En los últimos días, desde diferentes instancias se ha puesto el grito en el cielo ante la emergencia de una organización de prostitutas llamada OTRAS. Hemos recibido con gran sorpresa la reacción de un gobierno que se pretende feminista y que se entiende a sí mismo como heredero de los últimos acontecimientos protagonizados por tantas y tan distintas mujeres en los últimos tiempos. No es la primera organización de prostitutas que ve la luz pero sí es cierto que es la primera vez que nos encontramos ante un gobierno que, por un lado, desautoriza a un grupo de mujeres que alzan la voz para la defensa de sus derechos más básicos y que expulsa a las mujeres al lugar al que el patriarcado les ha asignado siempre, esto es, a la exclusión de la ciudadanía.  

Desde hace muchos años, las trabajadoras sexuales organizadas en todo el mundo han recogido las herramientas que el movimiento feminista –en el que se incluyen, guste o no– ha tejido desde su nacimiento. Hablamos de acontecimientos políticos como, entre otros, el encierro de cientos de prostitutas en las iglesias de Lyon en 1975 para protestar contra la violencia sexista; pero también de la configuración de organizaciones sindicales, de corte feminista, en no pocos países del mundo, como EEUU con COYOTE o en Francia con STRASS, con el apoyo de prestigiosas feministas tales como Judith Butler, Raquel Osborne, Gayle Rubin, Silvia Federici o Angela Davis. Sin duda hablamos de la articulación de identidades colectivas, de un poderoso nosotras que ha interpelado históricamente a las instituciones, a las propias feministas y, en suma, a la sociedad en su conjunto.  

Este nosotras ha pretendido subvertir la estigmatización que recibe este colectivo y que ha apuntalado las formas de control y dominación que se manifiestan en la vida de todas las mujeres: el miedo a ser llamada puta como dispositivo de control social contra las mujeres que rompen las normas que el machismo ha impuesto sobre nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestros deseos y nuestras vidas.  

Olvidar esta genealogía, como ha hecho el Gobierno en los últimos días con su menosprecio a OTRAS, supone borrar de un plumazo las hazañas de tantas mujeres que, de alguna manera, han construido hitos en su historia o, más bien, en LA HISTORIA, con mayúsculas. Y con ello, despreciar experiencias de un potencial considerable para el empoderamiento de todas las mujeres en tanto que mujeres 

Al enunciarse como “organizaciones sindicales”, en muchos casos y en concreto en el que nos compete, han redefinido no sólo el concepto mismo de trabajo, harto androcéntrico, sino también el de “sindicalismo” mismo. Es así porque cuando se han nombrado como “trabajadoras” han desvelado las múltiples exclusiones que este concepto ha generado sobre las mujeres, al tiempo que han subvertido su significado para dignificar no sólo su actividad sino también sus vidas, en la medida en que, con ello, han interpelado a una ciudadanía que se pretende inclusiva.  

El Gobierno acusa de haberles colado un gol a las mujeres que, de forma valiente, dan la cara ante una sociedad capaz de decir sobre ellas las barbaridades que jamás le dirían a otro grupo social. No ha sido así cuando la patronal, ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne), se inscribió alegremente como asociación empresarial, sin que ni un solo gobierno haya desautorizado sus negocios, mirando hacia otro lado cuando los empresarios, excusándose en que no existe una relación laboral entre ellos y las mujeres, han impuesto sus condiciones de explotación. Aún más, han facilitado la expulsión de las mujeres de las calles de este país mediante la Ley de Seguridad Ciudadana y la proliferación de ordenanzas criminalizadoras, lo que generado el aplauso de los empresarios.  

Dice Dolores Juliano que la estigmatización de las trabajadoras del sexo no es casual, que responde a la necesidad que tiene la sociedad de evitar la revelación de ciertas verdades incómodas. Seguramente, aquí encontramos una de las claves para entender la irracionalidad con la que se ha respondido a OTRAS. Y es que, le pese a quién le pese, lo cierto es que numerosas organizaciones feministas y pro Derechos Humanos que trabajan con prostitutas recuerdan que si hay alguien que conoce perfectamente el mundo de las prostitutas son las propias mujeres. Son ellas las que saben quiénes son los explotadores y donde están, las que muchas veces ayudan a esconderse y escapar a una víctima de trata que tiene miedo de acudir a la policía porque puede ser deportada. Además, son ellas las que en numerosas ocasiones señalan a los distintos gobiernos como responsables de las políticas que criminalizan la prostitución en sus paranoicas cruzadas contra la inmigración irregular. Son ellas las que denuncian tantas violaciones de derechos cometidas impunemente por las fuerzas y cuerpos de seguridad que, a priori, deberían estar más para garantizar su protección que para atropellar su dignidad.  

Mientras tanto, los asesinatos a prostitutas siguen sin contar en las estadísticas de violencia machista y sigue sin derogarse la Ley Mordaza, que persigue y multa a las trabajadoras sexuales y que las expone al peligro de ejercer en lugares más inseguros en los que la vulnerabilidad es mayor. Por lo demás, esperemos que el Gobierno ceda en sus pretensiones, que reoriente su política, que no refuerce la división entre “buenas” y “malas mujeres” y, en suma, que haga lo necesario para que actúe como un gobierno feminista digno de llevar ese nombre.  

A este Gobierno no se le esperaba para reforzar la división entre las mujeres (ni entre las feministas), porque eso ya lo ha hecho el machismo imperante, sino más bien para dar respuesta a los anhelos de tantas mujeres que en los últimos tiempos han alzado la voz en aras del reconocimiento de sus múltiples y diferentes, e incluso contradictorias, realidades. A un gobierno progresista y feminista sólo se le puede exigir cierta coherencia para que acompañe a las mujeres en la defensa de sus derechos, y no se ponga del lado de los empresarios del sexo, ya que de facto es así desde el momento en el que pretenden anular una herramienta de organización que les podría hacer frente tanto a ellos en particular como a las prácticas machistas en general.  

Cal preguntar-se què ha passat perquè el sector abolicionista de la prostitució no hagi emprès una campanya similar a l'actual i amb el mateixa acarnissament contra la violència de l'ordenança municipal del civisme vigent des de 2006

Per bé o per mal, no sembla senzill evitar que els anomenats “ajuntaments del canvi” estiguin situats en el punt de mira dia sí i dia també. Aquesta vegada, és l'ajuntament de Barcelona per la decisió valenta del seu equip de govern sobre la prostitució al carrer. A diferència de l'anterior govern de CiU, Barcelona en Comú trenca amb l'estigmatització en reconèixer les treballadores sexuals com a subjectes polítics amb autonomia per decidir responsablement sobre les seves vides.

Així doncs, la demanda dels col·lectius de prostitutes contra un tracte de “segona” per part dels poders públics comença a veure's satisfeta. És lògic pensar que no hi ha raons reals per negar aquesta correspondència, però en determinats sectors socials subsisteixen posicions que tanquen aquestes dones en categories abstractes que, al final, acaben caricaturitzant-les fins al punt de la deshumanització. Bona part d'aquesta oposició respon a enfocaments feministes coneguts habitualment com a “abolicionistes”. D'aquí que algunes jutgem imperiosa la crítica al nucli del seu discurs, tot i que comptant amb alternatives al mateix.

En aquestes últimes setmanes, la premsa ha disparat les alarmes: Ada Colau vol regular la prostitució. I com sempre, el relat mediàtic dista bastant de les intencions reals de l'equip d'Ada Colau, més quan les competències per a aquesta tasca són inexistents. De moment, l'ajuntament és contrari a la normativa actual que acull la criminalització de les treballadores sexuals, de manera que aposta per l'articulació d'un marc de protecció per un exercici del treball sexual en millors condicions -d'higiene, per exemple- al mateix temps que procura alternatives sociolaborals dignes per aquelles dones que desitgin abandonar aquesta activitat.

D'alguna manera, amb això es respon a les reclamacions dels col·lectius de prostitutes que, d'altra banda, s'han resistit al silenci davant les primeres mobilitzacions de sectors abolicionistes pròxims a CiU i al PSC, recordant-los la seva responsabilitat en l'empobriment i la precarització de les seves vides. En aquesta línia, la regidora de Feminismes, LGTBI i Cicle de la Vida, Laura Pérez, ha llançat un article molt valent on traça una assenyada línia vermella alhora que marca una fita històrica: “les putes també són dones, també s'organitzen , també tenen veu”. Touché.

Amb aquesta declaració, manifesta un gir radical respecte al tractament del govern de Xavier Trias i de les institucions i partits en general, sempre assumint que elles no tenen facultats per a decidir sobre les seves vides. Ben diferent és el discurs polític que acompanya la campanya amb la qual algunes alcaldesses de la zona metropolitana de Barcelona, Cristina Simó -del PCE i Moviment Democràtic de Dones- i alguns col·lectius feministes propers al PSOE pretenen a afrontar l'ajuntament de Barcelona -curioses companyes de viatge, sí, tota una amalgama-.

Amb seguretat, és possible afirmar que no hi ha res de nou sota el sol a l'argumentació que dirigeixen cap al consistori, tot i que sorprèn que s'agafin descaradament en tot el seu discurs a la “possible regulació”. De veritat ignoren que això és impossible des d'una administració local? Grosso modo, la seva posició política diguem que compta amb tres aspectes cardinals freqüents en l'abolicionisme, a saber: a) la negació d'un estatus de subjecte per a les prostitutes, generant una evident discordança respecte al criteri normatiu que mantenen per la resta de dones; b) l'articulació d'un relat sobre la migració femenina on s'anul·la l'agència de les implicades, creant “víctimes sense projecte migratori”; i c) una concepció de la sexualitat femenina i masculina en termes d'antagonisme.

Per descomptat que es tracta d'una evident resurrecció del feminisme cultural, liderat per Andrea Dworkin i Catherine Mackinnon en els seus orígens, que ha entès la sexualitat com un espai marcat irremeiablement pel perill i com un mecanisme categòric per ratificar la subordinació als homes. És verídic que aquest paradigma ha tingut un impacte en el feminisme espanyol diferent al cas nord-americà, encara que sembla que en ambdós casos ha comptat amb posicions de privilegi en la mesura que circula còmodament tant pels mitjans de comunicació com per diferents instàncies governamentals , presentant-se, amb més o menys èxit, com la postura oficial del feminisme.

D'altra banda, algunes pensem que aquest sector acostuma a manifestar-se sempre que percep cert perill per a la seva hegemonia. I això succeeix quan les putes aconsegueixen certa legitimitat i les seves veus deixen de ser definides com a “mer soroll” - parafrasejant Ranciére-. Aquest cop no ha estat molt diferent ja que en les declaracions enviades a premsa no existeix ni una censura de les polítiques impulsades per l'anterior govern de CiU i molt menys cap al·lusió a les queixes de les dones. En canvi, és per celebrar que la regidora Laura Pérez no dubti en expressar la seva condemna, subratllant alhora que la seva extinció com a normativa municipal constitueix el nucli dur de les intencions del govern local.

Després, cal preguntar-se què ha passat en aquest temps perquè aquest sector no hagi emprès una campanya similar a l'actual i amb el mateixa acarnissament, contra la violència de l'ordenança municipal del civisme vigent des de 2006. És que els freqüents atropellaments que han patit les dones per part dels cossos i forces de seguretat no constitueixen agressions amb una motivació clarament patriarcal? Afortunadament, i sobretot a Barcelona, les treballadores sexuals s'han organitzat de diferents maneres no només per oposar-se a aquestes pràctiques sinó a més per impedir la seva invisibilitat com a violència comptant, dit sigui de passada, amb el suport d'una part gens menyspreable del feminisme català .

La campanya abolicionista que intenta subvertir la intenció del govern municipal recorda al que Jeffrey Weeks, històric activista i intel·lectual gai, va encunyar com a “pànic moral”. Amb aquest terme, nomena una operació política que, servint-se de les possibilitats materials que ofereixen els mitjans de comunicació de masses, construeix una amenaça -sexual gairebé sempre- per la pau social amb una presentació estigmatitzant dels actors implicats, els quals acaben patint la intervenció de les pràctiques punitives necessàries per generar un imaginari social que transmeti calma a costa, això sí, de fabricar o incrementar víctimes particulars.

Si analitzem ara el discurs dominant sobre prostitució femenina és possible trobar en la sexualitat i en les migracions -dues realitats saturats per se d'elements farisaics i fantásticos- articulant en un relat d'època que desperta totes les alarmes. De la seva reeixida construcció depèn l'acceptació social de les polítiques que, malgrat ser presentades com iniciatives contra el “tràfic i la tracta”, criminalitzen tot l'entorn de la prostitució i els fluxos migratoris no ordenats pels estats. I quina útil resulta simplificar tot amb una gramàtica emocional, amb termes com “màfies” o “tracta de blanques”, per despolititzar les causes estructurals de la feminització de les migracions!

Aquests discursos impugnen les posicions que moltes dones han ocupat històricament en les cadenes migratòries per tal d'assentar una relació metonímica entre tracta, tràfic i prostitució. És més greu encara quan en certs discursos feministes no hi ha cap judici crític amb aquest tractament mainstreaming del tràfic que, més que perseguir el delicte i protegir les dones supervivents, emprèn una croada contra la immigració irregular localitzada en diferents nivells de la indústria del sexe, carregant contra aquelles dones amb major autonomia migratòria sota la rúbrica del delicte de tràfic.

La conseqüència més evident és la implantació d'un clima de por i desconfiança que fa que moltes persones migrants, moltes dones, no denunciïn situacions d'abús per la por de ser deportades als seus països d'origen. D'aquí resulta imperiosa la necessitat del disseny d'altres polítiques que garanteixin abans de res els drets de les dones embolicades en situacions de tràfic i violències diverses, la qual cosa suposa una ruptura amb el paradigma que impregna la campanya abolicionista amb un marcat caràcter punitiu i securitari propi del neoliberalisme actual i la seva corresponent “racionalitat migratòria”. L'adopció d'una òptica diferent obriria la porta a la reflexió al voltant de preguntes com ara: per què no hem apostat en cap moment per entrenar a les pròpies dones per a la identificació de víctimes de tracta? Podríem imaginar alguna campanya que interpel·li als clients perquè aquests denunciïn si detecten que hi ha un delicte?

En efecte, hem tocat la qüestió del tràfic perquè aparenta ser un punt de consens entre les diferents posicions feministes, encara que no ha estat necessària una suspensió del judici davant una metodologia clarament errònia. Després, la veritat és que aquest “marc interpretatiu” mai hagués estat possible sense les experiències, els “coneixement situats”, de les treballadores sexuals.

És més, aquest debat no floriria sense la influència de la lluita política de tantes dones que han enfrontat l'estigma i alçat la seva veu en l'espai públic, lloc en el qual és possible, segons el parer del pensament de Hannah Arendt, cobrar existència política sota la mirada de tots/es. Es podria dir, com es fa des d'alguns sectors, que el reconeixement de drets per a les prostitutes respon a interessos empresarials, poc lloables en suma, però la veritat és que resulta poc ètic negar la seva construcció com a subjecte polític que, al capdavall, és el que motiva la discussió en el pla institucional.

Després de tot, els “ajuntaments del canvi” mantenen la il·lusió amb la seva particular “expansió del camp del possible”. A hores d'ara de la pel·lícula, de sobres coneixem que la gestió institucional no és “bufar i fer ampolles”, ja que la subversió de l'statu quo per garantir una vida més digna col·lectiva està lluny de ser un procés lliure de conflictes, inherents a tot canvi social. Del que es dedueix que aquelles campanyes que utilitzen la prostitució com a munició en una bruta declaració de guerra contra el consistori català no constitueixen una rara avis.

És imprescindible el constrenyiment d'una societat civil organitzada i polititzada i d'aquí la insistència en el cas de les prostitutes. Però no està de més apel·lar a la responsabilitat col·lectiva en un moment on les necessitats i demandes de les dones van ocupant la “centralitat” de la política municipalista, i més si el contrari pot fer perillar un horitzó democràtic i igualitari. De la mateixa manera, responsabilitat i temprança en l'acció institucional per esquivar qualsevol obstacle que pugui impedir una cosa tan bàsica en democràcia com és el reconeixement de drets per a totes les dones, fins i tot per aquelles que exciten tantes alarmes en certs sectors.

Afortunadamente, y sobre todo en Barcelona, las trabajadoras sexuales se han organizado de diferentes formas no solo para oponerse a estas prácticas sino además para impedir su invisibilidad como violencia

Para bien o para mal, no parece sencillo evitar que los llamados “ayuntamientos del cambio” sean situados en el punto de mira día sí y día también. Esta vez, es el ayuntamiento de Barcelona por la valiente decisión de su equipo de gobierno sobre la prostitución callejera. A diferencia del anterior gobierno de CiU, Barcelona en Comú rompe con la estigmatización al reconocer a las trabajadoras sexuales como sujetos políticos con autonomía para decidir responsablemente sobre sus vidas. Así pues, la demanda de los colectivos de prostitutas contra un trato de “segunda” por parte de los poderes públicos comienza a verse satisfecha. Es lógico pensar que no existen razones reales para negar esa correspondencia, pero en determinados sectores sociales subsisten posiciones que encierran a estas mujeres en categorías abstractas que, al final, terminan caricaturizándolas hasta el punto de la deshumanización. Buena parte de esta oposición responde a enfoques feministas conocidos habitualmente como “abolicionistas”. De ahí que algunas juzguemos imperiosa la crítica al núcleo de su discurso, si bien contando con alternativas al mismo.

En estas últimas semanas, la prensa ha disparado las alarmas: Ada Colau quiere regular la prostitución. Y como siempre, el relato mediático dista bastante de las intenciones reales del equipo de Ada Colau, máxime cuando las competencias para esa labor son inexistentes. Por el momento, el ayuntamiento es contrario a la normativa actual que cobija la criminalización de las trabajadoras sexuales, por lo que apuesta por la articulación de un marco de protección para un ejercicio del trabajo sexual en mejores condiciones –de higiene, por ejemplo- al mismo tiempo que procura alternativas socio-laborales dignas para aquellas mujeres que deseen abandonar esta actividad. De alguna manera, con esto se responde a las reclamas de los colectivos de prostitutas que, por otra parte, se han resistido al silencio ante las primeras movilizaciones de sectores abolicionistas próximos a CiU y al PSC, recordándoles su responsabilidad en el empobrecimiento y la precarización de sus vidas. En esta línea, la concejala de Feminismos, LGTBI y Ciclo de la Vida, Laura Pérez, ha lanzado un artículo muy valiente donde traza una sensata línea roja a la vez que marca un hito histórico: “las putas también son mujeres, también se organizan, también tiene voz”. Touché. Con esa declaración, manifiesta un giro radical respecto al tratamiento del gobierno de Xavier Trías y de las instituciones y partidos en general, siempre asumiendo que ellas carecen de facultades para decidir sobre sus vidas. Bien distinto es el discurso político que acompaña la campaña con la que algunas alcaldesas de la zona metropolitana de Barcelona, Cristina Simó –del PCE y Movimiento Democrático de Mujeres- y algunos colectivos feministas cercanos al PSOE pretenden afrentar al ayuntamiento de Barcelona –curiosas compañeras de viaje, sí, toda una amalgama–. 

Con seguridad, es posible afirmar que no hay nada nuevo bajo el sol en la argumentación que dirigen hacia el consistorio, si bien sorprende que se agarren descaradamente en todo su discurso a la “posible regulación”, pues ¿de verdad ignoran que eso es imposible desde una administración local? Grosso modo, su posición política digamos que cuenta con tres aspectos cardinales frecuentes en el abolicionismo, a saber: a) la negación de un estatus de sujeto para las prostitutas, generando una evidente discordancia respecto al criterio normativo que mantienen para el resto de mujeres; b) la articulación de un relato sobre la migración femenina donde se anula la agencia de las implicadas, creando “víctimas sin proyecto migratorio”;  y c)  una concepción de la sexualidad femenina y masculina en términos de antagonismo. Por supuesto que se trata de una evidente resurrección del feminismo cultural, liderado por Andrea Dworkin y Catherine Mackinnon en sus orígenes, que ha entendido la sexualidad como un espacio marcado irremediablemente por el peligro y como un mecanismo categórico para ratificar la subordinación a los hombres. Luego, es verídico que este paradigma ha tenido un impacto en el feminismo español diferente al caso norteamericano, aunque parece que en ambos casos ha contado con posiciones de privilegio en la medida en que circula cómodamente tanto por los medios de comunicación como por diferentes instancias gubernamentales, presentándose, con mayor o menor éxito, como la postura oficial del feminismo.

Por otra parte, algunas pensamos que este sector acostumbra a manifestarse siempre que percibe cierto peligro para su hegemonía. Y eso sucede cuando las putas logran cierta legitimidad y sus voces dejan de ser definidas como “mero ruido”- parafraseando a Ranciére-. Esta vez no ha sido muy diferente pues en las declaraciones enviadas a prensa no existe ni una censura de las políticas impulsadas por el anterior gobierno de CiU y mucho menos alusión alguna a las quejas de las mujeres. En cambio, es celebrable que la concejala Laura Pérez no dude en expresar su condena, subrayando a la vez que su extinción como normativa municipal constituye el núcleo duro de las intenciones del gobierno local. Luego, cabe preguntarse qué ha acaecido en este tiempo para que este sector no haya emprendido una campaña, similar a la actual y con la misma saña, contra la violencia de la ordenanza municipal vigente desde 2006. ¿Acaso los frecuentes atropellos que han sufrido las mujeres por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad no constituyen agresiones con una motivación claramente patriarcal? Afortunadamente, y sobre todo en Barcelona, las trabajadoras sexuales se han organizado de diferentes formas no solo para oponerse a estas prácticas sino además para impedir su invisibilidad como violencia contando, dicho sea de paso, con el apoyo de una parte nada despreciable del feminismo catalán.

La campaña abolicionista que intenta subvertir la intención del gobierno municipal recuerda a lo que Jeffrey Weeks, histórico activista e intelectual gay, acuñó como “pánico moral”. Con este término, nombra una operación política que, sirviéndose de las posibilidades materiales que ofrecen los mass media, construye una amenaza –sexual casi siempre- para la paz social con una presentación estigmatizante de los actores implicados, los cuales terminan sufriendo la intervención de las prácticas punitivas necesarias para generar un imaginario social que trasmita calma a costa, eso sí, de fabricar o incrementar víctimas particulares. Si analizamos ahora el discurso dominante sobre prostitución femenina es posible encontrar a la sexualidad y a las migraciones -dos realidades saturadas per se de elementos farisaicos y fantásticos- articulándose en un relato de época que despierta todas las alarmas. De su exitosa  construcción depende la aceptación social de las políticas que, pese a ser presentadas como iniciativas contra el “tráfico y la trata”, criminalizan todo el entorno de la prostitución y los flujos migratorios no ordenados por los estados. ¡Y qué útil resulta simplificar todo con una gramática emocional, con términos como “mafias” o “trata de blancas”, para despolitizar las causas estructurales de la feminización de las migraciones!

Estos discursos impugnan las posiciones que muchas mujeres han ocupado históricamente en las cadenas migratorias a fin de asentar una relación metonímica entre trata, tráfico y prostitución. Es más grave aún si cabe cuando en ciertos discursos feministas no media juicio crítico alguno con ese tratamiento mainstreaming de la trata que, más que perseguir el delito y proteger a las mujeres supervivientes, emprende una cruzada contra la inmigración irregular localizada en diferentes niveles de la industria del sexo, cargando contra aquellas mujeres con mayor autonomía migratoria bajo la rúbrica del delito de trata. La consecuencia más evidente es la implantación de un clima de miedo y desconfianza que hace que muchas personas migrantes, muchas mujeres, no denuncien situaciones de abuso por el temor a ser deportadas a sus países de origen. De aquí resulta imperiosa la necesidad del diseño de otras políticas que garanticen ante todo los derechos de las mujeres envueltas en situaciones de trata y violencias varias, lo que supone una ruptura con el paradigma que impregna la campaña abolicionista con un marcado carácter punitivo y securitario propio del neoliberalismo actual y su correspondiente “racionalidad migratoria”. La adopción de una óptica distinta abriría la puerta a la reflexión en torno a preguntas tales como: ¿por qué no hemos apostado en ningún momento por entrenar a las propias mujeres para la identificación de víctimas de trata? ¿Y podríamos imaginar alguna campaña que interpele a los clientes para que estos denuncien si detectan que existe un delito?

En efecto, hemos tocado la cuestión de la trata porque aparenta ser un punto de consenso entre las diferentes posiciones feministas, aunque no ha sido necesaria una suspensión del juicio ante una metodología claramente errónea. Luego, lo cierto es que este “marco interpretativo” nunca hubiera sido posible sin las experiencias, los “conocimiento situados”, de las trabajadoras sexuales. Es más, este debate no florecería sin la influencia de la lucha política de tantas mujeres que han enfrentado el estigma y alzado su voz en el espacio público, lugar en el que es posible, a juicio del pensamiento de Hannah Arendt, cobrar existencia política bajo la mirada de todos/as. Podría decirse, como se hace desde algunos sectores, que el reconocimiento de derechos para las prostitutas responde a intereses empresariales, poco loables en suma, pero lo cierto es que resulta poco ético negar su construcción como sujeto político que, a fin de cuentas, es lo que motiva la discusión en el plano institucional.

Después de todo, los “ayuntamientos del cambio” mantienen la ilusión con su particular “expansión del campo de lo posible”. A estas alturas de la película, de sobra  conocemos que la gestión institucional no es “coser y cantar”, pues la subversión del statu quo para garantizar una vida más digna colectiva está lejos de ser un proceso libre de conflictos, inherentes a todo cambio social. De lo que se deduce que aquellas campañas que utilizan la prostitución como munición en una sucia declaración de guerra contra el consistorio catalán no constituyen una rara avis. Es imprescindible el apremio de una sociedad civil organizada y politizada y de ahí la insistencia en el caso de las prostitutas. Pero no está de más apelar a la responsabilidad colectiva en un momento donde las necesidades y demandas de las mujeres van ocupando la “centralidad” de la política municipalista, máxime si lo contrario puede hacer peligrar un horizonte democrático e igualitario. De igual modo, responsabilidad y templanza en la acción institucional para sortear cualquier obstáculo que pueda impedir algo tan básico en democracia como es el reconocimiento de derechos para todas las mujeres, incluso para aquellas que excitan tantas alarmas en ciertos sectores.

Ahora mismo, no recuerdo ni un solo día en las últimas semanas en el que hayamos obviado la lacra de la violencia machista. Nuestra sociedad sigue en su empeño por mantener una jerarquía entre los géneros, entre hombres y mujeres, como efectos performativos de un orden social concreto. En otras palabras, se trata de papeles sociales, aparentemente “naturales”, que sostienen representaciones para una obra de teatro que funciona como si de una dinámica divina se tratase. Con cada agresión y cada asesinato, se renueva este orden que afianza el terror para más de la mitad de la población, recordando a todas las mujeres que ninguna está a salvo de ser agredida por el mero hecho de ser mujer.

En efecto, afirmo la existencia de importantes conexiones entre la violencia de género y las agresiones a gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex (en adelante LGTBi-fobia). Antes bien, soy consciente de las diferencias entre unas y otras, pues como marica aún no vivo con el miedo a la violencia sexual en la madrugada aunque sí con ser apaleada por un grupo de varones que termina su fiesta demostrando lo “machos que son”. Ambas amenazas son entendidas como una llamada al orden para que todo siga igual, sin resistencias a la subordinación. Conceptualizar el heteropatriarcado como un entramado de relaciones de poder, implica admitir que los mayores índices de violencia sobrevendrán si se suscita una mayor insubordinación. Si la resistencia a la subordinación es menor, la necesidad de la coerción se esfuma. Aquí entra en juego la famosa hegemonía que, cuando es cuestionada, siempre deja paso a la fuerza. Esta última puede expresarse, por ejemplo, con la violación como práctica performativa que inscribe en los cuerpos la sumisión aceptable para el varón, pero igualmente con aquellas agresiones que resultan de la obsesión masculina por protegerse de lo homosexual, ya que en el fondo es bien sabido que no hay nada que también le impida serlo. Luego, ¿qué se supone que ocurre con aquellas personas trans que desestabilizan tanto las normas de género como las sexuales, aunque no sea de forma consciente?  ¿El odio hacia las personas trans –la transfobia- podría ser entendido como el efecto de una práctica en la que interviene tanto el sexismo como la homofobia?

La semana pasada, en el barrio madrileño de Tetuán, una mujer trans de 26 años fue brutalmente golpeada cuando se dirigía a un bar sobre las seis de la mañana. Según la prensa, su cuerpo se convirtió en un “campo de guerra”, en un espacio donde se ejerció la más brutal violencia. Lo corporal volvió a constituirse como un territorio apropiado para portar mensajes cifrados para otros hombres. Tras conocer que recibió insultos tales como “puta” y “maricón” no parece descabellado interpretar este cometido como si de una advertencia para el resto de varones se tratase, al señalar el precio a pagar por ocupar esa feminidad tan repudiada -como deseada-.Confirma que la identidad masculina, al decir de Elisabeth Badinter, se hace posible negando lo femenino, lo infantil y, por supuesto, lo marica. ¿No parece innegable la conexión entre la sexualidad y el género, entre la heterosexualidad como norma social hegemónica y las coercitivas normas de género? Las violencias mencionadas no parecen prácticas aisladas y radicalmente autónomas, pese a las particularidades de cada una, máxime cuando la heterosexualidad, como norma sexual que se presenta como “natural”, parece depender del equilibrio de esas posiciones sociales que ocupan hombres y mujeres.

Del mismo modo, la hora del suceso nos sugiere la posibilidad de especular con algunas de las motivaciones de esta agresión, extensible a tantas otras. Si  hasta el momento la consigna “la noche y las calles también son nuestras” no ha podido ser archivada por las feministas en el fondo de un cajón, es debido a que el espacio público es uno de los terrenos donde los varones aún demuestran su virilidad de diversas formas. Ya sea agrediendo a un marica que vuelve solo a su casa, ya sea apaleando a una trans mientras dos colegas les contemplan, como ocurrió en el caso que nos ataña según la prensa. Tristemente, esos espectadores suelen ser necesarios para que la virilidad manifestada sea reconocida. Aunque no se haya recalcado en el espacio mediático, huelga decir que siempre se trató de un caso de “violencia de género”.

Una semana más tarde, esta mujer superviviente declaraba sentir miedo de salir a calle ante la posibilidad de toparse con aquellos que pretenden autodesignarse como sus  “dueños”. Este hecho refrenda la lógica patriarcal del reparto de esferas, donde el espacio público aparece como terreno de dominio masculino y heterosexual. Sin duda, todo un éxito patriarcal al lograrse el reclutamiento de sí en el espacio privado, allí donde no puede visible, mucho menos a una hora que no habrán razonado demasiado digna para una “señorita”- por especular a través del “no-pensamiento” misógino de los agresores-.

Afortunadamente, estas violencias son contestadas desde la lucha política feminista, como exitosamente ha ocurrido con la violencia legal del proyecto de Gallardón que pretendía negar el derecho de las mujeres a su autonomía corporal. La patologización de los cuerpos trans insiste en la negación de esta misma potestad, siendo igualmente repudiada desde la acción política democrática en los feminismos y colectivos LGTBI. La importancia de estas hazañas reside en su capacidad para desbaratar la nociva tentación de encasillar a las mujeres en una rígida posición de víctimas, incapaces de hacer frente a las múltiples violencias que reproducen un orden social incompatible con los valores democráticos.

De las luchas contra la LGTBI-fobia y la violencia de género puede vislumbrarse una posible lógica de equivalencias –según la política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe- entre demandas disparejas susceptibles de ser articuladas en torno a esos “puntos nodales” que nos permiten hablar de “hegemonía”. Hablamos de una operación política que aglutina a diferentes demandas en equivalencia en torno identidades viables a partir de su relación de oposición con un tercero que amenaza su existencia, como es el caso de la famosa “casta” y su mafioso modus operandi, o el de una jerarquía eclesiástica cuyo “pensamiento” homófobo y misógino es difícilmente digerido por unas maduras mayorías sociales.

Durante la celebración de la primera Universidad de verano de Podemos, Clara Serra, querida amiga y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, en su brillante intervención remarcó el carácter contingente de toda práctica política feminista comprometida con la hegemonía. Desde ahí, parecía simpatizar con una posible articulación entre las luchas contra la violencia de género y aquellas que se alzan contra la violencia hacia personas LGTBI. Compartimos la propuesta, máxime cuando ella misma resalta las equivalencias existentes entre sí y que se cristalizan en relaciones de antagonismo con una “casta” que solo ofrece parches para esta lacra. Esta proposición supone todo un reto para diferentes agentes sociales y de ninguna manera puede ser imaginado exento de conflictos políticamente productivos.

En la disputa por los “los significados”, por la hegemonía, no puede faltar un combate por la apropiación de la universalidad de conceptos políticos que resultan clave para la transformación, como la noción “democracia”. Conocidas feministas como Judith Butler suelen insistir en el potencial de las prácticas de resignificación, recalcando la importancia que posee el pleito por los significados al no obviar lo que se juega en ello: tanto posible resulta reforzar un sentido común que naturalice la violencia como, en un sentido distinto, se le podría tachar como incompatible con los valores democráticos. Parafraseando otra vez a la colega Clara, el feminismo ganador, aquel en el que me incluyo, insiste en la imposibilidad de la democracia si el actual poder político desprecia las vidas de más de la mitad de la población. Lo anterior se corrobora cuando se omite la urgente prevención de la homofobia y el sexismo, se prescinde de la ampliación de derechos o se favorece la dependencia económica de las mujeres. La democracia nunca será tal si cada día hay una menos. Solo aquel sistema político que priorice la financiación de una educación pública sensible con la igualdad y la diversidad frente a la tiranía de una troika, que ahonda en las miserias de las mujeres en particular y de la sociedad en general, podrá ser digno de abanderarse como democrático. Por todo lo dicho, es obvio que tenemos el deber de apostar por una nueva hegemonía para que esa vieja, aunque aggiornada, violencia machista no tenga razón de ser en una democracia cuyo significado estará en conflicto permanente con aquellos que siempre han declinado, por ejemplo, el presupuesto de las normativas contra la violencia, renovando de paso un misógino orden social que, con toda seguridad, no amenaza ni sus vidas ni tampoco sus bolsillos.

La ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas (Gerda Lerner, 'La construcción del patriarcado', 1986).

Puede que los motivos que han llevado a Rivera y Ciudadanos a proponer la regulación de la prostitución no sean los más loables –ni loables a secas–, pero al menos han contribuido a que se reabra un debate vital para muchas mujeres, que siempre se cierra en falso y con alguna que otra demonización extra.

Decimos que los motivos de Ciudadanos no son inocentes porque, como buenos neoliberales, están motivados por lo exclusivamente económico (“con la regulación de la prostitución se podrían recaudar 6.000 millones de euros”, decía Albert Rivera) pero se disfraza de empatía (“estas personas parece que no existen, pero sí que están ahí, y tienen su sufrimiento y sus derechos”) para humanizar su discurso y conmover a la opinión pública, arañando votos a la vez de dos grandes sectores del electorado: los más preocupados por la economía y los más preocupados por lo social.

No es difícil ver la hipocresía en su argumentario, ya que Ciudadanos no se ha preocupado hasta ahora de sectores oprimidos, más bien se desentiende de ellos: recordemos que ya se ha posicionado claramente en contra de la cobertura sanitaria de los sin papeles, apelando –cómo no– a lo económico. Una regulación desde esta posición tendría el resultado holandés: dura legislación migratoria, correlación de fuerzas favorable para la patronal y muchas mujeres aún excluidas de las garantías que otras ahora obtienen de forma parcial y precaria.

Pero dejemos de lado el motivo mediático que ha reabierto el debate y centrémonos en las reacciones de unos y otros partidos (favorables al feminismo incluidos) que, por unanimidad, han negado la posibilidad de abrir la puerta de la ciudadanía a las mujeres que comercian con servicios sexuales.

De entrada, deberíamos resaltar que no parece muy feminista obviar el hecho de que las putas llevan décadas manifestándose y luchando contra las ordenanzas prohibicionistas y organizándose en colectivos, como Hetaira o Prostitutas indignadas, por todo el mundo, máxime cuando la genealogía feminista es un arma imprescindible para la transformación que nos ocupa.

Luego se pretende plasmar una postura más digna y realista resignificando un debate que hasta ahora no ha sido especialmente democrático ni saludable. Prueba de ello es que el grueso de los “argumentos” utilizados es un amalgama de falacias basadas en la apelación a la misericordia –entre otras– a fin de remover sentimientos: prostituidas, traficadas, comercio de órganos, explotación de niñas, prostituidores, venta del “cuerpo”… Una batería de significantes negativos que hace que cualquiera que les contradiga parezca un monstruo sin sentimientos. Sin embargo, seguiremos intentando defender una posición que tome partido por ellas, que al fin y al cabo son las que tienen más que opinar.

Ante la propuesta de Ciudadanos, el PSOE expuso que lo que ellos defienden “son sueldos dignos y que nadie tenga la obligación de prostituirse” (como si en los años de Gobierno del PSOE hubieran existido dichos sueldos y no la prostitución), reprochándole a Rivera su aprobación para que “se comercie con los cuerpos de las mujeres” y añadiendo que ellos “estarán siempre a favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres, especialmente de las más jóvenes”.

Es paradójico que el PSOE, partido que redactó la Ley Integral contra la Violencia de Género y que dejó fuera de su definición –y, por lo tanto, de su cobertura– a las prostitutas y que les niega la posibilidad de otorgarles derechos, se agarre ahora al “estamos a favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres”.

Por otra parte, resulta lamentable que haya sido Ciudadanos el que ocupe un lugar que deberían estar ocupando fuerzas rupturistas, como IU, que han optado por ignorar siempre generando un impasse en su propia cultura política, que siempre intenta dar voz a los de abajo. Por esto último, resulta incomprensible su veto en el caso de las trabajadoras sexuales. Por lo demás, esperamos que, en el caso de Podemos, la ciudadanía a la que apelan no quede obstruida para estas mujeres.

El Partido Popular, en boca de su portavoz, Rafael Hernando, también se mostró contrario, claro. El PP representa perfectamente a la derecha hipócrita que saca tajada de vincular prostitución con violencia de género para sus intereses religiosos, alegando que regular la prostitución supone legitimar la violencia contra las mujeres o, en palabras de Ana Botella, “la prostitución va contra la dignidad del ser humano”. Lo cierto es que, mientras el mensaje dominante incorpora tintes puritanos y eslóganes liberales, la situación de estas mujeres permanece igual: siguen siendo las de abajo, las grandes ignoradas.

La derecha siempre ha utilizado muy bien el discurso contra la violencia sobre las mujeres para, paradójicamente, limitar su autonomía, produciendo mayor violencia aún sobre ellas. Recordemos las palabras de Gallardón sobre el aborto: “Existe una violencia estructural que obliga a las mujeres a abortar”, y sustituyamos “abortar” por “prostituirse”. Su objetivo es negar la capacidad que tenemos las mujeres, las trabajadoras sexuales en este caso, para tomar las riendas de nuestra vida en un marco estructural no elegido, ya de por sí injusto y duro, que siempre será peor si se niega su capacidad de reflexionar y decidir sobre qué hacer ante su propia realidad. Los discursos que quieren que sean vistas como víctimas irrecuperables son perfectos para desempoderar y negar su capacidad de acción política.

Además de estas políticas 'salvacionistas', tenemos las abolicionistas y prohibicionistas que ya se están aplicando en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla, donde se han impulsado todo tipo de atropellos: desde redadas, multas a clientes y a las chicas, restricción de la libre circulación o agresiones por parte de una policía que no es denunciada porque posee los “papeles” que una ecuatoriana o tailandesa 'trans' no posee.

Estas ordenanzas han sido contestadas desde colectivos como los ya mencionados, en alianza con otros colectivos feministas, sindicales, migrantes, LGTBI y con candidaturas de unidad popular, como Barcelona en Comú. Allá donde hay una normativa de este tipo, es muy seguro que se pretenda gentrificar la zona: un invento neoliberal que consigue limpiar el área de aquello que se quiere invisibilizar y desplazarlo de forma silenciosa, 'adecentando' así la zona para que la ocupen sectores de un mayor nivel adquisitivo. Es el caso del barrio del Raval en Barcelona o la trasera de Gran Vía, junto a la plaza de la Luna, en Madrid.

La prostitución no deja de ser un trabajo ejercido en su mayoría por mujeres, muchas de ellas migrantes, que lo valoran como la mejor salida posible, nos guste o no, ante la feminización de la supervivencia. Pero no es un trabajo al uso; si así fuera, no haría falta este alegato, claro. Esta actividad, además de situarse en la tradición patriarcal que minusvalora los trabajos femeninos, conlleva un estigma que prepara a las mujeres para la exclusión y la violencia, que facilita su explotación y que acalla sus voces: relatos que pueden incluso poner en jaque el mito de la independencia masculina, ya que parece obvio que necesitan de sus servicios para tener compañía, comunicación, algún cariño y, en definitiva, los cuidados que sustraen de todas las mujeres, solo que en este caso ellas cobran por ellos. Posiblemente ese sea el gran delito: cobrar por algo que debería ser gratuito y por “amor”.

El estigma con el que cargan las prostitutas se crea al compás de la construcción social que se ha hecho de la sexualidad femenina, esa sexualidad con la que las mujeres debemos tener cuidado si no queremos ser acusadas de “puta” y que nos limita. “Puta” es la otra cara de la moneda del “maricón” para los hombres –aquello que no “deben ser”–, una injuria que afecta a todas las mujeres creándose un 'ellas' y un 'nosotras'. Quizás desde aquí habría que pensar que las fracciones de las feministas en torno al trabajo sexual alguna relación pueden tener con esa división 'ellas'-'nosotras'.

Y al estigma anterior se añade la caracterización de las mujeres como “esclavas sexuales”. Ante esta etiqueta, las profesionales del sexo apelan a su libertad, pero remarquemos que no 'libertad' en su sentido estricto: ninguna somos libres, ni siquiera aquella que cree serlo porque trabaja en el McDonald's de la calle Montera y no en las esquinas de la misma calle. Esta estigmatización es muy útil para la misoginia porque produce un efecto espejo invertido: define a las prostitutas como el paradigma del sometimiento patriarcal a diferencia de las que no ejercemos la prostitución, haciéndonos creer que somos ajenas a la estructura de dominación masculina. Esto dificulta la toma de conciencia de que la desigualdad nos afecta a todas las mujeres como mujeres.

UPyD también rechazó considerar la prostitución como trabajo, basándose en conceptos igual de superficiales que el resto. Todos los partidos usaron los conceptos “libertad” e “igualdad” en función de sus intereses, apropiándose de su universalidad. La libertad y la igualdad son un punto de llegada y no de partida, así que deberíamos descartar cualquier apelación a esos valores para justificar la existencia de cualquier trabajo, puesto que la articulación misma de 'trabajo' en nuestras sociedades, además de androcéntrica, resulta antagónica a la libertad misma. Aunque la industria del sexo es muy amplia y las mujeres pueden gozar de muchas condiciones diferentes entre ellas, hay una cosa que se hace común a todas: la necesidad de garantizar sus condiciones materiales de existencia.

Evidentemente, la trata tiene que ver –coincidiendo con el abolicionismo– con un sistema que empobrece a las mayorías sociales, haciendo de las mujeres “las más pobres entre los pobres”, como diría Dolores Juliano. Esa “feminización” de la pobreza limita sus opciones de vida y, sí, es lo que las empuja a vender servicios sexuales pero también a fregar letrinas y/o limpiar miserias ajenas en unas condiciones que no alarman a nadie.

La dominación masculina persigue a las mujeres en todas las facetas de la vida que les coloca en situaciones de poder frente al colectivo femenino. Esta ideología también niega nuestro estatus de seres sexuados, negándonos una sexualidad propia. Reconocer esto último puede alejarnos de las posiciones feministas que entienden que las relaciones heterosexuales son siempre relaciones de subordinación, donde las mujeres únicamente ocupan una posición de objeto.

Aunque no es un ejemplo de ello, sí que estas palabras de Beatriz Gimeno van en dicha línea: “Una relación sexual necesita de dos o más personas y aquí solo hay una parte, el hombre, teniendo sexo, mientras que la mujer está, en el mejor de los casos, esperando a que él acabe y en el peor, sufriendo”. No nos parece que recuperar el tópico de la sexualidad masculina siempre depredadora y la femenina siempre sumisa sea la mejor estrategia feminista, ya que no las reconoce como personas que intervienen en una realidad concreta con unos intereses propios, perdiendo así un principio fundacional del feminismo.

Cuando magnificamos la institución de la prostitución y la convertimos en el paradigma de la subordinación, es interesante sacar a colación a feministas como Simone de Beauvoir, Kollontai o Mary Wollstonecraft, que encontraban analogías entre el matrimonio y la prostitución, como dos caras de la misma moneda dentro del sistema que subordina las mujeres a los hombres: ¿cuánto de libres son las muchísimas mujeres que llevan décadas casadas con hombres a los que no les une ya el amor pero sí deudas, hipotecas e hijos; hombres con los que ya solo tienen en común el nivel de pobreza?

Otras posiciones se basan en la trata para defender su postura abolicionista, pero deberíamos optar por separar la trata de la prostitución porque, aunque permanece en el campo de la industria sexual, nos encontramos con dos realidades diferenciadas que necesitan respuestas específicas, al igual que nunca será igual la actuación política para el matrimonio “voluntario” que para los matrimonios forzosos. La posibilidad de ser objeto de trata representa, como toda violencia sexista, una forma de intimidación que se traduce en la necesidad del patriarcado de colectivizar y explotar a las mujeres como una propiedad de los varones.

Pero aun teniendo esto en cuenta, el discurso de la trata puede ser muy perverso, ya que se está usando para camuflar la actuación de todo un conjunto de prácticas represivas contra las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución: la legislación migratoria (creada para combatir la inmigración ilegal) es uno de los agentes que crea estas mafias de tratas, pero en vez de cambiarse esta legislación para acabar con las mafias se decide perseguir la prostitución. No deja de ser un argumento hipócrita que, además, nos recuerda todas las veces que hemos escuchado a políticos proclamar que las famosas cuchillas o concertinas en Ceuta son un mecanismo para “disuadir a las mafias de la inmigración”.

La conclusión es que no deberíamos comulgar con la filosofía del policía en las espaldas de las prostitutas y sí apostar por su autoorganización. Reconocerles derechos desde su posición de trabajadoras no implica abrir paso a la mercantilización de la sexualidad: no estamos proponiendo inventar algo sino actuar sobre lo que ya existe. Nadie debería aprobar la idea imperante de que es mejor que estén sin derechos que con ellos, más aún sabiendo que las políticas abolicionistas no acaban con la prostitución. Si a esto le añadimos, que no reconocer la prostitución como un trabajo con derechos supone enviar un mensaje a la sociedad que maquilla como éticamente aceptable la situación de marginación y explotación que sufren las trabajadoras sexuales (al final, son putas y ellas se lo buscan).

Decía Marx que los seres humanos hacemos nuestra propia historia a partir de unas circunstancias no elegidas, heredadas pero afrontables. La historia no deja de demostrar que cada colectivo oprimido tiene que edificar las condiciones de su propia liberación a través de su autoorganización y su articulación como sujeto político. Y esto ocurre cuando ellas se reafirman como trabajadoras sexuales y no como mujeres “prostituidas”. Se trataría, en este caso, de luchar contra el trabajo desde el puesto de trabajo, a través de prácticas políticas creadas en torno a colectivos sociales; un proyecto alternativo al neoliberalismo y al patriarcado. Solo así se puede abolir no la prostitución en sí, sino las condiciones que consiguen que sea una actividad practicada masivamente.

Al final, qué cosas, las realmente abolicionistas vamos a ser nosotras, las que estamos con las putas.

Es imprescindible concienciar a todas las personas LGTB de lo que supone la LGTBifobia sobre nuestras vidas, como una cuestión repudiable y contestable políticamente, al mismo nivel que debemos hacerlo en el caso de la violencia contra las mujeres como mujeres cuyas cifras son absolutamente pavorosas.

Con la besada en el Burguer King de Princesa (Madrid), el movimiento LGTBI triunfó al situar el asunto de las agresiones en la esfera pública, dada la enorme repercusión que la acción ha tenido en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Sin lugar a dudas, se trató de un ejercicio democrático contestatario y de empoderamiento que logró que la violencia que sufrimos no quedase silenciada.

Dos semanas más tarde, un grupo de neonazis agredieron físicamente a dos chicos gays en el Templo de Debod de la capital, siendo también contestada exitosamente por otra convocatoria política, colectiva y democrática. Ambos casos se suman a una larga lista que, hasta el momento, había quedado al margen de lo político. Una vez más, desde los colectivos sociales, desde la ciudadanía, hemos convertido el espacio público en un lugar disputado políticamente cuando hacemos visibles aquellas agresiones que demuestran que aún seguimos ancladas en una sociedad misógina y LGTBifóbica* a transformar.

Ciertamente, quién escribe estas palabras siente optimismo, a pesar de lo terrible del escenario. No podría ser de otra manera si no obviamos el revuelo que han tenido las diversas acciones políticas, irrumpiendo en diversos espacios de los medios de comunicación, en los partidos políticos, las entidades sociales y en el seno de los poderes públicos. Si en estos días tanto Cristina Cifuentes como el Ministerio del Interior, han anunciado la ejecución de determinadas medidas contra este tipo de delitos contra la democracia, es el efecto de los movimientos sociales y de sus expresiones políticas.

Ahora mismo, las élites políticas reconocen que hemos abierto un conflicto que, hasta el momento, se encontraba hegemonizado a través de prácticas asistenciales —de determinada pospolítica recurriendo a Zizek—, necesarias pero insuficientes, que el Estado debería asumir como parte de las garantías sociales de las personas y que mantenían, en cierta forma, censurado el conflicto: la violencia estructural se convierte en una fuerza antagonista en nuestras vidas, hasta el punto en el que nos puede convertir en muertas en vida o en muertas sensu stricto.

Como la historia nos ha enseñado que no nos libraremos tan fácilmente de aquello que nos atormenta, nosotras seguimos y seguiremos organizadas. Es imprescindible concienciar a todas las personas LGTB de lo que supone la LGTBifobia sobre nuestras vidas, como una cuestión repudiable y contestable políticamente, al mismo nivel que debemos hacerlo en el caso de la violencia contra las mujeres como mujeres cuyas cifras son absolutamente pavorosas.

El incremento de la cantidad de iniciativas políticas, así como de denuncias, debe revelarnos que nos encontramos ante las condiciones de posibilidad que nos permiten construir una respuesta colectiva contra las agresiones. Solo así, el asunto en lo institucional tendrá más impulso, por lo que agrietar lo dado desde arriba y mantener un nivel de conflictividad social democrático, como con todo conflicto por la justicia, no resultan formulas nada incompatibles.

Catalunya ha marcado un precedente con la aprobación de una ley que vela por nuestra dignidad, pero todas conocemos que se ratificó únicamente gracias un amplio trabajo político de los movimientos sociales del lugar. Andalucía ha hecho lo mismo gracias a la ley trans conquistada por los colectivos trans, incluso a través de huelgas de hambre. Podríamos extenderlo por el conjunto del Estado y a todos los niveles y sabemos que será posible si así nos lo proyectamos. De la misma manera que sabemos que asistimos a una oleada de recortes en derechos y libertades, de pobreza y exclusión, que convierte en imposible la puesta en marcha de políticas sociales que gocen de capacidad real de transformar nuestras vidas.

Lejos de desalentar, descubrimos una oportunidad favorable para construir una democracia donde las demandas feministas y LGTBI estén en el centro de la política y en ningún caso los dictados antidemocráticos de las élites económicas que nos empobrecen ni de aquellos grupos fundamentalistas contrarios a los Derechos Humanos, como la Iglesia Católica. Ni lo conseguido será totalmente real si no lo ejercemos, mediante los medios que tengamos a mano, ni lo ausente será posible si nos conformamos con lo que ya hay, si no seguimos extendiendo “el campo de lo posible”.

Existimos y existe un régimen que produce y reproduce injusticias, ergo existe un desencuentro, un conflicto entre quiénes restringen la democracia y quiénes pretendemos radicalizarla para que la igualdad y la libertad sea una realidad. Algunas ya encendimos la mecha desde el momento en el que dejamos de ser víctimas para ser supervivientes con ganas de vivir dignamente.

*Llamamos LGTBifobia a la violencia sistémica que se ejerce contra gays, lesbianas, trans, intersex , bisexuales y contra todas aquellas personas que no encajan en la norma heterosexual y en los rígidos modelos de hombre/mujer.