Barcelona en comú, la candidatura al Ayuntamiento que lidera Ada Colau, ha propuesto esta semana crear una moneda local con la que pagar parte del sueldo de los funcionarios que así lo deseen. La iniciativa ha sido recibida con escepticismo en algunos sectores, pero no es de hecho ningún experimento novedoso sacado de la manga.

Sería, de hacerse realidad, una más de las 90 monedas alternativas o sociales que han surgido en España al calor de la crisis. Ecosol, eusko, boniato, zoquito, turuta, puma, ekhi, celemín… Son algunas de las monedas que funcionan como comunidades de crédito mutuo en distintos puntos del país. Una suerte de trueque a muchas bandas en el seno de un barrio, una ciudad, un grupo de pueblos o una mezcla, las llamadas “rururbanas”.

La palabra moneda sugiere piezas redondas de níquel circulando de mano en mano. No es así: las monedas enmarcadas en la economía social no siempre existen físicamente y, si lo hacen, es en papel. A veces hay billetes, caso de la extremeña Expronceda o la bilbaína ekhi; otras son libretas donde se apuntan los intercambios (los pumas, en Sevilla; los zoquitos, de Cádiz; el ebro, de Zaragoza…) y algunas se usan por medio de tarjetas de débito o aplicaciones en el teléfono móvil, como la valenciana Orué.

“No es un fenómeno popular todavía, a diferencia de otros países donde es más habitual, como Brasil, Inglaterra, Estados Unidos o Francia. La gente no va con la moneda local junto a la de curso legal en el bolsillo. Se trata de experiencias muy locales. Hablamos de unos pocos miles de personas”, explica el promotor de varias de ellas en España, Julio Gisbert.

El dinero como herramienta

En el dinero de curso legal, el poder de emisión reside en los bancos centrales y los bancos privados lo hacen llegar al sistema a través del crédito. Frente a esta estructura centralizada en la que el dinero se ha convertido en un bien en sí mismo, las monedas sociales retoman la esencia del dinero como herramienta para superar las limitaciones del trueque. El dinero deja de ser depósito de valor.

No cabe la especulación ni interesa acumularlo. La bilbaína ekhi, por ejemplo, se “oxida”, es decir, pierde valor si se inmoviliza, a fin de incentivar su uso. Lo que prima son las relaciones de proximidad y confianza, pero no son bancos de tiempo porque también sirven para adquirir bienes, no solo servicios.

Las experiencias con estas monedas (llamadas sociales, alternativas o complementarias) varían en función de sus dimensiones y finalidad. Algunas son apenas utilizadas por decenas de personas, mientras que en otras el número de socios llega a los 1.500. “Las hay muy alternativas, que pretenden crear una economía paralela, y las que quieren complementar la economía real”, señala Gisbert, autor del blog y del libro 'Vivir sin empleo'.

La gestión, desde Sudáfrica

Muchas se gestionan a través de una plataforma on-line creada en Sudáfrica, CES, con cientos de redes de todo el mundo que incluso pueden hacer intercambios entre ellas.

En Madrid nació en 2012 el boniato con la intención de “crear una moneda basada en una lógica diferente” y “facilitar a la gente una herramienta para hacer un consumo responsable”, explica Toño Hernández, miembro del consejo rector del Mercado Social de Madrid, la red de entidades y personas en el marco de la economía social y solidaria que vertebra los boniatos.

Hoy cuenta con medio millar de usuarios y entidades, que aportan unas cuotas que van de los tres a los 500 euros. De ahí salen los 30.000 euros anuales necesarios para sufragar los gastos que conlleva su gestión. “Las decisiones se toman en asamblea, por lo que las reglas de funcionamiento son más democráticas que en el euro”, subraya.

Su funcionamiento es sencillo. Sólo hay que abrirse una cuenta en boniatos en el mercado social con la que se puede hacer pagos, transferencias, adquirir productos de segunda mano, etc. La equivalencia con el euro es 1:1 y se pueden cambiar euros por boniatos, pero no a la inversa. El uso de esta joven moneda madrileña tiene bonificación, al estilo de los puntos que ofrece un supermercado en la economía de mercado. “Nuestra lógica es distinta a la de otras comunidades de apoyo mutuo. Nosotros podemos y queremos crecer”, apunta Hernández.

La mora de la Sierra de Madrid

Un concepto bastante distinto guía a los promotores de la mora, un experimento nacido en 2012 en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid con reglas más estrictas y un carácter más autogestionario. Por ejemplo, no trabajan con empresa alguna que tenga asalariados ni con ayuntamientos. “Un asalariado, por definición, no puede decidir. Manda el jefe. Por eso, a título individual pueden ser socios, pero no como empresa”, explica una de sus usuarias, Ana del Río.

Sus alrededor de 500 usuarios mueven cada año 25.000 moras. Para optar al crédito inicial de 150 moras hay que vivir en la zona. El sistema se financia con el pago de un impuesto trimestral de una mora por usuario. Del Río destaca la “flexibilidad” y “creatividad” de este proyecto hijo del 15-M. “Hay gente que dice '¿y yo qué ofrezco?'. A veces no se dan cuenta de que todos tenemos mucho que ofrecer. Ahí es donde entran la flexibilidad y la creatividad”, asegura.

“Monedas ideológicas”

Al inscribirse, los nuevos socios escriben qué dos cosas ofrecen y qué dos demandan. Ejemplos: planchar ropa, cuidar niños, llevar a alguien en coche. También se pueden adquirir bienes. Es posible endeudarse en moras, pero el objetivo es que la cuenta tienda a cero: ni se debe ni se acumula. “Se le da mucho valor a la construcción de comunidad y a que se fomente el comercio de proximidad”, apunta otro de sus usuarios, Franco Llobera, que la define como “una moneda fundamentalmente ideológica”.

La crisis ha supuesto una auténtica eclosión de monedas sociales en España, pero los experimentos se cuentan por millares en otras partes del mundo, con el wir suizo como decano, hasta ocho décadas de historia. En la localidad británica de Bristol, por ejemplo, el alcalde cobra íntegramente su salario en Bristol pounds y en la ciudad francesa de Toulouse, su regidor hizo la primera compra en Sol Violette.

“Creo -señala el promotor Gisbert- que ese es el futuro en España: van a empezar los ayuntamientos. No me sorprendería que alguna gran capital siga ese modelo en un futuro no muy lejano”.

Grabar desahucios, documentar excesos policiales, hacer grafiti, denunciar la privatización del espacio aéreo, proyectar una viñeta de la revista El jueves... No son éstos los usos con que suele asociarse a los drones, una palabra cuya sola mención evoca imágenes de civiles muertos en Afganistán, Gaza o Yemen. Sí son, en cambio, parte del currículo de Flone, un pequeño dron diseñado en España en 2013 cuya tecnología ha estado desde entonces al servicio del activismo político y social y que tendrá en breve una versión 3.0.

Flone nació de mano del artista multidisciplinar e ingeniero informático Lot Amorós, la ingeniera técnica Cristina Navarro y el ingeniero industrial Alexandre Oliver, durante una residencia en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón, y Telefónica I+D, en Barcelona. Los tres jóvenes, que se conocían de proyectos de activismo en Elche como los hacklabs o guifi.net, se habían agrupado previamente en Aeracoop, un grupo socialmente responsable que trabaja de forma colaborativa en proyectos relacionados con drones.

Flone es un plataforma de madera con hélices y unas gomas de sujeción para albergar un teléfono móvil. La última versión puede cargar 400 gramos y se maneja desde otro teléfono, a través de una aplicación específica, a una distancia de 200-300 metros, con wifi, o 50 metros, por bluetooth. Se concibió pensando más en las movilizaciones que en los usos comerciales civiles en boga (agricultura, cinematográfico, etc.). O, como señala Amorós con ironía: “No lo diseñamos para hacernos selfies desde el aire”.

Para empezar, tanto el hardware como el software son libres. Se optó también por hacerlo en madera por ser una materia prima relativamente barata, biodegradable y fácil de manejar para las manos menos expertas. El prototipo es pequeño para poderlo sacar del taller sin un vehículo y carece de cámara y GPS para aprovechar los recursos que supone simplemente adosarle el teléfono que ya llevamos en nuestros bolsillos y, así, generar menos residuos y abaratar su fabricación.

“Se trataba de disminuir las barreras para que la gente lo pudiera replicar”, resume Navarro, vinculada desde hace tiempo a la lucha por la participación de la mujer en la tecnología. Hoy, quien quiera un flone necesita tan sólo 200 euros (el coste del material), un ordenador, unos minutos en una cortadora láser y un poco de pericia. El uso posterior es ya cuestión de elección.

Amorós, Navarro y Oliver lo inauguraron frente al Museo Guggenheim de Bilbao. Allí volaron el Flone, ante la mirada extrañada de los transeúntes, con una pancarta colgada que rezaba “Se vende este espacio publicitario” para denunciar el peligro de comercialización del cielo. “El paisaje se va a ensuciar masivamente en un futuro no muy lejano”, advierte Amorós, temeroso de que Europa importe el uso que dan algunas empresas en Estados Unidos a los drones para hacer publicidad aérea. “Tenemos derecho a volar, pero también a mirar el cielo y que nada nos estorbe”, añade.

Flone también tenía una misión el día del desalojo de La Carbonería, un centro social de Barcelona. Había una plataforma elevada en la azotea del edificio, a 15 metros de altura y sin acceso inferior. La idea era elevar el aparato para documentar lo que allí sucediese cuando llegasen los Mossos d'Esquadra y, sobre todo, incorporar una presencia simbólica para que los activistas que allí se concentrasen no se sintieran solos y desprotegidos. Los Mossos ni siquiera le dejaron despegarse del suelo. Fue requisado sin entrega de acta y posteriormente devuelto sin batería, con varios cables arrancados y la placa de vuelo rota, según denuncia Amorós.

Flone también ha tomado planos cenitales de un mural de cartulinas verdes y rojas en una concentración de la PAH para decir que “Sí se puede”. O proyectado sobre la sede de la editorial RBA la corona llena de mierda que Juan Carlos I pasaba a su hijo al abdicar en la famosa viñeta autocensurada de El Jueves. O mapeado el suelo con objetivos medioambientales, a través del empleo de la fotografía para hacer cartografía.

La última iniciativa, efectuada por Amorós en colaboración con un activista japonés, Takahiro Yamaguchi, (Aeracoop ya no trabaja de manera conjunta) hace apenas medio mes, supone una vuelta de tuerca al prototipo. En vez de un teléfono, han incorporado en esta ocasión un mecanismo que activa una lata de spray para hacer grafiti. Ya hay colgado un vídeo con los primeros ensayos. Amorós apunta a otros usos potenciales, algunos de los cuales prohibiría la nueva ley de seguridad ciudadana, como documentar vertederos ilegales o “devoluciones en caliente” en la frontera con Marruecos.

Otros compañeros de vuelo

Flone dista de estar solo en la lista de “drones activistas”. Le acompañan, entre otros, los aparatos que sobrevolaron las manifestaciones de la plaza Taksim de Estambul, de Occupy Wall Street en Nueva York, de la plaza Bolotnaya en Moscú… También el famoso Robokopter en Polonia, durante los enfrentamientos entre Policía y manifestantes el Día de la Independencia de 2011, o el proyecto artístico que graba la vigilada frontera entre México y Estados Unidos.

“Los drones”, resume Amorós, “son una manifestación de poder, de la autoridad, casi fascista. La persona que lo controla tiene un poder sobre ti. Y muchas técnicas de acción directa no violenta se basan en el poder, como los hackers o encadenarse. Por eso es inevitable que cuando aparecen tecnologías de poder, tanto militares como activistas traten de controlarlas”.