuales serán expuestas al público en el centro correspondiente y en la Dirección General de Protección del Menor y de la Familia, pudiendo los interesados interponer recurso ordinario ante el viceconsejero de Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir de la publicación”.

En una de las escuelas aparece este cartel: “Por motivos ajenos al centro, la publicación de las listas definitivas de admitidos queda aplazada hasta nuevo aviso” y añade: “Volvemos el 2 de septiembre”. Desde el comité de empresa de las escuelas aclaran que lo que se ha publicado en los tablones de las escuelas es hasta ahora las listas provisionales y que el 2 de septiembre quien empieza son las educadoras infantiles pero no el alumnado, que se incoporaría la siguiente semana.

“Esto afecta directamente a la conciliación de cientos de familias canarias con menores de 0 a 3 años. No es una cuestión individual ni un trámite sin importancia: es un servicio público esencial y la Administración está dejando a las familias en una incertidumbre absoluta a las puertas de septiembre”, añade este padre afectado.

La presidenta del Comité de Empresa, Nazaret Alonso, incide en que es así, en que aún no hay listas definitivas y en que esto ahonda en esa estrategia de “desmantelamiento de las escuelas públicas”. “Ellos mismos se las están cargando porque si no salen las listas definitivas y salgo aceptada en la que he puesto en la segunda opción me voy a otro sitio”.

Señala que esto afecta también en la organización de las propias trabajadoras de las escuelas sobre todo después de que la Consejería de Bienestar Social acordara el cierre administrativo de las escuelas infantiles Las Folías, en Gran Canaria, y Anaga, en Tenerife, durante el próximo, pero que mantendría abierto en esos centros un aula para niños y niñas de 2 a 3 años, aunque de manera “provisional”.

“A fecha de hoy todavía la escuela Folías que sacaron un plazo de 5 días en agosto de matrículas de 2 a 3 años no han dicho absolutamente nada tampoco. Los trabajadores se incorporarán sin organización del curso”, lamenta Nazaret Alonso.

“La etapa de cero a tres es una etapa educativa más, aunque no sea obligatoria”, insiste Nazaret Alonso, que cree que les espera otro año duro y en lucha para evitar el cierre de estas escuelas. Defiende que es una etapa clave desde el punto de vista educativo y de la conciliación y también es necesario que estén ubicadas en los barrios, como es el caso de la de Zárate.

De hecho, los vecinos y vecinas de Zárate se movilizaron en los meses previos a verano para evitar el cierre de esta escuela e incluso llegaron a recoger firmas para impedir su clausura.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Bienestar Social el motivo por el que no se han publicado las listas definitivas de admitidos en estas escuelas, pero aún no ha obtenido respuesta.

“Crucé la frontera francesa en los últimos días de resistencia. Nueve meses más tarde partí a Chile en el Winnipeg”. Así relata en una de sus cartas Nicolás Mingorance, destacado poeta y periodista de Santa Cruz de Tenerife y después represaliado por el franquismo, cómo decidió exiliarse de España cuando avanzaban los golpistas. Esta carta la escribió a su familia en 1983 y la atesora su nieta María del Carmen Mingorance como legado de su abuelo. Al otro lado del teléfono se emociona contando cómo impactó en la vida de toda la familia que su abuelo se viera obligado a exiliarse solo por sus ideales y por haberse resistido al golpe de estado franquista. Fue uno de los cinco canarios de los que se tiene constancia que viajó a bordo del barco que fletó el poeta Pablo Neruda a Chile y con el que consiguieron salvarse más de 2.000 republicanos de distintos puntos de España.

En el Winnipeg también viajó Domingo Calero, el padre de Ana Calero, nacida en Chile y que ha dedicado los últimos años a recomponer esa historia que a los refugiados políticos tanto les ha costado contar por qué han vivido con tanto dolor. Tanto es así que asegura que su padre en un principio ni siquiera quería comprar muebles para su casa en Chile porque guardaba la esperanza de volver pronto a España. Su hija cuenta que siempre decía: “Creo que ya viene la caída de Franco, pero … Nunca cayó”.

Ana Calero forma parte del equipo que investiga en el proyecto Memoria del exilio español en Chile además de un proyecto de diccionario onomástico del Winnipeg y explica que además de su padre y de Nicolás Mingorance, en el Winnipeg huyeron otros tres canarios: Juan Ramírez Sosa, Manuel Rodríguez Bernal y Juan Yusta Torres. El historiador Rubens Ascanio también ha investigado sobre este exilio y destaca que “México, Chile y prácticamente muy poquitos países colaboraron en la salvación de todas estas personas. Chile lo hizo en un momento donde había un gobierno de izquierdas muy acosado por la oposición y por los medios conservadores, pero al final asumió ese reto de rescatar gracias a una figura como la de Pablo Neruda que ya militaba en el entorno del Partido Comunista y que tenía mucha sensibilidad y que frente a las órdenes que le dieron de intentar buscar perfiles técnicos no políticos él abrió la mano y permitió que muchos escaparan del destino que era previsible que era el de los campos de concentración como Mauthausen que es donde acabaron muchos de los exiliados”.

De periodista a la fuga de republicanos en Villa Cisneros

Nicolás Mingorance Pérez (1903-1999) nació en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio del Cabo, en San Telmo. Era el menor de siete hermanos y su padre era marino y procedente de Huelva. Así lo cuenta su nieta Carmen, que ha ido recomponiendo la historia de su abuelo con las cartas que siguió enviando a su familia desde Chile. Su nieta remarca que si por algo destaca Nicolás es por su cultura, pues desde muy joven le atrajo la poesía, pero además trabajó en la prensa tinerfeña, especialmente en el periódico El Progreso: diario republicano, en el periódico La Tarde y fue corresponsal en otras islas. “Él tenía las intenciones de hacer un libro recopilatorio con sus poesías, que nunca llegó a poder terminar ni a poder publicarse”, subraya. En 1923 contrajo matrimonio con Carmen Camacho Díaz. Tuvieron 6 hijos, aunque solo dos (Nicolás y Carmen) sobrevivieron a sus primeros años de vida.

Rubens Ascanio agrega en sus investigaciones que Mingorance “no es ajeno a la efervescencia política que se vive en los años previos a 1931 y sus valores republicanos traslucen por primera vez en la prensa del momento en un artículo dedicado al aniversario de la proclamación de la Primera República”. Asimismo, tanto él como Carmen recuerdan que ya en 1936 era secretario de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife y fue concejal en el último consistorio republicano de la capital tinerfeña.

Nicolás fue detenido al estallar el 18 de julio de 1936 y llevado a Río de Oro-Villa Cisneros, a cumplir trabajos forzados. A los diez meses escapó protagonizando una de las fugas más famosas de republicanos junto con 36 compañeros que asaltaron el vapor Viera y Clavijo, conduciéndolo a Dakar y allí estuvieron atendidos por las autoridades francesas hasta regresar a España. En Barcelona llegó a ser sargento de Infantería en campaña y fue destinado a la Subsecretaría de Guerra, y después al puerto de Barcelona en carga y descarga, al frente de un grupo obrero.

Cuando escapó de Villa Cisneros, detuvieron a su esposa, que murió a los 15 días de estar encarcelada. Él mismo lo contó en sus cartas: “Cuando escapé de Villa Cisneros, murió mi compañera Carmen Camacho Díaz, la cual dejó a una hija de pecho de quince días” y en la misiva también lamentaba que murió “amargada por los trabajos carcelarios” y que de ese suceso se enteró por la información facilitada por la Cruz Roja Internacional.

Posteriormente, cruzó la frontera francesa en los últimos días de la resistencia y partió a Chile en el Winnipeg, país en el que rehizo su vida. Se casó con Francisca Puig en 1941 y tuvieron un hijo, Taoro, en 1943. En 1950 le dieron la permanencia indefinida en Chile, país en el que entró como refugiado político. “Nunca en estos años pisé la embajada de España, y solo tuve relación con mis dos hijos por escrito. Mis hijos viven en Santa Cruz de Tenerife”, explicaba en las misivas.

De La Semana Roja de La Palma a Francia y Chile

Otra figura destacada es Domingo Calero. Su hija ha ido recomponiendo su historia, primero veía que en los listados de viajeros Winnipeg venía mal escrito el apellido de su padre, también aparecía con otra profesión. Él era secretario judicial, primero en La Palma, donde se sacó la oposición. También fue uno de los fundadores junto a su hermano Jacobo del CD Tenisca, pero en total eran ocho hermanos y hermanas, la mayoría mujeres y más mayores que él.

Domingo Calero no hablaba mucho de lo que le ocurrió en España durante su vida en Chile, pero su hija sí recuerda que tenía restos de metralla en su cuerpo, en su mano y en su cabeza. Vestigios del dolor que pasó en una guerra que nunca debió producirse. En Chile nunca perdió sus valores ni ideas políticas aunque no participó activamente y al principio los años fueron muy duros porque tuvo que aceptar los trabajos que le salían, pero después se fue formando por su cuenta en contabilidad y trabajó de ello toda su vida allí. “La mayoría de los refugiados contaron muy pocas cosas”, lamenta Ana Calero, “porque fue tan doloroso, tan terrible, esos campos en Francia …”, aunque cree que hay similitudes en lo que contaban como que “no les gustaban las lentejas, eso es súper común porque en los campos de concentración solo les daban lentejas”.

Pero ¿qué le llevó a tomar la decisión de exiliarse? Domingo Calero al igual que su hermano Jacobo fueron personas que restieron en La Semana Roja de La Palma, es decir, mientras el resto de Canarias iba cayendo al golpe de estado franquista la isla bonita resistió una semana al golpe, pero lo hizo de forma pacífica hasta que llegó el cañonero Canalejas y la fuerza del bando sublevado fue mayor, por lo que quienes habían participado en esa resistencia tuvieron que esconderse en el monte, es decir, los alzados de La Palma. Los hermanos Calero fueron dos de esos alzados. A Domingo eso le llevó a estar varios meses en los montes hasta que consiguió escapar en un barco llamado Añaza a Mauritania, un barco que Ana Calero explica que fue capitaneado por Juan Ramírez, uno de los canarios que también se exilió en el Winnipeg.

“En La Palma durante una semana ellos tuvieron el control total de la realidad. Estaban armados, tenían la posibilidad de haber cometido algún tipo de exceso, pero no lo hicieron, o sea, fueron absolutamente respetuosos con todos los sectores de la gente más conservadora, de los espacios que abiertamente apoyaban, digamos, a sus adversarios, pero eso no sirvió para nada cuando llegan los militares el 25 de julio ahí a Santa Cruz de La Palma, lo que empieza es realmente un proceso brutal de represión, de tortura y de asesinato y de desapariciones. Hay como una respuesta tan brutal en una realidad pacífica”, sostiene el historiador Rubens Ascanio.

A mediados de 1937 logra llegar a Valencia donde trabaja como secretario judicial. Posteriormente, combatió en el Frente de Aragón (antes de la batalla del Ebro) y fue herido. Después cruzó los Pirineos y fue enviado al campo de concentración francés de Magnac-Laval. Fue seleccionado para refugiarse en Chile y viajó a bordo del Winnipeg.

Ana explica que su padre no quería volver a España mientras estuviera la dictadura de Franco, pero como sus hermanas se hacían mayores volvió a La Palma en 1974 donde se reencontró con sus hermanos, también con Jacobo, figura de resistencia republicana que se exilió a México. A Canarias volvió varias veces más hasta su muerte para encontrarse con su familia, pero ya había rehecho su vida en Chile con Anilda San Martín Martínez, la madre de Ana.

El exilio y la memoria democrática

Carmen Mingorance señala que exiliarse en aquellos años no fue una hazaña sencilla, cruzar el Atlántico en esas condiciones y viendo que la dictadura se iba a imponer y cree que fueron muy valientes. Explica que, no obstante, durante mucho tiempo ha imperado el silencio y que ella conoció la historia de su abuelo cuando tenía ya unos 12 años.

Ana Calero también insiste en que es necesario rescatar del olvido a las personas que se exiliaron. “Hay que ayudar un poquito también a que se sepa del exilio, que tal vez no se sabe tanto”. Cree que a ello contribuye también que se haya estrenado este verano la película Winnipeg, el barco de la esperanza de Beñat Beitia y Elio Quiroga y basada en la novela gráfica de Laura Martel.

Rubens Ascanio también incide en que es de justicia recuperar nombres como el de estos republicanos. “Hubo miles de personas solamente en la migración clandestina que se dio entre finales de los 40 y principios de los 50 estamos hablando de más de 12.000 canarios que salieron de forma ilegal, de forma clandestina de Canarias para intentar buscarse la vida en embarcaciones, pero no con condiciones algo muy parecido a lo que vemos hoy en nuestras costas, gente que se amontona y prácticamente sin agua ni comida intenta cruzar el Atlántico para lograr una vida mejor. Eso evidentemente es una parte del exilio igual que todos esos canarios que acabaron repartidos por el mundo intentando rehacer su vida. Yo creo que es más que necesario recuperar y dignificar”.

El proceso de regularización de personas migrantes (cuyo plazo finalizó el 30 de junio) ha dejado resultados en el mercado laboral canario. Según un reciente informe de CCOO Canarias, en el Archipiélago han aflorado 11.329 empleos en el mes de julio que estaban en la economía sumergida.

De hecho, durante el último mes se perdieron 14.622 afiliaciones a la Seguridad Social y con la incorporación de estos más de 11.000 trabajadores y trabajadoras regularizados de la economía sumergida, la caída neta del empleo en las islas durante el mes de julio se amortiguó, y quedó en una pérdida final de 3.293 afiliaciones (-0,3%).

En el ámbito nacional, según ha informado en agosto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha sumado 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026.

El sindicato concluye que el proceso extraordinario de regularización supone “un avance significativo desde el punto de vista laboral y social” ya que miles de personas que ya desarrollaban una actividad económica dejan de permanecer ocultas en la economía sumergida para incorporarse plenamente al mercado de trabajo formal. Según el Ministerio, en las Islas un total de 37.525 personas solicitaron la regularización.

Seis de cada diez nuevas afiliaciones registradas durante el último año responden a este proceso de regularización, “que incorpora al sistema de protección social a personas que desarrollaban una actividad laboral, pero fuera de los registros oficiales”, recuerda CCOO.

“Durante este mes no se produce tanto una creación extraordinaria de empleo como la incorporación a la economía formal de empleo que ya existía previamente. El proceso de regularización convierte situaciones laborales invisibles en empleo reconocido legalmente, ampliando los derechos de las personas trabajadoras y fortaleciendo, al mismo tiempo, el sistema de Seguridad Social mediante un mayor número de cotizantes”, insiste en sindicato.

Apunta que este fenómeno también se da en el conjunto de España con una intensidad y unos porcentajes muy similares, lo que evidencia el efecto estructural de esta medida sobre las estadísticas laborales.

Por otro lado, el informe apunta que en el mes de julio el desempleo registrado se sitúa en Canarias en 144.168 personas, un 4,6% menos que hace un año. Pero con respecto a junio, el desempleo aumenta en 1.759 personas, rompiendo la tendencia decreciente que hemos ido observando a lo largo de los últimos años.

Asimismo, el informe de CCOO subraya que la población extranjera extracomunitaria supuso 1.014 personas desempleadas más que hace un año, lo que supone un incremento del 6,82%, frente al descenso general del 4,6% del conjunto del paro registrado.

No obstante, “este aumento no responde necesariamente a una destrucción de empleo entre este colectivo, sino a que miles de personas regularizadas pueden inscribirse por primera vez como demandantes de empleo y acceder plenamente a los derechos que ofrece el sistema público de empleo”.

“En consecuencia, el incremento de este colectivo mejora la calidad y representatividad de las estadísticas laborales”, destaca el sindicato.

El informe también pone el foco en que en julio se destruyó empleo principalmente relacionado con el ámbito de la educación por el fin del curso escolar “reproduciendo un comportamiento estacional que se repite cada verano y que tiene una incidencia muy significativa sobre el conjunto del mercado laboral”.

Por otro lado, se detalla que la hostelería incorpora 2.114 nuevos empleos respecto a junio, mientras que el comercio suma otros 1.797, “a pesar de las notables reticencias que estamos encontrando este año en la creación de empleo en estos sectores”.

“En consecuencia, puede afirmarse que julio combina dos fenómenos paralelos: por un lado, una destrucción estacional de empleo derivada principalmente del final del curso escolar y, por otro, la incorporación al mercado laboral formal de miles de personas que ya trabajaban en la economía sumergida y que ahora pasan a formar parte de las estadísticas oficiales. Pero en términos netos, hay destrucción de empleo”, apunta CCOO.

Una medida de justicia social

El proceso de regularización de personas migrantes pudo solicitarlo aquellas personas que extranjeras en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 o para solicitantes de protección internacional que lo hicieran antes de enero de ese año.

El sindicato subraya que el proceso de regularización permite que una realidad laboral preexistente pase a estar reconocida legalmente, fortaleciendo la protección social, mejorando las condiciones de trabajo y ampliando la base de cotizantes que sostiene el sistema de Seguridad Social.

“Esta medida representa, además, un importante avance en términos de justicia social. Garantizar derechos laborales a quienes ya contribuían al funcionamiento de la economía reduce los espacios de explotación, favorece la igualdad de oportunidades y fortalece la competencia leal entre empresas”, aclara.

De hecho, “un mercado laboral más transparente beneficia tanto a las personas migrantes como al conjunto de la sociedad de Canarias, al reforzar los ingresos públicos y consolidar un modelo económico basado en el empleo digno y en el respeto a los derechos laborales”, insiste CCOO.

1.932 alertas por violencia machista. Fueron las llamadas recibidas al servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112 en el mes de julio, el mes con más alertas desde que se creó este servicio en el año 1999. El 61% de las llamadas fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y hubo que activar la intervención policial, sanitaria, o de los Dispositivos de Emergencia insulares.

Pese a que este año se han roto los registros es una tendencia que ocurre cada verano, cuando aumentan las llamadas para alertar de casos e violencia machista en verano. En 2025, los meses con más llamadas según aseguró el Instituto Canario de Igualdad fueron julio y agosto, este último con 1.836 llamadas.

Elisa Pérez Rosales, del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, explica que “en los períodos de vacaciones, las pasan mucho más tiempo con sus maltratadores, están más controladas, tienen más limitado su propio movimiento. Entonces debe haber campañas específicas en determinados momentos del año”. Este sentido, remarca que “debe reforzarse ese tipo de campañas porque los datos nos avisan de que es posible que aumente, por la experiencia ya de años anteriores”.

Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, apunta que en los períodos estivales “hay más tiempo de convivencia familiar y eso agrava las crisis” y añade que además venimos de la celebración de un Mundial de fútbol masculino, períodos en los que suelen aumentar también las llamadas de alerta de casos de violencia machista.

En el ámbito nacional, durante el verano además se han producido varios crímenes machistas, uno de ellos se produjo en un cuartel de la Guardia Civil. Este año 36 mujeres han sido asesinadas, según los datos del Ministerio de Igualdad, 1377 desde que se empezaron a contabilizar los datos.

Para Elisa Pérez Rosales, “hay que identificar dónde está fallando el sistema para poder cambiarlo, es decir, el problema en muchas ocasiones de lo que ocurre con las herramientas en el marco de las políticas de igualdad y de violencia contra las mujeres es que no se revisan”, asegura. Incide en que el sistema Viogen te da también los instrumentos para poder evaluar y hacer una crítica sobre qué está ocurriendo.

Porque “el sistema está fallando” y eso, asegura, genera mucha inseguridad entre las mujeres que están en situación de violencia de género, para ellas, para sus hijos y para sus hijas. “Y el fallo no es nuevo, esto no es algo nuevo, esto es algo que se está dando desde hace muchísimos años”, agrega la portavoz del foro.

A su juicio, también tiene que haber voluntad política y de que “la violencia contra las mujeres sea una de las primeras cuestiones que esté en la agenda política”.

Aumentan los casos activos y no hay dirigentes formados

Nereida Vizuete incide en que desde la Red “nuestra preocupación y es constante precisamente por ese sentir de que no se está trabajando nada con estrategia y en profundidad. Sabemos que todos los periodos vacacionales, igual que todos los momentos de crisis, son perjudiciales y aumentan los momentos de peligro para las mujeres. Pero es que los datos que sacó el propio Gobierno de Canarias hace nada son tremendos. Es decir, hablaban de mil y pico activaciones del DEMA en seis meses. Esto, según nuestros cálculos, es una activación cada cuatro horas”, subraya.

“Es tremendo que no estemos en una situación de trabajar de forma estructural, integral, con todos los recursos sobre la mesa”, apunta. La portavoz de la Red añade: “Insistimos en que esto pasa porque quienes están al frente de las principales instituciones no tienen ni idea. Porque el viceconsejero de Igualdad no tiene ni idea porque ni se dedica a esto, ni nunca se ha dedicado. Y la directora (del Instituto Canario de Igualdad) tampoco”.

En este punto ahonda Elisa Pérez Rosales, que cree que “el Instituto Canario de Igualdad tiene que ser un instrumento también que valide y que ponga en marcha y revise y evalúe las políticas de igualdad, pero para eso tiene que estar al frente una persona que tenga experiencia en la materia. Eso es fundamental. Y en eso también se pone de manifiesto el interés que realmente tiene el Gobierno de Canarias por las políticas de igualdad y por los recursos que se están poniendo para dar respuesta a las situaciones de violencia contra las mujeres”, subraya.

Los colectivos feministas han reprochado el nombramiento de la nueva directora, hija de la fallecida Ana Brito (anterior directora) y sin experiencia en puestos de igualdad o formación en el ámbito. También han reprochado que no tenga esta formación el viceconsejero del área, Juan Martínez Doreste, un ingeniero experto en Marketing.

“No puede ocurrir que, como está ocurriendo ahora, estemos en agosto sin hacer ningún trabajo profundo, sin que las áreas principales de Educación, Sanidad, Justicia, hayan hecho trabajo profundo durante todo el año, y luego nos llevamos las manos a la cabeza, hay miles de llamadas de emergencias”, incide Vizuete.

La portavoz de la Red insiste en la necesidad de que se aborde un trabajo integral del sistema, “que si todas las áreas estuvieran trabajando de forma coordinada con la estrategia conjunta, pues igual tendríamos un poco más de resultados, pero ahora mismo se están haciendo todo el tiempo proyectos”, lamenta.

Encontrar mujeres en los carteles de los principales festivales de música de Canarias es tarea difícil. Localizarlas entre las personas que encabezan la programación es casi imposible. El balance en materia de igualdad de los conciertos que tienen lugar este verano en las islas es desolador. Solo dos mujeres entre 19 cantantes o un cartel donde el 71% de los artistas principales son hombres son algunos ejemplos. Esta tendencia ocurre en todo el panorama nacional, ya que según un estudio de la asociación MIM, las mujeres solo ocupan el 22% de los carteles de los festivales.

“No nos dimos cuenta” o “no había mujeres disponibles” son las respuestas habituales cuando se denuncia la falta de paridad. Sin embargo, el mensaje que se traslada a la sociedad en realidad es, según la gestora cultural y socióloga Beatriz Bello, que “las artistas mujeres no tienen calidad suficiente como para que alguien pague una entrada”.

“Lo que no hay es el paso previo, que es dar el espacio a esas mujeres para que puedan ejercer su profesión”, subraya Bello. La gestora cultural apunta que esto se puede extrapolar a cualquier otro ámbito: “Para las mujeres, siempre es mucho más difícil que se les reconozca un mérito. En el ámbito cultural, el trabajo que tú haces es muy público. Entonces, si tú eres buena pero tu trabajo no se ve porque no estás programada, no tienes manera de demostrarlo”.

La falta de paridad responde a una falta de concienciación y de implementación de las leyes, pero también a que los principales festivales de Canarias están dirigidos por hombres. “Hay instalada una naturalidad en esta rueda de seguir privilegiando a los artistas masculinos, y cuando hablamos de mujeres también hablamos de disidencias. Todo el colectivo LGTBIQ+ también queda fuera de las principales programaciones de festivales”, añade Bello.

Para Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social, los festivales y en general la cultura “siguen teniendo una mirada increíblemente machista y androcéntrica”. “Parece que hubo un momento en el que remontó un poco y empezó a haber cierta paridad en los carteles, pero este verano, por ejemplo, parece que deja de estar de moda y han vuelto a hacer carteles mayoritariamente masculinos o de grupos masculinos”, añade.

Ninguna artista quiere tener esa sensación de que la llamas por cuota o porque a una semana del festival os dais cuenta de que tenía que haber mujeres

Laura Viñuela — Musicóloga y coeducadora

Vizuete subraya que suele trabajar en puntos violeta de muchos eventos y percibe que el tipo de artistas que están en los festivales define también al tipo de público. “Sigue pareciendo que la música o el arte creada por chicos es para todo el mundo y que la música creada por chicas es de nichos”, apunta. “No podemos ser nichos si somos la mitad de la población, parece que a las mujeres solo las van a escuchar las mujeres, cuando hay mujeres que cantan increíblemente bien en todos los géneros, porque no hay géneros donde las mujeres no estén”, añade.

Análisis de los festivales de Canarias

El Granca Live Fest, que tuvo lugar en Gran Canaria entre el 2 y el 5 de julio, vendió 90.000 entradas y contó con el apoyo de diferentes administraciones públicas de Canarias. De los 28 artistas que componen su cartel, 21 eran hombres, un 67,8% del total. Entre los 14 cantantes y bandas colocados como artistas principales, solo hay cuatro mujeres.

El Tenerife Cook Music Fest, celebrado entre el 16 y el 18 de julio, solo incluyó a cuatro mujeres entre los 14 artistas previstos, un 28,5%. Este festival recibió 100.000 asistentes. Por otra parte, el Lava Live Lanzarote Music Festival protagoniza el ejemplo más grave, con solo dos mujeres en un cartel de 21 artistas.

A partir de septiembre se celebra en Lanzarote el festival Arrecife en vivo, al que aún le quedan artistas por confirmar. De los 23 grupos o artistas que hasta ahora se han confirmado, solo hay cinco mujeres o grupos donde hay integrantes mujeres además de hombres. En octubre tendrá lugar en Arucas una nueva edición del SUM Festival que, de 18 artistas, en su cartel cuenta solo con cinco mujeres o grupos que también integran mujeres además de hombres.

Hay instalada una naturalidad en esta rueda de seguir privilegiando a los artistas masculinos, y cuando hablamos de mujeres también hablamos de disidencias

Beatriz Bello — Gestora cultural

“Esto es el síntoma de todo lo que todavía queda pendiente por hacer en el mundo de la música, que además es uno de los campos en los que más difícil está siendo meter un poco de perspectiva de género”, explica la musicóloga y coeducadora Laura Viñuela. Según la investigadora, lo que nos indica la ausencia de mujeres, sabiendo que no es que no existan mujeres haciendo música, “es que toda la línea de toma de decisiones que lleva al cierre de un cartel está ocupada en gran medida por hombres con una perspectiva androcéntrica”.

Viñuela también critica que se avise a las mujeres artistas con poco tiempo para “cumplir una cuota”. “Ninguna artista quiere tener esa sensación de que la llamas porque a una semana del festival os dais cuenta de que tenía que haber mujeres. A veces la única manera de que te metan en un cartel es que ya seas una superartista”, subraya.

La desigualdad en los festivales va más allá de los carteles. “Toda la parte tanto administrativa como técnica que permite que exista el concierto o el festival presenta una desigualdad clarísima, además de una segregación horizontal brutal”, indica Viñuela. La musicóloga pone como ejemplo al personal de limpieza o a quienes atienden en venta de entradas, donde hay muchas más mujeres. “Todo lo que tiene que ver con la parte técnica sigue siendo un campo muy masculinizado, cuando hay muchísimas mujeres formadas en ese campo también”, subraya.

Cuando el algoritmo premia a los hombres

Medir la calidad de los artistas por la cantidad de reproducciones que tienen en las plataformas digitales tampoco es un criterio libre de machismo. “Antes escuchabas música porque te la ponían en la radio, ibas a conciertos en tu ciudad o te comprabas un disco porque te gustaba la portada y no tenías ni idea de quién era. Ahora la música la elegimos menos porque se nos ofrece, y el algoritmo y la IA tienen cero perspectiva de género”, explica Viñuela. “La idea de que ahora cualquiera sube sus canciones y puede llegar a todo el mundo es mentira, porque hay muchos filtros invisibles”, añade.

“El problema es que estas plataformas, que funcionan con algoritmos, es que reproducen la propia cámara de eco. Entonces, si tú escuchas un tipo de género y sobre todo escuchas a artistas masculinos, lo que te va a ofrecer es más de eso”, ejemplifica Viñuela.

Sigue pareciendo que la música o el arte creada por chicos es para todo el mundo y que la música creada por chicas es de nichos. No podemos ser nichos si somos la mitad de la población

Nereida Vizuete — Portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social

Ejemplos de festivales con perspectiva de género

Hay festivales que nacen con la intención de revertir esta situación de machismo en la industria. Un ejemplo de ello es HER Feminist Festival, un encuentro cultural que este año se celebrará del 22 al 26 de septiembre en Tenerife y que visibiliza el arte, el pensamiento y la música creados por mujeres, personas trans, no binarias y disidencias de género. “La idea nació hace años, desde la observación constante de un desierto y muchos años de trabajo en diferentes ámbitos de la industria cultural y los festivales”, destaca su directora, Alejandra Galo.

Para Galo, los datos que evidencian la falta de paridad aún en los festivales “no es falta de talento, es la demostración de un sistema que lo invisibiliza”. Apunta que HER Feminist Festival nació para equilibrar esa balanza y demostrar que otro modelo de festivales y de narrativas culturales son posibles. Llevamos ocho ediciones y los datos han mejorado, lo cual confirma que el camino andado era una necesidad absoluta.

Sostiene que es fundamental crear un festival feminista en Canarias. “No es una cuestión de capricho, es de justicia y de necesidad social”. Y agrega que “no estamos creando un espacio segregado, estamos creando un espacio seguro que el sistema se ha empeñado en negarnos”.

“Es la contradicción en la que nos hemos visto obligadas a vivir”, señala Laura Viñuela, musicóloga y educadora. Lo ideal, señala la investigadora, sería no tener que diseñar un programa especial para las mujeres, pero añade que es la única forma de sortear todos los obstáculos con los que se topan las artistas en el resto de festivales. “Te ponen en horario infantil o en un horario terrible, te pagan menos,… Estos festivales a veces son la única manera de disfrutar de hacer música, de tocar, hacer red, que es lo que quiere todo el mundo que se dedica a esto, y te ahorras todo ese desgaste”, apunta.

La presión sobre las mujeres artistas tampoco ha disminuido con los años. “Si lo haces bien te dicen que no se lo esperaban, y si no lo haces bien es porque este no es tu sitio. El fallo o la mediocridad es algo que a las mujeres todavía no se nos permite”, dice la experta.

Alejandra Galo ha incidido en otras entrevistas en que “no faltan mujeres en los festivales, sino que sobra machismo” y se reafirma en este periódico en que “es la frase que define nuestra razón de ser y que todo el sector debería tener grabada a fuego”. “Es un recordatorio de que el problema no es la oferta, sino la demanda y los sesgos de quienes programan. Mientras no se asuma que el problema es estructural,que sobra un machismo que invisibiliza, que perpetúa la desigualdad y que sigue poniendo barreras, los carteles seguirán siendo un reflejo de ese desequilibrio. No es una cuestión de cuotas, es una cuestión de hacer bien el trabajo”, apunta.

En HER, Feminist Festival desde la organización hasta el cartel están liderados por mujeres y disidencias, “lo que nos permite tener una mirada completamente diferente sobre qué es relevante y quién merece un escenario”, apunta su directora.

Asimismo, en La Palma tendrá lugar Isla Bonita Love Festival y que se ha caracterizado por el “respeto a la diversidad afectiva y sexual”. Este año su cartel lo componen mujeres. El Festival Boreal también incide en sus comunicados en que garantiza “la paridad estricta” y la “igualdad de oportunidades” así como el veto a las canciones sexistas.

El papel de las administraciones públicas

Bajo el listado de nombres, es frecuente identificar en los carteles los logos de las administraciones públicas que apoyan estos festivales. Para las expertas, son precisamente las instituciones las que deben velar por el cumplimiento de la ley y citan, entre otros, el artículo 26 de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta normativa establece que las autoridades públicas deben velar por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades en la creación y producción artística e intelectual y la difusión de la misma.

“Muchas veces el proyecto cumple sobre el papel pero en la realidad no”, apunta Beatriz Bello, que plantea que las administraciones supervisen y comprueben que los festivales que apoyan sean paritarios. “Como con todos los derechos, hasta que esto no esté naturalizado e instalado, sí que hay una responsabilidad de tener que revisar. No puedes esperar que por buena voluntad de repente los programas empiecen a ser igualitarios”, afirma.

No estamos creando un espacio segregado, estamos creando un espacio seguro que el sistema se ha empeñado en negarnos

Alejandra Galo — Directora del HER Feminist

Nereida Vizuete, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria y educadora social añade que desde los movimientos feministas siempre han defendido la importancia de que la igualdad “se impulse desde aquellos festivales que tienen patrocinio público, porque para eso es que haya patrocinio público, e implica mejorar todas aquellas desigualdades que se producen de forma estructural y que se empuje en cierta manera a equilibrar la mirada”.

“Es superimportante porque es una forma de transmitir información al mundo y que no parezca que solo los hombres producen cultura o música de calidad suficiente para llamar la atención de un cartel. Que las mujeres estén de relleno o en pequeñito es cuanto menos curioso cuando somos la mitad de la población”, subraya. Por su parte, Bello insta a los artistas hombres a “acompañar a las mujeres en esta lucha” y que también reclamen la presencia de sus compañeras en los escenarios.

Alejandra Galo incide en que es necesario que las instituciones y los grandes festivales “implementen de forma real y efectiva criterios de paridad, no como una foto ni para conseguir más puntuación en la concurrencia competitiva a la hora de solicitar una subvención, sino como un compromiso firme y revisable”.

Por ello, recuerda que “la igualdad no es un camino que se recorre solo; necesita de medidas que allanen el terreno, que rompan los techos de cristal y que dejen de poner excusas”. “La administración debe entender que la rentabilidad no se mide solo en ingresos directos, sino en generación de comunidad, referentes, tejido cultural y cantera artística”, concluye.

El Banco de Sangre en Canarias sigue afrontando las consecuencias de la crisis en la que lleva sumido los últimos años. Uno de los últimos episodios que lo puso de manifiesto fue la pérdida de 3.500 bolsas de plasma. ¿El motivo? Fallos en la cámara de refrigeración. Unos fallos que siguen ocurriendo, denuncian los trabajadores. El representante sindical de CCOO y delegado de personal del Banco de Sangre, Daniel Quintero, explica a este periódico que tienen que restringir la captación de plasma y que se tiene que trasladar las reservas fuera del banco (a otros hospitales públicos) para mantenerlas.

Quintero apunta que aunque es cierto que la cámara “se parcheó” y “estuvo medio funcionando un tiempo”, “hace ya semanas que vuelve a estar mal y estamos teniendo que restringir la captación de plasma en las unidades de donantes de plaquetas y de plasma. Y eso es gravísimo porque realmente ya estamos diciéndole a personas que acuden a donar que uno de los productos que se les puede extraer no se les extrae. Estamos hablando de una opción concreta, como son las donaciones de aféresis”.

Y agrega que se está “teniendo que llevar a cámaras fuera de la institución para que ese plasma no se vuelva a desechar cuando hemos tenido unas cámaras a un 25% menos a la temperatura que deberían estar dando”.

Por su parte, desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia aseguran a este periódico que realizan un “mantenimiento diario de las cámaras frigoríficas que se encuentran en fase de obsolescencia, por lo que se ha adquirido 15 máquinas nuevas que se espera poder recepcionar el próximo mes y que han supuesto una inversión de 278.100 euros y otro ultracongelador de 92.700 euros”.

“Los controles diarios de esa maquinaria evitan la rotura de la cadena de frío y en cuanto se detecta una anomalía se toman medidas para evitar la pérdida de plasma, lo que ha permitido que no se produzca pérdida alguna”, inciden desde la Dirección General a este periódico.

No hay suficiente stock y “caos” en la gestión

El representante de los trabajadores insiste en que los problemas con el mantenimiento del plasma no es lo único que afecta al banco de sangre e incide en que hay un problema de gestión y de planificación. Otra de las cuestiones a las que apunta que reivindican los trabajadores es que se reparen las unidades móviles de extracción de sangre que asegura que llevan tiempo averiadas.

“Es normal que cuando las cosas están todos los días en uso y a máximo rendimiento, porque aquí ya no paramos de trabajar, sábados y domingos incluidos, porque como no abordamos lo que es el stock mínimo para salir fuera de esa crisis constante que tenemos de falta de sangre, pues eso no para”, insiste Quintero.

Señala que en estos momentos el Banco de Sangre lo componen unas 150-160 personas, pero “es un personal que cuando está medianamente formado se acaba yendo”. Quintero habla de “saturación, falta de gestión, coordinación y comunicación. Por lo que han acudido a Inspección de Trabajo.

“Lo que queremos básicamente es defender el servicio público, porque de verdad que creemos en lo que hacemos”, sostiene.

Quintero añade que hay un reglamento europeo SoHO que exige cumplir con una serie de condiciones técnicas para cumplir con una serie de exigencias en la extracción. Y agrega que las condiciones de los centros con los que cuenta el Banco de Sangre tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife no se cumple con esos requerimientos técnicos y “no han visto ni un solo avance” , unos criterios que tienen que cumplir antes de agosto del próximo año.

Otra de las cuestiones en las que incide Quintero es en la falta de stock de sangre, lo que lleva a tener que reprogramar operaciones en ocasiones. En un momento como agosto, en el que tradicionalmente bajan las donaciones, la situación se puede volver crítica y el representante sindical lo achaca a la falta de previsión.

Este mismo viernes, desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que done sangre de forma regular, “especialmente, durante los meses de verano, una época estacional en la que descienden las donaciones mientras las necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias permanecen estables o, en algunos casos, se incrementan”.

Según explicaron desde la Dirección a este periódico “en cuanto a las reservas de sangre, se encuentran en los niveles habituales del mes de agosto, en los que tradicionalmente descienden por el período vacacional de los donantes; de ahí que hayamos hecho llamamientos específicos antes de la salida de vacaciones y tengamos a las unidades móviles ubicadas en las zonas de mayor tránsito de personas. Por ahora, el stock existente da respuesta a las necesidades sanitarias y esperamos poder continuar así durante este mes de agosto que es el más complicado habitualmente”, asegura.

En el llamamiento inciden en que “la sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente, por lo que la donación voluntaria, altruista y regular sigue siendo la única forma de asegurar su disponibilidad cuando un paciente la necesita. Cada donación puede contribuir a salvar o mejorar la vida de varias personas y convertirse en una nueva oportunidad para quienes atraviesan situaciones médicas complejas”. Y agregan que con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía, se desplegará la próxima semana una amplia red de dispositivos móviles de extracción en distintos municipios del archipiélago y mantendrá operativos los puntos fijos de donación en todas las islas.

La Justicia ha obligado al Ayuntamiento de Arona (donde gobierna PP-CC-Vox) a readmitir a una trabajadora embarazada despedida por un concejal de extrema derecha. La mujer fue despedida 21 de noviembre de 2025, pero en septiembre de ese mismo año había causado incapacidad temporal por embarazo.

“La alcaldesa del Ayuntamiento (Fátima Lemes Reverón, del PP), previo informe/propuesta del segundo teniente alcalde (Naim Yánez Alonso, de Vox) de fecha 13 de noviembre, y mediante resolución de 21 de noviembre, procedió al cese de la trabajadora, por pérdida de confianza”.

La sentencia de la plaza número 1 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, adelantada por Diario de Avisos, subraya que no queda justificada otra razón distinta para determinar el cese de la demandante como personal de confianza, por lo que se ha producido una vulneración del derecho fundamental.

Según el fallo, que no es firme, la mujer había empezado a trabajar en el Ayuntamiento en enero de 2025 en horario de 08 a 14.00 como personal de confianza y según se alega en esa sentencia “hasta junio de 2027”. “La relación laboral se desarrolla en general, con normalidad, por mucha negativa a este respecto que se pretenda hacer ver por el concejal”.

“Las principales anormalidades de la relación son, de hecho, mayores sacrificios y dedicaciones que mi mandante ponía en el desempeño de sus funciones, lo que implicaba trabajar mucho más que el horario acordado con D. Naím, realizando funciones más allá de las propias de un asesor e incluso, trabajar durante fines de semana”, destaca la sentencia.

“Esta situación es la tónica general en la relación laboral de autos, donde nunca se respeta el supuesto horario de trabajo pactado (de 8:00 а 14:00)”, asegura la demandante.

El Ayuntamiento, por su parte, se opone a los argumentos de la trabajadora. Y segura que el cese se debe a la pérdida de confianza motivada por “reiteradas faltas de asistencia y puntualidad, escasa implicación en las labores de apoyo y asesoramiento que le correspondían, insistencia en el teletrabajo, cuando el puesto exigía presencialidad continua, así como baja productividad”.

La Fiscalía, por su parte, incidió en que la trabajadora fue cesada como personal eventual menos de dos meses después de la fecha de su baja médica, sin que en la resolución de cese se incluya una motivación mínima más allá de la mera referencia a un escrito previo del concejal al que estaba asignada como persona de confianza en el que no se incluyen argumentos relativos al cese de la confianza determinante del nombramiento, sino exclusivamente al problema jurídico de reemplazar a la trabajadora ante la situación derivada de su baja médica por embarazo.

“Consecuentemente con lo anterior, la Administración demandada deberá acreditar la razonabilidad de su actuación e inexistencia de la vulneración del derecho fundamental”, incide el Ministerio Público.

El magistrado considera que la trabajadora sí que ha sufrido una lesión concreta respecto del Derecho Fundamental. Y agrega que “en efecto, y como señala la Administración, la configuración legal del personal de confianza de los cargos políticos, como es el caso, prevé que su cese se podrá adoptar en cualquier momento, cuando dicha confianza desaparezca. No obstante y como refiere el Ministerio Público, cuando la motivación de dicho cese obedezca a circunstancias discriminatorias o no queda acreditado por parte de la Administración, que el mismo obedeció a otra circunstancia ajena a la fuente de discriminación, entonces será contrario a Derecho”.

La sentencia añade que teniendo por acreditada “la falta de aptitud de la actora o de interés para el desempeño de su trabajo, lo que no queda acreditado ni justificado en la resolución recurrida ni de las explicaciones dadas por el concejal, el porqué, ese cese no se produjo antes, pues tal y como expusieron los testigos, los incumplimientos de la actora para con su trabajo asignado, fueron destacables desde el primer momento, recordemos, a principios de marzo de 2025”. Por ello, incide en que en este caso, el cese no estuvo motivado por esa causa sino por el embarazo de la demandante.

“El cese de la actora, tras conocerse su estado de gestación, obedeció a motivos discriminatorios, contrarios a nuestro sistema constitucional, en concreto a la cláusula 14 de la CE y el Derecho Fundamental a no sufrir discriminación. La Administración, no explica de forma coherente, que el cese de la actora obedeció a otra causa distinta de su estado de embarazo, situación que pese a régimen jurídico que le resulta de aplicación, es merecedora de especial protección”.

Por todo ello, incide en que debe reincorporar a la trabajadora a su puesto “con abono de los salarios devengados desde el cese hasta la incorporación, lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Administración, si ha fenecido la confianza en la misma, para proceder conforme a Derecho, teniendo en cuenta el régimen jurídico de personal eventual que resulta de aplicación”.

El magistrado desestima la petición de la demandante de una indemnización y considera que suficiente el resarcimiento en cuanto a la reincorporación dejando sin efecto el cese, así como el derecho a percibir los respectivos conceptos económicos que procedan, sin que la actora, más allá de la cita de la sentencia en la que fundamenta esa regla de tres, justifique unos daños merecedores de una cuantía mayor o de una medida de restablecimiento más efectiva que la acordada en esta sentencia.

No obstante, el fallo aún no es firme y cabe recurso.

La familia de Juana Ramos, la mujer desaparecida en agosto de 2016 en Gran Canaria, ha solicitado 17 años de cárcel para su presunto asesino. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, detalla en concreto que se pide 15 años de pena por un delito de homicidio y otros dos por otro delito contra la integridad moral. También le reclama 300.000 euros y asumir el coste de las actuaciones necesarias y razonables de localización de Juana Ramos.

La desaparición de Juana Ramos generó una fuerte conmoción. Su cuerpo no ha sido encontrado pero pasó a ser considerada en las estadísticas oficiales como víctima de violencia de género en 2018. Su familia espera que pronto pueda celebrarse el juicio.

En el escrito de acusación detallan todo un entramado de contradicciones en el relato que ha descrito en estos años el marido de Juana Ramos, Miguel Ángel Ramos Quesada, que tenían períodos de convivencia intermitentes. Desde julio de 2016 residían por separado y aquel 20 de agosto se pusieron en contacto, relata la familia, para verse y salir juntos. Sobre las 20.00 horas el acusado pasó a recogerla en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria y pusieron dirección a Arucas.

Juana jamás regresó al domicilio. Y ahí radica una de las contradicciones del acusado, que aseguró a las brigadas que dejó a su esposa de vuelta en La Paterna sobre las 00.30 horas del sábado. Juana en realidad no regresó y “el rastro de la señal del móvil se pierde en Bañaderos”.

En el escrito también se expone que el 13 de septiembre el acusado volvió “a faltar a la verdad” en cuanto a la descripción de la vestimenta que portaba el 20 de agosto “pues consta en el soporte de grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial Carrefour Las Arenas que se observa que el día 20 de agosto de 2016, el acusado a las 19:09 horas, entra en dicho establecimiento en compañía de su hija, vistiendo un polo de color rojo con el cuello blanco, pantalón largo oscuro y unos zapatos también oscuros. Sin embargo, en la diligencia de reconstrucción de los hechos el acusado, al ser preguntado por la ropa que tenía cuando fue a Carrefour la tarde del sábado 20 de agosto, manifestó que tenía una camiseta negra, resultando que es de color rojo con el cuello blanco”.

Asimismo, subraya el escrito que “en la diligencia de reconstrucción de hechos el acusado falta a la verdad en cuanto al recorrido que explica que hizo junto a Juana, que no coincide con la ubicación de los teléfonos móviles de ambos, habiendo manifestado el acusado que nunca se bajaron del coche desde que la recogió y la dejó en su domicilio de La Paterna en un espacio de menos de tres horas”.

Otro detalle que expresa la familia en el escrito es que Juana no regresó a su domicilio la madrugada del domingo 21 de agosto de 2016, pues “la alarma de su vivienda que ella siempre conectaba antes de acostarse no fue conectada la noche del sábado al domingo. Juana nunca conectaba la alarma al salir, sino cuando estaba en su domicilio”, exponen.

También inciden en que una vecina de Juana, que asegura haber estado despierta hasta las 04:00 de la madrugada del 21 de agosto, no oyó ningún coche pararse delante del bloque ni la vio llegar a su domicilio.

Otro aspecto en el que hacen hincapié es en que el domicilio, el establecimiento que regentaba (negocio de alimentación) y el vehículo de la desaparecida, estaban en perfecto estado, faltando únicamente la ropa y efectos personales que llevaba la noche del sábado. No faltaba ropa ni otros enseres personales en el domicilio.

“Para evitar ser descubierto y determinar cómo le arrebató la vida a Juana, Miguel Ángel se deshizo del cadáver de Juana, lo que ha producido que después de desarrollarse a lo largo de los años una intensa y amplia búsqueda, al tiempo presente, siga sin encontrarse vestigio biológico alguno de la víctima siendo destacable la nula colaboración del acusado en las labores de búsqueda de quien había sido su pareja sentimental durante trece años”, considera la familia en el escrito de acusación.

Además, Juana Ramos no ha realizado actividad alguna desde la fecha de su desaparición que permita inferir que sigue con vida, y carece de sentido una desaparición voluntaria cuando además se encargaba de del cuidado de sus padres octogenarios, e igualmente ayudaba a su hija Dácil en el cuidado de su nieto Hugo, con autismo.

La familia de la víctima ve relevante destacar que el acusado no quería que Juana se relacionara con su familia, ni que tuviera amigas y que antes de su desaparición había conocido a personas con las que estaba iniciando una relación de amistad.

De hecho, Juana habría reconocido a su nuera que seguía teniendo contacto con el acusado por una deuda económica que este le generó al traspasarle un negocio, “cuando él ya sabía, que Hacienda le impondría una multa económica y a pesar de ello, no le importó que Juana tuviera que hacer frente a las deudas: una de quince mil euros y otra de unos nueve mil aproximadamente, deudas que habían sido generadas por negocios del acusado”, detalla el escrito.

También se incluye que el 26 de noviembre de 2018, dos funcionarios del Grupo de Homicidios se encontraban realizando un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre el sospechoso y que al percatarse del seguimiento se dirige a ellos de muy malas formas espetándoles “¿Qué pasa?”. Acto seguido el acusado accede a su coche mientras continúa hablando y dice “ojalá y yo se lo agradezco, ojalá y aparezca ahora y viva y den un golpe sobre la mesa”, mientras le consta que los funcionarios policiales están cerca.

“Sin embargo, transcurridos varios minutos y cuando se percata de que ya no está siendo observado se registra la siguiente frase ”vas a encontrar, una mierda vas a encontrar tú“. La familia considera que esto apunta a que el acusado ”sabe a la perfección que el cuerpo sin vida de Juana no va a ser encontrado jamás, pues dicha expresión no es propia de quien desea que aparezca con vida“, concluye.

Y añade en el escrito que “el acusado actuó así con su ex pareja al no aceptar la decisión exteriorizada por Juana de querer tener una vida independiente de sus criterios, ajena a sus imposiciones, molesto porque ampliaba sus relaciones sociales con nuevas amigas, habiendo ejercido sobre ella una conducta vigilante con una necesidad de control de sus contactos, visitas, temeroso de una ruptura definitiva, habiendo aprovechado la utilización de una deuda económica derivada de la gestión de los negocios del mismo que estaban a nombre de Juana, para presionarla y conminarla al mantenimiento de la relación”.

Cabe recordar que el escrito de acusación de la familia coincide con el de la Fiscalía, que sostiene que en algún momento de ese trayecto o durante las horas posteriores, el acusado “acabó con la vida de la mujer”, aunque no ha podido determinarse ni el lugar exacto ni la forma en que se produjo la muerte.

La Audiencia de Las Palmas rechazó en 2024 el recurso de presentado por la defensa de Miguel Ramos contra el auto del Juzgado número 2 de Violencia Sobre la Mujer de la capital que acordaba seguir con el procedimiento de la Ley del Jurado que, por tanto, continúa.

El cuerpo de la mujer no ha sido hallado hasta la fecha, pero la magistrada María Auxiliadora Díaz sostiene que existen indicios suficientes de que Miguel Ramos presuntamente la mató y, por ello, dictó el auto de inicio del procedimiento por la ley del Tribunal del Jurado.

Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido noticia nacional en las últimas semanas tras proponer bajar el sueldo a las personas de baja para combatir “el cáncer” del absentismo. Unas afirmaciones en las mezclaba incapacidades temporales con absentismo laboral, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el hecho de que un trabajador no se presente a su puesto de trabajo “sin motivo justificado”. Un supuesto en el que no entrarían las bajas por enfermedad como afirmó Feijóo en sus declaraciones. Se trata de un discurso en el que lleva tiempo incidiendo la CEOE de Tenerife, por ejemplo, que incide en ello en sus informes y que ha llegado a promover un “buzón de bajas fraudulentas”. Y es además un discurso al que se ha sumado recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón anunciando una comisión para combatir el “absentismo” pero incidiendo en que se han incrementado con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

CCOO y UGT remarcan que se vuelve a mezclar absentismo laboral confundiéndose con bajas médicas e incluso permisos de paternidad y maternidad y por otros motivos. “El absentismo en Canarias no llega al 1%”, remarca, mientras insisten en que de lo que no se habla es de salud laboral.

Para Ignacio Hernández, secretario de Acción Sindical de CCOO, “todas estas palabras que hemos escuchado a Feijóo que no son nuevas, y las calificamos de lamentables, surrealistas incluso, y encima es un insulto a la clase trabajadora, pero es que también a los profesionales médicos, porque de alguna manera está diciendo que están prevaricando, que están en un fraude de ley, cuando da baja sin tener que dar esa baja, ¿no? O sea, un despropósito, un insulto, una falta de respeto, y encima habla del cáncer, sabiendo que hay 14.000 procesos oncológicos en este país, y son de origen laboral, o sea, y que en España cada año mueren 6.000 personas, 6.000 fallecimientos son cánceres originarios de trabajo, por tanto, todo esto es un despropósito”.

Hernández añade que se está hablando además con “datos manipulados” haciendo referencia al bajo porcentaje de absentismo que existe realmente. “Hay régimen sancionador, si tú faltas a trabajar se te sanciona, se te descuenta el día”, recuerda.

Considera además que está empezando a calar un relato entre patronales, extrema derecha y derecha que es perseguir las enfermedades comunes. “O sea, tienes un proceso de cáncer, estás con quimio, lo quieren perseguir, quieren recuperar algo que ya puso Rajoy en 2012 con su reforma magnífica, que era el despido por estar de baja, el despido, aunque esté justificada, eso se derogó, pero quieren volver a retomarlo”, lamenta.

Para Héctor Fajardo, de UGT, Feijóo “parece que demuestra su desconocimiento del derecho laboral, de cómo funciona el tema de las bajas laborales, la baja por IT por incapacidad temporal. Algo que no nos sorprende, no nos sorprende demasiado, pero sí nos preocupa, porque, por otra parte, esto ya viene a decir que en su programa de gobierno lo que pretende es recortar derechos a los trabajadores. Hay que recordar a Feijóo también que las bajas, las personas que estén de baja por enfermedad, por IT, en la normativa básica ya cobran menos del 100% de su base de cotización, ya por estar de baja se cobra menos”.

“Otra cosa es que a través de la negociación colectiva, a través de los pactos entre patronal, sindicato o la representación legal de los trabajadores en una empresa, y la empresa se complementa el 100% de la cotización de baja por IT, pero esto cuenta con el acuerdo entre patronal y sindicato o entre empresa y la representación legal de los trabajadores. Entonces, esto que dice él de que aunque haya pacto al contrario, ello aboga por pagar menos a un trabajador que esté de baja, aparte de ser ilegal lo que está diciendo, muestra un desprecio absoluto hacia el diálogo social y la negociación colectiva. Y también muestra un desprecio absoluto hacia la propia patronal, a pesar de que está planteando defender sus decisiones”, agrega Héctor Fajardo.

Fajardo también incide en la idea de que “confundir absentismo con incapacidades temporales, aparte de que vuelve a demostrar su desconocimiento, pero aparte vuelve a hacerle el juego a la patronal con una campaña que está desarrollando a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, sino aquí a nivel regional a patronal en Canarias. Están fomentando un discurso que es falaz, que lo que viene es a criminalizar a los trabajadores, dando por hecho no solamente a los trabajadores, sino también a los profesionales, a los facultativos, acusando los de fraude. Que nos parece muy grave”.

A Fajardo le sorprende que el Colegio de Médicos, por ejemplo, “tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife ”no haya puesto el grito en el cielo, ante las acusaciones de la patronal de estar acusando a los médicos de realizar fraude y de mentir en esas bajas, en esas bajas que las da un facultativo, y precisamente es un facultativo su rigor científico a la hora de establecer si la persona puede trabajar o no, si le está haciendo esas acusaciones“.

Alarma ante la mesa que anuncia la consejera de Sanidad

El vicesecretario General de Organización y Comunicación de UGT añade que otra cuestión que preocupa al sindicato y que no es la primera vez que pasa, es que la administración, el Gobierno regional “le compre también el mismo discurso a la patronal y ahora haya creado una mesa de absentismo vinculada con la ITE, la Consejería de Sanidad, que quiera crear una mesa de absentismo. Oye, si vamos a hablar de bajas, si vamos a hablar de incapacidades temporales, es cierto que hay un porcentaje alto de incapacidades temporales, pero eso tiene que ver con la escasa política de prevención de riesgos laborales, la escasa política de promoción de la salud en los entornos laborales. Esto es responsabilidad única y exclusivamente, bueno, principalmente vamos a decir, de las empresas”, asegura.

“Si hubiera una política fija de prevención de las enfermedades, no solamente de enfermedades de origen laboral, sino de prevención de la salud o de promoción de la salud, seguro que las incapacidades temporales se reducen. También mejorando las condiciones de trabajo, mejorando las sobrecargas laborales que hay, también se reducen las incapacidades temporales”, advierte.

“Entonces, eso es mejor manera de resolver este problema que no mirar a los trabajadores y criminalizarlos. Porque al final lo que están intentando hacer es trabajar enfermos. Y eso, a la larga, aparte de ser una política bastante estúpida, porque lo que va a provocar eso es que bajas se alarguen, se cronifiquen”, agrega.

En este punto, Ignacio Hernández añade que a esa mesa que ha anunciado la consejera de Sanidad no se ha invitado a los sindicatos. “Vamos a hablar, pero vamos a hablar de verdades, de lo que realmente está pasando. Porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿por qué no hay inversión en prevención de riesgos laborales? Vamos a buscar el origen de esas bajas médicas, de esos accidentes. El año pasado murieron 30 personas en Canarias, no volvieron a su casa a ver a su familia. Pues no se ha invertido en prevención de riesgos laborales, inviertan en prevención de riesgos laborales, evalúen por qué esas ansiedades, por qué esas hernias, por qué esas intoxicaciones de los bomberos forestales…

Asimismo, apunta que cuatro de cada diez horas extras que se hacen, ni se pagan, ni se cotizan, ni se compensan y pese a ello al Gobierno de Canarias solo le interesa hablar de productividad. “Un informe del BBVA dice que en los últimos 25 años ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras un 22%, producimos mejor las personas trabajadoras, mientras que en nuestros últimos 25 años, la productividad de las empresas, que son otros factores que se miden distintos, ha caído hasta un 21%”, apunta. “Entonces, el problema no son los trabajadores, las trabajadoras, el problema es otro”, agrega.

El secretario de Acción Sindical de CCOO pone el ejemplo de la hostelería en Canarias, con jornadas de turnos partidos, salarios más bajos que en el resto de España y muy precarizada. “En Canarias se produce, los trabajadores producen, pero es el sistema productivo canario el que no es eficiente”, sostiene.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, también se ha pronunciado recientemente en comisión parlamentaria acusando al Gobierno de Canarias de “comprar el relato a la patronal” sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.

Según sus declaraciones, recogidas por EFE, rechazó también que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo “no llega al 1 %” en Canarias.

Además, afeó al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.

Se llamaba José Carlos Gómez Viera y fue la primera víctima del golpe de Estado en el municipio de Arucas. Falleció el mismo 19 de julio de 1936, cuando la ciudad encabezó uno de los principales focos de resistencia al bando sublevado en el norte de Gran Canaria. Gómez Viera fue una de esas personas que defendió el municipio y que se mantuvo fiel a sus ideales, los de la “libertad, la justicia y la legalidad democrática”.

Mónica Rodríguez, su sobrina nieta, explica a este periódico que en casa de su abuela siempre se habló de lo que había sucedido. “Mi madre nos contaba que lo mató un guardia civil al que llamaban el garbanzo”, asegura. También le contaron que cuando trasladaron su ataúd al cementerio su abuelo y otra persona lo llevaron casi arrastrando porque se oían disparos.

Rodríguez señala que su tío abuelo era panadero, cazador y de ideas anarquistas. “Se reunían en la peluquería, en la barbería, para hablar y pese a que él no sabía leer ni escribir quería mejorar la vida de la gente, trabajar menos y cobrar más”.

Así lo describió también su amigo Juan Henríquez González, en julio de 1986 , en un artículo en el periódico La Provincia en el que dijo que era panadero, analfabeto, buen conversador a pesar de su gaguera, que le gustaba la cacería y estar al tanto de la política. Era además en la barbería donde se reunían personas de todas las esferas sociales a conversar. También contó que fue en la azotea de la casa de los Blanco donde el cabo lo fulminó a bocajarro.

“En Arucas, en el 36 ya se olía a pólvora y se había recrudecido la lucha de pensamiento. Se hablaba de las huelgas de los obreros, de los distribuidores de leche, de las amas de casa. Había destrozos en las fincas, se prendió fuego a un coche en el puente…”, dijo en ese artículo en el que se mencionaba además que José Gómez ya comentaba que si se daba una revolución él sería de los primeros en caer.

En el documental Canarias: 50 años tras la oscuridad se ahonda en el papel de Canarias como lugar desde donde Francisco Franco conspiró para dar ese golpe de estado ilegítimo contra la II República. Arucas fue precisamente el epicentro del norte de Gran Canaria que lideró la resistencia al golpe. Una resistencia liderada por el delegado gubernativo de la zona norte, Fernando Egea, y el diputado comunista Eduardo Suárez. Se llegaron incluso a dinamitar varios puentes para evitar la entrada de los sublevados al municipio. Pero finalmente, muchos de esos dirigentes se vieron obligados a huir y fueron capturados y condenados a pena de muerte.

Una familia atravesada por el dolor

Mónica Rodríguez explica a este periódico que su bisabuela, Anastasia, era comunista. Se separó de su marido y crió sola a sus cuatro hijos: a sus dos hijas y a sus dos hijos, entre ellos José Carlos Gómez Viera. A ella la llamaban “madrina tata” porque llevaba a bautizar al barrio de Cardones a niños de familias represaliadas o que no tenían padres o que sus madres eran prostitutas. Tenía más de 60 ahijados. “Ella llevaba a mi madre muy pequeñita a Gando, al campo de concentración, para mandar mensajes a las familias de los que estaban allí presos”. Llevaban unos pequeños papeles y se los pasaban a través de la niña.

“Me imagino que los ideales que tenía José Carlos serían los ideales que tenía mi bisabuela, lo que vivió dentro de su casa”, añade Monica Rodríguez. Ya en democracia cuenta que una persona de una conocida ferretería de Arucas le aseguró a su familia que aún conservaba el arma que portaba su tío abuelo el día que fue asesinado.

Rodríguez incide en que en su familia siempre se habló de este tema y que José Carlos al final perdió su vida simplemente por sus ideales siendo una persona sin estudios, que era panadero y que trabajaba por su jornal y defendía que mejorase la vida de los demás.

En este sentido, incide en que ahora más que nunca es necesario seguir reivindicando la historia de estas personas que lucharon por la democracia y por defender unos valores. Explica que ya el Ministerio de Memoria Democrática otorgó en 2025 el reconocimiento de víctima del franquismo a su tío abuelo, primera víctima del franquismo en la ciudad de Arucas.

Este domingo está previsto un homenaje a las 11.30 horas en la calle León y Castillo número 8, en Arucas. “Será un espacio de recuerdo, reconocimiento y compromiso con la memoria democrática, en homenaje a José Gómez Viera y a todas las personas que defendieron la libertad, la justicia y la legalidad democrática sufriendo por ello la represión”.

El nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón Brito, hija de la fallecida Ana Brito, ha generado revuelo entre los colectivos feministas de Canarias que han cargado en los últimos días contra el “nepotismo” y la “falta de experiencia” de este perfil.

Elisa Pérez Rosales, portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife ha señalado a este periódico que “este nombramiento transmite un mensaje algo peligroso para la ciudadanía en el sentido de que lo entendemos como puro nepotismo y que la ciudadanía está recibiendo un mensaje de que los cargos son heredables”. Por otro lado, en el foro entienden que “este nombramiento no es ético ni estético” y agrega que “la falta de experiencia en materia de igualdad por parte de esta persona elegida pues pone de manifiesto la importancia que le da el Gobierno de Canarias a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

La portavoz del foro recuerda que Canarias suele ser muchos meses del año una de las comunidades con mayor tasa de víctimas de violencia machista. Por ello, le sorprende que pese a que el Ejecutivo canario es conocedor de ello lo que destaque de la nueva directora sea su trayectoria en la gestión pública, pero no tenga experiencia en cuanto a políticas para combatir la violencia machista o formación en igualdad.

De hecho, tras el nombramiento de la nueva directora el pasado lunes, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello excusó su falta de experiencia en igualdad y el motivo por el que se había decantado el Gobierno de CC-PP por ella en que “se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

“La violencia machista nosotras siempre hemos entendido que es un tema que debe estar en la agenda política, pero que esa agenda política tiene que definir muy muy bien los perfiles que pone al frente de sus administraciones”, apunta la portavoz del Foro contra la Violencia de Género.

“Pone de manifiesto que qué importancia le da el Gobierno de Gran Canaria en estos momentos a los temas de igualdad. No es suficiente el compromiso político”, apunta Pérez Rosales, que aclara que no es un ataque personal hacia Ana Padrón Brito sino “una crítica a una decisión política que nos parece totalmente incorrecta”.

Estas decisiones señala Elisa Pérez Rosales supone que “llevemos como tres años insistiendo en la parálisis que tiene el Instituto Canario de Igualdad porque no pone en marcha políticas adecuadas para hacer frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

Del mismo modo se ha pronunciado Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, que apuntaba hace unos días a este periódico que la crítica hacia la nueva directora no es personal y que trasladan sus condolencias por el fallecimiento de su madre. “Es obvio que lamentamos el fallecimiento de la directora”, añade. “Por supuesto que le acompañamos en el sentimiento a su hija, que esto no tiene nada que ver con ella personalmente, pero que es una cuestión de importancia, de darle prioridad a esto”

“Y qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas en Canarias, y a las víctimas de violencia que no se les está dando ninguna salida, y que vemos un instituto que está abandonado, que tramita sus pensiones tarde, que no gestiona los fondos del Pacto de Estado, que todavía no se sabe dónde están los de este año, que no tiene políticas específicas, ni buenas ideas, ni ideas valientes, y la acción más interesante que se les ha ocurrido es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”, lamenta.

Para la Red Feminista, este nombramiento “evidencia que al Gobierno de Canarias no le preocupa la violencia machista ni fortalecer las políticas de igualdad, sino mantener la cuota política de una institución que debería estar liderada por los mejores perfiles profesionales”.

La activista feminista y promotora de igualdad Meritxell Salazar subraya que este nombramiento lo valora “casi que un atentado a las políticas de igualdad en Canarias. Estamos hablando de una comunidad autónoma donde en el último trimestre de 2025, solo en el último trimestre, se abrieron o se denunciaron más de 2.500 casos de violencia de género, estamos hablando de que actualmente hay más de 6.500 casos activos por Viogen, estamos hablando de que llevamos tiempo denunciando desde los colectivos feministas la inacción que hay en el Gobierno de Canarias en cuanto a los fondos del Pacto de Estado, y ahora poner al frente a una persona que no tiene experiencia previa en el ámbito de la igualdad, lo que implica que el organismo canario que tiene que aplicar, evaluar, coordinar las políticas relacionadas con las violencias machistas, va a estar al frente una persona que carece de experiencia previa en ello”.

“Y a eso se le suma que el hecho de que sea la hija de la anterior directora implica que además esa administración pública o la administración pública en la comunidad canaria se está entendiendo como un patrimonio familiar o como una empresa privada que se puede heredar los cargos en función de quien sea”, lamenta la activista feminista.

Salazar cree que hay una especie de estrategia en el Gobierno de Canarias de “dejar morir” las políticas de igualdad“ y sobre todo ” a las mujeres víctimas de violencia machista“. En este sentido, al igual que Nereida Vizuete reprocha que es la tónica habitual en el Gobierno de Canarias ya que el viceconsejero de Igualdad tampoco tiene experiencia en el área.

Cree que lo que hay que hacer ahora es “depurar responsabilidades” dar explicaciones y escuchar a los colectivos. Sostiene que debe haber perspectiva de género algo de lo que cree que carecen las políticas del Gobierno de Canarias.

Elisa Pérez Rosales incide por su parte en que “es impensable que haya al frente una persona que no tiene una formación adecuada y que no tiene una experiencia en esta materia para estar al frente de un organismo tan importante como es el Instituto Canario de Igualdad.Porque hay que dinamizarlo, y para eso hay que tener un perfil adecuado”, apunta.

Campaña en redes sociales

Desde la Red Feminista de Gran Canaria, además, se promueve una campaña en redes sociales para “buscar directora del ICI”. “Si pudiéramos hacer nosotras una oferta de empleo para la dirección del ICI seguramente se parecería mucho a esto”, explica el post en redes en el que piden experiencia en igualdad, conocimiento profundo de la violencia machista, capacidad para escuchar antes de decidir, conocimiento de las convocatorias del sector, que sepa qué son los Fondos del Pacto de Estado“.

También reclaman que “tenga empatía con las víctimas, habilidades de diálogo y consenso, independencia de criterio para defender los derechos de las mujeres, liderazgo, entender que el feminismo solo avanza cuando no deja a ninguna mujer atrás”.

En la campaña se pide que la nueva directora haya trabajado con mujeres víctimas de violencia machista, conozca el tercer sector, plantear políticas públicas que pongan la vida en el centro.

El Gobierno de Canarias ha presumido este martes de haber reconocido en los primeros seis meses de este año 22.850 prestaciones de dependencia, lo que supone un total de 54.584 prestaciones concedidas en la legislatura actual, un dato que ha anunciado en contraposición a las 20.073 que asegura que se concedieron durante toda la pasada legislatura.

El Ejecutivo de Coalición Canaria y PP obvia en su balance que, según los últimos datos publicados por el IMSERSO (que pertenecen al mes de mayo), 14.446 personas siguen en el limbo de la dependencia, es decir, pese a tener el derecho reconocido siguen sin recibir la prestación.

Además, las prestaciones que han experimentado un mayor aumento son la teleasistencia que pasa de 4.382 en el mes de enero, según los datos del IMSERSO a 12.356 prestaciones. La teleasistencia es una de las prestaciones que más rentables sale a los gobiernos autonómicos y que no puede ser considerada una de las ayudas básicas que se otorga a una persona dependiente, sino una prestación complementaria.

La ayuda a domicilio se mantiene estancada en 551 mientras en enero se otorgaban 1434. En cuanto a centros de día y noche , en mayo se otorgan 5.603 plazas; 285 más que en enero. En cuanto a atención residencial, actualmente hay 5450 plazas y a principios de año 5532; un ligero incremento de 80.

“Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura”, afirmó Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia. Un decreto que no contó con el respaldo con los colegios de trabajo social ni con el de los sindicatos ni trabajadores de la Consejería.

La entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días. No obstante, la directora general, Concepción Ramírez, señaló que “el tiempo real de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, aunque este dato todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual”.

La Consejería volvió a afear este martes que la Comunidad Autónoma asume actualmente el 78 % del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22 %, porcentaje que continúa por debajo del 50 % previsto en la Ley de Dependencia.

No obstante, cabe recordar que el Gobierno estatal anunció recientemente que transferirá 237 millones de euros más (236.603.016 euros) al Gobierno Canario entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo de la ayuda a la Dependencia.

El Ministerio de Derechos Sociales estimó este fin de semana que Canarias podría reducir un 34% su lista de espera en dependencia con la nueva financiación estatal. En concreto, prevé que a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Canarias caerá en 600 personas al tiempo que se incrementa en 16.600 el número de personas que entran en el sistema.