Canarias lleva días en vilo ante la llegada del buque Hondius, en el que se detectó el brote de hantavirus en el que fallecieron tres personas. El barco finalmente fondeará en el interior de la dársena del Puerto de Granadilla y estará asistido por un remolcador. “Los pasajeros tendrán una evaluación epidemiológica antes de desembarcar para comprobar que siguen sin síntomas”, ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García. 

El despliegue en el puerto se ha terminado de preparar este sábado y ha sido supervisado por una comisión técnica, formada por técnicos y representantes de varias administraciones. Allí se ha instalado un puesto de mando avanzado con un amplio operativo. 

Durante los últimos días, los dirigentes de PP y Coalición Canaria han sido muy críticos con la llegada del buque insistiendo en que se quedara en Cabo Verde y después en que fondeara en Granadilla en que no atraque. Otro requisito en el que ha insistido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo es en que esté el menor tiempo posible en las Islas. 

El Gobierno estatal ya ha explicado las razones por las que el barco llegará a Canarias y por las que no era posible realizar esta operación en Cabo Verde. Y el director de la OMS, que estará presente en la llegada del buque en Tenerife, se ha dirigido a la población tinerfeña: “Esto no es otro COVID-19, el riesgo del hantavirus sigue siendo bajo”

Cuándo llega el barco y cómo será el desembarque

El barco llegará entre las 04.00 y las 06.00 de la mañana al Puerto de Granadilla. Al amanecer, empezará el desembarque. Previsiblemente, los 14 pasajeros españoles y el experto en infecciosas de la oficina de la OMS para África serán los primeros en bajar. 

Mónica García ha incidido en que el desembarque se realizará en lanchas de forma escalonada. El resto del pasaje irá bajando en coordinación con los distintos operativos de repatriación. Bajarán en grupos de cinco en cinco personas y por nacionalidades.

La ministra insistió en que como medida preventiva adicional, todas las personas desembarcadas usarán mascarilla FFP2. También el personal operativo implicado en traslados y logística. Asimismo, los equipos sanitarios uilizarán equipos de protección individual. 

Por otro lado, en la rueda de prensa y más tarde en la red social X, Mónica García aclaró que el cuerpo de la persona fallecida no desembarcará en Canarias. El buque continuará rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.

Traslado en guaguas y repatriación

Los pasajeros del buque, cuya compañía Oceanwide insiste en que se encuentran asintomáticos, serán trasladados en guaguas burbujas hacia el aeropuerto de Tenerife Sur donde les esperan sus aviones para ser trasladados a sus países de origen.

Solo podrán llevar un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa, con lo imprescindible: documentación, móvil, cargador y otros artículos básicos.

El ministro de Interior, Grande Marlaska recalcó que los viajeros sólo bajarán cuando estén completamente listos para despegar los aviones que deberán llevarles a sus países de origen. Hay programados vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda o Países Bajos. También insistió el ministro en que estas personas no van a tener contacto con la población local.

Trabajadores del Puerto

Pese a la inquietud mostrada en un principio por trabajadores del puerto y las manifestaciones que se han producido para demandar seguridad ante la llegada del buque, sindicatos como CSIF o UGT han hecho un llamamiento a la tranquilidad. 

UGT, mayoritaria en el ámbito portuario, subraya que la plantilla de la Autoridad Portuaria “está plenamente preparada, tanto desde el punto de vista operativo como en materia de prevención y seguridad, para afrontar la situación con las máximas garantías”. Y CSIF ha incidido en que en Tenerife disponen de los equipos de protección necesarios para recibir la llegada del buque. 

“Riesgo bajo”

“Quiero insistir en que todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica, coordinación internacional y respuesta rápida están funcionando correctamente. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo”, dijo la ministra. 

Esta semana, en una entrevista con Canarias Ahora, el epidemiólogo Amós García subrayó que lo que tiene es “miedo” a cómo se contagia el miedo ya que el riesgo al hantavirus para la población es “muy bajo”.

Se llamaba María Gema y tenía 57 años. El pasado miércoles, su expareja la asesinó en Santa Úrsula, en Tenerife y también hirió de gravedad a su madre, que se encuentra hospitalizada. Este viernes, la Red Feminista de Gran Canaria ha celebrado una concentración “de denuncia, rabia y memoria”.

“Ya advertíamos a comienzos de este 2026 que estábamos ante un año especialmente duro debido al preocupante aumento de las violencias machistas y, tristemente, la realidad lo está confirmando. La cifra es insoportable: 19 mujeres asesinadas y tres menores víctimas de violencia vicaria, hijos e hijas utilizados como instrumento de castigo y destrucción. La expresión más cruel del control, la posesión y la violencia ejercida por los agresores sobre las mujeres y sus familias”, ha comenzado el manifiesto de la Red.

Para el colectivo de feministas, cada minuto de silencio que no va acompañado de medidas reales se convierte en un gesto vacío y en una amenaza directa para ellas, y especialmente críticas se ha muestran con las instituciones. Una de las portavoces de la red, Mari Paz Bernal, ha señalado a este periódico que el Instituto Canario de Igualdad “está ausente” y que se trata de una situación que se ha comentado varias veces con la consejera de Bienestar Social e Igualdad, Candelaria Delgado.

“La Red Feminista de Gran Canaria lo que quiere poner de manifiesto es que lo que es realmente un desastre es la gestión de las administraciones públicas porque son 115 asesinadas y estamos hartas y solo con lamentarlo y con concentrarse no se está consiguiendo nada”, asegura Bernal.

En el manifiesto, la Red Feminista ha recalcado que “una vez más, la violencia machista ha arrebatado una vida porque sta violencia continúa atravesando nuestras casas, nuestras calles y nuestras vidas con una crudeza insoportable”. Y en este sentido, ha recordado que no son casos aislados, no son sucesos y no son tragedias inevitables puesto que son asesinatos machistas, que realmente “son consecuencia directa de un sistema patriarcal que sigue enseñando a muchos hombres que las mujeres son posesiones, territorios sobre los que ejercer control, dominio y violencia”.

“Cada asesinato machista evidencia el fracaso de una sociedad que aún no ha sido capaz de proteger a las mujeres de sus agresores”, apunta.

Desde que comenzaron a contabilizarse oficialmente los asesinatos en 2003 por violencia machista, miles de vidas han sido destruidas, ha recordado la Red, que ha destacado “la friolera cantidad de 1360 asesinatos en España, de los cuales 68 eran hijos e hijas de esas mujeres”. “Esta cifra funesta aumenta a 115 mujeres asesinadas en Canarias y 9 menores. Detrás de cada cifra hay nombres, historias, proyectos de vida, familias rotas y heridas que nunca cierran”, agrega el manifiesto leído en la tarde de este viernes.

Desde la Red Feminista exigen mayor protección y acompañamiento efectivo para las mujeres en situación de violencia machista; una implicación real de todas las instituciones públicas, más allá de discursos y campañas simbólicas, así como educación feminista y afectivo-sexual en todos los niveles educativos como herramienta imprescindible para prevenir la violencia.

Asimismo, piden educación especializada para todos los ámbitos implicados: judicial, policial, sanitario, educativo y social así como responsabilidad y rigor por parte de los medios de comunicación en el tratamiento de la violencia machista.

Por otro lado, exigen una sociedad valiente, capaz de señalar el machismo cotidiano, de romper silencios, de dejar de mirar hacia otro lado y de no justificar a los agresores. “Porque no basta con indignarse cuando las asesinan. Hay que actuar antes”, apuntan.

“La evacuación de los pacientes con Hantavirus en Cabo Verde no constituye una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico ni asistencial, ni desde el operativo-comunitario ”. Además, “la decisión corresponde a la Organización Mundial de la Salud y, una vez cursada la solicitud, España queda obligada a actuar”. Es la conclusión a la que llega un informe del Gobierno de España y en el que se detalla por qué no era viable que el barco atracara en ese archipiélago, sino que finalmente llegue a Tenerife.

Según explicó el 5 de mayo el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la Organización Mundial de la Salud había asegurado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Por tanto, Canarias era el lugar más próximo con las capacidades necesarias. “España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”, dijo el ministerio que dirige Mónica García.

El informe viene a rebatir la teoría de los dirigentes del Gobierno de Canarias que insisten en rechazar que el barco llegue al Archipiélago. “¿Por qué no desembarcaron en Cabo Verde para ser trasladados desde allí por vía aérea a cada uno de sus países de origen y evitamos a esas personas tres días más de travesía, tres días más de sufrimiento?”, se preguntaba el vicepresidente Manuel Domínguez (PP) al tiempo que este mismo viernes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volvía a recalcar que aunque ahora toca “arrimar el hombro”, “pedirá responsabilidades” cuando las personas hayan desembarcado del barco.

En el docuemento facilitado por el Gobierno se detalla en cuanto al marco jurídico que la gestión de una emergencia sanitaria con potencial de propagación transfronteriza está regulada por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del que tanto España como Cabo Verde son Estados Parte.

“Cuando concurren circunstancias compatibles con una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), corresponde a la OMS coordinar la respuesta y dirigir la solicitud de acogida al Estado que reúna las mejores condiciones técnicas y operativas. La elección del país receptor no es, por tanto, una decisión unilateral del Gobierno de España ni de la Comunidad Autónoma de Canarias”, apunta.

“Una vez formalizada la solicitud por la OMS, España queda obligada a colaborar en virtud de los principios de cooperación internacional y solidaridad sanitaria recogidos en los artículos 13 y 44 del RSI. El traslado a Canarias responde a un mandato internacional, no a una opción discrecional”, añade.

Sobre el nivel económico y las capacidades logísticas, apunta que Cabo Verde es un país de renta media-baja, con un PIB per cápita de 5192 USD, situado en el puesto 125 del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Su sistema sanitario presenta limitaciones estructurales bien documentadas como la “ausencia de unidades de aislamiento de alto nivel (BSL-3/BSL-4), escasez de personal especializado en patógenos emergentes y limitada capacidad de cuidados intensivos polivalentes. La remota posibilidad de un brote de Antavirus desbordaría con alta probabilidad la red asistencial del archipiélago”.

“España, por el contrario, dispone de una infraestructura consolidada para la gestión de patógenos de alto riesgo, derivada de la experiencia adquirida tras la repatriación de pacientes de Ébola (2014) y la pandemia de COVID-19”, detalla.

El documento habla de que en Canarias se cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel en hospitales de referencia con protocolos validados por el ECDC; centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III), con capacidad de diagnóstico de confirmación para virus de alta peligrosidad y ceronaves medicalizadas y cápsulas de aislamiento (EpiShuttle, presión negativa) operadas por la UME y el SAMUR para evacuaciones intercontinentales seguras.

Además, en Canarias, los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Universitario de Canarias (Tenerife) son centros de referencia para enfermedades importadas, con áreas de aislamiento adecuadas para la estabilización inicial.

El informe llega a la conclusión de que la articulación del dispositivo en Cabo Verde, impediría activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil y de que el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM), coordinado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), es el principal instrumento de respuesta sanitaria coordinada a nivel comunitario e incluye el módulo MEDEVAC y la reserva rescEU de evacuación médica.

“Cabo Verde no es Estado miembro ni Estado participante del UCPM; en consecuencia, una evacuación efectuada en su territorio no podría beneficiarse de la movilización inmediata de Equipos Médicos Europeos (EMT) preacreditados, de la cofinanciación europea del transporte sanitario, ni de la reserva estratégica rescEU de aviones con cápsulas de aislamiento”, incide.

Al desembarcar en Canarias “territorio español y, por tanto, comunitario la activación del UCPM es inmediata y permite redistribuir pacientes entre Estados miembros si la presión asistencial lo requiere, en aplicación del principio de solidaridad europea”.

El documento concluye que el desembarco en Canarias responde, por tanto, a una decisión técnicamente fundamentada, jurídicamente obligada y éticamente correcta.

La Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta (AFFCCV) impulsa una nueva cata arqueológica en dicha fosa para recuperar los restos mortales de víctimas del franquismo. Lo han hecho en esta ocasión presentando un nuevo informe que incluye datos de archivos militares que creen que deben tenerse en cuenta y que aporta el investigador Víctor Manuel Martínez Perera. Asimismo una treintena de asociaciones, sindicatos y colectivos se han sumado a la recogida de firmas que está recogiendo la agrupación con el fin de reactivar esta lucha. 

El autor del informe explica que este trabajo de investigación ha surgido mientras realizaba un Trabajo Fin de Grado para la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos. Él mismo es sobrino-bisnieto del represaliado Pedro Perdomo Pérez (topo de La Isleta), encartado en la causa 1/36 en donde se condena a muerte a Los Cinco de La Isleta; otras seis personas son condenadas a reclusión perpetua.

Sus familiares solicitaron en su momento conocer el contenido de la causa judicial que ponía en requisitoria a Pedro Perdomo; así como conocer por qué fusilaron a sus cinco compañeros, todos ellos trabajadores del Puerto de La Isleta. 

Víctor Martínez incide durante el informe en la Causa Militar 1/36 y destaca en las primeras páginas de esta causa consta en el folio del lugar en donde fueron enterrados los dos soldados fallecidos el 20 de julio de 1936, refiriéndose al Cementerio de Vegueta. También menciona más adelante a otros represaliados que fueron enterrados en el Cuartel número 5 de la fosa primera. 

“Los soldados Francisco Andrade Gómez y Juan Jiménez Moriano quedan sepultados en la Fosa número tres uno y dos nichos respectivamente”, según consta en la Causa 1/36, en la página cinco. Tras seguir avanzando en el análisis de esta causa, se especifica “a dónde fueron a parar los cadáveres de los llamados Luis Cabrera Hernández, José Ramírez Alcántara, Nicolás Cordero Bautista, Antonio Betancor Luzardo y Manuel Ramos Gozález”: “Quedando los primeros en el Cuartel número 5 fosa primera y el llamado Ramos González en el nicho número 1.667 del ensanche”. 

El investigador tiene en cuenta además otro informe de la ARDF Desaparecidos que realizó por medio de los registros del cementerio de Vegueta. “Este informe publica que en julio de 1941 se entierran en la Fosa nº1 a 45 personas y en diciembre de 1953 a 53 personas más, cuando ya que las obras de los nichos ya habían sido realizadas, por lo que la numeración de este Cuartel no cambia y lo forman hasta 32 fosas; se continúa enterrando personas en la fosa nº 1 aunque se hayan realizado las obras, lo cual indica que esa fosa no debería estar por debajo de ese edificio”, subraya. 

El nuevo informe plantea que la gran mayoría de los asesinados entre septiembre de 1936 y principios de 1937 fueron enterrados de forma secuencial en el Cuartel nº 5 y esto incluye además de a “los Cinco de La Isleta”, grupos de militares destacados en Sidi Ifni y Cabo Juby y a “Los Cuatro de Telde” . 

“Dada la proximidad temporal de los fusilamientos de Los Cuatro de Telde en enero de 1937 con los Cinco de San Lorenzo en marzo del mismo año, se podía deducir que Juan Santana Vega y Francisco González Santana pueden encontrarse también en ese mismo Cuartel nº 5. También cabe la posibilidad que estas dos personas fueran enterradas en la fosa nº 2 del Cuartel nº6 al verse colmatada el cuartel nº 5 y continuar a la siguiente, la duda es saber si esa información en el registro es correcta”, añade el trabajo de investigación. 

Por ello, los familiares exigen que las administraciones investiguen a fondo las causas de los juicios sumarísimos en los archivos militares para localizar a todas las víctimas y también “que se reanuden las prospecciones y exhumaciones, abarcando todas las fosas si fuera necesario, para atenuar el sufrimiento de las familias y cumplir con el objetivo de reparación moral de la Ley de Memoria Democrática”. 

Con la investigación se exige a las administraciones que estudien a fondo las causas sumarísimas militares y aprueben el nuevo “Proyecto de Prospección” diseñado en 2025 por la entidad científica ArqueoAntro. El objetivo es investigar todas las fosas posibles para no mantener a las familias en una “continuada represión” por no poder recuperar a sus seres queridos. 

El informe apunta que la solicitud se ampara en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y exige que el Estado asuma su responsabilidad en la búsqueda de los desaparecidos.

Asimismo, incluye un anexo con las firmas de varios familiares de represaliados como Francisco González Tejera, Antonio Moriñigo, María Soledad Pérez, Yguarina Brito y Óscar Vizcaíno.

Un tedioso camino para conseguir la exhumación

En 2012 Francisco González Tejera y Juana del Pino González, familiares directos de los asesinados Francisco González Santana y Juan Santana Vega, dos de los denominados Los cinco de San Lorenzo, presentaron una denuncia y solicitaron la exhumación de los cuerpos y la investigación del caso ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta demanda fue desestimada, al igual que el recurso posterior que se interpuso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En 2013 se presenta un escrito en el Ayuntamiento solicitando la exhumación y más tarde se tuvieron en cuenta dos informes, uno de la Comisión Técnica de Memoria Histórica del Consistorio. 

En 2018, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizan conjuntamente un encargo por medio de un Convenio a la Universidad de Las Palmas de gran Canaria (ULPGC) a través de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico y el Departamento de Ciencias Históricas de dicha universidad. 

En ese período se realizaron una serie de sondeos en la fosa y se localizó los restos óseos de una persona. No obstante, el informe concluyó con resultados negativos respecto a la localización de las víctimas del franquismo. “La fosa es ilocalizable”, señaló el estudio. 

El autor del informe insiste en que en 2018 se zanjó la oportunidad de exhumar esta fosa basándose en un informe técnico. A su juicio, el proyecto de la ULPGC fracasó porque se basó en registros civiles incompletos y testimonios orales contradictorios, ignorando por completo los archivos históricos militares. “Es probable que al aportar la nueva prueba de las informaciones sobre una causa militar se tenga en cuenta para volver a investigar”, apunta Víctor Martínez a este periódico. 

“Yo me baso en que se debería excavar ese cuartel número cinco por las pruebas que yo aporto en el informe de esa causa judicial militar y porque puede ser que los registros estén mal porque hay un lapsus de tiempo en el que no hay registros y se empieza otra vez por la fosa número cinco. También incide en que no hay datos de que si se abrió la fosa del cementerio de Vegueta durante la dictadura (como apunta el anterior informe) no se especifica a dónde los llevaron e incide en que eso se debió haber registrado a dónde se llevaron esos cuerpos si es que sucedió así, porque fue en los años 40 o 50. ”Dudo que lo hayan limpiado porque había otros cementerios ya funcionando“, incide. En cualquier caso, cree que las dudas se despejarían cavando la fosa. 

Las familias siempre han reprochado las ilusiones y esperanzas que se les dieron desde las instituciones en todo momento. No obstante, Francisco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de los cinco de San Lorenzo ha seguido luchando en estos años en los que su padre Diego falleció sin poder recuperar los restos mortales de su padre. González llegó a recurrir el informe. 

En 2024, Francisco González mantuvo una reunión con el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana que le informó de que las solicitudes de familiares de represaliados inhumados pueden ser tramitadas por medio de una agrupación o asociación memorística y más si cabe, por la probabilidad de que existan más familiares relacionados con personas que se encuentren en ese lugar en concreto; estas personas también podrían unirse a esas mismas solicitudes. Por ello nace en septiembre de 2024 la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta (AFFCCV).

En octubre de 2024 se procede, por medio de la AFFCCV a realizar una nueva solicitud de exhumación al Ministerio de Memoria Democrática . A la misma vez se hace un llamamiento público por diferentes medios de comunicación de listados de personas fusiladas que según constan en los registros del Cementerio de Vegueta fueron enterradas en sus cuarteles. 

En fecha 20 de marzo de 2025 y tras mantener diferentes reuniones entre la agrupación es redactado y presentado el Proyecto de Prospección para la localización de víctimas del franquismo inhumadas en las Fosas del Cementerio de Vegueta con el objetivo de que sea impulsada una nueva prospección arqueológica desde el Ministerio. 

Por último, en el informe se explica que han presentado denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y que fue derivada a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, no teniendo respuesta en la actualidad de ese organismo u otro.

“Como ya se ha expuesto desde el inicio de este informe, se quiere hacer constar que hasta el momento no se han realizado todos los trabajos e investigaciones necesarios para localizar los documentos que indiquen los lugares en donde fueron inhumados las víctimas del franquismo fusiladas en La Isleta y enterradas en los cuarteles del Cementerio de Vegueta, como pueden ser las causas de juicios sumarísimos”, incide el documento. 

Por parte de la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta, se cree que aún se puede hacer más esfuerzo por parte de las administraciones para obtener esta información. Este jueves dará una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de este informe, el número de colectivos que les apoyan y sobre la denuncia en Fiscalía.

La Agrupación señala que entre los colectivos que han firmado la solicitud para la exhumación de la fosa se encuentran CCOO, UGT, Cobas, Alternativa Sindical Obrera Canaria, Asamblea Reivindicativa Canaria, Asociación de Memoria Democrática Niño Braulio, Asociación Sociocultural y Ambiental La Periferia, Centro Cultural Popular de Canarias, Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui, Federación Sindical Canaria, Foro Memoria Histórica de Canarias, Frente Sindical Obrero de Canarias, Fundación Canaria Juan Brito, Intersindical Canaria, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Realejera, Izquierda Unida Canaria, Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Plataforma Canaria por la Paz, Podemos Canarias, Radio San Borondón, Red Taknara, Reunir, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Guerrilla Urbana, Verdes Canarias y Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias. 

Las más de 300 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Santa Cruz de Tenerife se encuentran estos días sumidas en la incertidumbre por sus puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado cambios en el servicio con el objetivo de acabar con la lista de espera, lo que implicará que nuevas empresas entren en el terreno.

Verónica González, presidenta del Comité de Empresa, lamenta la “falta de información” hacia las empleadas por parte del consistorio ya que las más de 300 trabajadoras del servicio temen por sus puestos. Y no solo eso, no entiende cómo se va a fiscalizar a esas empresas y cómo se va a organizar el trabajo.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz señalan a este periódico que el objetivo es ampliar la forma de poder hacer las cosas en el servicio de ayuda a domicilio. Apuntan que están trabajando con la licitación del servicio que asegura la permanencia de las empleadas, al mismo tiempo que se continúa con el contrato. Con esta nueva forma, a su vez, afirman que se abre la posibilidad de una nueva alternativa a través de prestaciones a domicilio.

La presidenta del Comité de Empresa recuerda que trabajan con una bolsa de horas y que si los usuarios empiezan a elegir la empresa con la que quieren estar deberán horas a la empresa. “¿Qué va a pasar si empezamos a generar horas en negativo?” La representante de USO cree que la clave debería ser contar con información de los cambios para saber si peligran sus puestos de trabajo y también conocer cómo el Ayuntamiento va a controlar esas empresas y cuántas van a ser.

También insiste en que es clave que las empresas cumplan con los convenios y que cumpla con que las auxiliares realicen realmente sus funciones, ya que una de las denuncias que han realizado muchas veces es que siguen asumiendo muchas más cargas de las que les corresponden en los domicilios.

El día 14 de mayo hay prevista una reunión programada con la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de Santa Cruz de Tenerife, Atende, aunque González cree que quien tiene que dar explicaciones es Santa Cruz de Tenerife. “Si el Ayuntamiento no ha podido controlar una sola empresa durante los últimos diez o doce años cómo va a controlar ahora a cuatro o a cinco o siete, con quien vaya a firmar estos contratos de colaboración”, afea.

Cada vez que el equipo envía una incidencia al Ayuntamiento, denuncia la presidenta del Comité, un problema que podría ser solventado en una mañana “problema de ampliar o reducir tiempo a personas tardan hasta un año en contestar”, asegura González. “¿Cómo van a hacerlo ahora con un número de empresas más grande?”

“Tendrá que explicarnos cómo va a ser el control para no quedarnos sin usuarios de la empresa principal”, insiste Verónica González.

Las educadoras infantiles de Canarias harán huelga este jueves 7 de mayo al igual que las trabajadoras de este sector de todo el Estado. “Pedimos salarios dignos y que se reconozca nuestra labor”, explica Verónica Rijo, una de las portavoces de la plataforma que se ha creado en las Islas para reivindicar mejoras en la etapa educativa de cero a tres años.

Las trabajadoras piden bajada de ratios, una pareja educativa en el aula “para tener cuatro manos en vez de dos”, más recursos NEAE y mejores condiciones. “Con el Salario Mínimo no se puede vivir”, incide Rijo. Además, insisten en que no son “guarderías” sino profesionales especializadas.

Este 7 de mayo, las educadoras se concentrarán por la mañana a las 9.00 horas en Delegación del Gobierno (en la plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria) y por la tarde será la manifestación a las 17.00 en la plaza de España bajo el lema “por nuestros derechos, por su futuro”. En Tenerife la movilización será ante la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

Rijo explica que hay aproximadamente 260 escuelas infantiles en Canarias y “todas estamos en la lucha por lo mismo tanto aquí como a nivel estatal” e incide en que afecta tanto a públicas como a privadas. Otro de los centros afectados son las escuelas infantiles que dependen de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y que pretende cerrar dos el próximo curso. Por lo pronto, se han recogido firmas contra el cierre de la escuela Las Folías, en Zárate, y se ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Canarias para negociar que estas escuelas pasen a la Consejería de Educación.

“Nosotras hacemos muchas cosas que no se nos está reconociendo esa labor. Nosotras enseñamos y educamos y somos un sector superesencial, es la base para seguir”, asegura.

Las educadoras infantiles son además un sector muy feminizado: “Yo también soy madre y tengo que conciliar”, dice Rijo, que añade que es necesario que “se nos ajuste el calendario escolar”. “Que niños más grandes no tengan clase en navidades, ni mediados de junio y julio y nosotras casi todo el año, solo cogemos agosto y hay centros que ni eso, que se van repartiendo las vacaciones”, apunta la educadora, que agrega que “esos niños también tienen derecho a descansar, a un calendario escolar y encima son los más pequeñitos”.

CCOO llama también a la movilización

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha llamado al personal del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) a secundar la jornada de huelga convocada para mañana contra la precariedad en este sector, que se desarrollará en todo el país y que afectará a Canarias.

En un comunicado el sindicato advierte del modelo “fragmentado y desigual” de las escuelas infantiles en Canarias y reclama una red pública con condiciones laborales “dignas”, al tiempo que recuerda que unas 20.000 familias canarias tienen alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.

La necesidad de seguir apostando por la educación de cero a tres

La semana pasada, el Consejo Escolar de Canarias puso el énfasis en que el Archipiélago arrastra un déficit en la escolarización de menores de cero a tres años, una etapa que tiene un alto impacto educativo y social ya es clave para el desarrollo de la infancia y para la prevención de desigualdades.

El informe sobre la Realidad Educativa de Canarias del Consejo Escolar destaca que mientras que la tasa de escolarización en el conjunto nacional de menores de dos años es del 73,3%, en las Islas es del 45,6%, destacando en particular la provincia de Las Palmas con un 37,4%.

En concreto, el documento detalla que “la Educación Infantil de 0 a 3 años, subrayando su papel clave en el desarrollo integral de la infancia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la compensación de desigualdades de origen social, cultural y económico”. Por ello, propone promover la creación y consolidación de escuelas infantiles de 0 a 3 años, en coordinación con las administraciones locales, reforzando su papel como recurso educativo y propone ampliar de forma progresiva la red pública de escuelas infantiles, priorizando los entornos más vulnerables y garantizando la equidad en el acceso, así como reforzar las ayudas a las familias.

El Consejo Escolar de Canarias ha puesto el énfaisis esta semana en que el Archipiélago arrastra un déficit en la escolarización de menores de cero a tres años, una etapa que tiene un alto impacto educativo y social ya es clave para el desarrollo de la infancia y para la prevención de desigualdades.

El informe sobre la Realidad Educativa de Canarias del Consejo Escolar destaca que mientras que la tasa de escolarización en el conjunto nacional de menores de dos años es del 73,3%, en las Islas es del 45,6%, destacando en particular la provincia de Las Palmas con un 37,4%.

En concreto, el documento detalla que “la Educación Infantil de 0 a 3 años, subrayando su papel clave en el desarrollo integral de la infancia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la compensación de desigualdades de origen social, cultural y económico. La falta histórica de una apuesta decidida por esta etapa ha tenido efectos negativos irreversibles en varias generaciones de niños y niñas, agravando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social”.

El documento incide en su papel clave en la compensación de las desigualdades sociales y culturales que inciden en el éxito educativo del alumnado más vulnerable. “En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la escolarización entre los 3 y los 6 años es prácticamente universal; sin embargo, el acceso al primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) presenta una notable heterogeneidad y depende en gran medida del nivel socioeconómico de las familias y del diseño de las políticas públicas”, detalla.

El Consejo cree que a pesar de los avances que se han dado en los últimos años, la falta histórica de una apuesta decidida por esta etapa ha tenido efectos negativos irreversibles en varias generaciones de niños y niñas, agravando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Habla además de que “el reto actual se desplaza hacia la mejora de la calidad de la formación recibida y hacia la ampliación de las oportunidades educativas en etapas no obligatorias” y de “la importancia de impulsar políticas de conciliación, de organizar los servicios complementarios y compensadores en el ámbito municipal, y de ampliar la red de educación infantil de 0 a 3 años como herramienta clave tanto para favorecer la natalidad como para garantizar la igualdad de oportunidades desde edades tempranas”. Destacan también la optimización de las infraestructuras educativas para organizar actividades diversas en horarios no lectivos y días no laborables.

Para todo ello, es necesario alcalzar el mandato legal de destinar el 5% del PIB a Educación y que el Consejo Escolar de Canarias lleva años reclamando.

Todas las propuestas concretas del Consejo

El Consejo propone elaborar políticas de conciliación transversales que impliquen al conjunto de la sociedad canaria e incide en que esas políticas son una responsabilidad compartida que implica a las administraciones públicas, a las empresas, a los agentes sociales y, también, a las propias familias. Y menciona desde la organización de los horarios laborales, la disponibilidad de servicios de cuidado, las políticas sociales y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito doméstico son factores decisivos que van más allá del sistema educativo.

Propone también promover la creación y consolidación de escuelas infantiles de 0 a 3 años, en coordinación con las administraciones locales, reforzando su papel como recurso educativo y como instrumento esencial para facilitar la conciliación mediante horarios racionales y flexibles adaptados a las necesidades laborales de las familias. Sugiere, de hecho, ampliar de forma progresiva la red pública de escuelas infantiles, priorizando los entornos más vulnerables y garantizando la equidad en el acceso, así como reforzar las ayudas a las familias.

Asimismo, se plantea desarrollar programas específicos de apoyo a la conciliación en los centros educativos, diseñando e implementando actuaciones ajustadas a las necesidades detectadas por los consejos escolares de centro, de manera que cada comunidad educativa pueda disponer de respuestas adaptadas a su realidad social.

Y entre sus propuestas se encuentra también dinamizar la optimización de las infraestructuras educativas, contando con el apoyo del tercer sector y de la iniciativa privada, para organizar actividades diversas en horarios no lectivos y días no laborables que ofrezcan alternativas de ocio saludable y favorezcan el desarrollo de vínculos socioafectivos en el entorno comunitario facilitando que los centros estén abiertos como mínimo hasta las cinco de la tarde.

El informe del Consejo Escolar de Canarias también ha hecho hincapié en otros aspectos como el alumnado con necesidades de apoyo educativo y los retos que se presentan así como el cierre de escuelas en algunas zonas de las Islas frente al crecimiento de población que sufren especialmente los sures del Archipiélago así como Fuerteventura y Lanzarote. Propone una reducción de ratios en aulas con mayor complejidad, el aumento y estabilidad del profesorado especializado y la mejora de la accesibilidad en los centros.

Un año después del decreto que pretendía paralizar las multas a los afectados por querer residir o utilizar sus apartamentos como segunda residencia en Canarias y no dedicarlos a la explotación turística, siguen llegando esas sanciones a las familias. En el mes de abril los propietarios de uno de esos apartamentos en La Gomera recibieron una propuesta de sanción de 2.250 euros por no dedicar el inmueble a uso turístico sino a “residencial”. Para calcular el tipo de sanción, que está tipificada como “grave” se señala que se ha tenido en cuenta el lugar donde se encuentra dicho apartamento, en una zona “eminentemente turística” (Valle Gran Rey). 

Una de las afectadas explica a este periódico que el inmueble fue comprado por su padre con mucho esfuerzo y que lo han heredado tres hermanos que quieren disfrutar de él y no dedicarlo a la explotación turística. “Estamos jubilados y queremos disfrutar y compartir vida en familia”, afirma. Afirma que tienen raíces gomeras por lo que tienen una fuerte conexión con la isla aunque hayan vivido en Tenerife y que no les parece justo que les lleguen estas sanciones ni a ellos ni a tantos cientos de familias. 

Precisamente, esta semana este asunto fue debatido en el Parlamento de Canarias. Allí, se trasladaron personas de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística para seguir una moción en la que Nueva Canarias preguntaba a la consejera de Turismo por el decreto aprobado el pasado año con el que se pretendían paralizar las multas y que consideran un “fracaso” y por qué siguen llegando estas sanciones. La consejera Jéssica de León (PP) aludió a que la Ley por la que ahora llegan estas multas a los complejos es del año 2013. Se trata de una norma que habla del principio de unidad de explotación (que los dueños de los apartamentos no los puedan alquilar por su cuenta sino a través de un explotador) y de los usos deben regirse en base al plan de ordenación municipal. 

De León se limitó a decir en el pleno ella no gobernaba cuando se aprobó esa Ley e incidió en que cuando un explotador denuncia en la actualidad su Consejería se ve obligada a tramitar esas denuncias y hacer cumplir la Ley. Asimismo, incidió en que se están buscando soluciones e insistió en una mesa de diálogo. Además, destacó que hay abiertos por este motivo en las islas 176 expedientes, de los cuales hay 110 recursos de alzada presentados, 66 sin recurso, 37 pendientes de enviar, 63 pendientes de resolver y diez que ya han sido resueltos.

“Nos dicen que están obligados a multar porque hay denuncias, pero tramitar una denuncia no significa necesariamente sancionar”, afirman desde la Plataforma de Afectados por la ley Turística. “La Administración puede y debe analizar cada caso. Y cuando hay derechos consolidados, la sanción no procede”. Según cálculos facilitados por este colectivo, según los boletines oficiales, 128 cartas de pago y 178 resoluciones de inicio, pero desde que está en vigor el decreto ley, tienen 62 resoluciones de inicio.

“Cuando compramos el apartamento nadie nos dijo nada”

“Hay apartamentos dentro de este complejo que si quieren estar en la explotación les interesa y bueno. Y nosotros a eso no nos oponemos porque los apartamentos que quieren estar, que estén. Pero hay familias que no queremos estar y entonces ¿por qué nos tienen que multar, que denunciar que lo que nos ha hecho este explotador nos ha denunciado y nos están poniendo multa? Es una situación muy desagradable que tú vayas a tu sitio, a tu espacio y te encuentres con esas denuncias”, lamenta una de las personas afectadas por las multas en La Gomera. 

“Que el explotador explote con lo que él quiera, con los apartamentos que él quiera y a los que no queremos que nos dejen tranquilos. En la Gomera esto ha coincidido siempre, en los complejos siempre ha habido gente que ha estado dentro de explotaciones y gente que no, en la misma explotadora. Nunca ha habido estos problemas”, insiste. 

La afectada, que asegura que ya su familia ha recurrido esta multa porque pagarla era darles la razón y no considera que la administración la tenga, apunta que cuando su padre compró el apartamento nunca a finales de los 90 principios de los 2000, nunca se le dijo que no podría disfrutar de él y tenerlo que ceder a la explotación turística. “Es un apartamento de uso residencial, eso es lo que dice el catastro. Y eso es lo que dice también la primera, el contrato ese de compra-venta que hizo mi padre en su día”. 

“No existe base legal para sancionar el uso residencial”

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística, por su parte, sigue batallando con multitud de multas. Maribe Doreste, portavoz del colectivo, explica que ya desde el año pasado se alertó de que el decreto no iba a paralizar las sanciones ya que obligaba a los propietarios a solicitar el cambio de uso de sus inmuebles. “Es una trampa. Es que tú no puedes solicitar algo que ya posees y que ya tienes. Porque si solicitas algo que ya tú posees, te estás posicionando en el lado contrario. Le estás diciendo a la administración que tú consideras que eres turístico y por eso solicitas el residencial. Sin embargo, lo que nosotros defendemos es que nuestros usos son legales y consolidados”. 

“El decreto ley 2/2025, presentado como solución, no ha suspendido las sanciones ni ha resuelto el problema. Un año después de su aprobación, las multas continúan llegando. Para los afectados, el decreto no solo ha fracasado, sino que ha servido para reforzar la consideración de sus viviendas como ”unidades alojativas“, consolidando la obligación de destinarlas al uso turístico e incluso sometiéndolas, en algunos casos, a explotadores únicos dentro de los complejos”, sostienen desde la plataforma. 

La plataforma ve “una estrategia” para transformar determinadas zonas (como Maspalomas) en espacios exclusivamente turísticos, donde el residente desaparece. “Se quiere imponer un modelo de ciudad de vacaciones sin ciudadanos”, afirman. Los afectados remarcan además que no realizan actividad turística alguna y que son residentes, no explotadores. Y, por tanto, consideran que la Consejería de Turismo carece de competencias sobre ellos. “Que regulen la actividad turística, por supuesto. Pero nosotros no somos actividad turística”, subrayan desde la plataforma. 

“Es un paso importante”. La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, celebra el nuevo revés que ha sufrido el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el empeño de una asociación de que sea declarado Bien de Interés Cultural y así protegerlo y mantenerlo. Hace unos días, se hacía público que un informe de la ponencia técnica del área de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias se ha opuesto a la declaración BIC de este monumento. Para Pérez Schwartz, la estatua “es un símbolo que choca frontalmente contra los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas”. 

El Cabildo de Tenerife abrió el pasado año la instrucción para que fuera declarado BIC en cumplimiento de una sentencia ante la cruzada de la asociación San Miguel de Arcángel que pretende proteger el monumento de Juan de Ávalos, localizado en Santa Cruz de Tenerife y que, como defienden los expertos y expertas en el Catálogo de Vestigios de Canarias, así como se manifestó en la inauguración de la escultura en 1966: representa la partida “del generalísimo Franco cuando capitán general de Canarias salió de aquí y para acaudillar el monumento nacional”. 

Durante la fase de instrucción del Cabildo de Tenerife, se presentaron varios informes; dos desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista. Los informes desfavorables a proteger la estatua son los de la Universidad de La Laguna (ULL), que insiste en que “no hay valores artísticos excepcionales” en esta obra y alude a su contexto histórico y Museos de Tenerife, que incide en que “más allá de sus valores artísticos que actualmente se debaten, creemos que la carga simbólica se encuentra en contradicción con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”. 

Los informes favorables a proteger la estatua son los de la Real Academia de Extremadura de las letras y las artes, que hace alusión a que la obra “forma parte de la destacada producción monumental que el escultor y el de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel de Arcángel, que solamente se centra en que ”fue uno de los escultores más relevantes, entre los que trabajaron la figuración en aquellos años“ y expone su currículum y su producción.

Además, se presentó al procedimiento una lluvia de alegaciones de las asociaciones de memoria democrática y de partidos políticos que incidían en que la escultura contradecía las leyes de memoria democrática. El Gobierno de España informaba de que, a través de la Delegación de Gobierno en Canarias, presentó alegaciones en este expediente. La principal razón que argumenta es que “no existe ningún informe que refleje el carácter excepcional y sobresaliente de la obra de Juan de Ávalos”.

Muchas de las asociaciones de memoria señalaron que se trata de “propaganda franquista” y un “insulto” a las víctimas. Algunas de las que alegaron fueron la de Emilio Silva, la asociación de Tenerife, la de Arucas, la asociación masónica. Entre los partidos destacan Podemos o Izquierda Unida. 

¿En qué punto se encuentra el monumento?

Una vez finalizado ese proceso, tal y como manda la Ley de Patrimonio, el expediente pasó al Gobierno de Canarias. Según pudo confirmar este periódico, la propuesta de proteger este monumento no obtuvo ni un solo voto a favor y contó con una abstención en la ponencia técnica de Patrimonio. 

Ahora, tendrá que pasar al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, para el que aún no hay fecha prevista, pero que suele decidir de acuerdo a lo que ha determinado el informe técnico si se revisa el historial. 

Schwartz explica a este periódico que el hecho de que “Patrimonio del Gobierno de Canarias haya demostrado que el monumento de Ávalos no tiene patrimonio artístico lo que facilita el cumplimiento de las leyes de memoria histórica; la de Zapatero, la de Canarias y la última estatal” para lograr su retirada de la vía pública. “Es un paso adelante, pero hay que continuar”, insiste. Además, afea a la asociación San Miguel de Arcángel que “no quieren retirar este monumento” y sugiere“ que se los lleven a su casa”. “Ellos no van a tolerar nunca que el monumento a Franco sea una exaltación del golpe de Estado de 1936”, lamenta. 

“Este monumento lo que tiene que hacer es retirarlo”, insiste la presidenta de la asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, que cree que no cabe la resignificación del mismo. A su juicio, no debe ser un monumento a la paz ni a la concordia. “¿A la concordia de quién?”, vuelve a preguntarse cada vez que se remueve esta idea. 

Los símbolos del monumento 

El Catálogo de Vestigios de Canarias elaborado en el anterior mandato señaló que el monumento está configurado por una base que es una alegoría de la isla de Tenerife, “que actúa como anclaje de las piezas superiores y como símbolo de la contribución de la isla de Tenerife a la sublevación militar”. También se compone de “la figura del arcángel”, que simboliza el vuelo realizado por Franco en el avión conocido como Dragón Rapide, y el “símbolo propio de la guerra de religión que recibe el auxilio divino a través de la figura angelical”.

Constituye una figura alegórica del general Franco sobre el arcángel “representado como un joven atlético vestido con una túnica que alude a la bandera nacional y presenta al frente una espada que se identifica como una cruz”. El complejo también contiene los escudos alegóricos a los nueve partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 1960, que representan la pretensión de significar el reconocimiento de la sublevación militar y de la Guerra Civil como causa justa y legal.

Para financiar el monumento se utilizó la fórmula de la “suscripción popular”, se practicaba a través del control ejercido por los órganos de gobierno militar y civil, que eran poseedores de la información sobre la ciudadanía. El Catálogo de Vestigios reflejaba esas extorsiones, presiones y un alto grado de control.

Los afectados por residir en sus apartamentos y no dedicarlos a explotación turística siguen recibiendo multas pese a que el año pasado se aprobó un decreto que pretendía paralizarlas. Según confirmó la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en las islas hay abiertos por este motivo 176 expedientes, de los cuales hay 110 recursos de alzada presentados, 66 sin recurso, 37 pendientes de enviar, 63 pendientes de resolver y diez que ya han sido resueltos.

De León achacó en la Cámara regional a la Ley de 2013 el hecho de que no se puedan paralizar todas las sanciones. Según afirmó, lo ha analizado su equipo jurídico y no se puede suspender los procedimientos sancionadores por eso se decidió recurrir a la fórmula del decreto que aprobó hace un año. Un decreto que ya la plataforma de afectados por la Ley Turística, presente este martes en el Parlamento, advirtió de que no iba a paralizar realmente las sanciones.

La consejera apuntó que los expedientes no parten de la administración, sino que son actuaciones de oficio ante denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos ante las que el Gobierno de Canarias tiene el deber legal de actuar y que es por ello que se hace complejo paralizarlas.

“Vuelvo a reiterar que la inspección no está actuando de oficio, es decir, no hay una cacería contra propietarios. Hay denuncias cruzadas entre propietarios, hay denuncias cruzadas entre explotadores, hay denuncias incluso de hasta explotadores de bares que no tienen sus clientes y que le piden lucro cesante a la Administración, a la comunidad autónoma de Canarias, por no haber cumplido el deber de atenerse al uso o al principio de unidad de explotación. Y esa es la Canarias caótica que exige reflexión”.

Jéssica de León ha dicho en el Parlamento que el Gobierno regional que “tiene un borrador que está trabajando con los municipios más afectados con el objetivo de adecuar el planeamiento a la situación que se está viviendo”.

Según insistió a los afectados, presentes en el Parlamento, “les pediría que huyan de quienes les prometen soluciones mágicas” y recalcó que “tenemos que tramitar esas denuncias”. De León se excusó en que el Gobierno ha explorado la suspensión de todos los procedimientos sancionadores, pero recalcó que no es posible.

Esther González, diputada de Nueva Canarias y el socialista Gustavo Santana denunciaron en el pleno el “fracaso” de ese decreto con el que la Consejería de Turismo aseguró hace un año que se paralizarían esas multas mientras que han seguido llegando.

La diputada de NC hizo hincapié en que se trata de “una realidad que duele, que duele porque tienen nombre y apellido, que duele porque entra por la puerta de un hogar en forma de 2.000 euros de sanción, que duele porque afecta a algo tan básico como poder vivir en tu propia vivienda”.

“Estamos hablando de familias canarias que adquirieron un apartamento o un bungaló escriturado como vivienda, con división horizontal, en suelo mixto, que lo compraron con sus ahorros, con el esfuerzo de toda su vida y que hoy se ven perseguidas por el simple hecho de vivirlo o de usarlo como segunda residencia”, dijo la diputada de NC.

“Y no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de miles de personas, de 70.000, que de la noche a la mañana han pasado de ser un propietario de una vivienda a ser declarados culpables, sin entender por qué, sin saber qué han hecho mal y con el miedo metido en el cuerpo, porque eso es lo que ha generado usted, eso es lo que ha generado su consejería, miedo. Miedo a abrir el buzón por si se encuentran con una sanción y miedo a no saber si por mañana podrán seguir viviendo en su casa”, insistió González.

El diputado socialista Gustavo Santana afeó que según datos de la plataforma, durante todo el período, constan, según los boletines oficiales, 128 cartas de pago y 178 resoluciones de inicio, pero desde que está en vigor el decreto ley, tienen 62 resoluciones de inicio.

Santana incidió en que esto no afecta solo a un municipio concreto, pues afecta a muchísimos municipios de todo el territorio nacional y no escapa a ninguna de las islas. Por ejemplo, en La Gomera la plataforma le costa hasta cuatro expedientes sancionadores a personas que viven singularmente, por ejemplo, en el municipio de Valle Gran Rey. Por lo tanto, según los estudios, su decreto ley deja en desamparo a más de 70.000 afectados en Canarias por esta situación.

La consejera remarcó que “tenemos que resolver la residencialización. Complejos íntegramente residencializados. Con usos mixtos” y en que la utilización de apartamentos como segundas residencias y la explotación como viviendas vacacionales de apartamentos sin gestores turísticos.

“No solamente ofrezco un perdón. Ofrezco diálogo a todas las formaciones políticas”, aseguró Jéssica De León. “Lo vamos a intentar conseguir en esta legislatura”, remarcó.

“Lo que hemos hecho es crear una mesa de debate con todos los sectores, y yo invito a volver a sentarnos en la mesa a tratar de solucionar este laberinto jurídico”, apuntó la consejera.

El alumnado con necesidades de apoyo educativo se incrementa de forma “intensa” en los últimos cursos en Canarias. Según el último informe sobre la realidad educativa del Archipiélago, en los centros públicos de Canarias, el alumnado con NEAE ha pasado de 20.391 estudiantes en el curso 2018-2019 a 32.318 en el curso 2025-2026; esto supone un crecimiento del 58,49 % en ese período.

La cifra supone que el alumnado con NEAE representa ya el 13,27 % del total de estudiantes del Régimen General. Esta proporción refleja un aumento de más de cuatro puntos porcentuales (un incremento del 4,09 %) tan solo desde el curso 2021-2022.

En la rueda de prenssa de este lunes, Carmen Nieves Pérez Sánchez, coordinadora de la comisión de la realidad educativa y profesora de la UL, apuntó que “es preocupante” la cantidad de población tipificada con necesidades educativas especiales y cree que esto requiere de un análisis en profundidad. Destacó que puede deberse a diagnósitcos tempranos.

De hecho, en el informe se apunta que el crecimiento del alumnado con NEAE puede responder a una mejora en la detección temprana, al mismo tiempo que a un aumento de la prevalencia de las causas.

El 73,0 % del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en aulas ordinarias. Sin embargo, las distintas discapacidades conllevan diferentes posibilidades para esa escolarización en aulas ordinarias. Por ejemplo, el alumnado con Trastornos graves de la comunicación y el lenguaje, discapacidades visual y auditiva, trastornos graves de conducta y discapacidad motora está matriculado en más del 90 % de los casos en aulas ordinarias.

Por otro lado, las casuísticas más frecuentes, trastornos del espectro del autismo (76,5 %) y discapacidad intelectual (56,7 %), conllevan menores porcentajes de escolarización en aulas ordinarias. En el extremo opuesto se encuentra la pluridiscapacidad con solo un 25,6 % de escolarización ordinaria.

Retos con el alumnado NEAE

El Consejo Escolar de Canarias propone reducir de forma proporcional las ratios en aquellas aulas con presencia de alumnado con NEAE, con el fin de facilitar una atención más personalizada y el despliegue efectivo de estrategias inclusivas.

Asimismo, plantea revisar la ubicación geográfica de los centros de Educación Especial y las aulas enclave, priorizando la proximidad al entorno familiar y comunitario del alumnado para favorecer su integración y bienestar.

También propone garantizar la accesibilidad universal en los Centros Ordinarios de Atención Educativa Preferente y en el conjunto de centros ordinarios, tanto en infraestructuras como en recursos materiales y organizativos, así como profundizar en la ampliación de las plantillas de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como de auxiliares educativos, asegurando una dotación adecuada en todas las islas, así como su estabilidad.

Y, por último, simplificar la carga burocrática asociada a la labor del personal de orientación educativa, permitiendo una mayor dedicación a la intervención directa con alumnado y familias.

La presidenta del Consejo Escolar, Natalia Álvarez, subrayó en la rueda de prensa de este lunes que se está realizando un seguimiento específico de este tema. “Estamos escuchando a esos sectores de la comunidad educativa que reclaman recursos y que reclaman acciones y todo eso después lo estudiamos, lo analizamos y hacemos propuestas”.

“Una de las cuestiones que tenemos en el horizonte es que la Consejería de Educación ha planteado una ley de atención a la diversidad que va a entrar en el Parlamento. Nosotros tenemos una relación bastante fluida con el Parlamento de Canarias y la idea que tenemos es que en el momento que empiece la tramitación de la ley podamos intervenir con ese seguimiento que estamos haciendo previo (14:04) de la situación de necesidad educativa, escuchar a la comunidad educativa y después, a partir de ahí, hacer propuestas”, remarcó.

El Consejo Escolar de Canarias ha presentado este lunes el último informe sobre Realidad Educativa 2026 donde se ha hecho hincapié en el descenso notorio de la natalidad, pero lo que “nos salva de alguna manera”, es decir, “ el factor migratorio” es el “elemento atenuador de los problemas demográficos que  estamos teniendo en las islas”, resaltó la presidenta del Consejo, Natalia Álvarez.

No obstante, hay una realidad latente y es que hay una Canarias a dos velocidades y mientras hay zonas donde se están cerrando escuelas por falta de alumnado, como en La Gomera, El Hierro o La Palma hay otras como los sures de Canarias, Fuerteventura o Lanzarote donde se producen “zonas tensionadas” en cuando a gran volumen de población en edad escolar.

La insuficiencia de infraestructuras, afirma el informe del Consejo Escolar, no afecta únicamente a la disponibilidad de plazas, sino también a la calidad educativa, al tamaño de los grupos, a los espacios comunes y a la oferta de servicios complementarios.

Por ello, el Consejo propone reforzar este enfoque mediante la reducción de ratios en aulas con mayor complejidad, el aumento y estabilidad del profesorado especializado y la mejora de la accesibilidad en los centros. También reclama medidas como un segundo profesor en las aulas para atender el mayor número de alumnado con necesidades específicas educativas y más plazas de FP o reforzar la etapa de cero a tres años, entre otras medidas.

La presidenta del Consejo incidió en cuanto a población extranjera que es interesante señalar, a pesar de que la opinión pública pueda ir en otra línea, “que la población extranjera que más están residiendo en nuestras islas, pues tiene que ver con población europea y luego sería población de América”.

Álvarez destacó durante la rueda de prensa que Canarias sigue siendo una de las comunidades con mayores tasas de pobreza y exclusión social. “El informe sitúa el foco en las condiciones de vida del alumnado y sus familias, evidenciando que las desigualdades sociales continúan siendo uno de los principales condicionantes del sistema educativo”.

“El Archipiélago sigue registrando importantes desequilibrios estructurales, con una alta concentración de la riqueza y un mercado laboral marcado por la precariedad. El 10% más rico de la población canaria concentra en torno al 60% de la riqueza, mientras que el 50% con menores recursos apenas acumula entre el 2% y el 4% del total. Estas condiciones repercuten directamente en el rendimiento académico, la estabilidad emocional y las oportunidades educativas del alumnado”, apuntó.

El CEC insta a un cambio estructural en el planteamiento de las actividades educativas, ya que la caída de la natalidad también trae consigo una reducción del número total de centros de Educación Infantil y Primaria, especialmente en unidades financiadas con fondos públicos. Esto aumenta la dependencia de la iniciativa privada, lo que condiciona tanto la capacidad de expansión de la oferta como su accesibilidad para los hogares con menores recursos.

El Consejo Escolar aboga por una planificación flexible que permita redistribuir recursos y aprovechar la reducción de alumnado como una oportunidad para mejorar la calidad educativa mediante ratios más bajas y una atención más personalizada.

Durante la rueda de prensa también intervino Carmen Nieves Pérez Sánchez, coordinadora de la comisión de la realidad educativa y profesora de la ULL, que señaló que también es preocupante la cantidad de población tipificada con necesidades educativas especiales y cree que esto requiere de un análisis en profundidad. Además, el 73% de este alumnado está escolarizado en aulas ordinarias.

El Consejo Escolar denuncia de forma firme el incumplimiento sistemático de la Ley Canaria de Educación, que obliga a destinar como mínimo el 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) a educación. Actualmente, la inversión se ha estancado en torno al 4 %.

Las educadoras infantiles se han movilizado este martes en Gran Canaria por un convenio laboral “justo” y han reclamado “menos ratios” y “condiciones dignas”. Una ola amarilla ha recorrido el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria donde se ha leído un manifiesto en el que han expresado que la etapa educativa de cero a tres “no es guardería es educación”. “Es donde se construyen vínculos, seguridad, aprendizaje y futuro y eso hoy no se está cuidando como merece”. 

“Tenemos aulas saturadas, ratios imposibles, profesionales desbordadas y salarios que no reflejan la responsabilidad que nos sostiene cada día cuidar a la infancia más pequeña no puede hacerse a costa de quienes la sostienen”, señalaba el manifiesto, que añadió que lo que quieren estas profesionales son “condiciones que nos permitan hacer bien nuestro trabajo, queremos respeto, reconocimiento y recursos reales”. 

Carla García, portavoz de la plataforma de educación de cero a tres años en Canarias, señala a este periódico que estas reivindicaciones no son nuevas, pero que con el impulso que se ha dado a nivel estatal desde las Islas se han animado también a constituir esta plataforma y a reivindicar unas mejores condiciones para ofrecer una educación de calidad en esta etapa. “Esto es el primer paso que hemos conseguido, que es unirnos”, afirma la portavoz, que añade que el próximo 7 de mayo habrá una nueva movilización que en principio surge con el objetivo de que sea una huelga. 

“Estaremos en la calle para seguir luchando por todo lo que estamos reivindicando”, incide Carla García, que explica que entre las principales reivindicaciones se encuentra la de conseguir una ratio más baja, es decir, menos niños y niñas por aula, ya que “es inviable las ratios que tenemos”. “8 niños bebés, 13 niños de 1 o 2 años, 18 niños de 2 o 3 años. No nos da las manos, estamos solas”, insiste. 

“Tenemos dos ojos para 26 niños, que es inviable, es inviable esta situación en general”, describe a este periódico la portavoz mientras el resto de educadoras secundan la marcha con cánticos como “más profesionales en educación”, “con esta ratio cantamos en el patio” o “si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga”. 

Explica además que el salario que cobran apenas es el mínimo interprofesional y que se trata de un sector muy feminizado. Otra cuestión que reivindican es una pareja educativa, es decir, dos personas en el aula para poder prestar mayor calidad educativa. 

En el manifiesto se reflejó que las trabajadoras querían dejar clara una cuestión y es que “esto no es falta de vocación, esto es falta de condiciones porque vocación hay y mucha pero la vocación no paga facturas, no sustituye recursos”. 

“La vocación no puede seguir siendo una excusa . Una sociedad que no cuida su infancia no tiene futuro y nosotras no vamos a permitirlo; el cero a tres importa y mucho”, subraya el texto.

La situación afecta especialmente a las educadoras de escuelas municipales de los distintos ayuntamientos tanto públicas como privadas así como aquellas que dependen de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. En este último caso, incluso se ha anunciado el cierre de dos escuelas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria el próximo curso. 

El Parlamento de Canarias ha continuado este viernes con las comisiones sobre la Ley de Autoridad del Profesorado, donde han intervenido diferentes asociaciones de familias que han cargado contra el enfoque de esta norma. La Federación de AMPAS de Gran Canaria Galdós a través de Sergio de la Fe y de Marian Álvarez ha incidido en que “estos docentes no necesitan más autoridad por una ley, porque ya son ejemplares. Pasemos de la demagogia de una ley que está vacía y vayamos a la realidad”. Por ello, proponen, entre otras cuestiones, cumplir con la Ley Canaria de Educación, activar la creación del Observatorio de Convivencia así como el blindaje del Consejo Escolar de Canarias.

Por su parte, Ismene Santiago Posada, de la Federación Insular Majorera de AMPAS hizo especial hincapié en las familias NEAE y apuntó que con esta ley “en un debate tan sensible como la convivencia escolar no debería valer todo” subrayando que “convertir este asunto en una confrontación con las familias no ayuda a mejorar la convivencia en los centros educativos. Además, estamos convencidos de que muchos docentes no se sienten representados por ese planteamiento”, apuntó.

En este sentido, Marian Álvarez también incidió en que no son mayoría el profesorado que ha sufrido una agresión y cree que ha sido “una irresponsabilidad” plantear la ley desde ese punto de vista. “Porque cuando no hay nada que ofrecer, lo que se hace es echar a pelear. Y eso es irresponsabilidad. Lo que han conseguido es que nos pasemos las mañanas aquí discutiendo si es un 0,0 o es un 0,5 o es un 1,2%”.

“Cuando hay muchísimos porcentajes que sí merecen estar aquí. Por ejemplo, que el 49,2% del alumnado de segundo de la ESO solo supera 9 de 25 indicadores de las competencias en lengua castellana y literatura. O que el 52,3% del alumnado de segundo de la ESO solo supera 4 de los 20 indicadores básicos en matemáticas”, dijo.

“O, por ejemplo, que el 10,2% del alumnado sufre acoso escolar y que el 70% de los casos de suicidio en menores tienen detrás el acoso escolar. También es muy significativo y mayor el dato de los equipos directivos que consideran que la inspección educativa no sirve para nada. Concretamente, el 1,9% de los equipos directivos considera que la intervención de la inspección educativa para la solución de sus dudas es ineficaz”, agregó Álvarez.

“¿Cuál es la prioridad? La escuela no tiene un problema de autoridad. Lo que tiene es un serio problema de democracia. Y se quiere solventar con aún mayores dosis de autoritarismo”, insistió la representante de FAPA Galdós.

Sergio de La Fe apunta por su parte que “como ya desgranó la presidenta del Consejo Escolar de Canarias”, los problemas graves de convivencia “ni siquiera” figuran entre los cinco primeros temas y agrega que allí donde existe esta ley, no solo “no ha mejorado el prestigio social del profesor” sino que aumenta la litigiosidad contra las familias y los alumnos.

Ismene Santiago Posada remarcó que  los docentes necesitan apoyo institucional  para poder desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas. “Sin embargo, creemos que el debate se ha orientado de una manera que no está ayudando a resolver los problemas reales de la convivencia en nuestras aulas. Uno de los errores de partida ha sido vincular el reconocimiento al profesorado con el concepto de autoridad”, apunta.

“Cuando hablamos de educación, el interés del menor debe ser siempre el punto de partida y el punto de llegada de cualquier política pública. Queremos dejar algo muy claro. Las familias no estamos enfrentadas al profesorado”, apunta.

Cabe recordar que Ley de Autoridad del Profesorado es una norma que ya existe en otras comunidades autónomas y que, según el preámbulo del primer borrador que entró en el Parlamento, nace tras observarse en los últimos años una falta de reconocimiento social hacia la figura de los docentes, una cuestión que llevaba siendo demandada históricamente por los sindicatos. El texto incide en que es necesario “dotar al profesorado de un marco normativo que refuerce su autoridad, le proporcione seguridad jurídica y garantice el respeto que merece a su función”. No obstante, se trata de norma que no contenta a asociaciones de madres y padres y para la que los sindicatos, aunque en general la respaldan, han preparado enmiendas para mejorar el texto.

El Parlamento de Canarias tramita desde el año pasado una Ley de Autoridad del Profesorado, una norma que ya existe en otras comunidades autónomas y que, según el preámbulo del primer borrador que entró en el Parlamento, nace tras observarse en los últimos años una falta de reconocimiento social hacia la figura de los docentes, una cuestión que llevaba siendo demandada históricamente por los sindicatos. El texto incide en que es necesario “dotar al profesorado de un marco normativo que refuerce su autoridad, le proporcione seguridad jurídica y garantice el respeto que merece a su función”. No obstante, se trata de norma que no contenta a asociaciones de madres y padres y para la que los sindicatos, aunque en general la respaldan, han preparado enmiendas para mejorar el texto.

Además de conceder la figura de “autoridad” al docente, una de las medidas más llamativas del texto es la “presunción de veracidad”. “En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por docentes y miembros del equipo directivo de los centros educativos tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas”, reza el artículo siete de la proposición de ley. 

Asimismo, en el texto se recogen otras medidas, como proporcionar asistencia jurídica gratuita al profesorado, medidas para aquellas familias o alumnado que ocasionen daños en los centros, desarrollar protocolos para apoyar al profesorado o la carrera docente, entre otros. 

El Consejo Escolar ya ha elaborado un informe con conclusiones sobre este proyecto señalando que para que esta ley sea realmente efectiva “debe concretarse en un plan de acciones para que constituyan una herramienta útil y eficaz que mejore el clima de convivencia y el bienestar integral del profesorado”. Asimismo, reitera la necesidad de garantizar una adecuada financiación del sistema educativo, ya que hoy día se sigue sin llegar el 5% del PIB para esta área. 

El Consejo cree que la ley aún carece de de propuestas en materia de recursos en los centros educativos y que el prestigio del profesorado se protege “asegurando unas condiciones laborales dignas que incluyan una disminución de las ratios, infraestructuras seguras, accesibles y en buen estado, una formación de calidad y una estabilidad laboral, entre otras acciones orientadas a asegurar sus derechos como trabajadores y trabajadoras”. 

Aumentan las agresiones a docentes, según sindicatos

Los sindicatos han preparado enmiendas a esta ley que sigue tramitándose en el Parlamento de Canarias. ANPE, que ha venido alertando en diferentes encuestas de casos de conflictividad en las aulas y de ansiedad en el profesorado, sostiene que el servicio del Defensor del Profesor constata un aumento sostenido de las situaciones de conflictividad sufridas por el personal docente. En cuatro cursos, los casos atendidos han aumentado en torno a un 60%. El sindicato destaca que las agresiones físicas no son los casos más frecuentes, “pero existen y son graves”. “En el curso 2024-2025 registramos 23 agresiones, 19 protagonizadas por alumnado y 4 por familiares, según sus registros”. 

ANPE sostiene que “autoridad no es lo mismo que autoritarismo. No implica imposición arbitraria sobre el resto de miembros de la comunidad educativa ni supone limitación alguna de derechos. La autoridad pedagógica es la legitimidad profesional para dirigir la actividad en el aula”. Y es que “las familias delegan en el profesorado durante seis o siete horas diarias una responsabilidad enorme” y “educar es poner límites”. 

No obstante, sí que sugiere que se incluyan medidas como simplificar y agilizar los protocolos, evitar que un docente agredido tenga que continuar dando clase a su agresor, mejorar las condiciones laborales y retributivas de los docentes o “fomentar la cultura del esfuerzo y evitar dinámicas que puedan trasladar al profesorado presiones implícitas para mantener altos porcentajes de aprobado”, entre otras propuestas. 

El otro sindicato mayoritario en las Islas, STEC-IC, incide en que se deberá disponer de financiación suficiente para llevar a cabo esta ley, e insiste en que se destine a Educación el 5% del PIB según establece la Ley Canaria. Esa financiación es necesaria, por ejemplo, para psicólogos, asistencia jurídica, refuerzos educativos… 

STEC-IC propone que se informe a la Inspección médica de esta nueva normativa para que “actúe en consecuencia y tenga presente que las bajas médicas provocadas por ansiedad, estrés, angustias y miedos están vinculadas estrechamente a la actividad docente”.

Este sindicato también reclama a la Consejería de Educación que haga autocrítica ante el “menoscabo sufrido en el pasado”. STEC-IC agrega en sus enmiendas que “también quedan comprendidos en la presente ley todos aquellos actos contrarios a la integridad física o moral del docente que se desarrollen en la esfera digital (redes, plataformas, Whatsapps...) y que tengan por objeto dañar su imagen, actuando con mala fe, aunque no se pueda demostrar un nexo de unión con el ejercicio de su profesión, pero sí que este no resulte neutro ante tales manifestaciones”. 

Por otro lado, UGT señaló recientemente en el Parlamento de Canarias que la Ley “solo tendrá sentido” si se traduce en defensa jurídica automática, recursos económicos suficientes y respaldo institucional efectivo. “La autoridad del profesorado no puede quedarse en un titular ni en una declaración simbólica; debe convertirse en protección real en los centros educativos”, destacó la organización sindical. UGT recalcó entonces que la autoridad docente ya está reconocida en la normativa vigente, pero ha insistido en que el verdadero reto es garantizar su aplicación efectiva. 

UGT reclamó además la actualización del protocolo de 2009 para ampliar su alcance a amenazas graves y agresiones verbales o digitales, así como la creación de unidades públicas de apoyo psicológico con implantación efectiva en todas las islas. También insistió en que es necesario un mayor reconocimiento profesional y retributivo acorde a la responsabilidad que se asume, especialmente en funciones directivas, tutorías y desarrollo profesional.

El sindicato Insucan recoge en su página web que las bajas laborales por trastornos psicológicos han aumentado, por lo que es necesaria la aplicación efectiva de esta Ley y agrega también la necesidad de creación de una Unidad de Atención al Docente (UAD) con apoyo psicológico especializado y preventivo y en la línea de otros sindicatos de reconocer el estrés y la ansiedad docente como enfermedad profesional.

Y desde CSIF se ha recalcado que la autoridad del profesorado “no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo de la Administración y mecanismos efectivos de protección ante conflictos, faltas de respeto y/o agresiones en el ámbito educativo”. 

CCOO rechaza el nombre de la Ley

Por su parte, la portavoz del área de enseñanza de CCOO, Flor Acosta, señaló recientemente en el Parlamento que desde el principio el sindicato mostró reticencias respecto al propio nombre de la ley. “No nos gusta la denominación Ley de Autoridad del Profesorado, porque puede prestarse a confusión entre autoridad y autoritarismo. A nuestro sindicato le parecía más adecuado hablar de una ley de reconocimiento social de la función docente”. 

CCOO sostiene que el núcleo de la ley “no puede quedarse en una declaración de principios. Debe ir acompañado de medios, garantías y evaluación” y agrega que el profesorado de colegios concertados también debería estar protegido. “También queremos recordar que la autoridad no puede estar reñida con la democracia. En los últimos años hemos observado una tendencia a reducir el papel de los claustros en la toma de decisiones en los centros educativos, concentrando cada vez más competencias en los equipos directivos. Sin menospreciar el trabajo de los equipos directivos, creemos que los centros educativos deben seguir siendo espacios de participación democrática del profesorado”, incide. 

Las familias piden que se respete el interés superior del menor

Las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa), y la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva pidieron a los grupos políticos del Parlamento regional a principios de marzo que inviten a comparecer en el debate sobre la futura Ley de Autoridad Docente al titular del Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Tomás Martín Rodríguez, con el objetivo de incorporar al debate la perspectiva de protección de la infancia y la adolescencia.

“Criminalizar a niños, niñas, adolescentes y a sus familias distorsiona la realidad de la convivencia escolar”, sostuvieron las Ampas tras escuchar a los representantes sindicales en el Parlamento. Las familias consideran que el concepto de autoridad docente enfocado a la gestión de la convivencia debe incluir garantías para toda la comunidad educativa y solicitan que el debate parlamentario se enriquezca incorporando también la experiencia de educadores sociales, trabajadores sociales y otros profesionales de la intervención socioeducativa, que trabajan directamente en la prevención y gestión de conflictos en el ámbito educativo.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de La Palma también criticó recientemente la norma. En especial, la presunción de veracidad. “Si la palabra del docente es la única que vale, ¿qué función tiene la comisión de convivencia?”, se cuestionó su presidente, Vicente Brito Rodríguez. 

“Si el que acosa es el docente, el que se va es el alumno”, alertó el representante de las familias, para quien “un alumno tiene derecho a discrepar y un profesor tiene derecho a equivocarse”. Esta asociación ha pedido además al Parlamento “empatía” y equilibrio con el resto de los actores de la comunidad educativa. 

Por su parte, las Federaciones de Ampas de Gran Canaria y Fuerteventura (Fapa Galdós y Fimapa) comparecerán próximamente en el Parlamento de Canarias para dar más detalles sobre su postura ante esta ley. 

“Hemos llegado a un acuerdo con los agentes que intervienen en la cadena de distribución y hoy tenemos definida una lista de unos 45 productos esenciales donde se han tenido en cuenta los lácteos, las frutas y verduras, así como las proteínas como el pescado y la carne”. Fue el anuncio que realizó el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, el pasado 24 de febrero y que remitió a través de un comunicado a los medios. Sin embargo, esta misma semana reconocía en una entrevista que  40 de estos productos ya tienen aplicada dicha rebaja.

“A lo mejor no debimos haberlo anunciado”, dijo Domínguez en la Cadena Ser. Su Gobierno publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 20 de octubre de 2025 (mucho antes de que estallara el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán) un decreto en el que se recogen numerosos productos con el tipo de gravamen cero como: el pan, el pan específico para celíacos, el agua, las harinas, el gofio, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos naturales, cereales, carnes y pescados...

Ese decreto también recoge el aceite de oliva y el aceite de semillas oleaginosas y de orujo de aceituna, los distintos tipos de pastas como espaguetis, macarrones, tallarines, entre otras, medicamentos de uso humano así como los de uso veterinario. Se recoge en ese decreto el petróleo, las compresas, los pañales y la energía eéctrica entre otros.

Con esa lista tan amplia, ¿qué es lo que vende de nuevo el Gobierno de Canarias? Por el anuncio de febrero Domínguez incidió en que se estaba realizando un análisis “producto a producto, de manera quirúrgica, para ver que tipo de gravamen tienen y las ayudas a las que se pueden adherir y les puedo garantizar”, señaló, “que todo producto que esté en esa cesta de la compra básica con IGIC, lo llevaremos a tipo cero, y los que no lo tengan, se verá si pueden recibir algún tipo de ayuda por parte del Gobierno”.

Lo cierto es que son tres productos los que se incorporarán como novedad a esa lista: la sal, el café y la mantequilla y que hay dos en duda ya que el Gobierno de Canarias se encuentra a la espera de lo que determinen los informes de Salud Pública. Se trata del azúcar y de las galletas.

Si bien es cierto que con los años se ha ido ampliando la lista de productos con tipo de gravamen cero, si atendemos al decreto de 2012 sobre el IGIC ya se recogían productos básicos como el agua, la leche, los huevos, la carne, el pescado, la fruta, la verdura o las legumbres.

En la pasada legislatura, por la COVID y el volcán de La Palma se llevaron a cabo diferenetes decretos que tenían que ver con el IGIC. El entonces vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC) remarcaba que la práctica totalidad de la cesta de la compra en Canarias está exenta del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Precisamente, Nueva Canarias ha sido una de las formaciones más críticas con el decreto de medidas anticrisis del Gobierno de Canarias. Su secretario general, Luis Campos, ha apuntado que “es, sencillamente, un ejercicio de propaganda con cifras de trileros y un vacío social que avergüenza”. A juicio de Campos, debería incluir medidas para las familias más vulnerables y reprocha que no se han desarrollado los complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía.

También reprocha que se hayan incluido medidas que ya no son nuevas como el IGIC tipo cero a productos que ya lo tenían o la ampliación del régimen especial del pequeño empresario (Repep) hasta los 50.000 euros.

El PSOE de Canarias por su parte tachó en un comunicado de “absolutamente falso” que las medidas anunciadas por el Gobierno de España no tengan efecto en Canarias, como las ayudas directas a las navieras para que el incremento del precio del combustible no encarezca los billetes entre islas, y el incremento de la agilidad en el pago de la ayuda al combustible para los agricultores, entre otras acciones.

Asimismo, reclamó el portavoz en el Parlamento Sebastián Franquis reclamó iniciativas concretas orientadas a proteger a los colectivos más vulnerables, como el refuerzo de los complementos de la renta de ciudadanía o la implementación de ayudas a las pensiones contributivas.

La rebaja del 7 al 5% que nunca llegó

No es la primera vez que el Gobierno de Canarias se enreda con el IGIC. Durante la campaña de las elecciones tanto Coalición Canaria como el PP insistieron en la necesidad de bajar impuestos. En concreto, ambas formaciones prometieron rebajar del 7 al 5% y así lo plasmaron en un acuerdo.

Poco después del llgar al poder se han escudado en la “incertidumbre” fiscal para no aplicar la medida. Además, recientemente ha sido la diputada Cristina Valido quien ha pedido al Gobierno estatal que rebaje el IGIC  para paliar en las islas el alza de los costes energéticos y logísticos derivados de la guerra.

Los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social han denunciado este martes la decisión de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de cerrar las Escuelas Infantiles Anaga, en Tenerife y Las Folías, en Gran Canaria. “Se trata de un servicio público que no se mide por beneficio económico, sino por su necesidad social. Consideramos que Anaga y La Folía son vitales para nuestra comunidad”, han destacado las trabajadoras en una rueda de prensa, que han anunciado movilizaciones contra el cierre que afecta a más de 70 familias.

Los represantes de los Comités califican esta medida de “injustificada” y exigen la paralización inmediata de un proceso que consideran que desmantela un servicio público esencial. Sostienen que se trata de un cierre sin aval técnico y con gestión negligente e inciden en que la Administración justifica el cierre por una supuesta “baja matriculación”, pero inciden en que en realidad no existe un estudio técnico que avale dicha afirmación.

La Consejería se escuda en que ha optimizado recursos en centros con baja demanda y aseguró que dichos reajustes no implican ni pérdida de plazas para el alumnado ni pérdida de empleo para el personal: “Esto nos va a permitir redistribuir recursos y mejorar los apoyos educativos en el conjunto de la red. Gracias a esta reorganización, avanzaremos hacia el objetivo de contar con aproximadamente dos educadores de apoyo por escuela, lo que redundará en una mejora de la calidad del servicio”, afirmó Candelaria Delgado en un comunicado.

Las portavoces de los comités de empresa señalaron, sin embargo, en rueda de prensa que la Consejería se refiere a la baja natalidad como excusa cuando “es un dato contradictorio”, porque “querer fomentar la natalidad eliminando los servicios que las hacen posible es una contradicción. Si escuelas públicas se dificulta que las familias jóvenes decidan tener hijos o hijas, sin plazas accesibles los costes de crianza aumentan, lo que desincentiva directamente la natalidad y tener hijos o hijas se vuelve un lujo. El cierre de plazas públicas afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes suelen asumir los cuidados cuando no hay oferta pública aceptable”.

“Eliminar estos servicios para los niños y las niñas fuerza a las familias jóvenes a mudarse a otras zonas y acelera el envejecimiento y la muerte social de los barrios. Para que la población crezca, el Estado debe garantizar estos servicios antes de que nazcan los niños y las niñas, no quitarlos cuando la curva baja”, incidieron.

Cuando dicen que hay una reorganización de recursos, insiste en que “la Administración, además, intenta vendernos que al suprimir estas dos escuelas se mejorará la atención en las restantes, pero no se puede mejorar la calidad del servicio a costa de eliminar plazas públicas y destruir escuelas”.

Las trabajadoras inciden en que se está realizando por parte de la Dirección de Protección a la Infancia una “gestión negligente y deliberada” cuando en realidad todo se debe al bloqueo de listas de reserva. Y señalaron que existen profesionales en lista de reserva desde hace más de un año, pero la Consejería se niega a cubrir bajas y vacantes.

También han incidido en el boicot a la matriculación y en que se han rechazado matrículas alegando falta de personal y no se ha realizado publicidad alguna, a pesar de que para el próximo curso escolar serán gratuitas.

Los comités lamentan “la pérdida de un recurso vital para familias vulnerables y sostienen que el cierre de estos centros no es solo un problema logístico, sino una grave desprotección social. Estas escuelas son herramientas clave para la atención integral de familias en situación de riesgo o exclusión”.

Los Comité sostienen que esta decisión omite el principio del interés superior del menor. Además, hablan de propuestas ignoradas y falta de negociación y subrayan que la Dirección General ha ignorado sistemáticamente sus propuestas de mejora y flexibilización, tales como: implementación de acogida temprana, inclusión de las escuelas en el Plan Estratégico de Servicios Sociales como servicios esenciales de prevención, apertura de mesas de negociación reales frente a la actual “política de hechos consumados” y movilizaciones inmediatas.

Todo ello, ante lo que consideran un “sinsentido logístico” que busca forzar la salida de trabajadores cualificados y externalizar servicios (como el catering), los Comités anuncian el inicio de movilizaciones inmediatas.

Durante la rueda de prensa, las integrantes del comité de empresa han dicho que se reservan el derecho a acudir a la vía judicial por la vulneración de la negociación colectiva y la falta de transparencia en la documentación justificativa. “Un servicio público no se mide por beneficio económico, sino por su necesidad social. Anaga y Las Folías son vitales para su comunidad”.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha actualizado la información respecto a la borrasca Therese y ha decidido suspender para la tarde de este martes y para la jornada de este miércoles las clases presenciales no solo en toda Gran Canaria sino también en Tenerife y La Palma.

Este miércoles, informa la Consejería, la clases pasarán a telemáticas en esas tres islas .

La Consejería pidió en la mañana de este martes no acudir a buscar al alumnado a las 12.00 a los centros educativos como se anunció en un principio en algunos centros ante la recomendación que realizó finalmente la Dirección de Seguridad y Emergencias para evitar desplazamientos y no poner en riesgo a la población.

Educación incide en que estas decisiones responden a criterios de prudencia y prevención, priorizando la seguridad de la comunidad educativa. Asimismo, se recomienda a toda la comunidad educativa permanecer atenta a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias, así como a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y de Protección Civil.

En un principio se había dado la instrucción a los centros educativos para que las familias acudieran a recoger a los menores de forma esclanodada entre las 12.00 y las 14.00; una decisión que fue descartada con posterioridad.

Ya varios Ayuntamientos desde esta mañana habían ordenado el cierre de colegios como es el caso de Arucas y Firgas ante las fuertes lluvias que han ocasionado crecidas en los barrancos y colapso en las carreteras así como caída de palmeras y riesgi de derrumbes.

El Ayuntamiento de Arucas pedía, no obstante, que no se fuera a recoger al alumnado que ya se encontraba en los centros educativos para evitar desplazamientos ante el riesgo de inundaciones.

La jefa de Meteorotología de RTVC, Vicky Palma, ha señalado que los niños y niñas están más seguros en los colegios en estos momentos. De hecho, el Cabildo de Gran Canaria ha solicitado este martes la ayuda de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) ante el impacto que están teniendo las lluvias de las últimas horas en la isla, asociadas a la borrasca Therese, sin daños personales pero con barrancos desbordados y una docena de carreteras cortadas.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado de que los centros educativos deberán permanecer cerrados y cambiar la actividad lectiva a modalidad telemática este jueves 19 de marzo en todas las islas de la provincia occidental -Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro- y la isla de La Graciosa, en este caso por fenómenos costeros adversos. En Gran Canaria no habrá clases presenciales por la tarde y por la noche.

Por ello, en la jornada del viernes 20 de marzo se mantendrá la jornada telemática en el conjunto del archipiélago y se suspenden las clases presenciales.

La Consejería asegura que esta medida afecta también a la labor del personal no docente, de administración y servicios. Asimismo, recomienda que permanezcan atentos a los canales de comunicación oficiales de la Consejería y del Gobierno de Canarias para cualquier actualización de información a este respecto.

Educación ha tomado esta decisión después de una reunión mantenida para evaluar la situación por la borrasca Therese con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Según ha advertido, el objetivo es evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, y en particular a la comunidad educativa, durante la confluencia de factores meteorológicos que afectará a nuestro archipiélago en los próximos días.

De cara al viernes, se mantendrá a modalidad telemática toda la jornada en el conjunto del archipiélago. Esta medida afecta también a la labor del personal no docente, de administración y servicios.

Asimismo, “recomendamos que permanezcan atentos a los canales de comunicación oficiales de la Consejería y del Gobierno de Canarias para cualquier actualización de información a este respecto”, señala Educación.

La Consejería había recomendado este martes a los centros que estuvieran prevenidos y que sigan recomendaciones como revisar las canaletas y vías de desagüe de agua, manteniéndolas libres de elementos que puedan obstruirlas y revisar elementos susceptibles de ser afectados por el viento.

Los primeros efectos de la borrasca Therese en Canarias han comenzado a sentirse desde las primeras horas de este miécoles, cuando han aparecido las lluvias y las fuertes rachas de viento en zonas de cumbre.

Durante esta mañana ya se han registrado las primeras incidencias, como cancelaciones de actos deportivos, culturales y festivos en todas las islas, así como retrasos, desvíos y una cancelación en vuelos interinsulares. Sin embargo, lo peor del temporal está aún por llegar; se espera para este jueves, cuando el centro de la borrasca se aproxime aún más al archipiélago.

Canarias es una de las comunidades donde aún se espera demasiado por la ayuda a la dependencia. De hecho, son frecuentes los casos de personas a las que se llama para concederles una cita de valoración cuando han fallecido. En 2025, en las Islas fallecieron 2.202 personas en lista de espera, 1.059 sin resolución de grado y 1.143 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio. Así lo refleja el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que destaca que esta comunidad vuelve a suspender en su dictamen de 2025 con un 4,5. Por normativa, además, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay 5 Comunidades y Ceuta y Melilla (151) por debajo de ese margen en sus promedios. En el otro extremo estarían Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430).

También apunta que en 2024, fallecieron 2.489 personas que se encontraban en lista de espera del sistema de dependencia sin haber sido atendidas lo que supone una reducción absoluta de 287 fallecimientos respecto al ejercicio anterior. No obstante, pese a esta disminución, el volumen de personas fallecidas en lista de espera continúa siendo muy elevado, manteniendo niveles incompatibles con una gestión plenamente eficaz del sistema. 

Una de las cifras más alarmantes del documento es la que hace referencia a las personas que pese a tener derecho a la dependencia no son atendidas. El número de personas en el “limbo” aumentó en más de 4.380 personas desatendidas, situando su tasa limbo aún en el 28,6% la peor de todo el país, cuya media se sitúa en el 8,3%. “De seguir el ritmo de crecimiento interanual aún tardaría seis años en atender a las 19.551 personas dependientes que se hallan en el limbo de la dependencia”, apunta el informe.

Asimismo, apunta que tiene 2.472 personas a la espera de resolución, por tanto, la lista aumenta a 22.023 personas, lo que hace que su porcentaje de listas de espera sea de 27,79% , la más elevada de España, cuya media de lista de espera se sitúa en el 11,1%. 

Como dato positivo sí que destaca Canarias atendió en el último ejercicio a 20.807 nuevos dependientes, un 46,21% más que en el ejercicio precedente, el resto de las comunidades incrementaron en un 10,45%. También destaca que se han creado 3.730 nuevos empleos como consecuencia de la inversión extraordinaria recibida por la Administración General del Estado. 

El informe apunta que con la Ayuda Extraordinaria del Plan del Choque, Canarias generó el pasado año 3.731 nuevos puestos de trabajo como consecuencia de la utilización de recursos altamente generadores de empleo como la Atención Residencial o los Centros de Día, pero -sobre todo- con las PEVS que representan el 38,5% de su cartera y que destina en su mayor parte a Ayuda a Domicilio y Atención Residencial. 

En 2025, 5.051 personas abandonaron la lista de espera pendiente de resolución de prestación o servicio (PIA). De ellas, 1.143(1) lo hicieron como consecuencia del fallecimiento, lo que representa el 22,63 % del total de salidas registradas.

El dictamen concluye que “la gestión del sistema de atención a la dependencia en Canarias durante 2025 evidencia una capacidad resolutiva insuficiente, que, pese a una mejora interanual en el número de fallecimientos en lista de espera, no se traduce en una respuesta administrativa efectiva, manteniéndose un volumen elevado de personas con derecho reconocido que abandonan el sistema sin que se haya materializado la prestación correspondiente”.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha valorado este informe destacando que “se sigue trabajando principalmente para conseguir ofrecer servicios a quien ya tiene reconocido el derecho y, por otro lado, por rebajar drásticamente el tiempo que se tarda en conseguir el derecho desde la solicitud hasta su obtención que, actualmente, de media está en 391 días (430 en diciembre, fecha de los datos del Dictamen), aunque la realidad es que, en todas las islas, cualquier persona que solicite la ayuda tendrá su resolución en menos de 152 días”. También comparó el dato de fallecimientos del año pasado con el de la legislatura anterior. 

En el comunicado apunta que el dictamen subraya que existen personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación o servicio, lo que significa que el sistema no logra atender a todas las personas con derecho reconocido. “Si bien es cierto que existe una falta de personal en el sector de cuidados, un problema importante en todo el sistema, la recién presentada Estrategia Sociosanitaria también establece mecanismos para la mejora de este aspecto; así como para paliar la falta de camas residenciales”.

Y añade que “es reseñable también que esa lista de espera, como bien reseña el IMSERSO, no es achacable a la administración” pero que, aun así, “la Consejería trabaja para incrementar los servicios disponibles con otras medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado; la implantación universal de la teleasistencia avanzada, o la acreditación de personas autónomas para los servicios de promoción de la autonomía personal”.

Cabe recordar que el pasado año los comités de empresa de Bienestar Social pidieron la dimisión de la consejera y la directora de dependencia por “falsear” los datos de Canarias. Y es que se trasladaron al IMSERSO 9.000 prestaciones que no existían. Delgado admitió un error en los datos que después fue subsanado.