Pere Rostoll afronta un nuevo reto como candidato por el PSPV a la alcaldía de Benidorm no exento de dificultad. De hecho, El PP acumula tres victorias consecutivas con Antonio Pérez como alcalde, las dos últimas con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de 2023, el PP obtuvo 16 concejales frente a los 8 del PSOE. Periodista y actual jefe de comunicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, Rostoll también fue redactor jefe y responsable de Política del diario Información, antes fichar en el año 2020 por el Gobierno del Botánico como director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana presidida por Ximo Puig. En una amplia entrevista con elDiario.es, insiste en la idea de recuperar Benidorm para sus vecinos y vecinas.

¿Por qué decide dar el paso de presentarte a la Alcaldía de Benidorm?

Creo que tenemos que ofrecer una alternativa de cambio a nuestros vecinos. En este momento la ciudad requiere una alternativa política a la situación que ha generado el Partido Popular. Ese fue el leitmotiv de la decisión. Evidentemente, está el servicio a la ciudad y, sobre todo, ofrecer una alternativa para que los vecinos de Benidorm, que en estas elecciones son el centro del proyecto político, recuperen la ciudad. Creo que hay una sensación de hastío con la situación de Benidorm y que es el momento de ofrecer a los ciudadanos una alternativa política de cambio.

¿Y cómo ha sido el proceso para ser elegido candidato?

Creo que ha ido muy bien. El Partido Socialista activó sus mecanismos democráticos y se abrió un proceso de primarias. Decidí presentarme y finalmente fui el único candidato. Aunque no tenía necesidad, recogí avales y conseguí la firma del 82% de los militantes. Afrontamos este proceso y la generación de esta alternativa de cambio político desde la mejor situación, que es la unidad del partido. Y creo que eso es muy relevante porque mis rivales no son mis compañeros de partido. Mi único rival es el actual alcalde Antonio Pérez y el Partido Popular.

Habla de un deterioro importante de Benidorm en los últimos años. ¿Cómo ha evolucionado la ciudad?

Yo hablo de que en este momento Benidorm vive la situación más crítica de su historia por una serie de circunstancias. Primero, porque le ha caído la peor sentencia por mala gestión urbanística de la historia de España y una deuda aplazada a 47 años de 570 millones de euros. Eso es liquidar cinco generaciones de benidormenses. Segundo, la ciudad está peor que nunca en dos cuestiones: la limpieza y el mantenimiento. Tenemos desde 2018 prorrogado el contrato de limpieza y la ciudad está más sucia que nunca. Y ya le han subido a los vecinos el recibo de la basura al doble. Además, Antonio Pérez ha arrasado completamente con los mecanismos de mantenimiento que tenía el Ayuntamiento. El tercer problema es la vivienda. Aquí se ha expulsado a una generación de jóvenes y familias de Benidorm, que viven en los pueblos de alrededor. Se han ido y se han comprado una casa fuera. Hemos perdido tejido social y tejido de pueblo. Hay que tomar medidas decididas, claras y contundentes con la vivienda. El cuarto tema es la movilidad, cómo nos movemos por la ciudad. Tenemos un escenario prácticamente insufrible, con un transporte público ineficiente y muchas dificultades, además de un tráfico absolutamente desastroso. Y, finalmente, hay un problema gravísimo de cohesión. Benidorm parece varias ciudades diferentes. Tenemos que generar espacios de cohesión en los barrios y evitar que haya barrios de primera y de segunda. Hay que actuar decididamente para que todos los vecinos vuelvan a sentir orgullo de su ciudad. La idea fundamental es recuperar Benidorm para sus vecinos. Y a eso nos vamos a dedicar: a recoger propuestas que salgan de la base, del vecindario, para llevarlas al Ayuntamiento y resolverlas porque vamos a gobernar.

Cuando dice que hay que recuperar la ciudad para sus vecinos, ¿considera que Benidorm se ha convertido en una ciudad más para el turista que para el vecino?

Benidorm es una ciudad que vive del turismo, eso es evidente. Su principal motor económico es el turismo. Pero tiene que aprender a vivir del turismo. ¿Qué significa aprender a vivir del turismo? Que, fundamentalmente, el turismo tiene que ser un elemento que facilite que los vecinos de Benidorm vivan mejor. Hoy en día un vecino de Benidorm no se puede comprar una vivienda para vivir en su pueblo. Y los que vivimos allí tenemos un pueblo cada vez más sucio, cada vez en peores condiciones, con una deuda inasumible, un transporte público que es un completo desastre y un escenario de falta de cohesión en los barrios. Me refiero, por ejemplo, a barrios como el Rincón de Loix o la Cala, que están olvidados y que van a tener gravísimos problemas de mantenimiento y cohesión.

En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿cuál es la situación?

Tenemos un problema de seguridad ciudadana que el Ayuntamiento no aborda. El otro día escuchaba al alcalde justificar el turismo de borrachera en una radio local. Me llama la atención que esos mismos días, en las televisiones estatales, había vídeos de zonas del municipio donde se concentra gran parte del turismo inglés, con imágenes absolutamente alarmantes. Hay una exigencia de mayor seguridad ciudadana que el Ayuntamiento no está asumiendo.

¿Os da miedo que una parte de Benidorm pueda convertirse en algo parecido a Magaluf?

Yo creo que hay que actuar. Miedo no tengo de asumir la Alcaldía y de resolver los problemas de la gente. Está claro que tenemos que actuar para convertir Benidorm en el pueblo que todos queremos, para devolver Benidorm al pueblo que todos queremos: un lugar en el que se pueda vivir y se pueda vivir mejor. Y eso nos permitirá recibir mejor a los turistas. Si nuestros vecinos están atendidos, vamos a recibir mejor al turismo. No se va a generar una división ni un problema interno en el municipio. Hay barrios y zonas de la ciudad en los que ya no viven vecinos. Todo son pisos turísticos, una aglomeración de viviendas de uso turístico. Eso deteriora la convivencia, reduce el tejido del pueblo y afecta, por ejemplo, al comercio de proximidad. Son todas las cosas que se está cargando el alcalde.

¿Cómo afrontarías como alcalde el problema de la vivienda y, en concreto, el de las viviendas turísticas?

Benidorm es una de las ciudades de la Comunitat Valenciana con más viviendas cerradas. La última estimación que he leído de un informe habla de que podemos tener entre 8.500 y 9.200 viviendas cerradas. La primera medida es hacer un inventario de viviendas vacías. Vamos a analizar caso por caso cada una de esas viviendas para ver si las podemos movilizar. Si movilizamos una parte de esas viviendas a precios razonables, a precios de alquiler asumibles, tendremos una parte del problema solucionado. Segundo, hay que limitar los precios de los alquileres. En eso cuento con la complicidad de Diana Morant, que el otro día lo trasladó en la conferencia política del partido. Hay que declarar la zona tensionada y ver cómo limitamos los precios para que haya más viviendas para los vecinos. Y luego hay que agilizar la construcción de los núcleos de viviendas que tenemos pendientes, generando las reservas más amplias posibles de vivienda protegida para jóvenes y familias. Eso sí, vivienda protegida con transparencia, no como ha hecho el PP en Alicante, donde se han repartido las casas entre ellos. Esas cuatro medidas las vamos a poner en marcha.

¿Es partidario de aplicar una tasa turística en Benidorm?

Sí, completamente. Soy partidario de la tasa turística y la voy a defender. Cuando se hizo la ley, la estimación que se hizo sobre el rendimiento total de la tasa era de alrededor de 100 millones de euros y aproximadamente un tercio correspondía a los ayuntamientos.

¿Por qué cree que debe aplicarse?

Porque esto no es un castigo para los turistas ni lo van a pagar los vecinos de Benidorm, que ya pagan bastante. Antonio Pérez y el PP ya les han subido la basura y el IBI. Es evidente que cuando un turista visita una ciudad como la nuestra genera un gasto de basura, de agua, de limpieza de las playas y una serie de gastos con los que tiene que colaborar. Benidorm es una de las ciudades turísticas más importantes de Europa y del mundo y tiene que modernizar su modelo turístico. La tasa nos permitiría, por un lado, disponer de recursos para atacar los graves problemas de la ciudad a los que me refería: limpieza, mantenimiento y demás. Y, por otro, aliviar la grave situación que ha generado el Partido Popular y Antonio Pérez con la sentencia por mala gestión urbanística en la Serra Gelada, que nos supondrá una carga de 570 millones en 47 años.

La patronal se opone frontalmente a la tasa turística. ¿Cómo abordarías ese conflicto?

Yo hablaré con la patronal. He escuchado a empresarios muy importantes de esta comunidad estar a favor de la tasa turística y a altos dirigentes del PP estar también a favor. Pero yo, en este tema, voy a ser muy claro: hablaré con la patronal, pero a mí lo que me interesan son los ciudadanos, los vecinos y los trabajadores turísticos. Les explicaré la situación. Creo que la implantación de la tasa turística es beneficiosa porque los turistas van a pagar una pequeña cantidad, pero al final van a tener mejores servicios y no van a ser los paganos de la mala gestión del PP en Benidorm.

¿Qué simboliza para usted la sentencia del Supremo por el incumplimiento de un convenio urbanístico en la Serra Gelada que obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización a un promotor y a afrontar esa enorme deuda?

Creo que es el símbolo de la mala gestión del PP de una época. Retrata una época de absoluto descontrol urbanístico, de mala gestión, de chanchullos y de enredos. Es el símbolo de una nefasta gestión y de una época en la que había dirigentes del PP y empresarios dedicados a jugar al Monopoly en contra de los intereses de la gente. Eso es lo que simboliza.

Otro ejemplo reciente de gestión municipal es la adjudicación de la concesión de la zona de acampada de la Sequia Mare a la empresa que menos aportación económica hace, por medio de una concesión por la que tampoco se le cobra un canon, ¿cómo la valora?

Ya lo denunció el grupo municipal socialista en el pleno. Es evidente que esa decisión es, cuanto menos, sorprendente y puede acabar en un recurso. Sería una más de Antonio Pérez y del PP, una más de la mala gestión. Más allá de la empresa que se ha adjudicado, que ya veremos si hay algo ahí o no, son sorprendentes las características económicas de la concesión para el Ayuntamiento. Las condiciones no son las mejores porque no cobran prácticamente nada, pagan parte de la limpieza... por eso digo que es absolutamente sorprendente y vamos a ver en qué termina esa decisión.

Antes hablaba de las subidas del IBI y de la tasa de basuras aplicadas por el PP. ¿Qué política fiscal aplicaría usted?

Ahora mismo no se pueden subir más los impuestos. Es verdad que la situación del Ayuntamiento es la que es y habrá que empezar a pagar esa deuda. Este año, por cierto, son 60 millones, gran parte de los cuales se pagan con dinero del Gobierno de España. El malvado Pedro Sánchez les ha solucionado gran parte de la papeleta. Nuestra política fiscal está fundamentalmente vinculada a la aplicación de la tasa turística. Es una tasa que no afecta al vecindario de Benidorm y que nos permite generar un volumen de ingresos para afrontar la situación de la ciudad.

¿Cómo se va a afrontar esa deuda?

La secuencia de pago este año son 60 millones que tienen que pagar antes de final de año. Inicialmente, el Ayuntamiento pidió un crédito de 55 millones al Gobierno de España, que se lo concedió. Creo que finalmente se quedaron en 36 porque van a poner 19 millones de remanentes. En todo caso, la mayoría de la cantidad de este año la pone el Gobierno de España. Luego hay cuatro años de carencia en los que solo se pagan los intereses. Y, a partir de esos cuatro años, creo que son 12 millones, y después hay un periodo en el que el Ayuntamiento no va a pagar y, posteriormente, hasta un 8% del montante del presupuesto anual. Estamos en una ciudad en la que el presupuesto venía oscilando entre 140 y 142 millones de euros. 570 millones son cuatro veces el presupuesto que tenía. Si una familia tuviera que afrontar un pago cuatro veces superior a sus ingresos anuales, ¿qué diríamos? Que está en quiebra. Esto hay que afrontarlo. No se puede afrontar desde el buenismo, desde que nos parece bien todo, y sin explicar las cosas y afrontarlas. Creo que el alcalde está dando una patada hacia adelante, intentando correr y escapar para salvar la situación y llegar a las elecciones contando la mentira de que esto no va a afectar a los ciudadanos.

Pere Rostoll afronta un nou repte com a candidat del PSPV a l'Alcaldia de Benidorm no exempt de dificultat. De fet, el PP acumula tres victòries consecutives amb Antonio Pérez com a alcalde, les dos últimes amb majoria absoluta. En les eleccions municipals de 2023, el PP va obtindre 16 regidors davant dels 8 del PSOE. Periodista i actual cap de comunicació del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que dirigeix Óscar Puente, Rostoll també va ser redactor en cap i responsable de Política del diari Información, abans de fitxar l'any 2020 pel Govern del Botànic com a director general de Relacions Informatives de la Generalitat Valenciana presidida per Ximo Puig. En una àmplia entrevista amb elDiario.es, insisteix en la idea de recuperar Benidorm per als seus veïns i veïnes.

Per què decideix fer el pas de presentar-se a l'Alcaldia de Benidorm?

Crec que hem d'oferir una alternativa de canvi als nostres veïns. En aquest moment la ciutat requereix una alternativa política a la situació que ha generat el Partit Popular. Eixe va ser el leitmotiv de la decisió. Evidentment, està el servei a la ciutat i, sobretot, oferir una alternativa perquè els veïns de Benidorm, que en aquestes eleccions són el centre del projecte polític, recuperen la ciutat. Crec que hi ha una sensació de cansament amb la situació de Benidorm i que és el moment d'oferir als ciutadans una alternativa política de canvi.

I com ha sigut el procés per a ser elegit candidat?

Crec que ha anat molt bé. El Partit Socialista va activar els seus mecanismes democràtics i es va obrir un procés de primàries. Vaig decidir presentar-m'hi i finalment vaig ser l'únic candidat. Encara que no tenia necessitat, vaig recollir avals i vaig aconseguir la firma del 82% dels militants. Afrontem aquest procés i la generació d'aquesta alternativa de canvi polític des de la millor situació, que és la unitat del partit. I crec que això és molt rellevant perquè els meus rivals no són els meus companys de partit. El meu únic rival és l'actual alcalde Antonio Pérez i el Partit Popular.

Parla d'un deteriorament important de Benidorm en els últims anys. Com ha evolucionat la ciutat?

Jo parle que en aquest moment Benidorm viu la situació més crítica de la seua història per una sèrie de circumstàncies. Primer, perquè li ha caigut la pitjor sentència per mala gestió urbanística de la història d'Espanya i un deute ajornat a 47 anys de 570 milions d'euros. Això és liquidar cinc generacions de benidormers. Segon, la ciutat està pitjor que mai en dos qüestions: la neteja i el manteniment. Tenim des de 2018 prorrogat el contracte de neteja i la ciutat està més bruta que mai. I ja els han duplicat als veïns el rebut del fem. A més, Antonio Pérez ha arrasat completament amb els mecanismes de manteniment que tenia l'Ajuntament. El tercer problema és l'habitatge. Ací s'ha expulsat una generació de joves i famílies de Benidorm, que viuen als pobles dels voltants. Se n'han anat i s'han comprat una casa fora. Hem perdut teixit social i teixit de poble. Cal prendre mesures decidides, clares i contundents amb l'habitatge. El quart tema és la mobilitat, com ens movem per la ciutat. Tenim un escenari pràcticament insuportable, amb un transport públic ineficient i moltes dificultats, a més d'un trànsit absolutament desastrós. I, finalment, hi ha un problema gravíssim de cohesió. Benidorm pareix diverses ciutats diferents. Hem de generar espais de cohesió als barris i evitar que hi haja barris de primera i de segona. Cal actuar decididament perquè tots els veïns tornen a sentir orgull de la seua ciutat. La idea fonamental és recuperar Benidorm per als seus veïns. I a això ens dedicarem: a recollir propostes que isquen de la base, del veïnat, per a portar-les a l'Ajuntament i resoldre-les perquè governarem.

Quan diu que cal recuperar la ciutat per als seus veïns, considera que Benidorm s'ha convertit en una ciutat més per al turista que per al veí?

Benidorm és una ciutat que viu del turisme, això és evident. És el seu principal motor econòmic. Però ha d'aprendre a viure d'ell. Què significa aprendre a viure del turisme? Que, fonamentalment, el turisme ha de ser un element que facilite que els veïns de Benidorm visquen millor. Ara per ara un veí de Benidorm no es pot comprar un habitatge per a viure al seu poble. I els que vivim allí tenim un poble cada vegada més brut, cada vegada en pitjors condicions, amb un deute inassumible, un transport públic que és un complet desastre i un escenari de falta de cohesió als barris. Em referisc, per exemple, a barris com el Racó de l'Oix o la Cala, que estan oblidats i que tindran gravíssims problemes de manteniment i cohesió.

Quant a la seguretat ciutadana, quina és la situació?

Tenim un problema de seguretat ciutadana que l'Ajuntament no aborda. L'altre dia escoltava Cebrián justificar el turisme de borratxera en una ràdio local. Em crida l'atenció que aquells mateixos dies, en les televisions estatals, hi havia vídeos de zones del municipi on es concentra gran part del turisme anglés, amb imatges absolutament alarmants. Hi ha una exigència de més seguretat ciutadana que l'Ajuntament no està assumint.

Vos fa por que una part de Benidorm puga convertir-se en una cosa semblant a Magaluf?

Jo crec que cal actuar. Por no en tinc d'assumir l'Alcaldia i de resoldre els problemes de la gent. Queda clar que hem d'actuar per a convertir Benidorm en el poble que tots volem: un lloc en què es puga viure millor. I això ens permetrà rebre millor els turistes. Si els nostres veïns estan atesos, rebrem millor el turisme. No es generarà una divisió ni un problema intern al municipi. Hi ha barris i zones de la ciutat en els quals ja no viuen veïns. Tot són pisos turístics, una aglomeració d'habitatges d'ús turístic. Això deteriora la convivència, redueix el teixit del poble i afecta, per exemple, el comerç de proximitat. Són totes les coses que s'està carregant l'alcalde.

Com afrontaria com a alcalde el problema de l'habitatge i, en concret, el dels habitatges turístics?

Benidorm és una de les ciutats de la Comunitat Valenciana amb més habitatges tancats. L'última estimació que he llegit d'un informe parla que podem tindre entre 8.500 i 9.200 habitatges tancats. La primera mesura és fer un inventari d'habitatges buits. Analitzarem cas per cas cadascun d'aquests habitatges per a veure si els podem mobilitzar. Si mobilitzem una part d'aquests habitatges a preus raonables, a preus de lloguer assumibles, tindrem una part del problema solucionat. Segon, cal limitar els preus dels lloguers. En això compte amb la complicitat de Diana Morant, que l'altre dia ho va traslladar en la conferència política del partit. Cal declarar la zona tensionada i veure com limitem els preus perquè hi haja més habitatges per als veïns. I després cal agilitzar la construcció dels nuclis d'habitatges que tenim pendents, generant les reserves més àmplies possibles d'habitatge protegit per a joves i famílies. Això sí, habitatge protegit amb transparència, no com ha fet el PP a Alacant, on s'han repartit les cases entre ells. Aquestes quatre mesures les posarem en marxa.

És partidari d'aplicar una taxa turística a Benidorm?

Sí, completament. Soc partidari de la taxa turística i la defensaré. Quan es va fer la llei, l'estimació que es va fer sobre el rendiment total de la taxa era del voltant de 100 milions d'euros i aproximadament un terç corresponia als ajuntaments.

Per què creu que s'ha d'aplicar?

Perquè això no és un càstig per als turistes ni ho pagaran els veïns de Benidorm, que ja en paguen prou. Antonio Pérez i el PP ja els han apujat les escombraries i l'IBI. És evident que quan un turista visita una ciutat com la nostra genera una despesa d'escombraries, d'aigua, de neteja de les platges i una sèrie de despeses amb les quals ha de col·laborar. Benidorm és una de les ciutats turístiques més importants d'Europa i del món i ha de modernitzar el seu model turístic. La taxa ens permetria, d'una banda, disposar de recursos per a atacar els greus problemes de la ciutat als quals em referia: neteja, manteniment i altres. I, d'altra banda, alleujar la greu situació que ha generat el Partit Popular i Antonio Pérez amb la sentència per mala gestió urbanística a la Serra Gelada, que ens suposarà una càrrega de 570 milions en 47 anys.

La patronal s'oposa frontalment a la taxa turística. Com abordaria aquest conflicte?

Jo parlaré amb la patronal. He escoltat empresaris molt importants d'aquesta comunitat estar a favor de la taxa turística i alts dirigents del PP estar també a favor. Però jo, en aquest tema, seré molt clar: parlaré amb la patronal, però a mi el que m'interessen són els ciutadans, els veïns i els treballadors turístics. Els explicaré la situació. Crec que la implantació de la taxa turística és beneficiosa perquè els turistes pagaran una xicoteta quantitat, però al final tindran millors serveis i no seran els qui paguen la mala gestió del PP a Benidorm.

Què simbolitza per a vosté la sentència del Suprem per l'incompliment d'un conveni urbanístic a la Serra Gelada que obliga l'Ajuntament a pagar una indemnització a un promotor i a afrontar aquest enorme deute?

Crec que és el símbol de la mala gestió del PP d'una època. Retrata una època d'absolut descontrol urbanístic, de mala gestió, de tripijocs i d'embolics. És el símbol d'una nefasta gestió i d'una època en la qual hi havia dirigents del PP i empresaris dedicats a jugar al Monopoly en contra dels interessos de la gent. Això és el que simbolitza.

Un altre exemple recent de gestió municipal és l'adjudicació de la concessió de la zona d'acampada de la Séquia Mare a l'empresa que menys aportació econòmica fa, per mitjà d'una concessió per la qual tampoc se li cobra un cànon. Com la valora?

Ja ho va denunciar el grup municipal socialista en el ple. És evident que aquesta decisió és, si més no, sorprenent i pot acabar en un recurs. Seria una més d'Antonio Pérez i del PP, una més de la mala gestió. Més enllà de l'empresa a la qual s'ha adjudicat, que ja veurem si hi ha alguna cosa ací o no, són sorprenents les característiques econòmiques de la concessió per a l'Ajuntament. Les condicions no són les millors perquè no cobren pràcticament res, paguen part de la neteja... Per això dic que és absolutament sorprenent i veurem en què acaba aquesta decisió.

Abans parlava de les pujades de l'IBI i de la taxa de fem aplicades pel PP. Quina política fiscal aplicaria vosté?

Ara mateix no es poden apujar més els impostos. És veritat que la situació de l'Ajuntament és la que és i caldrà començar a pagar aquest deute. Enguany, per cert, són 60 milions, gran part dels quals es paguen amb diners del Govern d'Espanya. El malvat Pedro Sánchez els ha solucionat gran part de la papereta. La nostra política fiscal està fonamentalment vinculada a l'aplicació de la taxa turística. És una taxa que no afecta el veïnat de Benidorm i que ens permet generar un volum d'ingressos per a afrontar la situació de la ciutat.

Com s'afrontarà aquest deute?

La seqüència de pagament enguany són 60 milions que s'han de pagar abans de final d'any. Inicialment, l'Ajuntament va demanar un crèdit de 55 milions al Govern d'Espanya, que li'l va concedir. Crec que finalment es van quedar en 36 perquè posaran 19 milions de romanents. En tot cas, la major part de la quantitat d'enguany la posa el Govern d'Espanya. Després hi ha quatre anys de carència en els quals només es paguen els interessos. I, a partir d'aquests quatre anys, crec que són 12 milions, i en acabat hi ha un període en el qual l'Ajuntament no pagarà i, posteriorment, fins a un 8% de l'import del pressupost anual. Som en una ciutat en la qual el pressupost anava oscil·lant entre 140 i 142 milions d'euros. 570 milions són quatre vegades el pressupost que tenia. Si una família haguera d'afrontar un pagament quatre vegades superior als seus ingressos anuals, què diríem? Que està en fallida. Això cal afrontar-ho. No es pot afrontar des del bonisme, des del fet que ens semble bé tot, i sense explicar les coses i afrontar-les. Crec que l'alcalde està donant una puntada cap avant, intentant córrer i escapar per a salvar la situació i arribar a les eleccions explicant la mentida que això no afectarà la ciutadania.

El drama vivido por Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda de Madrid a la que el fondo Urbagestión tras hacerse con la propiedad del inmueble, le exigió una subida de los 500 euros que pagaba por su contrato de renta antigua a 2.650 euros, ha abierto un debate sobre la situación del mercado de la vivienda y la política que se aplica en las diferentes autonomías.

En el caso de la Comunitat Valenciana, los desahucios por impago de los alquileres se han multiplicado y suponen el grueso de los que se ejecutan. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2025, los lanzamientos en territorio valenciano vinculados al alquiler alcanzaron los 2.158 casos, mientras que los hipotecarios sumaron 637.

Y es que, el incremento desmesurado y exponencial que han registrado los precios de los alquileres es uno de los principales causantes de estas situaciones, unos incrementos que cuanto menos se podían haber frenado de aplicarse la Ley Estatal de Vivienda que entró en vigor en mayo de 2023 y que permite a los municipios, con el visto bueno del gobierno autonómico, declararse como zonas tensionadas. Esto implica que las renovaciones de los alquileres ya en vigor tan solo se pueden subir con el IPC, mientras que los nuevos contratos de viviendas con más de dos años sin salir al mercado del alquiler o para las que son propiedad de empresas o de fondos de inversión, deben fijar los precios de referencia marcados por el Gobierno.

Aplicado a la ciudad de València, una de las ciudades de España en la que más han subido los alquileres con un 82% desde el año 2020, se podría haber evitado un incremento de los precios desde mayo de 2023 hasta el pasado mes de agosto de hasta un 43%, según los datos de diferentes portales inmobiliario. En concreto, en ese periodo, la plataforma Idealista marca un incremento de 420 euros (un piso de 100 metros ha pasado de 1.210 a 1.630 euros), Engel & Völkers de 270 euros (de 970 a 1.240 euros) y Fotocasa de 571 euros por metro cuadrado (de 1.323 a 1.894 euros). El primer portal marcó el precio del metro cuadrado el pasado mes de agosto en 16,3 euros, el segundo en 12,4 euros y el tercero en 18,94 euros.

La petición de declaración de València como zona tensionada estaba prevista tanto por el anterior ejecutivo municipal de izquierdas liderado por Joan Ribó como por el del Botánico, presidido por Ximo Puig. No se llegó a aplicar porque la entrada en vigor de la normativa prácticamente coincidió con las elecciones, que tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023.

Preguntada la nueva alcaldesa, María José Catalá, a las pocas semanas de ganar los comicios sobre si pediría a la Generalitat la declaración de València como zona tensionada para poder limitar los alquileres, tal y como tenía previsto el anterior ejecutivo progresista, la respuesta fue negativa. Y apostó por incrementar la oferta incentivando la construcción, una medida que puede tener efecto a medio o largo plazo. Por contra, anunció la oficina antiokupación, ya creada, que apenas tiene actividad.

Tampoco desde la Generalitat Valenciana son partidarios de aplicar este mecanismo, pese a que hasta julio eran 13 los municipios que lo habían pedido, tres de ellos gobernados por el PP. Se trata de Bunyol, Alginet y Almàssera. El resto de los que han solicitado son Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Alginet, Sagunto, Almàssera, Gandía, Burjassot, Aldaia, Bonrepós i Mirambell, Petrer y Bunyol. En todos ellos gobiernan partidos de izquierdas.

Descensos en Barcelona, Euskadi y Navarra

Actualmente, 310 municipios de cuatro comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Navarra y Catalunya) han sido declarados como zonas tensionadas. Destaca el caso de Galicia, gobernada por el PP. En esas localidades no se pueden firmar contratos por encima del precio que marque el Índice de Referencia, ni actualizar precios de forma arbitraria.

Catalunya fue la primera en acogerse al mecanismo en 2024 tras experimentar 33 meses seguidos de incrementos de precios del alquiler. Es, por lo tanto, la autonomía que ofrece datos más fiables. Según los datos oficiales de las autoridades catalanas, los precios han caído un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en todas las zonas de mercado tensionado declaradas. Asimismo, en este mismo período, el precio se ha incrementado un 9,5% en las zonas no declaradas mercado tensionado.

En Euskadi se ha conocido recientemente que en los 14 municipios declarados como zonas tensionadas en la provincia de Gipuzkoa la evidencia es inapelable: los nuevos alquileres bajaron un 3,5% en la provincia, mientras el número de contratos activos aumentó un 3,2%.

En Navarra, durante el primer año de aplicación de zonas tensionadas (del segundo trimestre de 2025 al segundo de 2026) el precio del alquiler ha descendido un 5,3%, al tiempo que se mantiene el ritmo de contratos firmados por trimestre, a pesar de un descenso considerable en el crecimiento del saldo por la reducción de la rotación y la comparación con el último trimestre en el que no estaban en vigor las zonas tensionadas.

A diferencia de otras autonomías, Galicia solo publica los datos de las fianzas que se depositan, sin capacidad para realizar un análisis o seguimiento que permita observar la evolución real del precio o del número de contratos en vigor. En A Coruña, en mayo 2026, se depositaron 1.696 fianzas de alquiler, un 14,4 % menos que hace un año. En el conjunto de Galicia se depositaron 2.586 fianzas, un 3,6 % más que hace un año.

El drama viscut per Maricarmen, l'anciana de 87 anys desnonada del seu habitatge de Madrid a qui el fons Urbagestión, després d'aconseguir la propietat de l'immoble, va exigir una pujada dels 500 euros que pagava pel seu contracte de renda antiga a 2.650 euros, ha obert un debat sobre la situació del mercat de l'habitatge i la política que s'aplica en les diferents autonomies.

En el cas de la Comunitat Valenciana, els desnonaments per impagament dels lloguers s'han multiplicat i representen el gruix dels que s'executen. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) corresponents a 2025, els llançaments en territori valencià vinculats al lloguer van arribar als 2.158 casos, mentre que els hipotecaris en van sumar 637.

La raó és que l'increment desmesurat i exponencial que han registrat els preus dels lloguers és una de les principals causes d'aquestes situacions, uns augments que, si més no, es podrien haver frenat si s'haguera aplicat la Llei estatal d'Habitatge, que va entrar en vigor el maig de 2023 i que permet als municipis, amb el vistiplau del govern autonòmic, declarar-se zones tensionades. Això implica que les renovacions dels lloguers ja en vigor només es poden apujar d'acord amb l'IPC, mentre que els nous contractes d'habitatges que fa més de dos anys que no ixen al mercat del lloguer o que són propietat d'empreses o fons d'inversió han de fixar els preus de referència marcats pel Govern.

Aplicat a la ciutat de València, una de les ciutats d'Espanya on més han pujat els lloguers, amb un 82% des de l'any 2020, es podria haver evitat un increment dels preus des de maig de 2023 fins al passat mes d'agost de fins a un 43%, segons les dades de diferents portals immobiliaris. En concret, en aquest període, la plataforma Idealista marca un increment de 420 euros, Engel & Völkers de 270 euros i Fotocasa de 571 euros per metre quadrat. El primer portal va situar el preu del metre quadrat el passat mes d'agost en 16,3 euros, el segon en 12,4 euros i el tercer en 18,94 euros.

La petició perquè València fora declarada zona tensionada estava prevista tant per l'anterior executiu municipal d'esquerres liderat per Joan Ribó com pel del Botànic, presidit per Ximo Puig. No es va arribar a aplicar perquè l'entrada en vigor de la normativa pràcticament va coincidir amb les eleccions, que van tindre lloc el 28 de maig de 2023.

Preguntada la nova alcaldessa, María José Catalá, poques setmanes després de guanyar els comicis sobre si demanaria a la Generalitat la declaració de València com a zona tensionada per a poder limitar els lloguers, tal com tenia previst l'anterior executiu progressista, la resposta va ser negativa i va apostar per incrementar l'oferta incentivant la construcció, una mesura que pot tindre efecte a mitjà o llarg termini. Per contra, va anunciar l'oficina antiocupació, ja creada, que a penes té activitat.

Tampoc des de la Generalitat Valenciana són partidaris d'aplicar aquest mecanisme, malgrat que fins al juliol eren 13 els municipis que l'havien demanat, tres d'ells governats pel PP. Es tracta de Bunyol, Alginet i Almàssera. La resta dels que ho han sol·licitat són Dénia, Mislata, Sedaví, la Pobla de Farnals, Alginet, Sagunt, Almàssera, Gandia, Burjassot, Aldaia, Bonrepòs i Mirambell, Petrer i Bunyol. En tots ells governen partits d'esquerres.

Descensos a Barcelona, Euskadi i Navarra

Actualment, 310 municipis de quatre comunitats autònomes —Galícia, Euskadi, Navarra i Catalunya— han sigut declarats zones tensionades. Destaca el cas de Galícia, governada pel PP. En aquestes localitats no es poden firmar contractes per damunt del preu que marque l'Índex de Referència ni actualitzar preus de manera arbitrària.

Catalunya va ser la primera a acollir-se al mecanisme el 2024 després de registrar 33 mesos seguits d'increments dels preus del lloguer. És, per tant, l'autonomia que ofereix dades més fiables. Segons les dades oficials de les autoritats catalanes, els preus han caigut un 4,7% a la ciutat de Barcelona i un 1,3% en totes les zones de mercat tensionat declarades. Així mateix, en aquest mateix període, el preu s'ha incrementat un 9,5% en les zones no declarades mercat tensionat.

A Euskadi s'ha conegut recentment que, en els 14 municipis declarats zones tensionades a la província de Guipúscoa, l'evidència és inapel·lable: els nous lloguers van baixar un 3,5% a la província, mentre que el nombre de contractes actius va augmentar un 3,2%.

A Navarra, durant el primer any d'aplicació de les zones tensionades —del segon trimestre de 2025 al segon de 2026—, el preu del lloguer ha descendit un 5,3%, alhora que es manté el ritme de contractes firmats per trimestre, malgrat un descens considerable en el creixement del saldo per la reducció de la rotació i la comparació amb l'últim trimestre en què encara no estaven en vigor les zones tensionades.

A diferència d'altres autonomies, Galícia només publica les dades de les fiances que es depositen, sense capacitat per a dur a terme una anàlisi o un seguiment que permeta observar l'evolució real del preu o del nombre de contractes en vigor. A Coruña, el maig de 2026, es van depositar 1.696 fiances de lloguer, un 14,4% menys que un any abans. En el conjunt de Galícia se'n van depositar 2.586, un 3,6% més que un any abans.

Terremoto político en el Ayuntamiento de València a cuenta de la imputación del concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, por acceder sin permiso a la sede del Sindicat d'Estudiants, unos hechos que denunció la propia organización el pasado mes de julio.

Tal y como ha avanzado en exclusiva elDiario.es, la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) a Badenas y a los dos asesores que accedieron con él al local el próximo 14 de enero a las 10.00 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado a testificar en calidad de perjudicados el 17 de diciembre a las 12.00 horas.

Tras conocerse la información, las reacciones no se han hecho esperar. Para Compromís per València, el hecho confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses y que evidencia la falta absoluta de “decencia” del Gobierno de la alcaldesa María José Catalá.

“Esto se veía venir”, ha considerado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha calificado la entrada de Badenas en el local del sindicato como “toda una demostración de fascismo puro y duro, asaltando una sede de una entidad sin ningún permiso, forzando la cerradura y vanagloriándose de su acción”.

Para la formación valencianista, el concejal no puede continuar “ni un minuto más” en ninguna responsabilidad pública. “Evidentemente, no puede continuar ni un minuto más en el gobierno, pero Catalá no hará nada, como las otras veces”, ha añadido Robles, que atribuye esta permisividad a un cálculo puramente aritmético: “Necesita a personas indignas de un cargo público para mantenerse en el poder.”

La portavoz de la coalición valencianista ha recordado que este no es, ni mucho menos, el único frente judicial que arrastra el concejal. “En poco más de tres años Badenas ha sido investigado tres veces, dos en el juzgado —una archivada por delitos de odio— y una por la Fiscalía Anticorrupción por el caso València Activa. Es un concejal que tiene más trabajo en los juzgados para ir a defenderse que en el Ayuntamiento, donde casi no tiene competencias”, denuncia Robles.

“Básicamente, Catalá lo mantiene a él y a la también concejala de Vox Cecilia Herrero para mantener el poder. Les paga un sueldo público para su propio beneficio”, señala Robles, que recuerda que la concejala de Vox se sentará en el banquillo de los acusados por una treintena de tuits racistas publicados entre 2020 y 2024, con petición fiscal de hasta tres años de prisión, uno a raíz de una denuncia que presentó Compromís.

Robles ha ampliado el foco más allá de Badenas y Herrero para situar al conjunto del Gobierno de Catalá en una posición “insostenible”. “El gobierno de María José Catalá no se puede sostener con tres investigaciones formales de los juzgados y seis investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la alcaldesa en el llamado caso de enchufismo, que también tiene investigada y a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao”.

El PSPV señala a Catalá

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, también ha exigido a Catalá el cese inmediato de Badenas y ha señalado que si continúa formando parte del gobierno municipal es porque la alcaldesa mantiene su confianza y avala sus actuaciones.

Sanjuan ha recordado que Badenas ejerce sus responsabilidades como concejal de gobierno por delegación de la alcaldesa y ha advertido de que Catalá no puede desvincularse de las actuaciones de un miembro de su ejecutivo. “Cada acto que hace Juan Manuel Badenas como concejal de gobierno es como si lo hiciera María José Catalá porque lo hace con su aprobación y por delegación de ella. Por tanto, entendemos que si Juan Manuel Badenas no es cesado es porque ella, a través de su delegación y manteniendo su confianza, avala y permite este tipo de actos. Cada vez María José Catalá está tolerando más actividades ultra dentro de su gobierno y dentro de la ciudad de València”, ha señalado.

El PP defiende la presunción de inocencia

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero (PP), preguntado por las peticiones de cese de la oposición, ha comentado que se han enterado de la imputación de Badenas “por los medios” y ha afirmado que creen “en la presunción de inocencia y en los tiempos de la Justicia”.

Cuenta atrás para que el Valencia CF cierre la venta de la parcela de Mestalla, una de las más valiosas de València principalmente por su ubicación y por su buena conectividad, en la que se levantarán seis torres de viviendas, una de hasta 29 alturas, y una zona comercial una vez derribado el mítico estadio. En total habrá unas 500 casas, ninguna de ellas protegidas.

Como ya informó elDiario.es, la subasta de los terrenos está en la fase final en la que ya se ha seleccionado a los fondos o entidades que han pasado el último corte, lo que se denomina 'short list', entre los que saldrá el que finalmente se haga con la parcela. Diversas fuentes especializadas en este tipo de procesos aseguran que suelen ser tres las mercantiles finalistas.

A partir de ese momento, se produce un intercambio de información más exhaustivo sobre los detalles y parámetros del suelo y de la operación hasta que las candidatas presentan una oferta final vinculante. El club espera obtener del orden de 150 millones de euros y las ofertas rondan esta cuantía, incluso alguna la supera ligeramente.

Fuentes de toda solvencia consultadas por este diario han asegurado que será en el mes de octubre cuando se cierre la venta. Además, han apuntado que las ofertas más potentes corresponden a la gestora de inversión Pryconsa, que de hacerse con las terrenos contaría con el apoyo de Atitlan para desarrollar la zona comercial, y a Neinor Homes, líder de España en mercado residencial. Ambas figuran en la mencionada 'short list', junto a la gestora de capital integrado Argis, que va de la mano con Bertolín. Desde el club se han limitado a asegurar que aún no hay nada cerrado.

Otras de las empresas que han presentado ofertas, tal y como avanzó recientemente el diario Levante-EMV, son la firma sevillana ABU, además de TM Grupo Inmobiliario y la madrileña Admara Capital.

El propio Peter Lim, magnate de Singapur que cuenta con la mayoría accionarial del Valencia CF, supervisó en su visita a la ciudad del pasado mes de julio la selección de las ofertas finalistas.

La parcela de la avenida de Aragón cuenta con 75.000 metros cuadrados de edificabilidad para viviendas y con 14.000 metros cuadrados de suelo comercial sobre rasante. Los seis edificios residenciales, con entre 15 y 29 plantas de altura, darán a la avenida de Aragón y a la calle Joan Reglá y se levantarán sobre la zona comercial. En concreto, en la esquina de Joan Reglá con avenida de Aragón se levantarán tres torres de entre 16 y 22 plantas sobre una galería comercial de dos plantas; en la parte recayente en la avenida de Aragón habrá dos edificios de entre 19 y 22 plantas y una tercera en la parte más cercana a Blasco Ibáñez con entre 15 y 29 plantas, todo sobre otra galería comercial de dos plantas.

En la esquina de Joan Reglá con avenida de Suecia habrá un equipamiento público con una superficie de 1.307 metros cuadrados, en la avenida de Suecia, más hacia Blasco Ibáñez, habrá un centro de salud con la misma superficie y en el actual aparcamiento entre el fondo norte de Mestalla y Blasco Ibáñez (tras el edificio de la Confederación Hidrográfica del Júcar) un colegio con una superficie de 7.198 metros cuadrados. La parte central de la parcela, será un jardín de 24.728 metros cuadrados.

Proyecto de urbanización

Como avanzó esta redacción, el Ayuntamiento de València ha concedido al Valencia CF una prórroga de un mes y medio para que presente el proyecto de urbanización de todo el entorno.

Así consta en la resolución firmada este 18 de septiembre por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que se establece que el nuevo plazo para que el club presente la alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica del Plan de Actuación Integrado (PAI) finalizará el 27 de octubre de 2026.

El consistorio aceptó el pasado mes de junio otorgar al Valencia CF la gestión del PAI, lo que le permitirá convertirse en agente urbanizador y, entre otras cosas, vender si lo desea por separado las parcelas de cada torre de viviendas.

De esta forma, una vez aceptada la admisión a trámite del club como gestor del PAI, el Ayuntamiento le otorgó un plazo de tres meses desde para la presentación de la mencionada alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica, esto es, un proyecto de urbanización con plazos, presupuesto y soluciones técnicas (aceras, alumbrado, zonas verdes) que debe incluir el derribo de Mestalla. Plazo que ahora se ha ampliado hasta el 27 de octubre.

“No es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”. Con este curioso argumento despacharon este miércoles 23 de septiembre el PP y Vox una propuesta de Compromís que pretendía dar herramientas al Ayuntamiento de València para fiscalizar las actividades privadas de los concejales y concejalas autorizadas por el pleno.

Como informó elDiario.es, Compromís llevó una moción a la comisión de Hacienda por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el consistorio cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las compatibilidades que se les otorgan para que puedan desempeñar una segunda actividad privada, siempre que sea marginal y que no afecte a su labor pública.

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas por este diario, tanto el PP como Vox, con mayoría en las comisiones, rechazaron la propuesta con el argumento de que el actual modelo se aprobó por el anterior ejecutivo de izquierdas dirigido por Joan Ribó y que “no es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la idoneidad de la medida.

La propuesta venía a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.

Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentado que “nuevamente el Gobierno de alcaldesa María José Català ha tapado las vergüenzas de Gosàlbez y ha votado contra la moción presentada por Compromís para que el Ayuntamiento siguiera la recomendación hecha por la Sindicatura de Agravios para que la oposición pueda conocer el contrato de asesoramiento jurídico que tiene firmado el regidor de Vox y que compatibiliza con su dedicación exclusiva a cargo del erario público”.

Según Puchades, “esta es una nueva muestra de la nueva etapa de oscuridad y obstaculización al trabajo de control que tiene encargada la oposición y que pone de manifiesto cómo Català y sus socios, prefieren anular cualquier acción de transparencia antes de mostrar a la ciudadanía cuánto cobran y por qué actividades privadas cuando tendrían que hacerlo en exclusiva al servicio público”.

Para el edil de Compromís, “el cinismo de la derecha ha llegado a su extremo cuando aducen como único argumento para negarse a admitir la moción que quedaba muy poco de tiempo para acabar el mandato cuando, desde diciembre de 2023, durante el pleno en que se aprobó la compatibilidad de Gosàlbez, desde Compromís ya exigimos cambiar la normativa para garantizar la transparencia de las retribuciones y dedicación de las actividades privadas”.

El Sindicat d'Estudiants de València manifestó públicamente el pasado 5 de julio con las imágenes de las cámaras de seguridad que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València había accedido sin permiso a su sede, sita en un local arrendado al consistorio. Según advirtió en las cuentas oficiales del sindicato, Juan Manuel Badenas allanó “ilegalmente” el local “rompiendo la cerradura” al tiempo que registró “las salas y mesas”. “Esto es fascismo en estado puro”, aseguró.

La organización denunció los hechos en el juzgado que ya ha procedido a abrir diligencias. En concreto, la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha citado a declarar a los responsables sindicales como perjudicados y al propio Badenas como investigado, según ha confirmado a este diario el sindicato denunciante.

Tanto Badenas como los dos asesores que le acompañaban cuando accedieron al local han sido citados a declarar en calidad de investigados (antes imputados) el próximo 14 de enero a las 10 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado el 17 de diciembre a las 12.00 horas.

Un día después de estallar la polémica, en concreto el 6 de julio, la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció la petición de un informe jurídico sobre los hechos para “analizar absolutamente todo lo que ha pasado” y conocer qué motivó el acceso del edil a esas dependencias.

Sin embargo, la asesoría jurídica municipal ha declinado elaborar el escrito al estar el asunto judicializado, tal y como han respondido a la oposición que se había interesado por la situación del mencionado informe.

Según la respuesta dada al grupo municipal Compromís, al tener conocimiento de un requerimiento efectuado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València nº 1 que pudiera incidir sobre la cuestión solicitada desde la alcaldía, no resulta pertinente el pronunciamiento de la Secretaría municipal al resultar coincidente, en gran medida, con la investigación judicial.

Sobre los hechos, Badenas, exportavoz y concejal de Patrimonio, del que Vox reniega, publicó un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que explicaba que entró en la sede del local como parte de su trabajo, que conlleva la inspección de los edificios públicos.

Badenas señaló que el edificio “no está alquilado a nadie”, sino que es “un bien cedido para uso público”. Aseguró que otras entidades, incluso concejalías, “me han pedido locales” para desarrollar sus actividades y es un trabajo en el que lleva semanas. El edil afirmó que, como titular de Patrimonio municipal, entra en los locales “para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo”. “Es una de mis obligaciones como concejal”, defendió.

Compte arrere perquè el València CF tanque la venda de la parcel·la de Mestalla, una de les més valuoses de València, principalment per la ubicació i per la bona connectivitat, en la qual s'alçaran sis torres de vivendes, una de fins a 29 altures, una vegada derrocat el mític estadi, i una zona comercial. En total hi haurà unes 500 cases, cap protegida.

Com ja va informar eldiario.es, la subhasta dels terrenys està en la fase final, en la qual ja s'han seleccionat els fons o entitats que han passat l'últim filtre (short list,) entre els quals eixirà el que finalment aconseguisca la parcel·la. Diverses fonts especialitzades en aquesta mena de processos asseguren que solen ser tres les mercantils finalistes.

A partir d'eixe moment, es produeix un intercanvi d'informació més exhaustiu sobre els detalls i paràmetres del sòl i de l'operació, fins que les candidates presenten una oferta final vinculant. El club espera obtindre al voltant de 150 milions d'euros, i les ofertes s’acosten a aquesta quantitat, fins i tot alguna la supera lleugerament.

Fonts de tota solvència consultades per aquest diari han assegurat que serà el mes d'octubre quan se’n tanque la venda. Fons del club s'han limitat a assegurar que encara no hi ha res tancat.

A més, les mateixes fonts han apuntat que les ofertes més potents corresponen a la gestora d'inversió Pryconsa, que si aconseguira els terrenys comptaria amb el suport d’Atitlan per a desenvolupar la zona comercial, i a Neinor Homes, líder d'Espanya en mercat residencial. Les dos figuren en l'esmentada short list, al costat de la gestora de capital integrat Argis, que va del bracet amb Bertolín.

Altres de les empreses que han presentat ofertes, tal com va avançar recentment el diari Levante-EMV, són la firma sevillana ABU, a més de TM Grup Immobiliari i la madrilenya Admara Capital.

Peter Lim mateix, magnat de Singapur que compta amb la majoria accionarial del València CF, va supervisar en la visita a la ciutat del passat mes de juliol la selecció dels fons o promotors finalistes.

La parcel·la de l'avinguda d'Aragó compta amb 75.000 metres quadrats d'edificabilitat per a vivendes i amb 14.000 metres quadrats de sòl comercial sobre rasant. Els sis edificis residencials, d’entre 15 i 29 plantes d'altura, estaran encarats a l'avinguda d'Aragó i al carrer Joan Reglà i s'alçaran sobre la zona comercial. En concret, a la cantonada de Joan Reglà amb avinguda d'Aragó s'elevaran tres torres d'entre 16 i 22 plantes sobre una galeria comercial de dos plantes; en la part de cara a l'avinguda d'Aragó hi haurà dos edificis d'entre 19 i 22 plantes i una tercera en la part més pròxima a Blasco Ibáñez, entre 15 i 29 plantes, tot sobre una altra galeria comercial de dos plantes.

A la cantonada de Joan Reglà amb avinguda de Suècia hi haurà un equipament públic amb una superfície de 1.307 metres quadrats; en l'avinguda de Suècia, més cap a Blasco Ibáñez, hi haurà un centre de salut amb la mateixa superfície, i en l'actual aparcament entre el fons nord de Mestalla i Blasco Ibáñez (després de l'edifici de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer) un col·legi amb una superfície de 7.198 metres quadrats. La part central de la parcel·la serà un jardí de 24.728 metres quadrats.

Projecte d'urbanització

Com va avançar aquesta redacció, l'Ajuntament de València ha concedit al València CF una pròrroga d'un mes i mig perquè presente el projecte d'urbanització del centenari Mestalla.

Així consta en la resolució firmada aquest 18 de setembre pel regidor d'Urbanisme, Juan Giner, a la qual ha tingut accés eldiario.es, on s'estableix que el nou termini perquè el club presente l'alternativa tècnica i de la proposició jurídic-econòmica del Pla d'Actuació Integrat (PAI) finalitzarà el 27 d'octubre de 2026.

El consistori va acceptar el mes de juny passat atorgar al València CF la gestió del PAI, cosa que li permetrà convertir-se en agent urbanitzador i, a més, vendre si ho desitja per separat les parcel·les de cada torre de vivendes.

D'aquesta manera, una vegada acceptada l'admissió a tràmit del club com a gestor del PAI, l'Ajuntament li va atorgar un termini de tres mesos per a la presentació de l'esmentada alternativa tècnica i de la proposició jurídic-econòmica, és a dir, un projecte d'urbanització amb terminis, pressupost i solucions tècniques (voreres, enllumenat, zones verdes) que ha d'incloure l'enderrocament de Mestalla. Termini que ara s'ha ampliat fins al 27 d'octubre.

“No és moment de fer canvis precipitats al final del mandat”. Amb aquest curiós argument van despatxar dimecres 23 de setembre el PP i Vox una proposta de Compromís que pretenia donar instruments a l'Ajuntament de València per fiscalitzar les activitats privades dels regidors i regidores autoritzades pel ple.

Com va informar eldiario.es, Compromís va portar una moció a la comissió d'Hisenda per tal de proposar una sèrie de canvis normatius a fi que el consistori compte amb mecanismes legals que permeten contrastar que els edils compleixen les condicions establides en les compatibilitats que se'ls atorguen per a que puguen exercir una segona activitat privada, sempre que aquesta siga marginal i que no afecte la seua labor pública.

No obstant això, segons diverses fonts consultades per aquest diari, tant el PP com Vox, amb majoria en les comissions, van rebutjar la proposta amb l'argument que l'actual model va ser aprovat per l'anterior executiu d'esquerres dirigit per Joan Ribó, i que no és moment de fer canvis precipitats al final del mandat, sense entrar en el fons de la qüestió sobre la idoneïtat de la mesura.

La proposta està relacionada amb una resolució del Síndic de Greuges que conclou que l'Ajuntament ha de comprovar que “les condicions imposades en la declaració de compatibilitat”, per la qual es va autoritzar el portaveu municipal de Vox, José Gosálbez a realitzar una activitat privada marginal, es compleixen “en tot moment”.

Gosálbez, a través del seu despatx d'advocat, va firmar poc després d'obtindre la compatibilitat sobre un contracte d'assistència jurídica en matèria urbanística amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de València (COGITI), del qual no va informar, assumpte que va ser destapat per eldiario.es Es dona la circumstància que el regidor és el representant del partit ultra en laComissió d'Urbanisme. El regidor s'ha negat a fer públic el contracte, així com les condicions quant a horaris i remuneració, que l'oposició ha reclamat repetidament per tal de comprovar si compleix les condicions de la compatibilitat aprovada.

Al respecte, el regidor de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentat novament el Govern d'alcaldessa María José Català ha tapat les vergonyes de Gosálbez i ha votat contra la moció presentada per Compromís per tal que l'Ajuntament seguira la recomanació feta per la Sindicatura de Greuges i que l'oposició puga conéixer el contracte d'assessorament jurídic firmat pel regidor de Vox i que compatibilitza amb la seua dedicació exclusiva a càrrec de l'erari públic.

Segons Puchades, “aquesta és una nova mostra de la nova etapa de foscor i obstaculització al treball de control que correspon a l'oposició, i que posa de manifest com Català i els seus socis prefereixen anul·lar qualsevol acció de transparència abans de mostrar a la ciutadania quant cobren i per quines activitats privades, quan haurien de fer-ho en exclusiva al servici públic”.

Per al regidor de Compromís, “el cinisme de la dreta ha arribat a l’extrem quan addueixen com a únic argument per a negar-se a admetre la moció que quedava molt poc de temps per a acabar el mandat, quan des de desembre de 2023, durant el ple en què es va aprovar la compatibilitat de Gosálbez, Compromís ja va exigir canviar la normativa per a garantir la transparència de les retribucions i dedicació de les activitats privades”.

El Sindicat d’Estudiants de València va manifestar públicament el passat 5 de juliol, amb les imatges de les càmeres de seguretat, que el regidor de Vox a l'Ajuntament de València havia accedit sense permís a la seua seu, situada en un local arrendat al consistori. Segons es va advertir en els comptes oficials del sindicat, Juan Manuel Badenas va entrar il·legalment“ al local ”trencant el pany“, i en va regirar «les sales i taules”. “Això és feixisme en estat pur”, va assegurar.

L'organització va denunciar els fets en el jutjat, que ja ha procedit a obrir diligències sobre l’assumpte. En concret, la Secció d'Instrucció número u del Tribunal d'Instància de València ja ha citat a declarar els responsables sindicals com a perjudicats i el mateix Badenas com a investigat, segons ha confirmat a aquest diari el sindicat denunciant.

En concret, tant Badenas com els dos assessors que l’acompanyaven quan van accedir al local, han sigut citats a declarar en qualitat d'investigats (abans imputats) el pròxim 14 de gener a les 10 hores. Els responsables del sindicat acudiran al jutjat el 17 de desembre a les 12.00 hores.

Un dia després d'esclatar la polèmica, en concret el 6 de juliol, l'alcaldessa de València, María José Catalá, va anunciar la petició d'un informe jurídic sobre els fets «per tal d’analitzar absolutament tot el que ha passat» i conéixer què va motivar l'accés de l'edil a eixes dependències.

No obstant això, l'assessoria jurídica municipal ha declinat elaborar l'escrit en estar l'assumpte judicialitzat, tal com han respost a l'oposició, que s'havia interessat per la situació de l'esmentat informe.

Segons la resposta donada al grup municipal Compromís, al tindre coneixement d'un requeriment efectuat per la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València núm.1 que poguera incidir sobre la qüestió sol·licitada des de l'alcaldia, no resulta pertinent el pronunciament de la Secretaria municipal, en resultar coincident, en gran manera, amb la investigació judicial.

Sobre els fets, Badenas, exportaveu i regidor de Patrimoni de Vox del qual el partir renega, va publicar un nou vídeo en les seues xarxes socials en el qual explicava que va entrar en la seu del local com a part del seu treball, el qual comporta la inspecció dels edificis públics.

Badenas va assenyalar que l'edifici “no està llogat a ningú”, sinó que és “un be cedit per a ús públic”. Va assegurar que altres entitats, fins i tot regidories, “m'han demanat locals” per a dur a terme activitats i és un treball que fa setmanes que el reclama. L'edil va afirmar que, com a titular de Patrimoni municipal, entra en els locals “per a comprovar-ne l’estat i la utilització que se’n fa”. “És una de les meues obligacions com a regidor”, va argumentar.

La dolorosa experiencia de la dana de 2024 convierte en un hecho indiscutible que el riesgo de inundaciones intensas está cada vez más presente en el escenario valenciano. Para abordar los aspectos hidrológicos, climáticos y de planificación del territorio, la Confederación Hidrográfica del Júcar y elDiario.es han organizado en València una jornada en La Rambleta en la que especialistas de diferentes disciplinas y representantes de entidades de la sociedad civil relacionadas con el tema debatirán estas cuestiones bajo el título Inundaciones intensas y cambio climático en un contexto metropolitano. Los casos del Túria, el Poyo y el Carraixet.

La segunda de las conversaciones de la jornada ha estado moderada por la periodista de elDiario.es, Laura Martínez, y ha abordado la siguiente temática: “El binomio Poyo y Túria. ¿Una solución integrada para evitar futuras catástrofes?” Los ponentes encargados de abordarla han sido el adjunto a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Teodoro Estrela, y la comisaria de aguas del mismo organismo, Cristina Sola.

Sobre el fenómeno de la dana, Estrela ha explicado que “fue un fenómeno que produjo una avenida extraordinaria y hay que pensar en las lluvias que se produjeron ese 29 de octubre, con precipitaciones de hasta 600 milímetros en la cuenca del río Magro y del Poyo”. A diferencia de otros casos como las inundaciones de los años 1957, 1982 o 1989, “esta vez se han producido en menos tiempo lo que ha hecho que se hayan supuesto récords”. Esas lluvias tan elevadas “produjeron unos caudales muy elevados para esta zona de hasta 6.000 metros cúbicos por segundo, 4.000 por ejemplo en Torrent”.

Según el adjunto a la presidencia de la CHJ, “esto ocurrió en el Poyo, Magro o Pozalet”. En el caso del Poyo “tiene capacidad para 3.000 metros cúbicos por segundo en Torrent, en Picanya 2000, en Paiporta 1100 y en Catarroja 700”. A medida que la pendiente va cambiando “los cauces tienen menos capacidad para evacuar, las aguas se salen de ambos márgenes”. En el caso de la dana, “venía mucha agua a evacuar que chocó con la V-30, por lo que fue a las pedanías del sur de València o a otras localidades como Sedaví”.

Por su parte, Sola ha hecho énfasis en el aspecto urbanístico como herramienta de prevención: “Tenemos que adecuar los instrumentos de planeamiento para evitar asentamientos en zonas inundables. Lo importante es evitar ocupaciones en zonas que quedan sin urbanizar. Y cuando en una zona ya está todo urbanizado tenemos que actuar para reducir la vulnerabilidad con medidas encaminadas a la autoprotección, en esa línea se ha trabajado mucho”.

Sobre el cambio climático, Estrela ha comentado que en lo que se refiere a las precipitaciones se constata que van a ser más intensas lo que va a dar lugar a caudales más amplios.

Sobre las obras de emergencia en el barranco del Poyo, Sola ha comentado que tenían por objetivo “no solo restituir los daños y recuperar el cauce, sino mejorar el comportamiento frente a futuras avenidas”. En este sentido ha comentado que ha habido actuaciones “desde la cabecera hasta la Albufera para mejorar su capacidad, pasando en Chiva de 150 metros cúbicos por segundo que había antes de la dana a los 600 metros cúbicos por segundo actuales”.

La comisaria de aguas ha explicado que “también se han mejorado los márgenes reforzando los muros en cabecera en Chiva y también redirigiendo el agua para mejorar su comportamiento”. Aguas abajo de Chiva, en Riba-roja, “se ha hecho una mota para mejorar la protección del polígono y de las viviendas”. En Torrent “se han estabilización los márgenes para mejorar y proteger el polígono industrial y se han reconstruido los encauzamientos en Paiporta, Catarroja y Massanassa; se ha mejorado con estas obras de emergencia gracias a una inversión de 220 millones de euros”.

Sobre la desinformación o los bulos que han circulado como consecuencia de la dana, Sola ha destacado que la eliminación de las cañas de los barrancos es uno de los más recurrentes: “Hay que conservar y mantener en buen estado los cauces, conservar todo en adecuadas condiciones porque todo es un ecosistema”.

Para Estrela, “el buscar soluciones únicas, hacer una presa como se dice mucho no es una solución por sí sola” y ha añadido: “En unas cuencas harán falta, la presa de Montesa es un proyecto que se está trabajando y es adecuada, pero en el caso del Poyo es más complicado, depende de cada caso concreto buscar las mejores soluciones que son muchas, un conjunto, no una única”.

El lamentable caso del desahucio de Maricarmen, de 87 años, perpetrado este miércoles en Madrid ha generado un estallido de indignación social que se ha traducido en un sinfín de reacciones en las redes sociales, algunas de ellas no exentas de polémica.

Después de horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutó poco antes de las 13.00 horas gracias a un enorme despliegue policial que iba apartando activistas, uno a uno, del camino hasta el piso de la desahuciada. El caso dejó imágenes durísimas con la mujer sacada en una camilla sanitaria del edificio en el que llevaba toda su vida residiendo.

El Sindicato de Inquilinas denunció que el fondo Urbagestión había rechazado la última oferta formulada por la mediación para intentar detener el lanzamiento, por lo que el desahucio era irrevocable. Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros.

En relación con toda esta situación, el abogado Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), afirmó este miércoles en su cuenta de X: “Tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués”.

Lo hizo en respuesta a otro tuitero que afirmó que “si subirle el alquiler a una persona de 87 años de 500 a 2600 euros no es violencia yo no sé qué es violencia”.

Preguntado por el tuit, Soriano ha comentado a esta redacción que le parece sorprendente que “el PSOE se dedique a tapar el acoso de Leire Díez a la jueza o todo lo de Ceuta” utilizando su escrito y ha aclarado: “Por supuesto que todos empatizamos con Maricarmen. Yo respondo a un señor que habla de violencia, pero la ley está para cumplirla. Tenemos un problema grave de vivienda y sorprende que el PSOE esté más preocupado de lo que yo publico que de buscar soluciones. La seguridad jurídica es una variable importante para que los pequeños propietarios no tengan miedo de sacar sus viviendas al mercado del alquiler y esto a su vez influye en que haya más o menos oferta y en los precios, es una parte del problema, junto a la política de vivienda desnortada del Gobierno”.

El despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, tiene como cliente a Business Decision and Advice, S.L., la promotora que construye alojamientos turísticos en los bajos de tres residenciales en el barrio de Benicalap, en València, y que ha generado denuncias de los vecinos que consideran que parte de los obras que están ejecutando, especialmente la apertura de ventanales en fachadas recayentes a zonas comunes, son ilegales.

Un incendio en el sótano del Mercat Central de València ha obligado a desalojar el recinto este jueves en torno a las 12.30 horas, según han confirmado testigos presenciales a elDiario.es.

Fuentes municipales han confirmado que efectivamente se ha declarado un incendio en el sótano y que han acudido seis dotaciones del cuerpo municipal de bomberos. Al mismo tiempo han asegurado que el plan de autoprotección del Mercat ha funcionado correctamente y “en menos de cinco de minutos se ha desalojado”.

“Estábamos comprando, de repente se ha llenado todo de humo y nos han pedido que desalojemos el edificio por un incendio, aparentemente en el sótano”, ha explicado a este diario uno de los clientes que se encontraba en el recinto.

Según ha podido saber este diario, el origen del fuego que ya está controlado estaría relacionado con un cortocircuito en el cuadro de luces.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado que el incendio se ha originado en un cuadro eléctrico del sótano y que el incendio se ha dado por estinguido en torno a las 13.50 horas: “Se va a proceder a los trabajos de ventilación. El Mercat se ha desalojado en cuestión de minutos, a lo largo de la tarde se procederá a la ventilación del edificio. Solo se ha atendido a un vigilante por inhalación de humo de carácter leve. Esperemos que este viernes se pueda abrir con normalidad el recinto, al menos la mayoría de puestos”.

Las comunidades de vecinos del barrio de Benicalap, en València, afectadas por la implantación de alojamientos turísticos en sus bajos con alteración de fachadas en los elementos comunes incluido siguen luchando para tratar de frenar las obras que desde hace meses han quebrado su tranquilidad.

En este caso, los residentes del edificio ubicado en la calle de Carlos Cortina número 5 han remitido diversos escritos al Ayuntamiento de València por medio de los cuales aseguran que la empresa promotora, Business Decission and Advice SL, habrían incumplido diversas cuestiones administrativas que implicarían la paralización inmediata de los trabajos.

Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento recientemente detectó que se estaban ejecutando actuaciones en zonas que no estaban incluidas en el permiso habilitante por lo que dio un plazo de 10 días a la mercantil para que alegara lo que estimara antes de paralizar los trabajos en esa zona con fachada recayente a la calle de Carlos Cortina, un espacio con una superficie de 152,27 m² en planta baja y 36,52 m² de entreplanta.

Ahora, la comunidad de propietarios ha pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Juan Giner, para trasladarle de primera mano los nuevos incumplimientos que aseguran haber detectado y que acarrearían la paralización de todas las obras.

Según la documentación remitida al consistorio, la declaración responsable que supuestamente ampara las obras se basó en una certificación ECUV que señala una duración prevista de las obras de nueve meses.

Conforme al artículo 16.2 de la Ordenanza reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia vigente en el momento de presentarse la declaración responsable, las obras podrán iniciarse de forma inmediata, no obstante una vez transcurridos sin que se hayan llevado a cabo las actuaciones para las que fue presentada la declaración responsable o bien no se hayan finalizado las mismas, se producirá la extinción.

Los vecinos aseguran que en el expediente municipal está acreditado por un informe policial que las obras se iniciaron el día 28 de octubre de 2025, de modo que el plazo de ejecución de las obras finalizó 9 meses después, el pasado 28 de julio de 2026.

Al mismo tiempo, consideran que actualmente las obras están en marcha sin título que las habilite legalmente al haber caducado la declaración responsable y afirman que no se puede otorgar prórroga de ningún tipo. Además, insisten en que conforme al artículo 252 de la LOTUP, cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizan sin licencia, la Alcaldía está obligada a ordenar, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras.

En segundo lugar, denuncian que el número de ventanales abiertos en la fachada recayente en la zona ajardinada del edificio supera a los declarados e incluidos en el título habilitante, que además estaría caducado. Así, acreditan comparando los planos del proyecto con imágenes fotográficas que se aprecia un mayor número de agujeros abiertos (15 en planta baja y 16 en entreplanta). En consecuencia, ponen de relieve que se está ante una situación de ejecución de obras sin seguir las determinaciones del proyecto tal como señala el artículo 252 de la LOTUP y el Informe de Asesoría Jurídica publicado a principios de septiembre.

Como informó este periódico, esta misma empresa es la que ejecuta proyectos muy similares, es decir, alojamientos turísticos en los bajos de los residenciales de las calles de Carlos Cortina 2 y de Encarna Albarracín. En todos los casos las comunidades de vecinos han denunciado las obras acometidas por la mercantil.

En el caso de Carlos Cortina 5 y de Encarna Albarracín principalmente por la alteración de las fachadas recayentes a las zonas comunes para la apertura de ventanales sin permiso de la comunidad, lo que puede chocar con la Ley de Propiedad Horizontal. En el caso de Carlos Cortina 2 por la eliminación de revestimientos en pilares de carga con taladros hidráulicos.

La promotora Business Decission and Advice SL está representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma promotora tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Desde Soriano i Piqueras han manifiestado a elDiario.es que no es cierto que Business Decision and Advice, S.L. esté representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras: “Ni el despacho ni ninguno de sus abogados es representante legal de esa sociedad, ni forma parte de su órgano de administración, ni participa en su capital, ni tiene interés alguno en ella o en sus proyectos. Business Decision and Advice, S.L. es, sencillamente, un cliente del despacho, que le presta asesoramiento y defensa jurídica como abogados externos, igual que a cualquier otro cliente. Soriano i Piqueras tampoco promueve ni impulsa proyecto alguno de alojamientos turísticos en Benicalap, Torrefiel, La Raiosa ni en ningún otro lugar: esos proyectos son exclusivamente de la mercantil promotora”.

“No aportar ninguna referencia contrastable de gestión previa de un alojamiento o albergue juvenil o una zona de acampada equivalente que respalde la diversificación en diez líneas de ingreso declarada”.

El informe del comité de expertos que valoró las propuestas de las tres empresas que se presentaron al concurso convocado por el Ayuntamiento de Benidorm para explotar el espacio de acampada y ocio juvenil de la Séquia Mare se pronuncia en estos términos en el apartado de “modelo general de gestión integral del centro” en relación a la propuesta presentada por Trokoaventuras MB SL, la empresa que finalmente se adjudicó la concesión por un plazo de 10 años.

Y es que, según la documentación recabada por elDiario.es a través del Registro Mercantil, tanto esta empresa como su matriz, Nexo Troko SL, se constituyeron el pasado 21 de agosto de 2026, 10 antes de que finalizara el plazo para que cualquier empresa pudiera presentarse al proceso.

Según la información del Registro, Trokoaventuras SL se constituyó con un capital social de 3.000 euros y su actividad declarada es la de “campings y aparcamientos para caravanas, animación sociocultural, ocio, tiempo libre y espectáculos” mediante la “organización, gestión, producción, promoción, contratación, coordinación y ejecución de actividades de animación sociocultural, socioeducativa, deportiva y recreativa”.

Su matriz, Nexo Troko SL, se crea con un capital social de 492.000 euros y su objeto social es “adquirir, enajenar, poseer, gravar y administrar todo tipo de bienes muebles e inmuebles”, además de “prestar servicios de asesoramiento, consultoría, administración y gestión a las sociedades en las que participe, incluyendo servicios financieros, contables, fiscales, de auditoría, legales y de recursos”.

Ambas mercantiles el administrador único es D. A. S. y están erradicadas en La Nucía, municipio cuyo alcalde, Bernabé Cano, es uno de los pesos pesados del PP de Alicante, que lleva más de 25 años cosechando mayorías absolutas en su municipio y sorteando acusaciones de las que ha salido sin apenas un rasguño.

La calle de esta localidad en la que están dadas de alta las mencionadas empresas coincide con el domicilio social de Trokolo Ocio y Educación SL, empresa constituida con un capital social de 3.000 euros el 16 de febrero de 2023. Esta empresa gestionó los pasados meses de julio y agosto la escuela de verano del Ayuntamiento de Benidorm para menores de entre 3 y 13 años.

Llama la atención que una de las condiciones del pliego del concurso establece que la empresa licitadora podrá acreditar su solvencia técnica mediante la aportación de la siguiente documentación: “Una relación de los principales servicios efectuados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 70.000 euros”.

A preguntas de elDiario.es al Ayuntamiento sobre cómo ha podido acreditar esta solvencia una empresa de nueva creación, fuentes municipales han informado de que “la Ley de Contratos del Sector Público regula en su artículo 75 la Integración de la solvencia con medios externos, apoyándose la solvencia técnica y económica para esta licitación en otra empresa” y han destacado que “es una fórmula que también han empleado otras mercantiles que han participado del concurso”.

Efectivamente, el informe del comité de expertos señala que la segunda clasificada, Camping Navalmar SL, concurre con Aloja Book y lo destaca en un par de apartados como puntos débiles por su “excesiva dependencia”. Sin embargo, no menciona la empresa en la que se apoya la adjudicataria, Trokoaventuras MB SL.

La peor oferta económica para el Ayuntamiento

Como informó elDiario.es, el Ayuntamiento gobernado por el PP con mayoría absoluta con el alcalde Antonio Pérez a la cabeza adjudicó el pasado viernes 18 de septiembre la concesión del mencionado recinto a la empresa Trokoaventuras MB SL, que además presentó la oferta económica menos ventajosa para los intereses municipales.

En el concurso para adjudicar la concesión, la valoración de los criterios económicos, es decir los objetivos, tan solo suponían un 10% del total de la puntuación, mientras el 90% restante correspondía la propuesta técnica, de criterio subjetivo. En este sentido, según el pliego de condiciones, el Consistorio proponía una inversión adicional de 200.000 euros para equipar las instalaciones y se ofrecía a las empresas concursantes aminorar esta cuantía. En este sentido, la adjudicataria tan solo ofreció una inversión de 15.826 euros siendo la más baja de las tres empresas que se presentaron al proceso. Una oferta que supone 184.174 euros menos que Camping Navalmar SL, la segunda clasificada, que propuso poner 200.0000 euros liberando al Ayuntamiento de ese coste adicional. La tercera empresa, José medina e Hijos SL, hizo una oferta de 90.000 euros.

Al respecto, fuentes municipales justificaron esta fórmula de puntuación en que “se da prioridad al proyecto y al servicio, porque se quiere un albergue juvenil con actividades y proyectos lúdicos y educativos, no que prevalezca lo económico”, es decir, evitando de esta forma que se lo quede la empresa con mayor capacidad económica pero, quizás con una peor oferta de gestión.

Llama la atención también que el Ayuntamiento, tras haber realizado una inversión de 2,1 millones de euros en la adecuación del espacio, así como en la construcción del albergue y centro de interpretación, no exige el pago de un canon anual a la empresa concesionaria y que si los costes de limpieza del recinto exceden los 20.000 euros anuales, el consistorio asumirá la diferencia.

El informe del comité de expertos que ha valorado 10 parámetros de cada una de las tres empresas participantes ha otorgado una puntuación final sobre 90 (los 10 puntos restantes corresponden a la oferta económica) de 78,75 puntos a la adjudicataria; 65,95 a José Medina e Hijos; y 67,05 a Camping Navalmar. Según el mencionado documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “las diferencias de puntuación entre las tres ofertas son moderadas en términos absolutos y muy reducidas entre la segunda y la tercera posición, lo que refleja que las tres memorias técnicas alcanzan un nivel de calidad, coherencia y desarrollo comparable y notablemente superior al umbral mínimo exigido del 50 % (45 puntos)”.

Como consecuencia de la fórmula establecida en los pliegos, Trokoaventuras obtuvo 0,79 puntos en el criterio económico, mientras que Camping Navalmar obtuvo 10 puntos, la puntuación máxima.

Tras sumar la valoración técnica y económica, Trokoaventuras quedó en primera posición con 79,54 puntos, seguida de Camping Navalmar con 77,05 puntos. La diferencia final entre ambas ofertas es de tan solo 2,49 puntos.

Les comunitats de veïns del barri de Benicalap, a València, afectades per la implantació d'allotjaments turístics en els baixos dels seus edificis amb alteració de façanes i elements comuns inclosos, continuen lluitant per a intentar frenar unes obres que des de fa mesos han trencat la seua tranquil·litat.

En este cas, els residents de l'edifici situat al carrer de Carlos Cortina número 5 han remés diversos escrits a l'Ajuntament de València per mitjà dels quals asseguren que l'empresa promotora, Business Decission and Advice SL, hauria incomplit diverses qüestions administratives que implicarien la paralització immediata dels treballs.

Com va informar elDiario.es, l'Ajuntament va detectar recentment que s'estaven executant actuacions en zones que no estaven incloses en el permís habilitant, per la qual cosa va donar un termini de 10 dies a la mercantil perquè al·legara el que estimara oportú abans de paralitzar els treballs en esta zona amb façana que recau al carrer de Carlos Cortina, un espai amb una superfície de 152,27 m² en planta baixa i 36,52 m² d'entresolat.

Ara, la comunitat de propietaris ha demanat una reunió amb el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, per a traslladar-li de primera mà els nous incompliments que asseguren haver detectat i que comportarien la paralització de totes les obres.

Segons la documentació remesa al Consistori, la declaració responsable que suposadament empara les obres es va basar en una certificació ECUV que assenyala una duració prevista dels treballs de nou mesos.

D'acord amb l'article 16.2 de l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València vigent en el moment de presentar-se la declaració responsable, les obres podran iniciar-se de manera immediata. No obstant això, una vegada transcorregut el termini sense que s'hagen dut a terme les actuacions per a les quals es va presentar la declaració responsable, o bé sense que estes hagen finalitzat, es produirà la seua extinció.

Els veïns asseguren que en l'expedient municipal està acreditat, mitjançant un informe policial, que les obres es van iniciar el 28 d'octubre de 2025, de manera que el termini d'execució va finalitzar nou mesos després, el passat 28 de juliol de 2026.

Al mateix temps, consideren que actualment les obres continuen en marxa sense cap títol que les habilite legalment, ja que la declaració responsable hauria caducat, i afirmen que no es pot atorgar cap mena de pròrroga. A més, insistixen que, d'acord amb l'article 252 de la LOTUP, quan els actes d'edificació o ús del sòl es realitzen sense llicència, l'Alcaldia està obligada a ordenar, sense més tràmits, la suspensió immediata de les obres.

En segon lloc, denuncien que el nombre de finestrals oberts en la façana que recau en la zona enjardinada de l'edifici supera els declarats i inclosos en el títol habilitant, que, a més, estaria caducat. Així, acrediten, mitjançant la comparació dels plànols del projecte amb imatges fotogràfiques, que s'aprecia un nombre més gran d'obertures practicades —15 en planta baixa i 16 en entresolat—. En conseqüència, posen de manifest que es tracta d'una situació d'execució d'obres sense seguir les determinacions del projecte, tal com assenyala l'article 252 de la LOTUP i l'Informe d'Assessoria Jurídica publicat a principis de setembre.

Com va informar este periòdic, esta mateixa empresa és la que executa projectes molt similars, és a dir, allotjaments turístics en els baixos dels edificis residencials dels carrers de Carlos Cortina 2 i d'Encarna Albarracín. En tots els casos, les comunitats de veïns han denunciat les obres executades per la mercantil.

En el cas de Carlos Cortina 5 i d'Encarna Albarracín, principalment per l'alteració de les façanes que recauen en les zones comunes per a l'obertura de finestrals sense permís de la comunitat, cosa que pot xocar amb la Llei de Propietat Horitzontal. En el cas de Carlos Cortina 2, per l'eliminació de revestiments en pilars de càrrega mitjançant perforacions amb trepants hidràulics.

La promotora Business Decission and Advice SL està representada legalment pel despatx Soriano i Piqueras, del qual és cofundador Víctor Soriano, assessor adscrit a la Secretaria Primera del Senat, Eva Ortiz (PP). La firma té altres dos projectes en marxa a Torrefiel i la Raiosa.

“No aportar cap referència contrastable de gestió prèvia d'un allotjament o alberg juvenil o d'una zona d'acampada equivalent que done suport a la diversificació en deu línies d'ingressos declarada”.

L'informe del comité d'experts que va valorar les propostes de les tres empreses que es van presentar al concurs convocat per l'Ajuntament de Benidorm per a explotar l'espai d'acampada i oci juvenil de la Séquia Mare es pronuncia en estos termes en l'apartat de “model general de gestió integral del centre” en relació amb la proposta presentada per Trokoaventuras MB SL, l'empresa que finalment es va adjudicar la concessió per un termini de 10 anys.

La raó és que, segons la documentació recopilada per elDiario.es a través del Registre Mercantil, tant esta empresa com la seua matriu, Nexo Troko SL, es van constituir el passat 21 d'agost de 2026, 10 dies abans que es complira el termini perquè qualsevol empresa poguera presentar-se al procés.

Segons la informació del Registre, Trokoaventuras SL es va constituir amb un capital social de 3.000 euros i la seua activitat declarada és la de “càmpings i aparcaments per a caravanes, animació sociocultural, oci, temps lliure i espectacles” mitjançant “l'organització, gestió, producció, promoció, contractació, coordinació i execució d'activitats d'animació sociocultural, socioeducativa, esportiva i recreativa”.

La seua matriu, Nexo Troko SL, es crea amb un capital social de 492.000 euros i el seu objecte social és “adquirir, alienar, posseir, gravar i administrar tota classe de béns mobles i immobles”, a més de “prestar serveis d'assessorament, consultoria, administració i gestió a les societats en què participe, inclosos serveis financers, comptables, fiscals, d'auditoria, legals i de recursos”.

En les dos mercantils, l'administrador únic és D. A. S. i estan radicades a la Nucia, municipi l'alcalde del qual, Bernabé Cano, és un dels pesos pesants del PP d'Alacant, que fa més de 25 anys que obté majories absolutes al seu municipi i esquivant acusacions de les quals ha eixit pràcticament indemne.

El carrer d'esta localitat en què estan donades d'alta les empreses esmentades coincidix amb el domicili social de Trokolo Ocio y Educación SL, empresa constituïda amb un capital social de 3.000 euros el 16 de febrer de 2023. Esta empresa va gestionar els passats mesos de juliol i agost l'escola d'estiu de l'Ajuntament de Benidorm per a menors d'entre 3 i 13 anys.

Crida l'atenció que una de les condicions del plec del concurs establix que l'empresa licitadora podrà acreditar la seua solvència tècnica mitjançant l'aportació de la documentació següent: “Una relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys, de naturalesa igual o similar als que constituïxen l'objecte del contracte, l'import anual acumulat dels quals en l'any d'execució més alta siga igual o superior a 70.000 euros”.

A preguntes d'elDiario.es a l'Ajuntament sobre com ha pogut acreditar esta solvència una empresa de nova creació, fonts municipals han informat que “la Llei de Contractes del Sector Públic regula en l'article 75 la integració de la solvència amb mitjans externs, i la solvència tècnica i econòmica per a esta licitació es basa en una altra empresa” i han destacat que “és una fórmula que també han emprat altres mercantils que han participat en el concurs”.

Efectivament, l'informe del comité d'experts assenyala que la segona classificada, Camping Navalmar SL, concorre amb Aloja Book i ho destaca en un parell d'apartats com a punt dèbil per la seua “dependència excessiva”. No obstant això, no menciona l'empresa en què es recolza l'adjudicatària, Trokoaventuras MB SL.

La pitjor oferta econòmica per a l'Ajuntament

Com va informar elDiario.es, l'Ajuntament governat pel PP amb majoria absoluta i amb l'alcalde Antonio Pérez al capdavant va adjudicar el passat divendres 18 de setembre la concessió del recinte esmentat a l'empresa Trokoaventuras MB SL, que, a més, va presentar l'oferta econòmica menys avantatjosa per als interessos municipals.

En el concurs per a adjudicar la concessió, la valoració dels criteris econòmics, és a dir, els objectius, només representava un 10% del total de la puntuació, mentre que el 90% restant corresponia a la proposta tècnica, de criteri subjectiu. En este sentit, segons el plec de condicions, el Consistori proposava una inversió addicional de 200.000 euros per a equipar les instal·lacions i oferia a les empreses concursants reduir esta quantia. En este sentit, l'adjudicatària només va oferir una inversió de 15.826 euros, la més baixa de les tres empreses que es van presentar al procés. Una oferta que representa 184.174 euros menys que Camping Navalmar SL, la segona classificada, que va proposar aportar 200.000 euros i alliberar l'Ajuntament d'eixe cost addicional. La tercera empresa, José Medina e Hijos SL, va fer una oferta de 90.000 euros.

Sobre esta qüestió, fonts municipals van justificar esta fórmula de puntuació en què “es dona prioritat al projecte i al servei, perquè es vol un alberg juvenil amb activitats i projectes lúdics i educatius, no que prevalga l'aspecte econòmic”, és a dir, evitant d'esta manera que se'l quede l'empresa amb capacitat econòmica més gran però, potser, amb una pitjor oferta de gestió.

Crida també l'atenció que l'Ajuntament, després d'haver realitzat una inversió de 2,1 milions d'euros en l'adequació de l'espai, així com en la construcció de l'alberg i el centre d'interpretació, no exigix el pagament d'un cànon anual a l'empresa concessionària i que, si els costos de neteja del recinte excedixen els 20.000 euros anuals, el Consistori assumirà la diferència.

L'informe del comité d'experts, que ha valorat 10 paràmetres de cadascuna de les tres empreses participants, ha atorgat una puntuació final sobre 90 —els 10 punts restants corresponen a l'oferta econòmica— de 78,75 punts a l'adjudicatària; 65,95 a José Medina e Hijos; i 67,05 a Camping Navalmar. Segons el document esmentat, al qual ha tingut accés elDiario.es, “les diferències de puntuació entre les tres ofertes són moderades en termes absoluts i molt reduïdes entre la segona i la tercera posició, cosa que reflectix que les tres memòries tècniques aconseguixen un nivell de qualitat, coherència i desenvolupament comparable i notablement superior al llindar mínim exigit del 50% (45 punts)”.

A conseqüència de la fórmula establida en els plecs, Trokoaventuras va obtindre 0,79 punts en el criteri econòmic, mentre que Camping Navalmar va obtindre 10 punts, la puntuació màxima.

Després de sumar la valoració tècnica i econòmica, Trokoaventuras va quedar en primera posició amb 79,54 punts, seguida de Camping Navalmar amb 77,05 punts. La diferència final entre les dos ofertes és de només 2,49 punts.

Un estudio liderado por la Universitat de València analiza la viabilidad de implementar un seguro de divorcio. Esta cobertura pretende contribuir a sobrellevar los gastos inmediatos asociados a la ruptura, entre los que destacan los costes jurídicos, de las mudanzas o de los alojamientos temporales.

El estudio, publicado en la revista Humanities and Social Sciences Communications, está desarrollado por Juan Bataller-Grau, catedrático de Derecho Mercantil y director de Patrimonium, y Carlos Vidal-Meliá, catedrático de Economía Financiera y Actuarial de la UV. El trabajo aborda la falta de protección frente a las necesidades económicas inminentes que sufren muchos hogares, especialmente mujeres y colectivos vulnerables, durante una ruptura matrimonial.

Los autores destacan que el seguro de divorcio es objeto de debate desde hace décadas, pero se ha aplicado de manera excepcional. En este sentido, el objetivo de la investigación es examinar las condiciones necesarias para que una cobertura de este tipo resulte técnica, jurídica y socialmente viable. Para ello, Bataller y Vidal toman como ejemplo la representación del seguro de divorcio transmitida a través de las narrativas culturales y la contrastan con casos reales. Concretamente, combinan el análisis de la serie The Divorce Insurance con el estudio de experiencias de Estados Unidos y Europa y de las principales dificultades jurídicas y financieras afrontadas.

El equipo investigador resalta que “una cobertura limitada y bien diseñada puede ayudar a cubrir los gastos derivados de una ruptura matrimonial. No se trata de incentivar el divorcio ni de compensar todas sus consecuencias económicas, sino de estudiar una posible herramienta de protección complementaria al derecho de familia y a las políticas públicas”.

Los hallazgos muestran que las propuestas más factibles consisten en coberturas de corto plazo destinadas a proporcionar liquidez para los gastos inmediatos. El estudio enfatiza en que, además de diseñar un seguro que encaje con el ordenamiento jurídico, también necesita aceptación social. “Debe percibirse como una ayuda ante una transición familiar difícil, no como un ‘premio’ por divorciarse”, apunta el grupo de trabajo.

Asimismo, Bataller y Vidal subrayan que “las fórmulas más plausibles son las que proporcionan una protección económica limitada, mediante un capital previamente pactado o una cobertura de gastos concretos, especialmente jurídicos”. El análisis plantea las condiciones necesarias para desarrollar un producto asegurador responsable. En esta línea, los autores también recalcan la importancia de establecer periodos de carencia, límites de cobertura y mecanismos que reduzcan la contratación ante una ruptura ya inminente y los incentivos al fraude.

El trabajo ha recibido financiación de la Generalitat Valenciana, mediante el proyecto CIPROM/2024/75 “El moderno derecho del seguro”, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mediante el proyecto PID2024-159634NB-I00 “Towards the prevention of ageism: an ius privatist approach”.

El marco para una protección financiera temporal

El estudio parte de dos investigaciones previas. Vidal ya había desarrollado una primera versión del modelo del seguro de divorcio, publicada en la revista Family Transitions, en la que recoge las posibles aplicaciones de este seguro a través del análisis de una población simulada de 10.000 parejas, que proyecta la supervivencia biológica y el mantenimiento de las relaciones de matrimonio de la muestra durante 30 años.

Este enfoque permite traducir características verificables —como la edad al contraer matrimonio, la historia de convivencia, la asimetría de ingresos entre cónyuges y los divorcios previos— en la configuración de pagos diferenciados en función de las características de la pareja. Según los resultados de las simulaciones, este seguro es “actuarialmente concebible como protección financiera temporal”.

Por otro lado, Bataller y Vidal habían analizado también la posibilidad de establecer en España un seguro de divorcio como un capital previamente pactado que, conforme explican, “se abonaría al producirse la separación”. Este trabajo, publicado en la Revista de Derecho del Sistema Financiero, aporta el “andamiaje para la construcción de un contrato atípico, pero de práctica utilidad, y examina cómo articular esta cobertura en el derecho español”, concluyen sus autores.

El Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este miércoles en la comisión de urbanismo el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de València, el documento urbanístico que regula los usos, actividades y edificaciones que se podrán desarrollar en todo el ámbito, principalmente en el entorno del muelle Príncipe Felipe. Se trata de una aprobación provisional tras el periodo de alegaciones que se eleva a la Conselleria de Territorio a los efectos de la aprobación definitiva.

Entre los edificios que quedan en el ámbito del plan está el actual edificio de oficinas del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, así como los terrenos contiguos en los que inició las obras de su nueva torre de oficinas de 13 alturas mediante una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El Ayuntamiento paralizó los trabajos al haberse iniciado sin la preceptiva licencia municipal, y así siguen a la espera de que se resuelva el expediente sancionador.

En este sentido, llama la atención el choque que se produjo durante la tramitación del Plan Especial entre el Ministerio de Transición Ecológica y la APV a colación del mencionado edificio. Así, un informe de la dirección general de la Costa y el Mar dependiente del mencionado ministerio, firmado el pasado mes de marzo, advirtió de un exceso de altura de la torre.

Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, “el dominio público portuario estatal se regula por las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPYMM) y supletoriamente por la Ley de Costas, por lo que deberá garantizarse que con las alturas propuestas no se genera una pantalla arquitectónica en los primeros 500 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”.

Por lo expuesto, la dirección general pidió aclarar los siguientes aspectos en relación al edificio de Boluda: “Para la ordenación propuesta en el área de ordenación especial, si bien se indica que se consolida la edificación existente (actualmente de 3-4 plantas de altura), se permite una altura de PB+XIII [planta baja más 13 pisos] (56 metros de altura), lo que resultaría contrario a lo regulado en la zona de influencia por la normativa de Costas”.

A este escrito contestó la APV remarcando que pese a que el informe se había emitido fuera de plazo, se incluía en el expediente y afirmando que al estar el inmueble en suelo portuario, la Ley de Costas no es de aplicación: “si bien los terrenos objeto del plan tienen consideración de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), también tienen la consideración de dominio público portuario. Es por ello que, en virtud de lo indicado en el artículo 67.1 TRLPEMM, su régimen jurídico viene determinado por la normativa portuaria, siendo de aplicación solo de forma supletoria las disposiciones de la legislación de costas”.

En consecuencia, añade la APV, “la aplicación de las servidumbres y demás limitaciones a la propiedad (zona de influencia) que se establecen en la Ley de Costas no serán de aplicación sobre el dominio público portuario (DPP), tal y como se recoge en el informe de la Abogacía del Estado”.

Boluda alega contra la protección de sus actuales oficinas

Como informó elDiario.es, la multa del Ayuntamiento a Boluda podría ser doble: una por infracción leve al comenzar los trabajos sin los pertinentes permisos municipales y otra por infracción grave por afectar las obras a un edificio catalogado.

En este sentido, la mercantil del naviero ha presentado alegaciones para evitar que el Plan Especial recoja su actual edificio de oficinas como catalogado, lo que implicaría una cierta protección patrimonial.

Boluda defiende en su escrito que “el inmueble actual ya no se corresponde sustancialmente con las antiguas oficinas de Unión Naval de Levante, porque ha sufrido transformaciones profundas, especialmente en la reforma de 2006-2007, como son cambio de volumen, sustitución de la segunda planta por otra acristalada, incorporación de nuevos núcleos de comunicación, alteración de fachadas y demolición de la decoración y distribución interior previas” por lo que “carece de valor histórico, arquitectónico y etnológico suficiente para ser integrado en el patrimonio cultural valenciano”.

Sin embargo, el Ayuntamiento desestima la alegación: “Desde una óptica administrativa, tales circunstancias no excluyen necesariamente la existencia de valores protegibles. La protección urbanístico-patrimonial puede fundarse no sólo en la autenticidad material absoluta del edificio originario, sino también en su significación histórica, en su permanencia como hito de un enclave productivo-portuario, en su relación con la memoria industrial del frente marítimo y en los valores compositivos, tipológicos o de contextualización urbana que el planeamiento considere concurrentes. Por lo tanto, no procede estimar la pretensión de eliminación automática de toda referencia patrimonial”.