La diputada nacional Ascensión De Las Heras (IU), adscrita al Grupo de la Izquierda Plural, registrará una pregunta en el Congreso este lunes 4 de mayo en la que consulta al Gobierno acerca de un posible uso irregular con unas tarjetas de viaje que habrían sido entregadas a miembros del Consejo de Administración de Renfe. Una pregunta que parte de una denuncia que hizo el sindicato CGT a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero.

“¿Cuál es el número total de tarjetas de viajes operativas en la actualidad en Renfe Operadora?”, será una de las tres preguntas que De Las Heras va a registrar en la Mesa del Congreso de los Diputados, según ha podido saber este medio. “¿Quiénes son los consejeros que poseen dichas tarjetas en Renfe Operadora? ¿Qué uso ha dado cada consejero de Renfe Operadora a esas tarjetas en los últimos cuatro años?”.

La diputada de Izquierda Unida por Madrid recoge así la acusación realizada por CGT hace dos meses y medio. “En dicha denuncia”, subraya el escrito de De Las Heras, “se afirma que esas tarjetas estarían destinadas, en principio, al abono de viajes, pero que también se han utilizado para la compra de títulos de transportes que no son únicamente para los propios consejero y directivos”.

La querella de CGT presentada a Anticorrupción, a la que eldiario.es ha tenido acceso, asegura haber “tenido conocimiento” de las tarjetas a través de miembros del propio Consejo de Administración de Renfe Operadora, pudiendo suponer esto, siempre según esta central, “una administración irregular de fondos, así como posibles actuaciones ilícitas e incluso delictivas”.

El escrito abunda en que esas tarjetas “serían destinadas al abono de viajes”; no obstante, “se habrían utilizado para viajes, y al menos en parte, para la compra de títulos de transportes que no son únicamente para los propios consejeros y directivos, sino para otras personas”. La acusación de CGT parece referirse a unas tarjetas diferentes a las que tienen todos los ferroviarios –y que les abarata el precio del billete a ellos y a sus familiares directos-, con las que algunos miembros del Consejo de Administración de Renfe viajarían gratis, habiendo invitado a viajar además a terceras personas.

En la denuncia la CGT dice que pidió explicaciones a la dirección de la empresa pública en noviembre de 2014 por la existencia de las tarjetas. El día 21 de ese mes el sindicato recibe una respuesta -añadida a la denuncia- en la que Renfe explica que las únicas “retribuciones” a los consejeros son “las correspondientes dietas de asistencia”, además de facilitárseles el billete en razón de servicio “en las mismas condiciones que a los trabajadores de Renfe Operadora y Adif”.

La querella acaba alertando de “posibles retribuciones opacas y extraordinarias” e insiste en la ausencia de información por parte de la cúpula directiva, para terminar pidiendo iniciar las pesquisas a Anticorrupción. En ella no aparece ningún nombre en concreto ni se precisa el número de consejeros de Renfe, pero se adjuntan los estatutos que establecen que el Consejo de Administración está formado “por un mínimo de siete y un máximo de quince vocales”.

Una propuesta del Parlamento contemplaba que todas las europeas tuvieran 18 semanas de baja maternal y todos los padres, derecho a un permiso

El Gobierno español y el resto de estados miembros retrasan la implantación, amparados en la situación económica actual

El presidente de la Eurocámara ha enviado una carta de protesta por el bloqueo para esta mejora en los derechos sociales

Una guerra a pecho descubierto entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea –que representa a los 28 estados miembros- está a punto de dar al traste con la reforma de la Directiva de Permiso de Maternidad, que data de hace 23 años. Respaldada el pasado 20 de mayo en el pleno de Estrasburgo, la propuesta del grupo socialista europeo (S&D) que plantea, entre otras cosas, ampliar las semanas de permiso y crear la figura del permiso de paternidad ha sido sistemáticamente ignorada en el Consejo.

Tal es la fricción que el presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha remitido, en un hecho insólito, una carta de protesta a la Comisión y a los 28 países a la cual ha tenido acceso eldiario.es. A grandes rasgos, la propuesta de la bancada socialista pide una norma homogénea en la que las semanas de permiso de maternidad en toda la UE pasen de 14 a 18, siendo seis de ellas obligatorias (frente a dos semanas que recoge la directiva europea de 1992). España tiene actualmente 16 semanas.

También contempla la creación del permiso de paternidad (hasta ahora solo había una tímida directiva sobre el permiso parental). Pero no todos los estados están por la labor. “El Parlamento Europeo ha escrito cinco cartas a las respectivas a las diferentes Presidencias [semestrales: Italia, Grecia, Letonia] en el último año, reiterando que lo pragmático y constructivo sería lograr un acuerdo”, dice la desesperada misiva de Schulz, acompañada de las firmas de las eurodiputadas Iratxe García (PSOE) y Maria Arena (socialista belga).

La fuerte componenda social de la propuesta sobre los derechos de la madre evidencia las limitaciones del Parlamento Europeo frente a los estados miembros. En la carta, el dirigente alemán alerta de que a pesar de la insistencia de la Eurocámara no ha habido respuesta. “Por eso”, lamenta Schulz, “la Comisión ha declarado que retirará la propuesta en un plazo de seis meses si no se sale de este punto muerto”. La resolución del Pleno de Estrasburgo del 20 de mayo igualmente “lamenta el bloqueo en el Consejo”.

Rechazo de los países del Este

Fuentes de la institución parlamentaria critican el “bloqueo sistemático” que ejerce la actual Presidencia letona, que está a punto de ceder el turno semestral a Luxemburgo. La negativa del Consejo trasluce una división Este-Oeste: muchos de los países otrora pertenecientes al bloque socialista rechazan categóricamente aprobar una directiva de maternidad mucho más avanzada que lo que recogen sus propias legislaciones. En el caso de España, fuentes del Gobierno señalan que no se opondrán a la propuesta del Parlamento Europeo.

“Sin dejar de ser ambiciosa, es una reforma adaptada a los tiempos de crisis”, explican eurodiputados socialistas. La propuesta también recoge que las seis semanas obligatorias sean pagadas al 100% y las 12 restantes a decisión de cada estado miembro, aunque nunca por debajo del 85% del salario previo a la baja maternal.

Finalmente, el grupo S&D plantea crear un permiso de paternidad con un mínimo de diez días pagados al 100% y promueve una mayor participación de la figura paterna en el cuidado de los niños. Los socialistas comunitarios lanzaron la propuesta a finales de febrero. La indignación del Parlamento, que lucha hasta el último momento para que la directiva salga adelante, no se ha hecho esperar. Javier López (PSC), uno de los dirigentes que más ha trabajado en la reforma de la directiva, opina que es “absolutamente necesaria” una “homogenización y ampliación” de los derechos de maternidad y paternidad en la UE: “Es escandaloso que los Estados lleven 5 años bloqueándola y ahora lamentable que la Comisión quiera retirar la propuesta. Europa era un espacio para compartir derechos y no sólo para compartir el color de los billetes”.

En España, las madres tienen derecho a una baja de 16 semanas y los padres tienen derecho a 13 días. Además de eso, el progenitor puede repartirse la baja con la madre voluntariamente, siempre que no afecte a las seis semanas obligatorias para las madres por motivos médicos. Este carácter de voluntariedad tiene efectos, ya que en 2014 solo un 1,7% de los padres optaron por compartir la baja.

Islandia es el modelo a seguir en el contintente europeo (no UE) con una legislación que garantiza permisos de paternidad compartidos con tres meses para cada progenitor y otros tres meses transferibles que se pueden repartir entre padre y madre. En el año 2012 aprobaron ampliar hasta cinco los meses de baja para el padre y para la madre y reducir los transferibles a dos, aunque por motivos económicos esta mejora se ha retrasado. En el lado contrario se sitúan países como Grecia, Irlanda o Ucrania, donde no se contempla la baja por paternidad. 

Los intentos (frustrados) de avance en España

Los intentos (frustrados) de avance en EspañaEl Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 presentado por el Gobierno olvida la equiparación en los permisos de paternidad entre progenitores, alegando falta de medios económicos para su puesta en marcha. En materia de bajas de paternidad rige la “Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” del año 2007, aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que reconoció el derecho de los hombres a disfrutar un permiso de paternidad de 15 días.

En octubre de 2012, la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados planteó una Proposición no de Ley por la que se exigían nuevas medidas en materia de conciliación laboral. Hasta ahora se ha ido retrasando la puesta en marcha de este documento, a pesar de que se encuentra aprobada, pero su carácter voluntario retrasa una aplicación efectiva.

Con la tragedia más grande en aguas del Mediterráneo aún coleando y el Consejo de los 28 Estados de la UE ofreciendo respuestas insatisfactorias al peligro que acecha a los migrantes y refugiados, un escueto análisis muy reciente publicado por el servicio de estudios del Parlamento Europeo sobre inmigración irregular evidencia el alto número de rechazos de entrada que realizó España en 2014: el 66% del total de la Unión Europea.

Inmigración irregular en la UE: hechos y números, es el título de este documento lanzado el pasado 27 de abril. El texto gravita en torno a aquellos “inmigrantes irregulares de un tercer país que no cumplen, o han dejado de cumplir, las condiciones de entrada establecidas en el Artículo 5 del tratado de Schengen”. Y una de sus primeras estadísticas refleja “el número de personas cuya entrada fue rechazada en las fronteras de la UE en 2014”. El resultado es demoledor: dos de cada tres denegaciones se produjeron en España.

De las 260.375 personas cuya entrada en la Unión fue rechazada el año pasado, 172.185 negativas se dieron en suelo español. Un 66% del total. El estudio no localiza dónde, aunque es lógico deducir que un muy alto porcentaje de rechazos se dio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “España registra el número más alto de entradas denegadas, con un 97% de ciudadanos marroquíes rechazados al tratar de cruzar la frontera”, subraya el texto.

El servicio de estudios de la Eurocámara avisa de que no ha podido recabar datos definitivos de Polonia, Finlandia, Portugal y Suecia en 2014. En 2013, Polonia ya fue el segundo país –detrás de España– en cuanto a número de peticiones de entrada denegadas en la frontera con 40.385, “la mayoría procedentes de Rusia, Ucrania y Georgia”.

“Cada persona rechazada ha sido contada una vez, sin importar el número de veces”, puede leerse. “Las razones pueden ser diferentes, entre ellas un visado, permiso de residencia o documento de viaje falso o no válido; propósitos o condiciones de estancia no justificados; u otros motivos establecidos en Schengen”.

Ningún estado miembro de la UE rivaliza con España en negativas de entrada fronterizos. El segundo –oficialmente– en liza es Reino Unido con 15.905 denegaciones en su aduana, casi 11 veces menos que España. El último es Luxemburgo con únicamente cinco rechazos en 2014.

España, además, lleva a cabo devoluciones sumarias de migrantes en las vallas de Ceuta y Melillas, las denominadas 'devoluciones en caliente', desde hace al menos una década. En estos casos, sin que medie ningún proceso administrativo, las personas que son detectadas en las vallas son entregadas a Marruecos tras descender de la alambrada.

El Gobierno ha pretendido legalizar este procedimiento a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de una enmienda en la que se exige el respeto a “los derechos humanos”, lo que según varias organizaciones humanitarias y expertos juristas es incompatible con la falta de garantías jurídicas de estas expulsiones. No se identifica al afectado y no se le ofrece asistencia jurídica por si quiere alegar alguna cuestión, como formalizar una petición de asilo o identificarse como menor de edad.

Personas halladas sin regularizar

En el estudio aparecen otras estadísticas, como la del número de personas halladas en situación irregular viviendo en alguno de los 28 estados de la UE a lo largo de 2014. El país que más casos encontró fue Alemania con 182.290, seguido por Francia (96.375), Grecia (73.360) y Reino Unido (65.365).

En este sentido, España ocupa el quinto lugar, 47.885 personas detectadas sin regularizar en 2014. De nuevo, algunos países se quedan fuera del cálculo: no se incluyen los datos de Suecia, Finlandia, los Países Bajos ni de Lituania.

Sobre quiénes son estas personas, a las que la UE detecta como inmigrantes en situación irregular, el informe incluye los datos referidos a la edad y a su procedencia. El 64% de estas personas se encuentra entre los 18 y 34 años, y un 10% son menores de edad. Al atender a su nacionalidad, queda reflejado que un gran porcentaje de las personas detectadas cumplen el perfil de potenciales demandantes de asilo. Un tercio del total provienen de Siria, Eritrea y Afganistán.

El pasado jueves, el director adjunto de la agencia europea de fronteras (Frontex), Gil Arias, apuntó en un coloquio que “hoy más del 80% de la inmigración que llega a Europa es potencial beneficiaria de protección internacional”. El responsable apuntó, de cara a las conversaciones de los 28 en las que se está trazando la respuesta europea a la emergencia migratoria en el Mediterráneo, que el control fronterizo “no es la solución” y abogaba por más actuaciones en los países de origen y de tránsito, así como por mecanismos legales de entrada a Europa. 

España, cuarto país en expulsión de inmigrantes

El hallazgo de inmigrantes sin regularizar no conlleva necesariamente la expulsión. Tal y como recordaban varios expertos en Derecho de Extranjería recientemente a eldiario.es, cuando la administración detecta a una persona sin autorización para residir en España le emite una orden de salir, “una decisión de retorno”, con un plazo para que el afectado se marche voluntariamente o justifique su situación para regularizar su estancia. Si estas condiciones no son satisfechas y la persona es de nuevo localizada, las autoridades procederá a la ejecución del retorno, es decir, su expulsión. 

Existen dos estadísticas relacionadas con estas dos situaciones: los países que más órdenes de expulsión emitieron el año pasado y los países que más órdenes de expulsión ejecutaron. Detectar casos de personas en situación irregular, e incluso lanzar una orden para expulsarlas, no quiere decir que éstas hayan sido ya enviadas de vuelta a su país.

En España, por ejemplo, el 54% de las personas que fueron internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a lo largo de 2014 con el objetivo de retornarlas a sus países de origen volvieron a ser puestas en libertad en España, sin cumplir esta misión. En total, 3.930 inmigrantes.

Esto puede ocurrir cuando las autoridades no consiguen averiguar la nacionalidad del inmigrante, cuando no existe acuerdo de repatriación con ese país o en casos en los que el afectado puede ser solicitante de asilo o víctima de trata, entre otros motivos. 

Así, Francia es la que más órdenes emitió (86.955, sucedida por Grecia y Reino Unido con 73.670 y 65.395 respectivamente). En cuarto lugar, España, con 42.150 decisiones de retorno. No figuran en la estadística por falta de datos Austria, Finlandia, Alemania y los Países Bajos.

Por otro lado, Reino Unido es el que más órdenes formalizó, contabilizando 46.610 expulsiones de su territorio. Más lejos quedan Grecia (27.055), Francia (19.525) y España, de nuevo en cuarto lugar, con 15.150 retornos ejecutados. 

Un informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado del Bienestar en la UE y en los estados vecinos deja en muy mal lugar a España. “Desde 2010, en España ha habido un impacto considerablemente negativo en los programas de bienestar”, sentencia el informe Inversión Social en Europa. Se trata de un trabajo financiado por el equipo de la comisaria belga Marianne Thyssen, a cargo de Empleo y Asuntos Sociales.

Existe una versión nacional para cada uno de los 35 estados analizados (los 28 estados miembros más Islandia, Macedonia, Noruega, Liechtenstein, Serbia, Suiza y Turquía). “El sistema de protección social en España es claramente ineficaz. No reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes”, dice la versión española de este estudio, en la que han trabajado los profesores de la Universidad de Alcalá Gregorio Rodríguez, Ana Arriba y Vicente Marbán, y el investigador del CSIC Francisco Javier Moreno.

“El uso de la inversión social como concepto básico y su diseño e implementación en forma de políticas sociales en España aún es bastante débil”, continúa el informe, redactado con el lenguaje engolado al que acostumbran las instituciones europeas. Es interesante la versión nacional, más corta y detallada, que en el caso de España se divide en tres bloques: políticas de apoyo al desarrollo infantil, políticas de apoyo a la participación de los padres en el mercado de trabajo y políticas contra la exclusión social. Todas se vieron muy golpeadas desde la aplicación de los primeros recortes en mayo de 2010, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, evoca la Comisión.

Cada bloque desarrolla una serie de áreas: atención y cuidados infantiles, beneficios familiares, permisos de maternidad, desempleo, servicios mínimos… “Los agentes sociales no han incluido en sus agendas estas políticas, aunque hay algunas que sí se han asumido”. Una de estas excepciones –prácticamente la única que se detalla- es el programa Educa3 del Ministerio de Educación, “destinado a promover el éxito escolar entre niños, facilitando la conciliación laboral y profesional de los padres” dice la Comisión.

A lo largo de una veintena de páginas apenas destacan otras referencias positivas a la labor del Gobierno por la preservación del bienestar en el documento de la Comisión Europea, un trabajo enmarcado en el European Social Policy Network (Red Europea de Políticas Sociales). “Los servicios sociales [en España] están muy pobremente representados a la hora de encarar el impacto de la crisis. A pesar de poner el acento con sus magros recursos en las situaciones más urgentes [aquí se refiere a parados de larga duración y otras prestaciones], los servicios sociales no previnieron el deterioro de las condiciones de vida para un amplio segmento de la población”, subraya el texto.

De hecho, la Comisión critica que sean asociaciones como Cáritas o Cruz Roja las que suplanten muchas veces a los servicios sociales. “Delegaron parte de su responsabilidad en la demanda social” a ONG y otras organizaciones con voluntarios “mientras el gasto de las administraciones iba cayendo”, denuncia el Ejecutivo comunitario.

“En términos generales y aunque varias iniciativas parecen estar desarrollándose recientemente”, prosigue el informe, “no es posible decir que el desarrollo de la política social haya respondido a una filosofía de inversión social”. Dicho en otros términos menos generosos, para Bruselas las políticas sociales en España brillan por su ausencia.

“Tradicionalmente, el sistema de bienestar español ha sido muy débil a la hora de domar la pobreza y la exclusión social”, reconoce el texto. Bruselas dice “preocuparse particularmente” por el aumento de la pobreza infantil, algo de lo que ya ha alertado Cáritas insistentemente en los últimos años. “Dentro de la Unión Europea, solo Rumanía y Bulgaria tenían un ratio más alto que España de pobreza infantil en 2012”.

En las fotos previas a las reuniones del Eurogrupo se les ve conversando amigablemente e incluso abrazándose, pero la relación política que mantienen los titulares de Economía de España y Grecia, Luis de Guindos y Yanis Varufakis, va de mal en peor. Mientras el Gobierno de Atenas, el único de la Unión Europea copado por una izquierda marcadamente rupturista con las políticas de austeridad, negocia a cara de perro con Berlín y Bruselas, el Ejecutivo español del PP se ha erigido en guardián comunitario de dicha austeridad y trata de elevar a Guindos a la presidencia del cónclave de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro.

Pero Varufakis no piensa quedarse de brazos cruzados ante un candidato que procede, al igual que Grecia, de la Europa meridional y que se sitúa en primera línea entre los atacantes al Gobierno de Syriza. Según explican fuentes helenas, Grecia hará lo posible por impedir que Guindos acceda a la presidencia del Eurogrupo. Y menos siendo el candidato respaldado por Alemania, añaden estas mismas fuentes, que reconocen que la decisión de Atenas aquí va a ser “difícil” porque el actual presidente y teórico rival del español, Jeroen Dijsselbloem, también ha sido muy duro durante las negociaciones en curso.

Guindos nunca ha escondido su intención de ser el nuevo presidente el próximo 21 de julio, día en que expirará el primer mandato del holandés Dijsselbloem, quien a su vez aspira a la reelección. El pasado 25 de abril el ministro español aseguró contar con “posibilidades” y “apoyos”. Entre otros sostenes, contaría con el de Angela Merkel pero éste debe confirmarse aún: en agosto, la canciller germana afirmó que Guindos era un “excelente ministro” y le comprometió su voto “una vez el actual presidente termine su mandato”. Pero ha llovido mucho desde entonces.

Están por ver las preferencias de los 18 países de la eurozona. “Por supuesto que tenemos apoyos”, indicó Guindos el 25 de abril en Riga a la salida del Ecofin. La prensa en Bruselas especula con que Italia y Francia estarían entre sus principales soportes, pero el ministro francés Michel Sapin declinó dar su voto al ser preguntado en la cumbre de la capital letona.

En los últimos días ha cobrado fuerza la figura de Dijsselbloem, quien se estrenó errático en el cargo a comienzos de 2013. Citando fuentes comunitarias, el boletín Europolitics señala que el papel jugado por el holandés en las tensas conversaciones con Grecia relativas a la extensión de cuatro meses del programa de rescate le habrían hecho ganar enteros. Y ahí aparece el dilema del Gobierno griego.

Las fuentes helenas aseveran que Varufakis –en última instancia, el que votará a un candidato a presidente en nombre de Atenas- está plenamente volcado en las conversaciones con las instituciones otrora conocidas como Troika y que la elección del Eurogrupo le parece una cuestión secundaria. “Sin embargo, Alemania podría respaldar a Guindos y lanzar así el mensaje de que los esfuerzos reformistas que España ha hecho terminan por ser recompensados”.

Así que Grecia buscará trabar alianzas con otros países (Francia e Italia son citadas por estas fuentes) para apoyar a Dijsselbloem o a un tercer candidato que de momento no existe. “Antes eso que ver a un vecino del sur con el que compartimos problemas pero no diagnósticos atacando indiscriminadamente a Tsipras desde una tribuna tan ben considerada como es el Eurogrupo”.

Las tiranteces entre Guindos y Varufakis existen desde el primer Eurogrupo en febrero. Entonces se reveló que el español trató de dar lecciones a su homólogo griego y  que incluso eclipsó al ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, como edecán de la ortodoxia, llegando Guindos a levantar la voz en varias ocasiones.

La tensión ha seguido flotando en el ambiente: en el último Eurogrupo de Riga, Guindos acusó de “dogmatismo” a Varufakis, cuyos tweets la víspera del cónclave le valieron calificativos como “agitador” o “amateur” por parte del español, de acuerdo con varios medios internacionales.

La reacción de Europa ante al naufragio más grande jamás avistado en el Mediterráneo tendrá muchos fuegos de artificio y ninguna propuesta ambiciosa para salvar más vidas. No por ahora. La cumbre extraordinaria celebrada este 23 de abril dota a Tritón, la operación comunitaria encargada de labores de vigilancia, del triple de fondos. Pero es un avance ínfimo que más bien significa una vuelta a atrás; a noviembre de 2014, cuando terminó la vigencia de Mare Nostrum, predecesora de Tritón y financiada exclusivamente por Italia. No han mencionado la extensión del área operacional que puedan patrullar más lejos de las costas europeas, lo que permitiría llegar antes a rescatar embarcaciones en apuros cercanas a aguas próximas a Libia, donde se están produciendo los mayores naufragios.

No hubo nada más: la sobrerreacción de las instituciones europeas –en la que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la alta representante, Mogherini, juegan o quieren jugar un rol fundamental– se diluye a la vista de las soluciones. Se pospone el grueso del acuerdo para la próxima cumbre: Tritón, asumida por la agencia europea Frontex, pasa de contar con tres a nueve millones mensuales, y ni siquiera fue fácil poner a los 28 Estados miembros de acuerdo en este punto, según las fuentes consultadas.

Todos han dicho sí a todo, pero no se han puesto más cifras sobre la mesa más allá de igualar el presupuesto que había hace dos años. Los 28 dicen estar de acuerdo en repartir el número de refugiados a acoger –el 75% de los demandantes de asilo recalan en cinco países–, pero no en cuántos.

El mandato de 'Tritón' no se modificará, lo que supone que su labor seguirá siendo la de vigilancia y control, no la de salvamento. Sin embargo, tanto Juncker como el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, han defendido en una rueda de prensa que las tareas de rescate es algo que determina el derecho internacional y que el mandato actual ya prevé la actuación de Tritón en aguas internacionales.

Se retira la cifra de 5.000 reasentamientos (trasladar a refugiados desde otros países a la UE) por año, que la víspera de la cumbre fue asumida por muchas autoridades y medios y se ha quedado ridícula ante la magnitud de los acontecimientos (Frontex detectó 278.000 entradas ilegales en las fronteras de la UE durante 2014). “Además se trata de un número voluntario”, destacó Mariano Rajoy a la salida de la cumbre.

El propio presidente del Gobierno reconoció que 5.000 plazas de reasentamiento es una cantidad “pequeña”. Rajoy aseguró que España respaldó todos los puntos propuestos por el luxemburgués Juncker.

La posibilidad de “destruir” barcos de traficantes

Ni siquiera en el campo militar, área en la que la UE ha tratado de sacar pecho, las cosas parecen claras. “Hay países que dicen que sí a todo pero sin hablar de números”, comentaba un oficial cercano al presidente Donald Tusk. Así fue. Aparte de una declaración solemne contra las mafias que transportan inmigrantes o refugiados, no se sabe cuánto aportará cada país ni cuántos medios materiales suministrará. Actualmente, 21 de los 28 Estados ponen medios en Tritón, que solo cuenta con un helicóptero y dos aeronaves.

Los líderes han decidido encargar a la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, que explore las opciones para una misión civil con componente militar cuyo objetivo sea “detener y destruir los barcos” que emplean las mafias y evitar que vuelvan a ser utilizados.

Una de las mayores dificultades para esta misión es que requiere bien el permiso del país afectado –algo poco probable en este caos por la inestabilidad en Libia–, bien un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fuentes europeas han adelantado que Mogherini aprovechará un viaje a Nueva York la semana próxima para iniciar los contactos en este sentido.

A medida que avanzaba la tarde del jueves se supo que fue Juncker el que planteó triplicar los fondos mensuales de Tritón de tres a nueve millones de euros mensuales, y que su propuesta contó rápidamente con el agrado de Alemania y Francia. En principio no habrá problemas para movilizar ese dinero, que partirá de fondos de la Comisión Europea.

La lógica funcionará de la siguiente manera: como la ley marítima obliga a asistir cualquier naufragio independientemente de que este ocurra fuera de los lindes comunitarios, el incremento de fondos robustecerá las operaciones de salvamento. Para corroborar esta tesis, una portavoz de la Comisión repartió unos gráficos en los que se aprecian cómo la mayoría de los rescates efectuados en el marco de Tritón y por cargueros privados se produjeron dentro o muy cerca de las aguas territoriales libias.

Tampoco hay demasiados avances en lo relativo a acuerdos de cooperación con terceros países, aunque fuentes del Gobierno español indicaron que el principal problema se da con los países de África oriental, como Sudán, Eritrea, Somalia, Etiopía, Libia, cuya situación interna provoca miles de desplazados.

La cumbre extraordinaria del 23 de abril lo deja todo para dentro de tres semanas, a mediados de mayo. La última semana, la UE se vio noqueada al descubrir que más de 800 personas morían entre Libia y la isla italiana de Lampedusa. A las declaraciones grandilocuentes de la plana mayor de la UE –Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, Federica Mogherini, Donald Tusk– no les han seguido los hechos, al menos hasta este momento.

La aparente reacción de las instituciones europeas frente a la tragedia más grande que se recuerda en aguas del Mediterráneo –cerca de un millar de víctimas en menos de una semana– amenaza con quedar retratada. Una buena hornada de eurodiputados no entiende por qué la Operación Tritón, lanzada en noviembre de 2014, no cuenta con una misión de salvamento y funciona con un presupuesto muy inferior a su predecesora Mare Nostrum. Tampoco conciben que la crucial cumbre del Consejo de este jueves 23 de abril pueda saldarse con una propuesta que no contemple operaciones expresas de rescate. Y por eso algunos grupos políticos ya se han movilizado.

Es el caso del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Según ha sabido este medio, la bancada ecologista –casi medio centenar de eurodiputados– dirigirá este 23 de abril una carta al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, pidiéndole actuar inmediatamente. En concreto, los Verdes promueven un bloqueo de los presupuestos de la UE “si no se incluye una misión de salvamento y rescate que iguale o, todavía mejor, perfeccione la que había con Mare Nostrum”.

La carta será presentada este jueves 23 de abril por el eurodiputado austriaco Michel Reimon y buscará entre los demás grupos aunar los votos necesarios, hasta 376 (de 750 escaños), para vetar los presupuestos comunitarios si Tritón no da un giro humanitario e incrementa sus recursos. “Usted se preguntó en la última sesión plenaria cuándo nos tocaría guardar un nuevo minuto de silencio”, le espeta la misiva a Schulz. “Pues ahora se han ahogado otras 700 personas en el Mediterráneo. Tenemos que adoptar una posición clara contra la Comisión y el Consejo”.

La carta destaca las virtudes de Mare Nostrum frente a Tritón: siendo la primera una operación financiada por Italia, contaba con tres veces más fondos que la segunda, tenía como función expresa las labores humanitarias de salvamento y tenía un alcance mayor.

Tritón, coordinada por la agencia Frontex, solo llega hasta aguas territoriales europeas y su misión es de vigilancia. Según el grupo Verde, hay una diferencia de 70 millones entre uno y otro. Los ecologistas de la UE han hecho cuentas: “Necesitamos el 0,05% del presupuesto de la UE [141.000 millones] para sacar adelante esta operación. No hay nada más significativo que salvar vidas de miles de personas, incluyendo centenares de menores de edad”.

“Nos jugamos que siga muriendo gente”, deplora el europarlamentario de ICV Ernest Urtasun. El Parlamento Europeo debe usar todos los instrumentos a su alcance para forzar a las instituciones, especialmente al Consejo, a volver como mínimo al antiguo Mare Nostrum, según los eurodiputados que apoyan la misiva. El Partido de la Izquierda (GUE, en el que están IU y Podemos) defiende que la UE debe de ser todavía mucho más ambiciosa, porque ni siquiera Mare Nostrum resolvería todos los problemas.

La carta justifica el bloqueo a los presupuestos por cuestiones relacionadas con los derechos humanos: “La Política de Asilo no está dentro de nuestras competencias, mientras que el Presupuesto sí”, prosigue el texto. “Tritón solo busca precintar las fronteras sin salvar vidas humanas”. Los Verdes exigen un cambio: “El Presupuesto no puede ser adoptado sin nuestra aprobación. Recurramos al poder de veto si es necesario”.

Ante los desastres, Europa parece sobreactuar para luego edulcorar cualquier propuesta primigenia. Los diez puntos presentados conjuntamente por la Comisión Europea y los ministros de Exteriores e Interior de los 28 Estados, un grupo de trabajo liderado por la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, pueden sonar ambiciosos en aras de evitar tragedias como las de los últimos días en el Mediterráneo, con probablemente más de mil muertos en sus aguas; pero el decálogo de la italiana no es más que un déjà vu descafeinado, menos ambicioso que el plan que en diciembre de 2013 puso sobre la mesa la entonces comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Mälmstrom, hoy a cargo de Comercio.

El plan que presentó la comisaria sueca hace menos de un año y medio sucedió a otra catástrofe humanitaria idéntica a la actual en octubre de ese año. Menor si se considera el número de víctimas, con 366 muertos. “Repercusiones de Lampedusa: medidas concretas para evitar la pérdida de vidas en el Mediterráneo y afrontar mejor los flujos migratorios y de asilo” llevaba la medida por título.

Los diez puntos que ahora destaca Mogherini se asemejan más bien a una declaración de intenciones y excluyen por lo pronto los términos “salvamento”, “vigilancia” o “rescate” a la espera de lo que se decida el jueves, 22 de abril, día en que tendrá lugar la próxima cumbre europea. “Reforzar las operaciones conjuntas en el Mediterráneo”; “extender la zona de operaciones”; “desplegar equipos conjuntos en Grecia e Italia para abordar las demandas de asilo”; “insistir en la toma de huellas digitales de todos los inmigrantes”, son algunas de las ideas, más bien vagas, sobre las cuales planea una premisa central anunciada el lunes por Mogherini: la lucha contra los buques utilizados por los contrabandistas ampliando el campo de acción militar y civil de la UE.

¿Qué incluía la propuesta de Mälmstrom de diciembre de 2013? Mucho más que la de Mogherini. Con relación al contrabando de personas, entre otras medidas estaban la de “mantener el apoyo a los programas de creación de capacidad para abordar el contrabando y la trata de seres humanos en el norte de África”. Entre las soluciones, se daba especial importancia al salvamento. El título del primer punto, que rezaba “vigilancia fronteriza para ayudar a salvar vidas”, apuntaba a “reforzar la vigilancia aérea y marítima y la capacidad de efectuar rescates, lo cual salvará vidas de inmigrantes en situaciones de peligro en el mar en las tres operaciones que Frontex coordina en Grecia e Italia”. Nada de esto aparece en el decálogo del 20 de abril.

El documento de la comisaria sueca sí concretaba las ayudas económicas, ausentes en el de Mogherini. Primero y con relación a la denominada Red Europea de Patrullas, “el coste de los nuevos activos ascendería a unos 14 millones de euros en 2014”. También, el apoyo financiero: “La Comisión está reservando financiación (incluida financiación de emergencia) por un importe de 50 millones de euros”, se leía en la propuesta. “A Italia se le han destinado 30 millones de euros, que cubren las operaciones de vigilancia fronteriza bajo el mando de Frontex. Se han asignado 20 millones de euros a la mejora de, entre otras cosas, las capacidades de acogida, tramitación, cribado y registro”.

Había más puntos –“asistencia y solidaridad”, “protección regional, reasentamiento y vías legales para acceder a Europa”– , pero la propuesta de Mälmstrom cayó en saco roto. Fue abortada por el Consejo el 19 y 20 de diciembre de 2013 (página 21 del documento adjunto), es decir, menos de dos semanas después. El Consejo simplemente se limitó a resaltar los valores de Frontex sin asumir los postulados de la comisaria sueca.

Lo recuerda estos días el veterano corresponsal Christian Spillmann en su blog: “Las soluciones están sobre la mesa de las instituciones europeas desde el naufragio de 2013. Pero estas propuestas fueron siempre rechazadas. Las conclusiones del Consejo fueron lapidarias y muy lejos de ser las correctas: 'prioridad a evitar las salidas migratorias [ilegales] y solidaridad apropiada en la acogida de los recién llegados'. Veinticuatro de 28 países rechazaron categóricamente la propuesta de Mälmstrom: solo votaron a favor Italia, Grecia, Chipre y Malta”, recuerda Spillmann.

La eurodiputada de IU Marina Albiol, que ayer intervino junto a Los Verdes en un acto en el que pidió el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), va todavía más lejos: “No se ha hecho más que volver a insistir en las mismas medidas que ya fueron aprobadas hace un año y medio tras la muerte de 368 personas frente a las costas de Lampedusa”, lamenta Albiol. “Los centenares de muertos de este fin de semana en el Mediterráneo las han demostrado fracasadas”.

Para la eurodiputada valenciana “reforzar la agencia Frontex, que es una agencia creada para defender las fronteras y que trata al inmigrante como enemigo, no ayuda a salvar vidas; agilizar los vuelos de deportación nada tiene que ver con el rescate en alta mar y sí con devolver a estas personas al sufrimiento…”.

Se desconoce la decisión que adoptará el Consejo este jueves: esta vez la magnitud de la tragedia dobla a la de diciembre de 2013. La tradicional rueda de prensa que la Comisión brinda todos los días a mediodía se alargó este martes sobremanera por las dudas ante los diez puntos de Mogherini. La propia portavoz de Migraciones, Natasha Bertaud, ha rechazado dar una entrevista a este medio.

El café de moda de Roubaix se llama Harold's, sirve sándwiches, purés, cafés de importación y productos ecológicos y provee de wifi gratuito a los clientes y a los jóvenes desocupados que juguetean fuera con sus telefónos. “Abro de lunes a viernes de 9 a 17.30. El fin de semana cerrado”, relata el dueño, Hubert Warot. “Inauguré mi negocio hace año y medio y sobrevivo, pero no puedo contratar a nadie porque no tendría para asumir los gastos. No me merece la pena abrir más tarde, y eso que estoy en la mejor zona de Roubaix. ¿Problemas? Bueno, aún no he tenido contratiempos graves, pero no es casualidad que cierre pronto ni soy ajeno a las pandillas de chicos que deambulan y menudean con marihuana. Yo he puesto mi granito de arena, pero el Ayuntamiento tiene que hacer más por la ciudad”.

Roubaix, al norte de la región francesa de Nord-Pas de Calais, es una comuna con 100.000 habitantes que se extiende a lo largo de la frontera con Bélgica, país vecino al que se puede acceder desde el casco histórico a pie o en bicicleta. La ciudad más pobre de Francia según diversas estadísticas, Roubaix es una prolongación de Lille, una urbe que -al igual que Toulouse al sur- vive un interesante despegue económico y urbanístico. Cien mil habitantes y un 75% de ellos residiendo en Zona Urbana Sensible, un baremo que viene a decir que a tres de cada cuatro les acecha la pobreza, cuando no conviven a diario con ella.

El soleado domingo 12 de abril, como todos los años por estas fechas, fue el día grande de la ciudad. Es el día de la París-Roubaix, uno de los cinco monumentos ciclistas cuyo atractivo consiste en afrontar 27 sectores de pavés repartidos entre más de 250 kilómetros: una carrera de polvo y adoquines para profesionales con las piernas gordas. El ganador final, John Degenkolb, tiene las piernas como dos jamones: es el segundo alemán en vencer, tras imponerse Josef Fischer en la primera edición de la prueba, disputada en 1896. Ningún español ha conquistado nunca esta clásica, apodada el infierno del Norte.

El bilbaíno David Veganzones hace un doctorado de Administración de Empresas en la Universidad de Lille y ha venido a ver el final de la carrera. “Un amigo me aconsejó que viviera aquí porque es más barato. Qué error. Ahora pago 350 euros por la residencia, pero me voy a trasladar a Lille. No he tenido ningún problema pero no hago vida en Roubaix. No me gusta. Cuando es de noche tomo el ascensor en mi parada de metro, porque en las escaleras siempre hay un grupo de jóvenes que da mal rollo”.

Todo ha empeorado

El día de la exaltación ciclista, Roubaix es un mosaico de banderas flamencas y de aficionados de todas partes –muchos anglosajones- apostados en las cunetas y ataviados de maillots de todo tipo. Fuera de la París-Roubaix, el ambiente suena poco halagüeño: “Todo ha empeorado desde los atentados de Charly Hebdo”, deplora un vecino cerca del Hôtel de Ville (Ayuntamiento), un edificio impresionante erigido a principios del siglo XX cuando la industria textil era pujante y a Roubaix la apodaban la Manchester francesa.

La población extranjera ronda el 15% porque los hijos, nietos y –ya sí- bisnietos de la inmigración magrebí, turca, iraní, polaca, belga, española, italiana, portuguesa o del África negra son franceses.

Las estadísticas dicen que Roubaix es muy pobre y con un nivel de desempleo propio de las provincias españolas más paupérrimas: casi un 30% según el instituto estadístico Insee frente al 10% de la media nacional. Pero los clichés también pueden llegar más lejos, avivados por las soflamas del ultraderechista Frente Nacional y algunos medios de comunicación. “¿Cuántos Mohamed Merah (el terrorista islámico que asesinó en 2012 a siete personas al sur de Francia antes de ser abatido) entran cada día?”, se ha llegado a preguntar Marine Le Pen.

La respuesta es ninguno: Merah, los hermanos Karachi y Amedy Coulibaly o el roubaisiano Mehdi Nemmouche, que mató a cuatro personas en el Museo Judío de Bruselas en 2014, tienen pasaporte francés y no han vivido en otro país salvo en los peores momentos de obnubilación radical, cuando marcharon a entrenar a Siria, Libia u otros países.

Coincidiendo con la última París-Roubaix, un reportaje del programa de la sexta cadena Zone Interdite titulado “El verdadero rostro de los nuevos guetos” desató una ola de críticas. Más polémico fue un artículo del semanario conservador Valeurs Actuelles en marzo, que presentaba a Roubaix como un “lugar en el que el islamismo campa a sus anchas”; sin duda una desproporción que el autor alimentó al publicar fotos de calles que no correspondían con la descripción a la que aludía el texto y al inventarse cifras estadísticas: “Más del 60% de la población local es de origen ”extraeuropeo“ (sic). El texto se corona con una declaración solemne del portavoz comunal del FN que provocaría carcajadas en Roubaix si no fuera por su inclinación neonazi: ”Ante todo somos un pueblo de raza blanca y religión cristiana“.

La amenaza yihadista

Hasta mediados de los noventa Roubaix era una ciudad que se asociaba a la pobreza y la delincuencia, herencia de la desindustrialización textil y del desarrollo urbano desmedido. En 1996 una serie de espectaculares robos y hasta un asesinato perpetrados por siete veteranos de la Guerra de Bosnia y vinculados a grupúsculos que después se asociarían a Al Qaeda cambiaron la suerte de la ciudad. Le Gang de Roubaix introdujo el cariz yihadista. Ya en 1997 la revista Le Point aseguró sin ningún fundamento que Roubaix era “la primera ciudad francesa de mayoría musulmana”.

El socialista Michel David ocupó durante 15 años la concejalía de Servicios Sociales y es una figura apreciada dentro del tejido asociativo de Roubaix. “Somos pobres, y nuestra pobreza tiene raíces históricas”, explica David. “Un paro desorbitado, un tercio de la población viviendo de las ayudas sociales y la mitad de los residentes procedentes de países de fuera de la UE son hoy el resultado de un desequilibrio entre Lille y Roubaix. Pero tenemos dos opciones: o sumirnos en la pobreza, lo cual agravará las soluciones radicales que proponen la ultraderecha del FN y el islamismo radical; o salir con nuestros propios recursos”.

El exconcejal señala que mejor haría el Ayuntamiento en desarrollar políticas “endógenas” que en tratar de captar la atención de empresas foráneas, “una vía ya probada”. Las familias fundadoras de los grupos LVHM (dedicada al lujo) y Alcampo, los Arnault y los Mulliez, proceden de Roubaix. “La creatividad que esconde Roubaix en realidad es impresionante, lo que escasea son las oportunidades”, apunta Michel David.

Al sur de la comuna las suntuosas mansiones que rodean el parque Barbieux no hacen presagiar la otra realidad, la de los deprimidos aledaños de la estación de tren presididos por la sucia Rue de l’Alma. Pero Roubaix no es una ciudad fea: las interminables casas de ladrillos coloreados recuerdan a las de los barrios obreros de Inglaterra. El Museo de La Piscine, un canto al arte industrial del siglo XIX, es probablemente el más bonito de la Gran Metrópoli de Lille. El mítico velódromo donde concluye el monumento ciclista está en obras. Un nuevo barrio universitario se levanta entre la parte más pobre y el centro de Roubaix.

Tras décadas de dominio socialista, en las elecciones municipales de 2014 se impuso el centro-derechista UMP con menos de 7.000 votos, una cifra ridícula que delata la gran abstención. El alcalde electo, Guillaume Delbar, ha rechazado durante una semana y media la invitación de este medio de ser entrevistado, incluido por teléfono. Un encuentro fugaz detrás del Ayuntamiento se saldó con un “tengo prisa” y un Delbar –dirigente joven, pelo hacia atrás- escapando raudo a su coche oficial. “Al menos recortó en chóferes”, ironiza un funcionario –de origen argelino- que presenció la escena.

Pablo Iglesias se ha fotografiado este jueves con el rey Felipe VI en Bruselas durante una recepción en la que el monarca se ha citado con parlamentarios españoles. El líder de Podemos se ha saltado el protocolo para regalarle al rey las cuatro primeras temporadas de Juego de Tronos. “Pues no la he visto”, se escuchó decir al rey al tiempo que el titular de Exteriores, Juan Manuel García-Margallo, reaccionaba entre risas.

Iglesias ha decidido asistir a una convocatoria a la que muchos diputados de izquierda respondieron con un plante. La Izquierda Plural, Bildu y CDC han decidido no asistir, pero también varios representante de Podemos, como Miguel Urban, que han utilizado el clásico “probelmas de agenda” para justificar su decisión. La cita con el monarca se produce solo un día después del aniversario de la república.

En una brevísima comparecencia posterior, Iglesias explicó por qué le regaló la popular serie, a la que tantas veces se ha referido el líder de Podemos: “No hemos hablado de nada, solo generalidades”, dijo. “Le he regalado la serie, que espero que le guste y le dé algunas claves para entender la crisis política en España”.

Entre los ausentes, además de Miguel Urbán, también figuraba otra representante de Podemos, Lola Sánchez, que ha señalado a eldiario.es que regresaba de Bruselas en avión. Estuvieron todos los europarlamentarios del PP, PSOE, UpyD y Ciudadanos.

La expectación por el encuentro entre Iglesias y el rey Felipe era palpable desde primera en la Eurocámara. “Que sepáis que Pablo Iglesias va a ser recibido por el rey Felipe gracias a la petición de otros partidos”, ironizaba a este medio un eurodiputado del PP.

El protocolo trajo de los nervios a más de un funcionario comunitario. “Queremos evitar que se forme un tapón a la entrada de Iglesias”, confesaba un trabajador de esta institución. Fue imposible. Allí, antes de ser recibido por el monarca y, apareció el secretario general de Podemos junto a la también eurodiputada de esta formación Tania González.

Una visita inminente mantiene en vilo a los responsables del consorcio del AVE a La Meca: la inspección que este jueves hará el ministro de Transportes de Arabia Saudí, el poco flemático Abdullah bin Abdulrahman Al Muqbel, el mismo que amenazó hace tres meses y por escrito con cancelar el proyecto, que asciende a 6.700 millones de euros y es el más importante para España en el extranjero.

La expectación se debe a incidencias fechadas el pasado 7 de abril relacionadas con dos contratiempos: un ligero sobrecoste y un más que probable retraso en la puesta en marcha del proyecto, prevista para diciembre de 2016. Al Muqbel se trasladará el jueves a Medina, donde será recibido por el CEO del proyecto, Santiago Ruiz, que acumula poderes plenipotenciarios en Al Shula, más conocido como el consorcio del AVE a La Meca e integrado por 12 empresas, entre las cuales están las públicas Renfe y Adif o las privadas Talgo, OHL o FCC.

No asistirán a la cita ni la ministra de Fomento Ana Pastor ni el presidente del consorcio y a la sazón de Renfe, Pablo Vázquez. “Es una reunión absolutamente técnica que nos mantiene expectantes”, señala una fuente del proceso. “Los políticos no pintan nada este jueves en Arabia Saudí, porque se trata de convencer al ministro saudí, que además es ingeniero, de que todo va bien y de que si algo no marcha como debería es debido a los defectuosos trabajos desarrollados por el consorcio franco-chino encargado de la Fase 1 del AVE a la Meca”.

El motivo del nerviosismo en Al Shula está en las incidencias registradas la semana pasada, que han motivado el desplazamiento urgente de varios expertos a la teocracia islámica antes de lo previsto. De acuerdo con varios testimonios de trabajadores allí presentes, el 7 de abril un tramo de vía se vio completamente inundado por la arena del desierto: puede parecer una nimiedad para un tren de alta velocidad, pero se trató de un terraplén de tres metros y medio.

La arena del desierto y las muy ocasionales lluvias torrenciales que se dan en la zona han supuesto un quebradero de cabeza para el consorcio desde el principio. Para mitigarlos, inicialmente se pensó en la vía en placa, una técnica que sustituye el balasto tradicional (las piedras que se emplazan dentro de la vía) por losas de hormigón, facilitando así la limpieza de la arena.

Pero esta medida no ha sido suficiente, al quedar claramente demostrado que hacían falta medidas adicionales: muros de hormigón, trincheras, vallas porosas o vegetación abundante a los lados de la vía del tren; opciones que en su día se contemplaron pero que quedaron aparcadas, y que Al Shula rescata ahora.

Un año de estudio

Con estas medidas complementarias, el consorcio asume por primera vez la existencia casi segura de un retraso y de un ligero sobrecoste, aunque sin reconocer ambos todavía. “Solo las medidas adicionales nos llevarían un año de estudio”, explican técnicos que operan en el desierto arábigo. “El incidente del otro día fue provocado por vientos no especialmente intensos, y aun así tuvo que venir una brigada de limpieza con una máquina para quitar la arena. Ahora solo queda insistir en hacer ensayos de prueba/error, porque aquí no existen ecuaciones matemáticas que nos permitan saber cómo resolver el problema”.

El sobrecoste estimado de momento parece escaso: alrededor de 50 millones de euros debido a la instalación de más kilómetros de vía en placa, más caros que la vía del AVE tradicional. Pero otras versiones apuntan a que el coste va a ser mayor: “Si se contemplan medidas complementarias a la vía en placa y estas nos llevan, vamos a decir, un año, eso supondrá un año de estudios, un año de pruebas y un año de mantenimiento de las instalaciones sobre las que se efectuarán las pruebas”.

Según portavoces autorizados del consorcio Al Shula, el ministro saudí Abdullah bin Abdulrahman Al Muqbel también visitará los talleres donde se hacen las pruebas de los trenes AVE. Todo es tensión en la recta final del AVE que unirá las ciudades sagradas de Medina y La Meca.

La Olaf, la oficina antifraude dependiente de la Comisión Europea que persigue cualquier tipo de corruptela o fraude dentro de las instituciones europeas, no tiene ninguna investigación abierta contra Podemos por mal uso de fondos comunitarios. Tampoco ha ampliado pesquisas acerca de una supuesta financiación irregular de esta formación ni sospecha de la contratación anormal de asesores para el partido, como han publicado algunos medios en los últimos días. Así lo confirman fuentes de la oficina antifraude de la UE a eldiario.es.

La Olaf, según apuntan portavoces de esta institución, habría recibido únicamente información relativa a un posible mal uso de fondos por parte de Podemos. “Y la oficina está obligada a estudiar todo tipo de información o documentación porque es su labor: la Olaf solo actúa si es informada por terceros, sean éstos personas, instituciones o estados miembros”, agregan estas fuentes vía mail y por teléfono. “En el caso que usted pregunta de Podemos, es importante destacar que el análisis de esta documentación no significa que haya delito alguno”.

El pasado 9 de abril, El Confidencial se hizo eco de la “sospecha” que la oficina antifraude de la UE albergaría hacia Podemos, y de si la organización hubiera contratado asesores con dinero comunitario con el que habrían realizado labores para el propio partido, es decir, ajenas a la actividad europarlamentaria.

La oficina se puso de actualidad de marzo, cuando reveló que había emprendido una investigación contra la formación ultraderechista francesa Frente Nacional por presuntos pagos irregulares a sus asistentes en Bruselas. La noticia de El Confidencial apunta a un caso similar. “La OLAF sospecha que varios de los 29 miembros liberados de Podemos en España, a cargo de los fondos europeos, podrían haber realizado labores que no estaban relacionadas con la actividad parlamentaria. Conjeturas que serían más evidentes en el caso de los asesores de prensa y los responsables de redes sociales”.

En realidad, los asesores de los cinco representantes de Podemos en la Eurocámara –de acuerdo con los datos que aparecen en la web de la institución- son siete, en espera de asignarse los que corresponderían a Miguel Urbán y Estefanía Torres, que han sustituido recientemente a Teresa Rodríguez y Pablo Echenique, respectivamente. Este medio trató de ponerse en contacto sin éxito el viernes por la tarde con responsables de prensa de Podemos.

La noticia reconoce no obstante que “desde la formación señalan que en ningún caso se incumplieron estas condiciones, alegando que varios de los asesores locales incluso se desplazaban periódicamente a Bruselas o Estrasburgo para dar soporte in situ a los eurodiputados”.

Cada eurodiputado (de un total de 750) puede gastar cerca de 21.000 euros mensuales en salarios de asistentes, impuestos, cotizaciones sociales y otros servicios. Actualmente la Olaf investiga al Frente Nacional francés por un posible fraude de 7,5 millones de euros a repartir entre 29 de los asistentes de sus 23 eurodiputados. Las diligencias apuntan al pago de salarios a asistentes que realizarían únicamente su trabajo en Francia, sin ninguna relación con la actividad de la Eurocámara.

En un reportaje anterior de El Confidencial sobre los resultados de la oficina antifraude en los últimos años, una portavoz parlamentaria indicaba que las investigaciones en torno a la relación laboral de los europarlamentarios con sus asesores no son muy comunes: “Aunque cada cierto tiempo ocurren casos similares, es la primera vez que es obvio que se ha hecho a gran escala y de manera sistemática”. Este medio ha contactado varias veces con asistentes de los cinco eurodiputados de Podemos. Todas ellas en Bruselas dentro de la Eurocámara.

Desde la Olaf se precisa que “se analizará la información recibida –de la que no revela ningún detalle- de acuerdo con los procedimientos normales”. “Nuestros expertos especializados tratarán de ver, primero, si el asunto nos compete”, explican; “también si existieran indicios suficientes de fraude o corrupción, y finalmente si todo lo anterior entrara dentro de nuestras prioridades para iniciar pesquisas”.

La oficina antifraude europea, que recuerda que inició las pesquisas contra el Frente Nacional a raíz de diversas publicaciones en unos pocos medios franceses, asegura que la procedencia de la denuncia es anónima y que solo tras un análisis severo se adoptarían medidas, si fuera oportuno.

Una oferta de última hora de la Presidencia de Letonia, el país báltico que ostenta la presidencia semestral del Consejo Europeo, puede desatascar el impasse que vive la propuesta de suprimir desde el 1 de enero de 2016 el roaming al llamar desde un país extranjero a otro dentro de la UE. Anunciada a bombo y platillo en los últimos años, la directiva conocida como Roaming Like at Home fue un arma que los proeuropeos, encarnados fundamentalmente por socialistas y conservadores, blandieron para defender la importancia de la UE. Pero pasadas las elecciones europeas de mayo de 2014, ha ido quedando arrinconada hasta que el 4 de marzo saltaron las alarmas: el roaming duraría dos años más, hasta 2018.

Sin embargo, el martes una segunda opción impulsada por Letonia parece haber devuelto la eliminación a 2016, aunque el diablo sigue estando en los detalles: de acuerdo con esta propuesta, el roaming -el recargo que aplican las operadoras a cualquier usuario al llamar desde un país que no es el suyo- no se extinguirá completamente el año que viene; en su lugar, Letonia, en nombre del Consejo –que representa a los 28 Gobiernos de la UE-, valora aplicar una especie de “forfait gratuito” que arrancaría el 30 de octubre de 2016.

¿En qué consistiría? De acuerdo con la descripción brindada por el boletín Europolitics, en un forfait que sería utilizable siete días por año, con cinco minutos de llamadas entrantes, cinco minutos de llamadas salientes, cinco mensajes de texto y 10 megabytes de datos.

De terminarse el forfait, llamado técnicamente “autorización de itinerancia básica”, el operador podrá imponer un recargo, si bien deberá ser mucho más reducido que los actuales. Como explica una nota previa al encuentro del 7 de abril, una vez concluido ese bono, para “la realización de llamadas, el envío de SMS y la utilización de datos, la tasa de itinerancia no podrá ser en ningún caso superior a la tarifa mayorista máxima que pagan los operadores por utilizar las redes de otros Estados miembros”. Habrá sobrecoste por utilizar la itinerancia de datos en el extranjero, pero será más barata.

Aún no se conoce una respuesta concreta de las instituciones defensoras de la supresión total del roaming en 2016 (Comisión y los grupos políticos en bloque del Parlamento Europeo), pero algunos eurodiputados ya califican esta propuesta, desde el anonimato, como “absolutamente insuficiente”. “No hemos tenido el debido tiempo para valorarla, pero lo haremos en los próximos días”, confía un europarlamentario.

Otros eurodiputados estarían más de acuerdo con la propuesta del Consejo según Europolitics, pero las negociaciones trilaterales –Consejo, Comisión, Parlamento- aún están en la fase preliminar. “La proposición es realista y representa un verdadero progreso, porque una hora de llamada con el roaming en el extranjero pasaría de costar 15 euros a tres euros, y las llamadas entrantes solo 80 céntimos por hora”, señala un experto implicado en las negociaciones a este boletín de información comunitaria.

La propuesta de Letonia tendría una vigencia de aproximadamente dos años, “hasta mediados de 2018”, según explica la nota del Consejo. “La próxima etapa”, añade, “consistirá en pedir a la Comisión que evalúe qué nuevas medidas serían necesarias con vistas a eliminar gradualmente las tasas de itinerancia”.

La oposición española

Entre los Estados miembros que más pegas han puesto de cara a aprobar la propuesta inicial de la Comisión, la eliminación total de los gastos del roaming el 31 de diciembre de 2015, ha estado el Gobierno de España, que presentó objeciones en los encuentros previos a través de órganos reguladores enviados a la negociación como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Sin embargo, la eurodiputada y exministra Pilar del Castillo (PP), del mismo partido que el que dirige el Ejecutivo español y figura clave en el roaming al ser la ponente del proyecto legislativo, respalda la supresión del sobrecoste por llamar en la UE desde el 1 de enero de 2016.

A pesar de la crisis económica y financiera que mantiene en vilo a la UE desde hace un lustro, la geopolítica entró como elefante en cacharrería en 2014 en la agenda de Bruselas por la anexión rusa de Crimea y la guerra en Donetsk y Lugansk. Y desde hace algo más de un año, la crisis ucraniana ha trastocado completamente la Política Europea de Vecindad (PEV), que ha basculado descaradamente hacia el Este en detrimento del Sur, en un arco que va de Marruecos a Siria con varios países (como la propia Siria o Libia) que viven una guerra mucho más encarnizada que la que padece la parte oriental de Ucrania.

En su última intervención plenaria a finales de marzo, el eurodiputado de UPyD Fernando Maura –suspendido ahora de militancia como consecuencia de la crisis interna que vive el partido– puso de manifiesto este desequilibrio. Maura se dirigió en la Eurocámara a la alta representante, Federica Mogherini, recordándole que las ayudas financieras planteadas dentro del apartado de Vecindad (el llamado ‘Neighbourhood Policy’) marginan peligrosamente al Norte de África.

Concretamente, seis países del Este entre los que sobresale Ucrania (también están Moldavia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia y Geogia) recibirán de aquí a 2020 hasta 906 millones de euros procedentes de la PEV. Son seis países con una población que no alcanza los 80 millones de habitantes, frente a los más de 210 millones que viven en diez países de la frontera Sur reconocidos por la Política de Vecindad: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Palestina, Israel, Líbano, Jordania y Siria. Con una salvedad, y es que estos diez estados recibieron 824 millones de euros.

Solo Egipto (88 millones de habitantes) tiene más población que los seis países de Europa Oriental y del Cáucaso. La desigualdad de las ayudas es más latente si se mide el monto por persona: dos tercios de los instrumentos financieros de la PEV van a la frontera Este, un tercio hacia el Sur.

La PEV tiene un alcance político, económico, cultural y de seguridad. La Vecindad europea tiene la potestad de establecer relaciones comerciales preferenciales, apostar por invertir en infraestructuras e incluso contempla la posibilidad de ampliar la asistencia financiera y técnica. Ucrania ha explotado esa vía. Además, su conflicto con la zona este del país y la intervención militar rusa han favorecido una aguda crisis financiera. El Estado está prácticamente en bancarrota. La UE, el FMI y el Banco Mundial se han comprometido a aportar hasta 20.000 millones de euros en los próximos años, a cambio de un duro programa de recortes.

Una política “equilibrada”

De acuerdo con Maura, cuyo equipo trabaja en recopilar estos datos para la Comisión de Asuntos Exteriores, “la política de vecindad de la Unión Europea debería estar equilibrada y prestar la misma atención, tanto en términos económicos como términos políticos, a la frontera Sur y a la frontera Este de la Unión”; en su opinión, “no podemos permitirnos perder Túnez”.

En su turno en el Parlamento Europeo, la alta representante le replicó que sus números eran imprecisos y que le correspondía más al Sur que al Este, algo que desmienten las cifras. Mogherini admitió que esta cuestión “podrá ser debatida”, algo que se hará el próximo 30 de abril en Barcelona.

“Ante los últimos acontecimientos y la latente balcanización de Libia, que amenaza con desestabilizar toda la región, insisto en la necesidad de que la UE priorice o, al menos, iguale el apoyo que se destina a los países de nuestras fronteras en el Sur y en el Este”, explica Maura, preguntado por este asunto.

Los instrumentos financieros desplegados en la Política de Vecindad responden a un interés que no es común entre los 28 estados miembros. El peso de los países del Este, que ven una amenaza en el expansionismo de Moscú, y el giro imprimido por Alemania en las sanciones contra Rusia contrastan con la opinión general en los estados de la cuenca mediterránea, que no aprecian ese peligro, o no más que el que puede llegar del Sur.

Para muchos eurodiputados, no es mejor la situación de varios países del norte africano, con Libia y Siria despedazadas, Egipto volviendo a la batuta militar y Túnez expectante ante el que viene a ser el único país con un final aceptable del proceso que se inició con la Primavera Árabe, mientras el islamismo radical pujante y el Estado Islámico y otras milicias yihadistas campan a sus anchas en amplias áreas de esta región.

Las ruinosas ampliaciones que entre 2000 y 2013 acometieron ocho aeropuertos españoles con fondos europeos van a tener consecuencias para toda la UE. Tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas europeo que a mediados de diciembre revelaba la ampliación de estas ocho terminales españolas infrautilizadas (Madrid-Barajas, Badajoz, Burgos, Córdoba, Fuerteventura, La Palma, Murcia y Vigo), la Comisión prepara un cambio “radical” de las reglas del juego a la hora de conceder fondos comunitarios a infraestructuras de transporte (ferrocarril, carreteras, aeropuertos y puertos).

Según fuentes de la Comisión Europea al ser preguntadas por el caso español, la institución “es consciente de que los fondos destinados a la Política de Cohesión relacionada con las infraestructuras aeroportuarias no tuvo en muchos casos un uso eficaz en el pasado”. Por eso la Comisión, presidida desde octubre por el luxemburgués Jean Claude-Juncker, “desea subrayar que se han aprendido muchas lecciones de los recientes errores” y actualmente trabaja en un plan “radicalmente diferente” para el horizonte 2014-2020.

La diferencia “radical” descansa en las condiciones más severas que se exigirán a todo futuro proyecto. Según el Tribunal de Cuentas europeo, casi el 25% de los fondos (tanto fondos Feder como fondos de cohesión y otros) destinados a aeropuertos de 2000 a 2013 fueron absorbidos por las ocho citadas terminales españolas, con un total de 685 millones de euros.

Ninguno de los ocho tiene perspectivas de rentabilidad; solo tres (Fuerteventura, Madrid-Barajas y Murcia) cuentan con “perspectivas de lograr un equilibrio a medio plazo”. Y cinco tenían menos pasajeros en 2013 que en 2007.

“El nuevo marco regulatorio será mucho más estricto cuando se trate de invertir en aeropuertos”, afirman en la Dirección General de Transportes de la Comisión, sin despejar la duda de si el Gobierno central o las regiones españolas serán castigadas o se les pedirá la devolución de fondos.

Además de tener en cuenta factores como el impacto ambiental o la seguridad de las infraestructuras para tener acceso a la financiación, “se limitarán mucho las condiciones”, especialmente en lo que respecta a aeropuertos. Para empezar, estos deberán pertenecer al llamado ‘core TEN-T network’, la red transeuropea de transportes y los nueve corredores que surcan la UE.

Dinero solo para El Prat

El trámite prácticamente inhabilita a cualquier aeropuerto español para echar mano de financiación europea, ya que a la red TEN-T pertenecen dos corredores que atraviesan España, el Atlántico y el Mediterráneo, pero solo este último prevé la interconexión del ferrocarril, el puerto y el aeropuerto a su paso por Barcelona. Dicho de otro modo, solo El Prat barcelonés puede aspirar a financiación en el horizonte 2020 porque no hay más aeropuertos incluidos en la red TEN-T. Algo que no es de extrañar, habida cuenta del reciente derroche y de la existencia de aeropuertos sin aviones a pocos kilómetros de distancia en España.

Siempre de acuerdo con la versión de las fuentes comunitarias, se demandará una “condicionalidad ‘ex ante’” antes de destinar cualquier partida. “Se requerirá un plan de transporte regional o nacional que establezca una estrategia comprensiva para el sector de los transportes”. Y se está estudiando una vía para revisar los proyectos incluso después de que los fondos hayan sido asignados “mediante una auditoría llevada a cabo por la propia Comisión o por expertos independientes”.

Sin el dispendio generado en España, estas medidas habrían tardado en ver la luz. Durante ese periodo de tiempo, Polonia amasó el 21% de los fondos totales con resultados mucho más positivos en cuanto a demanda y retorno de la inversión, según el informe del Tribunal de Cuentas de la UE.

Tal fue el derroche denunciado que hay varios eurodiputados, como la ecologista francesa Karima Delli, que estudian preguntar a la UE por qué España recibió tanto dinero para obras tan infecundas. Por ejemplo, el tribunal señala en su informe que no había ninguna necesidad urgente de ampliar aeropuertos como los de Badajoz, Córdoba y Fuerteventura.

Las nuevas revelaciones publicadas este domingo acerca de la muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo el 28 de enero en un ataque israelí en el sur de Líbano, en la frontera con Israel, van suscitando distintas reacciones del lado español. A falta de conocer la respuesta del Ministerio de Exteriores sobre el informe reservado del Estado Mayor de la Defensa, en el que se refleja cómo los proyectiles del Ejército israelí terminan alcanzando la torre de vigilancia de la ONU en la que se encontraba el soldado español fallecido, el PSOE ya ha movilizado a su delegación en Bruselas para interpelar a la UE sobre este suceso.

Según ha podido saber este medio, la delegación socialista en el Parlamento Europeo, concretamente los eurodiputados Elena Valenciano (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos) y Javier López (militante del PSC y miembro de la Comisión de Exteriores) se ha dirigido a la alta representante de la UE, Federica Mogherini, con el fin de exigir a Israel una “respuesta diplomática”.

La interpelación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, se produce tras informar El País del citado informe reservado del Ejército, que recoge una serie de testimonios de compañeros del fallecido cabo Soria Toledo bastante reveladores. “En dicho informe –recuerdan ambos eurodiputados– se detalla lo sucedido en el ataque: el uso de bombas de racimo y el lanzamiento reiterado de proyectiles que iban corrigiendo la trayectoria [...] impactando finalmente en la torre de vigilancia principal del puesto donde se encontraba Francisco Javier Soria”.

El parte de los compatriotas de Soria Toledo casa muy bien con el informe de la ONU, emitido a finales de febrero y que responsabiliza igualmente al Ejército israelí. Este último también es ampliamente aludido en la interpelación de los socialistas españoles. “¿Puede la alta representante apoyar a los cascos azules europeos precedentes de Estados miembros de la UE y respaldar el informe de la ONU sobre este incidente con resultado de muerte de un militar español?”, preguntan Valenciano y López a Mogherini, a la sazón vicepresidenta de la Comisión Europea al ostentar la presidencia del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La dureza de la siguiente pregunta deja entrever que el PSOE persigue la asunción de responsabilidades del lado atacante. “¿Qué necesaria y contundente respuesta diplomática espera tomar la alta representante en cuanto a las relaciones con Israel tras el ataque [...] para que Israel reconozca su mortal negligencia y pueda compensar a la familia del militar muerto en misión de paz?”.

Mediante una selección bastante precisa de testimonios de diferentes cargos militares españoles desplegados en la zona el día del ataque, el informe reservado del Ejército trata de aproximarse a lo que sucedió el 28 de enero, hace algo más de dos meses, en la blue line, la frontera establecida por la ONU en 2000 para verificar la retirada completa de Israel del sur de Líbano. Así, Elena Valenciano no duda en calificar el mortal episodio de “clara violación del Derecho Internacional Público” en declaraciones a eldiario.es.

“La comunidad internacional, y especialmente Europa, debe utilizar todas sus herramientas para responder a unos hechos de tal gravedad que en ningún caso pueden ser justificables”, remacha Valenciano.

Javi López considera que la UE “ni debe ni puede quedarse de brazos cruzados”. “Ya va siendo hora de que Israel asuma responsabilidades por los actos que realiza”, señala el joven eurodiputado, que no duda en repasar el desproporcionado uso de armamento militar al que recurrió Tel Aviv el día de la muerte del cabo Soria: “Israel lanzó durante dos horas deliberadamente contra un puesto de Naciones Unidas del que conocía sus coordenadas nada menos que 118 obuses de artillería, 90 granadas de mortero y 5 proyectiles de tanque, incluyendo bombas de racimo”.

Cecilia Malmström es una de las caras amables de la Comisión Juncker. Liberal y sueca, Malmström, que ya ostentó una comisaría en la anterior legislatura del portugués Durao Barroso, fue elegida para el actual mandato al frente de Comercio con un objetivo muy claro: sacar adelante el polémico tratado de libre comercio e inversión (TTIP, en sus siglas en inglés) que la Comisión, en nombre de todos los europeos, negocia soterradamente con Estados Unidos.

En enero pasado, la comisaria Malmström anunció a bombo y platillo que cualquiera de los 751 eurodiputados podría acceder a la reading room, el habitáculo de seis metros cuadrados en el que se guardan documentos clasificados del TTIP. “Para dar mayor transparencia”, dijo entonces.

El pasado martes, el eurodiputado Ernest Urtasun (ICV), adscrito en el grupo de los Verdes, accedió a la reading room. “La experiencia ha sido muy negativa”, explica Urtasun, barcelonés, políglota, diplomático de carrera y de 33 años. “Me han quitado el bolígrafo, me han quitado cualquier papel sobre el que podría escribir y me han quitado el móvil. Luego firmas un documento de confidencialidad de 14 páginas y un funcionario te saca los documentos que el eurodiputado pide con antelación. El tiempo máximo es de dos horas y durante ese lapso el funcionario te controla permanentemente”.

Esta podría ser una descripción del pequeño habitáculo que es la reading room, una sala con una caja fuerte en su interior ubicada en una de las dependencias del Parlamento Europeo en Bruselas. Antes del anuncio de la comisaria sueca, solo tenían acceso a la sala 150 eurodiputados: ponentes de informes parlamentarios y coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional. Urtasun es el tercer español en acceder: semanas antes lo habían hecho las eurodiputadas del GUE (izquierda europea) Lola Sánchez (Podemos) y Marina Albiol (IU), esta última en la sede de Estrasburgo “en una especie de despacho habilitado para la ocasión”, explica la parlamentaria española.

“Todas las condiciones que nos obligan a seguir para entrar en la sala son contrarias al parlamentarismo y la democracia”, subraya Urtasun, que coincide con Sánchez y Albiol en la falta de transparencia. “Somos parlamentarios elegidos para representar e informar a los ciudadanos. Y para algo tan esencial como un tratado internacional, nos tratan como delincuentes o espías”.

Así, el representante de ICV en Bruselas deplora que el “carácter técnico de algunos textos [todo está en inglés] dificulta mucho las cosas”. “Yo no soy experto en telecomunicaciones y necesito a algún asistente docto en esa área para interpretar los documentos. También necesito más de dos horas”, se lamenta.

Pero lo peor no son solo las condiciones de acceso sino lo que hay dentro. “Cuando el funcionario selecciona los documentos que obligatoriamente hay que pedir por adelantado, te das cuenta de que todo de lo que te dejan ver ya está publicado”, destaca el ecosocialista catalán. “Lo que ves son, básicamente, las ofertas europeas en los distintos ámbitos que se están negociando”. Es decir, algo muy similar a lo que hay en la web habilitada por la Comisión Europea sobre el TTIP.

Consecuencias penales

Marina Albiol sí descubrió algo nuevo: “En mi caso sí vi algo que no está publicado y me lo tengo que tragar, porque el documento de confidencialidad que firmamos amenaza con consecuencias penales en caso de filtración”, indica en conversación telefónica.

Urtasun, que no vio nada especialmente relevante en las dos horas que pasó allí dentro, tiene una explicación a la ausencia de detalles de valor: “Saben que muchos dirigentes políticos no respetaríamos esa cláusula de confidencialidad, independientemente de las consecuencias, si entre los documentos encontráramos aspectos dolosos para la ciudadanía. Así que se curan en salud”.

¿Son los papeles de la reading room los únicos documentos? “Para nada”, rechaza el político de ICV. “Sabemos por diversas fuentes que ya hay documentos finales consolidados, los cuales ilustran a la parte europea y a la norteamericana alcanzando algún tipo de acuerdo. A esos no tenemos acceso y yo voy a seguir insistiendo en que lo tengamos, porque tenemos que saber a priori qué se está acordando exactamente. También voy a reclamar que se desclasifiquen los documentos guardados en la reading room para todo aquel individuo que quiera leerlos”.

Urtasun cree que por el mero hecho de existir esa sala ya viola los propios reglamentos comunitarios. “En el Tratado de Lisboa queda muy claro que, en todo lo que competa a acuerdos internacionales, los diputados europeos deben estar perfectamente informados”.

Aunque socialistas y populares siguen ostentando una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, nada ha vuelto a ser igual en Bruselas desde el inicio de la octava legislatura el año pasado. La oposición –que va de la izquierda a la extrema derecha– es más fuerte que antes y ante cualquier disensión entre las dos principales familias (PPE y S&D) las grandes medidas parecen imposibles de sacar adelante. Es lo que ocurrió la semana pasada en la Comisión de Transportes, donde fue rechazada una propuesta para incluir el sector de los transportes –especialmente el ferroviario y el naval– en la ronda de negociaciones del TTIP.

El TTIP (por sus siglas en inglés) es el tratado de comercio y libre inversión que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, una polémica negociación en la que la Comisión Europea tiene la competencia exclusiva del lado de la UE. La Eurocámara se arroga el papel de vigilante de la negociación y su voto será crucial en la votación final, pero mientras tiene lugar la negociación el Parlamento Europeo solo puede hacer recomendaciones.

Y una recomendación o proyecto de opinión es lo que llevó el eurodiputado holandés Win Van de Camp (Partido Popular Europeo) a la Comisión de Transportes de la Eurocámara el 27 de marzo. La propuesta, que fracasó, consideraba “lamentable que no se haya incluido ninguna cuestión relativa al transporte en el mandato de la Comisión para negociar” el TTIP.

Van de Camp también lamentaba “las fuertes restricciones existentes en el sector estadounidense del transporte aéreo en materia de propiedad extranjera y de control de líneas aéreas”. Citaba como ejemplo “el desequilibrio entre las restricciones del derecho de cabotaje impuestas por EEUU y las libertades de las que disfrutan las líneas aéreas estadounidenses en los Estados miembros”. Y criticaba “que las empresas de la UE ven obstaculizado su acceso al mercado en lo que respecta a las inversiones en grandes infraestructuras de transporte como los proyectos ferroviarios”.

El ISDS, la gota que colmó el vaso

En definitiva, la propuesta del representante del PPE era una denuncia del “proteccionismo” estadounidense en materia de transporte. Pero la oposición, incluido el grupo socialista, la segunda familia más numerosa, no terminó de ver que la distorsión competitiva fuera a solucionarse incluyendo estas cuestiones en el TTIP. Por diversas cuestiones.

Casi todos los eurodiputados consultados (miembros del izquierdista GUE, los Verdes o Europa por las Libertades y la Democracia Directa, el grupo en el que conviven el eurófobo Nigel Farage con Beppe Grillo) rechazaron en diversas enmiendas que el proteccionismo de EEUU fuera utilizado como moneda de cambio para desbrozar el transporte, especialmente el público, en los 28 estados miembros. Cada país va a su aire en materia de transportes, caso del ferrocarril: una mayoría de los 28 países rechaza ya liberalizar.

De hecho, los eurodiputados socialistas Jörg Leichtfried, Christine D'Allonnes Bonnefoy y Lucy Anderson plantearon reclamar a la Comisión Europea “garantías de que el TTIP no requerirá a los países liberalizar o privatizar los servicios de transporte públicos”. Durante la Comisión de Transportes funcionó esta alianza progresista y las mociones del PPE fueron descartadas reiteradamente.

La gota que colmó el vaso fue una enmienda que pedía no solo eliminar el sistema de arbitraje ISDS (un sistema de arbitraje ad hoc que la Comisión está negociando y que se utilizaría para resolver conflictos entre un inversor y un Estado cualquiera) de toda negociación relativa a los transportes; se pedía también excluir los ISDS del TTIP.

Sorprendentemente, la propuesta salió adelante y el PPE se vio obligado a retirar la enmienda de Van de Camp ante el riesgo de hacer recomendaciones muy diferentes al texto original del europarlamentario holandés. Con ello, los partidarios del TTIP sufrieron un fuerte varapalo el 27 de marzo en Bruselas.

Iba a ser un colosal proyecto, un Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF) único en Europa y enclavado en un Parque Tecnológico adonde Adif desplazaría una base de I+D+i y, paralelamente, un Anillo Ferroviario de Pruebas y Experimentación en el que los nuevos trenes podrían rodar a más de 500 kilómetros por hora. Iba a ser todo esto en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía firmaban un convenio.

Un lustro después, se han invertido más de 400 millones (el 80% procedente de fondos Feder de la UE) y lo que hay en la provincia malagueña es una investigación abierta por la Comisión Europea y un complejo puntero terminado a mediados de 2013 e instalado en el limbo.

Al llegar el PP al Gobierno Central cambiaron las tornas. Aunque el proyecto ya preveía la entrada de capital privado, desde 2012 la ministra de Fomento, Ana Pastor, empezó a referirse públicamente y con mayor insistencia a la necesidad de atraer a las empresas en el Anillo Ferroviario de Antequera. “Hay que ir a modelos racionales, las obras faraónicas ya se han terminado”, llegó a decir Pastor en un congreso en Málaga, como si el CTF fuera el aeropuerto de Castellón.

Lo que iba a ser una estructura científica singular de I+D en la alta velocidad impulsada por la inversión estatal pasó a ser un proyecto de Colaboración Público-Privada (CPP). Ahí empezaron las sospechas de Bruselas, de acuerdo con la investigación.

El planteamiento de Fomento se impuso: tras más de un año negociando con varias empresas, el ministerio licitó la construcción y la explotación del Anillo Ferroviario de Antequera en junio de 2013. Pero para consumar la CPP, la naturaleza del proyecto se transformó considerablemente: se creaba el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF), asociado al CTF (que ya funciona: en él operan varias firmas privadas asentadas en un parque tecnológico), y se hizo hincapié en las pruebas de homologación de trenes y material  que se llevarían a cabo en el anillo para que éste fuera más atractivo de cara a las compañías.   

Dos meses después, en agosto de 2013, la licitación quedaba desierta a pesar de que Fomento había garantizado la “viabilidad” del proyecto. Ningún consorcio se presentó. Todos los aspirantes consideraron que los pliegos de Adif eran inviables: un canon de 110 millones a pagar en 15-20 años y la devolución de las cuantiosas ayudas europeas de no cumplir las condiciones contractuales. Por aquel entonces, Ana Pastor confesó su “sorpresa y decepción”, pero fuentes del sector refutan esta visión.  

Desde esa fecha, mediados de 2013, hasta hoy, el CTF cuenta con un puñado de empresas que ya ejercen en el parque tecnológico sin que la actividad principal que justificó su creación haya despegado siquiera. La Colaboración Público-Privada que ordenó la ministra de Fomento se encuentra en vía muerta, lo que ha desencadenado una severa reacción de Bruselas.

Ventaja selectiva

Aunque existen también cuestiones de carácter medioambiental que aún están por dilucidar, las principales dudas de la Comisión Europea apuntan a que, una vez comprobada la falta de viabilidad empresarial de un proyecto que inicialmente iba a tener un carácter público, cualquier ayuda o subvención a las empresas supondría una “ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE”, especialmente a los que “funcionan sin ayuda estatal”. Algo que no habría sucedido de no haber mediado la orden de Ana Pastor de convertir el Anillo Ferroviario de Antequera en un vehículo público-privado.

“Las previsiones que se manejan actualmente indican que el proyecto será predominantemente deficitario y no está claro que la financiación pública vaya a suponer un estímulo”, indica el expediente abierto por las autoridades comunitarias. Fomento sigue dando vueltas a los pliegos para tratar de presentar un proyecto viable, pero fuentes del ministerio califican este esfuerzo de “utópico”. El PSOE ha pedido la comparecencia de Ana Pastor por mantener varada la infraestructura más importante de cuantas se realizan en Andalucía.

Una plaga originada en Italia y que se ha llevado ya más de un millón de olivos ha desbordado a las autoridades europeas que confiesan que puede extenderse rápidamente a países del sur de Europa como España. La enfermedad tiene su origen en la región de Puglia y la Comisión Europea ha admitido a eldiario.es que no sabe cómo detenerla. 

En España se cuentan más de 280 millones de olivos, según los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva. Los productores dicen estar “expectantes” ante la amenaza. En Italia se han talado cientos de miles de árboles y creado un perímetro “urgente” de seguridad de 240.000 hectáreas pero la CE considera que el 10% de los 11 millones de olivos del Lecce están infectados. Italia produce 450 toneladas de aceite al año. España más que triplica ese volumen: 1.530 toneladas –el 46% del total mundial–, según el Consejo Oleícola Internacional.

Bruselas achaca el descalabro a la bacteria Xylella fastidiosa. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) admite que “es una enfermedad letal para el olivar”. Los responsables de la asociación en Jaén han contado a este medio que “las consecuencias de la Xylella son parecidas a las del verticilium, [la conocida seca del olivo]. Confiamos en que los sistemas de alerta epidemiológica establecidos por la Junta de Andalucía y por el Ministerio sean suficientes y que la plaga no se extienda por España y mucho menos por Jaén que podría quedar hundida si se extendiese en la provincia”.

El problema es que la propia Comisión Europea ya admite que ni siquiera tiene claro que esta bacteria sea la única enfermedad. En Italia contraponen que detrás de la mortandad puede estar otro patógeno (el fungi) que sí tiene una cura. La Xylella fastidiosa apareció por primera vez en la Puglia, región del sur de Italia, en octubre de 2013. Precisamente por constatar la presencia de esta enfermedad hace año y medio, inicialmente la Comisión ha acusado a las autoridades italianas de dejadez. “Italia no ha prevenido el alcance de la Xylella”, ha cargado el portavoz del comisario Andriukatis, quien en breve se desplazará a la zona.

El 24 de marzo pasado, un portavoz comunitario dejó abierta la posibilidad a que otros microorganismos estén secando los olivos italianos. Lo que también reiteró es que el peligro es real para España. “Podemos hablar de un deterioro de la situación. Claramente, hay un alto riesgo de propagación a países vecinos si no se adoptan rápidamente medidas urgentes”.

Siempre de acuerdo con la versión comunitaria, la Comisión adoptó las primeras medidas contra esta bacteria hace un año, en febrero de 2014, apuntaladas por nuevas acciones de prevención en julio. “Las medidas incluían estrictas condiciones para la plantación, así como la destrucción de las plantas ya infectadas hasta conseguir la erradicación y evitar su propagación a otras regiones”, agregan las mismas fuentes comunitarias a este medio.

Condena al ecosistema

La discrepancia sobre qué patógeno se lleva por delante los olivos lleva aparejada las responsabilidades. Ahí está la pelea. Varias organizaciones italianas se han respaldado en centros de investigación y universidades del país trasalpino para decir que la plaga no es sólo de esta bacteria. Bruselas se basa en un informe publicado en enero por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en inglés) y también en los resultados de una investigación llevada a cabo por la Oficina de Alimentación y Veterinaria (FVO) en noviembre de 2014. Para la CE si la Xylella ha campado a sus anchas ha sido por la falta de prevención de las autoridades regionales o nacionales.

Sin embargo, la organización italiana Peacelink envió una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y al comisario de Salud, Vytenis Andriukaitis en la que les cuestionaba: “¿Cuáles serían las consecuencias para la Comisión Europea si se demostrara que la destrucción de un millón de olivos [para contener la plaga] se revelara no solo innecesaria sino inútil?”. Para Peacelink, “hay muchos factores que no han sido convenientemente investigados”, según subraya en el escrito dos páginas que ha leído eldiario.es. “Llegados a este punto, podemos afirmar que la Xylella no es la causa real de la sequía de nuestros olivos. La Comisión Europea está condenando a muerte todo el ecosistema de Puglia sobre la base de unos test que no han comprobado la patología del brote”.

Ante las insistentes dudas sobre la etiología del problema, el portavoz comunitario Enrico Brivio zanjó: “Estamos seguros de que algunos brotes fueron causados por esta bacteria”.