Durante los últimos años se ha ido acumulando una contundente evidencia académica acerca del impacto de las migraciones en la prosperidad de la Unión Europea. Las estimaciones varían, pero el mensaje es unívoco: en ausencia de un influjo abundante y creciente de trabajadores extranjeros que temple nuestro invierno demográfico, las sociedades europeas tendremos problemas serios para mantener el crecimiento económico y sostener los sistemas de bienestar. Da igual que hablemos de capacidades laborales esenciales, pensiones, balanza fiscal, innovación, productividad o, lo más adecuado, una combinación de todos estos factores. No existe ecuación para el futuro económico de los Estados miembros en la que no destaque la variable migratoria.

Si las advertencias sobre la necesidad de más migrantes son ciertas, llama la atención que el programa político más relevante de la UE en este ámbito, el recién aprobado Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, apunte exactamente en la dirección contraria. En su empeño por no dar argumentos, la extrema derecha, los eurodiputados populares, socialistas y liberales han bendecido un artefacto legal tan racista, temeroso y xenófobo que los nacionalpopulistas se han visto en apuros para votar en contra. Dicho de forma simple, el pacto está programado para detener, sea como sea, los flujos migratorios de África y otras regiones pobres hacia Europa. En materia de refugio y asilo, un alambicado –y, posiblemente, inoperante– sistema de multas pretende sortear el obstruccionismo de algunos Estados a un reparto justo de las responsabilidades de protección internacional.

Y si lo que dice el texto aprobado es preocupante, lo que omite es alarmante. En su gran esfuerzo común por gobernar los flujos de movilidad humana hacia la UE, los Estados miembros se olvidan casi por completo del 80% de quienes llegan a nuestro territorio cada año: los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Este no es un Pacto de Migraciones, sino de Control Migratorio.

Para ser claros, nada de lo que estamos viendo ahora empezó ayer. Ni siquiera durante la crisis de acogida de 2014-2016, donde la máxima política de casi todos los Estados miembros fue “sálvese quien pueda”. El nuevo pacto es la consolidación de un proceso que comenzó en 1985, con la aprobación del Acuerdo de Schengen, y que no ha dejado de dar pasos desde entonces, siempre en la misma dirección. De acuerdo con un análisis que realizábamos desde la Fundación porCausa, no menos de 27 iniciativas legislativas y políticas, y cerca de 10.000 millones de euros, han apuntalado en los últimos 20 años un modelo de fronteras verticales basado en la externalización del control migratorio a los países de origen y tránsito. 

El resultado de este modelo es el caos. Mientras los intentos de acceso irregular a territorio comunitario batían récords en 2023 y las rutas marítimas y terrestres hacia la UE se han convertido en monumentales cementerios anónimos, el intento de impermeabilizar la región europea pasa factura en otras prioridades e intereses de la UE en la región africana. Europa se ha puesto en manos de regímenes autocráticos e iliberales que exigen fortunas, fuerzan la reconsideración acrítica de posiciones históricas, utilizan la ayuda para aplastar a la oposición o, sencillamente, cambian de bando por la vía de un golpe de Estado. Políticas enteras, como la de cooperación, han quedado sujetas a un juego de incentivos perversos que ofende los propósitos del desarrollo y niega a la ciudadanía africana uno de los recursos más eficaces para escapar de la pobreza: la posibilidad de desplazarse a un lugar más próspero.

Ninguno de estos factores, sin embargo, ha llevado a reconsiderar el rumbo. ¿Cómo se explica que la respuesta a este sistema inmoral y fallido sea cavar cada vez más hondo en el mismo agujero? La razón tiene una triple naturaleza: narrativa, política y económica. Por un lado, cuatro décadas de discurso público en el que las migraciones eran reducidas a un juego binario de amenaza o tragedia han conseguido un poderoso efecto en el imaginario público, en constante alarma por la “emergencia” fronteriza. Sea por nuestro bien o por el suyo, la clave es evitar el viaje y la llegada a Europa. Por otro lado, la política migratoria ha estado siempre en manos de expertos en seguridad, no en desarrollo, mercado laboral o pensiones. Los ministerios del Interior tienen la costumbre de actuar como lo que son: gendarmes. Y lo hacen con una envidiable consistencia que ignora las alternancias partidistas. ¿O alguien cree que un ministro de Vox iba a ser capaz de ir mucho más lejos de lo que ha ido Fernando Grande-Marlaska en su política de fronteras?

Pero la explicación económica es tal vez la más poderosa. La lógica obsesiva del control migratorio ha sido causa y efecto de una industria legal que alimenta la lógica de la seguridad y gana verdaderas fortunas con la militarización de las fronteras. Se ha hablado demasiado de las mafias ilegales de trata –cuyo papel es real pero mucho menos relevante del que se les atribuye– y muy poco de la colección de empresas, instituciones públicas y ONG que hacen su agosto con esta política.

No tenemos razones para pensar que estos tres factores vayan a perder intensidad en el ciclo electoral de estos próximos años, empezando por las inminentes elecciones europarlamentarias. Más bien todo lo contrario. El debate sobre el ascenso de los partidos nacionalpopulistas esconde una trampa fundamental: socialistas y populares ya han comprado el argumento principal de las migraciones como amenaza o como problema. Si esto no cambia, lo que veremos en el futuro próximo son variaciones sobre la misma melodía.

Políticas innovadoras pero discretas

El desafío de las alternativas es que no sabemos con certeza a qué se parecen, entre otras cosas porque las necesidades varían y porque carecemos de un país o grupo de países que actúen como modelos de una política migratoria más flexible, ordenada y realista. Pero eso no significa que actuemos a ciegas. En numerosos lugares del mundo –Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, Uganda o Colombia, por mencionar algunos– se está haciendo un ejercicio discreto de innovación de políticas que busca ajustar los flujos migratorios a las necesidades de los países de destino, optimizar el impacto en el desarrollo de las comunidades de origen, establecer los incentivos que garanticen la circularidad y la construcción de confianza mutua, o facilitar la integración social y laboral de quienes vienen de fuera. Un grupo pequeño, pero ambicioso y activo, de actores públicos y privados se ha empeñado en el ejercicio de prueba y error que constituye cualquier transformación seria del statu quo. 

En este ejercicio, la exploración de nuevos formatos narrativos supone casi una condición de partida, ya que reduce los recelos de la sociedad y garantiza a los responsables políticos espacios mínimos de seguridad electoral. Las nuevas narrativas migratorias no responden al marco de debate que plantea la extrema derecha, sino que construyen alianzas sobre una combinación de elementos éticos y prácticos. El éxito de la coalición que ha llevado al Congreso la iniciativa legislativa popular por la regularización de migrantes constituye un ejemplo reciente y paradigmático de esta combinación de factores.

No hay nada escrito en el futuro de Europa y su relación con las migraciones. Nos guste más o menos, estamos condenados a vivir en sociedades diferentes de las que hemos conocido en el pasado. De nosotros depende convertir este proceso en una agonía melancólica o en una monumental oportunidad colectiva.

Texto publicado en el número 44 de la revista de elDiario.es, 'Qué ha hecho Europa por nosotros'.

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En porCausa.org se puede consultar el informe “Externalización: caos, corrupción y control migratorio bajo la apariencia de cooperación europea” en el que se basan las afirmaciones de este artículo.

Si es cierto que la política está hecha de símbolos, el que se produjo el 21 de octubre de 2014 en el Congreso de los Diputados es inmejorable. El recién elegido Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, defendía ante el pleno su primera alternativa a los Presupuestos Generales del Estado. En un momento dado, el líder de la oposición se detiene en una propuesta relacionada con la crisis de la pobreza infantil y en la bancada de los populares se produce lo impensable: una sucesión de risas y abucheos que le interrumpen y le obligan a repetir varias veces sus palabras.

De algún modo, Pedro Sánchez se conjuró en aquel momento a cumplir una obligación que se materializó esta semana con el anuncio de un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, dependiente de la propia Presidencia del Gobierno. Con esta medida, su ejecutivo da el primer paso imprescindible en la resolución de una crisis, que es reconocer su existencia. Algo que el PP nunca llegó a hacer de manera abierta.

Por supuesto que debemos esperar a conocer el mandato y los recursos de esta oficina; también el nombre de quien la dirija, que debe ser un experto o experta de reconocido prestigio y con la única atadura ideológica o institucional de la causa de los niños. Pero el primer paso está dado y solo un miserable o un inconsciente puede ignorar su importancia.

Porque la realidad que describió Sánchez en 2014 no ha cambiado demasiado, desgraciadamente. De acuerdo con las estimaciones oficiales más recientes (pueden consultarlas en este pedagógico espacio de Save the Children), el 30% de los niños de nuestro país vive en situación de pobreza relativa (hogares con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana). Esta cifra no solo está siete puntos por encima de la media del conjunto de la población, sino que no ha cambiado prácticamente desde 2011 y es la segunda más alta de la UE. Esconde una realidad triste y profundamente injusta en la que cerca de dos millones y medio de niños carecen de los recursos y oportunidades básicas para su desarrollo en dignidad, lo que supone una hipoteca cierta para su futuro. La pobreza de ingreso y los diferentes indicadores de vulnerabilidad social castigan de manera particular a las familias monoparentales, pero hay otros grupos especialmente vulnerables como las comunidades inmigrantes.

El de la pobreza infantil fue el primero de los grandes proyectos de investigación y periodismo que desarrollamos desde la Fundación porCausa. Y recuerdo el impacto que me produjo descubrir hasta qué punto este problema era una consecuencia del fracaso de las políticas públicas. Como explicamos en su momento, nuestro sistema es altamente incompetente cuando se trata de reducir la miseria de los niños (la eficacia de las prestaciones sociales contra la pobreza infantil es casi la mitad que en el caso de hogares sin hijos). Peor aún, la inequidad de las transferencias llegaba incluso a incrementar el riesgo de exclusión de los niños más pobres, lo cual convertía el fracaso en sarcasmo.

Pero lo contrario también puede ser cierto: el sistema (semi)universal y protector de las pensiones demuestra que las políticas públicas pueden actuar como colchón eficaz contra el riesgo de pobreza, que es lo que ocurrió en España durante los primeros años de la crisis (en concreto, hasta que los pensionistas tuvieron que hacerse cargo del resto de la familia).

Por eso resulta abracadabrante el dilema que se plantea en ocasiones entre la pobreza de los niños y la de los mayores, como si se tratase de elegir a quién se deja caer. Aunque el entramado de presupuestos y políticas que afectan a los niños sea considerablemente más complejo que el de los mayores (UNICEF ha hecho un espléndido trabajo para mostrarlo), de lo que se trata es de dotar a la causa de los primeros de la misma tracción política que tiene la de los segundos. Y si a eso puede ayudar el nuevo comisionado, aleluya.

Nadie hubiera dicho que aquella tierra semidesértica produjese nada, nunca. Sin embargo, en la pequeña parcela que rodeaba la jaima de Aourriye (“Libertad”) en la región mauritana de Assaba, su familia aprovechaba los meses de lluvia entre septiembre y noviembre para cultivar alimentos como el mijo y el sorgo. Con su pequeña cosecha, un puñado de animales y la actividad trashumante de los hombres, ellos y las comunidades rurales de Mauritania han ido toreando el hambre a lo largo de generaciones.

Aquel verano de 2012 las cosas eran diferentes. Cuando entrevisté a Aourriye, la lluvia no había llegado en la temporada pasada y el temible período del soudure (carestía de pocos meses) se había extendido a lo largo de todo el año. La sequía empujó al marido de Aourriye a la emigración y a ella y a sus ocho hijos a la desesperación: “El año pasado hubo un periodo de recogida de alimentos, pero este año no. En la época de lluvias, cultivo; esa es mi actividad y vivo de eso. Ahora tengo muchas dificultades para encontrar alimentos para mis hijos. Todos comen lo mismo, del mismo plato. También tengo muchas dificultades para conseguir agua. (…) Por supuesto, estoy preocupada con el futuro de mis hijos. Lo que más deseo para ellos es que puedan ir a la escuela y que en el futuro sean autónomos, se puedan mantener”.

En un país de algo más de cuatro millones de habitantes, el 25% de los mauritanos se arraciman hoy en la ciudad de Nuakchot, cuya población se ha multiplicado por 120 desde 1980. No menos de 200.000 han buscado suerte en diversos países de la región, del Golfo Pérsico y de Europa. Otros muchos les seguirán. Son parte de los llamados migrantes y refugiados “climáticos”, un concepto que tomó cuerpo político por primera vez en noviembre de 2015, cuando la Cumbre del Clima de París incorporó este término al catálogo de desaguisados provocados por el calentamiento global. “Nos enfrentamos a grandes movimientos migratorios y de refugiados, y el cambio climático es una de las causas fundamentales del número récord de personas que se han visto obligadas a migrar”, dijo en aquel momento William L. Swing, Director General de la Organización Internacional de Migraciones.

Desde entonces el término se ha establecido por derecho propio en el imaginario político global. La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) calcula que una media de 21,5 millones de personas se han visto obligadas cada año desde 2008 a desplazarse de su lugar de origen como consecuencia de fenómenos naturales extremos como inundaciones, tormentas, incendios y períodos extendidos de calor intenso. Un número indeterminado de otros muchos miles de desplazados son las víctimas directas de fenómenos lentos pero insorteables como las sequías, la variabilidad de las lluvias, la degradación del suelo y el aumento del nivel de los mares. De acuerdo con las cifras expresadas en el Foro de Diagnóstico sobre las Migraciones Climáticas –celebrado en Madrid en noviembre de 2017- el número total de afectados se acerca mucho a los 200 millones desde el año 2008. Pero incluso esta cifra podría quedarse corta si, como propone Greenpeace, incluimos en esta categoría a quienes se ven obligados a desplazarse como consecuencia de las propias medidas de lucha contra el cambio climático. Poblaciones enteras de África oriental, por ejemplo, han sido expulsadas de sus territorios para desarrollar grandes operaciones comerciales de reforestación.

El triple frente

Las migraciones climáticas plantean desafíos fundamentales en tres frentes. El primero de ellos es legal. La acepción genérica reconocida por la Cumbre del Clima esconde un batiburrillo conceptual que no deja claro quiénes son realmente estas personas y cómo pueden ser contadas. Ambas cosas son imprescindibles cuando se trata de desarrollar y proteger sus derechos. Mientras que los supuestos actuales de las normas de protección internacional definen con claridad quiénes están bajo su amparo –víctimas de conflictos y persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas- y cuáles son las obligaciones de los Estados y de sus autoridades, en el caso de los refugiados climáticos esta obligación legal es inexistente.

Algunos expertos, como el director del Centro para el Estudio de los Refugiados de la Universidad de Oxford, Alexander Betts, han señalado la necesidad de expandir el alcance de las obligaciones de protección internacional para adaptarlas a una realidad muy diferente a la de hace más de medio siglo, cuando estas fueron establecidas (ver cuadro). Otros han señalado la oportunidad de extender al desplazamiento internacional regulaciones existentes para otras circunstancias, como los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno (1998). El propio Parlamento Europeo se planteó este asunto en 2011 sobre la base de un menú de posibilidades que iban desde la creación de un nuevo marco legislativo hasta la extensión de los actuales mecanismos de protección, pasando por el impulso político que dio lugar al reconocimiento de estos migrantes dentro del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

Lamentablemente, cualquier posible compromiso de Europa en este campo se diluyó a partir de 2014 con la llamada crisis de refugiados, un fenómeno que ha puesto en riesgo incluso los estrechos supuestos de protección previstos en la legislación actual.

El segundo desafío es de carácter humanitario. Las cifras mundiales de desplazamiento forzoso –que alcanzaron un nuevo record a finales de 2016 con 65,6 millones de personas- constituyen solo una parte de las necesidades humanitarias globales, que afectan actualmente a 136 millones de seres humanos víctimas de conflictos, persecución, desastres naturales y pandemias. Mientras tanto, la brecha que separa las necesidades financieras de los recursos ofrecidos por los donantes se hace cada vez más grande: si en el año 2012 las agencias internacionales reclamaron 8.800 millones de dólares y recibieron 5.800 millones, cinco años después las necesidades humanitarias globales prácticamente se han triplicado (23.500 millones de dólares) y la financiación disponible se ha estancado en menos de la mitad de esa cifra.

Nada en el horizonte de las migraciones climáticas sugiere que esta situación vaya a remitir. Más bien lo contrario. Solo en los últimos meses hemos sido testigos de temperaturas récord y una ola de incendios sin precedentes en regiones enteras de Estados Unidos y Europa occidental; de huracanes en el Golfo de México y el Caribe que han arrasado vidas y hogares y destruido décadas de inversiones e infraestructuras en Texas y Puerto Rico; o de inundaciones de proporciones bíblicas en Nepal, India y Bangladesh que han matado a no menos de 1.300 personas y desplazado a 40 millones. La recurrencia de fenómenos naturales extremos –derivados directa o indirectamente del cambio climático- constituye un signo de nuestro tiempo y una de las mayores amenazas humanitarias que haya vivido el planeta a lo largo de su historia. Como ha demostrado el caso sirio –cuyo conflicto violento fue precedido entre 2006 y 2010 por una devastadora sequía que disparó la vulnerabilidad y el descontento de la población- las crisis humanitarias son fenómenos complejos en donde diferentes factores se imbrican para generar círculos viciosos cada vez más difíciles de romper.

El tercer reto está directamente relacionado con los anteriores y es de carácter político. El mejor modo de atender las necesidades de los migrantes y refugiados climáticos es, en primer lugar, reconocer la responsabilidad histórica que los principales países contaminantes tienen en su situación. En segundo lugar, trabajar de manera activa para prevenir la intensificación de estos flujos antes de que se produzca. En ambos casos existen pocas razones para ser optimistas. La cumbre del clima celebrada en Bonn hace pocas semanas escenificó el doble fracaso de una agenda que mantiene las emisiones de CO2 en los niveles récord alcanzados en 2015 y de un armazón político seriamente debilitado por el abandono y los ataques de la Administración Trump.

Es difícil que un puñado de legisladores que consideran el calentamiento global una conspiración liberal o un castigo divino reconozcan la obligación de compensar a otros por ello. Curiosamente, necesitaremos algo muy parecido a un milagro para salir del atolladero: si la comunidad internacional quiere financiar en 2050 las estrategias del adaptación al cambio climático –que mitigarían de manera cierta las consecuencias sobre el desplazamiento forzoso-, el esfuerzo anual de los países donantes tendría que crecer entre 6 y 13 veces de aquí a 2030, de acuerdo con las estimaciones más recientes de la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP).

El siglo XXI es ya el siglo de la movilidad humana. Cuánto de este proceso será voluntario, ordenado y provechoso para todas las partes, y cuánto se reducirá a la huida caótica y desesperada de masas desposeídas de sus recursos más esenciales dependerá en parte de nuestra capacidad para intervenir ahora. La clave está en reconocer en lugares como Mauritania la fotografía del mundo que seremos y actuar en consecuencia.

Entre 1990 y 2015 el número de quienes viven como migrantes en el planeta se incrementó en cerca de 100 millones de personas, hasta alcanzar los 245 millones actuales. Una buena parte de este crecimiento fue absorbido por los países más desarrollados en forma de movilidad laboral, pero las economías emergentes experimentaron a partir de 2005 llegadas cada vez más abundantes de inmigrantes. Mientras tanto, el desplazamiento forzoso y masivo de poblaciones derivado de los conflictos, la persecución y las necesidades extremas ha alcanzado recientemente la cifra récord de 65 millones de personas, tres veces más que a principios de los años noventa. La inmensa mayoría de este grupo se encuentra atrapada en las regiones más pobres del mundo.

No existen razones para pensar que esta tendencia vaya a cambiar en las próximas décadas, más bien al contrario. De acuerdo con el Norwegian Refugee Council, los desplazamientos derivados del cambio climático y los fenómenos naturales extremos, por ejemplo, podrían doblar pronto el número actual de refugiados. La Organización Internacional de Migraciones estimó que en 2050 el número de migrantes internacionales superará los 400 millones, con un ritmo de crecimiento que multiplica por dos el previsto para el conjunto del planeta. Las cifras coinciden con el deseo declarado de la población mundial en el índice Gallup sobre migración potencial neta (2017): si todos los adultos del mundo que quieren moverse pudiesen hacerlo, la población de la UE crecería un 21%, la de América del Norte un 54% y la de Australia y Nueva Zelanda se multiplicaría por dos veces y media.

El futuro es un planeta en movimiento. Todas las variables que determinan la movilidad humana tienden a intensificarse o consolidarse en los próximos años, empezando por la brecha de ingresos y oportunidades que está en la base de los factores de empuje. La certeza de esta oportunidad de progreso, unida al poderoso efecto llamada del envejecimiento de los mercados laborales en los países desarrollados, así como la existencia de diásporas que amortiguan las dificultades de adaptación y de tecnologías que reducen el coste de la información y el transporte, hacen de la movilidad humana un fenómeno irresistible. La magnitud y sofisticación crecientes de los mecanismos de control migratorio en los países de destino han demostrado que pueden hacer el proceso más largo, caro y cruel, pero nunca detenerlo.

El coste de esta deriva comienza a ser insoportable. En su empeño por evitar como sea la llegada de más inmigrantes, democracias de alto standing como las europeas ignoran las mismas normas de protección internacional que tardaron décadas en construir. Este diario informaba el pasado mes de junio que el número de muertos contados en el Mediterráneo desde 2014 se acerca ya a los 15.000. Otros muchos millones están atrapados en vidas indignas, hacinados en campos de refugiados o escondidos como inmigrantes irregulares dentro de Estados que establecen derechos fundamentales de acuerdo al color de un pasaporte.

Desde un punto de vista práctico, las rigideces impuestas a la movilidad de extranjeros impiden a los mercados laborales adaptarse con naturalidad a las variaciones de la oferta y la demanda. Este sistema de puerta estrecha es sencillamente insensato: impide durante los años buenos la llegada legal de los trabajadores que precisan nuestras economías y los atrapa durante los años malos por el simple hecho de no garantizar oportunidades futuras. Sus consecuencias devastadoras para el progreso de los países de origen, los de destino y los propios migrantes han sido denunciadas por voces tan dispares como Mark Zuckerberg y el Papa Francisco.

El futuro de las migraciones es una encrucijada. Por un lado, las principales naciones de destino tienen la posibilidad de seguir cavando más hondo en el mismo agujero. Esta es una opción probable en el corto plazo, porque el eje del debate público se ha traslado de tal modo hacia el nacionalismo que la “resistencia” migratoria es exactamente eso: un ejercicio defensivo en el que nos vemos obligados a reaccionar frente a las violaciones de derechos y desmontar afirmaciones que ignoran las evidencias económicas y sociales, como el hecho de que la llegada de trabajadores extranjeros no ha supuesto una depreciación de los salarios de los nacionales, tampoco en los niveles de cualificación más bajos. Si las hipótesis descritas arriba son ciertas, este camino equivale a una intensificación de los flujos irregulares y a una erosión creciente de las normas y mecanismos de protección de los desplazados forzosos.

La alternativa es tomar la ofensiva y empezar a hablar de lo que nos gusta, además de lo que detestamos. El desafío comprende al menos tres niveles. El primero de ellos es aguantar las líneas, garantizando que convenciones como la de los Refugiados (1951) o la de los Niños (1989) valgan algo más que el papel en el que están escritas. Como veremos este otoño con la reforma del modelo de asilo que discutirá la UE, el futuro es ese lugar en el que no podremos dar nada por sentado.

El segundo nivel se refiere también a la protección durante el desplazamiento forzoso, pero afecta a un numero de desprotegidos mucho más amplio del que las normas actuales reconocen. Son los que el profesor de Oxford Alexander Betts ha denominado migrantes de supervivencia, un grupo que incluye a los refugiados de hoy pero que se extiende a las víctimas de otros motores de expulsión como la fragilidad institucional o los fenómenos naturales extremos. La expansión del derecho de protección internacional para considerar estas categorías constituye uno de los principales retos de la regulación migratoria futura.

Pero queda un tercer nivel, que es el que hoy afecta a nueve de diez cada migrantes del mundo: el de la gobernanza de la movilidad por razones económicas, un desafío del siglo XXI que se rige por normas del XIX. Congelados por la radioactividad electoral que rodea este asunto, los gobiernos que dominan la escena global han sido incapaces de desarrollar en el campo de las migraciones el tipo de instituciones y acuerdos multilaterales que han permitido afrontar desafíos como el comercio internacional, la persecución de crímenes contra la humanidad o la lucha contra el calentamiento global.

En la era de Trump, May y Orbán, cualquiera de estas cuestiones parece una quimera. Pero la historia demuestra que los tiempos de disrupción extrema pueden ser aprovechados para plantear reformas que antes parecían inconcebibles. Al fin y al cabo, el origen del multilateralismo moderno es el resultado de dos guerras y un período de nacionalismo extremo. Este es el momento en el que podemos decidir el futuro de las migraciones.

El Estado del bienestar fue concebido como un igualador de oportunidades frente a las diferencias sociales y una red de protección frente a los embates de la enfermedad, la vejez o la pobreza. En el caso de España –y durante estos seis años de la Gran Recesión– el sistema ha protegido de manera notable a los pensionistas y, en menor medida, a los desempleados, pero ha fracasado estrepitosamente en la protección de los niños. Con uno de cada tres menores en situación de pobreza o riesgo de exclusión, hoy nuestro país alcanza niveles récord en un ámbito que establece el rasero moral de las sociedades y sus posibilidades de progreso futuro.

Cuánto de esta situación depende de un mayor esfuerzo presupuestario de las administraciones públicas es un asunto que no tiene una respuesta simple. Niveles equiparables de gasto en diferentes países o regiones obtienen resultados muy diferentes, porque la eficacia de la inversión en infancia está relacionada con los destinatarios, el alcance y la duración las políticas.

Lo que parece fuera de discusión es que el volumen del gasto importa, porque sus reducciones están directamente relacionadas con el deterioro de las condiciones de vida de los niños. De acuerdo con el informe de UNICEF Los niños de la recesión –que analiza el impacto de la crisis en la infancia de los países desarrollados– es posible identificar dos fases muy claras en la respuesta de los países a la crisis: durante el período 2008–10, caracterizado por la expansión del gasto en políticas de protección, 19 de los 30 países analizados lograron reducir la pobreza de los niños (en algún caso, como el de Lituania, Islandia y el Reino Unido, de manera considerable). El panorama cambió de manera radical con la aplicación de las medidas de austeridad, un periodo (2010–12) en el que solo cuatro países lograron reducir la pobreza infantil más de un 1%.

España constituye un pequeño laboratorio de este experimento social, como muestran los números analizados por la Fundación porCausa a partir de los datos de la Fundación Tomillo/UNICEF Comité Español. El fenómeno de V invertida que representa la evolución del gasto entre 2007 y 2013 coincide con un punto de inflexión en los niveles de pobreza de los niños, que caen levemente hasta 2011 y crecen desde entonces.

Como en otros ámbitos esenciales del interés público, la información con la que trabajamos es demasiado gruesa para establecer conclusiones definitivas que informen un debate público de calidad sobre este asunto, pero al menos sirve como señal de alarma. Ninguna campaña electoral estará completa si no aborda estas cuestiones de manera clara en las próximas semanas.

Artículo en colaboración con IS GlobalIS Global

Mientras la crisis del ébola continúa laminando las vidas y las economías de millones de personas en África occidental, la respuesta de la comunidad internacional corre el riesgo de convertirse en el “doble fracaso” del que advirtió Médicos Sin Fronteras hace casi tres meses: llegar tarde y reaccionar de manera equivocada. La cifra de casos se acerca peligrosamente a los 20.000 infectados y 7.000 muertos –sin visos de remitir en el corto plazo-, pero el esfuerzo de muchos países se ha concentrado más en protegerse a sí mismos que en detener la epidemia en origen.

El plan de Naciones Unidas ha sido definido en función de tres círculos concéntricos de intervención: las víctimas directas del ébola y la contención de la epidemia; los daños colaterales derivados del colapso de los sistemas de salud y las fuentes de ingreso de las familias; y la reconstrucción de la región en el medio y largo plazo. Sin embargo, los países donantes solo han entregado hasta ahora 995 de los 1.500 millones de dólares necesarios para la estrategia a corto plazo. Tres de ellos (EEUU, Reino Unido y Alemania) cargan con más de la mitad de todas las contribuciones. Con 2 millones de dólares (1,6 millones de euros) desembolsados, España ocupa el puesto 32 de esta lista, por debajo de Venezuela y Brasil, y con una contribución similar a la de Filipinas.

Cuando se trata de blindarse frente a la epidemia, el orden de prioridades se trastoca. De acuerdo con una estimación hecha pública recientemente por el Instituto de Salud Global de Barcelona, los fondos comprometidos por el Gobierno para preparar nuestro sistema sanitario frente al ébola superan los 17 millones de euros, diez veces más de lo invertido en África y alrededor de 6 millones por cada uno de los tres infectados que han pasado por nuestro país.

No hay nada cuestionable en los planes y los presupuestos para proteger a la sociedad española frente al ébola. Lo que llama la atención es la desproporción con las contribuciones que ha realizado España a la lucha contra la epidemia en origen, el único modo definitivo de blindar a la población nacional y a cualquier otra. Hasta que el último de los países africanos se vea libre de la epidemia y capaz de contener futuros brotes, ninguno de nuestros ciudadanos está a salvo.

ISGlobal ha pedido al Gobierno español que acelere la distribución de los 9,5 millones de euros comprometidos en programas de cooperación, sobre todo aquellos orientados a sostener la salud y los medios de vida de las poblaciones castigadas colateralmente por el ébola. Estas medidas deben tener continuidad en el largo plazo con recursos orientados a la reconstrucción económica de países que estaban saliendo con mucho esfuerzo de una situación post-bélica y cuyos indicadores sociales y sanitarios avanzaban a paso firme antes de esta crisis.

Pero no se trata solo de enviar dinero. España ha mirado para otro lado cuando las agencias humanitarias han solicitado que las infraestructuras de la ONU en Gran Canaria se conviertan en una lanzadera para las operaciones que tienen lugar en África occidental. Una manera peculiar de entender el reparto de riesgos al que obliga esta emergencia internacional. También podría eliminar las trabas administrativas a la incorporación sobre el terreno de profesionales sanitarios voluntarios, uno de los cuellos de botella en esta crisis.

Es difícil no interpretar la epidemia del ébola como una ilustración extrema de los riesgos y las responsabilidades compartidas en materia de salud global. Ahora solo queda que actuemos en consecuencia.

ISGlobal ha presentado un un documento online infográfico que incluye el detalle de estos argumentos y la posibilidad de descargarse información actualizada sobre la crisis del ébola.