La movilidad en torno al nuevo estadio del Valencia CF es sin duda uno de los grandes retos de cara a su puesta de largo en el verano de 2027. Y es que, en el entorno del centenario Mestalla, con una capacidad de 45.000 espectadores y en una ubicación mucho más céntrica y con mejor conectividad de transporte público, ya se dan situaciones de colapso, con invasión de coches en zonas verdes y peatonales en los aledaños.

La situación podría ser mucho más complicada en el coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas cuyas obras avanzan a velocidad de crucero, casi a la misma que crece la preocupación entre el vecindario de Benicalap por el efecto que puede tener los días de partido en la accesibilidad al barrio, teniendo en cuenta que se trata de un recinto de 70.000 espectadores, 20.000 más que Mestalla, con menor dotación de líneas de EMT y de Metrovalencia y en una zona donde ya de por sí cuesta encontrar sitio para aparcar.

Este fue uno de los aspectos que centraron la reunión que mantuvieron este jueves 16 de julio varios miembros de la asociación vecinal del barrio con el Valencia CF, con visita a las obras del nuevo estadio incluido, tal y como informó el club en un comunicado. Fuentes vecinales han comentado a elDiario.es que las estaciones de Metrovalencia (Beniferri, Campanar, Empalme y Florista) no están preparadas para el alud de aficionados que se avecina y que los buses de la EMT ya van colapsados a diario, sin el efecto llamada de un partido.

Las mismas fuentes comentaron que el club comparte la preocupación y que está dispuesto a arrimar el hombro dentro de sus posibilidades. Además, los representantes vecinales mostraron su extrañeza ante la aparente pasividad tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat: “Les va a pillar el toro, un año se pasa volando y habrá que hacer muchas campañas de concienciación para tratar de evitar los desplazamientos en coche en la medida de lo posible”.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Infraestructuras han asegurado a preguntas de elDiario.es que coordina junto al Ayuntamiento y Metrovalencia el dispositivo en el que EMT y Metrovalencia serán los protagonistas, al tiempo que han asegurado que está habiendo reuniones con el Valencia CF y que “poco a poco se va definiendo el sistema definitivo”. Como avanzó este diario, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tiene prevista la llegada de 16 nuevos tranvías a lo largo de 2027.

Por su parte, fuentes municipales han asegurado que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) también trabaja en el servicio que dará y en este sentido han comentado que 15 líneas llegarán hasta la misma puerta del Nou Mestalla o tendrán paradas a cinco minutos o menos de distancia andando al estadio. Son dos líneas más de las que prestan servicio cerca del campo en la actualidad. Además, han recordado que a lo largo de este 2026 y en el próximo 2027 se prevé la llegada de 94 autobuses eléctricos más.

Plan de movilidad de 2015 y obligaciones del Valencia CF

Lo cierto es que existe un plan de movilidad elaborado por el Valencia CF en el año 2015 y validado por el Ayuntamiento de València. Es el plan en el que se basan todas las medidas recogidas en los diferentes proyectos del estadio y de urbanización del entorno presentados por el club e incluso en las fichas urbanísticas aprobadas en julio de 2024 por el Ayuntamiento.

Y eso a pesar de que el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, contiene datos obsoletos por el paso del tiempo. Por ejemplo, cifra en 75.000 espectadores el aforo previsto en el estadio, habla de la línea de bus Metrorbital que ya no existe, puesto que ahora es una línea más de la EMT, y habla de una previsión de aparcamiento de 1.775 plazas “dentro del recinto”. Sin embargo, el estadio finalmente tan solo tendrá 200 y será de uso interno del club.

Las mencionadas fichas recogen los compromisos adquiridos por el Valencia CF en ese plan de movilidad (ver imagen). De hecho, advierte de que “la obtención del título habilitante de la puesta en funcionamiento que legitime el inicio de la actividad del Nuevo Estadio requerirá el previo cumplimiento de los compromisos y obligaciones” adquiridos en el plan, en concreto, “la ejecución de las medidas correctoras indicadas en el plan de movilidad para la zona B ”Corts Valencianes“ que eran responsabilidad del promotor de la caducada ATE”.

Algunos de los compromisos más destacados son, como ya avanzó este periódico, la disposición de buses lanzadera desde los principales accesos de la ciudad al nuevo estadio, un servicio condicionado a que “las zonas de aparcamiento disuasorio previstas hayan sido habilitadas por las administraciones públicas competentes”.

También, tal y como establece el plan de movilidad, “se procurará trasladar a colectivos mediante autobuses de servicio discrecional, tal y como habitualmente ya se realiza”. En este sentido, “se preverá en el entorno del estadio un espacio reservado como parada puntual para la bajada o subida de viajeros, tanto de los autobuses discrecionales como de los autobuses lanzadera, que se determinará en el proyecto de urbanización del nuevo estadio; así como la gestión inteligente de dicho espacio (reservas de franjas horarias, etc.)”.

En las obras de reurbanización del ámbito del nuevo estadio “deberá construirse el carril bici a cota de calzada, eliminando la actual acera-bici”. En esta línea, “se habilitarán espacios para guardabicis vigilados y reserva de aparcamientos en superficie para bicicletas y motocicletas”.

En las obras de reurbanización del ámbito del nuevo estadio deberán ejecutarse los itinerarios peatonales previstos: el primero por la avenida de las Cortes Valencianas, recorrería la Avda. Pío XII, cruzando por el puente y penetrando en Fernando el Católico; el segundo por Calle Nicasio Benlloch hacia Avenida de Burjassot y cruzando el cauce por el Puente de las Artes y penetrando en Guillem de Castro. Así mismo deberán contar con accesibilidad viaria todos los itinerarios peatonales que en ella se produzca y se deberán señalizar.

Convenios con aparcamientos cercanos

Si procede, se deberán establecer “convenios de colaboración con los aparcamientos de uso público cercanos al estadio, proponiendo, en su caso, medidas de gestión conjunta”. En este sentido, el plan de movilidad estima que podría lograrse “la ocupación de un 50% de las plazas de aparcamientos públicos cercanos al estadio para espectadores” con lo que se conseguiría “una capacidad de aparcamiento extra de 3.172 vehículos”.

La disponibilidad de transporte y acceso al recinto en los diferentes modos de transporte, durante los 90 minutos antes del comienzo del partido y en la salida del recinto durante los 75 minutos posteriores a la finalización del partido, se resume en el siguiente cuadro:

De este modo, el plan concluye que “la posibilidad de transporte supera el aforo máximo del estadio, establecido en 75.000 espectadores, bastando, para que se cumplan estos cálculos, que solamente una de cada cinco personas acuda andando al nuevo estadio”.

La mobilitat al voltant del nou estadi del València CF és, sens dubte, un dels grans reptes de cara a la seua posada de llarg l’estiu de 2027. I és que, al voltant del centenari Mestalla, amb una capacitat per a 45.000 espectadors i en una ubicació molt més cèntrica i amb una millor connectivitat de transport públic, ja es produeixen situacions de col·lapse, amb invasió de vehicles en zones verdes i per als vianants als voltants de l’estadi.

La situació podria ser molt més complicada al coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes, les obres del qual avancen a bon ritme, quasi al mateix ritme que creix la preocupació entre el veïnat de Benicalap per l’efecte que poden tindre els dies de partit en l’accessibilitat al barri, tenint en compte que es tracta d’un recinte amb capacitat per a 70.000 espectadors, 20.000 més que Mestalla, amb una menor dotació de línies de l’EMT i de Metrovalència i en una zona on ja de per si costa trobar lloc per aparcar.

Aquest va ser un dels aspectes que van centrar la reunió que van mantindre aquest dijous 16 de juliol diversos membres de l’associació veïnal del barri amb el València CF, amb una visita a les obres del nou estadi inclosa, tal com va informar el club en un comunicat. Fonts veïnals han comentat a elDiario.es que les estacions de Metrovalència (Beniferri, Campanar, Empalme i Florista) no estan preparades per a l’allau d’aficionats que s’acosta i que els autobusos de l’EMT ja van col·lapsats cada dia, sense l’efecte crida d’un partit.

Les mateixes fonts han comentat que el club comparteix la preocupació i que està disposat a arrimar el muscle dins de les seues possibilitats. A més, els representants veïnals van mostrar la seua estranyesa davant l’aparent passivitat tant de l’Ajuntament com de la Generalitat: “Els agafarà el bou, un any passa volant i caldrà fer moltes campanyes de conscienciació per a tractar d'evitar els desplaçaments en cotxe tant com siga possible”.

Sobre aquesta qüestió, fonts de la Conselleria d’Infraestructures han assegurat a preguntes d’elDiario.es que coordinen juntament amb l’Ajuntament i Metrovalència el dispositiu en què l’EMT i Metrovalència seran els protagonistes. Al mateix temps, han assegurat que hi està havent reunions amb el València CF i que “a poc a poc es va definint el sistema definitiu”. Tal com va avançar aquest diari, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) té prevista l’arribada de 16 nous tramvies al llarg de 2027.

Per la seua banda, fonts municipals han assegurat que l’Empresa Municipal de Transports (EMT) també treballa en el servei que oferirà i, en aquest sentit, han comentat que 15 línies arribaran fins a la mateixa porta del Nou Mestalla o tindran parades a cinc minuts o menys caminant de l’estadi. Són dues línies més de les que presten servei prop del camp en l’actualitat. A més, han recordat que al llarg d’aquest 2026 i del pròxim 2027 es preveu l’arribada de 94 autobusos elèctrics més.

Pla de mobilitat de 2015 i obligacions del València CF

La veritat és que existeix un pla de mobilitat elaborat pel València CF l’any 2015 i validat per l’Ajuntament de València. És el pla en què es basen totes les mesures recollides en els diferents projectes de l’estadi i d’urbanització de l’entorn presentats pel club i, fins i tot, en les fitxes urbanístiques aprovades el juliol de 2024 per l’Ajuntament.

I això, tot i que el document, al qual ha tingut accés elDiario.es, conté dades obsoletes pel pas del temps. Per exemple, xifra en 75.000 espectadors l’aforament previst de l’estadi, parla de la línia d’autobús Metrorbital, que ja no existeix, ja que ara és una línia més de l’EMT, i parla d’una previsió d’aparcament de 1.775 places “dins del recinte”. No obstant això, finalment l’estadi només tindrà 200 places, que seran d’ús intern del club.

Les esmentades fitxes recullen els compromisos adquirits pel València CF en aquest pla de mobilitat (vegeu la imatge). De fet, adverteixen que “l’obtenció del títol habilitant de la posada en funcionament que legitime l’inici de l’activitat del nou estadi requerirà el compliment previ dels compromisos i les obligacions adquirits en el pla; en concret, l’execució de les mesures correctores indicades en el pla de mobilitat per a la zona B ”Corts Valencianes“, que eren responsabilitat del promotor de la caducada ATE”.

Alguns dels compromisos més destacats són, tal com ja va avançar aquest diari, la disposició d’autobusos llançadora des dels principals accessos de la ciutat fins al nou estadi, un servei condicionat al fet que “les zones d’aparcament dissuasiu previstes hagen sigut habilitades per les administracions públiques competents”.

També, tal com estableix el pla de mobilitat, “es procurarà el trasllat de col·lectius mitjançant autobusos de servei discrecional, tal com habitualment ja es realitza”. En aquest sentit, “es preveurà al voltant de l’estadi un espai reservat com a parada puntual per a la pujada o baixada de viatgers, tant dels autobusos discrecionals com dels autobusos llançadora, que es determinarà en el projecte d’urbanització del nou estadi, com també la gestió intel·ligent d’aquest espai (reserves de franges horàries, etc.)”.

En les obres de reurbanització de l’àmbit del nou estadi “haurà de construir-se el carril bici a cota de calçada, eliminant l’actual vorera bici”. En aquesta línia, “s’habilitaran espais per a aparcabicis vigilats i reserva d’aparcaments en superfície per a bicicletes i motocicletes”.

En les obres de reurbanització de l’àmbit del nou estadi hauran d’executar-se els itineraris per als vianants previstos: el primer per l’avinguda de les Corts Valencianes recorrerà l’avinguda de Pius XII, travessarà el pont i penetrarà cap a Ferran el Catòlic; el segon, pel carrer de Nicasio Benlloch cap a l’avinguda de Burjassot, creuarà el llit del Túria pel Pont de les Arts i penetrarà a Guillem de Castro. Així mateix, hauran de comptar amb accessibilitat viària tots els itineraris per als vianants que s'hi produïsquen i hauran de senyalitzar-se.

Conveni amb aparcaments pròxims

Si escau, s’hauran d’establir “convenis de col·laboració amb els aparcaments d’ús públic pròxims a l’estadi, proposant, si és el cas, mesures de gestió conjunta”. En aquest sentit, el pla de mobilitat estima que podria aconseguir-se “l’ocupació d’un 50% de les places dels aparcaments públics pròxims a l’estadi per a espectadors”, amb la qual cosa s’aconseguiria “una capacitat d’aparcament addicional de 3.172 vehicles”.

La disponibilitat de transport i d’accés al recinte mitjançant els diferents modes de transport durant els 90 minuts anteriors al començament del partit i en l’eixida del recinte durant els 75 minuts posteriors a la finalització del partit es resumeix en el quadre següent:

D’aquesta manera, el pla conclou que “la capacitat de transport supera l’aforament màxim de l’estadi, establert en 75.000 espectadors, sempre que es complisquen aquests càlculs i que només una de cada cinc persones acudisca caminant al nou estadi”.

L'Autoritat Portuària de València (APV) ha tornat a licitar el servei de gestió del seu canal de denúncies internes, encara que amb diferències notables respecte del contracte anterior, recentment finalitzat, que li ha comportat un expedient sancionador que podria acabar amb una multa de fins a un milió d'euros.

El servei que ara ix a concurs preveu menys atribucions per a l'empresa que resulte adjudicatària i, per tant, compta també amb una dotació econòmica inferior. Segons la documentació publicada en la Plataforma de Contractació de l'Estat, es tracta d'un contracte amb un valor estimat de 35.000 euros, un pressupost base de licitació sense impostos de 15.800 euros i una duració de dos anys. Contempla únicament “el subministrament de l'eina que permeta la gestió externa del Canal Intern d'Informació de l'APV (actualment Canal Ètic APV), la seua gestió tècnica i manteniment”.

Tal com va informar elDiario.es, l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AIPI), un organisme públic estatal de caràcter independent, va obrir un expedient sancionador que podria acabar amb una multa administrativa de fins a un milió d'euros per irregularitats en les clàusules del contracte adjudicat a l'empresa Asesores Forenses y Financieros, SL (GPartners), per a la gestió del canal intern de denúncies.

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia que alertava que s'hauria vulnerat la independència i la correcta gestió del sistema d'alertes intern inclòs en la bústia de denúncies de l'entitat portuària, una funció que s'hauria delegat a l'esmentada empresa externa, a la qual, a més, se li haurien atribuït funcions d'investigació reservades legalment al responsable intern del sistema, és a dir, a l'APV. La investigació de l'AIPI conclou que existeixen prou indicis per a obrir un expedient sancionador específic contra l'Autoritat Portuària de València.

En concret, l'objecte del contracte investigat incloïa, entre altres qüestions, “els serveis de suport jurídic, consultoria i emissió d'informes en relació amb la tramitació interna de les denúncies i els processos d'investigació (formal o informal) duts a terme pels comités o les comissions corresponents”.

En canvi, el nou contracte fixa clarament els límits que estableix la Llei 2/2023 de Protecció de l'Informant, que permet encarregar a un tercer la gestió tècnica del canal (per exemple, la plataforma informàtica o la recepció inicial de les comunicacions), però limita aquesta externalització a funcions instrumentals i reserva la investigació de fons i la valoració dels fets al responsable intern del sistema.

Per aquest motiu, el plec de condicions del nou contracte recull que “en cap cas l'eina contractada podrà suposar la substitució, l'assumpció o la interferència en les funcions legalment atribuïdes al Responsable del Sistema Intern d'Informació”. A més, afegeix que “l'eina subministrada constituirà un canal segur, confidencial, traçable i independent per a la recepció de comunicacions, gestionat de manera externa per a evitar els possibles conflictes d'interés, per la qual cosa es configurarà com un SaaS, garantint les condicions necessàries per al correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació (SII), sense que això supose, en cap cas, l'assumpció per part de l'adjudicatari de funcions decisòries reservades en exclusiva a l'APV i al seu Responsable del Sistema Intern d'Informació”.

UGT exigeix independència

La Secció Sindical d'UGT a l'Autoritat Portuària de València (APV) ha sol·licitat formalment a la direcció de l'organisme tota la documentació que regula el seu canal intern de denúncies amb la finalitat de comprovar que compleix les garanties d'independència i autonomia establides per la Llei 2/2023.

La petició, registrada el passat 7 de juliol, es produeix després de l'anàlisi feta pel sindicat de diversos documents públics de l'Autoritat Portuària, entre els quals figuren la resolució de delegació de competències publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat el març de 2024 i els plecs de contractació del canal ètic corresponents a 2023 i 2026.

Segons explica UGT, l'estudi d'aquesta documentació planteja interrogants sobre el funcionament del sistema intern d'informació i, en particular, sobre la independència de l'òrgan encarregat de gestionar les denúncies. El sindicat recorda que la Llei 2/2023 estableix que la persona responsable del sistema ha d'actuar amb plena autonomia respecte de la resta d'òrgans de l'entitat i sense rebre instruccions en l'exercici de les seues funcions.

L'anàlisi feta per UGT posa de manifest que el model implantat per l'APV atribueix al Responsable del Sistema Intern d'Informació —càrrec que ostenta el secretari general de l'entitat— funcions relacionades amb la gestió del canal de denúncies, al mateix temps que presideix la Comissió Antifrau encarregada de la instrucció dels expedients. Així mateix, la resolució de delegació de competències de 2024 atribueix a la Presidència l'aprovació de les funcions i la revisió de la composició d'aquesta comissió, segons denuncia el sindicat.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha vuelto a licitar el servicio de gestión de su canal de denuncias internas aunque con notables diferencias con respecto al anterior contrato, recientemente finalizado, que le ha acarreado un expediente sancionador que podría finalizar con una multa de hasta 1 millón de euros.

El servicio que ahora se saca a concurso contempla menos atribuciones a la empresa que lo adjudique y por lo tanto cuenta también con una menor dotación económica. Según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado se trata de un contrato con un valor estimado de 35.000 euros y un precio base de licitación sin impuestos de 15.800 euros y dos años de duración. Contempla únicamente “el suministro de la herramienta que permita la gestión externa del Canal Interno de Información de la APV (actualmente Canal Ético APV), su gestión técnica y mantenimiento”.

Como informó elDiario.es, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, abrió un expediente sancionador que podría finalizar con una multa administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.

La investigación se inició como consecuencia de una denuncia que alertó de que se habría vulnerado la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que se habría delegado a la mencionada empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.

En concreto, el objeto del contrato investigado incluía, entre otras cosas, “los servicios de apoyo jurídico, consultoría y emisión de informes en relación con la tramitación interna de las denuncias y los procesos de investigación (formal o informal) llevados a cabo por los comités o comisiones correspondientes”.

En cambio, el nuevo contrato establece claramente los límites que establece Ley 2/2023 de Protección del Informante, que permite encargar a un tercero la gestión técnica del canal (por ejemplo, la plataforma informática o la recepción inicial de las comunicaciones), pero limita esa externalización a funciones instrumentales, reservando la investigación de fondo y la valoración de los hechos al responsable interno del sistema.

Por este motivo, el pliego de condiciones del nuevo contrato establece que “en ningún caso la herramienta contratada podrá suponer sustitución, asunción o interferencia en las funciones legalmente atribuidas al Responsable del Sistema Interno de Información”. Además, añade que “la herramienta suministrada constituirá un canal seguro, confidencial, trazable e independiente para la recepción de comunicaciones, gestionado de forma externa para evitar los posibles conflictos de interés por lo que se configurará como un SaaS, garantizando las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema Interno de Información (SII), sin que ello suponga, en ningún caso, la asunción por el adjudicatario de funciones decisorias reservadas en exclusiva a la APV y a su Responsable del Sistema Interno de información”.

UGT exige independencia

La Sección Sindical de UGT en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha solicitado formalmente a la dirección del organismo toda la documentación que regula su canal interno de denuncias con el fin de comprobar que cumple las garantías de independencia y autonomía establecidas por la Ley 2/2023.

La petición, registrada el pasado 7 de julio, se produce tras el análisis por parte del sindicato de distintos documentos públicos de la Autoridad Portuaria, entre ellos la resolución de delegación de competencias publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2024 y los pliegos de contratación del canal ético correspondientes a 2023 y 2026.

Según explica UGT, el estudio de esta documentación plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema interno de información y, en particular, sobre la independencia del órgano encargado de gestionar las denuncias. El sindicato recuerda que la Ley 2/2023 establece que la persona responsable del sistema debe actuar con plena autonomía respecto del resto de órganos de la entidad y sin recibir instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

El análisis realizado por UGT pone de manifiesto que el modelo implantado por la APV atribuye al Responsable del Sistema Interno de Información —cargo que ostenta el secretario general de la entidad— funciones relacionadas con la gestión del canal de denuncias, al tiempo que preside la Comisión Antifraude encargada de la instrucción de los expedientes. Asimismo, la resolución de delegación de competencias de 2024 atribuye a la Presidencia la aprobación de las funciones y la revisión de la composición de dicha comisión, según denuncia el sindicato.

L'escàndol de les adjudicacions presumptament irregulars dels habitatges de protecció oficial (VPO) d'Alacant a càrrecs, familiars i afins del PP s'agreuja a mesura que es coneixen nous detalls de l'operació tant al jutjat d'Alacant que investiga la causa com en les comissions obertes tant a l'Ajuntament com a les Corts.

La raó és que la residencial Les Naus va passar de ser una promoció habitual d'habitatges protegits d'iniciativa privada a convertir-se en un autèntica operació d'especulació urbanística per als qui es van fer amb algun dels immobles gràcies als canvis legislatius impulsats pel Govern valencià de Carlos Mazón, tot un vestit a mida per als promotors d'aquest tipus d'habitatges.

Segons la informació recollida per elDiario.es, la cronologia dels fets apunta que la cooperativa Fraorgi SL, l'administrador únic de la qual està investigat per la jutgessa, es va aprofitar d'aquest canvi legal per a transformar els 140 habitatges de protecció permanent, és a dir, amb un preu taxat per l'Administració, en habitatges amb un període màxim de 30 anys de protecció, transcorregut el qual passen a ser habitatges de renda lliure i, per tant, sense restriccions a l'hora de vendre'ls o llogar-los a preu de mercat. Per a entendre la magnitud del canvi, aquests habitatges, que van costar entre 220.000 i 240.000 euros en règim de protecció, actualment al mercat lliure ronden els 450.000 euros.

La promotora també es va poder acollir a aquesta nova normativa, més avantatjosa per als seus interessos i per als dels compradors dels habitatges, pel retard que va experimentar l'obra i que no li va comportar les sancions estipulades en el plec, en concret, de 200 euros al dia. Així, l'Ajuntament li va concedir la llicència d'obres el desembre de 2022 i la mercantil es va comprometre a finalitzar-les en 13 mesos, és a dir, el gener de 2024. Però no va ser així i els treballs es van prolongar durant més de dos anys.

El 7 de setembre de 2023, la Conselleria d'Habitatge va atorgar la qualificació provisional a la promoció Les Naus d'acord amb el que establia el decret del maig del mateix any aprovat pel Govern del Botànic, segons el qual tots els habitatges protegits, tant d'iniciativa pública com privada, gaudien d'aquesta protecció de manera indefinida, fet que suposa restriccions a l'hora de poder vendre'ls o llogar-los, com també una limitació dels preus. Amb aquesta mesura es pretenia un augment continuat i progressiu del parc d'habitatge protegit.

No obstant això, el desembre de 2024 el Consell presidit per Carlos Mazón va aprovar un nou decret que, entre altres qüestions, establia un període màxim d'entre 15 i 30 anys de protecció (30 anys en el cas de Les Naus). En tractar-se d'un període màxim, en determinats supòsits que no estan detallats, fins i tot es podria retirar la protecció de manera anticipada. El mateix decret inclou una disposició transitòria segons la qual “tots els habitatges de protecció pública emparats per qualsevol de les normatives anteriors tindran un període de protecció màxim de 30 anys des de la seua qualificació definitiva”.

Després de l'aprovació d'aquesta nova legislació, concretament el 28 de febrer de 2025, la cooperativa va remetre un escrit a la Conselleria d'Habitatge sol·licitant el canvi de la seua qualificació provisional per a acollir-se al que disposava el decret de Mazón pel que fa a la caducitat de la protecció dels habitatges 30 anys després.

La Conselleria d'Habitatge, acollint-se a l'esmentada disposició transitòria, va donar el vistiplau al canvi de qualificació mitjançant una resolució signada el 28 de març de 2025, de manera que els habitatges van passar de tindre una protecció indefinida a tindre-la durant un termini màxim de 30 anys.

Tal com va informar elDiario.es, a més de retirar la protecció permanent dels habitatges, el nou decret aprovat el 2024 pel PP també va elevar de 46.800 a 54.600 euros el límit de renda per a accedir a aquests habitatges, amb la possibilitat d'arribar als 66.000 euros en determinats supòsits familiars o de discapacitat i dependència. A més, es va eliminar l'obligació d'estar inscrit en el registre de demandants de la Generalitat per a accedir a habitatges protegits d'iniciativa privada.

Habitatge defensa la seua gestió

Sobre el vistiplau al canvi de qualificació de Les Naus, des de la Conselleria d'Habitatge, que dirigeix Susana Camarero, han defensat que “els últims decrets de VPP preveuen, i així ho inclou el decret 68/2023 del Botànic i es manté en el decret 180/2024, que els expedients iniciats en el moment de l'aprovació de la norma puguen acollir-se al reglament que estiga en vigor en el moment de la sol·licitud de qualificació provisional o en el moment de la qualificació definitiva”.

Així va ocórrer, han afegit, amb la promoció de Les Naus, per a la qual la cooperativa promotora va sol·licitar la qualificació provisional el 29 de juliol de 2022, sota el Decret 90/2009, que establia 30 anys de protecció: “El retard del Govern del Botànic a l'hora d'atorgar la qualificació, fins al setembre de 2023, va provocar que, durant aquest termini, s'haguera aprovat el nou Decret VPP 68/2023, que estableix que els expedients de qualificació s'han de regir pel decret vigent en el moment de la sol·licitud, però especifica que també poden acollir-se al nou reglament”.

Des d'Habitatge han afegit que “aquesta disposició va permetre a la promoció acollir-se al decret del Botànic 68/2023, que no només ajustava el període de qualificació, sinó que incrementava el preu de venda de l'habitatge, atés que aquella normativa elevava el mòdul de venda de 1.800 a 2.200 euros per metre quadrat, la major pujada del preu de l'habitatge protegit que s'ha dut a terme”. Només un any més tard, a les acaballes de 2024, el PP va aprovar una nova pujada del mòdul fins als 2.400 euros per metre quadrat.

El escándalo de las adjudicaciones presuntamente irregulares de las VPO de Alicante a cargos, familiares y afines del PP se agrava a medida que se van conociendo detalles de la operación tanto en el juzgado de Alicante que investiga la causa como en las comisiones abiertas tanto en el Ayuntamiento como en las Corts.

Y es que, el residencial Les Naus pasó de ser una promoción al uso de vivienda protegida de iniciativa privada a convertirse en un auténtico pelotazo para los que se hicieron con alguno de los inmuebles gracias a los cambios legislativos impulsados por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón, todo un traje a medida para los promotores de este tipo de inmuebles.

Según la información recabada por elDiario.es, la cronología de los hechos apunta a que la cooperativa Fraorgi SL, cuyo administrador único está investigado por la jueza, se aprovechó de ese cambio legal para transformar las 140 viviendas de protección permanente, es decir, con un precio tasado por la administración, en viviendas con un periodo máximo de 30 años de protección, transcurridos los cuales pasan a ser de renta libre y por lo tanto sin restricciones a la hora de venderlas o alquilarlas a precio de mercado. Para entender la magnitud del cambio, estas viviendas que costaron entre 220.000 y 240.000 euros en régimen de protección actualmente en el mercado libre rondan los 450.000 euros.

La promotora pudo acogerse además a esta nueva normativa más ventajosa para sus intereses y para el de los compradores de las viviendas por el retraso que experimentó la obra y que no le reportó las sanciones estipuladas en el pliego, en concreto, de 200 euros al día. Así, el Ayuntamiento le concedió la licencia de obras en diciembre de 2022 y la mercantil se comprometió a finalizarlas en 13 meses, por lo tanto, en enero de 2024. Pero no fue así y los trabajos se prolongaron por algo más de dos años.

El 7 de septiembre de 2023 la Conselleria de Vivienda otorgó la calificación provisional a la promoción Les Naus con arreglo a lo establecido en el decreto de mayo del mismo año aprobado por el Gobierno del Botánico, según el cual, todas las viviendas protegidas tanto de iniciativa pública como privada gozaban de esa protección de forma indefinida, lo que supone restricciones a la hora de poder venderlas o alquilarlas, así como limitación en los precios. Se buscaba de esta manera un aumento continuado y progresivo del parque de vivienda protegida.

Sin embargo, en diciembre de 2024 el Consell presidido por Mazón aprobó un nuevo decreto que, entre otras cosas, establecía un periodo máximo de entre 15 y 30 años de protección (30 años en el caso de Les Naus). Al ser un periodo máximo, en determinados supuestos que no están detallados, incluso se podrían desproteger de forma anticipada. El mismo decreto incluye una disposición transitoria por la cual “todas las viviendas de protección pública amparadas en cualquiera de las normativas anteriores tendrán un periodo de protección máximo de 30 años desde su calificación definitiva”.

Tras la aprobación de esta nueva legislación, en concreto el 28 de febrero de 2025, la cooperativa remitió escrito a la Conselleria de Vivienda solicitando el cambio de su calificación provisional para acogerse a lo dispuesto en el decreto de Mazón en cuanto a la caducidad de la protección de las viviendas a los 30 años.

La Conselleria de Vivienda, acogiéndose a la mencionada disposición transitoria, dio el visto bueno al cambio de calificación por medio de una resolución firmada el 28 de marzo de 2025, pasando las viviendas de tener una protección indefinida a tenerla por un plazo máximo de 30 años.

Como informó elDiario.es, además de retirar la protección permanente de las viviendas, el nuevo decreto aprobado en 2024 por el PP también elevó de 46.800 a 54.600 euros el límite de renta para acceder a estas viviendas, con posibilidad de llegar a los 66.000 en determinados supuestos familiares o de discapacidad y dependencia. Además, se eliminó la obligación de estar inscrito en el registro de demandantes de la Generalitat para acceder a viviendas protegidas de iniciativa privada.

Vivienda defiende su gestión

Sobre el visto bueno al cambio de calificación de Les Naus, desde la Conselleria de Vivienda que gestiona Susana Camarero han defendido que “los últimos decretos de VPP contemplan, y así lo incluye el decreto 68/2023 del Botánico y se mantiene en el decreto 180/2024, que los expedientes iniciados en el momento de la aprobación de la norma puedan acogerse al Reglamento que esté en vigor en el momento de la solicitud de calificación provisional o en el momento de la calificación definitiva”.

Así sucedió, han añadido, con la promoción de Les Naus, para el que la cooperativa promotora solicitó la calificación provisional el 29 de julio de 2022, bajo el Decreto 90/2009 que establecía 30 años de permanencia: “El retraso por parte del Gobierno del Botánico en otorgar la calificación, hasta septiembre de 2023, provocó que, en ese plazo, se hubiera aprobado el nuevo Decreto VPP 68/2023, que establece que los expedientes para calificación deben regirse por el Decreto en vigor en el momento de la solicitud, pero especifica que también pueden acogerse al nuevo Reglamento”.

Desde Vivienda han añadido que “esta disposición permitió a la promoción acogerse al decreto del Botánico 68/2023, que no solo ajustaba el periodo de calificación sino que incrementaba el precio de venta de la vivienda, dado que esa normativa subía el módulo de venta de 1.800 a 2.200 euros metro cuadrado, la mayor subida del precio de vivienda protegida que se ha realizado”. Solo un año más tarde, a finales de 2024, el PP aprobó una nueva subida del módulo hasta los 2.400 euros el metro cuadrado.

Una vez finalizada la promoción, con la solicitud de calificación definitiva, había entrado en vigor el decreto 180/2024, por lo que, al igual que sucedía con el decreto 68/2023 en la calificación provisional, aplica la norma en vigor en el momento de la solicitud.

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, ha emprendido un viaje exprés para presenciar en directo el partido de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina que se disputa este domingo a las 21.00 horas (hora española) en Nueva York, según ha adelantado la radio 99.9.

Según ha averiguado posteriormente elDiario.es, Pérez Llorca, que hasta ahora no ha informado públicamente de su asistencia al evento futbolística, ha cogido un vuelo desde el aeropuerto del Altet de Alicante con destino Frankfurt, desde donde volará a la ciudad estadounidense. El president acude invitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al partido, mientras que el viaje lo paga él de su bolsillo, igual que el resto de la expedición oficial, según han informado a elDiario.es fuentes de Presidencia.

Pérez Llorca ha presidido este viernes el pleno del Consell que se ha celebrado en la Casa de las Brujas de Alicante. Unas horas después se ha trasladado al aeropuerto alicantino para coger el mencionado vuelo.

El que también ha estado siguiendo los partidos de la Selección Española en el Mundial ha sido el alcalde de la Nucía, Bernabé Cano, hermano de la consellera de Turismo, Marián Cano.

Pérez Llorca coincidirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha anunciado este viernes que también asistirá a la final, no así su homólogo argentino, Javier Milei, quien ya ha avanzado que seguirá el partido desde la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, acompañado por su hermana. Según explicó en una entrevista radiofónica, no piensa alterar la costumbre que ha mantenido durante todo el torneo y no renunciará a lo que considera una cábala que le ha dado suerte a la selección.

“El meu fill espera una operació de fimosi des de final d'abril de l'any passat. Em van citar per a aquest dimecres amb la cirurgiana pediàtrica de l'Hospital General, tot i que, per zona, em correspon l'Hospital de Manises. Després d'una hora a la sala d'espera em vaig acostar a preguntar i em van dir que els dos cirurgians que hi havia ja no estaven operatius. Per tant, l'hospital es queda sense atendre les intervencions programades perquè em van dir que tampoc hi havia anestesista i que, si volia que l'atengueren, havia d'anar-me'n a La Fe. És una autèntica vergonya”.

Aquest és el testimoni de S. G., veïna de Cheste, pocs moments després de presentar una reclamació a la Conselleria de Sanitat per la desagradable experiència que pateix perquè atenguen el seu fill, de nou anys. Als continus desplaçaments motivats pel canvi d'hospital (a Manises tampoc hi ha cirurgians pediàtrics) se suma la desesperació pels problemes que li genera aquesta afecció, fet que va motivar que hagueren d'acudir al General per urgències diumenge i dilluns passats.

Segons explica, “la doctora ens va dir que, si el xiquet tenia problemes per a orinar, el portàrem a urgències. Va ser allí quan ens van dir, en primer lloc, que no hi havia anestesista pediàtric i que, encara que en aquell moment sí que hi havia cirurgià, no el podien operar. Per això ens van donar cita per a aquest dimecres 15 de juliol amb la cirurgiana pediàtrica per a veure si podien avançar-li l'operació”.

Va ser aleshores quan, sorprenentment i després d'una hora d'espera, li van comunicar que l'Hospital General de València s'havia quedat sense els dos cirurgians pediàtrics que tenia per a intervencions menors i que havia de dirigir-se a La Fe, cosa que ja ha fet: “Hi vaig anar aquest dimecres i estan desbordats”, assegura.

Respecte a això, a preguntes d'elDiario.es, fonts de Sanitat han afirmat que “al facultatiu que hi havia li han adjudicat una plaça en un altre hospital, però ja està prevista la incorporació d'un altre al setembre, quan es reprendran les intervencions menors”.

Per la seua banda, des d'UGT han comentat que “al General de València tan sols es fa una cirurgia pediàtrica menor, coses sense importància; la resta de casos sempre s'han derivat a La Fe”, alhora que han confirmat que “fins ara hi havia dos cirurgians pediàtrics; un, pel que sembla, s'ha canviat d'hospital, i l'altra s'ha agafat la baixa perquè, en assumir tota la càrrega de treball, estava sobrepassada”.

Les mateixes fonts han indicat que “en aquest moment les xicotetes cirurgies que es feien ací s'han hagut de posposar. S'avisa a tots els pacients que estaven programats per a aquest mes que fins al setembre no es faran perquè la plaça que havia de vindre no arribarà fins al setembre”. En el cas dels anestesistes han explicat que “és això de menys perquè també ho poden fer els d'adults”.

Des del sindicat han exigit “millors condicions laborals i retributives per a fidelitzar els especialistes i donar una atenció de qualitat, evitant aquest tipus de situacions tan desagradables com inacceptables”.

L'enderrocament del mític estadi de Mestalla ja disposa d'un pressupost actualitzat i s'haurà d'executar o garantir de manera obligatòria abans que les parcel·les passen a nom del futur comprador dels terrenys. El València CF ha iniciat el procés de venda dels terrenys mitjançant una subhasta amb la qual espera obtindre al voltant de 150 milions d'euros, un procés que es preveu que finalitze a final d'any o, com a molt tard, a principi de 2027.

D'una banda, el pressupost de l'enderrocament, així com el de les obres complementàries d'urbanització de l'entorn, figura en l'esborrany del programa d'actuació integrada (PAI) que el club va remetre a l'Ajuntament el novembre de 2025, mitjançant el qual va sol·licitar convertir-se en gestor del desenvolupament i en futur agent urbanitzador com a propietari de més del 60 % del sòl. Com va avançar aquest diari, l'Ajuntament va admetre a tràmit aquesta petició i va atorgar al València CF un termini de tres mesos per a presentar un projecte d'urbanització definitiu.

Segons el document al qual ha tingut accés elDiario.es, les obres d'enderrocament incloses en l'epígraf “pressupost d'obres d'execució per contracta” tindran un cost d'11,2 milions d'euros, als quals caldrà sumar uns altres 3,6 milions de despeses associades a la urbanització de l'entorn. En total, 14,8 milions d'euros, una xifra actualitzada a final de l'any passat (vegeu quadre). El termini previst d'execució dels treballs és de 12 mesos.

L'esborrany del PAI estableix que “les obres d'enderrocament de l'actual estadi de Mestalla aniran a càrrec del titular de la parcel·la i el seu cost no podrà repercutir-se com a càrrega de l'actuació sobre la resta de propietaris de l'actuació integrada”.

També aniran a càrrec de l'agent urbanitzador, quan siga designat legalment, diferents actuacions de millora de l'entorn, el cost de les quals tampoc no podrà repercutir-se com a càrrega de l'actuació sobre la resta de propietaris de l'actuació integrada. En concret, s'haurà de reservar “una superfície de 1.200 metres quadrats en l'actual mitjana central d'aparcament viari de l'avinguda d'Aragó amb la finalitat de dissenyar, projectar i executar un nou espai per a l'ús i el trànsit de vianants al barri de Mestalla, amb jardineria, acabats, paviments i mobiliari urbà adaptats a l'entorn”.

En aquesta mateixa línia, segons el mateix document, “atés el caràcter monumental de l'arbre situat en la mitjana central de l'avinguda d'Aragó, pròxim a l'encreuament amb l'avinguda de Blasco Ibáñez, amb l'objectiu de potenciar-ne la presència, alhora que se'n millora la protecció i les condicions de manteniment, es projectarà i s'executarà un condicionament de la zona on s'ubica, que s'integrarà en la futura urbanització de la zona A 'Antic Mestalla'”.

A més, el club haurà de dur a terme el “disseny, projecte i execució de la connexió, inclosa l'ampliació, del carril bici per a eliminar la discontinuïtat del recorregut en l'àmbit d'actuació, en concret entre el carrer de Misser Mascó i l'avinguda d'Aragó”. Amb l'objectiu d'integrar la plaça del València Club de Futbol en la futura urbanització, “es projectarà i s'executarà una reurbanització d'aquest enclavament, dotant-lo d'acabats, paviments i mobiliari urbà adaptats a l'entorn”. Per altra banda, “amb la finalitat de garantir la sostenibilitat de l'actuació urbanitzadora, l'Ajuntament de València farà un seguiment del projecte d'execució que finalment es redacte”.

L'àmbit de les obres d'urbanització del programa comprendrà els terrenys dotacionals públics confrontants següents, amb una superfície total de 69.765 metres quadrats: “L'avinguda de Suècia en tota la seua extensió, entre el carrer d'Amadeu de Savoia i l'avinguda de Blasco Ibáñez; la plaça del València Club de Futbol i l'inici del carrer de Misser Mascó; el jardí situat entre la prolongació del carrer d'Arts Gràfiques i la prolongació del carrer d'Alfons de Còrdova; la calçada oest de l'avinguda d'Aragó, entre la prolongació del carrer d'Arts Gràfiques i el carrer del Dr. Joan Reglà”.

Primer l'enderroc i després la venda efectiva dels terrenys

Per altra banda, tal com reflecteixen les fitxes urbanístiques aprovades pel ple de l'Ajuntament el juliol de 2024, el club no podrà formalitzar, a l'efecte del canvi de titularitat, la transmissió dels terrenys si abans no ha finalitzat les obres del nou estadi, la urbanització del seu entorn, així com l'enderrocament de Mestalla o, si és el cas, deposita una garantia equivalent al cost de la demolició.

D'aquesta manera, l'Ajuntament es va assegurar que el club no poguera vendre els terrenys sense acabar el nou estadi i sense executar l'enderrocament de Mestalla.

En concret, les fitxes estableixen que, una vegada aprovat el programa d'actuació integrada i presentat pel urbanitzador el projecte de reparcel·lació (situació que ara es troba en tramitació), seran requisits necessaris per a l'aprovació i la inscripció en el Registre de la Propietat del projecte de reparcel·lació dels terrenys de Mestalla “que les obres de construcció del Nou Estadi hagen finalitzat i aquest es trobe en condicions de ser posat en funcionament, així com que s'hagen executat les obres d'urbanització de l'entorn del Nou Estadi”.

A més, s'exigeix que “la demolició de l'actual estadi de Mestalla estiga efectivament executada o, si no és així, que s'haja obtingut la llicència de demolició corresponent i constituïda una garantia econòmica per la totalitat de l'import de les obres de demolició, d'acord amb el pressupost inclòs en el projecte de demolició per al qual s'haja obtingut la llicència”.

Sis edificis residencials i el dubte de l'hotel icònic

Segons el plànol de detall, al qual ha tingut accés elDiario.es (vegeu imatge), els sis edificis residencials, d'entre 15 i 29 plantes d'altura, donaran a l'avinguda d'Aragó i al carrer del Dr. Joan Reglà i s'alçaran sobre la zona comercial. En concret, a la cantonada del carrer del Dr. Joan Reglà amb l'avinguda d'Aragó s'alçaran tres torres d'entre 16 i 22 plantes sobre una galeria comercial de dues plantes; a la part que recau a l'avinguda d'Aragó hi haurà dos edificis d'entre 19 i 22 plantes i un tercer a la part més pròxima a Blasco Ibáñez, d'entre 15 i 29 plantes, tot sobre una altra galeria comercial de dues plantes.

A la cantonada del carrer del Dr. Joan Reglà amb l'avinguda de Suècia hi haurà un equipament públic amb una superfície de 1.307 metres quadrats; a l'avinguda de Suècia, més a prop de Blasco Ibáñez, hi haurà un centre de salut amb la mateixa superfície, i a l'actual aparcament entre el fons nord de Mestalla i Blasco Ibáñez (darrere de l'edifici de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer), un col·legi amb una superfície de 7.198 metres quadrats. La part central de la parcel·la serà un jardí de 24.728 metres quadrats.

L'àmbit d'actuació inclou també la parcel·la de l'antic edifici municipal que recau a l'avinguda d'Aragó, en la qual se suposava que s'havia d'alçar un hotel icònic, segons el plànol, de fins a 20 altures, amb una edificabilitat de 16.445 metres quadrats. No obstant això, tal com va informar aquest diari, l'empresa HCG Levante, nova propietària dels terrenys, es va desvincular de l'obligació de tirar-lo avant, segons va traslladar en un escrit d'al·legacions aportat al jutjat, en resposta a una demanda interposada per Libertad VCF contra l'aprovació de les fitxes urbanístiques.

L'empresa afegeix que, després de la caducitat de l'ATE, “amb l'extinció de la condició de promotor del València CF decauen també els compromisos assumits” per l'actual propietària de la parcel·la. És per aquesta raó que, “actualment, sobre la mercantil HCG Levante recau simplement l'obligació d'edificar a la parcel·la, no l'obligació de construir un hotel icònic”. Amb aquest plantejament, afegeix la mercantil, “en aquesta parcel·la pot construir-se, amb la sol·licitud prèvia de la llicència en el termini indicat en la fitxa de gestió, qualsevol edificació expressament permesa o compatible pel planejament urbanístic aplicable (PGOU)”.

El derribo del mítico estadio de Mestalla ya consta de un presupuesto actualizado y se deberá ejecutar o garantizar de forma obligada antes de que las parcelas se pongan a nombre del futuro comprador de los terrenos. El Valencia CF ha iniciado el proceso de venta de los terrenos mediante una subasta por la que espera obtener del orden de 150 millones de euros, un proceso que se espera que finalice a final de año o principios de 2027 a más tardar.

Por un lado, el presupuesto de la demolición así como de las obras complementarias de urbanización del entorno figuran en el borrador del programa de actuación integrada (PAI) que el club remitió al Ayuntamiento en noviembre de 2025 por medio del que solicitó convertirse en gestor del desarrollo y en futuro agente urbanizador como propietario de más de un 60% del suelo. Como avanzó este periódico, el Ayuntamiento admitió a trámite esta petición y otorgó al Valencia CF un plazo de tres meses para presentar un proyecto de urbanización definitivo.

Según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, las obras de derribo incluidas en el epígrafe “presupuesto de obras ejecución por contrata” tendrán un coste de 11,2 millones a los que habrá que sumar otros 3,6 millones de gastos asociados a la urbanización del entorno. En total, 14,8 millones de euros, una cifra actualizada a finales del pasado año (ver cuadro). El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de 12 meses.

El borrador del PAI establece que “las obras de demolición del actual estadio de Mestalla correrán a cargo del titular de la parcela y su coste no podrá ser repercutido como carga de la actuación sobre los restantes propietarios de la actuación integrada”.

También correrán a cargo del agente urbanizador cuando sea legalmente designado y su coste no podrá ser repercutido como carga de la actuación sobre los restantes propietarios de la actuación integrada diferentes actuaciones de mejora del entorno. En concreto, se deberá reservar “una superficie de 1.200 metros cuadrados en la actual mediana central de aparcamiento viario de la avenida de Aragón con el fin de diseñar, proyectar y ejecutar un nuevo espacio para el uso y tránsito peatonal en el barrio de Mestalla, con el ajardinamiento, acabados, pavimentos y mobiliario urbano adaptados al entorno”.

En esta misma línea, según el mismo documento, “dado el carácter monumental del árbol situado en la mediana central de la avenida de Aragón, próximo al cruce con la av. Blasco Ibáñez, con el objeto de potenciar su presencia, a la vez que se mejora su protección y sus condiciones de mantenimiento, se proyectará y ejecutará un acondicionamiento de la zona donde se ubica el mismo, que se integrará en la futura urbanización zona A 'Antiguo Mestalla'”.

Además, el club deberá realizar un “diseño, proyecto y ejecución de la conexión, incluso ampliación, del carril bici para eliminar la discontinuidad del recorrido en el ámbito de actuación, en concreto entre la calle Micer Mascó y la avenida de Aragón”. Con el objeto de integrar la plaza del Valencia Club de Fútbol en la futura urbanización, “se proyectará y ejecutará una reurbanización de este enclave, dotándolo de acabados, pavimentos y mobiliario urbano adaptados al entorno”. Por otra parte, “con el fin de garantizar la sostenibilidad de la actuación urbanizadora, por parte del Ayuntamiento de València se realizará a tal efecto un seguimiento del proyecto de ejecución que finalmente se redacte”.

El ámbito de las obras de urbanización del programa comprenderá los siguientes terrenos dotacionales públicos circundantes con una superficie total de 69.765 metros cuadrados: “La avenida de Suecia en su totalidad, entre la calle Amadeo de Saboya y la avenida de Blasco Ibáñez; la plaza Valencia Club de Fútbol y el inicio de la calle Micer Mascó; el jardín situado entre la prolongación de la calle Artes Gráficas y la prolongación de la calle Alfonso de Córdoba; la calzada oeste de la avenida de Aragón, entre la prolongación de la calle Artes Gráficas y la calle Dr. Joan Reglà”.

Primero el derribo y después la venta efectiva de los terrenos

Por otra parte, tal y como reflejan las fichas urbanísticas aprobadas por el pleno del Ayuntamiento en julio de 2024, el club no podrá hacer efectiva a efectos de cambio de nombre la transacción de los terrenos si no ha finalizado antes las obras del nuevo estadio, la urbanización de su entorno, así como el derribo de Mestalla o, en su caso, deposita una garantía equivalente al coste de la demolición.

De esta manera el Ayuntamiento se aseguró de que el club no pudiera vender los terrenos sin terminar el nuevo estadio y sin ejecutar el derribo de Mestalla.

En concreto, las fichas establecen que una vez aprobado el programa de actuación integrada y presentado por el urbanizador el proyecto de reparcelación (situación que está ahora en trámite), serán requisitos necesarios para la aprobación e inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de reparcelación de los terrenos de Mestalla “que las obras de construcción del Nuevo Estadio hayan finalizado y éste se encuentre en condiciones de ser puesto en funcionamiento, así como que se hayan ejecutado las obras de urbanización del entorno del Nuevo Estadio”.

Además, se exige que “la demolición del actual estadio de Mestalla esté efectivamente ejecutada o, en su defecto, que se haya obtenido licencia de demolición para ello y constituida garantía económica por la totalidad del importe de las obras de demolición, de acuerdo con el presupuesto incluido en el proyecto de demolición para el que se haya obtenido la licencia”.

Seis edificios residenciales y la duda del hotel icónico

Según el plano de detalle, al que ha tenido acceso elDiario.es (ver imagen), los seis edificios residenciales, con entre 15 y 29 plantas de altura, darán a la avenida de Aragón y a la calle Joan Reglá y se levantarán sobre la zona comercial. En concreto, en la esquina de Joan Reglá con avenida de Aragón se levantarán tres torres de entre 16 y 22 plantas sobre una galería comercial de dos plantas; en la parte recayente en la avenida de Aragón habrá dos edificios de entre 19 y 22 plantas y una tercera en la parte más cercana a Blasco Ibáñez con entre 15 y 29 plantas, todo sobre otra galería comercial de dos plantas.

En la esquina de Joan Reglá con avenida de Suecia habrá un equipamiento público con una superficie de 1.307 metros cuadrados, en la avenida de Suecia, más hacia Blasco Ibáñez, habrá un centro de salud con la misma superficie y en el actual aparcamiento entre el fondo norte de Mestalla y Blasco Ibáñez (tras el edificio de la Confederación Hidrográfica del Júcar) un colegio con una superficie de 7.198 metros cuadrados. La parte central de la parcela, será un jardín de 24.728 metros cuadrados.

El ámbito de actuación incluye también la parcela del antiguo edificio municipal recayente a la avenida de Aragón en la que se suponía que se debía levantar un hotel icónico, según el plano, de hasta 20 alturas, con una edificabilidad de 16.445 metros cuadrados. Sin embargo, como informó este diario, la empresa HCG Levante, nueva propietaria de los terrenos, se desvinculó de la obligación de llevarlo adelante, según trasladó en un escrito de alegaciones aportado al juzgado, en respuesta a una demanda interpuesta por Libertad VCF contra la aprobación de las fichas urbanísticas.

La empresa añade que tras la caducidad de la ATE “con la extinción de la condición de promotor del Valencia C.F. decaen también los compromisos asumidos” por la actual propietaria de la parcela. Es por esta razón que, “en la actualidad, sobre la mercantil HCG Levante recae simplemente la obligación de edificación en la parcela, no la obligación de edificar un hotel icónico”. Con este planteamiento, añade la mercantil, “en dicha parcela puede construirse previa solicitud de licencia en el plazo indicado en la ficha de gestión, cualquier edificación expresamente permitida o compatible por el planeamiento urbanístico de aplicación (PGOU)”.

“Mi hijo está esperando una operación de fimosis desde finales del pasado mes de abril, me citaron para este miércoles con la cirujana pediátrica del Hospital General pese a que por zona me corresponde el de Manises. Después de una hora en la sala de espera me acerqué a preguntar y me dijeron que los dos cirujanos que había ya no estaban operativos, por lo tanto el hospital se queda sin atender las intervenciones programadas porque me dijeron que tampoco había anestesista y que si quería que me atendieran, tenía que irme a La Fe. Es una auténtica vergüenza”.

Este es el testimonio de S. G., vecina de Cheste, momentos después de elevar una reclamación a la Conselleria de Sanidad por la desagradable experiencia que vienen sufriendo para que atiendan a su hijo de 9 años. Al trasiego por los desplazamientos motivados por el cambio de hospitales (en Manises tampoco hay cirujanos pediátricos), se une la desesperación por los problemas que la dolencia que le genera, lo que motivó que tuvieran que acudir al General por urgencias los pasados domingo y lunes.

Según explica, “la doctora nos dijo que si el crío tenía problemas para orinar que lo lleváramos por urgencias y fue allí cuando nos dijeron, en primer lugar, que no había anestesista pediátrico y que, aunque en ese momento sí que había cirujano, no lo podían operar, por lo que nos dieron cita para este miércoles 15 de julio con la cirujana pediátrica para ver si podían adelantarle la operación”.

Fue en ese momento cuando, para su sorpresa y tras una hora de espera, le comunicaron que el hospital General de Valencia se había quedado sin los dos cirujanos pediátricos para intervenciones menores de los que disponía y que debía de dirigirse a la Fe, algo que ya ha hecho: “Fui este miércoles y están desbordados”, asegura.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes de Sanidad han afirmado que “al facultativo que estaba le han adjudicado plaza en otro hospital, pero ya está prevista la incorporación de otro en septiembre, cuando se retomarán las intervenciones menores”.

Por su parte, desde UGT han comentado que “en el General de València tan solo se hace una cirugía pediátrica de baja complejidad, el resto de casos siempre se han derivado a la Fe” al tiempo que han confirmado que “hasta ahora había dos cirujanos pediátricos, uno al parecer se ha cambiado de hospital y la otra se ha cogido la baja”.

Las mismas fuentes han indicado que “en este momento las pequeñas cirugías que se hacían aquí se han tenido que posponer, se está avisando a todos los pacientes que estaban programados para este mes de que hasta septiembre no se harán porque la plaza que tenía que venir, no llegará hasta septiembre”. En el caso de los anestesistas han explicado que “es lo de menos porque lo pueden hacer también los de adultos”.

Desde el sindicato han exigido “mejores condiciones laborales y retributivas para fidelizar a los especialistas y dar una atención de calidad, evitando este tipo de situaciones tan desagradables como inaceptables”.

El actual conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, responsable de Educación durante la dana y hasta la llegada de Juan Francisco Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, se ha llevado a la mano a la cara de forma reiterada en respuesta a las críticas del síndic de Compromís, Joan Baldoví, por su gestión de la catástrofe (ver vídeo).

La situación se ha dado en el pleno de las Corts Valencianes de este jueves en el que se debaten los presupuestos autonómicos. En un momento de su intervención, Baldoví ha propuesto una reducción del 25% de los altos cargos creados por Pérez Llorca para “colocar” a los asesores de Mazón y fijar un tope por ley.

También ha propuesto acabar con los privilegios del expresidente y ha preguntado a los diputados de Vox si de verdad quieren que tenga dos asesores vitalicios (tal y como establece el estatuto de los expresidentes para todos los que han ostentado el cargo), coche oficial de por vida “hasta cuando no viene a trabajar a las Corts”, y una oficina “de lujo” en Alicante: “Nosotros no queremos privilegios y no pararemos hasta que él y todo el grupo de negligentes que se fueron a casa abandonando a las familias en los colegios y los institutos y que tanto daño han hecho que paguen por su incompetencia, por su frivolidad”.

En ese punto, Baldoví ha lamentado que “el señor Rovira se ría cuando hablo de los muertos en las escuelas, cuando hablo de que el profesor de Cheste murió porque no le avisó, el señor Rovira se sigue riendo, negligente, mediocre”, momento en el que Rovira ha hecho el mencionado gesto llevándose la mano a la cara.

La tercera jornada de debat i votació de les esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al present exercici a les Corts Valencianes ha tornat a evidenciar les concessions del PP a l'extrema dreta per a aconseguir el seu suport de cara a l'aprovació definitiva dels comptes. Tan sols s'han plantat els populars a l'hora d'aplicar una nova retallada proposada pels ultres a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Una de les propostes més cridaneres que ha estat acordada per ambdós partits mitjançant una transaccional signada pel síndic dels populars, Fernando Pastor, i el de Vox, José María Llanos, ha estat la relativa a una retallada de 10.000 euros en una subvenció de la Conselleria d'Emergències a Creu Roja per a destinar-los a “un estudi de les noves realitats delinqüencials derivats dels canvis sociodemogràfics provocats per la immigració a la Comunitat Valenciana i les seues afectacions a la seguretat pública”.

Quant a l'AVL, el PP s'ha oposat a l'esmena presentada per Vox, per la qual es proposava una retallada de 972.000 euros, la qual cosa ha fet que els populars s'hagen alineat amb el PSPV i Compromís. El PP ha argumentat que “no està d'acord que es faça una retallada a l'AVL”, tal com ha afirmat la seua diputada Mari Carmen Contelles.

La proposta de l'extrema dreta era dedicar tota aquesta quantitat (972.000 euros) al Consell Jurídic Consultiu per a la implantació d'una ferramenta d'IA. Contelles ha insistit que no estan a favor que es faça cap retallada a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Prèviament, el PSPV i Compromís havien reclamat al PP que no acceptara aquesta esmena de Vox, havien acusat aquestes dues últimes formacions de tindre “odi al valencià” com una cosa “visceral” i havien retret als populars que compraren als de Santiago Abascal “totes i cadascuna” de les seues iniciatives amb la finalitat d'“estrangular” l'entitat normativa. Ja en el passat exercici, populars i ultres van aplicar una retallada del 25% en el pressupost de l'entitat.

Amb tot, el síndic de Vox, José María Llanos, ha assenyalat que la retallada quedarà com una esmena viva per al ple d'aprovació dels comptes, que se celebrarà la setmana vinent. En qualsevol cas, ha evitat assenyalar que aquest fet supose una ruptura del pacte amb el PP per a tirar avant els comptes, ja que ha reivindicat les “fites” que Vox ha anat obtenint amb l'aprovació d'esmenes al llarg de la setmana.

El principal ha sigut la introducció del concepte de “prioritat nacional” en les ajudes per a l'obtenció d'habitatges públics en règim d'habitatge o lloguer o per a accedir a la Renda Valenciana d'Inclusió.

La tercera jornada de debate y votación de las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el presente ejercicio en las Corts Valencianes ha vuelto a evidenciar las concesiones del PP a la extrema derecha para lograr su apoyo de cara a la aprobación definitiva de las cuentas. Tan solo se han plantado los populares a la hora de aplicar un nuevo tijeretazo propuesto por los ultras a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Una de las propuestas más llamativas que ha sido acordada por ambos partidos mediante una transaccional firmada por el síndic de los populares, Fernando Pastor, y el de Vox, José María Llanos, ha sido la relativa a un recorte de 10.000 euros en una subvención de la Conselleria de Emergencias a Cruz Roja para destinarlos a “un estudio de las nuevas realidades delincuenciales derivados de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración en la Comunitat Valenciana y sus afectaciones a la seguridad pública”.

Por otra parte, ambos partidos han votado en contra de una enmienda del PSPV que planteaba “garantizar el acceso en igualdad de condiciones a indemnizaciones, ayudas, compensaciones o cualquier otra medida de soporte económico que se establezca como consecuencia de los daños originados por una emergencia a toda persona afectada sin que pueda haber trato discriminatorio por razón de origen, nacionalidad, procedencia o cualquier otra condición o circunstancia personal”.

En cuanto a la AVL, el PP se ha opuesto a la enmienda presentada por Vox por la que se proponía un recorte de 972,000 euros, lo que ha hecho que los populares se hayan alineado con el PSPV y Compromís. El PP ha argumentado que “no está de acuerdo en que se recorte a la AVL”, tal y como ha afirmado su diputada Mari Carmen Contelles.

La propuesta de la extrema derecha era dedicar toda esta cantidad (972.000 euros) al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de IA. Contelles ha insistido en que no están a favor de que se haga ningún recorte a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Previamente, el PSPV y Compromís habían reclamado al PP que no aceptara esta enmienda de Vox, han acusado a estas dos últimas formaciones de tener “odio al valenciano” como algo “visceral” y han reprochado a los populares que compren a los de Santiago Abascal “todas y cada una” de sus iniciativas con el fin de “estrangular” a la entidad normativa. Ya en el pasado ejercicio populares y ultras aplicaron un recorte del 25% en el presupuesto de la entidad.

Con todo, el síndic de Vox, José María Llanos, por su parte, ha señalado que el recorte quedará una enmienda viva para el pleno para la aprobación de las cuentas que se celebrará la próxima semana. En cualquier caso, ha evitado señalar que este hecho suponga una ruptura del pacto con el PP para sacar adelante las cuentas, pues ha reivindicado los “logros” que Vox ha ido obteniendo con la aprobación de enmiendas a lo largo de la semana.

El principal ha sido la introducción del concepto de “prioridad nacional” en las ayudas para la obtención de viviendas públicas en régimen de vivienda o alquiler o para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión.

El Órgano interadministrativo de cooperación y de gestión de la Marina, formado paritariamente por el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria de València (APV), ha acordado este lunes una nueva ubicación para el antiguo Faro del Puerto de València que lo hará totalmente accesible desde la Marina de la ciudad.

La reunión de este Órgano se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de València y ha contado con la participación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, la tercera teniente de alcalde y concejala del área de Recursos Humanos y Técnicos, Patrimonio, Participación y Pedanía, Julia Climent, el secretario municipal Manuel Latorre, la presidenta de la APV, Mar Chao, y el secretario general de Valenciaport, Jorge Herrero.

Entre los asuntos tratados se ha abordado la nueva ubicación en la Marina del antiguo Faro de València, que será trasladado próximamente desde su ubicación actual como consecuencia de las obras de ampliación norte a una nueva ubicación completamente accesible en el área de la Marina de València en el canal de acceso, frente al edificio Veles e Vents, contando con el acuerdo del concesionario de las instalaciones náutico-deportivas al estar en el ámbito de su concesión.

Desde la Autoridad Portuaria se considera una oportunidad y una necesidad promover el traslado del faro desde su ubicación actual a una nueva que sea accesible para la ciudadanía. Con el dique de la ampliación norte del Puerto de Valencia finalizada en 2012, el faro quedó desubicado no pudiendo cumplir su función de señal marítima, por lo que dejó de funcionar definitivamente en junio de 2015, instalándose un nuevo faro destinado a suplir al anterior.

Su ubicación en un entorno abierto al uso público permitirá revalorizar un elemento emblemático y de gran valor social de la historia del Puerto de Valencia y de los Poblados Marítimos, proyectándolo hacia el futuro como un símbolo plenamente incorporado al frente marítimo de València que permita reforzar la relación entre el puerto y la ciudadanía.

Meses después de hacer público el proyecto de ampliación que contemplaba el desmantelamiento del faro, en concreto en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de València inició el trámite para incorporar su ficha de protección como Bien de Relevancia Local al catálogo estructural de bienes y espacios protegidos. Este elemento, que tiene una altura de 22,5 metros sobre el terreno, fue diseñado en el año 1890 por el ingeniero Luis Dicenta Lloret. Tiene una tipología novedosa, debido a que en su origen era una torre metálica desmontable que, posteriormente se ubicó en su posición actual, retranqueada junto al mar.

El faro está incluido en el Catálogo de Faros con Valor Patrimonio de España del Ministerio de Cultura. Se trata de uno de los tres faros de la provincia de València, once en toda la Comunitat Valenciana, que se encuentran catalogados en el inventario realizado en 2017 por la Escuela de Arquitectura de Donostia para el ministerio y dirigido por Santiago Sánchez Beitia.

Otro de los puntos tratados en la reunión de este miércoles ha sido el referente al Edificio Veles e Vents del que se ha dado traslado por parte del Ayuntamiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local recientemente aprobado sobre el futuro uso público del edificio.

El debat de les esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana que es desenvolupa a les Corts Valencianes està evidenciant una total sintonia entre el PP i Vox, fins al punt de posar-se d'acord per tombar una ajuda urgent de 5 milions d'euros per als damnificats de Veneçuela proposada pel PSPV. Una situació que no deixa de cridar l'atenció després de les diferents promeses d'ajudes, sense anar més lluny, de la direcció del partit.

Si bé és cert que recentment el Govern valencià va anunciar la mobilització de prop d'un milió d'euros a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària i d'Emergència de la Comunitat Valenciana (CAHE) per a finançar 16 projectes d'ajuda destinats a la població afectada pels terratrémols registrats el passat 24 de juny a Veneçuela, no ho és menys que, tenint en compte la magnitud del sinistre, es podia haver tingut en compte una nova aportació proposada pels socialistes.

En concret, l'esmena rebutjada proposava dedicar 5 milions d'euros d'una partida de 8,7 milions d'euros assignada a un programa de “Cooperació internacional i desenvolupament sostenible” a l'enviament urgent d'ajuda al poble veneçolà, “a través de les ONGD, amb la finalitat de pal·liar les terribles conseqüències del doble terratrémol patit el 24 de juny de 2026, i posar en marxa així el pla especial de solidaritat amb Veneçuela des d'una comunitat com la valenciana que ha patit recentment una dana”.

Fonts populars i de Vox consultades per aquest diari han declinat fer valoracions. Per la seua banda, la portaveu de Cooperació del PSPV-PSOE a les Corts, Rocío Ibáñez, ha censurat la “insensibilitat” del PP i Vox envers el poble veneçolà, que pateix la catàstrofe humana més gran de la història recent, “simplement per pur sectarisme ideològic”. “El veto del PP a la nostra proposta és molt trist i molt lamentable, sobretot venint de representants del poble valencià, que tant hem patit la terrible urpada d'una catàstrofe natural, agreujada en el nostre cas perquè els responsables de la Generalitat se'n van anar de dinar i d'acte festiu, en lloc d'atendre les seues obligacions”.

A més, explica la diputada socialista, demanaven que l'ajuda d'emergència a Veneçuela, igual que la destinada a Gaza o a Ucraïna, “tinguera la condició de crèdits ampliables, és a dir, que no estiguera condicionada a l'existència prèvia de crèdit, i ens hem trobat amb un no rotund i inhumà de la dreta i de l'extrema dreta”.

Segons Ibáñez, “se'ls ompli la boca parlant de Veneçuela, però la realitat és que els veneçolans els importen ben poc, igual que tampoc els importen gens els espanyols que estan en terres veneçolanes i que pateixen les conseqüències del terratrémol”, es lamenta la parlamentària, que ha apuntat que PP i Vox “tenen temps de reflexionar i rectificar de cara al debat final dels Pressupostos de la Generalitat davant el ple de les Corts”.

Retallada de 100.000 euros als sindicats

D'altra banda, PP i Vox han acordat reduir en 100.000 euros les ajudes directes que rebien els sindicats UGT i CCOO (50.000 euros a cadascun) per a l'elaboració de plans d'igualtat, i redirigir aquests diners a una nova línia de subvencions destinada a impulsar l'ocupació en municipis en risc de despoblament. La formació de Santiago Abascal, que reclamava que la tisorada arribara també a la patronal, va arribar a anunciar que es retallaria “un 50% respecte de la quantitat inicial que rebien”.

L'esmena, a la qual ha tingut accés elDiario.es, retalla en 50.000 euros cadascuna de les dues línies del subprograma Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals, orientades a promoure “la implantació efectiva a les empreses de la Comunitat Valenciana dels plans d'igualtat, tant de caràcter obligatori com voluntari” i els destinataris previstos de les quals eren tots dos sindicats.

D'altra banda, tots dos partits han acordat eliminar una disposició addicional del Pla Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista encaminada a fiscalitzar-ne el desenvolupament. En concret, la disposició que es retira estableix que “amb la finalitat d'implementar de manera eficaç i transversal el Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Gènere, cada conselleria publicarà en la seua respectiva pàgina web els objectius del pacte que se li han assignat, el pressupost destinat i un seguiment de la seua execució”.

El debate de las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana que se desarrolla en las Corts Valencianes está evidenciando una total sintonía entre el PP y Vox, hasta el punto de ponerse de acuerdo para tumbar una ayuda urgente de 5 millones de euros para los damnificados de Venezuela propuesta por el PSPV. Una situación que no deja de llamar la atención tras las diferentes promesas de ayudas de ayudas, sin ir más lejos, de la dirección del partido.

Sin bien es cierto que recientemente el Gobierno valenciano anunció la movilización de cerca de un millón de euros a través del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia de la Comunitat Valenciana (CAHE) para financiar 16 proyectos de ayuda destinados a la población afectada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, no lo es menos que teniendo en cuenta la magnitud del siniestro se podía haber tenido en cuenta una nueva aportación propuesta por los socialistas.

En concreto, la enmienda rechazada proponía dedicar 5 millones de euros de una partida de 8,7 millones de euros asignada a un programa de “Cooperación internacional y desarrollo sostenible” al envío urgente de ayuda al pueblo venezolano, “a través de las ONGD, con la finalidad de paliar las terribles consecuencias del doble terremoto sufrido el 24 de junio de 2026, y poner en marcha así el plan especial solidaridad con Venezuela desde una comunidad como la valenciana que ha sufrido recientemente una dana”.

Fuentes populares y de Vox consultadas por este diario han declinado hacer valoraciones. Por su parte, la portavoz de Cooperación del PSPV-PSOE en las Corts, Rocío Ibáñez, ha censurado la “insensibilidad” del PP y Vox hacia el pueblo venezolano, que está sufriendo la mayor catástrofe humana en la historia reciente, “simplemente por puro sectarismo ideológico”. “El veto del PP a nuestra propuesta es muy triste y muy lamentable, sobre todo viniendo de representantes del pueblo valenciano, que tanto hemos sufrido el zarpazo terrible de una catástrofe natural, agravada en nuestro caso porque los responsables de la Generalitat se fueron de comilona y de evento festivo, en lugar de atender a sus obligaciones”.

Además, explica la diputada socialista, pedían que la ayuda de emergencia a Venezuela, igual que la destinada a Gaza o a Ucrania, “tuvieran la condición de créditos ampliables, es decir, que no esté condicionada a la existencia con carácter previo de crédito, y nos hemos encontrado con un no rotundo e inhumano de la derecha y de la extrema derecha”.

Según Ibáñez, “se les llena la boca hablando de Venezuela pero la realidad es que los venezolanos les importan muy poco, igual que tampoco les importan nada los españoles que están en tierras venezolanas y que están padeciendo las consecuencias del terremoto”, se lamenta la parlamentaria, quien ha apuntado que PP y Vox “tienen tiempo de reflexionar y rectificar de cara al debate final de los Presupuestos de la Generalitat ante el pleno de las Corts”.

Recorte de 100.000 euros a los sindicatos

Por otra parte, PP y Vox han acordado reducir en 100.000 euros las ayudas directas que recibían los sindicatos UGT y CCOO (50.000 euros a cada uno) para la elaboración de planes de igualdad, y redirigir ese dinero a una nueva línea de subvenciones destinada a impulsar el empleo en municipios en riesgo de despoblación. La formación de Santiago Abascal, que reclamaba que el tijeretazo alcanzara también a la patronal, llegó a anunciar que se recortarían “un 50% respecto a la cantidad inicial que recibían”.

La enmienda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recorta en 50.000 euros cada una de las dos líneas del subprograma Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, orientadas a promover “la efectiva implantación en las empresas de la Comunitat Valenciana de los planes de igualdad, tanto de carácter obligatorio como voluntario” y cuyos destinatarios previstos eran ambos sindicatos.

Por otra parte, ambos partidos han acordado eliminar una disposición adicional del Plan Valenciano contra la Violencia de Género y Machista encaminada a fiscalizar su desarrollo. En concreto, la disposición que se retira establece que “con la finalidad de implementar de forma eficaz y transversal el Pacto Valenciano contra la violencia machista y de género, cada conselleria publicará en su respectiva página web los objetivos del pacto que se le han asignado, el presupuesto destinado y un seguimiento de su ejecución”.

El PP valenciano vuelve a claudicar ante las exigencias de Vox. Si este lunes aceptó incluir por primera vez en unos presupuestos de la Generalitat Valenciana el concepto de prioridad nacional para poder acceder a una vivienda protegida ya sea en régimen de compra o de alquiler, este martes ha aceptado también incluir este principio en las ayudas sociales, entre ellas, en la Renta Valenciana de Inclusión.

Los populares han votado a favor de estas enmiendas a las cuentas autonómicas presentadas por el partido de extrema derecha en la comisión de las Corts que se ha celebrado este martes.

En concreto, ambos partidos han acordado tramitar una nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión (RVI) “ampliando su campo de actuación, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”. Esto supondrá la incorporación “de personas ya beneficiarias de RVI al nuevo marco jurídico incorporando el principio de prioridad nacional”.

El mismo concepto se ha aprobado a ayudas sociales para personas sin hogar o en riesgo de exclusión. En el primero de los casos, se propone la “financiación de actuaciones para la intervención social de las personas en situación de sinhogarismo y programas para reducir la feminización de la pobreza incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”.

En cuanto a las ayudas personas en riesgo de exclusión también se establece la “gestión, coordinación y seguimiento de prestaciones sociales, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente”.

Los criterios que se deberán cumplir para ser beneficiarios de la nueva RVI se conocerá durante el debate de las enmienda a la Ley de Acompañamiento. De salir adelante la propuesta realizada por Vox, se exigirá un arraigo de tres años ininterrumpidos previos al momento de la solicitud de la ayuda o de 10 años alternos dentro de los 30 anteriores a la petición de la renta.

Críticas del PSPV y de Compromís

Al respecto, el PSPV ha acusado a los populares de “abandonar y maltratar” a las personas más necesitadas y a los profesionales de los servicios sociales, también de “mirar hacia otro lado”, al tiempo que ha abogado por destinar más recursos para reducir las listas de espera, agilizar los procedimientos, recuperar el Pla Convivint y ha criticado el modelo del PP y Vox que “debilita la gestión pública mientras favorece la privatización”. Además, ha preguntado al PP por qué no acepta los 3.669 millones de euros del nuevo modelo de financiación: “¿Porque son de un gobierno de rojos?”.

Y Compromís ha calificado de “fascistas y xenófobos” los presupuestos del Consell, ha denunciado el “abandono” del PP a los servicios sociales, cuya “negligencia” llega a provocar “tragedias familiares”, y mientras ha planteado entre otras cosas mejorar la autonomía personal y la accesibilidad y aumentar las ayudas a afectados por ELA. También ha criticado que el hasta la pasada semana jefe de gabinete de la Conselleria, José Francisco Pérez, estuviera “más ocupado en montar un festival” en Sagunt que de los servicios sociales: “Qué corruptos podéis llegar a ser”.

Por su parte,, el PP ha defendido que los presupuestos del Consell son “trabajados y realistas”, además de “los más sociales de la historia”, y sitúan “a la persona en el centro” para que “viva en libertad sin que nadie le condene a la dependencia y la pobreza”.

Mientras, Vox ha reivindicado que para gestionar “correctamente” los servicios sociales hay que garantizar “el arraigo real, duradero, efectivo, estable y verificable”, algo de “sentido común”. “Por primera vez la prioridad nacional va a ser una realidad”, han celebrado desde la formación, y han apostado por premiar la residencia, el empadronamiento, la permanencia y la contribución al país: “Gracias a Vox el tiempo de residencia exigible para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión pasa de 12 meses a tres años”.

Los representantes de Compromís en el Consell Rector de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset y Sergio Chillaron, han registrado la solicitud de una sesión extraordinaria de este órgano para que el concejal de Fallas de València y presidente de la JCF, Santiago Ballester, presente los informes técnicos por los cuales asegura que un tercer día de Ofrenda es “la única alternativa viable”, pese a que cuenta con el rechazo de las comisiones del centro que serían las más afectadas.

La iniciativa, que fuerza la convocatoria extraordinaria antes de 15 días, llega después de que Compromís solicitara acceso a esta información sin haber recibido, hasta ahora, ningún informe. Por eso, los representantes de Compromís en la JCF reclaman que el Gobierno municipal explique si estos informes existen, cuál es su contenido, qué alternativas analizan y por qué continúan sin estar a disposición pública a pocos días de que las fallas se tengan que pronunciar en una asamblea.

“Si el PP afirma que solo hay una única solución, tiene la obligación de explicar en qué datos se basa. Las Fallas no pueden decidir a ciegas y con prisas en lo que parece más una imposición que una elección”, ha afirmado el concejal de Compromís, Pere Fuset.

El concejal valencianista ha recordado que ampliar la Ofrenda no es una decisión menor, sino una cuestión que afecta uno de los actos más participativos de las Fallas y que puede tener consecuencias sobre la movilidad de miles de personas, la convivencia, los dispositivos de seguridad, la organización de los servicios públicos, el comercio y la actividad económica de la ciudad. “Es inexplicable que el gobierno de Catalá oculte la información con la que dice justificar su propuesta, a menos que no exista”.

En contraposición, desde la formación valencianista han querido poner en valor el trabajo de varias agrupaciones falleras que han elaborado sus propios informes y han aportado alternativas para afrontar los problemas actuales de la Ofrenda. “Es muy significativo que sean las mismas fallas las que estén haciendo el trabajo que tendría que hacer el gobierno municipal. Mientras las agrupaciones falleras estudian, analizan y proponen, el gobierno de Catalá solo pide pegar la cabotà”, ha lamentado Fuset.

Por eso, Compromís considera imprescindible que cualquier decisión sobre el futuro de la Ofrenda se tome en base a informes técnicos conocidos, escuchando las comisiones falleras y al conjunto de la sociedad civil valenciana, antes de modificar un acto que afecta de manera determinante a la ciudad y su fiesta grande.

Fuset también ha reiterado la crítica a que el gobierno municipal quiera llevar esta decisión a una Asamblea de Presidentes convocada a finales de julio, como la única alternativa posible, sin los informes que dice sustentarla, y sin dar tiempo para que las comisiones falleras puedan reunir a sus falleros y falleras, debatir las diferentes opciones y fijar democráticamente su posición.

“Quién confía en la fuerza de sus argumentos no tendría que tener miedo al debate ni a la participación. ”, ha señalado Fuset que ha recordado que en 1999 y 2012 los posibles grandes cambios de la fiesta se decidieron “con consultas en cada casal e incluso un referéndum”.

Oposición de las fallas del centro

La Agrupación de Fallas La Seu-La Xerea-El Mercat ha presentado un Informe Técnico de Valoración en el que fundamenta su posicionamiento desfavorable a la propuesta de ampliar la Ofrenda de Flores a tres jornadas.

El documento es el resultado del trabajo desarrollado tras una reunión convocada por la Agrupación La Seu-La Xerea-El Mercat, a la que fueron invitadas y participaron, en su condición de agrupaciones directamente afectadas por el recorrido oficial de la Ofrenda, las Agrupaciones de Fallas El Pilar-Sant Francesc y El Carmen.

Asimismo, el informe se ha enriquecido con un proceso participativo en el que han intervenido las comisiones integrantes de la Agrupación, analizando las consecuencias organizativas, logísticas, sociales y de movilidad que tendría esta medida sobre las fallas del centro histórico.

Entre las principales conclusiones del documento destacan “el aumento de las restricciones de acceso a las demarcaciones, las dificultades para desarrollar la programación propia de las comisiones, los problemas de movilidad y logística, así como la prolongación de las afecciones que soportan las fallas situadas en el entorno del recorrido oficial”.

El informe también pone de manifiesto que todavía existe un amplio margen para mejorar el funcionamiento de la Ofrenda sin necesidad de alterar su estructura tradicional. Entre las propuestas planteadas figuran “una aplicación más rigurosa del Reglamento, la reducción de tiempos muertos durante el recorrido, una mejor coordinación entre los distintos servicios implicados, la reorganización de la Comitiva Oficial y el estudio de nuevas alternativas organizativas, como una tercera vía de acceso a la Plaza de la Virgen”.

UGT Serveis Públics PV ha denunciado este martes la privatización por parte de la Conselleria de Sanidad de la logopedia ambulatoria en el sistema valenciano de salud. El sindicato considera necesaria la regulación y la creación de este servicio tan demandado por la ciudadanía, pero considera que debería hacerse dentro del sistema público y con el colectivo de profesionales ya existentes en la bolsa de empleo temporal.

Lejos de apostar por el modelo público, el Consell continúa el camino de privatización de la sanidad con la publicación del pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de atención logopédica en régimen ambulatorio. Esta licitación tiene por objetivo dar asistencia a un total de 3.747 pacientes distribuidos por todos los departamentos de salud de la autonomía. El contrato, por tres años, tiene un importe eestimado de 20 millones de euros.

UGT considera que la logopedia ambulatoria debería estar integrada en los equipos de atención primaria para garantizar la calidad y la accesibilidad de todas las personas usuarias y cree que la solución no es la externalización del servicio, máxime cuando existen profesionales en las bolsas de empleo temporal. Así, sólo en el hospital La Fe más 200 profesionales están inscritos en la bolsa de empleo de Sanidad.

Además, UGT ve inadmisible que la Conselleria de Sanidad, mediante el engaño, se ha aprovechado del saber y de la buena fe de colectivo de logopedas del sistema público, a quienes les invitaron a participar en el desarrollo del plan de logopedia ambulatoria. Finalmente el objetivo era externalizar el servicio con el programa desarrollado por estos profesionales que siempre creyeron que se implantaría dentro del sistema público.

Como en el resto de privatizaciones con las que la actual Consellería está transformando la sanidad pública valenciana, este pliego genera muchas incógnitas sobre su funcionamiento y degrada el servicio al ciudadano por su opacidad, falta de control, desvinculación del equipo rehabilitador y logopeda hospitalario y el menosprecio a los logopedas públicos.

UGT rechaza enérgicamente este modelo privatizador generalizado de la actual Consellería del sistema sanitario Valenciano frente al servicio público. A preguntas de elDiario.es, desde la Conselleria de Sanidad no ha habido por el momento valoraciones.