La Eurocámara avala el pacto migratorio que permitirá a los países de la UE pagar para rechazar refugiados

Fue una negociación maratoniana, de las más duras que se recuerdan en la UE, y la respiración se ha contenido en los cuarteles generales de los grupos mayoritarios (PPE, S&D y Renew) hasta el último momento por la posibilidad de que el Parlamento Europeo acabara tumbando el pacto de migración y asilo que se ha negociado en los últimos ocho años. Finalmente, ha salido adelante por un estrecho margen en las diez votaciones de los expedientes que componen la legislación global gracias al apoyo de PPE, socialdemócratas y liberales, aunque con algunas fugas y críticas, y el rechazo de la extrema derecha (salvo a los expedientes del refuerzo del control de fronteras) y los verdes y la izquierda. Durante la votación, un grupo de manifestantes ha comenzado a gritar desde la tribuna: “Este pacto mata, voten no”.

El pacto migratorio ha sido uno de los asuntos más divisorios en la UE durante la última década y se ha tardado toda la legislatura en cerrar un acuerdo, que es el que se ha sometido a votación en el Parlamento Europeo este miércoles y que el Consejo -donde están representados los estados miembros- tendrá que validar a finales de mes. El paquete lo componen diez textos legislativos -aunque cinco reglamentos establecen la parte mollar- que cubren todo el proceso migratorio: desde que las personas migrantes llegan a la frontera hasta que se otorga el asilo o se deniega. La intención es que ese proceso dure seis meses para una primera decisión y establece la posibilidad del rechazo en frontera.

En términos generales, el pacto migratorio supone un endurecimiento de las reglas de acceso al asilo y un fortalecimiento para las devoluciones. A eso fue virando la UE a medida que se ha incrementado el poder de la derecha y ha ido creciendo la extrema derecha en todo el continente. De hecho, en la recta final de la negociación, Giorgia Meloni bloqueó el entendimiento en el seno de los 27 para aumentar las trabas a las ONG.

Uno de los puntos más polémicos es que la futura legislación dice adiós a la ‘solidaridad’ en el proceso de reubicación de refugiados, que era uno de los elementos clave tras la crisis de 2015. Los gobiernos podrán eludir esa obligación con el pago de 20.000 euros por cada persona rechazada. El objetivo es reubicar a 30.000 personas al año. Se trata de una cifra muy baja teniendo en cuenta que en 2023 llegaron cerca de un millón de solicitudes de asilo.

El texto también endurece las reglas para la concesión de asilo y las condiciones en las que las personas migrantes aguardarán hasta que se resuelvan los expedientes en las fronteras con una ampliación de los plazos de detención. También permitirá las deportaciones rápidas en frontera. Las autoridades llevarán a cabo un procedimiento de control previo de entrada en las fronteras que incluye la identificación a través de huellas dactilares y también la recogida de datos faciales mediante sistemas biométricos. El proceso incluye a niños a partir de los seis años. También podrán llevar a cabo el registro de la persona si consideran que representa “una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va armada ilegalmente”.

En el último momento se incluyó el concepto de la instrumentalización de los migrantes que permitirá justificar cierres fronterizos en situaciones como la vivida en el este con Bielorrusia. Lo que queda en el olvido son las operaciones de salvamento en el mar en un momento en el que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio para miles de personas. 

División en los grupos mayoritarios

En las últimas horas, se ha impuesto el nerviosismo en los grupos mayoritarios de la Eurocámara (PPE, S&D y Renew) ante la posibilidad de que el acuerdo no saliera adelante por las fugas al ‘no’. De hecho, los socialistas italianos y algunos franceses se han desmarcado de la disciplina de grupo en la mayoría de votaciones. En el caso del PPE, el desmarque se ha producido por parte de algunos franceses y de los polacos. El primer ministro de ese país, Donald Tusk, ha anunciado que no aceptará el mecanismo de reubicación de refugiados (que establece cuotas de reparto o el pago por rechazo).

Las negociaciones se intensificaron a finales del año pasado ante la cercanía de las elecciones europeas porque todas las partes eran conscientes de que en la próxima legislatura, con un aumento de la extrema derecha en la Eurocámara sumado a un viraje a la derecha en todo el continente, sería aún más complicado. “Es ahora o nunca. La historia nos juzgará”, ha dicho la comisaria de Interior, Ylva Johansson.

Los llamamientos al voto afirmativo y los contactos de última hora se han multiplicado. “Votar contra el pacto es dar una victoria a la extrema derecha europea que lo ha hecho todo para luchar contra las soluciones a los retos migratorios”, ha afirmado la eurodiputada liberal (Renew) Fabienne Keller, que ha sido la ponente de la regulación del asilo. “Me dirijo a la izquierda y los verdes porque con frecuencia hablan de la extrema derecha, pero hoy quieren detener el pacto junto con Le Pen y otros. Lo que deberían hacer es votar a favor del pacto”, ha señalado Tomas Tobé, del Partido Popular Europeo.

“El Pacto de Migración y Asilo trata de poner, por fin, legislación europea predecible donde solo ha habido hasta ahora acción-reacción”, ha defendido el socialista Juan Fernando López Aguilar, que ha pilotado el expediente relativo a la gestión de crisis. “El resultado tiene limitaciones”, ha admitido el exministro, que ha señalado, sin embargo, que ofrece “garantías jurídicas”: “Siempre es mejor”.

Sin embargo, las discrepancias dentro del grupo de los socialdemócratas las ha dejado patentes el parlamentario italiano Pietro Bartolo, que ha asegurado que se trata de “una reforma que no corrige las desigualdades del pasado, oculta la solidaridad con políticas de prevención y regresión”. “Si se aprueba esta reforma se legalizará la negación de derechos en Europa, hará normal el uso arbitrario de la detención, también para menores, facilitará los rechazos en terceros países y hará más difícil las labores de rescate en el mar y dificultará la labor de las ONG”, ha agregado. 

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha defendido el reglamento Eurodac que va a permitir tomar huellas y datos biométricos a todos los migrantes o solicitantes de asilo, incluidos menores que ha definido como “una base de datos que no se construye sobre solicitudes sino sobre registros individuales para acabar con el fraude” y ha dicho que es el “primer paso” para el giro de “rumbo para proteger las fronteras” antes de cargar contra las ONG y la izquierda. 

Advertencias por las detenciones arbitrarias

“El pacto en su conjunto se queda corto y empeorará la situación de los estados miembros, las comunidades fronterizas y las personas que se desplazan. Un Pacto de Migración que socava la solidaridad, formaliza la detención en las fronteras, debilita los derechos de las personas y podría ver a niños y familias encerrados, es algo que no podemos celebrar”, dice Therry Reintke, de los verdes, que sí estaban a favor de dos de los expedientes.

“No va a resolver los problemas. No va a haber una redistribución automática [de los refugiados], el responsable va a ser el primer país de llegada, no hay una verdadera solidaridad y no se hace nada para prevenir las muertes en el Mediterráneo”, ha advertido la eurodiputada de La Izquierda Malin Björk, que ha reprochado a la UE que esté dispuesta “a lo que sea” con tal de que los migrantes no lleguen a las fronteras en referencia a los acuerdos con terceros países autoritarios, como Túnez o Marruecos. “Si vienen de un tercer país ni siquiera va a poder realizar una solicitud y eso es socavar el derecho al asilo”, ha aseverado. 

Rechazo rotundo de las ONG

Esos argumentos coinciden con los de más de un centenar de ONG que han expresado su rotundo rechazo al pacto migratorio. La protesta se ha trasladado incluso a la propia Eurocámara coincidiendo con la votación de este miércoles. Unas 200 personas se han congregado a las puertas, acompañados por eurodiputados de La Izquierda, y han emulado con un ataud el entierro del derecho al asilo.

“Rechazamos el Pacto Migratorio. Hemos votado no porque el enfoque es cortoplacista y securitario. Se trata de que los ”otros“ no lleguen, de externalizar fronteras y aplicar procedimientos acelerados que violan el principio de no devolución”, señala la eurodiputada de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop. “Hoy la UE entrega su política migratoria a la extrema derecha y aprueba un Pacto Migratorio a medida de Meloni y Orbán”, agrega el representante de IU, Manu Pineda.

161 organizaciones sociales, entre ellas Oxfam, Save the Children o Red Acoge, secundaron un manifiesto en el que denuncian el retroceso en las políticas de asilo y el endurecimiento de los controles en lo que consideran que supondrá “detención de facto en las fronteras sin exención para familias con niños de todas las edades, procedimientos acelerados y deficientes para evaluar las solicitudes de asilo en lugar de evaluaciones completas y justas, y un énfasis en los procedimientos de retorno con menores garantías”.

“Muchos más solicitantes de asilo acabarán en procedimientos fronterizos y no se considerarán en territorio de la UE, lo que conllevará menores salvaguardias y aumentará el riesgo de violaciones de los derechos humanos y retrocesos en las fronteras. Incluso los menores no acompañados pueden ser sometidos a procedimientos fronterizos y retenidos de facto cuando las autoridades estatales”, lamentan.

Para Médicos Sin Fronteras, el pacto migratorio “aumenta la violencia y el sufrimiento de las personas que buscan seguridad en las fronteras de la UE, criminaliza a las ONG y externaliza la gestión de las fronteras a países inseguros. ”Está siendo vendido por la UE como una solución a la mal denominada 'crisis migratoria' de Europa, pero no lo es. Se trata de una abolición del derecho a solicitar asilo en la UE y tendrá consecuencias catastróficas para las vidas de las personas que buscan seguridad y protección en Europa“, señala la organización.