El Banco de Sangre en Canarias sigue afrontando las consecuencias de la crisis en la que lleva sumido los últimos años. Uno de los últimos episodios que lo puso de manifiesto fue la pérdida de 3.500 bolsas de plasma. ¿El motivo? Fallos en la cámara de refrigeración. Unos fallos que siguen ocurriendo, denuncian los trabajadores. El representante sindical de CCOO y delegado de personal del Banco de Sangre, Daniel Quintero, explica a este periódico que tienen que restringir la captación de plasma y que se tiene que trasladar las reservas fuera del banco (a otros hospitales públicos) para mantenerlas.

Quintero apunta que aunque es cierto que la cámara “se parcheó” y “estuvo medio funcionando un tiempo”, “hace ya semanas que vuelve a estar mal y estamos teniendo que restringir la captación de plasma en las unidades de donantes de plaquetas y de plasma. Y eso es gravísimo porque realmente ya estamos diciéndole a personas que acuden a donar que uno de los productos que se les puede extraer no se les extrae. Estamos hablando de una opción concreta, como son las donaciones de aféresis”.

Y agrega que se está “teniendo que llevar a cámaras fuera de la institución para que ese plasma no se vuelva a desechar cuando hemos tenido unas cámaras a un 25% menos a la temperatura que deberían estar dando”.

Por su parte, desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia aseguran a este periódico que realizan un “mantenimiento diario de las cámaras frigoríficas que se encuentran en fase de obsolescencia, por lo que se ha adquirido 15 máquinas nuevas que se espera poder recepcionar el próximo mes y que han supuesto una inversión de 278.100 euros y otro ultracongelador de 92.700 euros”.

“Los controles diarios de esa maquinaria evitan la rotura de la cadena de frío y en cuanto se detecta una anomalía se toman medidas para evitar la pérdida de plasma, lo que ha permitido que no se produzca pérdida alguna”, inciden desde la Dirección General a este periódico.

No hay suficiente stock y “caos” en la gestión

El representante de los trabajadores insiste en que los problemas con el mantenimiento del plasma no es lo único que afecta al banco de sangre e incide en que hay un problema de gestión y de planificación. Otra de las cuestiones a las que apunta que reivindican los trabajadores es que se reparen las unidades móviles de extracción de sangre que asegura que llevan tiempo averiadas.

“Es normal que cuando las cosas están todos los días en uso y a máximo rendimiento, porque aquí ya no paramos de trabajar, sábados y domingos incluidos, porque como no abordamos lo que es el stock mínimo para salir fuera de esa crisis constante que tenemos de falta de sangre, pues eso no para”, insiste Quintero.

Señala que en estos momentos el Banco de Sangre lo componen unas 150-160 personas, pero “es un personal que cuando está medianamente formado se acaba yendo”. Quintero habla de “saturación, falta de gestión, coordinación y comunicación. Por lo que han acudido a Inspección de Trabajo.

“Lo que queremos básicamente es defender el servicio público, porque de verdad que creemos en lo que hacemos”, sostiene.

Quintero añade que hay un reglamento europeo SoHO que exige cumplir con una serie de condiciones técnicas para cumplir con una serie de exigencias en la extracción. Y agrega que las condiciones de los centros con los que cuenta el Banco de Sangre tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife no se cumple con esos requerimientos técnicos y “no han visto ni un solo avance” , unos criterios que tienen que cumplir antes de agosto del próximo año.

Otra de las cuestiones en las que incide Quintero es en la falta de stock de sangre, lo que lleva a tener que reprogramar operaciones en ocasiones. En un momento como agosto, en el que tradicionalmente bajan las donaciones, la situación se puede volver crítica y el representante sindical lo achaca a la falta de previsión.

Este mismo viernes, desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que done sangre de forma regular, “especialmente, durante los meses de verano, una época estacional en la que descienden las donaciones mientras las necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias permanecen estables o, en algunos casos, se incrementan”.

Según explicaron desde la Dirección a este periódico “en cuanto a las reservas de sangre, se encuentran en los niveles habituales del mes de agosto, en los que tradicionalmente descienden por el período vacacional de los donantes; de ahí que hayamos hecho llamamientos específicos antes de la salida de vacaciones y tengamos a las unidades móviles ubicadas en las zonas de mayor tránsito de personas. Por ahora, el stock existente da respuesta a las necesidades sanitarias y esperamos poder continuar así durante este mes de agosto que es el más complicado habitualmente”, asegura.

En el llamamiento inciden en que “la sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente, por lo que la donación voluntaria, altruista y regular sigue siendo la única forma de asegurar su disponibilidad cuando un paciente la necesita. Cada donación puede contribuir a salvar o mejorar la vida de varias personas y convertirse en una nueva oportunidad para quienes atraviesan situaciones médicas complejas”. Y agregan que con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía, se desplegará la próxima semana una amplia red de dispositivos móviles de extracción en distintos municipios del archipiélago y mantendrá operativos los puntos fijos de donación en todas las islas.

La Justicia ha obligado al Ayuntamiento de Arona (donde gobierna PP-CC-Vox) a readmitir a una trabajadora embarazada despedida por un concejal de extrema derecha. La mujer fue despedida 21 de noviembre de 2025, pero en septiembre de ese mismo año había causado incapacidad temporal por embarazo.

“La alcaldesa del Ayuntamiento (Fátima Lemes Reverón, del PP), previo informe/propuesta del segundo teniente alcalde (Naim Yánez Alonso, de Vox) de fecha 13 de noviembre, y mediante resolución de 21 de noviembre, procedió al cese de la trabajadora, por pérdida de confianza”.

La sentencia de la plaza número 1 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, adelantada por Diario de Avisos, subraya que no queda justificada otra razón distinta para determinar el cese de la demandante como personal de confianza, por lo que se ha producido una vulneración del derecho fundamental.

Según el fallo, que no es firme, la mujer había empezado a trabajar en el Ayuntamiento en enero de 2025 en horario de 08 a 14.00 como personal de confianza y según se alega en esa sentencia “hasta junio de 2027”. “La relación laboral se desarrolla en general, con normalidad, por mucha negativa a este respecto que se pretenda hacer ver por el concejal”.

“Las principales anormalidades de la relación son, de hecho, mayores sacrificios y dedicaciones que mi mandante ponía en el desempeño de sus funciones, lo que implicaba trabajar mucho más que el horario acordado con D. Naím, realizando funciones más allá de las propias de un asesor e incluso, trabajar durante fines de semana”, destaca la sentencia.

“Esta situación es la tónica general en la relación laboral de autos, donde nunca se respeta el supuesto horario de trabajo pactado (de 8:00 а 14:00)”, asegura la demandante.

El Ayuntamiento, por su parte, se opone a los argumentos de la trabajadora. Y segura que el cese se debe a la pérdida de confianza motivada por “reiteradas faltas de asistencia y puntualidad, escasa implicación en las labores de apoyo y asesoramiento que le correspondían, insistencia en el teletrabajo, cuando el puesto exigía presencialidad continua, así como baja productividad”.

La Fiscalía, por su parte, incidió en que la trabajadora fue cesada como personal eventual menos de dos meses después de la fecha de su baja médica, sin que en la resolución de cese se incluya una motivación mínima más allá de la mera referencia a un escrito previo del concejal al que estaba asignada como persona de confianza en el que no se incluyen argumentos relativos al cese de la confianza determinante del nombramiento, sino exclusivamente al problema jurídico de reemplazar a la trabajadora ante la situación derivada de su baja médica por embarazo.

“Consecuentemente con lo anterior, la Administración demandada deberá acreditar la razonabilidad de su actuación e inexistencia de la vulneración del derecho fundamental”, incide el Ministerio Público.

El magistrado considera que la trabajadora sí que ha sufrido una lesión concreta respecto del Derecho Fundamental. Y agrega que “en efecto, y como señala la Administración, la configuración legal del personal de confianza de los cargos políticos, como es el caso, prevé que su cese se podrá adoptar en cualquier momento, cuando dicha confianza desaparezca. No obstante y como refiere el Ministerio Público, cuando la motivación de dicho cese obedezca a circunstancias discriminatorias o no queda acreditado por parte de la Administración, que el mismo obedeció a otra circunstancia ajena a la fuente de discriminación, entonces será contrario a Derecho”.

La sentencia añade que teniendo por acreditada “la falta de aptitud de la actora o de interés para el desempeño de su trabajo, lo que no queda acreditado ni justificado en la resolución recurrida ni de las explicaciones dadas por el concejal, el porqué, ese cese no se produjo antes, pues tal y como expusieron los testigos, los incumplimientos de la actora para con su trabajo asignado, fueron destacables desde el primer momento, recordemos, a principios de marzo de 2025”. Por ello, incide en que en este caso, el cese no estuvo motivado por esa causa sino por el embarazo de la demandante.

“El cese de la actora, tras conocerse su estado de gestación, obedeció a motivos discriminatorios, contrarios a nuestro sistema constitucional, en concreto a la cláusula 14 de la CE y el Derecho Fundamental a no sufrir discriminación. La Administración, no explica de forma coherente, que el cese de la actora obedeció a otra causa distinta de su estado de embarazo, situación que pese a régimen jurídico que le resulta de aplicación, es merecedora de especial protección”.

Por todo ello, incide en que debe reincorporar a la trabajadora a su puesto “con abono de los salarios devengados desde el cese hasta la incorporación, lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Administración, si ha fenecido la confianza en la misma, para proceder conforme a Derecho, teniendo en cuenta el régimen jurídico de personal eventual que resulta de aplicación”.

El magistrado desestima la petición de la demandante de una indemnización y considera que suficiente el resarcimiento en cuanto a la reincorporación dejando sin efecto el cese, así como el derecho a percibir los respectivos conceptos económicos que procedan, sin que la actora, más allá de la cita de la sentencia en la que fundamenta esa regla de tres, justifique unos daños merecedores de una cuantía mayor o de una medida de restablecimiento más efectiva que la acordada en esta sentencia.

No obstante, el fallo aún no es firme y cabe recurso.

La familia de Juana Ramos, la mujer desaparecida en agosto de 2016 en Gran Canaria, ha solicitado 17 años de cárcel para su presunto asesino. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, detalla en concreto que se pide 15 años de pena por un delito de homicidio y otros dos por otro delito contra la integridad moral. También le reclama 300.000 euros y asumir el coste de las actuaciones necesarias y razonables de localización de Juana Ramos.

La desaparición de Juana Ramos generó una fuerte conmoción. Su cuerpo no ha sido encontrado pero pasó a ser considerada en las estadísticas oficiales como víctima de violencia de género en 2018. Su familia espera que pronto pueda celebrarse el juicio.

En el escrito de acusación detallan todo un entramado de contradicciones en el relato que ha descrito en estos años el marido de Juana Ramos, Miguel Ángel Ramos Quesada, que tenían períodos de convivencia intermitentes. Desde julio de 2016 residían por separado y aquel 20 de agosto se pusieron en contacto, relata la familia, para verse y salir juntos. Sobre las 20.00 horas el acusado pasó a recogerla en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria y pusieron dirección a Arucas.

Juana jamás regresó al domicilio. Y ahí radica una de las contradicciones del acusado, que aseguró a las brigadas que dejó a su esposa de vuelta en La Paterna sobre las 00.30 horas del sábado. Juana en realidad no regresó y “el rastro de la señal del móvil se pierde en Bañaderos”.

En el escrito también se expone que el 13 de septiembre el acusado volvió “a faltar a la verdad” en cuanto a la descripción de la vestimenta que portaba el 20 de agosto “pues consta en el soporte de grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial Carrefour Las Arenas que se observa que el día 20 de agosto de 2016, el acusado a las 19:09 horas, entra en dicho establecimiento en compañía de su hija, vistiendo un polo de color rojo con el cuello blanco, pantalón largo oscuro y unos zapatos también oscuros. Sin embargo, en la diligencia de reconstrucción de los hechos el acusado, al ser preguntado por la ropa que tenía cuando fue a Carrefour la tarde del sábado 20 de agosto, manifestó que tenía una camiseta negra, resultando que es de color rojo con el cuello blanco”.

Asimismo, subraya el escrito que “en la diligencia de reconstrucción de hechos el acusado falta a la verdad en cuanto al recorrido que explica que hizo junto a Juana, que no coincide con la ubicación de los teléfonos móviles de ambos, habiendo manifestado el acusado que nunca se bajaron del coche desde que la recogió y la dejó en su domicilio de La Paterna en un espacio de menos de tres horas”.

Otro detalle que expresa la familia en el escrito es que Juana no regresó a su domicilio la madrugada del domingo 21 de agosto de 2016, pues “la alarma de su vivienda que ella siempre conectaba antes de acostarse no fue conectada la noche del sábado al domingo. Juana nunca conectaba la alarma al salir, sino cuando estaba en su domicilio”, exponen.

También inciden en que una vecina de Juana, que asegura haber estado despierta hasta las 04:00 de la madrugada del 21 de agosto, no oyó ningún coche pararse delante del bloque ni la vio llegar a su domicilio.

Otro aspecto en el que hacen hincapié es en que el domicilio, el establecimiento que regentaba (negocio de alimentación) y el vehículo de la desaparecida, estaban en perfecto estado, faltando únicamente la ropa y efectos personales que llevaba la noche del sábado. No faltaba ropa ni otros enseres personales en el domicilio.

“Para evitar ser descubierto y determinar cómo le arrebató la vida a Juana, Miguel Ángel se deshizo del cadáver de Juana, lo que ha producido que después de desarrollarse a lo largo de los años una intensa y amplia búsqueda, al tiempo presente, siga sin encontrarse vestigio biológico alguno de la víctima siendo destacable la nula colaboración del acusado en las labores de búsqueda de quien había sido su pareja sentimental durante trece años”, considera la familia en el escrito de acusación.

Además, Juana Ramos no ha realizado actividad alguna desde la fecha de su desaparición que permita inferir que sigue con vida, y carece de sentido una desaparición voluntaria cuando además se encargaba de del cuidado de sus padres octogenarios, e igualmente ayudaba a su hija Dácil en el cuidado de su nieto Hugo, con autismo.

La familia de la víctima ve relevante destacar que el acusado no quería que Juana se relacionara con su familia, ni que tuviera amigas y que antes de su desaparición había conocido a personas con las que estaba iniciando una relación de amistad.

De hecho, Juana habría reconocido a su nuera que seguía teniendo contacto con el acusado por una deuda económica que este le generó al traspasarle un negocio, “cuando él ya sabía, que Hacienda le impondría una multa económica y a pesar de ello, no le importó que Juana tuviera que hacer frente a las deudas: una de quince mil euros y otra de unos nueve mil aproximadamente, deudas que habían sido generadas por negocios del acusado”, detalla el escrito.

También se incluye que el 26 de noviembre de 2018, dos funcionarios del Grupo de Homicidios se encontraban realizando un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre el sospechoso y que al percatarse del seguimiento se dirige a ellos de muy malas formas espetándoles “¿Qué pasa?”. Acto seguido el acusado accede a su coche mientras continúa hablando y dice “ojalá y yo se lo agradezco, ojalá y aparezca ahora y viva y den un golpe sobre la mesa”, mientras le consta que los funcionarios policiales están cerca.

“Sin embargo, transcurridos varios minutos y cuando se percata de que ya no está siendo observado se registra la siguiente frase ”vas a encontrar, una mierda vas a encontrar tú“. La familia considera que esto apunta a que el acusado ”sabe a la perfección que el cuerpo sin vida de Juana no va a ser encontrado jamás, pues dicha expresión no es propia de quien desea que aparezca con vida“, concluye.

Y añade en el escrito que “el acusado actuó así con su ex pareja al no aceptar la decisión exteriorizada por Juana de querer tener una vida independiente de sus criterios, ajena a sus imposiciones, molesto porque ampliaba sus relaciones sociales con nuevas amigas, habiendo ejercido sobre ella una conducta vigilante con una necesidad de control de sus contactos, visitas, temeroso de una ruptura definitiva, habiendo aprovechado la utilización de una deuda económica derivada de la gestión de los negocios del mismo que estaban a nombre de Juana, para presionarla y conminarla al mantenimiento de la relación”.

Cabe recordar que el escrito de acusación de la familia coincide con el de la Fiscalía, que sostiene que en algún momento de ese trayecto o durante las horas posteriores, el acusado “acabó con la vida de la mujer”, aunque no ha podido determinarse ni el lugar exacto ni la forma en que se produjo la muerte.

La Audiencia de Las Palmas rechazó en 2024 el recurso de presentado por la defensa de Miguel Ramos contra el auto del Juzgado número 2 de Violencia Sobre la Mujer de la capital que acordaba seguir con el procedimiento de la Ley del Jurado que, por tanto, continúa.

El cuerpo de la mujer no ha sido hallado hasta la fecha, pero la magistrada María Auxiliadora Díaz sostiene que existen indicios suficientes de que Miguel Ramos presuntamente la mató y, por ello, dictó el auto de inicio del procedimiento por la ley del Tribunal del Jurado.

Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido noticia nacional en las últimas semanas tras proponer bajar el sueldo a las personas de baja para combatir “el cáncer” del absentismo. Unas afirmaciones en las mezclaba incapacidades temporales con absentismo laboral, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el hecho de que un trabajador no se presente a su puesto de trabajo “sin motivo justificado”. Un supuesto en el que no entrarían las bajas por enfermedad como afirmó Feijóo en sus declaraciones. Se trata de un discurso en el que lleva tiempo incidiendo la CEOE de Tenerife, por ejemplo, que incide en ello en sus informes y que ha llegado a promover un “buzón de bajas fraudulentas”. Y es además un discurso al que se ha sumado recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón anunciando una comisión para combatir el “absentismo” pero incidiendo en que se han incrementado con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

CCOO y UGT remarcan que se vuelve a mezclar absentismo laboral confundiéndose con bajas médicas e incluso permisos de paternidad y maternidad y por otros motivos. “El absentismo en Canarias no llega al 1%”, remarca, mientras insisten en que de lo que no se habla es de salud laboral.

Para Ignacio Hernández, secretario de Acción Sindical de CCOO, “todas estas palabras que hemos escuchado a Feijóo que no son nuevas, y las calificamos de lamentables, surrealistas incluso, y encima es un insulto a la clase trabajadora, pero es que también a los profesionales médicos, porque de alguna manera está diciendo que están prevaricando, que están en un fraude de ley, cuando da baja sin tener que dar esa baja, ¿no? O sea, un despropósito, un insulto, una falta de respeto, y encima habla del cáncer, sabiendo que hay 14.000 procesos oncológicos en este país, y son de origen laboral, o sea, y que en España cada año mueren 6.000 personas, 6.000 fallecimientos son cánceres originarios de trabajo, por tanto, todo esto es un despropósito”.

Hernández añade que se está hablando además con “datos manipulados” haciendo referencia al bajo porcentaje de absentismo que existe realmente. “Hay régimen sancionador, si tú faltas a trabajar se te sanciona, se te descuenta el día”, recuerda.

Considera además que está empezando a calar un relato entre patronales, extrema derecha y derecha que es perseguir las enfermedades comunes. “O sea, tienes un proceso de cáncer, estás con quimio, lo quieren perseguir, quieren recuperar algo que ya puso Rajoy en 2012 con su reforma magnífica, que era el despido por estar de baja, el despido, aunque esté justificada, eso se derogó, pero quieren volver a retomarlo”, lamenta.

Para Héctor Fajardo, de UGT, Feijóo “parece que demuestra su desconocimiento del derecho laboral, de cómo funciona el tema de las bajas laborales, la baja por IT por incapacidad temporal. Algo que no nos sorprende, no nos sorprende demasiado, pero sí nos preocupa, porque, por otra parte, esto ya viene a decir que en su programa de gobierno lo que pretende es recortar derechos a los trabajadores. Hay que recordar a Feijóo también que las bajas, las personas que estén de baja por enfermedad, por IT, en la normativa básica ya cobran menos del 100% de su base de cotización, ya por estar de baja se cobra menos”.

“Otra cosa es que a través de la negociación colectiva, a través de los pactos entre patronal, sindicato o la representación legal de los trabajadores en una empresa, y la empresa se complementa el 100% de la cotización de baja por IT, pero esto cuenta con el acuerdo entre patronal y sindicato o entre empresa y la representación legal de los trabajadores. Entonces, esto que dice él de que aunque haya pacto al contrario, ello aboga por pagar menos a un trabajador que esté de baja, aparte de ser ilegal lo que está diciendo, muestra un desprecio absoluto hacia el diálogo social y la negociación colectiva. Y también muestra un desprecio absoluto hacia la propia patronal, a pesar de que está planteando defender sus decisiones”, agrega Héctor Fajardo.

Fajardo también incide en la idea de que “confundir absentismo con incapacidades temporales, aparte de que vuelve a demostrar su desconocimiento, pero aparte vuelve a hacerle el juego a la patronal con una campaña que está desarrollando a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, sino aquí a nivel regional a patronal en Canarias. Están fomentando un discurso que es falaz, que lo que viene es a criminalizar a los trabajadores, dando por hecho no solamente a los trabajadores, sino también a los profesionales, a los facultativos, acusando los de fraude. Que nos parece muy grave”.

A Fajardo le sorprende que el Colegio de Médicos, por ejemplo, “tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife ”no haya puesto el grito en el cielo, ante las acusaciones de la patronal de estar acusando a los médicos de realizar fraude y de mentir en esas bajas, en esas bajas que las da un facultativo, y precisamente es un facultativo su rigor científico a la hora de establecer si la persona puede trabajar o no, si le está haciendo esas acusaciones“.

Alarma ante la mesa que anuncia la consejera de Sanidad

El vicesecretario General de Organización y Comunicación de UGT añade que otra cuestión que preocupa al sindicato y que no es la primera vez que pasa, es que la administración, el Gobierno regional “le compre también el mismo discurso a la patronal y ahora haya creado una mesa de absentismo vinculada con la ITE, la Consejería de Sanidad, que quiera crear una mesa de absentismo. Oye, si vamos a hablar de bajas, si vamos a hablar de incapacidades temporales, es cierto que hay un porcentaje alto de incapacidades temporales, pero eso tiene que ver con la escasa política de prevención de riesgos laborales, la escasa política de promoción de la salud en los entornos laborales. Esto es responsabilidad única y exclusivamente, bueno, principalmente vamos a decir, de las empresas”, asegura.

“Si hubiera una política fija de prevención de las enfermedades, no solamente de enfermedades de origen laboral, sino de prevención de la salud o de promoción de la salud, seguro que las incapacidades temporales se reducen. También mejorando las condiciones de trabajo, mejorando las sobrecargas laborales que hay, también se reducen las incapacidades temporales”, advierte.

“Entonces, eso es mejor manera de resolver este problema que no mirar a los trabajadores y criminalizarlos. Porque al final lo que están intentando hacer es trabajar enfermos. Y eso, a la larga, aparte de ser una política bastante estúpida, porque lo que va a provocar eso es que bajas se alarguen, se cronifiquen”, agrega.

En este punto, Ignacio Hernández añade que a esa mesa que ha anunciado la consejera de Sanidad no se ha invitado a los sindicatos. “Vamos a hablar, pero vamos a hablar de verdades, de lo que realmente está pasando. Porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿por qué no hay inversión en prevención de riesgos laborales? Vamos a buscar el origen de esas bajas médicas, de esos accidentes. El año pasado murieron 30 personas en Canarias, no volvieron a su casa a ver a su familia. Pues no se ha invertido en prevención de riesgos laborales, inviertan en prevención de riesgos laborales, evalúen por qué esas ansiedades, por qué esas hernias, por qué esas intoxicaciones de los bomberos forestales…

Asimismo, apunta que cuatro de cada diez horas extras que se hacen, ni se pagan, ni se cotizan, ni se compensan y pese a ello al Gobierno de Canarias solo le interesa hablar de productividad. “Un informe del BBVA dice que en los últimos 25 años ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras un 22%, producimos mejor las personas trabajadoras, mientras que en nuestros últimos 25 años, la productividad de las empresas, que son otros factores que se miden distintos, ha caído hasta un 21%”, apunta. “Entonces, el problema no son los trabajadores, las trabajadoras, el problema es otro”, agrega.

El secretario de Acción Sindical de CCOO pone el ejemplo de la hostelería en Canarias, con jornadas de turnos partidos, salarios más bajos que en el resto de España y muy precarizada. “En Canarias se produce, los trabajadores producen, pero es el sistema productivo canario el que no es eficiente”, sostiene.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, también se ha pronunciado recientemente en comisión parlamentaria acusando al Gobierno de Canarias de “comprar el relato a la patronal” sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.

Según sus declaraciones, recogidas por EFE, rechazó también que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo “no llega al 1 %” en Canarias.

Además, afeó al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.

Se llamaba José Carlos Gómez Viera y fue la primera víctima del golpe de Estado en el municipio de Arucas. Falleció el mismo 19 de julio de 1936, cuando la ciudad encabezó uno de los principales focos de resistencia al bando sublevado en el norte de Gran Canaria. Gómez Viera fue una de esas personas que defendió el municipio y que se mantuvo fiel a sus ideales, los de la “libertad, la justicia y la legalidad democrática”.

Mónica Rodríguez, su sobrina nieta, explica a este periódico que en casa de su abuela siempre se habló de lo que había sucedido. “Mi madre nos contaba que lo mató un guardia civil al que llamaban el garbanzo”, asegura. También le contaron que cuando trasladaron su ataúd al cementerio su abuelo y otra persona lo llevaron casi arrastrando porque se oían disparos.

Rodríguez señala que su tío abuelo era panadero, cazador y de ideas anarquistas. “Se reunían en la peluquería, en la barbería, para hablar y pese a que él no sabía leer ni escribir quería mejorar la vida de la gente, trabajar menos y cobrar más”.

Así lo describió también su amigo Juan Henríquez González, en julio de 1986 , en un artículo en el periódico La Provincia en el que dijo que era panadero, analfabeto, buen conversador a pesar de su gaguera, que le gustaba la cacería y estar al tanto de la política. Era además en la barbería donde se reunían personas de todas las esferas sociales a conversar. También contó que fue en la azotea de la casa de los Blanco donde el cabo lo fulminó a bocajarro.

“En Arucas, en el 36 ya se olía a pólvora y se había recrudecido la lucha de pensamiento. Se hablaba de las huelgas de los obreros, de los distribuidores de leche, de las amas de casa. Había destrozos en las fincas, se prendió fuego a un coche en el puente…”, dijo en ese artículo en el que se mencionaba además que José Gómez ya comentaba que si se daba una revolución él sería de los primeros en caer.

En el documental Canarias: 50 años tras la oscuridad se ahonda en el papel de Canarias como lugar desde donde Francisco Franco conspiró para dar ese golpe de estado ilegítimo contra la II República. Arucas fue precisamente el epicentro del norte de Gran Canaria que lideró la resistencia al golpe. Una resistencia liderada por el delegado gubernativo de la zona norte, Fernando Egea, y el diputado comunista Eduardo Suárez. Se llegaron incluso a dinamitar varios puentes para evitar la entrada de los sublevados al municipio. Pero finalmente, muchos de esos dirigentes se vieron obligados a huir y fueron capturados y condenados a pena de muerte.

Una familia atravesada por el dolor

Mónica Rodríguez explica a este periódico que su bisabuela, Anastasia, era comunista. Se separó de su marido y crió sola a sus cuatro hijos: a sus dos hijas y a sus dos hijos, entre ellos José Carlos Gómez Viera. A ella la llamaban “madrina tata” porque llevaba a bautizar al barrio de Cardones a niños de familias represaliadas o que no tenían padres o que sus madres eran prostitutas. Tenía más de 60 ahijados. “Ella llevaba a mi madre muy pequeñita a Gando, al campo de concentración, para mandar mensajes a las familias de los que estaban allí presos”. Llevaban unos pequeños papeles y se los pasaban a través de la niña.

“Me imagino que los ideales que tenía José Carlos serían los ideales que tenía mi bisabuela, lo que vivió dentro de su casa”, añade Monica Rodríguez. Ya en democracia cuenta que una persona de una conocida ferretería de Arucas le aseguró a su familia que aún conservaba el arma que portaba su tío abuelo el día que fue asesinado.

Rodríguez incide en que en su familia siempre se habló de este tema y que José Carlos al final perdió su vida simplemente por sus ideales siendo una persona sin estudios, que era panadero y que trabajaba por su jornal y defendía que mejorase la vida de los demás.

En este sentido, incide en que ahora más que nunca es necesario seguir reivindicando la historia de estas personas que lucharon por la democracia y por defender unos valores. Explica que ya el Ministerio de Memoria Democrática otorgó en 2025 el reconocimiento de víctima del franquismo a su tío abuelo, primera víctima del franquismo en la ciudad de Arucas.

Este domingo está previsto un homenaje a las 11.30 horas en la calle León y Castillo número 8, en Arucas. “Será un espacio de recuerdo, reconocimiento y compromiso con la memoria democrática, en homenaje a José Gómez Viera y a todas las personas que defendieron la libertad, la justicia y la legalidad democrática sufriendo por ello la represión”.

El nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón Brito, hija de la fallecida Ana Brito, ha generado revuelo entre los colectivos feministas de Canarias que han cargado en los últimos días contra el “nepotismo” y la “falta de experiencia” de este perfil.

Elisa Pérez Rosales, portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife ha señalado a este periódico que “este nombramiento transmite un mensaje algo peligroso para la ciudadanía en el sentido de que lo entendemos como puro nepotismo y que la ciudadanía está recibiendo un mensaje de que los cargos son heredables”. Por otro lado, en el foro entienden que “este nombramiento no es ético ni estético” y agrega que “la falta de experiencia en materia de igualdad por parte de esta persona elegida pues pone de manifiesto la importancia que le da el Gobierno de Canarias a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

La portavoz del foro recuerda que Canarias suele ser muchos meses del año una de las comunidades con mayor tasa de víctimas de violencia machista. Por ello, le sorprende que pese a que el Ejecutivo canario es conocedor de ello lo que destaque de la nueva directora sea su trayectoria en la gestión pública, pero no tenga experiencia en cuanto a políticas para combatir la violencia machista o formación en igualdad.

De hecho, tras el nombramiento de la nueva directora el pasado lunes, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello excusó su falta de experiencia en igualdad y el motivo por el que se había decantado el Gobierno de CC-PP por ella en que “se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

“La violencia machista nosotras siempre hemos entendido que es un tema que debe estar en la agenda política, pero que esa agenda política tiene que definir muy muy bien los perfiles que pone al frente de sus administraciones”, apunta la portavoz del Foro contra la Violencia de Género.

“Pone de manifiesto que qué importancia le da el Gobierno de Gran Canaria en estos momentos a los temas de igualdad. No es suficiente el compromiso político”, apunta Pérez Rosales, que aclara que no es un ataque personal hacia Ana Padrón Brito sino “una crítica a una decisión política que nos parece totalmente incorrecta”.

Estas decisiones señala Elisa Pérez Rosales supone que “llevemos como tres años insistiendo en la parálisis que tiene el Instituto Canario de Igualdad porque no pone en marcha políticas adecuadas para hacer frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres”.

Del mismo modo se ha pronunciado Nereida Vizuete, de la Red Feminista de Gran Canaria, que apuntaba hace unos días a este periódico que la crítica hacia la nueva directora no es personal y que trasladan sus condolencias por el fallecimiento de su madre. “Es obvio que lamentamos el fallecimiento de la directora”, añade. “Por supuesto que le acompañamos en el sentimiento a su hija, que esto no tiene nada que ver con ella personalmente, pero que es una cuestión de importancia, de darle prioridad a esto”

“Y qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas en Canarias, y a las víctimas de violencia que no se les está dando ninguna salida, y que vemos un instituto que está abandonado, que tramita sus pensiones tarde, que no gestiona los fondos del Pacto de Estado, que todavía no se sabe dónde están los de este año, que no tiene políticas específicas, ni buenas ideas, ni ideas valientes, y la acción más interesante que se les ha ocurrido es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”, lamenta.

Para la Red Feminista, este nombramiento “evidencia que al Gobierno de Canarias no le preocupa la violencia machista ni fortalecer las políticas de igualdad, sino mantener la cuota política de una institución que debería estar liderada por los mejores perfiles profesionales”.

La activista feminista y promotora de igualdad Meritxell Salazar subraya que este nombramiento lo valora “casi que un atentado a las políticas de igualdad en Canarias. Estamos hablando de una comunidad autónoma donde en el último trimestre de 2025, solo en el último trimestre, se abrieron o se denunciaron más de 2.500 casos de violencia de género, estamos hablando de que actualmente hay más de 6.500 casos activos por Viogen, estamos hablando de que llevamos tiempo denunciando desde los colectivos feministas la inacción que hay en el Gobierno de Canarias en cuanto a los fondos del Pacto de Estado, y ahora poner al frente a una persona que no tiene experiencia previa en el ámbito de la igualdad, lo que implica que el organismo canario que tiene que aplicar, evaluar, coordinar las políticas relacionadas con las violencias machistas, va a estar al frente una persona que carece de experiencia previa en ello”.

“Y a eso se le suma que el hecho de que sea la hija de la anterior directora implica que además esa administración pública o la administración pública en la comunidad canaria se está entendiendo como un patrimonio familiar o como una empresa privada que se puede heredar los cargos en función de quien sea”, lamenta la activista feminista.

Salazar cree que hay una especie de estrategia en el Gobierno de Canarias de “dejar morir” las políticas de igualdad“ y sobre todo ” a las mujeres víctimas de violencia machista“. En este sentido, al igual que Nereida Vizuete reprocha que es la tónica habitual en el Gobierno de Canarias ya que el viceconsejero de Igualdad tampoco tiene experiencia en el área.

Cree que lo que hay que hacer ahora es “depurar responsabilidades” dar explicaciones y escuchar a los colectivos. Sostiene que debe haber perspectiva de género algo de lo que cree que carecen las políticas del Gobierno de Canarias.

Elisa Pérez Rosales incide por su parte en que “es impensable que haya al frente una persona que no tiene una formación adecuada y que no tiene una experiencia en esta materia para estar al frente de un organismo tan importante como es el Instituto Canario de Igualdad.Porque hay que dinamizarlo, y para eso hay que tener un perfil adecuado”, apunta.

Campaña en redes sociales

Desde la Red Feminista de Gran Canaria, además, se promueve una campaña en redes sociales para “buscar directora del ICI”. “Si pudiéramos hacer nosotras una oferta de empleo para la dirección del ICI seguramente se parecería mucho a esto”, explica el post en redes en el que piden experiencia en igualdad, conocimiento profundo de la violencia machista, capacidad para escuchar antes de decidir, conocimiento de las convocatorias del sector, que sepa qué son los Fondos del Pacto de Estado“.

También reclaman que “tenga empatía con las víctimas, habilidades de diálogo y consenso, independencia de criterio para defender los derechos de las mujeres, liderazgo, entender que el feminismo solo avanza cuando no deja a ninguna mujer atrás”.

En la campaña se pide que la nueva directora haya trabajado con mujeres víctimas de violencia machista, conozca el tercer sector, plantear políticas públicas que pongan la vida en el centro.

El Gobierno de Canarias ha presumido este martes de haber reconocido en los primeros seis meses de este año 22.850 prestaciones de dependencia, lo que supone un total de 54.584 prestaciones concedidas en la legislatura actual, un dato que ha anunciado en contraposición a las 20.073 que asegura que se concedieron durante toda la pasada legislatura.

El Ejecutivo de Coalición Canaria y PP obvia en su balance que, según los últimos datos publicados por el IMSERSO (que pertenecen al mes de mayo), 14.446 personas siguen en el limbo de la dependencia, es decir, pese a tener el derecho reconocido siguen sin recibir la prestación.

Además, las prestaciones que han experimentado un mayor aumento son la teleasistencia que pasa de 4.382 en el mes de enero, según los datos del IMSERSO a 12.356 prestaciones. La teleasistencia es una de las prestaciones que más rentables sale a los gobiernos autonómicos y que no puede ser considerada una de las ayudas básicas que se otorga a una persona dependiente, sino una prestación complementaria.

La ayuda a domicilio se mantiene estancada en 551 mientras en enero se otorgaban 1434. En cuanto a centros de día y noche , en mayo se otorgan 5.603 plazas; 285 más que en enero. En cuanto a atención residencial, actualmente hay 5450 plazas y a principios de año 5532; un ligero incremento de 80.

“Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura”, afirmó Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia. Un decreto que no contó con el respaldo con los colegios de trabajo social ni con el de los sindicatos ni trabajadores de la Consejería.

La entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días. No obstante, la directora general, Concepción Ramírez, señaló que “el tiempo real de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, aunque este dato todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual”.

La Consejería volvió a afear este martes que la Comunidad Autónoma asume actualmente el 78 % del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22 %, porcentaje que continúa por debajo del 50 % previsto en la Ley de Dependencia.

No obstante, cabe recordar que el Gobierno estatal anunció recientemente que transferirá 237 millones de euros más (236.603.016 euros) al Gobierno Canario entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo de la ayuda a la Dependencia.

El Ministerio de Derechos Sociales estimó este fin de semana que Canarias podría reducir un 34% su lista de espera en dependencia con la nueva financiación estatal. En concreto, prevé que a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Canarias caerá en 600 personas al tiempo que se incrementa en 16.600 el número de personas que entran en el sistema.

La Red Feminista de Gran Canaria ha criticado este martes el nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón Brito, hija de la recién fallecida Ana Brito, anterior directora. “Los cargos públicos no se heredan”, insisten las feministas.

Nereida Vizuete, portavoz de la Red afea la falta de experiencia de Ana Padrón Brito, hija de la anterior directora y explica a este periódico que nombrar cargos si experiencia en igualdad es la tónica habitual de este Gobierno. Pone como ejemplo el viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste, un ingeniero experto en Marketing sin experiencia en materia de Igualdad y que ocupa el cargo desde el pasado año.

El Consejo de Gobierno de Canarias nombró este lunes nueva directora a Ana Padrón Brito y el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello excusó su falta de experiencia en igualdad y el motivo por el que se había decantado el Gobierno de CC-PP por ella en que “se ha valorado una trayectoria profesional que combina experiencia la gestión de programas públicos, que entendemos que eso es muy importante, así como experiencia en el ámbito educativo y en el trabajo en entornos internacionales. Hay una formación especializada y específica, aparte de un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social”.

Vizuete aclara a este periódico que la crítica hacia la nueva directora no es personal y que trasladan sus condolencias por el fallecimiento de su madre. “Es obvio que lamentamos el fallecimiento de la directora”, añade. “Por supuesto que le acompañamos en el sentimiento a su hija, que esto no tiene nada que ver con ella personalmente, pero que es una cuestión de importancia, de darle prioridad a esto”, agrega.

“Y qué pasa con las mujeres que están siendo asesinadas en Canarias, y a las víctimas de violencia que no se les está dando ninguna salida, y que vemos un instituto que está abandonado, que tramita sus pensiones tarde, que no gestiona los fondos del Pacto de Estado, que todavía no se sabe dónde están los de este año, que no tiene políticas específicas, ni buenas ideas, ni ideas valientes, y la acción más interesante que se les ha ocurrido es poner a la hija porque sabe de políticas públicas”, lamenta.

La Red Feminista, de hecho, ha escrito un comunicado en el que incide en la idea de que la crítica “no es personal, sino política. Lo que cuestionamos no es a una hija, sino la decisión del Gobierno de Canarias de colocar al frente del principal organismo de igualdad de esta comunidad a una persona sin experiencia ni trayectoria acreditada en políticas de igualdad y violencia contra las mujeres”.

Para la Red Feminista, este nombramiento “evidencia que al Gobierno de Canarias no le preocupa la violencia machista ni fortalecer las políticas de igualdad, sino mantener la cuota política de una institución que debería estar liderada por los mejores perfiles profesionales”.

“El Instituto Canario de Igualdad no gestiona un departamento cualquiera. Gestiona recursos vitales para miles de mujeres, coordina la respuesta institucional frente a la violencia machista, impulsa las políticas públicas de igualdad y trabaja con administraciones y entidades especializadas. No es un lugar para aprender, es un lugar que exige conocimiento, experiencia y liderazgo y que lleva años abandonado”, agrega.

La organización recuerda que lleva tres años de legislatura denunciando que el ICI no funciona, mientras Canarias continúa registrando cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. “No hay tiempo para periodos de aprendizaje ni para improvisaciones. Si de verdad este Gobierno considerara la violencia machista una prioridad, habría buscado el perfil con mayor experiencia y especialización disponible.”

Asimismo, consideran que el nombramiento transmite un mensaje muy preocupante a la ciudadanía. “Creíamos que en democracia los cargos públicos se cubrían por mérito, capacidad y experiencia. Sin embargo, este nombramiento da la sensación de que determinados puestos pueden heredarse de madre a hija. Ese no puede ser el modelo de una institución que debe liderar la defensa de los derechos de las mujeres.”

La Red Feminista recuerda que Canarias cuenta con numerosas profesionales con décadas de experiencia y reconocido prestigio en igualdad, violencia de género, intervención social y gestión pública, perfiles que conocen el funcionamiento del sistema y las necesidades reales de las mujeres.

Después de tres años denunciando la falta de impulso de las políticas de igualdad, las subvenciones atrasadas y los fondos del Pacto de Estado paralizados y la ausencia de medidas ambiciosas frente a la violencia machista, este nombramiento confirma que el Gobierno de Canarias sigue sin entender la gravedad del momento. “Con los derechos de las mujeres no se improvisa. Los experimentos mejor con la gaseosa”

Vizuete apunta que desde hace tres años se veía reclamando que “era insostenible tener a una persona al frente que no podía hacerse cargo de la institución” por lo que no se esperaba que se consultara a los colectivos quien la sucedería en el cargo, pero no esperaban que el puesto “se heredara” “como la Corona de Castilla”.

Por otra parte, insiste en que aún se continúa a la espera de que la Consejería de Bienestar Social reparta los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poder empezar a ejecutar proyectos que son claves para la prevención en unas islas donde no cesa la violencia machista.

El Gobierno de Canarias (Coalición Canaria-PP) atendió a menos de la mitad de las familias que fueron desahuciadas en 2025. Según una respuesta parlamentaria de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a la diputada socialista Patricia Hernández, el programa Canarias ProHogar gestionó 351 solicitudes de familias en la provincia de Las Palmas y 320 en la de Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un total de 671 familias atendidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. En ese mismo período, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron un total de 1.426 desahucios.

Se trata de lanzamientos que se produjeron en un contexto en el que aún existía el escudo social antidesahucios del Gobierno estatal. Según el CGPJ, la mayoría de esos desahucios (1.129) se produjeron por imposibilidad de pagar el contrato de alquiler y el 224 fueron procedimientos de ejecuciones hipotecarias.

En concreto, Patricia Hernández preguntó por el número de familias atendidas por los Servicios Sociales autonómicos en relación con los procesos de desahucio en el último año. En la respuesta de la Consejería se especifica que “de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Canario de la Vivienda, dicho organismo autónomo es el responsable de las competencias en materia de vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, y aunque no forma parte de los servicios sociales autonómicos, gestiona el Programa Canarias ProHogar, incluido en el Eje 3 del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y desarrollado a través de la Sección de Mediación en Desahucios del propio instituto”.

Asimismo, se especifica que el objetivo del programa es atender de manera integral a las familias que se encuentren o puedan encontrarse en situación de desahucio o lanzamiento, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin acceso a recursos habitacionales.

Para ello, “se realizan actuaciones de asesoramiento y mediación, orientadas a evitar la pérdida de la vivienda o, cuando no sea posible, buscar soluciones habitacionales alternativas, garantizando que no se produzca un lanzamiento sin intervención previa de la administración pública”. Y agrega que el programa fue concebido bajo el principio de coordinación entre todas las administraciones públicas canarias, cada una en su respectivo ámbito competencial.

Tras la incoación de cada expediente, la Consejería explica que se inicia una fase de estudio y valoración individual para determinar el cumplimiento de los requisitos de incorporación al programa.

Una vez valorada favorablemente, asegura que se desarrolla una segunda fase que incluye actuaciones como “asesoramiento, orientación en recursos, solicitudes de paralización temporal de desahucios ante los juzgados, mediación con entidades financieras, solicitud de prórrogas contractuales, valoración de ofertas de alquiler social, información sobre ayudas al alquiler y, en caso de disponibilidad, oferta de alternativas habitacionales temporales adecuadas a las características de la unidad familiar”.

La respuesta de la Consejería de Vivienda se produce en un contexto de emergencia habitacional en Canarias en el que se han producido movilizaciones para reclamar medidas para garantizar el derecho en el acceso a una casa.

En una de las manifestaciones, la abogada del Derecho al Techo Isabel Saavedra manifestó que “estamos viviendo una oleada desde que decayó el escudo social, que desde luego es algo insoportable”, porque antes “los jueces podían agarrarse al decreto (de suspensión de los procedimientos de desahucios) que existía, pero al haber decaído ese decreto, ahora los jueces no tienen dónde agarrarse y están echando a familias vulnerables a la calle”.

El retraso en informes de vulnerabilidad social,la falta de información o la burocracia ha hecho que muchas personas queden en un limbo. El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas advirtió el año pasado de que las nuevas prestaciones han disparado la solicitud de estos documentos y pide dotar equipos especializados para realizarlos. El conflicto de competencias entre administraciones hace peligrar ayudas básicas a la ciudadanía.

Canarias sale a la calles este fin de semana para reivindicar los derechos de las personas LGTBI1A+ en un contexto de avances de los discursos de odio y de extrema derecha. Los colectivos advierten de que nos encontramos a las puertas de unas elecciones decisivas en las que los derechos conquistados, que los derechos conseguidos que tanto han costado pueden “borrarse de un plumazo”.

“Nos jugamos mucho en el próximo año y este puede ser el último orgullo, pero también como lo conocemos con los derechos que hemos conquistados, que tardan mucho y han tardado mucho en conquistarse, pero que pueden perderse de un plumazo con un cambio en la mayoría gubernamental correspondiente”, advierte Sergio Siverio, del colectivo Diversas.

Explica que les preocupa que en Canarias se hayan conformado gobiernos locales con la extrema derecha, en este caso en Arona y en Granadilla de Abona, “y que ahora estén tratando de, digamos, hacer pink washing con sus políticas y mientras que con una mano pactan con la ultraderecha, con la otra intentan simular un cierto apoyo hacia el colectivo LGTBIQA+”.

“Nos parece que eso es una auténtica vergüenza y que no pueden contar con nosotras mientras estén gobernando con la ultraderecha. Y por otro lado nos preocupa los retrocesos en derechos y que la ultraderecha y llegue al Gobierno, tanto al Gobierno del Estado, que tiene las mayorías parlamentarias en ese sentido, como en su caso al Gobierno de Canarias, porque si ya de por sí, pues bueno, el Gobierno de Canarias se ha caracterizado en este mandato por no hacer ni un solo desarrollo reglamentario de la Ley trans e intersex, que ha cumplido cinco años y no han aprobado el protocolo educativo, ni el sanitario, ni el distintivo empresarial, ni tampoco el reglamento en el procedimiento sancionador, ¿qué no harán si gobierna la ultraderecha?”, se cuestiona Siverio.

El portavoz de Diversas subraya que “ya la derecha y la ultraderecha han pactado claramente que derogarán la ley trans y LGTBI si llegan al Gobierno y tienen las mayorías para ello, con lo cual vivimos un momento fundamental, y en este orgullo fundamental salir a la calle, porque nos juzgamos prácticamente todo lo que hemos conquistado en las últimas dos décadas de activismo, tanto en Canarias como en el Estado”.

También reprocha el hecho de que el Parlamento de Canarias haya permitido que un supuesto experto invitado por Vox haya asegurado que la pobreza infantil no existe y haya atacado el matrimonio homosexual en el Parlamento. Por ello, incide en que Vox en el Parlamento ha ido en contra del colectivo también reproduciendo la “transfobia” en sus discursos.

En el ámbito de la Educación destaca que no se ha sacado adelante el protocolo de acompañamiento educativo a personas trans adaptado a la nueva ley, por ejemplo.

Por su parte, Carla Soto, de Altihay Fuerteventura, destaca que  este año ve muy necesario que “sigamos reivindicándonos y marchando porque seguimos teniendo discursos de la política de la derecha en contra de nosotros, siguen intentando invisibilizarnos, siguen intentando meternos en armarios de nuevo. Entonces, creo que este año, sobre todo previo a las elecciones, es muy necesario que salgamos a marchar porque desde aquí de Fuerteventura recibimos comentarios homófobos y transfobos en redes”, resume.

Soto apunta que hace un año tenían en Fuerteventura un mural de la diversidad 365 días al año y “nos vandalizaron, nos pusieron pintadas”. “Hoy estamos inaugurándolo de nuevo. Entonces, vemos desde aquí de Fuerteventura necesario que sigamos marchando y luchando por la ultraderecha porque es que avanzamos, pero es que luego retrocedemos cinco pasos hacia atrás, entonces de nada nos vale estar poniendo nuestro cuerpo, dando visibilidad, saliendo de los armarios y demás, cuando la ultraderecha está en nuestra conta y intentando invisibilizarnos todo el tiempo”, insiste.

La presidenta de Altihay añade que la base que ellos utilizan son los jóvenes a quienes manipulan a través de redes sociales y con sus discursos de odio. “Y los jóvenes creen que, sin ellos conocer a Franco, ni haber vivido nunca con Franco, que Franco es una maravilla, que con Franco vivíamos mejor. Y solo hay que preguntar a las personas mayores, a abuelos y a tíos, además, que con Franco no se vivía para nada bien, siendo personas de colectivo, siendo mujeres, no se vivía bien. Entonces, nosotros vemos muy importante trabajar con los jóvenes de la mano, sobre todo de los jóvenes, para que no vengan a la ultraderecha y les llenen la cabeza de mentiras y de odio y que nunca tengan miedo de salir del armario porque lo que están haciendo es que, otra vez más, año tras año, los jóvenes sientan más rechazo a salir del armario porque se van a encontrar con que le van a pegar palizas, con que van a recibir comentarios transfobos y homófobos por redes”, añade.

“Es muy necesario trabajar de la mano de los jóvenes para empoderarlos, para que no tengan miedo, para que se sientan acompañados y para que sean siempre valientes de salir del armario, de contar sus realidades, de amar a quien quieran amar y luchar por su visibilidad”, incide Carla Soto.

Por su parte, Yelko Fernández, de Libertrans añade que la manifestación de este sábado “es una reivindicación de derechos que tienen que ser perpetuos, que tienen que ser inamovibles. Tenemos que avanzar en derechos y perderlos a medida de que depende de qué partido político gobierne nuestro país”.

“Eso es una responsabilidad por parte de los colectivos, que no podemos jugar a mover fichas, pero ni lo más mínimo. Desde que ellos muevan fichas, nosotros tenemos que revolucionarnos, activarnos, ponernos en pie y volver a colocar las fichas donde estaban”, apunta Yelko, que agrega que “si no avanzamos, por lo menos que no retrocedamos”.

“Es muy importante que además de estos días que estamos reivindicando, sigamos acudiendo a los centros educativos y hablando con la juventud, que es la que al final es el futuro de nuestro país. Nosotras ya tenemos nuestro camino hecho, pero es un camino que debemos perpetuar. ¿Sabes cómo? Pues hablando con los niños, niñas y niñas, y diciéndoles que tienen derecho. Que tienen derecho no solamente a ir cogidos de la mano de la persona que aman, sino tienen derecho a ser felices”, resume Yelko Fernández. “Nadie te tiene que decir a quién tienes que amar ni qué vida tener. Porque que yo sepa, mañana no sé, pero que yo sepa solamente tenemos una vida”, concluye.

Los bulos y el odio que soportan las personas trans

“Yo, personalmente, como mujer trans, vivo cada día con miedo porque, claro, es lo que yo siempre suelo comentar con mis amigas, es que o salimos una noche y todas las personas interesadas en nosotras, además, o es que hay noches que es que no paramos de recibir insultos y amenazas con pegarnos. Entonces, claro, yo creo que las personas trans en estos momentos estamos siendo como más vulnerables porque es que nuestros derechos cada vez los quieren destruir más y no hay que ver más en Estados Unidos, como derrogaron todas las leyes trans, como a las personas trans en Estados Unidos se les ha devuelto pasaportes y DNI con su nombre y sexo antiguo. Entonces, claro, viendo eso en Estados Unidos y viendo que la ultraderecha sigue los mismos pasos que Estados Unidos, las primeras personas que van a querer que pegamos somos las personas trans y no hace falta irse tan lejos”, resume Carla Soto.

Sergio Sivertio añade que cree que especialmente por parte de las personas trans y fruto de un debate de la ley trans que no ha finalizado, “sigue habiendo organizaciones autoproclamadas feministas pero que realmente son trans excluyentes, que siguen organizando cada año manifestaciones y siguen difundiendo que la ley trans es inconstitucional y siguen diciendo que la ley trans atenta contra los derechos de las mujeres.Cada cierto tiempo, además, los medios de comunicación mainstream les acompañan con una difusión clara de bulos y de ejercicio de fraude de ley y abuso de derechos y esto hace que las personas trans estén en la diana evidente del odio y de la desinformación”.

“A través de las redes sociales conocemos que muchas personas trans, y las hemos atendido en Diversas, muchas personas trans han tenido que borrar sus perfiles en las redes sociales y desaparecer de las redes sociales para no sufrir la persecución, las amenazas, los insultos y los discursos de odio o para no tener que enfrentarse a leer semejantes barbaridades”, apunta.

Las terapias de conversión

Carla Soto remarca que “ en el Congreso se votó para negar las terapias en contra de las personas homosexuales. La izquierda, por supuesto, votó a favor para que se terminen y Vox en contra. Entonces, eso ya a la sociedad le debería dar una idea de a qué partido quieren votar y qué va a pasar con nosotras cuando llegue ese partido”.

Sobre ello, Yelko Fernández agrega que “parece increíble que a estas alturas se tenga que debatir lo que es tratarnos como si fuéramos enfermos, y que personas que nos odian pueden hablar de diagnósticos. Eso es una verdadera burrada. Pero una verdadera burrada no solo es lo que te estoy diciendo, sino que en el año en el que estamos, todavía sigamos hablando de estas cosas”, lamenta.

Sergio Siverio apunta sobre este asunto que en el Congreso se pudo escuchar a Jaime de los Santos decir que está muy orgulloso de ser “maricón y de ser del PP,” pero “no creo que esté tan orgulloso de haberse abstenido en relación con la aprobación de la ley que por fin criminaliza las terapias de conversión”.

“De nada me sirve que esté usted muy orgulloso, señor Jaime de los Santos, si luego usted a la hora de apretar el botón correspondiente lo que hace es abstenerse, o peor, seguir el juego de la ultraderecha y votar en contra de los derechos LGBTIQ+, y de cumplir con los mandatos internacionales para que las terapias de conversión sean por fin un delito. O sea que semejante orgullo es el que están reivindicando desde estas contradicciones ideológicas de la derecha y de la ultraderecha. Lo gay no te quita lo lgtbifóbico. No hablemos ya de Vox, que reprodujo unos discursos que son absolutamente repugnantes en relación con las terapias de conversión, planteando que la orientación sexual o la identidad de género se puede cambiar a través de una terapia, de una pseudo-terapia psicológica, cuando está más que claro que las terapias de conversión son torturas y ellos son promotores de esas torturas contra el colectivo”, destaca.

Dónde son las manifestaciones

El secretario de Organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, ha desarrollado este jueves en Arucas cuáles serán los próximos pasos del partido de los escindidos de Nueva Canarias después de haber firmado la primera alianza con Coalición Canaria. Según han incidido, el objetivo es seguir llegando a alianzas y acuerdos en municipios y de cara a las elecciones generales para conseguir grupo propio en Madrid.

Henríquez no solo ha desglosado algunos pactos avanzados con Coalición Canaria, como en La Aldea o en su municipio, San Bartolomé de Tirajana, sino que habló de que próximamente la formación tiene pensado  ir a la isla de Tenerife. Por ello, a preguntas de los periodistas, confirmó que en esa ronda de conversaciones también espera sentarse con Drago, fuerza con la que asegura que no ha hablado todavía sobre una alianza.

“En cuanto a Drago, cuando uno escucha la música y su discurso, vemos que está cercana a los planteamientos que algunos de nosotros defendemos”, dijo Samuel Henríquez.

“Tenemos pendiente ir a la isla de Tenerife, que es donde mayor implantación tiene Drago. Lo invitaremos a la mesa (en referencia a la Mesa de Unidad del Nacionalismo) y cuando hagamos esa ronda final, pues también lo invitaremos porque lo que escuchamos de los dirigentes de Drago es muy cercano a lo que nosotros estamos planteando principalmente para unas elecciones al Congreso y al Senado”, insistió.

El presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, defendió recientemente en la sede de Roque Aguayro, uno de los partidos que conforman Primero Canarias la necesidad de articular un nuevo “proyecto político soberanista y de carácter progresista para Canarias que ofrezca respuesta a las necesidades e inquietudes actuales de la población, especialmente de las nuevas generaciones”.

En un comunicado de Roque Aguayro se subrayaba que Alberto Rodríguez había defendido que Canarias “debe contar con una opción política que proteja el territorio, defienda los servicios públicos y promueva un cambio en el modelo productivo para conseguir que la riqueza del archipiélago alcance al conjunto de la población”.

El líder de Drago destacó que tras una década de militancia en proyectos de izquierda estatal como Podemos, “Canarias no es tratada por el Estado con el mismo respeto que otros territorios”, lo que “lleva a la necesidad de articular una fuerza progresista de lealtad u obediencia canaria”. Otro factor desencadenante del proyecto de Drago es la percepción de que “no hay renovación, autocrítica ni verdadera participación en los partidos políticos tradicionales, ni tampoco oportunidades para que los jóvenes canarios con talento, preparación y capacidad puedan aportar en política”.

Samuel Henríquez, por su parte, insistió este jueves en que la importancia del nacionalismo canario y en tener un grupo propio en Madrid, en el Congreso y en el Senado, “para defender los intereses de esta tierra, para proteger a Canarias, para defender a los más de dos millones de canarios”, dijo.

“Cuando algunos plantean la unidad de las izquierdas, nosotros entendemos la unidad de los nacionalistas porque donde ha habido elecciones autonómicas, los partidos de obediencia autonómica son los que han parado la ultraderecha”, apuntó.

Sobre Nueva Canarias, Samuel Henríquez remarcó que “independientemente de todas las mociones de cesura los seguiremos invitando porque entendemos que no sobra nadie”.

¿Estará Onalia Bueno en una alianza entre Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias? La alcaldesa de Mogán ocupaba hasta hace poco la Secretaría Ejecutiva de Política Municipal y esa era una de las preguntas con las que se insistía a Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar.

La alcaldesa de Mogán, sin embargo, ha registrado ahora la marca Bueno para Gran Canaria y el presidente de la gestora del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, explicaba recientemente que las conversaciones con Bueno están muy avanzadas, sin descartar incluso que pueda ser la que encabece la lista al Cabildo.

“Yo creo que ella ha llegado a acuerdos con nosotros de carácter electoral, ella nunca ha pertenecido a Coalición Canaria, sino que era un partido independiente que efectivamente participaba en los procesos electorales aportando los votos al Cabildo y al Parlamento, y es ella la que ha decidido, en todo caso, abrir otro camino, parece, con el Partido Popular. Más allá de eso, no puedo comentar más”, ha señalado Pablo Rodríguez.

La polémica alcaldesa de Mogán reivindicó en el pasado la reunificación del nacionalismo e insistió en diferentes entrevistas en elogiar a Teodoro Sosa y situarlo como el posible candidato al Cabildo de esa confluencia nacionalista. Bueno además alabó la “valentía” de los alcaldes que se escindieron de Nueva Canarias.

En una entrevista en Canarias7 llegó a decir que a ella y a estos líderes les une “la misma forma de trabajar”, en la que no hay “mochilas cargadas que nos impidan acercarnos a posturas políticas”.

Teodoro Sosa, que en el último año se había mostrado reacio a mostrar cercanía abiertamente con Onalia Bueno, se pronunció en la Cadena Ser recientemente sobre la alianza de la alcaldesa con el PP. “Estuvo invitada tanto al congreso constituyente de Primero Canarias como a la Mesa de Unidad Canaria, pero que declinó participar en ambos encuentros. ”Yo la respeto, pero no lo entiendo“, dijo.

Este jueves se ha firmado en Arucas el primero de los acuerdos entre Municipalistas Primero Canarias con Coalición Canaria y prevén que sea el primero de muchos otros. Se trabaja en una alianza de cara a las elecciones generales para tener grupo propio en Madrid y en diversos municipios.

Tras negar que la decisión de romper con Nueva Canarias fuera ideológica y asegurar que se abría una nueva etapa con Municipalistas Primero Canarias, este jueves se ha sellado en Arucas el primero de los acuerdos entre el partido del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa y Coalición Canaria. El objetivo, han asegurado, es replicarlo en las elecciones generales y en otros municipios, en los que se han avanzado las conversaciones como en La Aldea y San Bartolomé de Tirajana.

El secretario insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha explicado que el hecho de presentar esta alianza en Arucas se debe a que este municipio fue bastión del “nacionalismo” y para ello han recuperado a históricos como el exalcalde de la ciudad Froilán Rodríguez, que gozó de mayorías en el municipio y que acudió a la firma para brindar su apoyo. Pero Coalición Canaria ya no tiene esa fuerza en Arucas, pues en las últimas elecciones le votaron 1.440 personas y obtuvieron un solo concejal, José Eduardo Marrero (en primera fila del acto).

Por su parte, la formación nacionalista Nueva Canarias obtuvo 2.063 votos y dos concejales. El cabeza de lista, Marcelo Afonso, ahora sigue en el pacto de gobierno municipal junto a PSOE y PP pero como tránsfuga al abandonar Nueva Canarias y pasarse a Primero Canarias. No obstante, durante la firma con Coalición Canaria se ha justificado su ausencia precisamente alegando que forma parte de ese pacto de Gobierno.

Un pacto municipal contra el que ha arremetido Teodoro Sosa al final del acto, pues ha señalado que es “un pacto que no es nacionalismo” y ha insistido en que se va a luchar por “recuperar la ciudad”. También ha comparado a Arucas con Gáldar y ha asegurado que “hay que dar un giro a esta ciudad”.

“La lista electoral será en segundo lugar. Pero sin lugar a dudas, presentando a los mejores y a las mejores. Porque si algo tiene estas dos organizaciones es gente bregada, gente con historia, gente con raíces identitarias, gente con ilusión por luchar por sus municipios. Así que en ese camino que proyectó Froilán y toda la gente, sus equipos de gobierno durante muchos años y en el que yo personalmente me vi reflejado y llegué a tener reuniones para aprender hoy decimos, sabemos marcar el rumbo de esta comarca norte. Uniéndonos”, dijo Sosa, que tanto ha insistido en el último año en la renovación de Nueva Canarias.

Sobre las próximas alianzas, secretario de organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, insistió en que “estamos hablando de las municipales y autonómicas, pero a lo mejor las generales son antes y ahí no hay discusión. Nos tenemos que entender, porque hoy más que nunca se ha demostrado la importancia de tener un grupo propio en Madrid, en el Congreso y en el Senado, para defender los intereses de esta tierra, para proteger a Canarias, para defender a los más de dos millones de canarios”, dijo.

“Esa es la máxima mira, por decirlo de alguna manera. Luego, en el resto de ámbitos nuestra aspiración es intentar llegar a acuerdos. Es verdad que hay municipios o lugares donde va a ser mucho más difícil, que somos conscientes”, agregó Henríquez.

Uno de los municipios donde les costará alcanzar ese acuerdo, dijo el secretario insular de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, es San Mateo, donde Avesan (que es su socio)  hizo una moción de censura hace un año a Unión Veguera (el socio de Primero Canarias). “En la gran mayoría de los 21 municipios de la isla no se dan estas circunstancias, sino todo lo contrario”, agregó.

En La Aldea, el secretario general de CC es Raúl del Toro que no tiene representación en el Ayuntamiento pero ha sido crítico con el gobierno del que forma parte Primero Canarias, liderado por Ingrid Navarro, que sigue en el gobierno municipal pese a que el alcalde es de Nueva Canarias.

Durante la presentación de la alianza también se ha hablado de Onalia Bueno. “Yo creo que ella ha llegado a acuerdos con nosotros de carácter electoral, ella nunca ha pertenecido a Coalición Canaria, sino que era un partido independiente que efectivamente participaba en los procesos electorales aportando los votos al Cabildo y al Parlamento, y es ella la que ha decidido, en todo caso, abrir otro camino, parece, con el Partido Popular. Más allá de eso, no puedo comentar más”, ha señalado Pablo Rodríguez.

Además, hubo posicionamiento sobre Drago Canarias, el partido de Alberto Rodríguez. “En cuanto a Drago, cuando uno escucha la música y su discurso, vemos que está cercana a los planteamientos que algunos de nosotros defendemos”,dijo Samuel Henríquez, que añadió que de momento no se han producido conversaciones desde Municipalistas Primero Canarias, pero que “tenemos pendiente ir a la isla de Tenerife, que es donde mayor implantación tiene Drago. Lo invitaremos a la mesa y cuando hagamos esa ronda final, pues también lo invitaremos porque lo que escuchamos de los dirigentes de Drago es muy cercano a lo que nosotros estamos planteando principalmente para unas elecciones al Congreso y al Senado”, insistió.

Sobre Nueva Canarias, Samuel Henríquez remarcó que “independientemente de todas las mociones de cesura los seguiremos invitando porque entendemos que no sobra nadie”.

Por qué en Arucas

El día escogido para esta alianza se produce justo cuando Arucas está recogiendo el decorado de sus fiestas de San Juan. Además, es un día en el que la entrada al municipio estaba prácticamente cerrada a los vehículos debido al asfaltado de las obras que han traído de cabeza al municipio en los últimos tiempos con la promesa de que se aliviará el tráfico y mejorará la conectividad de esta ciudad clave para el norte de Gran Canaria.

Pero Rodríguez hoy no venía como consejero de Obras Públicas a hablar de ello, venía a hablar de unidad del nacionalismo, de un nacionalismo que cuenta entre sus filas con figuras como el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona (del PP) allí presente en la firma.

“Que sea Arucas no es casualidad. Evidentemente, este es un municipio estratégico para la isla de Gran Canaria. Creo que de 40.000 habitantes, sin embargo es el tercero en densidad de población de la isla de Gran Canaria, Las Palmas, Santa Lucía. Y Arucas es o fue un bastión de ICAN, de la histórica ICAN”, dijo Samuel Henríquez.

“Lo que queremos es recuperarlo y estamos convencidos de que la alternativa que se genere va a liderar el Ayuntamiento de Arucas”, insistió.

Por su parte, José Gilberto Moreno (vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria Gran Canaria) hizo hincapié en que “estamos hablando de que Arucas tiene una simbología diferenciada en el contexto nacionalista. Primer Ayuntamiento que incorpora una concejalía de Igualdad de toda Canarias y de todo el Estado. Primer Ayuntamiento que incorpora una concejalía de Participación Ciudadana y primer Ayuntamiento que crea políticas de identidad”, dijo.

Teodoro Sosa incidió en que “Habrá quien no lo entienda, pero la gente quiere unir y no separar, sumar y no restar. Y hoy no solo estamos sumando, estamos multiplicando por el futuro de esta comarca. Esa es la ilusión que compartimos la gente de Primero Canarias y de Coalición Canaria en Arucas, y esperamos que este acuerdo sirva también de ejemplo para otros municipios de Canarias”.

En qué consiste el acuerdo

De momento, lo que han difundido entre los periodistas es un acuerdo de dos páginas. Cinco ejes programáticos (defensa del territorio, diversificación económica, políticas sociales, cultura e identidad canaria y fortaleza y cohesión territorial) así como un decálogo.

En el decálogo se habla de “desarrollar un programa de gobierno conjunto que defienda los intereses de Arucas”, “confluir y cooperar políticamente”, que la “autonomía local y la participación comunitaria serán elementos claves”, así como la mejora de la calidad de vida de quienes residen en Arucas.

También abogan por un nuevo servicio municipal de recogida y gestión de animales abandonados, más y mejores infraestructuras, “modernización de las comunicaciones, la movilidad, el transporte y los aparcamientos”, así como apoyar al empresario local, fomentar el desarrollo de económico y la gestión eficaz de los espacios deteriorados del municipio. Todo ello sin concretar, de momento, con detalle.

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado un recurso de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y concluye que “carece de sentido alguno revisar un Plan Insular para adaptarlo a una normativa derogada, siendo lo lógico adaptarlo a la normativa vigente”. Además, constata que en los documentos de la revisión se seguían mencionando las Directrices de Ordenación derogadas como si estuvieran plenamente vigentes.

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística había recurrido ante la Justicia el PIO planteando dos cuestiones. Por un lado, “la ordenación del tejido turístico contraído a aquellos suelos ya urbanizados o en proceso, dado que no se reconocen los usos residenciales tradicionales, legales o consolidados y su compatibilidad. Considera que en este caso existe una insuficiente justificación de las normas que se formulan, bien por no existir justificación alguna dando lugar a arbitrariedad, bien por no responder a la realidad física, social y jurídica existente al momento de aprobación del instrumento de ordenación, y por contener normas que incumplen mandatos legales o que no contemplan situaciones amparadas legalmente”.

El Cabildo respondió que el uso residencial en la zona turística del sur no se sostiene con los mandatos legales y aludió a la Ley de 2017. Y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas también alegró que los argumentos de la demandante Maribe Doreste eran “meras opiniones sin sustento jurídico alguno”.

Y, por otro lado, “en cuanto al ámbito excluido del LIC marino sebadales de Playa del Inglés del que se excluye una parte para dar cabida a una concesión, manteniendo la propuesta de puerto deportivo de Bahía Feliz, excluyendo de la protección ambiental una propuesta que sin más estudios afecta gravemente a un espacio natural marino”.

Según la sentencia, fechada el 17 de junio, el TSJC señala que el motivo fundamental de nulidad se basa en la coherencia con sentencias previas dictadas por la misma Sala. Además, cree que se vulnera el régimen transitorio y la eficacia derogatoria de la Ley 4/2017 (Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias).

La irregularidad radica en que el Cabildo de Gran Canaria aprobó en 2022 una revisión del PIO con la finalidad de adaptarse a la Ley 19/2003, cuando dicha ley había sido derogada en su mayor parte cinco años antes, en septiembre de 2017, por la entrada en vigor de la Ley del Suelo.

La sentencia, no obstante, no profundiza sobre la principal demanda de la PALT que es la de los usos residenciales en las zonas turísticas, pero sí que tumba el PIO.

La PALT cree que el “el PIO responde a un modelo agotado: cuantas más camas, mejor. Un modelo que pone todo el territorio al servicio de una sola actividad que arrincona a la población local y convierte nuestras costumbres en un producto”, destaca. En este sentido, añade que “no solo vulneraba derechos de propiedad, sino que ignoraba deliberadamente la Ley 4/2017, eliminando sin justificación la compatibilidad entre uso residencial y turístico. No era un error técnico: era una decisión política”. 

La plataforma también calificaba y califica de “absoluto desatino” asumir que se puede duplicar la presión turística sin consecuencias: “Eso solo lo defiende quien no vive aquí o quien ha decidido ignorar la realidad”. Y recuerda que llevó a los tribunales este plan insular no solo por poder hacer uso de sus viviendas en el sur de Gran Canaria sino porque “se insistía en proponer un puerto deportivo de alta capacidad en el litoral de Bahía Feliz, en la zona de especial conservación Sebadales de Playa del Inglés, a sabiendas de las enormes afecciones ambientales que ocasionaría y que, aun así, se seguían proponiendo”.

Por todo ello celebra esta sentencia, que es la quinta contra el PIO en los últimos meses.

El sindicato CCOO Canarias ha publicado un informe en el que afea al Gobierno de Canarias la “ineficacia” de las medidas anticrisis del decreto del presidente de Canarias Fernando Clavijo para combatir “las consecuencias de la crisis en Oriente Medio” como anunció el Ejecutivo. Se trata de un decreto que fue criticado por la oposición y que Nueva Canarias llegó a acusar de “fake”. Uno de los puntos más polémicos fue el anuncio de que se aplicará el tipo cero del IGIC a 45 productos de la cesta de compra; pero que finalmente quedó reducido a la sal, la mantequilla y el café tostado (incluido el descafeinado) porque el resto de productos básicos ya contaban con el IGIC a tipo cero aplicado. 

Ahora, CCOO afea al Ejecutivo regional que “las medidas canarias no dan respuesta a las necesidades de la población, quienes están viendo mermada de manera significativa su poder adquisitivo. Asimismo, el plazo temporal de vigencia aprobado resulta a todas luces insuficientes, estando próxima el fin de su vigencia, inicialmente prevista para el próximo 30 de junio de 2026”. 

Entre esas medidas que expiran cita: el tipo cero del IGIC para petróleo, derivados del petróleo, gas, briquetas, pellets y madera para leña o la devolución reforzada del Impuesto Especial canario sobre combustibles a agricultores y transportistas. 

CCOO advierte de que Canarias ya presenta una situación de deterioro importante en lo que a la capacidad de compra de los salarios se refiere. Bien es sabido que estos resultan los más bajos de todo el territorio nacional, disputando con Extremadura la última posición del ranking estatal. 

“A cierre de 2025 el salario promedio bruto se situó en los 1.746 euros, lo que en términos netos podría bajar de los 1.400 euros al mes, con los que una persona ha de atender sus necesidades vitales básicas, vivienda, alimentación y transporte, cuando no las de un hogar en su totalidad”, apunta. 

“La inflación interanual quedó fijada en el 3,0% interanual al mes de abril, mientras que las subidas salariales recogidas en convenio que han tenido efectos económicos hasta dicho mes se situaron en el 2,96%, los convenios de empresa lo hicieron a tasa inferior, un 2,43%”, agrega. 

El sindicato incide en que “es de esperar que los próximos meses registren un mayor aumento de la inflación, afectando en mayor medida a los tramos salariales más bajos” y añade que “a la vista de lo anterior tajantemente las medidas adoptadas en Canarias no están conteniendo el nivel de precios ni evitando acentuar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios”. 

Apunta que dichas medidas “resultan insuficientes y limitan su vigencia a un periodo excesivamente corto, muchas de ellas con validez hasta el 30 de junio del corriente, otras incluso antes como la reducción del IGIC en carburantes”. Adicionalmente, “surge la duda en cuanto a si la reducción impositiva aplicada llega al consumidor final o si, por el contrario, todo o parte pasa a engrosar el margen neto de venta”.

Estima un incremento de recaudación en 700 millones

El informe, elaborado por el gabinete técnico de CCOO, incide en que “en Canarias entre 2019 y 2025, el encarecimiento de bienes y servicios ha tenido un efecto mayúsculo, de tal forma que un 56,7% del incremento registrado se debe a la inflación, correspondiendo el 43,3% restante al mayor ritmo de actividad económica, entre otras causas”. 

Por ello, el sindicato explica que este incremento en la recaudación de 2019 a 2025 a causa de la inflación se estimó en algo más de 700 millones de euros. 

“En atención a ello, cabe seguir ahondando en el listado de productos esenciales que podrían seguir estando sujetos al IGIC, además de aplicar una reducción mayor en otras figuras que gravan combustibles como el diesel y la gasolina. Asimismo, revisar el resto de figuras impositivas indirectas resulta una opción a estudiar”, subraya. 

El sindicato sostiene que la evolución de la recaudación tributaria en Canarias durante 2025 debe interpretarse desde una doble perspectiva. Por un lado, confirma que la economía canaria ha mantenido capacidad recaudatoria y que existen mayores recursos públicos potenciales para financiar políticas sociales, servicios públicos y actuaciones de protección.

“En este sentido, debemos matizar que no toda mejora recaudatoria es socialmente equivalente. Una recaudación basada en impuestos indirectos tiene un componente regresivo, porque grava el consumo con independencia de la renta disponible. Esto afecta proporcionalmente más a los hogares trabajadores, pensionistas, personas desempleadas y familias con menor capacidad económica, especialmente cuando el consumo gravado incluye bienes y servicios básicos”, dice el informe. 

Y destaca también que “la inflación ha incrementado los ingresos públicos, que esos recursos sean orientados prioritariamente a compensar a quienes han sufrido en mayor medida la pérdida de poder adquisitivo y a activar mejoras tributarias, deducciones y/o reducciones, por ejemplo, en el tramo autonómico del IRPF”. 

CCOO afea que las medidas aplicadas “no han sido evaluadas hasta el momento, ni se prevé una Comisión de Seguimiento que evalúe la aplicación de estas medidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron dispuestas”. 

Y reprocha que hasta el momento, en Canarias no se ha convocado a los sindicatos para valorar y ver qué medidas son necesarias aplicar más allá del 30 de junio de 2026.

Comprender los pasos de Coalición Canaria puede ser un enigma para quien no conozca la trayectoria de la formación que más repite que es “la voz de Canarias en Madrid”. Durante su campaña electoral en 2023 repitió en numerosas ocasiones que no pactaría con la extrema derecha de Vox, esa que niega las autonomías y muchos derechos conquistados, pero votó con ella la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo (PP) y también formó gobierno en tres ayuntamientos de Canarias (Teguise, Granadilla y Arona). El mismo año, en 2023, tras jugar a la ambigüedad y de poner líneas rojas como decir que no apoyaría un Gobierno con Sumar, la diputada Cristina Valido finalmente dio su apoyo a la investidura de Sánchez y explicó que con ello respondía “a los intereses de los canarios”. 

La reciente crisis entre el Gobierno de Canarias y el central por el hantavirus solo suma una más de las broncas que no ha dejado de protagonizar Coalición Canaria con el Gobierno de Sánchez desde que tomó posesión. Clavijo gobierna en las islas con el PP y desde el primer momento situó la situación de las personas migrantes y el “repunte” de llegadas como el principal tema de su agenda. 

Durante las negociaciones para la acogida de menores migrantes afeaba la postura del Estado sin reprochar a su socio de Gobierno, del PP, que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP bloquearan el acuerdo. Lejos de generarse tensión entre ellos, siempre hubo palabras de elogio hacia el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez. 

Pero desde 2025 ya se registran amenazas con retirar el apoyo de Coalición Canaria en el Congreso a Sánchez. En junio del año pasado, en un acto Clavijo llegó a decir que si su partido percibe que “la legislatura no es viable”, retirará su apoyo a Pedro Sánchez, al que ha instado a que tome “medidas determinantes como Gobierno, porque la corrupción estaba incrustada en el Gobierno”.

Cristina Valido se pronunció en los mismos términos anunciando que no está garantizada la continuidad del apoyo que ofrecieron a Sánchez en la investidura.

Lo más repetido durante la legislatura ha sido que se tiene que “cumplir la agenda canaria”, una cuestión que se ha reiterado en todo momento y con la que se ha chocado al prorrogarse los presupuestos generales. Todo ello en un contexto en el que la Audiencia de Cuentas ha afeado el incumplimiento de la regla de gasto del Gobierno de Clavijo en 2024, confirma una inejecución presupuestaria de 1.285 millones y resalta el bajo resultado en consumo de fondos ‘Next Generation’, el 20,7% del disponible. 

La tensión entre CC y Pedro Sánchez también se reflejó con el llamado “decreto Clavijo” y para hacer frente a las crisis por la guerra en Irán por el que Valido se enzarzó en el Congreso reclamando más medidas para Canarias. Finalmente, ambos Gobiernos cerraron un acuerdo. 

También se han encendido las alarmas por la gestión de los aeropuertos. El consejero de obras y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, llamó “fake” al traspaso de puertos y helipuertos pese a ser una reivindicación del Gobierno canario. 

Escala la tensión desde el hantavirus

Y la crisis por la llegada del hantavirus ha sido una de las últimas broncas. El presidente del Gobierno de Canarias se empeñó en que el barco no atracara en las Islas pese a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud y a los informes que alertaban de que Cabo Verde no disponía de las condiciones para el desembarco de pasajeros y Canarias sí. 

Protagonizó un duro choque con la ministra de Sanidad, Mónica García, preguntando si los roedores nadaban y ordenando que el buque no fondeara en Granadilla, una decisión para la que no tenía competencia. La ministra llegó a decir que Clavijo trataba de “boicotear” la operación y la tensión entre ambos gobiernos fue seguida en el panorama nacional e internacional. 

El último giro lo ha dado Cristina Valido que en un programa de televisión llegó a decir que si Coalición Canaria fuera una dictadura “y decidiera sólo yo...” votaría a favor de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta entonces, la postura de su partido era que se sometiera a una cuestión de confianza pero en los últimos días ya se habla de que si no hay presupuestos “da por finiquitada la legislatura”. 

Esa es la postura de los últimos días, pero puede cambiar. 

Francisco Martínez Peñaranda, de la asociación ultraconservadora Libertas, ha negado este martes en el Parlamento de Canarias la pobreza infantil y ha denigrado a las personas homosexuales, asegurando que aunque a los parlamentarios les parezcan “extravagantes” sus opiniones “la mejor opción” es que los menores “vivan con un papá y una mamá. Y, de hecho, así figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Martínez Peñaranda ha comparecido en la comisión sobre pobreza infantil precisamente obviando todos los datos e informes oficiales y arremetiendo contra el sistema de acogida de menores. Además, al final de su intervención incidió en el matrimonio igualitario, remarcando que cree “que nos olvidamos cuando se trata de la transmisión de la vida y todo el tema del matrimonio homosexual que no se discute lo suficiente.  Es la primera vez en la civilización humana en que estamos criando deliberadamente a niños sin madre o sin padre”.

Peñaranda remarcó que “no se está teniendo en cuenta algo muy importante. Y es que mucho antes de que el tema del matrimonio homosexual estuviera en la vanguardia del pensamiento cultural, hemos tenido décadas y décadas de datos sociológicos y estudios revisados por pares que nadie discutía  y que decía que los niños en general, y en su mayor parte  están mejor cuando son criados por un padre y una madre”.

Vox vuelve a demostrar así que se sitúa en contra de los avances LGTBIQ+ y que con su llegada a las instituciones democráticas se corre el riesgo de que se dé voz a discursos sin rigor y superados. Además de volver a poner el foco hacia los colectivos más vulnerables cuando se tratan asuntos de relevancia como es el caso de la pobreza infantil.

La intervención sobre la homosexualidad Martínez Peñaranda la realizó en el segundo turno sin réplica de los parlamentarios, pero sí bajo su mirada atónita y gestos de desaprobación.

Tras su primera intervención, la parlamentaria de Nueva Canarias Natalia Santana le recordó que existen numerosos informes y estudios que hablan de la pobreza infantil, desde el grupo nacionalista señalaron que “no hablan el mismo idioma” que el portavoz de esta asociación y la socialista Alicia Pérez le afeó la falta de propuestas.

Libertas se denomina como una asociación “en contra de la ideología de género y a favor de la libertad de enseñanza en la que los padres tengan voz y voto para educar a sus hijos”. Parte del discurso de Martínez Peñaranda también se destinó a atacar a la ministra Isbel Celáa que en realidad ha defendido el derecho a la educación de los menores frente al pin parental que proponen los conservadores como Vox y desde asociaciones como esta.

Pese al relato que ha tratado de hacer calar esta asociación, EAPN Canarias ya ha alertado de que el 40,2 % de los niños, niñas y adolescentes de Canarias vive en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone más de 90.000 menores cuya infancia está condicionada por la precariedad. “Crecer en un hogar con ingresos insuficientes o en condiciones de precariedad implica mayores dificultades en ámbitos clave como la salud, la educación, el bienestar emocional o el acceso a oportunidades futuras”.

Canarias se sitúa entre las cuatro comunidades autónomas con mayor lista de espera en dependencia. Según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en el Archipiélago hay más 17.457 personas aún pendientes de esta ayuda, según los datos analizados por la asociación hasta mayo de este año.

De hecho, Canarias (20,4%), Catalunya (18,8%) y Murcia (18,3%) son las comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,3%), Navarra (2,3%) y Galicia (1,3%) son las que menor porcentaje de personas esperando tienen.

El tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de casi un año (335 días), cuando la Ley impone 180 días. No obstante, el informe detalla algunas mejoras en el Archipiélago como que se ha conseguido rebajar esta espera en 90 días.

En estos cinco meses han fallecido 13.503 personas en toda España pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA; en Canarias, han sido 360 las personas que han fallecido en estos meses en esa lista de espera.

El informe del Observatorio Estatal detalla que en el último año sí que se ha rebajado la lista de espera en las Islas (-20,7%) pese al alto volumen de personas que aún no tienen la prestación, mientras que en otras tres regiones en estos meses sí que se ha disparado la lista de espera: Cantabria (+106,8%), Madrid (+42,6%) y Castilla La Mancha.

El informe también apunta otro dato positivo y es que en los últimos tres meses las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación han sido Canarias (+22%) y Cantabria (+6,6%). Por el contrario, las comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,4%) y Extremadura (-0,5%).

Es precisamente con ese dato con el que se queda la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que apunta en un comunicado que según el último balance realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se ha incrementado el número de personas beneficiarias con prestación. “Hay una tendencia de mejora sostenida en la incorporación de nuevas personas beneficiarias y en la resolución de expedientes”, destaca.

Sobre las personas en lista de espera, la Consejería se justifica asegurando que “un altísimo porcentaje de las personas que se encuentran en el limbo de la dependencia figuran en esta situación por causas ajenas a la Administración, según reconoce específicamente el Imserso”.

“Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo”, expone el director de la asociación, José Manuel Ramírez en un comunicado.

Si se atiende a los últimos datos publicados por el IMSERSO (mayo), en cuanto al tipo de ayuda a la dependencia, la que se otorga en mayor medida es la prestación vinculada al servicio (34.636), le sigue la prestación para el cuidado en el entorno familia (32.143), la teleasistencia (12.443), la atención residencial (5.985), los centros de día y noche (5.527); la prevención y promoción de la autonomía personal (2211)y la ayuda a domicilio (1.339).

La senadora Marta Arocha ha remarcado varias veces que el hecho de que en Canarias haya tantas prestaciones no efectivas se debe a que o hay servicios que ofertar y a que las empreas que ofrecen prestaciones vinculadas al servicio están desbordadas. Recientemente, explicó a este periódico que “si no se crean plazas públicas de centros de día, de centros sociosanitarios, van a seguir dando PIAS, pero que serán siempre no efectivos”.

Arocha considera que Canarias se está convirtiendo en un sistema low cost, ya que una de las prestaciones que más está creciendo es la de la teleasistencia; “y las teleasistencias nunca pueden ser, según la ley, una prestación principal, es siempre complementaria de otra”.

El Papa acaba de terminar su gira en Canarias, lugar que quería visitar el anterior Pontífice Francisco para conocer la situación de las personas migrantes. Su primera parada en España fue Madrid y después Barcelona y en ambas ciudades dejó sus primeros mensajes en pro de los derechos humanos. En Gran Canaria, la expectación estaba en Arguineguín, donde el León XIV conoció historias de realidades migrantes. Allí resignificó ese puerto como “de La Esperanza”, un lugar que se llenó de supervivientes de la ruta migratoria y donde llamó la atención a Europa que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas“ mientras pidió a la comunidad internacional ”cooperación eficaz y perseverante. 

Los mensajes lanzados por León XIV a Europa desde Canarias coinciden con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este acuerdo ha sido rechazado por diferentes organizaciones especializadas en derechos humanos porque sigue apostando por la vigilancia y la externalización de fronteras. Uno de los puntos más polémicos de este paquete de medidas es que la edad para la recogida de datos biométricos en el triaje cae de los 14 a los seis años.

En Gran Canaria, León XIV insistió en que “no podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera” y en que las personas migrantes “no son números ni expedientes. Son personas con una familia y una casa dejada atrás”. “Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás; con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comercian con ella”, agregó. 

Los mensajes de apoyo a las personas migrantes continuaron durante todo el viaje del Papa. Incluso cuando ya se iba a descansar al Palacio Episcopal en Las Palmas de Gran Canaria, un grupo de personas se aglomeró junto a su ventana para cantarle y pedirle que saliera al balcón y él salió a saludar y dijo que se había sentido acogido, pero volvió a pedir que esa acogida se realice hacia las personas migrantes. 

“Todos somos migrantes” 

El papa León XIV continuó con su mensaje de solidaridad este viernes en Tenerife. Sobre las diez de la mañana pudo entrar en el campamento de acogida más grande de toda Canarias, Las Raíces. Por sus carpas han pasado desde que abrió en 2021 cerca de 70.000 personas. Allí, en un discurso en francés, el pontífice ha defendido que “todos somos migrantes” y que las migraciones son una “ocasión de encuentro” y de “enriquecimiento mutuo entre los pueblos”. 

Allí, el Papa ha podido escuchar los testimonios de dos supervivientes de la ruta canaria. “No pedimos privilegios ni compasión, sino respeto y la oportunidad de vivir con dignidad”, le trasladó una mujer. Además, aprovechó para pedir que las fronteras “no se conviertan en muros de indiferencia” y que no se mire a los migrantes solo como números o documentos, sino como personas con historias, sueños, familia y esperanza.

En la plaza del Cristo de La Laguna, León XIV siguió escuchando los relatos de otros jóvenes que también han atravesado el Atlántico en busca de futuro, como el caso de Mbacke o de Jalil. En su discurso, pronunciado ante unas 2.400 personas, ha aplaudido que La Laguna sea una ciudad “sin murallas [...] en la mirada, en el miedo o en la indiferencia” hacia quienes llegan en una patera o en un cayuco. Además, ha apelado a la importancia de ofrecer una acogida digna, llamando “naufragio silencioso” a lo que ocurre cuando una persona se queda sola en una ciudad sin vínculos, sin trabajo, y “expuestos a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad”.

Así, pidió que la integración no quede reducida a una tarea social “por necesaria que sea”. “Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua, trabajo y protección. También deben encontrar una comunidad capaz de ofrecer”, aseveró.

A lo largo de toda su visita, el Papa no ha dejado de recordar a los muertos del Atlántico. En La Laguna, ha incidido en que cada vida perdida en estas rutas es “un fracaso para la familia humana”. Frente a unas 40.000 personas, León XIV presidió la misa que puso fin a su viaje por España. Lo ha hecho en Santa Cruz de Tenerife, con tres cayucos de fondo. Desde allí, lanzó un último mensaje en el que pidió unidad y una paz verdadera.

El Papa León XIV se ha dirigido este viernes a quienes hacen sufrir a las personas migrantes: “Deténganse, conviértanse”, ha dicho. León XIV ha incidido en La Laguna en que cada vida perdida en estas rutas es “un fracaso para la familia humana” y que “existe también un naufragio silencioso después de la llegada. Quedar solo en una ciudad, sin lengua, sin vínculos, sin trabajo, sin confianza y expuesto a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad”.

León XIV subrayó que “la integración no quede reducida a una tarea social por necesaria que sea. Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua, trabajo y protección. También deben encontrar una comunidad capaz de ofrecer”.

“Una iglesia que acoge es también una iglesia que anuncia, ofreciendo a Cristo sin imponerlo  y que al mismo tiempo recibe el Evangelio de mano de los pobres. Una conciencia humana y más aún una conciencia cristiana no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda ante estos cementerios del mar”, insistió León XIV.

El Papa arremetió contra quienes “se aprovechan de la desesperación,  a quienes organizan rutas de muerte,  trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio”.

“Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta él. El dinero arrancado a la vulnerabilidad de los pobres no dará paz, ni honor, ni futuro. Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada,  cada trabajador explotado, habrán de comparecer ante la justicia divina”, insistió.

El Papa subrayó que le llama la atención que La Laguna de La Laguna se diga que es una ciudad sin murallas“, una ”ciudad abierta“. ”Quizás este detalle nos ayude a comprender que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra. A veces están en la mirada, o en el miedo, o en la indiferencia. El mar que rodea estas islas trae hasta nosotros historias que no siempre sabemos leer“, apuntó.

“Historias de dolor, de esperanza, de búsqueda. En una ciudad sin murallas, también el corazón está llamado a sentarse para acogernos. Por eso, necesitamos aprender el lenguaje de la cercanía,  ese que se comprende más con las manos que con las palabras”, dijo.

En La Laguna, el Papa escuchó los testimonios de migrantes como  Jalil, un joven marroquí que contó cómo dejó su hogar buscando una oportunidad para construir un futuro “digno, seguro, para mí y para mi familia”. “Mi viaje en patera no fue nada fácil”, asegura.

También el de Mbacke Ndiaye, un senegalés de 20 años que ha tenido ''la oportunidad de empezar de nuevo''. Con el continente africano colgando en su cuello, ha contado al pontífice cómo la fundación Buen Samaritano le ha dado ''más que un techo y comida''. ''Me ha dado respeto, paciencia, y gente que me dijo: ''tú vales, tú puedes''.

Asimismo habló Darwin Rivasel, sacerdote venezolano que ha estado presente en La Restinga (El Hierro), a donde llegan miles de migrantes o la colombiana Thalia Johana Saldarriaga Diago, que llegó a España dejando a su familia y a su hijo.