Hace un año ya dejaba caer su malestar por la gestión de las cuencas de los ríos por parte de las confederaciones hidrográficas, el pasado marzo pedía asumir parte de su gestión y hoy se anuncia que esa petición ya ha sido formalizada.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este viernes que su Gobierno ya ha registrado formalmente ante el Ejecutivo central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la petición para que la Junta pueda asumir mediante una encomienda parte de la gestión que realizan las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo y, más adelante, se pedirían las correspondientes del Júcar y del Segura.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la mina de Wolframio de Abenójar, en Ciudad Real, según recoge Europa Press. Una solicitud con la que el Ejecutivo autonómico pretende intervenir en la tramitación de expedientes y aliviar lo que Page ha definido como un importante “atasco” administrativo que, a su juicio, está afectando especialmente a agricultores y ganaderos, que esperan durante años la resolución de cuestiones relacionadas con pozos, regadíos o aprovechamientos de agua.

Ayer mismo, el vicepresidente segundo José Manuel Caballero, y también el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, lanzaban un mensaje, apelando de nuevo a la “unidad” de acción en lo que tiene que ver con el agua en Castilla-La Mancha al PP de Paco Núñez, quien hoy ha hecho oídos sordos a esta cuestión. Tiene su propia hoja de ruta en cuanto al agua.

Page aclara que no reclama la transferencia de competencias

“Acabamos de registrar, cumpliendo un compromiso que adquirí, la petición formal al Gobierno de que nos dejen ayudar”, ha anunciado Page, quien ha querido dejar claro que Castilla-La Mancha no reclama que el Estado le transfiera la competencia, sino que le encomiende parte de su gestión.

“Hay atasco en las confederaciones hidrográficas, se tarda años, hay mucho lío. Curiosamente lo que más rápido va son las sanciones”, ha lamentado el presidente regional, poniendo especialmente el foco en los problemas que existen en Castilla-La Mancha con “la gestión de acuíferos” y “la gestión de los pozos”.

La primera petición afecta a las confederaciones del Guadiana y del Tajo, aunque Page ha avanzado que la intención de su Gobierno es plantearlo “más adelante” también para las demarcaciones del Júcar y del Segura.

“Lejos de discutir y echarle la culpa a otro, queremos echar una mano”, ha defendido el presidente, quien ha asegurado además que, en caso de darse esa encomienda, el Ejecutivo autonómico está dispuesto a contratar “entre 400 y 500 personas” con el objetivo de responder a la preocupación que, según ha señalado, existe entre multitud de agricultores y ganaderos con la gestión del agua.

Medir la situación de los acuíferos

Esta semana se hacían públicos los datos de WWF, sobre cómo se está detrayendo agua de los acuíferos en España para regar. Uno de los más afectados tiene que ver con la cuenca del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real. Hoy Page ha recuperado además otra idea que ya puso sobre la mesa en marzo, que Castilla-La Mancha disponga de sus propias mediciones sobre el estado de los acuíferos.

“Queremos tener datos propios sobre los acuíferos. Recelamos de los datos que se dan”, ha señalado, antes de anunciar que este trabajo se realizará junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y su Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).

“No es obligatorio fiarse, es obligatorio saber de qué estamos hablando”, ha resumido Page, que ya en marzo había planteado incluso la instalación de piezómetros propios por parte de la Junta para contrastar las mediciones existentes.

Este viernes, el pregón oficializará la apertura de las Fiestas de San Mateo en Cuenca. Una de las visitas políticas del día a la ciudad será la del secretario general del PP, Miguel Tellado, este mediodía. De ahí, que el colectivo crítico 'Los Valientes de Cuenca' le haya recordado al Partido Popular que la formación mantiene desde el pasado mes de noviembre una situación provisional, bajo la dirección de una Junta Gestora que preside el diputado regional José Antonio Martín-Buro.

Los críticos dicen recibir la visita con “respeto”, pero consideran que “ha llegado el momento de que la dirección nacional afronte esta situación y devuelva al partido a la normalidad estatutaria”.

Desde hace meses hay un evidente malestar en un amplio sector del PP conquense, tras la inesperada salida de la dirección del anterior presidente, Benjamín Prieto, que llevaba 13 años al frente del partido.

Este viernes, tras la constitución de “una Junta Gestora concebida como un órgano transitorio”, recalcan, “la falta de convocatoria del Congreso Provincial y la prolongación de la provisionalidad han generado un creciente malestar entre una parte de la militancia, que viene reclamando explicaciones y una salida conforme a las normas internas”.

Piden a Tellado “aclarar públicamente” la situación

'Los Valientes de Cuenca' recuerdan que los estatutos del PP regulan el carácter temporal de las juntas gestoras y los mecanismos para recuperar “la normalidad orgánica”. Por ello, reclaman que “se aclare públicamente” cuál es la situación estatutaria actual del PP de Cuenca y, en su caso, qué circunstancias justifican su continuidad porque “lo excepcional no puede convertirse en permanente”, señalan.

El colectivo recuerda asimismo que durante estos meses afiliados conquenses han presentado impugnaciones y peticiones internas relacionadas con la situación provincial. A su juicio, la visita de “Miguel Tellado debe servir para escuchar directamente a la militancia, ofrecer respuestas y encauzar una solución que permita recuperar la participación de los afiliados y la normalidad democrática interna”.

El pasado mes de junio José Antonio Martín-Buro intentó zanjar la polémica asegurando contar con el aval del Comité de Garantías del PP, pero el runrún no ha cesado.

Esta mañana un grupo de críticos acudirá a la laza Mayor durante la visita del secretario general, que estará junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, y al presidente de la gestora Martín-Buro, “esperando ser atendidos y escuchados en sus reivindicaciones”.

“A Cuenca no solo se viene a participar en actos de partido; también se viene a escuchar, afrontar los problemas pendientes y cumplir las normas que nos hemos dado”, afirman en un comunicado. Consideran que la dirección nacional tiene ahora “la oportunidad de impulsar una solución definitiva mediante diálogo, respeto a los Estatutos y la celebración del Congreso Provincial”.

Los Valientes de Cuenca aseguran que continuarán defendiendo, “con serenidad pero con absoluta firmeza”, los derechos de los afiliados y la democracia interna, y advierten de que la actual situación no puede prolongarse indefinidamente.

Las últimas declaraciones del presidente de la Región de Murcia sobre el trasvase Tajo-Segura siguen teniendo eco en Castilla-La Mancha. Fernando López Miras anunció que su gobierno podrá todas las trabas posibles a que se cambie la forma de explotar el trasvase Tajo-Segura. Y eso a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan. Llegó a decir que, si las reglas se modifican, Feijóo las cambiará cuando llegue a la Presidencia de España.

Ayer el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez justificó sus palabras, asegurando que su compañero de filas no hace otra cosa que defender los intereses murcianos y eso hoy se lo han afeado desde el PSOE.

“Admiro de Murcia cómo PSOE y PP están unidos en defender sus intereses [relacionados con el agua], aunque sean contrarios al sentido común”. Ha acusado al PP de Castilla-La Mancha de no practicar lo mismo. “La defensa de los intereses de la región no se puede interpretar desde la mercadería política. Más allá de lo que representamos cada uno y de las sentencias del Supremo esto no es algo susceptible de interpretaciones o de buscar ventajas partidistas y eso es lo que hace el PP”, ha criticado.

Sobre el cambio de las reglas del trasvase Tajo-Segura que permitan cumplir las sentencias que avalan que el río Tajo puedan disponer de caudales ecológicos, Caballero ha sido tajante: “Nosotros tenemos la razón judicial, con el aval del Supremo”, ha recordado.

Doble de agua del Sorbe para Madrid: “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo a Guadalajara”

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. “El presidente de Murcia tiene legitimidad para cambiar las normas, pero no para sabotearlas”. Ha remarcado, en la misma comparecencia pública junto al vicepresidente, que “las leyes están para cumplirlas y los que no estamos de acuerdo con algunas leyes trabajamos para cambiarlas. Es lo que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha en lo que tiene que ver con la normativa del trasvase Tajo-Segura”.

También ha cargado contra Paco Núñez. “Duele escuchar a un responsable político que está dispuesto a hacer sabotaje con tal de beneficiarse”, pero al mismo tiempo ha defendido la idea de la unidad. No es la primera vez que lo hace al hablar de agua. “Me encantaría que encontrásemos gran consenso en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, en concreto del agua”.

Y no solo se ha referido al acueducto Tajo-Segura. Ha pedido al PP “que se ponga del lado de la gran mayoría de Castilla-La Mancha en lugar de subordinarse a los intereses de su partido a nivel nacional” o que justifique “el abuso de la Comunidad de Madrid con el agua”.

Bellido aludía así a la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de 50.000 litros del río Sorbe, el doble de la demanda actual del Canal de Isabel II para la vecina Comunidad de Madrid. “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo al Corredor del Henares en Guadalajara”, ha advertido, lamentando que tanto la alcaldesa de Guadalajara, la ‘popular’ Ana Guarinos, como el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, “están dispuestos”.  

Sabrido: “El trasvase es cuestión de plazos, acabará antes o después”

Sobre la cuestión también se ha pronunciado hoy el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Cree que lo que afirma el presidente murciano “no lo va a consentir ni la sociedad española ni el propio Partido Popular”.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que las palabras de López Miras “están dichas en clave autonómica de Murcia” y que allí “tienen que ir pensando en nuevos recursos y pensando que el trasvase tendrá su fin”.

En esta línea, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica “está avanzando en las nuevas reglas de explotación” y “no se va a admitir ningún paso atrás en el plan hidrológico que está en vigor”.

Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno de España está “prácticamente de acuerdo en todo” con el Gobierno castellanomanchego de cara a la caducidad del trasvase. “Es una cuestión de plazos. Acabará antes o después”.

“Tengo la confianza en que la Justicia actúe y que se proceda a procesar a Cospedal”. Así de contundente se ha mostrado este jueves el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha José Manuel Caballero, cuando se le ha preguntado en una rueda de prensa por su valoración sobre los nuevos audios de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, que forman parte de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

Unos audios que presuntamente comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos.

“Sin duda los audios de hoy son todavía más graves y espero que se someta al imperio de la ley”, ha dicho el numero tres del gobierno de Emiliano García-Page porque, lamentaba, “hasta ahora se ha estado escapando por los pelos” de lo que, desde su punto de vista “parecen delitos fragrantes para ocultar pruebas”.

ElDiario.es ha tenido acceso a algunas de estas grabaciones.

Y es que, un nuevo informe de la Policía conecta estos audios con los diarios de Villarejo y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, las grabaciones. El análisis se ha enviado a la Audiencia Nacional que ha ordenado buscar “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP.

“Cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha, no saldrá ni una sola gota de agua hasta que no haya regado el último agricultor y haya bebido el último animal de cada una de nuestras explotaciones ganaderas”. El líder del PP en la comunidad autónoma Paco Núñez respondía así al embate en los últimos días sobre cuál es su postura relacionada con el agua en la región. “Eso no lo ha hecho el Partido Socialista en 11 años, pero le puedo garantizar a todos los agricultores y ganaderos de esta tierra que yo sí haré”.

El PSOE le afeaba en las últimas horas su silencio, después de que el presidente de la Región de Murcia, su compañero de partido Fernando López Miras, se descolgase con unas declaraciones asegurando que cuando Alberto Núñez Feijóo presida el Gobierno de España se eliminarán las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Un sistema de reglas, todavía en proceso de aprobación, que debe modificarse para cumplir con el imperativo legal de que el río Tajo tenga caudales ecológicos, es decir, agua suficiente y de calidad, en particular en su curso medio, es decir, entre Madrid y Toledo.

El propio Feijóo evitaba pronunciarse al respecto esta semana durante una visita a la Feria de Albacete y tampoco lo hacía el propio Paco Núñez que hoy, sin embargo, sí se ha referido a la cuestión en Tomelloso (Ciudad Real). El presidente de los 'populares' se ha referido a su homólogo murciano para justificar su postura. “Lo que hace el presidente de Murcia es defender los intereses de Murcia”.

Después ha acusado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, de “defender los intereses de Portugal”, porque, desde su punto de vista, “están llevando el agua de Castilla-La Mancha a Portugal y están regando los agricultores portugueses”, aseguraba, en un argumento difundido ampliamente por Vox.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a estas afirmaciones tachándolas de “tonterías”, teniendo en cuenta que el río Tajo desemboca, siguiendo su curso natural, en el vecino país de Portugal.

Se anunciaba hace unos días y esta semana se ha materializado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su oposición al futuro Real Decreto del Gobierno de España, relativo a los centros de datos, presentando diez alegaciones al texto normativo.

El pasado 10 de septiembre la cuestión parecía abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día se terminaba el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El castellanomanchego amagó entonces con la posibilidad de acudir a los tribunales, después de que el futuro decreto vaya a exigir que los centros de datos de mayor tamaño tengan como obligación acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico proceda de energía renovable, y que eso se acredite hora a hora, entre otras cuestiones.

Esta y otras exigencias podrían afectar a una de las mayores apuestas tecnológicas previstas en la comunidad autónoma por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page: el data center que Meta, la multinacional matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, propiedad del magnate norteamericano Mark Zuckerberg planea abrir en Talavera de la Reina.

El proyecto tiene ya todos los parabienes del Gobierno regional para que se inicien las obras y Meta ha pagado ya la fianza de un millón de euros exigida por el Ejecutivo autonómico para comenzar. Ahora, reconocen una “profunda preocupación” ante el impacto directo que el actual diseño normativo puede provocar sobre el tejido tecnológico e industrial de la región.

Aducen que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un nodo tecnológico de referencia en el sur de Europa, albergando inversiones estratégicas de impacto global” (como el desarrollo de Meta) o “acumulando una cartera de iniciativas clave para la soberanía digital de España”.

“No es razonable” modificar condiciones de proyectos avanzados

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha justificado hoy las 'pegas' que ponen al texto normativo que se prepara, precisamente, porque con la actual propuesta se complicaría el camino a proyectos como el de Meta al cambiarse “las reglas del juego” en plena carrera empresarial -ya en marcha- por el desarrollo de estos centros tecnológicos.

Es algo que expresamente se ha reflejado al exponer los motivos de las diez alegaciones planteadas por el Gobierno de Page a las que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.

La norma, se advierte, tendría “capacidad para condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en nuestra región” y en este caso, nada más y nada menos que con uno de los gigantes tecnológicos mundiales.

En opinión del Ejecutivo de esta comunidad, “se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular”.

Se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular

Padilla ha puesto el acento en el tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.

La portavoz de Page ha dicho que “no resulta razonable” modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

Por este motivo, el Gobierno regional reclama “un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada” y ha incidido precisamente en el caso de Meta.

Pedimos un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada

Aunque el Gobierno regional “comparte” objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma o que “los centros de datos deben avanzar con un uso responsable de la energía y del agua, un recurso especialmente valioso y limitado” en Castilla-La Mancha, la consejera portavoz ha reclamado hoy que la norma sea “exigente, segura y territorialmente justa”.

Por un lado se afea que el proyecto normativo no se limite a desarrollar condiciones técnicas, sino que prevé recargos que pueden llegar al 500%, a la pérdida de permisos de acceso y conexión o a la caducidad de permisos ya concedidos, si las empresas promotoras no cumplen.

“Entendemos que medidas de esa intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, señala el Gobierno castellanomanchego que reclama, además, que los recargos sean “graduales y proporcionados”. En su opinión, “no debe recibir el mismo tratamiento un desajuste puntual que un incumplimiento grave y continuado”.

También sugiere que la pérdida de los permisos debe reservarse para los supuestos más graves, tras escuchar al interesado y ofrecer un plazo efectivo de subsanación.

“Respetar” las competencias autonómicas 

Otra de las críticas de Castilla-La Mancha tiene que ver con las competencias políticas sobre la cuestión. “El proyecto de Real Decreto concentra en el Estado las decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que quede liberada”, explica el Ejecutivo de esta región.

A reglón seguido recuerda que la implantación de estas infraestructuras afecta al territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución “son ámbitos en los que las comunidades autónomas tenemos competencias y responsabilidades”. De ahí que consideren los de Page que una norma con este alcance requiere “consulta pública previa y un diálogo más amplio con las comunidades y los sectores afectados”, incluido su “examen” en la Conferencia Sectorial de Energía.

“Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad”.

Además, reclama que los conflictos relativos a permisos de conexión en redes de competencia autonómica “sigan siendo resueltos por la Administración competente, como establece la legislación del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad

“Tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio”

El Gobierno castellanomanchego pide una “aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia” para este tipo de proyectos empresariales.

Desde su punto de vista, los indicadores energéticos y de consumo de agua “deben tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, utilizando factores de normalización compatibles con la metodología que establezca la Unión Europea”.

Eso, apostilla, “no significa rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, sino “medir de forma comparable instalaciones situadas en condiciones climáticas diferentes y prever un periodo razonable de puesta en funcionamiento antes de aplicar recargos o declarar la caducidad de permisos”.

Ahora mismo, sugieren, las características climatológicas de la meseta sur peninsular, caracterizadas por mayores oscilaciones térmicas estacionales y veranos cálidos, “penalizan de forma directa y artificial a los centros de datos emplazados en el interior frente a regiones costeras o septentrionales de Europa”. Y eso, añaden, “supone una discriminación territorial indirecta y desincentiva la inversión en zonas de interior”.

También proponen una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, que esté acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.

Finalmente advierten del posible “vacío regulatorio” sobre las instalaciones renovables asociadas a un centro de datos cuando este renuncia o pierde sus permisos, de ahí que esperen que el Gobierno de España “estudie estas alegaciones y las incorpore al texto definitivo”.

De lo contrario, concluyen, “estas exigencias ponen en riesgo la viabilidad de proyectos altamente maduros y comprometen gravemente la competitividad de la región frente a otros territorios nacionales y comunitarios”.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha descartado que los ocho diputados socialistas que representan a la comunidad autónoma vayan a romper la disciplina de voto en el Congreso cuando tengan que pronunciarse sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Desde su punto de vista eso no es “razonable”.

Hoy ha sido preguntado por los medios sobre esta cuestión después de que en los últimos días se deslizase esta idea desde diversos ámbitos políticos e institucionales vinculados al PSOE castellanomanchego. Sabrido ha dicho contemplar “muchas cuestiones” aunque ninguna de ellas le lleva “a pensar, ni siquiera remotamente, que pudiera haber un acto de indisciplina en el Congreso los Diputados de Castilla-La Mancha”.

“En el Congreso se podrá debatir el modelo de financiación. Por ello, a priori, decir que no se va a votar o se va a votar me parece inoportuno. En segundo lugar, yo a los que conozco personalmente y políticamente, no creo que estén en esa clave”, ha dicho en alusión a eso ocho parlamentarios, entre los que se encuentra el actual secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez.

“No creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”

El delegado se ha explayado hoy en sus declaraciones, después de hacer evidente las tensiones internas en los últimos días, en una entrevista concedida a elDiario.es Castilla-La Mancha.

“En tercer lugar no me parece razonable, y es que como no lo contemplo ni me parece razonable, no creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”.

“Entiendo que los diputados en el Congreso de los Diputados, de los que yo me siento muy orgulloso, fueron elegidos dentro de una lista encabezada a nivel nacional por Pedro Sánchez, votada fundamentalmente por gente progresista. Y votar en contra de Pedro Sánchez en el Congreso sería defraudar a los que votaron a Pedro Sánchez y satisfacer a la derecha y a la extrema derecha, que desde hace mucho tiempo abogan por derribar a Pedro Sánchez”, ha zanjado.

El Gobierno de Page insiste: “Nos opondremos de todas todas”

En paralelo, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto hoy a rechazar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo español.

“No es un buen sistema de financiación para Castilla-La Mancha”, es más, ha dicho el vicepresidente, es “un pésimo sistema de financiación para Castilla-La Mancha” y “no vale decir que vamos a recibir más dinero del que recibimos actualmente”. “Faltaría más que, después de 12 años en aprobar un sistema de financiación, que el Estado no pusiera más recursos para las comunidades autónomas”.

Según el vicepresidente socialista, “no se trata de que recibamos más dinero” sino que “se trata de cómo se distribuye ese dinero” porque con la propuesta que se hace de distribución “salimos más perjudicados que con el actual sistema”.

Según ha explicado José Luis Martínez Guijarro, un castellanomanchego va a recibir todos los años algo más de 200 euros menos que un catalán para financiar los servicios públicos. “¿Por qué?”, se ha preguntado el vicepresidente.

“No se trata de que haya más dinero en el sistema de financiación, sino de cómo se reparte y esto lo provoca el criterio de ordinalidad”, que a su juicio es “una barbaridad” porque “quien más tiene, tiene más derechos”. “Eso es inaceptable; el delegado del Gobierno tendrá el mandato de defenderlo pero es indefendible desde una óptica progresista”, ha apostillado.

En todo caso, matizaba, desde el gobierno de Emiliano García-Page van a seguir oponiéndonos “de todas todas” a ese sistema de financiación y esperan que “no salga”.

“Esperamos que el Gobierno de España le entre un poco de cordura y acabe no presentándolo y que nos sentemos todas las comunidades autónomas porque es un sistema que está avalado por dos comunidades autónomas: por Catalunya, que es la gran beneficiada, y por Canarias, que tiene un régimen especial, y por lo tanto el sistema de financiación no se le aplica de una misma manera que al resto de las comunidades autónomas”. Es un argumento similar al que mantiene el Gobierno castellanomanchego en la última década.

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha deslizado este lunes la idea de que las elecciones generales puedan celebrarse el próximo mes de marzo. “Es una hipótesis”, decía, pero lo ha argumentado. “No se explica el resultado electoral del 23 de julio sin haber sido antes las municipales y autonómicas y sin el desastre de gestión de los pactos del PP con Vox”.

Con los comicios generales en marzo, ha especulado, las virtuales negociaciones para formar gobierno en España, “se producirían durante la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales” para “jugar el efecto contrario”.

Lo ha dicho en Toledo, durante la presentación del libro ‘Cómo ganar unas elecciones: 11 campañas electorales que han revolucionado la comunicación política’ (Catarata, 2026), publicado por el consultor político César Calderón.

Con un año por delante repleto de citas electorales tanto autonómicas como municipales o generales había mucha expectación por las palabras de García-Page, que todavía no ha confirmado su intención de presentarse a las elecciones para revalidar su cargo. Hoy tampoco lo ha hecho.

En un acto moderado por la periodista y subdirectora de la Agencia Colpisa, Lourdes Pérez, ha dicho “temer” que “por el lado del PSOE se trabaje en la política de bloques: mucha derecha, mucha izquierda, mucho planteamiento de frente” y que por parte de la derecha se opte por lo “estrictamente personal”, con “un plebiscito” sobre Pedro Sánchez.

Ve “rechazable” que el ámbito judicial plantee “batalla política”

También ha hablado del ámbito judicial. “A la justicia se la puede criticar, pero no se la puede socavar”. El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido este lunes “respeto a los tribunales de justicia”, recordando que el sistema actual se rige por “la división de poderes”, no sin reconocer como “rechazable” que desde los órganos jurisdiccionales “se quisiera plantear una batalla política”.

Emiliano García Page cree que “España no se merece que oficialmente se tire tanto de la cuerda. Quiero decir que es tan sencillo como que tienen que funcionar las instituciones”.

El presidente castellanomanchego se mostraba contrario a los extremos, criticando a “los que polarizan” porque en su opinión “lo hacen como recurso, el último recurso, porque no pueden construir”. Ha apostado por un liderazgo en positivo. “El que merece la pena es el que construye, el que cuando gobiernas, gobiernas para todos. Que puede parecer así muy ingenuo, pero sinceramente ese es el que merece la pena”.

Desde su punto de vista “solo cuando hay una ausencia del liderazgo positivo, cuando alguien se convence de que no puede sumar más del veintitantos por ciento del voto, entonces lo que hace es dividir. Divide y vencerás, esto es una cosa que está inventada desde el principio de los tiempos”.

En este sentido ha insistido en que “hoy hay demasiada gente tirando de la cuerda”, para contraponer que, pese a ello, “afortunadamente la cuerda del país es muy sólida”. Page cree que España “no merece el populismo frentista”.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha dicho esta tarde en Albacete que “el Partido Socialista se sostiene en el mundo municipal; donde los socialistas tenemos el escaparate de verdad. Sois vosotras y vosotros los que estáis todo el día en la calle dando la cara para defender las ideas socialistas”, ha afirmado.

“Para defender lo que hace Pedro, lo que hace Emiliano, lo que hago yo; sin vosotros, ni Pedro ni yo existiríamos. Ahí está la política de la cercanía de verdad, de la empatía de verdad, del cara a cara las 24 horas al día”, ha subrayado.

Por eso ha llamado a los cargos locales a convertirse en “referentes morales y éticos” frente al auge de la extrema derecha pues “cada socialista en su ayuntamiento tiene que ser un faro. Tiene que ser un referente moral y ético. Tiene que ser un defensor de los valores que nos vieron a nacer como socialistas”.

Lo decía durante un acto organizado por la Agrupación Municipal del PSOE de Albacete que, tras una comida, ha celebrado este lunes la entrega de la decimotercera edición de los 'Premios Pablo Iglesias'. Uno de los reconocidos ha sido, precisamente, Patxi López quien ha afirmado en declaraciones a los medios que “en el fondo” le dan un premio “por ser socialista”. “Y ser socialista”, ha dicho, “es defender unos valores y unos principios. Y es defender la libertad, la igualdad y la justicia social”.

Y, por lo tanto, ha argumentado, es “defender también a los gobiernos que las llevan a la práctica”. “Defender aquí al gobierno de Emiliano y, en mi caso, al gobierno de Pedro Sánchez”.

Durante generaciones, los grandes olmos fueron mucho más que árboles en los pueblos de Guadalajara. Presidían plazas y ermitas, daban sombra a vecinos y visitantes y, en torno a sus copas, se desarrollaba buena parte de la vida social.

Bajo su generosa sombra se colocaban los vendedores ambulantes, allí tocaban los músicos y se representaban obras de teatro. En algunos pueblos era allí donde se reunía el ganado comunal antes de salir a los pastos. A veces hacía las veces de parada del autobús.

En momentos festivos, era el lugar elegido para que las procesiones se detuvieran. Incluso durante la Fiesta del Corpus se convertían en altar de obligada visita. De sus ramas colgaban al ‘Judas’ en Semana Santa, un muñeco de paja y trapo que terminaba siendo quemado y apaleado.

Más allá de eso, aunque solo unos pocos se convirtieron en olmos concejiles. En torno a ellos se sentaban los miembros del concejo municipal para gobernar el pueblo. Ocurrió en la población de Canales de Molina.

Son algunos de los detalles vinculados a la costumbre popular en casi toda la provincia que recoge la publicación de 55 Olmos históricos de la provincia de Guadalajara, editado por la Asociación Micorriza, una entidad fundada en 2013, de carácter socio-ambiental, que trabaja en la conservación del patrimonio natural y cultural de las áreas rurales y “para la transformación de una sociedad más respetuosa con su entorno”, como ellos mismos definen.

Rafael Marco es técnico de medio ambiente en esta asociación y se ha encargado de coordinar un libro coral en el que, además, han participado Ossian de Leyva Briongos, Rodrigo García Vegas, Iván Maldonado García y Javier Aragoncillo del Río. También han colaborado Ignacio Abella Mina, David León Carbonero y Luis Gil Sánchez.

La obra documenta 55 ejemplares emblemáticos de la especie Ulmus minor. “Queremos que se sepa que en casi todas las plazas de los pueblos de la provincia de Guadalajara había uno de estos árboles en una posición importante”.

El libro recupera la memoria de aquellos ejemplares y reivindica su papel como parte del patrimonio natural, cultural y paisajístico de la provincia. La idea surgió allá por 2014, tras editar otra publicación. “Cuando hablábamos con los vecinos siempre sacaban a relucir el olmo de la plaza del pueblo. Se les iluminaban los ojos. Fueron un instrumento de vertebración municipal”.

El olmo y la olma que retrató Cela en su ‘Viaje a la Alcarria’

En el libro Viaje a la Alcarria (1948), Camilo José Cela también habló de los olmos como elementos fundamentales del paisaje castellano, ofreciendo sombra y refugio al caminante en caminos o plazas de los pueblos.

Una de las referencias más sonoras se refiere a la famosa ‘olma’ del municipio de Pareja. Una placa recuerda hoy en este pueblo cómo lo describió el premio Nobel de Literatura durante su viaje por el sur de la provincia.

“La plaza es amplia y cuadrada, y en el centro tiene una fuente de varios caños, con un pilón alrededor, y un olmo añoso -olma le llaman porque es redondo, copudo, matriarcal-, un olmo tan viejo, quizás, como la piedra más vieja del pueblo”.

Lo cierto es que la distinción entre olmo y olma, dice Rafael Marco, “no tiene sentido científicamente hablando”, pero reconoce que es algo que se ha instaurado en la cultura popular de Guadalajara, según el aspecto del árbol.

Un árbol ‘todoterreno’ que los romanos ‘plantaron’ por media Europa

La elección del olmo para ocupar un lugar central en las plazas tampoco era casual. El Ulmus minor, la especie más habitual en estos espacios, reunía unas características especialmente adecuadas para el entorno urbano tradicional.

“Es un árbol todoterreno que crece rápido, hasta un metro al año”, explica Marco. Su copa es muy densa y proporciona una sombra abundante, soporta tanto las altas temperaturas estivales como los inviernos fríos y no resulta especialmente exigente con el suelo.

Además, toleraba bien una de las condiciones más difíciles de las plazas de los pueblos: la compactación provocada por el tránsito de personas y carros de otros tiempos.

Su facilidad para reproducirse contribuyó también a su enorme expansión histórica. Marco recuerda que los romanos utilizaron el olmo como soporte para cultivar la vid mediante el sistema de viña alta. Para ello se empleaban estaquillas, ramas de olmo capaces de enraizar con facilidad.

La expansión de este sistema contribuyó a extender el cultivo del olmo por Europa, pero también dejó una población con una variabilidad genética reducida y vulnerable a las enfermedades.

La enfermedad que vació las plazas

Micorriza maneja una lista de los 55 pueblos que tuvieron uno de esos olmos (u olmas) históricos. Ya no existen, al menos no están los originales. La razón es una enfermedad que afecta a esta especie. La grafiosis acabó con buena parte de los grandes olmos que durante siglos habían presidido los pueblos. La enfermedad, causada por hongos del género Ophiostoma y transmitida por pequeños escarabajos escolítidos, bloquea los vasos conductores del árbol hasta impedir que el agua llegue a las hojas.

La cepa más agresiva, Ophiostoma novo-ulmi, provocó durante las décadas de 1970 y 1980 una auténtica catástrofe para las poblaciones de olmos en Europa y América. “De aquellos 55 no queda ninguno”, lamenta Marco, al referirse a los ejemplares históricos documentados en el libro.

Desde hace varios lustros desde el Gobierno de España se ha impulsado la investigación para conservar los recursos genéticos de los olmos ibéricos y obtener ejemplares tolerantes o resistentes a la enfermedad, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid.

Ese esfuerzo científico ha permitido localizar olmos supervivientes, estudiar su resistencia y reproducir mediante clonación aquellos ejemplares capaces de soportar la grafiosis. El objetivo es recuperar el Ulmus minor autóctono y devolverlo progresivamente a espacios donde desapareció.

A partir del año 2015, el Gobierno de España comenzó a donar algunos de estos árboles autóctonos resistentes a la grafiosis. “Cinco asociaciones ambientales nos pusimos de acuerdo para asesorar a los ayuntamientos en Guadalajara” y algunos de ellos se sumaron a la iniciativa. Según Rafael Marco, entre 30 y 40 municipios han plantado nuevos olmos en los últimos años, entre ellos Pareja, Maranchón, Molina de Aragón, Sigüenza, Yela, Marchamalo, Torrejón del Rey o Cifuentes.

En la actualidad, el programa español de conservación de los olmos permite solicitar plantas, estacas o semillas dentro de las iniciativas de conservación de los recursos genéticos forestales. El plazo anual para presentar solicitudes se extiende del 1 de junio al 15 de octubre.

Para quienes han publicado este libro, recuperar estos árboles supone algo más que plantar una especie autóctona. No se trata de plantar árboles, sino de reconstruir una parte de la memoria colectiva asociada a ellos. “Son muchos los años que llevamos desarrollando proyectos de restauración ecológica, de educación y sensibilización ambiental, de recuperación del patrimonio etnográfico... pero de entre todas las líneas de trabajo y proyectos que llevamos a cabo, siempre nos hemos preocupado de una forma especial por los árboles singulares, intentando protegerlos y conservarlos frente al desconocimiento y las agresiones externas que puedan sufrir”.

Rafael Marco afirma que “los grandes olmos que habitaban en las plazas y ermitas de nuestros pueblos también eran árboles singulares y hemos escrito este libro para que nunca los olvidemos. Nos gustaría que en la medida de lo posible pudieran recuperarse. No es un pasado tan lejano. La gente más mayor todavía lo recuerda”.

Sin embargo, reconoce que no resulta sencillo. “Ahora la distribución de las plazas ha cambiado. El trazado urbano no es el mismo, ni tampoco los materiales que se usan en el diseño. Algunas ya no tienen hueco para ponerlo”, advierte.

A finales de julio, el Ministerio de Igualdad convocaba al Comité de Crisis para analizar los asesinatos machistas, que no han dejado de suceder en diversos puntos del país durante este verano, de forma muy preocupante.

Se pide primar la protección de las víctimas de violencia machista que pidan retirar la denuncia o la orden de protección. Una de las conclusiones de aquel encuentro tiene que ver con la necesidad de “recalibrar” el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima ante ese tipo de casos, porque “no actúa en libertad en un contexto de violencia de género”.

También se consideró priorizar la persecución de quien delinque y la protección de la víctima y tener en cuenta que, si hay menores, suele tener “dependencia emocional o económica con el agresor”.

Susana trabaja en el sistema sanitario y a menudo se encuentra con víctimas de violencia machista en su día a día laboral. Son historias terribles que, paradójicamente, ella tiene en casa, en un pueblo de Castilla-La Mancha.

En agosto de 2024 su hermana fue víctima de la primera agresión “documentada” en la que la Guardia Civil intervino de oficio. No hubo intervención ni se activó un dispositivo de protección porque ella no reaccionó. “No pidió ayuda pese a la buena disposición de los Servicios Sociales”, reconoce la familia.

No es el primero caso ni el único. Raúl es agente de la Guardia Civil desde hace nueve años. Trabaja en Illescas (Toledo), dentro de la unidad de seguridad ciudadana. “Somos los patrulleros, los que van a los avisos”, cuenta. “Como primeros intervinientes, nuestro objetivo principal al llegar al lugar es proteger a la víctima. El paso siguiente será averiguar los detalles del caso, tanto a través de lo que vemos, como de los testimonios de víctima, agresor y de posibles testigos. Algo importante también será la presencia o no de menores”.

Pero no es fácil, dice, a la hora de determinar si hay delito y en qué grado. Las cosas no están siempre claras en este tipo de avisos que, dice, “son continuos”. La violencia de género no cesa. “La sensación que tenemos los patrulleros es que no solo no se está reduciendo, sino que aumenta”.

Y no ocurre solo en el medio rural. El subinspector Hernández lleva dos años al frente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo. Cuenta que la violencia de género evoluciona, tal y como lo hace la sociedad, pero no desaparece. “Hace una década las denuncias se producían en el seno del matrimonio y ahora la mayoría se dan en relaciones sentimentales de noviazgo o parejas de hecho”.

La violencia se sigue produciendo “en cualquier ámbito social”. El policía nacional explica que las mujeres “son más vulnerables por el hecho de ser extranjeras, por tener adicciones o discapacidad, pero también hay víctimas con una posición acomodada”.

El policía explica que “el perfil de agresor es el de un controlador” y que su comportamiento tiene varias etapas. “Es una persona que acumula ira y agresividad, después llega la agresión en sí y luego hay un periodo de arrepentimiento. Es lo que permite que la víctima se confíe y se produzca la etapa que llamamos ‘Luna de Miel’. Es idílico hasta que todo comienza otra vez”.

En su trabajo, reconoce el agente, el hándicap es que “en las poblaciones grandes la gente pasa más inadvertida” que en el medio rural. “Es más difícil que alguien cercano detecte que una víctima sufre malos tratos”.

La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para ‘coser’ los casos entre el ámbito rural y el urbano. Y hay un elemento común: en muchos casos no se denuncia. “Es un derecho”, recuerda el policía.

En todo caso, si no hay denuncia existe un ‘protocolo 0’, con pautas claras para conseguir información a través de la observación o el relato de testigos “para que la valoración de riesgos sea lo más real posible. Si hay parte de lesiones lo tiene que aportar la víctima voluntariamente”, explica el agente.

Es algo que conoce bien el agente Torres, responsable de la sección de Violencia de Género de la Guardia Civil en la comarca toledana de la Sagra, al límite de la comunidad de Madrid, dentro de la cuarta compañía. Es una de las zonas de Castilla-La Mancha con mayor índice de delincuencia junto al Corredor del Henares, en Guadalajara. Allí también hay más casos de violencia de género. Hasta cuatro equipos se ocupan de este tipo de delitos en esta parte de la provincia de Toledo.

También pone el acento en las denuncias. “Hablamos de un delito público y cualquiera puede denunciar. Hemos llegado a recoger denuncias de vecinos que escuchan gritos o peleas, aunque no vean la agresión. Así ya podemos actuar”.

¿Y por qué no denuncian?, preguntamos. “Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo. A veces no perciben ni siquiera el riesgo para su integridad física. Eso también hay que entenderlo”.

Muchas veces las mujeres no denuncian para no romper la unidad familiar, por dependencia económica o emocional y piensan que él va a cambiar. No es porque tengan miedo

Agente Torres — Guardia Civil

Sin embargo, afirma que “todos los casos terminan siendo judicializados denuncie o no la víctima cuando hay indicios. Es incluso posible detener al presunto agresor. El llamado protocolo cero se activa, aunque no haya denuncia. Lo que prima es proteger la integridad de la víctima y de los menores a cargo”, afirma el agente.

A pesar de eso no niega lo complejo de este tipo de delitos. “Si la mujer no se abre con nosotros ni con la jueza es complicado que se dicte una orden de protección, la que sea, salvo que hay atisbo de una alta probabilidad de peligro”, dice el guardia civil, quien reconoce que a veces el trabajo puede resultar frustrante. “Las víctimas no solo no asumen, tienen un velo en los ojos”.

El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían denunciado”

Cira García Domínguez, magistrada de la plaza 14, en la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid. Fue pionera al convertirse en la primera magistrada al frente del único juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de toda Castilla-La Mancha, en Albacete.

Forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y cree que se ha producido un “avance muy importante tanto legislativo como judicial” cuando hablamos de violencia de género, pero también dice que no es suficiente.

Con más de 430 partidos judiciales en el país, los juzgados exclusivos de violencia de género no llegan a los 130. “Muchas mujeres han de acudir a juzgados mixtos en los que no se exige formación a los jueces y juezas”.

Es uno de los aspectos que preocupa a Susana y a su familia, con el caso de su hermana que vive en el medio rural. “A veces van solas al juzgado, otras con un abogado de oficio, y comparecen ante tribunales no siempre formados o sin recursos para afrontar este tipo de casos”.

Su experiencia no ha sido buena. “Hasta en dos ocasiones el caso de mi hermana fue sobreseído. No se llamó a la Guardia Civil a declarar, ni a la familia. Ella dijo que nunca le había pasado antes, pero no era cierto. Ni siquiera se tuvieron en cuenta las pruebas médicas ni los precedentes. No se pidió ni una sola pericial forense”.

Cuando meses después llegó “la agresión gorda”, relata Susana, el caso volvió al juzgado. Esta vez el agresor fue detenido y volvió a la calle 24 horas después con una orden de alejamiento de apenas 500 metros de la víctima y sin pulsera. Por primera vez la víctima entró en el Sistema VioGen. A la tercera.

“Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento. No consta que sea reincidente, así que no está obligado a llevar pulsera. La primera vez ella no denunció, la segunda se consideró que solo le había pegado una vez y eso no contaba. A la tercera llegó la luxación en la mandíbula y moratones por todo el cuerpo”.

Tememos por su vida, pero el abogado nos ha llegado a decir que, a pesar de presentar pruebas de riesgo extremo, no ha sido posible otra cosa más allá de una orden de alejamiento

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Cuando preguntamos a la magistrada por casos así, reconoce que falta perspectiva de género en el sistema. “El Consejo general del Poder Judicial ofrece formación, pero es voluntaria y debería ser obligatoria, evaluable y continuada. Quizá la discrepancia esté en que por un lado va la ley y por otra quienes la aplican”.

También considera “preocupante” que el propio sistema judicial esté propiciando “diferencias” entre víctimas de violencia de género, dependiendo del lugar donde vivan. “El código postal determina el resultado del procedimiento judicial para la víctima y también el de sus hijos e hijas. Si en un juzgado a una mujer se le pone la etiqueta de loca o mentirosa, será muy difícil quitarla si es siempre el mismo juez o jueza”.

Pero en todo caso pide no poner el foco únicamente en el ámbito judicial. “Si solo denuncian un 22% , tenemos un agujero negro. Y en violencia sexual nos movemos todavía en porcentajes más bajos. La estructura social es patriarcal y discriminatoria”, afirma. Hay datos que lo ponen de manifiesto: “Más de 70% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia y sin embargo se sigue hablando de denuncias falsas en España”.

La magistrada lamenta que la cuestión de la violencia de género esté tan “polarizada” o que sea “utilizada” a menudo por la clase política y subraya la necesidad de “responsabilidad” por parte de toda la sociedad porque el tema es “muy serio”.

La estadística de la violencia machista sigue creciendo

En Castilla-La Mancha, la línea gratuita 900 100 114 de ayuda a víctimas de violencia de género ha recibido en 2026 un 15,4% más de llamadas por violencia machista, según los datos de la Consejería de Igualdad. La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, destaca la importancia de pedir ayuda “en otro verano verdaderamente dramático”.

El último caso conocido ha sido la detención de un hombre en Puertollano mientras amenazaba a su pareja con un cuchillo de grandes dimensiones, en unos hechos ocurridos el 5 de agosto.

Aura Portilla trabaja en la Fundación Ana Bella que lleva el nombre de una superviviente de violencia machista. Tiene sede en Sevilla, pero se ocupa de casos de toda España, incluidos los de Castilla-La Mancha. Ella también fue víctima de violencia de género.

Esta emigrante colombiana llegó a España con su pareja, tras un año de noviazgo, y aquí comenzó el maltrato. “No vi las banderas rojas y cuando llegamos aquí empezó, como tal, la violencia. Yo estaba sola”.

Pudo escapar y denunciar. “La Policía me dio un papel sobre la Fundación Ana Bella. No la conocía. Llamé, pero me daba mucha vergüenza contar lo que había sufrido porque soy psicóloga”. Al final lo hizo. “Me creyeron. Todas eran supervivientes de violencia de género y sabían por lo que estaba pasando”.

Aura logró salir del infierno. Su mensaje es claro: “Se puede salir, podemos recuperarnos como mujeres felices”. Hoy ayuda a otras mujeres, entre otras cosas para evitar que víctima “vuelva” con su agresor“.

Este es uno de los problemas más habituales en la lucha contra la violencia de género. Susana pide evitar culpar a la víctima por contestar a las llamadas o los mensajes de su agresor. O por abrirle la puerta. “Me indigna porque no se tiene en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas. Lo haces cuando alguien te dice que te quiere con locura y aunque te hinche a palos, piensas que después vendrá lo bueno. Que es solo una mala borrachera. Incluso negarás que te hacen daño”.

Me indigna que no se tenga en cuenta que a veces son incapaces de decir que no. Es como el alcohol: sabes que te puede matar, pero lo justificas

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Raúl, guardia civil en Toledo, coincide en señalar que no es raro que la víctima vea a su agresor. “Lo hacen incluso con órdenes de alejamiento”. Opina que hay demasiado “miedo” a decirle a una víctima lo que está haciendo mal. “No tiene la culpa por abrir la puerta a su agresor, pero sí es responsable en cuanto a su autoprotección. No podemos mentirle. Hay que decírselo”.

Cuando la familia siente que “el sistema falla”

En ocasiones, familias como la de Susana sienten que “el sistema falla cuando no se protege a las víctimas que, no solo no ven el maltrato, sino que lo niegan”.

En su caso dice haber llegado a escuchar a las especialistas en los centros de la mujer que los recursos existen siempre y cuando la víctima pida ayuda. “Ha de hacerlo ella para que el sistema se active, pero es un callejón sin salida si niega los hechos y eso es habitual porque la dependencia del agresor suele ser brutal”, insiste.

En su opinión, “en muchos casos las víctimas deberían ser incapacitadas porque no son competentes, ni con ellas, ni con su vida ni la de sus hijos. La ley de violencia está bastante bien, pero sentimos que hay una falta de amparo legal y judicial”, lamenta Susana.

Aura Portillo cree que es “muy importante” el acompañamiento jurídico antes de interponer la denuncia, y apuesta también por “un peritaje psicológico previo” porque, subraya, “ahora mismo no existe si no lo determina un juez”.

La psicóloga de la Fundación Ana Bella cree que “hay mucha desprotección porque a las mujeres no se les cree. El proceso es muy difícil y luego sus casos terminan desestimados”. Habla incluso de “poca sensibilidad” en el ámbito judicial y de un “cuello de botella” en los juzgados. “A veces prevalece la presunción de inocencia del maltratador y se le permite ganar ‘poder’. Hemos visto casos en los que estas mujeres han de entregarles a sus hijos a estos hombres, claramente violentos”, afea.

“Hay que seguir avanzando, pero decir que el sistema, en general, desprotege a las mujeres, no lo comparto”, sostiene la magistrada Cira García quien también discrepa también sobre las afirmaciones que apuntan a la incapacidad de la mujer víctima para decidir por sí misma. “Suplir su voluntad y sus decisiones me parece muy arriesgado”.

“Hay que ayudar y acompañar a las mujeres que sufren violencia y hay que darles mecanismos no solo a la hora de denunciar sino después. La soledad de una mujer no lo es solo ante el juzgado, después también están muy solas”, opina, para recordar que los jueces no pueden emitir órdenes de protección que no solicitan las víctimas. “En algunos casos habrá que hacerlo porque la víctima esté en una situación muy vulnerable, pero eso no significa que tengamos que hacerlo sistemáticamente”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si se está o no fallando, el agente de Illescas responde con otra pregunta. “¿Cómo saber si el sistema funciona o no? Es algo subjetivo. Creo que hay que aplicar más penas. Tengo la sensación, aunque no sea objetivo, que se aplican pocas penas en nuestro sistema. Puedo entender equivocaciones, pero cuando la persona es reincidente…”

El agente se muestra indignado con ciertas actitudes que se repiten en el sistema. “Yo escuché a gente vinculada un determinado caso decirle al chaval que era la chica la que había provocado que entrase en la cárcel. El hecho, sin valorar más, es que él quebrantó la orden de alejamiento. ¿Tenemos que esperar a que la mate?”, se pregunta.

Cree que “no hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión”, aunque lo matiza. “Yo entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener”.

No hay que esperar a un cuarto quebrantamiento de una orden de alejamiento para decretar prisión, pero entiendo que los jueces se basen en pruebas. Yo también lo hago cuando voy a un aviso y decido no detener

Raúl — Agente de la Guardia Civil

Su compañero, el agente Torres dice que “hay recursos y la ley es clara, pero también existe la arbitrariedad. En un juicio dos y dos no son cuatro. La casuística es diversa, son muchas cosas a sopesar. Hay medios, pero no se utilizan todos. Hay víctimas que pueden acogerse a esos recursos, pero no lo hacen. Eso no provoca que el sistema se desmorone, pero sí se tambalea”.

“Salvamos a muchas mujeres”, defiende la magistrada Cira García Domínguez. Sin embargo, reconoce que “el sistema falla a veces porque no se percibe el riesgo real de la víctima, porque vuelven con el agresor o porque están tan disociadas de la realidad que no se denuncia. Pese a todo, protegemos a muchas mujeres a diario”, insiste.

“Los juzgados no son la panacea”

El Ministerio de Igualdad se ha propuesto “replantear” la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género, así como los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia e incluso no se descarta estudiar un acompañamiento a menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles de agresor o víctima.

También recomendará “no archivar de manera inmediata” los casos en los que el agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos.

“Que el sistema esté judicializado es importante, pero eso no va a reparar a la víctima. Lo hará el apoyo social, familiar y económico. Si hablamos de lo institucional, tenemos recursos del sistema de asesoramiento jurídico y social que están saturados. Las casas de acogida están saturadas… No podemos echar toda la culpa al sistema judicial”, asegura la magistrada. Solo en Castilla-La Mancha casi 25.000 mujeres fueron atendidas en centros especializados en violencia de género en 2025, según datos del Gobierno regional.

También cree que los juzgados “no son la panacea” con delitos de este tipo que se cometen en la intimidad. “A veces por mucha formación que tengas como magistrado las pruebas son las que son. Nuestro sistema procesal se rige por unas normas y por el derecho a la presunción de inocencia que nos guste o no, está. Las pruebas han de ser contundentes y también los indicios para dictar orden de alejamiento, aunque entiendo desde fuera se vea diferente”.

En eso coincide el subinspector Hernández. “Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España”, a pesar de reconocer lo duro que resulta “atender a una mujer que llega totalmente anulada y a veces con niños de por medio”.

“Es difícil desconectar de este tipo de casos, pero hay que saberlo llevar y si no, cambiar de unidad”, apunta Torres, de la Guardia Civil, quien reconoce que “puede llegar a afectar personalmente, con ansiedad, estrés, dudas del trabajo bien hecho…”

Si no hay indicios o pruebas no se puede condenar a una persona. Es una garantía que tenemos todos los ciudadanos que estamos en España

Subinspector Hernández — Responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo

Cira García reivindica “más plazas judiciales, más plazas psicosociales, más funcionarios, más jueces y juezas, más recursos asistenciales y de acogido y dinero para invertir en políticas públicas porque a veces solo no se invierte, sino que se quitan recursos”, critica y lanza una propuesta: “A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella”.

También reconoce sentir frustración. “Es un trabajo muy duro porque tenemos una violencia estructural enraizada en la desigualdad histórica. Hemos avanzado mucho, sí. Queda mucho camino, también” y reconoce que no siempre es optimista.

A lo mejor no hay que poner custodia policial a las víctimas sino a los agresores para saber a dónde van. Si se quitan la pulsera, la que se queda recluida en casa es ella

Cira García Domínguez — Magistrada especializada en violencia de género

“Que el problema se acabe no depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, comenta el agente Torres. “Ni siquiera hay un perfil definido. Ni en las víctimas, ni en los agresores porque los hay desde empresarios, funcionarios… y las mujeres a veces tienen un buen estatus. A veces pensamos en que solo afecta a mujeres y hombres con determinados problemas de drogas, económicos o vulnerables por otras razones, pero no es así”

El sistema VioGen, el algoritmo y la “excesiva burocracia”

El papel policial es fundamental para determinar el riesgo. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo hacen en el marco del sistema VioGen. “El atestado es lo más minucioso posible para que los juzgados tengan una idea de lo ocurrido lo más claro posible”, explica el subinspector Hernández.

“En el propio sistema VioGen-2 puede decidirse, sin tener que pasar por un juez, que haya una patrulla permanente de protección de la víctima, en caso de riesgo extremo”, apunta el agente Torres. “Trabajamos con los datos que arroja un formulario elaborado por especialistas médicos o psicólogos que arroja 35 ítems, divididos en cuatro grandes grupos: reflejan el historial de violencia en la víctima y se estudia caso a caso, las características del agresor y de la víctima, el entorno familiar de la víctima e incluso la percepción que ella tiene de la situación”.

Uno de los resultados más habituales, dice, es que “hay personas que normalizan la violencia, lo arrastran en su día a día”. Admite que “son muchas preguntas”, pero necesarias. “Si no, no podemos sopesar el nivel de peligro. ¿Qué tiene que volver a declarar otra vez ante el juzgado? Claro. Nosotros no somos jueces y ante sede judicial ha de decir la verdad”.

El subinspector Hernández también cita el “protocolo” para la valoración de riesgos, a través de la aplicación VioGen. “Entrar en el sistema solo requiere que haya un caso de violencia de género, incluso por vejaciones o injurias”, relata el policía nacional.

Pero desde entidades como la Fundación Ana Bella no lo ven tan simple. Aura Portillo asegura que la violencia psicológica es “muy difícil de demostrar” y afecta a muchas mujeres. “Es una de las barreras más importantes. Para que un hombre reciba una orden de alejamiento hay que demostrar mucho”.

De hecho, cree que “el sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día”. Y eso, advierte, supone “una barrera” ante el juzgado. “Muchas de estas denuncias son desestimadas. Cuando la mujer decide dejar la relación y denunciar, hay consecuencias y la violencia se deriva hacia sus hijos e hijas”.

Este verano se ha aprobado el proyecto de Ley de Violencia Vicaria: dañar a los familiares de las parejas o exparejas será un agravante. El agente Torres confirma que cada vez es más habitual. “La violencia machista va mucho más allá de lo físico”.

El sistema no está preparado para ayudar a víctimas de violencia psicológica y es algo muy habitual. El día a día

Aura Portillo — Psicóloga en la Fundación Ana Bella y víctima de violencia de género

La aplicación VioGen tampoco convence a todos. La magistrada Cira García cree que hay que modificar el sistema. “No puede ser que la valoración policial del riesgo de una mujer, que no es determinante pero que condiciona a los jueces, se base en preguntas para responder Sí o No que después son analizadas por un algoritmo. La evaluación de riesgo no puede pasar por eso”.

A la condición de víctimas se suma también el peso de la burocracia. Cuando denuncian “han de firmar una enorme cantidad de documentación, leer papeles y papeles, hasta recopilar datos para exponerlos y para demostrar”, recuerda Susana. “No es solo denunciar y asumirlo como agresión, es que deben dar cuenta de cómo afecta a los bienes en común”.

La magistrada también piensa que “el sistema en sí, revictimiza” cuando las mujeres se ven obligadas a contar su calvario una y otra vez. “A veces han estado declarando ante la policía, no han dormido, y al día siguiente tienen que declarar en el juzgado en un estado emocional de shock. Evidentemente a esto hay que darle una vuelta”.

Sugiere que puedan declarar en los centros asistenciales o en los centros de la mujer, para evitar ir al juzgado… “Hay que intentar que el contexto sea más amable. A veces la situación es de terror cuando en un juzgado pequeño se cruzan la víctima y el agresor. Hay cosas que a nivel práctico no están funcionando por falta de recursos”.

Cuando preguntamos a la Guardia Civil si la burocracia es excesiva la respuesta no es precisa. “No me atrevo a decirlo. ¿Es un momento en el que no están cómodas? Sí. Han de contarlo una y otra vez, rellenar y firmar papeles. Pero insisto, no sé si es excesiva, pero si necesaria”, señala el agente Raúl.

Para Susana falla también el sistema sanitario. “Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Sabemos que la historia clínica es propiedad del paciente, pero en Castilla-La Mancha esto está muy poco desarrollado. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado”. El tiempo corre para la víctima, en su contra y a favor del agresor. Toda una ironía.

Los informes médicos ha de buscarlos la víctima. Si no lo conseguimos del médico de cabecera hay que pedirlo con un formulario al SESCAM. Y tarda. A veces nos ha impedido presentar en plazo el documento en el juzgado

Susana — Hermana de una víctima de violencia de género

Pese a todo, el agente Torres insiste. “Siempre que viene a poner denuncia, la víctima debe ir al centro médico, para un parte de lesiones, aunque la agresión no sea física. El profesional médico también reflejará el estado de ansiedad”.

Susana pide “más responsabilidad personal o profesional” en el ámbito sanitario en el que ella misma trabaja porque, recuerda, “ya hay suficiente resistencia en las víctimas y con eso juegan los agresores. A veces son resistencias inconscientes”. En el caso de su familiar la impotencia es total. “Ella está locamente enamorada de su agresor. Le ha arruinado la vida, incluso económicamente, pero cuando intentamos ayudar, ella cree que somos los malos. Estamos desesperados”.

Por eso advierte que la salud mental de los hijos, de las familias o los amigos de las víctimas también está en juego. “Estamos en un estado de alerta continuo”, dicen los familiares de una de las víctimas que reside en un pueblo pequeño. Ayuda el entorno, se implica el pueblo, pero a veces no es suficiente. “Hemos estado horas y hasta días sin saber nada de ella. Hubo un momento es que, sin dejarla de lado, decidimos mantener cierta distancia. Necesitamos ayuda y nuestro caso no es el único”.

El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

Primero fue Albacete, avalada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ahora Talavera de la Reina. Dos de las grandes ciudades de Castilla-La Mancha han dado la espalda de forma expresa (y unánime) a la implantación de plantas industriales de biometano en su término municipal.

Este miércoles, PP, Vox y PSOE han votado en contra de que este tipo de empresas puedan desarrollar actividad en la ciudad.

Lo han hecho, eso sí, durante un bronco pleno extraordinario que habían pedido los socialistas, en el que el actual gobierno de PP y Vox, por un lado, y el PSOE, por otro, se han culpado mutuamente de haber abierto la puerta a la llegada de este tipo de instalaciones.

PP y Vox han acusado al equipo de Gobierno de la anterior legislatura encabezado por la socialista Tita García Élez de haber facilitado, con una modificación urbanística, la implantación de este tipo de empresas. “Ustedes facilitaron la implantación de energías renovables y por eso estamos hoy aquí”, ha dicho el portavoz de Vox David Moreno. “Introdujeron en nuestro suelo rústico de manera sibilina un cambio que abrió la puerta a este tipo de proyectos industriales no solo en suelo rústico de reserva sino también en suelo rústico de especial protección, de manera todavía más grave”, añadía el concejal de Urbanismo, Benedicto García.

Los socialistas lo han negado, aduciendo que el único cambio se produjo en relación a las plantas fotovoltaicas. “En 2018, 2019 y 2020 no se hablaba del biometano, ni en Talavera, ni en Castilla-La Mancha ni en España”, decía el portavoz socialista José Gutiérrez.

Hasta cuatro plantas de biogás se han llegado a plantear para la ciudad. Una de ellas, promovida por Montearagon Bioenergy S.L., recibía el pasado 24 de julio autorización ambiental integrada por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras recibir el aval de los informes del Ayuntamiento talaverano en abril.

Por un lado la Concejalía de Medio Ambiente, que lidera Vox, le había pasado la pelota a la Concejalía de Urbanismo, que lleva el PP. Y este departamento no se opuso: “No existe inconveniente respecto a la implantación en el término municipal del proyecto de construcción y explotación de biometano promovido por la sociedad Montearagón Bionergy S.L, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas y ambientales que resulten exigibles”, rezaba el informe del impacto socioeconómico.

Que el PP y Vox no se hayan opuesto, de entrada, a la llegada de una de las plantas de biogás se lo ha recordado el concejal socialista al gobierno local y el concejal de Urbanismo esgrimía que solo se ha cumplido con la normativa vigente.

Reacción política a un año de las elecciones

Durante el pleno vecinos y vecinas se han congregado a las puertas del Ayuntamiento talaverano mientras se celebraba el pleno extraordinario para dejar claro su rechazo a este tipo de empresas.

Ese ha sido precisamente el detonante, desde hace semanas, para que se haya producido una reacción política como la de hoy. Queda menos de un año para las elecciones municipales.

El PSOE propuso el pasado mes de julio cambiar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para frenar este tipo de proyectos y llevarlo al pleno municipal. También propuso acordar la suspensión de licencias de nueva planta y de actividad para este tipo de proyectos.

En paralelo, PP y Vox se apresuraron, hace algo más de una semana, para iniciar el trámite que modifique puntualmente el POM y para suspender, de forma cautelar, los expedientes para evitar tramitar las licencias que puedan solicitar las empresas de biogás.

Durante la sesión plenaria de hoy todos han estado de acuerdo y han votado a favor de estas cuestiones, pero además PP y Vox han planteado dos cosas más, con el apoyo del PSOE. Por un lado, se va a instar a la Consejería de Fomento a modificar la instrucción técnica que regula dónde y cómo construir cuando se habla de suelo rústico.

“Está en manos de la Junta modificar la instrucción que regula los requisitos para las construcciones en cualquier tipo de suelo. Es tan sencillo como incluir más distancias a estas plantas”, ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno Jesús García-Barroso. En su opinión, “es imperativo” que se fije en cinco kilómetros el límite mínimo de distancia entre cualquier suelo urbano y una planta que produzca biogás.

Además, se presentará un recurso de alzada a la resolución de la Dirección de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha, con fecha 24 de julio, que otorgó autorización ambiental integrada al proyecto de Montearagon Bioenergy SL. “Se ha ignorado la potestad exclusiva de los municipios para ordenar su propio territorio”, aducen gobierno y oposición en Talavera de la Reina. “No se ajusta a derecho, vulnera el principio de autonomía local que recoge la Constitución”.

Los bandazos para regular este tipo de plantas en la región

Hoy Vox ha puesto en foco en el Gobierno de Emiliano García-Page al que culpa de haber provocado un “efecto llamada” al apostar por un Plan Regional de Biometanización que calcula la implantación de hasta 100 de este tipo de empresas.

Lo cierto es que este plan nunca ha llegado a aprobarse. Se ha quedado sobre la mesa. No solo fue cuestionado por plataformas ciudadanas de toda la región (presentaron 15.000 alegaciones), sino incluso por la Consejería de Sanidad que en sus alegaciones planteaba que no se estaban teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con la salud.

En junio, el Gobierno regional daba luz verde a una moratoria para su plan de biometanización. A cambio, lo que ahora está sobre la mesa es un decreto que incorpora nuevas restricciones para aquellas empresas que quieran instalarse en suelo castellanomanchego.

La Junta de Castilla-La Mancha ha posibilitado que los ayuntamientos puedan oponerse, pero de fondo hay una salvedad que sigue 'viva' y que preocupa especialmente a las plataformas ciudadanas: el Gobierno regional siempre se reserva el derecho a considerar que un proyecto pueda ser declarado “prioritario” para la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la empresa Ciudad Real Earth Explorer, S.L., para que pueda iniciar la investigación que determine si es posible aflorar un yacimiento geotérmico entre Ciudad Real, Miguelturra y Poblete, que permita una posterior explotación minera en la zona para producir energía eléctrica y térmica.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido permiso para explorar una superficie de 284 cuadrículas mineras que equivalen a unas 8.520 hectáreas o lo que es lo mismo unos 85,2 kilómetros cuadrados.

La geotermia es una fuente de energía renovable que se obtiene utilizando el calor que proviene del interior de la Tierra. Este calor se encuentra almacenado en las rocas, el suelo y las aguas subterráneas.

Esta empresa estudiará durante tres años si esta zona de la provincia de Ciudad Real hay viabilidad o no para la explotación comercial del yacimiento que, de hecho, se sabe que existe por los estudios previos que se realizaron en los años 70 y 80 del siglo XX por diversos organismos oficiales como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Durante los dos primeros años se realizarán trabajos de superficie “sin impacto ambiental”, mientras que el tercero se dedicará a uno o varios sondeos con una perforación a 3.500 metros de profundidad para buscar el recurso. Se trata, dicen, de “demostrar que el recurso existe y es viable su explotación desde el punto de vista técnico y económico”.

El objetivo es construir una estación geotérmica con capacidad para 40 MW netos.

¿Cuál es el interés empresarial por este proyecto?

Ciudad Real Earth Explorer, S.L., una empresa con sede social en Madrid, justifica la puesta en marcha de esta planta “en el actual contexto de crisis energética, belicismo y crisis climática”.

Sostiene que la geotermia es “una oportunidad empresarial única” o que la energía geotérmica “es la única energía renovable totalmente gestionable” porque “no depende de factores climáticos, lo que la convierte en una fuente de carga base” que, por otro lado, “requiere una baja ocupación del suelo”.

A eso se suma, explica la promotora en los documentos del proyecto presentado a la Junta de Castilla-La Mancha, que “no necesita almacenar energía, no produce residuos peligrosos en el abandono de la instalación y genera economía circular y un mercado local, al no depender de los mercados de combustibles o materias primas externas”, aunque no se detalla en el proyecto cuántos empleos generaría.

El proyecto, señalan, se basa “en las experiencias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)” o en un yacimiento similar en Níjar (Almería) para calentar invernaderos agrarios impulsado por una empresa vinculada, Cardial, que finalmente no cuajó, según apuntan medios especializados. Allí la idea era utilizar el ‘mar subterráneo’ de aguas termales profundas, calentadas de forma natural gracias a la antigua actividad volcánica de la zona.

Ciudad Real es también una zona volcánica. Los municipios en los que se quiere explorar se encuentran enclavados en el Campo de Calatrava, que constituye una unidad geomorfológica de transición entre los Montes de Toledo y la Llanura manchega caracterizada precisamente por los afloramientos volcánicos, lagunas endorreicas y cursos fluviales como el del río Guadiana, entre otras cosas.

La empresa promotora también justifica este tipo de plantas por su eficiencia productiva e incluso la sitúa por encima de lo que pueden dar de sí las instalaciones eólicas o fotovoltaicas.

“La ocupación de espacio es del orden a 20 veces menor a la energía solar o de casi 100 veces a la de un campo eólico (una planta de 40 MW ocupa unas 2 hectáreas, incluyendo las zonas ajardinadas, parking…) si miramos solo la ratio de potencia”, señala la empresa al justificar su proyecto.

También asegura que es mejor en cuanto a producción de energía: “Considerando 1 MW de potencia, una planta de geotermia produce 8.760 MWh/año y una planta solar 1.643 MWh/año”.

Asegura que “se obtiene una energía térmica y eléctrica limpia y gestionable capaz de ofrecer potencias comparables al gas o la energía atómica”, instalaciones “totalmente automatizadas donde se reducen los riesgos potenciales a casi un valor cero por su funcionamiento exento de productos contaminantes”.

¿Cómo sería y cómo funcionaría la planta de geotermia?

La empresa explica que habría al menos un sondeo de extracción donde se localiza la bomba de extracción, y un sondeo de inyección.

En superficie se crearía una red de tuberías calorífugas con al menos dos circuitos cerrados, con un sistema de suministro de energía térmica a los clientes y un intercambiador de calor para la producción eléctrica, entre otras cosas. También habría redes eléctricas y de tuberías para la conexión a la red y distribución de la energía.

Desde el sondeo de extracción se bombea el fluido termal (el agua sobrecalentada) a un Organic Rankine Cycle (ORC) que utiliza un fluido para evaporarse con el calor transmitido y mover una turbina que activa un generador para producir energía eléctrica.

El fluido termal se devuelve al yacimiento a través del sondeo de inyección, obteniendo así un ciclo cerrado (no hay aprovechamiento del agua termal). Es decir, se extrae, se utiliza y se reinyecta el fluido termal “para una producción continua y sostenible de energía geotérmica”.

A la salida del intercambiador del ORC se lleva a un segundo intercambiador de calor donde cederá parte de su energía a una Red de Calor (District Heating) que servirá para la comercialización de energía térmica a los clientes de la zona.

Sobre el consumo de recursos naturales y el impacto en la zona

Sobre el impacto del proyecto, la empresa dice que “se ocasionan unos impactos en el medio físico y sociocultural que se consideran nulos en comparación con las ventajas que significará la determinación y catalogación del yacimiento geotérmico de Ciudad Real, tanto a nivel local como estatal”.

En su informe explica que no se prevé el consumo de materias primas “excepto las utilizadas por el equipo de perforación que consisten en arcillas bentonitas, procedentes de suministrador local y el gasoil de los equipos de perforación” o que el consumo de agua durante la perforación del futuro sondeo se considera “nulo”. De hecho, abunda que el manejo del fluido termal en las pruebas de aforo del sondeo se realizará mediante depósitos cerrados “para su total reinyección en el yacimiento”.

También habla de afección “prácticamente nula” sobre la geología y la geomorfología son prácticamente nulos en ambos casos, durante los trabajos previos de investigación y durante la ejecución del sondeo de investigación.

En 2016 la Junta de Castilla-La Mancha inició los trabajos para disponer de un Plan regional de Geotermia en paralelo a otro de Biomasa que no ha llegado a concretarse de forma plena. Este tipo de energía es todavía una gran desconocida.

Al finalizar la guerra civil española, decenas de soldados republicanos se refugiaron en los montes y en las zonas montañosas para huir de la represión franquista. El maquis ejerció como una especie de resistencia al nuevo régimen dictatorial que comenzó a instaurarse a partir de 1939 en España.

La guerrilla antifranquista es un fenómeno relativamente conocido en Castilla-La Mancha, pero no tanto en la provincia de Guadalajara. La comarca del Alto Tajo concentró la presencia de estos grupos bajo el paraguas de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), la mejor organizada de todas, que se mantuvo en activo en las sierras de Cuenca y Guadalajara hasta 1952, cuando fue disuelta por el líder del Partido Comunista (PCE), Santiago Carrillo.

Entre 1939 y 1952, el hoy parque natural y la zona montañosa del Alto Tajo, entre Guadalajara, Cuenca y Teruel, sirvieron de refugio y escenario operativo para los maquis o guerrilla antifranquista. Aprovecharon la orografía escarpada de hoces, barrancos y bosques para la resistencia armada, el enlace y la supervivencia clandestina.

El historiador e investigador Benito Díaz Díaz es uno de los estudiosos de este movimiento guerrillero, tan desconocido como complejo. Con varios libros publicados sobre este fenómeno en la comunidad autónoma, que abarcan también su actividad en zonas como Ávila o Extremadura, acaba de pasar por el municipio de Peñalén, en Guadalajara, para hablar sobre la presencia del maquis en el Alto Tajo.

Si hay algo que caracterizó al movimiento en esta parte de Castilla-La Mancha fue lo “tardío” de su irrupción. También su escasa presencia, “impulsada por guerrilleros procedentes de Cuenca”, según relata.

Al hablar del maquis en Guadalajara, el historiador subraya el papel del PCE. “Tenía interés en que cuajase en Guadalajara por su cercanía con Madrid. Se quería dar la sensación de que la capital estaba rodeada de un fuerte cinturón guerrillero”.

Al acabar la guerra civil, el movimiento se había mantenido de forma irregular pero sostenida. La batalla de Stalingrado, entre 1942 y 1943, en plena II Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. “Quedó claro que los aliados le iban a ganar la batalla a los nazis”, comenta el historiador.

Los ecos de aquello insuflaron cierta dosis de optimismo entre quienes en España, y fuera de ella, pensaron que se podía plantar cara al régimen fascista de Franco. “Era lógico pensar que los aliados iban a intervenir en España y a ayudar”, dice Benito Díaz, pero eso no ocurrió. A la postre, rememora, “Franco fue avalado por Churchill y por Estados Unidos”.

La guerrilla antifranquista comenzaría entonces a languidecer. Salvo en Guadalajara y en Cuenca. Paradójicamente allí fue a partir de 1947 cuando cobró su mayor vitalidad. “Sus acciones fueron muy tardías. Cuando ya en otros sitios como en los Montes de Toledo, la guerrilla había estado muy estructurada desde 1944, en Guadalajara no había cuajado ni en 1946”. Eso, reconoce el historiador, era un enorme hándicap para derrocar a un sistema dictatorial ya consolidado.

El Alto Tajo fue uno de los últimos reductos del maquis tras la guerra civil, pero según investigador “se mantuvo de manera artificial” entre 1948 y 1952. Apenas quedaba resistencia. “No tenía ya el mismo sentido que en 1944, tras la batalla de Stalingrado”.

El primer grupo de guerrilleros que intentó establecerse en Guadalajara había entrado por los Pirineos dirigido por Pedro Galiano, un guardia civil natural del pueblo de Ocentejo. “Era necesario conocer el territorio y tener enlaces”. Muchos de los huidos tras la guerra civil se habían quedado en la frontera francesa a la espera de acontecimientos, en plena II Guerra Mundial. “Habían ayudado a liberar el sureste de Francia de colaboracionistas del fascismo y de nazis”.

Este primer grupo que entró en España en el verano de 1945 estaba formado por seis hombres dirigidos por Galiano. “Llegaron a Barcelona y al bajar hacia Guadalajara, para intentar crear el embrión de un grupo, fueron disueltos por la Guardia Civil”.

Amador Méndez, 'Pepito de Guadalajara' o 'el Pena'

La guerrilla antifranquista fue eminentemente rural. En Guadalajara “hubo muy pocos” guerrilleros, dice el investigador, y la historia de algunos tuvo más que ver con “la supervivencia” que con la resistencia o la lucha contra el régimen.

Entre los nombres más conocidos está el del Carlos Blanco Manso, ‘Pepito de Guadalajara’. Era de Cendejas de la Torre y sí fue guerrillero durante un tiempo. Después se marchó a Barcelona “tras desertar para salvar la vida”, cuenta el historiador. “Conseguiría atravesar la frontera francesa, pero él, como otros, no eran bien recibidos por el PCE tras haber abandonado”.

Si hablamos de Castilla-La Mancha, en 1947 apenas quedaba nadie del movimiento. “Una vez que termina la guerra mundial, al no haber intervención de los aliados en España, la guerrilla tenía los días contados. Eran pocos, no tenían armas y la moral se debilitaba con el paso del tiempo”.

Sin embargo, ese año en Guadalajara la guerrilla organizada tuvo cierta presencia. El protagonista de aquello fue Amador Méndez de la Cruz. Natural del pueblo de Armallones era un campesino que había terminado en un campo de trabajos forzados para construir el actual embalse de Pálmaces de Jadraque. “Se escapó de allí en el verano de 1944. Su mujer se había presentado en el batallón de trabajos forzados y le contó que el alcalde falangista de su pueblo la había violado reiteradamente, dejándola embarazada”.

Amador Méndez huyó del campo de trabajo, pero según el historiador, “lo hizo sin más pretensión que la de vengarse del alcalde”. Dos años después surgió la ocasión, pero no lo hizo. “Permaneció en el monte sin actividad política, solo por pura supervivencia”. No fue hasta 1947 cuando se incorporó a la guerrilla organizada procedente de Cuenca. “Tuvo como enlace a Constantino Herráiz Rey 'El Pena', natural de El Recuenco”.

Aquello no duró mucho. En la segunda mitad del año 1947 Méndez abandonó y un año después se marchó a Barcelona, donde permanecería hasta su detención en 1955. “El detonante de su huida fue la enorme represión en Armallones y en Ocentejo en 1948 donde se asesinó a seis personas, uno de ellos el cuñado del propio Amador, a palos. Fueron torturados. Hubo 36 detenidos en total en esa zona”, relata Benito Díaz.

'El Pena' también murió el 16 de octubre de 1948 a manos de la Guardia Civil durante un asalto a su campamento en el Cerro de la Cabeza, en el término municipal de Villarejo de la Peñuela, Cuenca. Junto a él fallecieron otros tres compañeros de la guerrilla, según los datos de la Asociación conquense La Gavilla Verde.

Una vez que termina la guerra mundial, al no haber intervención de los aliados en España, la guerrilla tenía los días contados. Eran pocos, no tenían armas y la moral se debilitaba con el paso del tiempo

En aquella época hacía ya tres años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. España vivía bajo una dictadura franquista. Aquel 'reducto' de resistencia desapareció en el triángulo entre Cuenca, Guadalajara y Teruel. “Quedaron vendidos porque no se daban las condiciones y tampoco había un apoyo masivo a la guerrilla porque había mucho miedo. No tenían armas, a pesar de que en Guadalajara y en Cuenca se estuviese entonces en el máximo apogeo”.

La hija de Amador Méndez, Petra, tiene hoy 96 años. Acudió a la charla del historiador en Peñalén hace unos días, junto a otros familiares. “Allí contó que la familia fue muy represaliada, les hicieron la vida imposible, condenándoles a un sufrimiento moral y económico. Eso ocurrió en toda aquella zona”, comenta el investigador.

“Creo que en muchos casos la guerrilla era pura supervivencia, no buscaban seguir luchando contra el franquismo. Otros escaparon de España, pero no era fácil”.

Benito Díaz destaca que el movimiento surgido en el Alto Tajo no buscó derramamiento de sangre. “Entre sus acciones destacaron asaltos a feriantes, sabotajes, hubo algún secuestro… pero la guerrilla no asesinó a nadie en Guadalajara”. Sin embargo, sí que hubo una excepción. Ocurrió en el puente del Martinete sobre el río Tajo, que hace de límite fronterizo entre las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Pedro Merchán, alias 'El paisano' lideraba un grupo de guerrilleros conquenses que el 17 de septiembre de 1948 cortó el paso de este puente, registrando y reteniendo a los transeúntes y arrieros que cruzaban por la zona. Terminaron asesinando a dos integrantes de la llamada Fiscalía de Tasas, “muy denostada en las zonas rurales por su actividad recaudatoria y represora” y a dos guardias civiles.

La agrupación guerrillera de Levante y de Aragón y de Cuenca (AGLA) a la que pertenecían permaneció operativa hasta 1952. “Es posible que quedaran grupos aislados porque era muy difícil escapar de España, pero en esa fecha la guerrilla antifranquista estaba ya disuelta”.

Documentar lo ocurrido no es sencillo. Benito Díaz lleva haciéndolo desde 1993. “Ha sido muy duro entrevistar a los familiares, que lloraban durante las conversaciones… Pero si no llego a hacerlo, hoy nadie podría haber escrito su historia”. Las fuentes orales han ido desapareciendo y reconoce que, aunque hay fuentes documentales de distinta índole, “están tergiversadas de parte”. Además, lamenta, faltan permisos para poder acceder a ciertas fuentes documentales oficiales y “profundizar” en la cuestión.

Cree que la guerrilla antifranquista “es una parte más de la historia de España que es preciso recuperar, con sus luces y con sus sombras. Hubo de todo en este fenómeno, pero se tiene que conocer”, afirma.

Ya prepara un libro con otros dos autores, a la espera de editorial, sobre la guerrilla antifranquista en Madrid y provincia.

La Toba es un pueblo de apenas 70 habitantes en la Sierra Norte de Guadalajara. Hace ya casi un mes que un incendio declarado unos 45 kilómetros al sur, en La Mierla, devoró 33.000 hectáreas de esta zona de la provincia, aunque las llamas no llegaron hasta el pequeño municipio.

Dentro de unos días, el próximo 20 de agosto celebrarán la IV edición de La Toba Rock, un evento musical que surgió como proyecto de una treintena de amigos del pueblo. La mayoría vive fuera, pero el festival “se convierte en punto de encuentro cada verano”, explica Carolina Corujo Salazar. Ella forma parte de la Asociación Cultural que lo organiza. “Este tipo de actividades son un punto de encuentro para todos”.

Su marido grabó hace unos días imágenes del rastro del voraz fuego mediante un dron. “Muchos vecinos todavía no lo han visto. Yo tengo familia que no se lo imagina. No se puede hasta que no entras por la carretera de Veguillas y ves que no hay nada”.

Carolina cuenta que el arranque del festival servirá para guardar un minuto de silencio. “No se ha cobrado ninguna vida humana por fortuna, pero sí ha afectado a la flora y a la fauna. Y es que esto es nuestra vida”, comenta emocionada.

“Ha sido una tragedia”. Todavía recuerda aquel día. “Salimos a darnos un baño en el pantano de Alcorlo y pensábamos que iba a llover. Estaba negro. Hasta que vimos el humo y cómo salía de La Mierla. En dos días lo teníamos encima. Subíamos al Mirador a verlo y era como estar en el infierno. Absolutamente sobrecogedor. No llegaron a evacuarnos y el confinamiento en nuestro caso fue voluntario. Nos lo pidió el alcalde”.

Estos días muchos pueblos del entorno han suspendido sus fiestas patronales, pero el festival quiere ayudar a levantar el ánimo. La música puede sanar. De alguna forma. “Nos permite juntarnos, bailar y pensar que se puede”. Carolina Corujo cree que “hay que ir todos a una”. En los últimos días han surgido plataformas ciudadanas. Quieren organizarse para buscar ayudas y soluciones que permitan iniciar la recuperación. “Cuanto más unimos estemos todos, más podremos hacer por salir de esta situación. Quizá no sea como antes, pero hay que ir todos juntos”, insiste.

El festival ya tenía mucho de reivindicativo. La Toba forma parte del colectivo vecinal '¡Ni catas ni minas! Plataforma Río Cañamares-Sierra Norte' que se opone a un proyecto empresarial que quiere buscar oro en esta parte de Guadalajara y que espera permiso para realizar prospecciones en unas 15.000 hectáreas.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se estropee nuestra tierra y bastante hemos sufrido con los fuegos”, comenta Carolina. El incendio de La Mierla no ha sido el primero en la zona. En septiembre de 2025, otro fuego declarado en Peñalba de la Sierra, junto al Pico del Lobo, una de las montañas referentes de esta zona serrana tuvo en jaque a los efectivos de extinción, y también a vecinos y vecinas, durante tres semanas. Aunque este año ha sido mucho peor. Entonces 'solo' ardieron unas 3.000 hectáreas.

Homenaje a Robe Iniesta, líder de Extremoduro

La Toba Rock es un festival gratuito que se celebrará en la campa agrícola del pueblo, donde habitualmente se deposita el trigo de la cosecha. Comenzará a las 20 horas y se prologará al menos hasta las tres de la madrugada.

Este año durante el festival se rendirá homenaje a Extremoduro, cuyo líder Robe Iniesta falleció en diciembre de 2025. “Ha sido a petición popular. Todo el pueblo se sabe sus canciones y de ese tributo se encargará Amor Castúo”.

También estará la banda Presbicia, que encabeza el actor y director de cine Daniel Guzmán, conocido entre otros papeles por su participación en la serie televisiva La que se avecina. Su actuación será un tributo a La Polla Records.

Además, por el festival pasará el grupo de punk Arpaviejas, junto a Shöck, banda bilbaína de punk rock y Sangre Salvaje. “El cantante es del pueblo y es el tercer año que vienen”. Les acompañarán dos bandas locales que se encargarán de abrir el evento.

“Para organizarlo nos ayuda el ayuntamiento, pero también vendemos papeletas, merchandising y hasta productos locales que ponen la carnicería, las personas que elaboran miel…”

La Asociación Cultural ya celebró el pasado abril, coinciendo con la Semana Santa, un evento cultural para calentar motores bajo el lema 'El Santo Arte'. “Dimos a conocer obras de artistas del pueblo. Hicimos un mural en el lavadero que ha quedado muy bonito, recordando cómo se trabajaba en el pueblo en otros tiempos”, explica Carolina . Otro de los murales sirvió para homenajear al sector del cómic, con un guiño a Pedro Pico y Pico Vena, la conocida serie de historietas que el dibujante Carlos Azagra creó para la revista semanal 'El Jueves', allá por 1984.

El azafrán fue introducido en España durante la dominación árabe. En los siglos Vlll y lX, fue un producto monopolizado por la alta burguesía andalusí. De hecho, la cocina arábiga era muy pródiga en condimentos herbáceos, por lo que en todos los huertos existían semilleros de estas plantas, principalmente cominos, alcaravea, ajemuz, mastuerzo, anís de grano dulce, hinojo, anís silvestre, culantro, mostaza, menta, hierbabuena y perejil.

Pero sin duda el condimento más importante para la economía musulmana era el azafrán, usado como colorante y aderezo indispensable en la mayoría de los platos. Hoy en día, sigue siendo muy apreciado en la gastronomía.

Castilla-La Mancha producía allá por el primer tercio del siglo XIX el azafrán de mejor calidad de España y alcanzó grandes rendimientos por hectárea de secano.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural acaba de aprobar la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Azafrán de la Mancha para incluir en el listado de municipios que lo cultivan bajo el paraguas de esta figura de protección a dos localidades de Guadalajara.

Se trata de Valdegrudas y Marchamalo. Estas poblaciones no se encuentran en la parte 'manchega' de la comunidad autónoma, pero el Gobierno regional acaba de aprobar la ampliación de la zona geográfica de influencia del cultivo, en una decisión histórica que ha sido comunicada al ministerio del ramo.

Ahora, el ámbito de la denominación se extiende por la zona media y sudeste de Castilla-La Mancha y la provincia de Guadalajara, aunque el núcleo central de la Denominación ocupa las comarcas de la Mancha en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Un cultivo que busca la supervivencia

El cultivo del azafrán sale así de su zona habitual en la comunidad autónoma en los últimos siglos. Y es que tiene en la actualidad muchos retos por delante, incluso su propia supervivencia.

La presidenta de la denominación de origen Valentina Cabra comentaba el pasado mes de abril de que los productores de esta especia en la comunidad autónoma necesitan ayuda para mecanizarse con el objetivo de recuperar así la importancia que en su día tuvo el cultivo en España y poder competir mejor en un mercado internacional que está liderado por Irán.

Cerca de 300 agricultores están inscritos en la DO Azafrán de la Mancha, pero no producen todos los años, pues se trata de una producción cíclica (el año de plantación no hay producción). En diciembre de 2024, Valentina Cabra ya advertía, en una entrevista con Agroalimentaria, que el cultivo vivía un momento “crítico”.

Una de las razones está en que alrededor del 80 % de las ventas se dirigían a Estados Unidos hasta el año pasado, pero la guerra arancelaria del presidente Donald Trump ha añadido inestabilidad al mercado.

El pasado mes de junio, el presidente regional Emiliano García-Page anunciaba su intención de poner en marcha una línea de ayuda por hectárea para este cultivo. En el sector se han empeñado desde hace tiempo en lograr su recuperación con horizonte 2030, a través de un medido plan estratégico.

La idea de este plan, en clave nacional, es recuperar las producciones del siglo XX, cuando estaba entre las 70 y las 120 toneladas de azafrán anuales. El cultivo ha caído de tal forma que en los últimos años no se han superado los 350 kilos de producción. Una diferencia abismal que hizo sonar todas las alarmas.

Un cultivo ligado a la cultura de Castilla-La Mancha

El cultivo del azafrán en Castilla-La Mancha a lo largo de los siglos está ampliamente documentado. El Azafrán de la Mancha es una especia en hebras obtenida por el tostado de los estigmas procedentes de Crocus sativus. Es importante no tostarlo a la hora de usarlo en la cocina. No le hace falta. Es una de sus peculiaridades.

Está muy ligado a la tradición de la comunidad autónoma. Una de las pruebas, según la propia DOP Azafrán de la Mancha, del “fuerte vínculo histórico del cultivo con la región manchega” está en las múltiples manifestaciones culturales que son tradicionales en las zonas donde se cultiva.

Está presente en el folclore típico de la región: no solo hay una jota manchega dedicada a este producto, también aparece en canciones y refranes, y es el tema de ambientación de la conocida zarzuela de Jacinto Guerrero La rosa del azafrán siempre presente en la Semana de la Zarzuela de La Solana (Ciudad Real). En Consuegra (Toledo) cada año se celebra la Fiesta de la Rosa del Azafrán que se realiza en Consuegra (Toledo) y en Albacete también está el Festival de la Rosa del Azafrán de Santa Ana.

Una de las costumbres, quizá poco conocidas, es la que aún pervive en algunos pueblos manchegos: la tradición de regalar unas briznas de azafrán a las parejasde novios, como símbolo del deseo de prosperidad.

Una ley con más de 30 años de antigüedad. Cuando hablamos de accesibilidad y eliminación de barreras, Castilla-La Mancha se rige por una norma que data del año 1994.

Han sido tres décadas de una ley con un enfoque ‘clásico’, centrada en eliminar barreras físicas, arquitectónicas, urbanísticas o de transporte, pero sin abordar la accesibilidad que se impone en la actualidad, en un mundo marcado por la digitalización y por el avance en derechos sociales.

La ley vigente fue redactada cuando internet todavía no se había implantado de forma generalizada. Tampoco existía (ahora sí) un marco legal centrado en la neurodiversidad que diese respuesta a las necesidades cognitivas y sensoriales.

Este año se tramita la que se llamará Ley de Accesibilidad Universal. Hasta mediados de septiembre la ciudadanía podrá opinar sobre el borrador del texto legislativo que prepara la Vicepresidencia Segunda del Gobierno regional, a través del Comisionado para la Accesibilidad en Castilla-La Mancha.

La normativa propone un enfoque de diseño “universal y transversal” para garantizar la igualdad de oportunidades en cualquier punto de la geografía regional, en una comunidad autónoma eminentemente rural y envejecida: más del 90 % del territorio es rural, más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes y solo 12 superan los 30.000 habitantes.

Desarrolla las cuatro dimensiones de la accesibilidad universal: física, sensorial, de comunicación e información (incluyendo la lengua de signos y la comunicación visual), y cognitiva.

Incluso recoge que en el resto de leyes que se promuevan desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será preceptiva la incorporación de un informe de impacto en materia de accesibilidad universal.

Cambio de paradigma: de eliminar barreras al “diseño universal”

Se trata de un instrumento ambicioso que no solo busca eliminar barreras, sino construir una sociedad más amigable, segura y acogedora para todas y todos. Y además “no se entiende en esta ley como un coste, sino como una inversión social de largo plazo”.

Aunque el impulso nace de la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la ley adopta un enfoque universalista. Por eso la beneficiaria en realidad es el conjunto de la ciudadanía: todas las personas pueden enfrentar limitaciones en algún momento de su vida.

El texto define específicamente a las personas con dificultades especiales como aquellas que, por su edad o circunstancias personales (sean temporales o permanentes), tienen limitaciones para desplazarse, comunicarse o comprender su entorno: personas mayores, familias con menores o ciudadanos con limitaciones temporales por accidentes o enfermedades.

¿Qué cambia? Las novedades son muchas, pero una de ellas es que la contratación pública se utilizará como una herramienta proactiva para asegurar que todo lo que la Administración adquiera, especialmente en el ámbito digital, sea accesible desde su origen.

De hecho, la nueva ley establece que las exigencias de accesibilidad deben integrarse en todas las fases del proceso de contratación pública y además servirá de puntuación extra en los criterios de adjudicación.

Elemento “estructural” al planificar el territorio y el urbanismo

El borrador para la nueva ley recoge que la accesibilidad universal debe integrarse en el planeamiento territorial y urbanístico. Y además debe hacerlo como un “elemento estructural”.

Los instrumentos de planeamiento urbano (como los planes de ordenación municipal o POM) deben incluir objetivos específicos para facilitar el uso de la ciudad a todas las personas y contemplar señalización accesible e itinerarios intuitivos, para facilitar la orientación y la autonomía.

Se deben incorporar apoyos visuales y tecnológicos para mejorar la accesibilidad sensorial y la seguridad o darle una vuelta a la movilidad peatonal para evitar “saltos” en la cadena de accesibilidad.

Los instrumentos de ordenación deben incluir la posibilidad de ocupar superficies de dominio público o espacios libres (como aceras o patios) cuando sea indispensable para instalar ascensores u otros elementos de accesibilidad vertical, siempre que no haya otra solución técnica o económica viable.

La accesibilidad universal es, según esta ley, una competencia directa de las entidades locales, como los ayuntamientos. Deben elaborar, aprobar, ejecutar, revisar y evaluar los planes municipales de accesibilidad universal previstos en esta ley. De forma individual, conjunta con otros municipios o a través de entidades supramunicipales

La idea es que adapten las vías públicas, parques y demás espacios de uso público existentes a las normas de accesibilidad universal.

La ley dice que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen la obligación de garantizar la existencia de mecanismos específicos de participación para promover la accesibilidad universal

La ley dice que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen “la obligación” de garantizar la existencia de mecanismos específicos de participación para promover la accesibilidad universal, bien a través de un Consejo Local, bien atribuyendo sus funciones a otro órgano local ya existente.

Para los municipios con menor población, su creación es voluntaria. La idea es que estos tipos de instrumentos tengan carácter consultivo y participativo.

La accesibilidad en situaciones de emergencia

Uno de los aspectos novedosos de esta ley es que establece requisitos concretos para que los avisos lleguen a todas las personas en situaciones de emergencia: desde la implantación de señales visuales y acústicas en edificios y espacios de uso público hasta de ciertas tecnologías que envíen alertas de emergencia visuales y hápticas (vibración) directamente a los dispositivos de las personas usuarias.

Se aplicará en los servicios turísticos la obligatoriedad de avisadores de emergencia (visuales y vibratorios) conectados al sistema general de alarma, y también a los Planes de Emergencia y Protección Civil.

En este último caso, se exigirá también que la información, los avisos y las alertas deben proporcionarse a través de sistemas que sean múltiples y redundantes para asegurar su recepción efectiva por cualquier persona, independientemente de su discapacidad.

Además, esos planes deben considerar de forma específica las distintas necesidades de apoyo para tareas de evacuación, confinamiento, rescate o recuperación.

Los centros sanitarios también deben contar con planes de evacuación accesibles que incluyan sistemas de señalización, orientación y aviso adaptados.

En general, deberá aplicarse a cualquier relación con la Administración pública: oficinas, sede electrónica o procedimientos administrativos. Todo debe ser practicable para cualquier ciudadano.

Protocolos para la radio y la televisión pública

El servicio público de radiodifusión y televisión de Castilla‑La Mancha deberá garantizar la plena accesibilidad de sus contenidos en las dimensiones auditiva, visual y cognitiva, integrando esta exigencia en su misión de servicio público.

Además, la ley impone protocolos para que la información de crisis sea comprensible de inmediato. La radiotelevisión autonómica, CMMedia, debe disponer de un protocolo que garantice que la programación de urgencia o emergencia se difunda en formatos accesibles para su comprensión inmediata.

En la norma se apuesta en general por el principio de ‘redundancia sensorial’. Se trata de acotar la garantía de que, en una situación crítica, todas las personas puedan recibir un aviso.

La nueva quiere también convertir en transversal la accesibilidad digital en diversos ámbitos: la Comunicación (todos los canales digitales de la Administración, incluidas las redes sociales), la Salud (por ejemplo en la historia clínica electrónica), la Educación (obligatoria para los entornos y recursos digitales educativos, tanto en centros escolares como en universidades), la Cultura y Turismo (aplicable a los canales de información, reserva y venta de entradas para museos, espectáculos o servicios turísticos) y el Empleo (con herramientas tecnológicas, plataformas y entornos virtuales de trabajo).

Así se aplica en los espacios naturales

La aplicación de la accesibilidad en los espacios naturales, según el borrador de la ley, se rige por el principio de compatibilidad entre el derecho al disfrute del medio ambiente y la protección de los valores naturales.

Afecta tanto a los espacios protegidos como parques naturales o reservas, entre otros, como a cualquier lugar destinado al tránsito, disfrute o educación ambiental de la ciudadanía.

El diseño de las instalaciones situadas en estos espacios como los centros de interpretación o de recepción de visitantes, las áreas recreativas y miradores e incluso los itinerarios deben ser accesibles de forma progresiva.

En los espacios protegidos las administraciones gestoras deben integrar obligatoriamente un plan de accesibilidad en sus instrumentos de gestión que incluya un diagnóstico, objetivos y un calendario de ejecución

Además, los municipios de más de 5.000 habitantes están obligados a elaborar planes para sus parajes y vías pecuarias de uso recreativo. Para los municipios menores, esta elaboración es voluntaria

Para elaborar estos planes se debe garantizar la participación de la ciudadanía y de las entidades representativas de personas con discapacidad y mayores.

De las multas por fraude de tarjetas de estacionamiento al cierre de instalaciones

La nueva ley incluirá un apartado de sanciones por incumplir normas relacionadas con la accesibilidad, con multas desde 300 euros para las infracciones más leves a los 300.000 euros para los casos más graves.

En estos últimos casos se puede sancionar además con la prohibición de recibir ayudas públicas, penar con el cierre de instalaciones o servicios e incluso con la prohibición de contratar con el sector público de Castilla-La Mancha. Además, estas sanciones podrán hacerse públicas por razones de interés o de prevención.

La ley prevé un régimen específico para el uso indebido o fraudulento de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, con multas de menor cuantía pero que pueden incluir la retirada temporal o definitiva del documento.

Como complemento al régimen sancionador de la ley, también se incluye un sistema de mediación y de arbitraje para resolver conflictos de forma extrajudicial. Un sistema que se prevé gratuito, aunque solo lo define y delega su puesta en marcha en una normativa de desarrollo reglamentario posterior, sin plazos, que debe aprobar el Gobierno regional.

El proceso comenzó en febrero con un proceso participativo

El proceso comenzó el pasado 19 de febrero con la jornada ‘Accesibilidad Universal en Castilla-La Mancha: encuentro participativo de enfoque y diagnóstico para una nueva ley’, celebrada en la Escuela de Administración Regional y concebida como punto de partida para recoger propuestas y detectar las principales necesidades que debía abordar la futura normativa.

Posteriormente, entre los meses de marzo y junio, se desarrolló un proceso de participación estructurado en torno a los seis bloques temáticos que conforman la futura ley, poniendo a disposición de las entidades y agentes sociales la documentación correspondiente y versiones en lenguaje claro para facilitar su participación.

Se recibieron más de un centenar de aportaciones que han sido analizadas y tenidas en cuenta en la elaboración del nuevo borrador que ahora se somete a información pública.

Paralelamente, el Gobierno regional ha desarrollado un proceso de participación interno con las diferentes consejerías de la Administración autonómica y ha presentado y analizado el contenido de la futura ley en cerca de una veintena de comisiones, consejos y órganos regionales de participación en los que se encuentra representada la sociedad castellanomanchega, abordando ámbitos como la educación, la salud, los servicios sociales, el transporte, el urbanismo, el medio ambiente, el desarrollo rural, la igualdad o el diálogo social.

“Todo este trabajo nos ha permitido enriquecer el borrador antes de llegar a esta nueva fase. Hemos escuchado, analizado las propuestas y muchas de ellas ya forman parte del texto que ahora volvemos a poner a disposición de la sociedad para que pueda seguir mejorándolo”, ha explicado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero,

Subraya que “la accesibilidad universal es un derecho esencial para poder ejercer otros derechos en igualdad de condiciones” y ha incidido en que sus beneficios alcanzan al conjunto de la ciudadanía, ya que cualquier persona puede encontrarse a lo largo de su vida con situaciones que hagan necesario contar con entornos, servicios o información más accesibles.

Por ello, el comisionado ha reiterado la invitación del Gobierno regional a ciudadanía, entidades sociales, administraciones locales, empresas, colegios profesionales, universidades y al conjunto de agentes interesados para que participen en esta nueva fase y contribuyan con sus propuestas a la elaboración definitiva de la futura Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.

El accidente de tren ocurrido este sábado en un paso a nivel con semibarreras automáticas de Talavera de la Reina, en el que falleció un hombre de 88 años, no es el primero que se produce en esta vía que une Madrid con Extremadura a su paso por la provincia de Toledo.

El cómputo de siniestros similares, solo en la última década, llega hasta los once accidentes. Los datos están recogidos en el estudio Accidentes Ferroviarios de Castilla-La Mancha, elaborado por la Federación Castellanomanchega de Amigos del Ferrocarril.

El último antes del ocurrido ayer se había producido el 12 de febrero de 2026, en el kilómetro 139 de la línea de tren que une Madrid con Valencia de Alcántara (Cáceres), en el tramo entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas. Un tren Alvia arrolló a un jeep que cruzó un paso a nivel sin barreras. El único ocupante del vehículo falleció. La Guardia Civil investigó el caso, pero los datos de aquel suceso no han trascendido hasta la fecha.

Unos meses antes, el 5 de septiembre de 2025, otro tren Alvia de la misma línea se llevaba por delante a otro vehículo. De nuevo ocurrió en un paso a nivel sin barreras, aunque esta vez en el punto kilométrico 123. También dejó un muerto.

Hace tres años moría una bebé de 18 meses en un paso a nivel

En agosto de 2023, en la misma línea moría una bebé de 18 meses y dos personas resultaban heridas cuando el vehículo en el que viajaban cruzaba un paso a nivel sin barreras entre las localidades de Calera y Chozas y Alberche del Caudillo, en Toledo. Era la misma línea de tren que cubre el trayecto Madrid-Extremadura y de nuevo el accidente lo protagonizaba un Alvia.

Tras el suceso, Nosotros Talavera España Vaciada denunciaba la existencia de este tipo de pasos a nivel sin barrera, y las “muchísimas carencias” de la vía férrea en la comarca talaverana.

Un año antes, el 2 de julio de 2022, había fallecido un motorista que cruzó otro paso a nivel sin barreras. Esta vez en el punto kilométrico 166 de la misma línea, en el tramo Alcañizo-Oropesa, también en la provincia de Toledo.

No acaba aquí el recuento de accidentes que se han producido en esta misma infraestructura y, de nuevo, en otro paso a nivel sin barreras. El 17 de julio de 2020, en el punto kilométrico 77 de la línea, un tren regional exprés se llevó por delante a un tractor en el tramo Rielves-Torrijos. El conductor, por fortuna, solo resultó herido leve.

El 25 de agosto de 2019 ocurría en el paso a nivel del Camino de las Cadenas, sin barreras. Un tren de media distancia que cubría el trayecto a Zafra (Badajoz) y a Huelva arrolló a un vehículo. Resultaron heridas dos personas.

El 24 de abril de 2018, en el paso a nivel sin barreras de Alberche del Caudillo, el tren de media distancia Madrid-Badajoz impactó en un camión cisterna cargado con 14.000 litros de gasoil. Murió el conductor del vehículo y cinco personas resultaron heridas, entre ellas el maquinista del tren, un operario práctico y tres pasajeros.

Y el 28 de junio de 2017 ocho personas resultaron heridas en el paso a nivel sin barreras del Camino de Santa Olalla, cuando un tren de media distancia Madrid-Cáceres descarriló tras chocar contra un tractor, provocando un incendio.

Apenas tres meses antes, el 3 de marzo de 2017, una persona moría y otras ocho resultaban heridas cuando un tren de media distancia Madrid-Badajoz arrolló a un camión, en el paso a nivel sin barreras Camino de Verdugal a San Marcos. Falleció el conductor del camión y resultaron heridos leves el maquinista y siete viajeros. Sucedió en el tramo Calzada de Oropesa-Talayuela-San Marcos.

El mes anterior, un 12 de febrero de 2017, había muerto una mujer que salió despedida de su vehículo tras ser arrollado por otro tren de media distancia en la misma línea, que cubría el trayecto Madrid-Badajoz. Sucedió en el paso a nivel sin barreras del camino de Escalonilla.

“Falta sensibilización de los conductores”

El presidente de la Federación Castellanomanchega de Amigos del Ferrocarril, Juan Carlos López Peco, cree que “falta sensibilización por parte de los conductores” a la hora de utilizar este tipo de pasos a nivel que atraviesan las vías del tren.

No es la primera vez que advierte de esta circunstancia. Ya lo hizo coincidiendo con el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). “Hay que concienciar. Hace falta una campaña de sensibilización por parte de la DGT. Seguirá habiendo accidentes si la gente no respeta los stop y el código de circulación. No es culpa ni del tren ni del maquinista”, defendía entonces.

Este tipo de pasos a nivel sin barreras son frecuentes en las líneas de tren convencional que atraviesan Castilla-La Mancha, afirma. “Hay más o menos los mismos en todas las líneas. Otra cosa distinta es que, en las principales, como las que unen Madrid con Zaragoza, con Alcázar de San Juan o Albacete, o con Sevilla, la vía es doble. En cambio, la línea a Extremadura, por la provincia de Toledo, es de vía única”. En opinión de Juan Carlos López Peco, “la gente tiene más cuidado en las líneas de vía doble porque saben que puede haber más trenes”.

En la línea Madrid- Extremadura hay un mayor porcentaje de accidentes y nosotros entendemos que es porque falta educación vial. No es normal el número de accidentes en los últimos diez años. Creemos que la gente se confía

Juan Carlos López Peco — Presidente de la Federación Castellanomanchega de Amigos del Ferrocarril

“Esta es la línea ferroviaria de Castilla-La Mancha con más accidentes. El motivo habrá que analizarlo detenidamente porque se ha invertido mucho en señalización”. López Peco no relaciona de forma directa los accidentes ferroviarios con los pasos a nivel, pero reconoce que “en la línea Madrid- Extremadura hay un mayor porcentaje de accidentes y nosotros entendemos que es porque falta educación vial”.

Desde su perspectiva, “no es normal el número de accidentes en los últimos diez años. Creemos que la gente se confía y cruza los pasos a nivel con tremenda alegría”.

En este punto recuerda que, “como mínimo”, todos los pasos a nivel tienen dos señales de stop. “Estamos muy acostumbrados a que los maquinistas nos digan que ven que los vehículos no paran, pasan sin mirar, etcétera. Hay que parar, mirar a derecha e izquierda, y si no viene nadie, entonces cruzas”.

La Federación Castellanomanchega de Amigos del Tren recuerda que los datos recogidos en su informe quieren ser “un homenaje” a las víctimas de estos accidentes ferroviarios, evitando “alimentar el dramatismo” y confían en que sirvan para analizar por qué ocurre, con datos estadísticos. También expresa este colectivo su deseo de “no tener que seguir ampliando” el estudio.

El incendio forestal declarado el 22 de julio en la urbanización El Pinar de Almorox (Toledo) ha quedado oficialmente extinguido 16 días después de haber sido detectado por un vigilante fijo.

El fuego terminó saltando a la vecina Comunidad de Madrid, hasta Villa del Prado, donde un segundo incendio extendió las llamas en esta zona de la vecina región y la presidenta de aquella región Isabel Díaz Ayuso pidió al Gobierno de España que se hiciese cargo del incendio y que declarase la situación de emergencia de nivel 3. Es decir, emergencia nacional. A esta emergencia, se sumaron después, tanto el incendio de Almorox como el de Burgohondo (Ávila).

En Almorox fue necesaria la evacuación, por dos veces, de la urbanización El Pinar. La primera evacuación se produjo el día 22 de julio y fue necesario confinar otra urbanización, El Romillo. Las medidas se levantaron al día siguiente pero en la tarde del sábado 25 de julio, el fuego se reactivó en el término municipal y se tuvieron que evacuar ambas urbanizaciones. Muchos de los vecinos evacuados fueron acogidos en un polideportivo en Escalona.

No hubo daños personales, pero sí en varias propiedades, en el exterior de algunas viviendas, tal y como relataban a Toledodiario.es tanto el alcalde José Martínez, como los propios vecinos. Según datos facilitados por el Plan INFOCAM se quemaron 250 hectáreas.

El pasado fin de semana se habilitó una oficina móvil, por parte de la Guardia Civil, para que los vecinos y vecinas afectadas pudieran dar parte de los daños, de cara a posibles indemnizaciones.

Hay que recordar que los daños de este incendio se incluyeron entre las 211 zonas gravemente afectadas por emergencias de Protección Civil que el Gobierno de España aprobó hace unos días, de cara a recibir ayudas públicas.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, que fueron puestas en libertad horas despues de su detención, como presuntos responsables de originar el fuego, cuando realizaban trabajos ilegales de soldadura. Se les imputa un delito contra el medio ambiente.

Incendios recurrentes y sin Plan de Actuación Municipal

Esta población toledana ha sufrido grandes incendios forestales en los últimos años. Uno de los más importantes se produjo en julio de 2019, afectando también a Cadalso de los Vidrios (Madrid). Ardieron 3.000 hectáreas y unos 2.000 animales tuvieron que ser rescatados. Ya había un precedente: un gran fuego en 1994, en la misma zona donde proliferaron urbanizaciones encapsuladas en el bosque allá por los años 70 en las que hoy se sigue construyendo.

Por eso Almorox está en la lista de los municipios de Castilla-La Mancha que debe contar con un Plan de Actuación Municipal por riesgo de incendios forestales. Sin embargo, el alcalde reconoce en declaraciones a Toledodiario.es que está “por terminar”.

No el único ayuntamiento en esta situación. El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales explicaba en una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha que “existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo”.

El Plan INFOCAM tiene claramente definidas las llamadas Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) en Castilla-La Mancha. Son áreas declaradas oficialmente dentro del Plan de Protección Ciudadana debido a la alta frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores naturales amenazados.