La reforma fiscal anunciada por el Gobierno de Cantabria ha sido la noticia económica de la semana (y, probablemente, del año) en nuestra comunidad. Aparecen estos días argumentos en uno u otro sentido, que tratan de justificar posturas muy diferentes. Más allá de ese ruido, cabe preguntarse, ¿qué consecuencias tendrá esta reforma?

Es destacable, como elemento inicial, que se trata de una reforma ambiciosa. Afecta a todos los impuestos sobre los que Cantabria tiene competencias y tendrá un impacto, según las cifras del Gobierno autonómico, de más de 90 millones de euros al año. Para hacerse una idea de lo que supone esta cifra, Cantabria cuenta con unos ingresos totales de unos 3.500 millones de euros, de los cuales alrededor de 920 proceden de impuestos sobre los que tiene competencias. Reducir la capacidad recaudatoria de estos impuestos en alrededor de un 10% es un cambio importante.

El primer efecto será precisamente ese: la reducción de los ingresos. Lógicamente, si bajan los tipos de gravamen, y si no se produce ningún otro cambio (en el lenguaje que usamos los economistas, ceteris paribus), se recaudará menos; por el contrario, si subieran los tipos se recaudaría más. Es cierto que hay también otro efecto en sentido contrario: la bajada de impuestos, al estimular algo la economía, permitirá recuperar algo de recaudación. Insisto en lo de “algo”, porque el efecto de mayor magnitud es el primero. El argumento de la Curva de Laffer, según el cual una bajada de impuestos puede estimular la economía tanto que acabe aumentando la recaudación, solo se daría con un nivel de impuestos desorbitado, no con los niveles que tenemos en España. Por tanto, la reforma reducirá los ingresos públicos y, dado que no es previsible que se relajen los límites al déficit presupuestario (más bien lo contrario), requerirá una reducción de los gastos públicos (dos tercios de los cuales una CCAA como la nuestra destina a sanidad, educación y servicios sociales, las políticas en las que se concentran las competencias autonómicas). La reducción de gasto público también tendrá cierto impacto negativo sobre la actividad económica, evaporando el efecto estimulante que pueda tener la bajada de impuestos. Laffer ni está, ni se le espera. Eso sí, el impacto sobre los gastos, al menos en apariencia, no se notará tanto si la economía sigue creciendo y, con ello, lo siguen haciendo las bases impositivas, amortiguando la bajada de los tipos. Hasta que la economía deje de crecer, claro. 

El segundo efecto es la otra cara de la moneda: habrá menos ingresos públicos, pero una mayor proporción de la renta quedará en manos de los contribuyentes. Estos tendrán, en consecuencia, más recursos para destinar a consumo o a inversión privados. Se moverá, por tanto, la frontera entre lo público, que perderá peso, y lo privado, que lo ganará. Algunas actividades económicas (en particular, las más basadas en el consumo privado) se verán beneficiadas. 

El tercer efecto, también muy relevante, será sobre la distribución de la renta. Como es sabido, no todos los ciudadanos pagamos los mismos impuestos. Existen, a ese respecto, distintos tipos de impuestos. Los impuestos denominados progresivos son los diseñados de tal forma que los ciudadanos con más renta no solo pagan más, sino que pagan una mayor proporción de su renta (esto es, un mayor porcentaje de la misma). Así, los impuestos progresivos tienen también como efecto una reducción de la desigualdad. El grueso de los impuestos sobre los que una comunidad como Cantabria tiene competencias son de este tipo: el IRPF (el más relevante por su capacidad recaudatoria), Sucesiones y Donaciones y Patrimonio; solo el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que grava, fundamentalmente, la compraventa de viviendas) tiene, entre los principales impuestos con competencias autonómicas, una tipología diferente. El grueso de la reforma fiscal de Cantabria afecta, por tanto, a impuestos progresivos. Al reducir su capacidad recaudatoria, la capacidad redistributiva del sistema se reducirá también. 

El mejor ejemplo se observa con el IRPF, que es el principal de estos impuestos y, también, en el que la reforma fiscal tendrá un mayor impacto sobre la recaudación: 46 millones de euros (en torno a la mitad del impacto total de la reforma), según los datos facilitados por el Gobierno. La tabla incluida a continuación muestra cómo es la actual tarifa autonómica del impuesto y cómo quedará con la reforma. Un error habitual es pensar que se paga lo que indica el tipo aplicable: por ejemplo, que actualmente una renta de 12.000€ ha de pagar un 9,5% por la tarifa autonómica; una renta de 34.000€, el 18,5%; y una renta de 60.000€, el 24,5% (más otro tanto por la tarifa estatal). No funciona así. Es un impuesto que funciona por tramos: la renta de 34.000€, por ejemplo, ha de pagar un 9,5% por los primeros 12.450€; un 12% por los siguientes 7.750€; un 15% por los siguientes 13.800€; y pagaría un 18,5% por cada euro que sobrepasara los 34.000€, si aumentan sus ingresos. Además, hay diversas reducciones, por lo que la base liquidable (la cuantía por la que se tributa) es en realidad menor que los ingresos que ha obtenido el contribuyente. Por ejemplo, con un salario bruto de 65.000€, la base liquidable sería de unos 60.000€. Y, lo que es más importante aun, por efecto de las reducciones existentes, las rentas inferiores a 15.000€ en la práctica no pagan IRPF.

De esta forma, aplicando los cambios previstos en la tarifa de Cantabria entre 2023 y 2024, las rentas inferiores a 15.000€ (de acuerdo con los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario del 25% de los trabajadores cántabros que menos ganan) no se beneficiarán de la rebaja del IRPF. Tampoco se beneficiarán de las múltiples deducciones anunciadas, las cuales minoran la cuantía a pagar por el impuesto (a los contribuyentes a los que les corresponde hacerlo). Una renta de 21.000€ (la mediana de la distribución) o una renta de 31.000€ (que marca el límite del 25% de trabajadores cántabros que más gana) se beneficiarán, pero relativamente poco: un punto porcentual de reducción en lo que les toque de los dos primeros tramos, ya que la bajada del tipo en el tercer tramo, para los que lo alcancen, tendrá un impacto mínimo. Las rentas superiores a unos 50.000€ serán las que más se beneficien, y lo harán en mayor medida cuanto mayor sea dicha renta, dado que les afectará no solo la reducción de los tipos de los primeros tramos, sino también la reducción de los tipos que gravan los tramos más elevados.

En fiscalidad, como en muchos aspectos de la economía, no hay una única opción ideal para todos. Hay múltiples opciones posibles, y todas pueden llegar a ser válidas para unos, a la vez que inadecuadas para otros. Las preferencias por cada una de estas opciones dependerán de las prioridades y los valores de cada uno: qué peso considera que ha de tener lo público y lo privado en la economía y en la sociedad, y qué nivel de desigualdad considera como el más adecuado. Esta reforma da pasos decididos en relación a ambas cuestiones. Se puede estar de acuerdo con el rumbo que fija o no, pero lo que no hay duda es de que se trata de una reforma ambiciosa e importante. Las cartas están sobre la mesa. 

Vivimos tiempos convulsos. Estábamos aun saliendo de una pandemia de una magnitud desconocida desde hace más de un siglo -desde la gripe de 1918- cuando llega, de repente, otra calamidad excepcional: una guerra, que en territorio europeo no sufríamos desde la II Guerra Mundial con la excepción, importante, de las guerras de los Balcanes.

La guerra, como la pandemia, además de constituir un enorme desastre humano, está trayendo notorias y repentinas consecuencias económicas. Los precios, impulsados por el coste de la energía, se están disparando. La inflación ha alcanzado, en febrero, el 7,6% interanual en España (en Cantabria, el 7,7%), unos niveles que no se veían desde hace más de 35 años.

La entrada en escena de la inflación es una noticia muy preocupante. Hasta ahora, las políticas económicas en España y, lo que es aún más importante, en Europa, estaban teniendo un carácter expansivo: se estaba tratando de ayudar a la economía a recuperarse del shock ocasionado por la pandemia. Un acierto, reflejo de que sí hemos aprendido algo de los errores con los que se abordó la anterior crisis.

Pero ahora, el escenario puede cambiar. Si la situación de inflación excesiva se prolonga, y si se traslada al conjunto de la economía más allá de los precios de la energía, las políticas podrían cambiar de signo y orientarse a frenar la economía o, al menos, dejar de estimularla, para contener la inflación. Crucemos los dedos para que no aparezca ese escenario, que complicaría mucho el panorama económico y la recuperación.

De momento, ya comienza a haber señales preocupantes: la inflación subyacente (que descuenta del cálculo los productos energéticos y los alimentos no elaborados), muy baja hasta hace pocos meses, ha subido en febrero hasta alcanzar el 3% en España (en Cantabria también se ha situado en el 3%), por encima del umbral del 2% en el que la inflación comienza a preocupar en Europa. Veremos en los próximos meses qué ocurre.

La causa última de estos problemas es la guerra. No obstante, el mecanismo que está actuando como correa de transmisión son los precios de la electricidad, cuyo sistema de fijación está revelando unos problemas que hasta ahora se ignoraban.

Este sistema tiene un funcionamiento que se denomina marginalista. Existe un mercado diario, en el que los precios de la electricidad fluctúan en función de la oferta y la demanda prevista. Cada día, las empresas lanzan sus ofertas para el día siguiente y se realiza una subasta, en la cual primero se tienen en cuenta las ofertas más baratas. Estas son las derivadas de fuentes de energía con bajos costes variables.

Es el caso de la energía nuclear, cuyos costes son fundamentalmente fijos (mantener en funcionamiento una central), mientras que los costes variables de producir un poco más o un poco menos de electricidad una vez la central está en funcionamiento son relativamente bajos; en consecuencia, una unidad de electricidad producida de esta forma puede venderse también a un precio bajo.

Algo similar ocurre con las energías renovables, que también cubren, con precios bajos, los primeros tramos de la subasta. La subasta se completa, hasta que se cubre toda la demanda prevista, con las ofertas más caras. Estas proceden de fuentes de energía con mayores costes variables (esto es, para las que producir una unidad adicional sí repercute notoriamente en el coste), como son el gas y el carbón.

La clave del sistema radica en que el precio de la electricidad lo marca el precio marginal: el precio de la oferta más cara que entra dentro de la subasta. Esto es, el precio de la fuente de energía más cara que entra en el sistema se aplica no solo a ella, sino al conjunto de la electricidad del día. Es un funcionamiento que no es exclusivo de España, sino que es similar al de los demás países europeos.

Sin embargo, en las actuales circunstancias, se está revelando como muy problemático: el gas, en la mayor parte de los países de Europa, tiene una fuerte dependencia de las importaciones procedentes de Rusia, con lo cual su precio está sufriendo una enorme subida. Al ser esta la fuente de energía más cara acaba siendo, también, debido al sistema de fijación de precios marginalista, la que determina el precio de toda la electricidad.

Urgen soluciones. Urgen, para que la economía no afronte una espiral inflacionista que acabe poniendo en grave peligro la recuperación. Urgen también para los consumidores domésticos, los hogares, que comienzan a sufrir las consecuencias de un desorbitado aumento de los precios de la energía.

El ahorro de energía ha de ser una práctica imperiosa, no ya por esta crisis, sino por un problema más de fondo: el cambio climático y la necesidad de reducir nuestras emisiones de los gases que lo generan. Sin embargo, el ahorro energético en los hogares tiene sus límites, especialmente a corto plazo, y no se puede olvidar que se trata de productos básicos: la electricidad, y la calefacción son indispensables para las necesidades vitales; pero, con estos precios, las personas con un bajo nivel de renta tendrán graves dificultades para pagar la electricidad y la calefacción que necesitarían.

Es imprescindible que lleguen pronto soluciones. Para eso ha de servir la política económica. Y, aunque no dependa de la política económica (o no del todo, ya que también influye), es vital que pare también pronto la guerra y el drama humano que supone

Y urgen soluciones, asimismo, para los sectores económicos más sensibles a los precios de la energía. Y, dentro de ellos, muy particularmente, para un sector de especial importancia para la economía de Cantabria: la industria electrointensiva.

Se denomina industria electrointensiva a aquella industria para la que los costes de la energía suponen un porcentaje elevado de los costes totales de producción, que puede ser muy superior, por ejemplo, al coste de la mano de obra. Es el caso de ramas de la industria básica, tales como la siderurgia, la industria química y la metalurgia, que en Cantabria continúan teniendo un peso muy relevante en el tejido productivo y en el empleo.

Según los datos de la patronal de la industria electrointensiva, el precio al que pagaron la electricidad en el mercado diario osciló en torno a los 40-50 euros el MWh entre 2014 y 2019, mientras que habría subido por encima de los 200 euros/MWh actualmente, y podría situarse en torno a los 400 en los próximos trimestres, de acuerdo a la cotización del mercado de futuros.

Mientras la industria electrointensiva haya podido comprar la energía anticipadamente, sin acudir al mercado diario, habrá esquivado el problema. Sin embargo, a medida que dichos contratos se agotan, y la industria tiene que recurrir al mercado diario, el problema eclosiona. No ya solo por el elevado precio, que repercutirá enormemente en sus costes y, con ello, en su rentabilidad, sino también por la incertidumbre: no es solo que la industria tendrá que pagar un precio caro por la energía que necesita, sino que desconoce hasta qué punto ese precio se puede disparar la próxima semana.

En esa situación, muchas fábricas comienzan a optar por parar temporalmente la producción. La preocupación y el miedo por su futuro se extienden entre los trabajadores, y entre los habitantes de las comarcas cuyo tejido productivo depende fuertemente de estas industrias.

Es imprescindible que lleguen pronto soluciones. Para eso ha de servir la política económica. Y, aunque no dependa de la política económica (o no del todo, ya que también tiene su influencia), es vital que pare también pronto la guerra y el drama humano que supone. “Ojalá vivas tiempos interesantes”, dice una maldición inglesa que algunos atribuyen, por lo visto sin un fundamento probado, a un origen chino. Vivimos tiempos interesantes, sí. Apasionantes para estudiarlos en un futuro. Pero ya nos merecemos un poco de tranquilidad, ¿no?

Ayer volví a salir a la calle. Es una sensación extraña volver a encontrarse con ella, aunque sea en pequeñas dosis. Cuesta reconocer los paisajes cotidianos, y cuesta también reconocerse a uno mismo. Al caminar por el parque encuentro la hierba alta, salvaje; mientras, flores de todos los colores salpican el prado, que muestra un color verde tan profundo que ni las retinas ni la memoria lo recordaban. Las calles, vacías de coches muestran un silencio incómodo, estremecedor, una señal inequívoca de que algo pasa. Da miedo. Hasta que escuchas a los pájaros.

En estas duras semanas de confinamiento me ha hecho sentir bien asomarme a la ventana y sorprenderme con el canto de los pájaros, en plena ciudad. Siempre estuvieron allí, al parecer, pero no los escuchábamos. O, si los escuchábamos, no los hacíamos caso. Mezcla de sensaciones, en definitiva, al volver a pisar el mundo que hay detrás de las paredes de casa.

La mirada hostil, desconfiada, de esos ojos, al borde de una mascarilla, que huyen desde el otro extremo de la acera. Y poco después, la sonrisa amable del conductor de un autobús, acompañada del sonido de la bocina, ambos dedicados al niño que va de mi mano, aprendiendo a caminar y asombrándose al descubrir esa realidad que había ahí fuera. Un momento en el que es inevitable preguntarse, ¿cómo será el mundo cuando pase todo esto?

Me pregunta algún amigo, algún familiar, estos días, qué pasará con nuestra economía. Cómo saldremos de esto. No lo sé. Una combinación de palabras impensable, música celestial cuando, por fin, la escucho pronunciada por un experto. “No lo sé”, responde Fernando Simón, tranquilo, con naturalidad, ganándose sin duda mi simpatía y, posiblemente, incluso, mi confianza. Porque decido que, a partir de ahora, dejaré de dedicar horas a seguir las noticias sobre la evolución de la pandemia, y me bastará con lo que este hombre vaya diciendo.

En alguien has de confiar, en este momento de zozobra, máxime si las religiones y las patrias te resultan algo lejano y lo más parecido a ello que encuentras, el fútbol, está suspendido. “No lo sé”. Cuánta honradez en esa frase, cuánta sabiduría desprende de quien es consciente, antes de nada, de sus limitaciones. Cuánta confianza me da esa frase, frente a tanto experto en todo, y frente a tanto vendedor de peines, un perfil que, como las setas de este mes de abril tan atípico, prolifera en toda crisis.

Ante las preguntas sobre qué pasará con nuestra economía, mi respuesta es esa. No lo sé. Los economistas no hemos vivido nada parecido. No es una crisis económica al uso, porque no hay, al menos en origen, un elemento económico real causándola. No es, tampoco, algo similar a una guerra. En una guerra hay grandes daños materiales. Aquí no. Cuando regresemos al trabajo, nuestras fábricas, nuestras oficinas, nuestras aulas, estarán ahí, al menos físicamente. Esa es una enorme ventaja. Pero, por otro lado, en las guerras gran parte de la actividad productiva continúa, e incluso se intensifica, estimulada por las necesidades de suministros. En ese sentido, esto, desde el punto de vista económico, es peor.

Para la salida de esta crisis, desde el punto de vista económico, podemos dibujar dos escenarios diferentes. Uno, el más optimista, sería una salida en forma de V: una caída muy pronunciada, seguida de una recuperación relativamente rápida (en aproximadamente dos años), tras lo cual volveríamos a una situación parecida a la anterior a la crisis. Para ello, haría falta un estímulo público muy importante. Un símil sanitario sería el esfuerzo por reanimar a un paciente (en este caso, nuestra economía) al que se le ha inducido una parada cardiorrespiratoria.

En ello están nuestros gobiernos. Primero, amortiguando el impacto del golpe: dando inyecciones de oxígeno (en forma de dinero) a trabajadores (por ejemplo, mediante los ERTES) y a empresas para evitar que el shock pase de temporal a definitivo. Después, será necesario impulsar la actividad económica. Un esfuerzo costoso, que habría de iniciarse pronto y prolongarse durante una buena temporada. Es importante ser conscientes de que todo ese esfuerzo no ofrece una garantía absoluta de éxito. Porque eso, en economía, no existe. Aun así, hay que intentarlo.

El otro escenario, más pesimista, dibujaría una crisis en forma de U: esto es, la caída que ya estamos viviendo, muy pronunciada, pero seguida de una recuperación mucho más dilatada en el tiempo. Esto podría ocurrir si no se hacen los esfuerzos suficientes por reactivar la economía, o si la situación se prolonga tanto tiempo que se genera un daño económico real. Un problema económico que, a diferencia de otras crisis, no estaba en el origen de ésta, pero que podría acabar generándose como consecuencia de la misma. Por ejemplo, si un número significativo de empresas no resiste, cierra y ello se traduce en la pérdida de empleos; o si los ingresos de los trabajadores, por ese u otros motivos, sufren un deterioro que acaba trasladándose al consumo; o si el Estado se queda sin capacidad económica para apoyar el estímulo, porque la situación se prolonga demasiado o, como ocurrió en 2010, porque llegan perturbaciones en los mercados y la solidaridad europea vuelve a no estar a la altura.

Este escenario negativo, en forma de U, podría aparecer también si el problema sanitario causado por el virus se prolonga, o rebrota. Si, debido a ello, las restricciones han de prolongarse, o han de volver. Podríamos dibujar incluso, como una variante, un escenario en forma de W, con la caída pronunciada que ya hemos vivido, el inicio de una recuperación y una nueva recaída. ¿Puede algo de esto ocurrir? Vuelvo a mi respuesta inicial: no lo sabemos. No podemos saberlo.

Lo único que podemos hacer es asumir un nivel de riesgo, sanitario y económico y, como ciudadanos, acostumbrarnos a vivir con ese riesgo, con esa incertidumbre. Sabiendo, por tanto, que el riesgo cero no va a existir, ¿cuál será el nivel de riesgo que estaremos dispuestos a asumir? A esa pregunta habrá respondido el Gobierno al diseñar el plan de desescalada. En unos meses sabremos si fue un acierto o no. De momento, no nos queda mucho más que confiar, respetar las normas, colaborar en que el plan funcione… y cruzar los dedos para que así sea.

Bueno, no solo eso. Nos queda, y que no suene a tópico, algo muy importante: valorar todo lo que tenemos en nuestro día a día. Todo aquello que antes era normal y con lo que ahora, al cerrar los ojos, sueño. Ese fin de semana en el pueblo con mi pareja y mi hijo, frustrado por el Estado de Alarma. Esas vacaciones y ese viaje, no sé a dónde, no me importa. Probablemente no será lejos, pero será un sitio nuevo. Ese abrazo con mis padres, esa caminata pendiente con mi padre, esa mirada de mi madre, y la de mi abuela. Ese día compartido con mis amigos. Ese baño en el mar, y esas vistas desde lo alto de esa montaña que aún no sé cuál es, pero que pronto subiré. Porque esta crisis, si para algo ha servido, es para hacernos conscientes de nuestra enorme fragilidad. De la fragilidad de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos hace felices y que una mañana, con un soplo de viento, podemos perder. Y que, ahora, soñamos con recuperar.

Parece que ya ha terminado (o, al menos, eso espero) el periodo de múltiples elecciones que hemos vivido en los últimos meses. Es tiempo, por tanto, de poner encima de la mesa algunos de los problemas que los nuevos gobiernos habrían de abordar. Uno de ellos es, sin duda, el paro: el problema que, según indican las encuestas del CIS, es señalado por la población española como el más grave de nuestro país. El indicador más habitualmente utilizado para medir este problema es la tasa de paro, cuyos datos aparecen frecuentemente en los medios. Este indicador, no obstante, puede dar lugar a equívocos importantes. Por ejemplo, a infravalorar la magnitud del problema en CCAA como la nuestra. Lo explico con más detalle a continuación.

El gráfico 1 muestra la tasa de paro por CCAA, tomando la media del último año completo (2018). Como se observa, las mayores tasas de paro se detectan en las CCAA del Sur de España: en Extremadura y en Andalucía, además de en Canarias, el paro se sitúa por encima del 20%. Por el contrario, las menores tasas de paro se observan al Norte y Noreste del país: el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón rondan el 10%. También Cantabria destaca positivamente: con un 10,7%, 4 puntos y medio por debajo de la media española, nuestra Comunidad fue la quinta con menor tasa de paro en 2018. CCAA de nuestro entorno como Castilla y León y Asturias también contaron con una tasa de paro inferior a la media estatal. Si se mira únicamente este indicador, podría pensarse que el paro es un problema enquistado en la mitad Sur de España, mientras que las CCAA del Norte estarían ajenas al mismo y gozarían, en general, de una buena situación económica. Sin duda, una imagen engañosa.

La tasa de paro se calcula como el cociente entre el número de parados (esto es, las personas que se encuentran buscando activamente un empleo) y el número de activos (las personas que están activas en el mercado laboral, bien porque tienen un empleo o bien porque se encuentran buscándolo activamente). El número de parados y, con ello, la tasa de paro, puede disminuir fundamentalmente de dos formas. Una es que personas que estén buscando un empleo lo encuentren y pasen, de esta forma, a estar ocupados. Otra, no necesariamente positiva, es que quienes buscan activamente empleo en el territorio dejen de hacerlo sin haber encontrado dicho empleo: bien porque emigren a otro lugar o bien porque pasen a situación de inactividad (jubilados y prejubilados, estudiantes, personas dedicadas a las tareas del hogar o al cuidado de familiares, personas desanimadas de continuar buscando un empleo, etc.). En cualquiera de estas situaciones, estas personas dejarían de computar como parados en el territorio en cuestión.

Por tanto, tener muchos parados es un problema, dado que refleja un desajuste entre el número de personas que desean trabajar y el número de puestos de trabajo disponibles. Dejar de tener parados, en cambio, no siempre es positivo. En ciertos casos puede estar reflejando un problema aún mayor: que los parados dejan de buscar empleo o se van del territorio. Esto es lo que, de hecho, suele ocurrir en regiones o comarcas particularmente deprimidas. Por ejemplo, en Campoo, la comarca cántabra más castigada por la crisis industrial de los 80, la tasa de paro es inferior a la media de nuestra Comunidad y a la media estatal. Pero ello no significa que los problemas económicos de esta comarca hayan desaparecido, sino que buena parte de sus habitantes (en particular, los parados) se han ido, desesperanzados ante la escasez de oportunidades.

Es por ello que analizar la situación económica de un territorio solamente a partir de su tasa de paro puede resultar muy engañoso. Desde mi punto de vista, resulta conveniente prestar atención a otro indicador más directo: el número de ocupados. Esto es, cuantas personas tienen un empleo en el territorio, y su evolución. Aquí, las cifras tienen menos trampa, aunque no se libran del todo de ello: la precarización del empleo y, en especial, la creciente rotación de los contratos hacen cada vez más necesario no solo mirar a la cantidad de empleo, sino también a la calidad del mismo. Sin embargo, para no extenderme demasiado, esto último lo dejaré para otro artículo.

A continuación, a partir del gráfico 2, analizo la evolución del número de ocupados por CCAA, para un periodo lo suficientemente largo de tiempo (1976-2018) como para detectar tendencias estructurales. En el gráfico está representada la evolución del empleo en todas las CCAA españolas. He marcado algunas de ellas en color, que me sirven como ejemplos particularmente ilustrativos.

En función de la evolución del empleo en las últimas décadas, las CCAA se pueden dividir en cuatro grupos. En primer lugar, las CCAA insulares (Baleares, en color amarillo, con su característica estacionalidad del empleo, y Canarias), junto con Madrid (en color negro) y Murcia, han duplicado sus niveles de empleo en el periodo analizado. En segundo lugar, con una evolución mejor que el promedio estatal, aunque no tan positiva como las anteriores, Andalucía (color verde oscuro) y Cataluña (en color naranja), al igual que la Comunidad Valenciana y Navarra, han aumentado su número de ocupados en más de un 50% en las cuatro últimas décadas. En tercer lugar se encuentra un grupo de CCAA en las que ha aumentado el empleo en el periodo analizado, pero lo ha hecho bastante menos que la media nacional. Entre ellas se sitúa Cantabria (en color rojo), con un aumento del empleo del 34%, junto con otras CCAA como el País Vasco (en color verde claro), La Rioja y Aragón. Por último, en un cuarto grupo de CCAA el empleo se ha mantenido prácticamente estancado en las cuatro últimas décadas (casos de Castilla y León, en color morado, y Extremadura) o incluso ha disminuido (Asturias, en color azul, y Galicia contaban con más personas trabajando en 1976 que en la actualidad).

El gráfico 2 sirve también para ilustrar dos etapas muy diferenciadas en la evolución reciente de la economía española. Una primera, desde mediados de los 70 hasta principios de los 90, con un gran deterioro del mercado laboral y marcada por la crisis industrial, que afectó especialmente a las CCAA del Norte. Y una segunda, desde mediados de los 90 hasta la actualidad, en la que, salvo la brusca interrupción que supuso la crisis, se ha vivido un gran crecimiento del empleo, pero muy desigual entre CCAA: la creación de empleo se está concentrando fundamentalmente en Madrid, en las islas y en el arco mediterráneo, mientras que el Norte y el Oeste del país se han ido quedando atrás. Es, ni más ni menos, que la consecuencia territorial del giro del modelo económico español, de una economía anteriormente liderada por la industria a otra orientada al turismo y la construcción, con una “isla” enfocada a los servicios de alta cualificación como es Madrid. En este modelo, las CCAA del Norte salimos perjudicadas, con una evolución del empleo netamente peor que la media nacional. En Cantabria, el empleo ha evolucionado algo mejor que en las CCAA limítrofes; sin embargo, como reflejé en un reciente artículo, la reproducción del giro hacia un modelo orientado a los servicios de bajo valor añadido que se ha producido a nivel estatal ha tenido, en nuestra Comunidad, consecuencias particularmente perniciosas sobre el deterioro de la productividad, de los salarios y de la calidad del empleo. En este contexto, nuestra baja tasa de paro (inferior a las de Madrid o Baleares, por ejemplo) es, al igual que en casos como los de Asturias, Castilla y León y Galicia (todas ellas por debajo de la media estatal), un espejismo. Se trata de una imagen engañosa, que oculta una insuficiencia de oportunidades de empleo y, ligado a ello, un escaso dinamismo de la población, reflejado en la escasa natalidad y la emigración de jóvenes. Los problemas del mercado laboral, en definitiva, existen y persisten, también en el Norte. Y, vinculados a ellos, problemas sociales muy serios, como el envejecimiento y la despoblación. El gran reto para los economistas es medirlos adecuadamente para, con ello, poder ofrecer pistas sobre cómo abordarlos.

Hace tiempo escuché a un amigo argentino decir que, en el mundo, existen cuatro tipos de países: los países desarrollados, los subdesarrollados, los países en vías de desarrollo… y Argentina, que sería un país en vías hacia el subdesarrollo. Esta ocurrente frase (que, no obstante, no era original suya) hace referencia, con mucha sorna, al declive económico sufrido por Argentina. Un país que, tras una interminable sucesión de crisis económicas, políticas y sociales, pasó de contar con uno de los niveles de vida más altos del planeta, hace apenas cien años, a ser superado por decenas de naciones europeas, asiáticas y latinoamericanas. Ante ello, en aquel país, parafraseando el inicio de una novela de Mario Vargas Llosa, han sido numerosas las reflexiones que han planteado la pregunta: ¿Cuándo se jodió la Argentina?

En Cantabria, sin llegar, ni mucho menos, al grado de deterioro económico que ha sufrido Argentina, también tenemos una cierta sensación de declive. Un lamento, muy extendido, por un esplendor que perdimos un día, arrastrado por el viento de alguna borrasca. Lo que no nos ponemos de acuerdo es en precisar cuándo ocurrió ese declive, ni en a quién culpar. En esta historia, como casi siempre, parecen existir tantas versiones como visiones políticas. Ante ello, me parece oportuno realizar un análisis a largo plazo de la trayectoria económica de nuestra comunidad, con el objetivo de responder, con datos, a la pregunta de: ¿En qué momento se fastidió Cantabria?

El gráfico 1 muestra la evolución, desde 1950, del PIB por habitante de Cantabria, en comparación con dos comunidades autónomas de nuestro entorno (Asturias y Navarra) y con la media española (que, para mayor simplicidad, se hace equivaler a 100 durante todo el periodo). El PIB por habitante mide el volumen de actividad económica en relación al tamaño de la población de un territorio; refleja, de esta forma, cuál es el nivel de vida medio en dicho territorio.

A mediados del siglo XX, Cantabria, Asturias y Navarra tenían un PIB por habitante muy similar: aproximadamente, un 15% por encima de la media estatal. Desde entonces, sin embargo, Cantabria y Asturias han experimentado un prolongado declive en relación a la media española. En 1990, el PIB por habitante de Cantabria había pasado a ser un 6% inferior al promedio estatal; el de Asturias, por su parte, había caído hasta 12 puntos por debajo de dicho promedio. Navarra, en cambio, había mejorado su posición y se encontraba un 23% por encima de la media española. Desde 1990, estas cifras no han experimentado grandes cambios. La distancia entre Cantabria y la media española ha aumentado algo, hasta alcanzar el 10% en 2017. Asturias y Navarra se sitúan, respectivamente, un 12% por debajo y un 24% por encima del promedio estatal.

El gráfico 2 muestra cómo ha evolucionado en estas décadas el peso de Cantabria, Asturias y Navarra en el PIB de España. Esto es, cómo ha ido variando, en este tiempo, lo que representa cada una de estas autonomías en relación al total de actividad económica existente en el país.

Asturias suponía, a mediados del siglo XX, el 3,2% del PIB estatal. Desde entonces, su peso ha sufrido una enorme disminución, cayendo hasta el 1,95% en 2017. La trayectoria seguida por Cantabria ha sido similar, aunque con un declive no tan pronunciado. A mediados del siglo XX, nuestra comunidad representaba el 1,4% del PIB estatal. Tras una sustancial caída en las últimas décadas, dicha cifra es actualmente del 1,07%. Cantabria ha perdido, en los últimos 50 años, alrededor de una cuarta parte de su peso en la economía española. Si la economía cántabra hubiera evolucionado al mismo ritmo que la estatal, contaría actualmente con unos 4.000 millones de euros más de actividad al año; esto es, con nuestra actual cifra de productividad, lo necesario para generar cerca de 70.000 puestos de trabajo. Esta enorme pérdida es lo que representa, para Cantabria, habernos quedado descolgados durante tanto tiempo. Navarra, por el contrario, ha ganado peso: de suponer el 1,41% del PIB español en 1960 al 1,76% en 2017. De haber seguido el ritmo de Navarra, Cantabria contaría actualmente con 8.500 millones de euros más de actividad económica al año.

¿Cuáles son las claves que explican esta evolución? Cantabria tenía, a mediados del siglo XX, un modelo productivo que, para aquella época, era relativamente exitoso. Pivotaba en torno a la industria, con una clara especialización en dos sectores: el metal y la industria química. Cantabria era, tras el País Vasco y Cataluña, y al nivel de Asturias, el territorio donde un mayor porcentaje del PIB se obtenía de la industria. La nuestra era, también, una industria muy concentrada en un puñado de grandes empresas, y orientada a un mercado nacional entonces muy protegido de la competencia exterior.

A partir de los años 60, España experimentó un intenso desarrollo económico, acompañado de la apertura al exterior. Surgieron nuevos sectores industriales, o se potenciaron algunos ya existentes (por ejemplo, la industria del automóvil), sobre los que pasaría a pivotar la economía. Se desarrollaron también los servicios y, dentro de ellos, actividades intensivas en conocimiento, que en décadas posteriores han liderado la creación de empleo en las comunidades autónomas más avanzadas. El País Vasco, Cataluña, Madrid y Navarra han sido, desde entonces, capaces de adaptar sus estructuras productivas a los nuevos tiempos, profundizando su liderazgo económico. Cantabria, en cambio, al igual que Asturias, perdió paulatinamente su posición ventajosa. Se fue quedando descolgada ya durante las últimas décadas de la dictadura: no estuvo, ni de lejos, a la vanguardia en el desarrollo de las actividades más prometedoras, y tampoco recibió el apoyo de las políticas de la época, que trataron de ayudar a regiones rezagadas (y Cantabria, en aquel entonces, aún no lo era). A ello se sumó el gran abandono de la inversión estatal en nuestras infraestructuras, que se prolongaría durante todo el siglo XX, y que aún perdura.

Aislada del resto del mundo y carente de las actividades más dinámicas, Cantabria se enfrentaría, durante los años 70 y 80, a graves problemas. La Crisis del Petróleo primero, y la incorporación al Mercado Único europeo después, afectaron de lleno precisamente al tipo tejido productivo (por sectores, tamaño de las empresas y orientación al mercado nacional) en el que estaba especializada nuestra comunidad. Entre mediados de los 70 y mediados de los 90, Cantabria perdió en torno a 20.000 empleos industriales, aproximadamente un tercio de los que tenía. Pasó de tener una docena de empresas industriales con más de 1.000 trabajadores a apenas tres. Lo peor fue, no obstante, que el modelo previamente existente se desmoronó sin que hubiera un relevo que estuviera a su altura. Y sigue, de hecho, sin haberlo. El peso de la industria en el empleo de nuestra comunidad ha caído hasta el 13,7%, frente al 25,3% en Navarra; la mayor diferencia, además, radica en las actividades industriales más dinámicas, las de intensidad tecnológica media-alta. El valor que generaba la industria navarra era, hace 60 años, la mitad que el de Cantabria; actualmente, es más del doble. Nuestro modelo productivo ha girado hacia el sector servicios pero, dentro del mismo, predominan las actividades de baja productividad; en cambio, los servicios intensivos en conocimiento suponen menos del 36% del empleo, 4 puntos menos que en la media de la UE. Ya hace décadas, muchos quisieron vender que nuestro nuevo maná lo encontraríamos en la construcción y en el turismo. Los resultados ya se han visto: poco valor añadido y empleo de mala calidad.

La causa del declive económico de Cantabria, por tanto, no es el actual Gobierno autonómico, ni el anterior, ni tampoco los gobiernos previos. Se les puede achacar a todos ellos, eso sí, que no hayan servido como revulsivo. Tampoco puede echarse la culpa a la creación de la autonomía: su estreno, a principios de los 80, coincidió con el momento de mayor deterioro de la economía cántabra, pero ello no implica que existiera una relación causa-efecto. Las causas del declive eran, y siguen siendo, más profundas, y se encuentran en las carencias de nuestra estructura productiva. Se remontan a hace más de medio siglo. A ese momento clave en el que comenzamos a quedarnos descolgados. A ese momento en el que nuestro último modelo productivo relativamente exitoso comenzó a agrietarse, para después desmoronarse. Han pasado varias décadas, pero en nuestra comunidad siguen escaseando las empresas con capacidad de vender en el exterior, siguen escaseando las actividades industriales y de servicios de alta productividad y siguen escaseando los empleos con salarios decentes. Sin ese motor, el conjunto de la actividad languidece, y los jóvenes continúan marchándose a centenares, en busca de mejores oportunidades. Cantabria necesita un modelo productivo mejor. Una estructura productiva que haga posible que muchas más personas puedan vivir bien sin tener que salir huyendo de aquí. Llevamos más de medio siglo necesitándolo. Pero los cambios no llegarán solos. Necesitan una estrategia adecuada y actuaciones que tengan en mente el futuro de nuestra tierra, sin mirar exclusivamente al corto plazo. ¿Tendremos que esperar otro medio siglo, o más, para verlo?

Hace cinco meses, la vida me regaló la maravillosa experiencia de ser padre. Pronto, me di cuenta de que estoy, sin duda, ante el reto más importante y, a su vez, el más bonito de mi vida. En estos meses, las tareas que conlleva la paternidad me han requerido casi todo mi tiempo y mi esfuerzo. Me han faltado ideas, y también horas, para reflexionar sobre los temas de “Economía Cercana” que abordo en mi artículo mensual en este medio. No es de extrañar, tampoco, que este artículo que ahora escribo, el primero tras esta pausa, aborde precisamente un problema relacionado con esta cuestión: el de la escasa natalidad.

En estos meses, he conocido de primera mano la enorme alegría que aporta un niño recién nacido. A sus padres y a su entorno más inmediato, por supuesto, pero también a otras personas sin esa vinculación tan cercana: vecinos, compañeros de trabajo o, incluso, desconocidos que, en la calle, en un comercio o en el autobús, responden a la presencia del niño contagiándose de su felicidad. Es tremenda la capacidad que tiene un niño para transmitir sensaciones positivas. Para sacar lo mejor de cada uno: su lado más amable y más humano. Y para romper, durante unos instantes mágicos, con dos de los grandes males que aquejan a nuestras sociedades, tan urbanas y tan modernas: el excesivo individualismo y la frialdad en las relaciones interpersonales.

Resulta, pensándolo bien, muy lógico que, como individuos sociales que somos, demos esa importancia al nacimiento de nuevos niños. Éstos son, realmente, la única forma de renovarnos y de sobrevivir como sociedad (y como especie), ante un fenómeno inevitable como es el paso del tiempo. Sin niños, todo desaparecería tras nosotros. Sin embargo, observo una triste incoherencia entre esas intensas emociones en el plano individual y, por contra, la escasísima prioridad que, como sociedad, otorgamos a favorecer la natalidad. Basta dar un paseo por el centro de Santander, o por el de casi cualquier otra ciudad de nuestra comunidad, para constatar la absoluta escasez de niños. También en la periferia, barrios antaño llenos de vida se encuentran cada vez más envejecidos. Y el problema es, si cabe, aún mayor en nuestras zonas rurales, que se desangran desde hace décadas ante la despoblación y la falta de recambio generacional. Y, frente a ello, ¿qué hacemos como sociedad? Bastante poco, en realidad, más allá de reaccionar con indiferencia o, si acaso, con resignación. A continuación, analizo algunos datos que ilustran la magnitud del problema.

El gráfico 1 muestra cómo ha evolucionado, entre 1975 y 2017, el número medio de hijos por mujer en Cantabria, en otras CCAA cercanas y a nivel estatal. Como se observa, a mediados de los 70, la media de hijos por mujer en España era cercana a 2,8, mientras que en Cantabria se aproximaba a 2,7. En los veinte años siguientes, estas cifras sufrieron una enorme caída. A mediados de los 90, el dato en nuestro país se encontraba por debajo de 1,15; en nuestra comunidad, llegó a rondar los 0,9. Durante los últimos años del S. XX y los primeros del XXI, estas cifras remontaron algo, impulsadas por la llegada de población inmigrante (más joven que la media de la población española). Sin embargo, a partir de la crisis, la natalidad se ha vuelto a resentir. En 2017, último dato disponible, el número medio de hijos por mujer se ha situado en 1,31 en España, y en 1,17 en Cantabria. Menos de la mitad que hace 40 años, y muy por debajo del umbral de 2,1, considerado como el necesario para posibilitar el reemplazo generacional. Un nivel del cual estamos, ya desde principios de los años 80, muy alejados.

El problema, aunque no es exclusivo de Cantabria, sí es particularmente grave en nuestra comunidad. Cantabria es la quinta CCAA con menor número de hijos por mujer y, también, la quinta en la que más ha caído este indicador en las últimas cuatro décadas (a mediados de los 70, nuestra comunidad se encontraba en una posición intermedia). De las CCAA de nuestro entorno, solo Asturias se encuentra ahora claramente por debajo. En Castilla y León, otra CCAA con una pésima evolución demográfica, la cifra es similar a la nuestra. Por el contrario, Navarra (desde finales de los 80) y el País Vasco (desde hace una década) han pasado a superar claramente a Cantabria e, incluso, a la media española de fecundidad. Son, sin duda, dos ejemplos interesantes, que habrían de analizarse más a fondo.

Para completar este análisis, el gráfico 2 muestra la evolución del número de hijos por mujer en España y en otros países de Europa Occidental. Se observan, claramente, dos grupos de países. Por un lado, los del Sur de Europa (España, Portugal, Grecia e Italia), junto con Irlanda, que partían de un mayor atraso económico y de una configuración muy tradicional de las familias y del papel de las mujeres. En estos países, la fecundidad era muy elevada hasta mediados de los 70: más de 2 hijos por mujer en Italia y en Grecia, más de 2,5 en Portugal y en España y cerca de 3,5 en Irlanda. En los veinte años siguientes, sin embargo, la caída de la natalidad en todos estos países fue enorme, y sus cifras no han remontado desde entonces. Actualmente, los países del Sur de Europa muestran la menor fecundidad del continente, y una de las más bajas del mundo, con menos de 1,5 hijos por mujer. En el lado contrario, la mayor parte de países del Norte y el Centro de Europa contaban a mediados de los 70 con cifras más modestas (entre 1,5 y 2 hijos por mujer). Sin embargo, casi todos estos países han mantenido ese nivel desde entonces, o incluso algunos lo han aumentado. Suecia y Francia, por ejemplo (con cerca de 2 hijos por mujer), constituyen ejemplos que demuestran que una sociedad moderna no debería estar reñida con la natalidad, como parece que tenemos asumido en el Sur de Europa.

De acuerdo con las proyecciones de población del INE, de continuar las dinámicas demográficas actuales, España perderá cerca de 1 millón de habitantes en los próximos 20 años. Habrá, además, casi 2 millones menos de niños de entre 0 y 15 años y, en cambio, unos 4 millones más de mayores de 65. En 50 años, el país habría perdido más de 5 millones de habitantes. Según las proyecciones del ICANE, en 20 años, Cantabria habrá perdido más de 50.000 habitantes, con un ritmo de reducción de la población (en términos relativos) casi 5 veces superior al estatal. Más de una veintena de municipios de nuestra comunidad perderán al menos una cuarta parte de su población en las dos próximas décadas.

La escasísima natalidad y, como consecuencia de ello, el envejecimiento y la despoblación, no son, por tanto, problemas irrisorios, ante los que quepa la indiferencia. No son, tampoco, una maldición bíblica, contra la que solo quepa la resignación. La experiencia reciente de países o CCAA cercanas demuestra que es factible lograr un moderado repunte de la natalidad, que permita modificar estas tendencias.

La resolución del problema, sin embargo, se enfrenta a tres obstáculos de gran trascendencia. En primer lugar, el fomento de la natalidad requiere recursos, pero solo ofrece soluciones a largo plazo. Es exactamente el tipo de actuaciones de las que tienden a huir nuestros políticos, obsesionados con horizontes electorales a mucho más corto plazo. En segundo lugar, las políticas de natalidad, al menos en nuestro país, se han quedado huérfanas. Durante décadas, la dictadura franquista abusó en su retórica de la exaltación de la natalidad. Como con tantas otras cuestiones, ello acabó contribuyendo a desgastar el tema. Aún hoy, para buena parte de nuestra sociedad, la preocupación por la natalidad tiende a sonar como algo demasiado antiguo o rancio como para incluirlo entre nuestras prioridades.

A todo ello habría que sumar un tercer factor, aún más importante. La natalidad es una cuestión muy relacionada con otras dimensiones fundamentales de nuestra organización social, como el modelo de empleo y de uso del tiempo, las oportunidades para las mujeres y la red de protección social existente. Por ello, la natalidad no se va a recuperar solo con instrumentos modestos, como pequeñas subvenciones, sino que se requerirían también cambios sociales de gran calado en estas dimensiones. La desaparición de la discriminación que sufren las mujeres, que aún se ven obligadas a elegir entre tener una familia o desarrollar una carrera profesional exitosa, como reflejan las preguntas sobre su vida privada en entrevistas de trabajo. El desarrollo de una red pública de centros educativos para niños de 0 a 3 años, que evite que todo el peso de atender a sus necesidades siga recayendo en las familias. Y, muy especialmente, el cambio del modelo de empleo y de relaciones laborales que se está consolidando en nuestro país. Es una urgencia social erradicar la falta de trayectorias profesionales estables, la absoluta incertidumbre laboral o los salarios de miseria que sufren millones de jóvenes, porque coartan sus oportunidades de vida y, con ello, están también empezando a poner en riesgo el futuro de nuestras sociedades. Necesitamos, también, empleos compatibles con la vida familiar, evitando las jornadas maratonianas, y enfocándose más hacia la productividad que hacia la mera presencia física. Más y mejores oportunidades laborales, menos incertidumbre, más tiempo libre, menos discriminación de las mujeres y más Estado del bienestar, en definitiva, como ocurre en los países más avanzados de nuestro entorno, y a los que les va mejor que a nosotros, también, en materia de natalidad.

¿Abordaremos de una vez la necesidad de impulsar el reemplazo generacional en nuestro país y, en particular, en comunidades particularmente amenazadas como la nuestra? ¿Podremos los jóvenes optar por ser padres, libres de trampas como la precariedad laboral o la falta de oportunidades para la conciliación? ¿Nos detendremos a reflexionar sobre qué estamos haciendo mal al elegir nuestras prioridades colectivas, hasta el punto de (como también está ocurriendo con los problemas medioambientales) hacer que nuestras propias sociedades puedan llegar a ser insostenibles? ¿Seguiremos pensando que estos problemas se arreglarán solos, o que ya los resolverán próximas generaciones en el futuro, cuando ya las soluciones lleguen demasiado tarde? Son preguntas que, en este momento de mi vida, no puedo evitar hacerme. Me pregunto, también: ¿soy el único en hacérmelas?

En mi artículo del mes pasado analicé cómo ha evolucionado el empleo en Cantabria en la última década, en comparación con otras comunidades autónomas. Varios lectores me comentaron, con mucha razón, que dicho análisis estaba incompleto: faltaba analizar la calidad de ese empleo, el tejido productivo. Ocurre que, para no extenderme demasiado, he de acotar su contenido. Hay cuestiones, además, que tienen tanta entidad que requieren un análisis propio. Este es uno de esos casos.

En este artículo, como complemento al del mes pasado, analizo cómo ha evolucionado la calidad del tejido productivo de Cantabria. Lo hago, además, al hilo del buen dato que, para nuestra comunidad, ha reflejado la Contabilidad Regional del INE: en 2017, el crecimiento de Cantabria superó (en una décima) a la media nacional, algo que no ocurría desde 2001. Se trata, por tanto, de un buen dato dentro de una mala tendencia previa. Y es esto, precisamente, lo que pretendo analizar.

Centraré mi análisis en un indicador clave: la productividad del trabajo. Ésta se calcula como el valor medio de la producción por trabajador. Por tanto, un mayor nivel de productividad indica un mayor valor añadido medio de los puestos de trabajo existentes; una mayor calidad del tejido productivo, en definitiva.

El gráfico 1 muestra la evolución, desde el año 2000, de la productividad por trabajador, a precios reales (esto es, descontando el incremento de los precios) en Cantabria y las comunidades más cercanas, así como en el conjunto de España y de la UE-28. Como se observa, la productividad en España ha crecido, en el conjunto del periodo, bastante menos que la media europea, de forma que la distancia entre ambas ha aumentado de 5,6 puntos a 9,3. En Cantabria, la evolución de la productividad ha sido aún peor: mientras la brecha entre nuestra comunidad y la media europea era de solo 3,8 puntos en el año 2000, ha crecido hasta los 12,3 en 2017.

A comienzos de siglo, la productividad de la economía cántabra se encontraba casi 2 puntos por encima de la media española; ahora, está 3 puntos por debajo. Durante el periodo previo a la crisis, la productividad en España se mantuvo estancada, mientras que en Cantabria incluso disminuyó. El crecimiento se basaba en la creación de empleo de baja calidad, muy propicio a evaporarse bruscamente, como ocurrió después. Tras la crisis, el error va camino de repetirse.

Algunas autonomías cercanas, en cambio, muestran una mejor evolución de la productividad. País Vasco, ya por encima de la media europea en el año 2000, ha sido incluso capaz de aumentar esa diferencia. Navarra, por su parte, que inició el siglo claramente por debajo de la media europea, ha sido capaz de alcanzarla. Castilla y León, mientras, tenía en el año 2000 la menor productividad de todas las comunidades de nuestro entorno, pero fue en los primeros años del siglo capaz de alcanzar a Asturias y a Cantabria. La comunidad asturiana muestra, junto con la nuestra, el mayor estancamiento de la productividad de entre todas las cercanas.

Nuestra comunidad, en definitiva, tenía en el año 2000 un tejido productivo comparable, en cifras de productividad, al de Navarra; en las dos últimas décadas, Cantabria se ha quedado claramente rezagada de dicha autonomía, ha sido alcanzada por Castilla y León y ha visto distanciarse a otras dos referencias clave como la media europea y la vecina comunidad del País Vasco.

Lo ocurrido con la productividad tiene una gran relación con la composición del tejido productivo. El gráfico 2 muestra el valor medio de la productividad por sectores, en Cantabria, España y la media de la UE-28. Los datos hacen referencia al año 2016, el último para el que están ya disponibles cifras desagregadas por sectores.

De este gráfico destaco dos cuestiones. Una, que el sector más productivo de la economía cántabra es, con diferencia, la industria. La productividad de nuestra industria es, incluso, casi 5 puntos superior a la media de la industria europea. El segundo elemento a destacar hace referencia a los servicios, donde ocurre justo lo contrario: su productividad en Cantabria es inferior a la media de la economía y, lo que es más importante, casi 15 puntos inferior a la que tiene el sector a nivel europeo.

Para completar el diagnóstico, el gráfico 3 muestra cómo han evolucionado, en Cantabria, el empleo (las líneas discontinuas) y la productividad (las líneas continuas) de cada sector desde el año 2000, tomando los datos de dicho año como referencia (igual a 100).

La industria (en color rojo) muestra, en el conjunto del periodo, el mayor aumento de la productividad: en torno a un 20%. Sin embargo, la productividad en la industria solo aumentó desde 2009, coincidiendo con una notoria destrucción de empleo en el sector. Nuestra industria no ha sido, en lo que llevamos de siglo, capaz de compatibilizar el crecimiento de su productividad con el aumento del empleo (y ni siquiera con el mantenimiento del mismo). Pese a ser nuestro mejor sector en cuanto a productividad, tenemos actualmente un 12% menos de empleo industrial que en el año 2000.

En los servicios (en color amarillo), el empleo ha crecido sustancialmente en el conjunto del periodo: más de un 30%. En cambio, la productividad del sector no solo no ha aumentado, sino que, incluso, ha decrecido. Los servicios concentran ya tres cuartas partes de los puestos de trabajo existentes en Cantabria. El problema es que su crecimiento, a diferencia de que ocurre en las regiones más avanzadas de Europa, se basa en actividades de baja productividad.

Completan el tejido productivo, por un lado, el sector primario, en el que durante las últimas décadas se ha reducido enormemente el empleo y, en menor medida, la productividad, de forma que su peso en nuestra economía ha caído sustancialmente. Y, por otro lado, la construcción, cuyas cifras han venido marcadas por la burbuja inmobiliaria: notable crecimiento del empleo durante el apogeo de ésta y desplome tras su estallido.  

En definitiva, los problemas de nuestra economía se resumen en que tenemos, por un lado, una industria que, a pesar de ser bastante productiva, ha perdido peso; y, por otro lado, un sector servicios que concentra la creación de empleo, pero dentro del cual predominan (y, además, de manera creciente) las actividades de baja productividad. Este modelo, característico de la economía española durante las últimas décadas, pero que se dibuja con particular crudeza en Cantabria, solo se sostiene condenando a cada vez un mayor porcentaje de la población a la precariedad laboral y a un bajo nivel de ingresos.

Según el ICANE, el año pasado se registraron en Cantabria casi 257.000 contratos, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en unas 5.800 personas (esto es, unos 44 contratos por cada empleo creado). Según un estudio de FEDEA, el número de contratos de menos de una semana de duración ha pasado en los últimos años, en España, del 15% del total a cerca del 30%. En Cantabria, según un informe de UGT, casi el 38% de los contratos firmados el pasado verano tuvieron una duración inferior a una semana.

Según la última Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial, en Cantabria, el 25% de los trabajadores peor pagados del sector servicios ganaba menos de 11.027 euros brutos al año; el 10% peor pagado, menos de 6.189 euros (a nivel nacional, 12.279 euros y 6.983 euros, respectivamente). El salario mediano (esto es, el situado en el punto medio de la distribución) en los servicios es, en nuestra Comunidad, de 17.061 euros, 1.400 por debajo del promedio estatal; en cambio, el de la industria es de 25.000 euros, unos 1.700 por encima de la media española.

Una especialización en actividades de baja productividad implica menores ingresos para los trabajadores, a la vez que menor valor añadido para las empresas; menor capacidad de consumo de la población y, con ello, menor actividad en otros sectores; menor recaudación impositiva y, con ello, menor capacidad para financiar las políticas públicas en el territorio. Dicho modelo implica, en definitiva, vivir peor. Lo contrario de lo que debería perseguir la economía.

Cantabria, sin embargo, tiene mimbres para hacer las cosas mejor. Los datos muestran que la receta para ello debería tener dos ingredientes: por un lado, incrementar el peso de nuestro sector industrial, sin perder su relativamente elevada productividad; y, por otro lado, cambiar profundamente el foco de nuestro sector servicios, orientándolo a actividades de más valor añadido y mayor productividad. Para estos retos, tenemos que mirar hacia dentro: por ejemplo, al potencial que tenemos en los cientos de jóvenes altamente formados que se nos van cada año; o a averiguar qué factores hacen que una industria tan productiva haya menguado en lugar de crecer. Pero, sobre todo, tenemos que mirar de una vez hacia fuera, dejando de creer que somos el centro del universo: ¿Qué estrategias y qué actividades están funcionando en otras regiones europeas? ¿Por qué nuestra economía, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, lleva tantos años sin abrirse al exterior e incrementar el peso de las exportaciones?

El dato de crecimiento de Cantabria en 2017 es, al menos, un motivo para la esperanza. Vino liderado por la industria, que creció en torno a un 7%. ¿Será este crecimiento flor de un día, un mero efecto rebote derivado de la recuperación posterior a la crisis? ¿O estaremos ante el punto de inflexión que marcará un cambio de tendencia? De momento, a la espera de próximos datos, más nos valdría tomarnos todos en serio estas cosas porque las mejoras, si llegan, difícilmente lo harán por casualidad.

En los últimos tiempos nos estamos acostumbrando, en Cantabria, a que las noticias sobre la marcha de nuestra economía y nuestro mercado laboral nos trasladen emociones fuertes. Cada vez que sale el dato de paro o de afiliación a la Seguridad Social en el último mes, o la Encuesta de Población Activa del último trimestre, parece que nos hemos convertido en los campeones de España o, por el contrario, en un desastre sin paliativos que se encamina al naufragio. Llegamos incluso a pasar, en días, de una de esas sensaciones a la opuesta. Tampoco ayuda a aclarar la confusión el discurso político, propenso a marear las cifras hasta que dibujen la mejor o la peor de las realidades posibles, según la conveniencia de cada uno. Ni los medios de comunicación: obviamente, un titular como “un mes más, continuamos en la mediocridad” resultaría mucho menos atractivo que otro como “nos situamos a la cabeza en…” o “nos hundimos en los últimos puestos de…”.

El objetivo de este artículo es contribuir a dar una respuesta lo más clara y realista posible a la pregunta inicial: ¿cómo le está yendo, más allá de los juegos dialécticos, al empleo en Cantabria? Para el análisis, parto de dos premisas que lo simplificarán mucho. Primero, hemos de ponernos las gafas de ver de lejos. Esto es, no obsesionarnos con el dato del último trimestre, mes, semana o minuto, sino tratar de entender cuáles son las tendencias existentes a más medio y largo plazo. Esto es especialmente importante en una comunidad con un modelo económico excesivamente basado en el turismo y la hostelería donde, como detallé en otro artículo, se está creando mucho empleo en verano, el cual se destruye rápidamente después. Y segundo, voy a preferir analizar el número de ocupados al número de parados. Este último y, con ello, la tasa de paro, se puede reducir fundamentalmente por dos vías: una, positiva, porque los parados encuentren un empleo; la otra, negativa, porque se cansen de intentarlo y abandonen el mercado laboral, o se vayan a vivir a otro sitio. Como esta segunda circunstancia, lamentablemente, ha sido muy frecuente en España (y en Cantabria) en los últimos tiempos, prefiero utilizar el otro indicador: el número de ocupados; esto es, cuantas personas, realmente, tienen un empleo. El número de ocupados también tiene sus limitaciones, dado que no permite analizar la calidad del empleo: los salarios, el tipo de contrato, el número de horas trabajadas, la discontinuidad… Se trata de temas tan relevantes que les dedicaré, de manera específica, un próximo artículo.

Me centro aquí, por tanto, solo en la evolución del número de ocupados. El gráfico 1 recoge cómo ha evolucionado entre 2007 y 2017, en Cantabria y en España, la media anual de ocupados, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa. Para facilitar la comparación, se toma como referencia el dato de 2007, que se hace equivaler, en ambos casos, a 100. Como se observa, en la última década se distinguen dos fases muy diferenciadas: hasta 2013 tuvo lugar una intensa destrucción de puestos de trabajo; mientras, desde 2013 se viene produciendo un crecimiento del empleo que, no obstante, sigue siendo claramente insuficiente como para recuperar todo lo perdido con anterioridad.

En la primera fase, a Cantabria, como al resto de España, le fue muy mal en lo que respecta al empleo. No obstante, a nuestra comunidad le fue un poco menos mal: entre 2007 y 2013, en Cantabria se destruyó un 15% de los puestos de trabajo existentes, mientras que a nivel estatal la destrucción fue de cerca del 17%. En cambio, a partir de 2013, la recuperación le está yendo peor a Cantabria: en los últimos 4 años, en nuestra comunidad el empleo ha crecido alrededor de un 5,5%; a nivel nacional, lo ha hecho más de un 8%. Si se suman las dos fases, la evolución en el conjunto de la década ha sido bastante similar: el conjunto de España tuvo, en 2017, un 8,5% menos de ocupados que hace 10 años; en Cantabria la caída ha sido ligeramente mayor, un 9,4%.

El gráfico 2 ofrece una perspectiva adicional, que confirma el mismo diagnóstico. Dicho gráfico representa la tasa de variación interanual (en porcentaje) del número de ocupados en Cantabria y en España. Sin haber grandísimas diferencias, si se observa cómo, en general, entre 2008 y 2012 el empleo mostró mejores resultados en nuestra comunidad que los del conjunto del Estado; mientras, desde 2013 ha tendido a ocurrir lo contrario.

Pero, más allá de la comparación con la media nacional, ¿qué tal le ha ido al empleo en Cantabria, en la última década, en comparación con otras comunidades? La tabla 1 muestra, tomando datos de 2017, cuánto empleo le falta a cada autonomía para recuperar el nivel que tenía en 2007, expresado tanto en porcentaje como en número de puestos de trabajo (en miles).

Como se observa, Cantabria ocupa una posición media-baja en esa tabla: es la décima comunidad que más empleo ha perdido, en términos porcentuales, en la última década (un 9,4%). No obstante, se observa también cómo dicho porcentaje no es muy distinto al de las comunidades de nuestro entorno: Asturias (también un 9,4%), el País Vasco (un 9,6%) o Castilla y León (un 10,2%). Junto a Baleares, que ya ha superado el nivel de ocupación que tenía en 2007, solo Canarias, Navarra y Madrid están al menos un punto más cerca de hacerlo que Cantabria.

No tiene Cantabria, en definitiva, una situación mucho más grave que otras autonomías, una tendencia particularmente negativa que nos esté encaminando hacia el hundimiento irremediable. Los datos de nuestra comunidad, no obstante, tampoco son buenos. Durante los peores años de la crisis sufrimos, en línea con lo ocurrido en el resto de España (aunque con algo menos de virulencia que en otras zonas), los efectos del descarrilamiento de un modelo económico con pies de barro, excesivamente basado en actividades de baja productividad como la construcción, en la especulación con el precio del suelo y en la creación de empleos precarios y temporales, que desaparecieron con el primer vendaval fuerte.

Después, desde que en 2013 comenzara la recuperación de la economía, las cifras de nuestra comunidad han tendido a situarse sistemáticamente por debajo de la media estatal. Parece como si no acabáramos de encontrar nuestro sitio. Ni el turismo, por mucho que nos empeñemos, es nuestro punto fuerte (como mucho, nos mostramos capaces de atraer a turistas nacionales, y durante un corto periodo del año), ni nuestra histórica fortaleza industrial amaga siquiera con reverdecer, ni avanzamos tampoco en el desarrollo de actividades de servicios intensivas en conocimiento, que constituyen el mayor nicho de creación de empleo en Europa.

A Cantabria le siguen faltando cerca de 25.000 puestos de trabajo para alcanzar el nivel que tenía en 2007 (en España, faltan más de 1,7 millones); además, como en el resto del Estado, los empleos que se están creando son, en general, inestables y de baja remuneración.

La situación, por tanto, supone una señal de atención, que requiere reflexionar muy seriamente acerca de cómo podemos mejorar los resultados de nuestra economía: crear más empleo pero, también, crear empleo de más calidad y más estable. No hay justificación, en cambio, para pensar que los problemas generados por la crisis (ni tampoco otros ya existentes con anterioridad a la misma) han quedado solventados, como tampoco para entrar en un estado de pánico o de desánimo absoluto. No deberíamos pensar que estamos tan arriba, ni tan abajo, y tampoco pensar una cosa una semana y lo contrario la siguiente. Lo que sí creo que tenemos que pensar es que depende de nosotros, en parte, que el futuro sea al menos algo mejor que el presente.

Todos los años, por estas fechas, sucede. Te los encuentras por la calle, una y otra vez. Escriben a tu teléfono móvil. Algunos, incluso, quedan contigo para tomar una caña, o coincidís en una cena. Dan lugar a momentos alegres, pero con un fondo melancólico. Son arquitectos, ingenieros de todo tipo, economistas, científicos, creativos publicitarios…

Tienen en común, al menos, cuatro cosas. La primera es que nacieron y, en muchos casos, se formaron aquí. La segunda es que son excelentes profesionales, capaces de desarrollar tareas que pocos pueden hacer. La tercera es que son jóvenes, con ganas y con tiempo por delante para desarrollar una buena carrera profesional. Y la cuarta es que, para poderlo hacer, se han tenido que ir a otros lugares. Algunos, porque así lo han querido; pero los más, porque no han tenido otra opción.

Son nuestros primos, nuestros amigos o los de nuestras parejas, nuestros antiguos vecinos, nuestros compañeros de estudios. Para los que somos profesores, son también muchos de nuestros antiguos alumnos. Son, en definitiva, buena parte de las personas con más talento y conocimientos nacidas en Cantabria durante varias generaciones. Y constituyen, sin duda, uno de los principales potenciales económicos de nuestra comunidad y, a la vez, seguramente el más desaprovechado.

¿Existen cifras que reflejen este fenómeno? ¿Cuántas personas y, en particular, cuántos jóvenes abandonan cada año Cantabria en busca de mejores oportunidades laborales? Para responderlo, es preciso revisar los datos sobre migraciones del Instituto Nacional de Estadística.

En primer lugar, en el gráfico 1 se representa el saldo migratorio de Cantabria (esto es, la diferencia entre las personas que han llegado a nuestra comunidad y las que se han ido) tanto con otras autonomías españolas (en color rojo) como con el extranjero (en color azul), entre 2008 y 2016. Hacen referencia a los datos de las personas con nacionalidad española, para distinguir la cuestión a analizar de otra que requeriría un estudio específico: las personas de otras nacionalidades que han retornado a sus lugares de origen como consecuencia de la crisis.  

Los datos muestran que, en relación a otras comunidades, Cantabria contó entre 2008 y 2010 con un saldo migratorio positivo (esto es, fueron más las personas que llegaron que las que se marcharon); dicho saldo se volvió negativo entre 2012 y 2015, y ha vuelto a ser positivo en 2016. En relación al extranjero, el saldo de Cantabria fue prácticamente cero hasta 2010, mientras que se tornó claramente negativo a partir de entonces. En el conjunto del periodo 2008-2016, siempre considerando solo las personas con nacionalidad española, llegaron a Cantabria desde otras comunidades unas 550 personas más de las que se fueron; al extranjero, se fueron unas 2.100 más de las que llegaron.

Estos datos resultan mucho más preocupantes si se desagregan por grupos de edad (gráfico 2): el saldo migratorio para los grupos de mayor edad (de 50 a 64 años y, en especial, el de los mayores de 64) ha sido en Cantabria, en el periodo analizado (2008-2016), claramente positivo; por el contrario, para los grupos de adultos jóvenes (de 20 a 29 años y de 30 a 39), el saldo es, aún de manera más intensa, notoriamente negativo.

En los últimos nueve años, como consecuencia de estos flujos, nuestra comunidad ganó unos 600 habitantes de entre 50 y 64 años y unos 1.000 de más de 64 años; en cambio, perdió unas 1.800 personas de 20 a 29 años, y cerca de 1.500 de entre 30 y 39 años. Cantabria, en definitiva, se muestra capaz de atraer población de avanzada edad, en particular procedentes del resto de España. Sin embargo, cuenta con una dificultad aún más marcada para retener a su población más joven, que se va tanto a otras autonomías como al extranjero.

¿Es la pérdida de población joven un problema particular de Cantabria o compartido con otras comunidades? El gráfico 3 muestra el saldo migratorio acumulado por cada autonomía española en el periodo 2008-2016, para las personas de nacionalidad española de entre 20 y 39 años, expresado en relación a su población total (en tanto por mil).

Respecto al extranjero, el saldo de todas las comunidades ha sido negativo. En un contexto de fuerte crisis económica, las autonomías españolas han perdido, debido a migraciones al extranjero, en torno a 3 jóvenes por cada 1.000 habitantes totales. En Cantabria, la pérdida por este factor ha sido similar a la media.

Las mayores diferencias se observan al analizar las migraciones de jóvenes entre comunidades. Dos de ellas aparecen como claramente receptoras de jóvenes de otros lugares del Estado: Baleares y Madrid. En mucha menor medida, también Cataluña y Navarra atraen a más jóvenes de los que expulsan. Cantabria, en cambio, se encuentra entre las comunidades con un saldo negativo respecto al resto de España: en el periodo analizado, nuestra comunidad perdió por este factor alrededor de 2,7 personas de 20 a 39 años por cada 1.000 habitantes (una pérdida similar a la de los flujos con el extranjero).

El dato de Cantabria es el sexto peor de todas las comunidades, a un nivel similar al de Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Galicia. Mucho peores, no obstante, son los datos de pérdida de población joven con destino a otras autonomías en Andalucía, Asturias y, especialmente, Extremadura y Castilla y León.

La movilidad laboral de los jóvenes se puede entender mejor analizando el tipo de oportunidades laborales que les ofrece cada territorio. El gráfico 3 muestra también, referenciado al eje de la derecha, el salario medio anual de los trabajadores de entre 25 y 34 años en cada comunidad. En líneas generales, el salario medio de los jóvenes en las autonomías de donde estos están saliendo ronda los 16.000-17.000 euros brutos anuales (en Cantabria, unos 16.800 euros). Mientras, en tres comunidades receptoras es sensiblemente superior: Madrid, 20.900 euros; Navarra, 20.500 euros; y Cataluña, 19.900 euros.

Estas tres comunidades autónomas, por su especialización productiva, son capaces de atraer a muchos jóvenes cualificados, con una remuneración superior a la media. Madrid es la principal beneficiaria: en los últimos nueve años atrajo, en términos netos, a unos 82.500 jóvenes de otras comunidades españolas, muchos de ellos altamente cualificados. El caso de Baleares es diferente: la atracción de trabajadores jóvenes está vinculada a las oportunidades de empleo que ofrece allí la hostelería, no orientadas particularmente a personas cualificadas.

Los datos de migraciones dibujan una realidad preocupante en varias comunidades y, entre ellas, en Cantabria. Estamos perdiendo población y, más grave aún, perdemos particularmente mucha población joven. En consecuencia, nos enfrentamos a un serio problema de envejecimiento y despoblación que, como ha puesto de manifiesto un reciente estudio del ICANE, afecta especialmente al interior de nuestra comunidad.

Un elemento de preocupación adicional es que buena parte de los jóvenes que emigran son personas altamente cualificadas. La emigración de jóvenes cualificados implica que, mientras que la comunidad ha realizado una inversión en la formación de esa persona, los beneficios de esa inversión irán a otra comunidad (generalmente, más rica y dinámica) donde desarrolle su carrera profesional.

Las personas más cualificadas tienden a tener mayores salarios y, con ello, mayores niveles de consumo, lo cual impulsa la actividad y el empleo en otros sectores; asimismo, por su mayor renta, pagan más impuestos, lo que incrementa los recursos para financiar los servicios y políticas públicas; y, muy importante, generan también efectos positivos sobre la capacidad del territorio para atraer nuevas actividades de elevada productividad y, con ello, a más personas altamente cualificadas.

La comunidad de origen, además de perder estos beneficios, se queda con una población con mayor peso de las personas de edad avanzada, que requieren un mayor gasto para atender necesidades de cuidados sanitarios y de dependencia. Estas necesidades serán más difíciles de cubrir con los impuestos de unos trabajadores cada vez más escasos y con bajos salarios relativos, y dejarán menos recursos para destinar a políticas que puedan contribuir a revertir la situación (educación, infraestructuras, innovación, empleo, etcétera).

Si esto ocurre así, y no existen mecanismos compensatorios suficientes, el proceso se retroalimentará: las comunidades menos dinámicas se irán quedando cada vez más atrás, mientras que las más dinámicas concentrarán de manera creciente la actividad productiva y la población. Estos efectos fueron descritos ya hace décadas por el economista sueco Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía, que defendió un papel activo del sector público para compensarlos. Algo que se está dejando de hacer tanto en España como a nivel europeo, dando lugar a tendencias preocupantes.

La pérdida de jóvenes cualificados es, por tanto, un desastre a largo plazo. Cantabria no es la única comunidad que sufre este problema, ni tampoco la que lo sufre en mayor medida, pero ello no implica que no sea una cuestión esencial. Hemos de ser conscientes de su importancia. Por supuesto, no basta con ello, sino que necesitamos actuar decididamente para mejorar las oportunidades de vida de los jóvenes, tratando de que no se marchen tantos y de que retornen parte de los que se fueron.

Para ello, es fundamental mejorar las oportunidades y condiciones laborales, pero también otras cuestiones que inciden en la decisión de vivir en un lugar, como el acceso a la vivienda, la conciliación laboral y familiar, la red de servicios públicos y las alternativas para el ocio y las relaciones sociales. La mejora de las comunicaciones y de las facilidades para el trabajo a distancia son factores que favorecen que, cada vez más, vivir en un lugar como Cantabria pueda ser una opción para muchas personas. Habrá que contar también con la inmigración, que será necesaria para compensar parte de nuestra enorme carencia de población joven.

Es importante señalar, finalmente, que no estamos ante un problema exclusivamente de algunas comunidades, sino colectivo. Se requieren, por tanto, soluciones colectivas y coordinadas, en relación a lo cual el Estado no debería obviar su capacidad para introducir mecanismos compensatorios. El modelo de financiación autonómica, actualmente objeto de debate, debería desempeñar un papel clave para ayudar a solventar este tipo de desequilibrios y fomentar la cohesión territorial.

También a nivel europeo debería actuarse más decididamente para abordar estas cuestiones. Mientras tanto, un persistente goteo de jóvenes abandona cada año los países y las regiones que ofrecen menos oportunidades laborales, dejándolos, con ello, cada vez más abandonados a su (mala) suerte. Ante esta realidad, cada año, cuando llegan estas fechas, me pregunto si, en Cantabria, seremos capaces de conseguir que nuestras actuales y nuestras futuras generaciones de jóvenes no vuelvan solamente por Navidad.

En estas semanas se debate en el Parlamento de Cantabria el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, que ha presentado el Gobierno autonómico. Son, por ello, fechas en las que proliferan las cifras y las valoraciones acerca de las políticas que presta nuestra autonomía, marcadas por las alabanzas de unos y las críticas de otros.

Los Presupuestos recogen los planes de un Gobierno acerca de los ingresos con los que contará en el próximo ejercicio y los gastos a los que destinará esos recursos. No obstante, es importante puntualizar que son ni más ni menos que eso: un compendio de previsiones, que pueden luego distar, en mayor o menor medida, de lo que se lleve a cabo realmente. Entonces, ¿cuánto ingresa y cuánto gasta realmente nuestro Gobierno? El objetivo de este artículo es responder a esta pregunta, describiendo, además, cómo han evolucionado los ingresos y los gastos de Cantabria en los últimos años.

El gráfico 1 muestra la evolución de los ingresos no financieros contemplados en el Presupuesto de Cantabria (la línea azul discontinua) y de los que finalmente tuvieron lugar de acuerdo con la liquidación presupuestaria (la línea azul continua), la cual recoge la magnitud de los ingresos y los gastos una vez finalizado el año. Para los ingresos presupuestados la última cifra que se conoce corresponde a 2018, mientras que para los liquidados se limita a 2016 (el último año completo). El gráfico muestra también, como elemento de comparación, la evolución del PIB de nuestra comunidad (referenciado al eje de la derecha). Todas las cifras se expresan a precios constantes de 2008 (esto es, descontando el efecto de la inflación).

De este gráfico pueden extraerse tres conclusiones. En primer lugar, los ingresos reales de Cantabria se han situado sistemáticamente por debajo de los contemplados en el Presupuesto. Este desfase ha rondado, en general, los 100-120 millones de euros (M€), aunque llegó a acercarse a los 150 en 2011. La diferencia se ha debido, fundamentalmente, al incumplimiento de las previsiones de recaudación de algunos impuestos propios (en especial, los ligados a la compraventa de vivienda, muy afectados por la crisis del sector), a determinadas transferencias del Estado y a ingresos contemplados por venta de inmuebles que luego no se han llevado a cabo. La estimación al alza de los ingresos es una práctica habitual de las administraciones, dado que les sirve para permitirse incluir un mayor nivel de gastos en los Presupuestos. Sin embargo, una desviación importante respecto a las previsiones de ingresos llevará a que, a lo largo del ejercicio, los gastos no alcancen tampoco lo que figura en el Presupuesto.

En segundo lugar, el gráfico muestra también cómo, a pesar de la recuperación que viene produciéndose desde 2014, los ingresos no financieros del Presupuesto de Cantabria continúan, en términos reales (esto es, descontando el efecto de la inflación), sensiblemente por debajo de los valores previos a la crisis. En concreto, a precios equivalentes, los ingresos presupuestados en 2018 se encontrarán unos 170 millones de euros por debajo de los de 2008. Con lo observado en años anteriores, además, es muy improbable que la liquidación final de ingresos que efectivamente se produzca en el próximo año permita reducir esta brecha. Cantabria, por tanto, seguirá contando en 2018 con menos recursos, en términos reales, de los que tenía hace 10 años.

En tercer lugar, los ingresos de nuestra Comunidad han evolucionado, en estos 10 años, peor de lo que lo ha hecho nuestra economía (medida a través del PIB). Como se observa, con el estallido de la crisis los ingresos de Cantabria cayeron sustancialmente más, incluso, de lo que lo hizo el PIB. Esto se debió, fundamentalmente, a la conjunción de una fiscalidad insuficiente y demasiado dependiente del sector inmobiliario con la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica, que conllevó una sensible disminución de las transferencias procedentes del Estado. Desde 2014, aunque los ingresos de Cantabria se están recuperando, no lo están haciendo a un ritmo superior al del PIB, por lo que la distancia entre ambas variables generada con la crisis persiste.

El gráfico 2 reproduce la misma información, pero en lo que respecta a los gastos no financieros: la línea roja discontinua, los contemplados en los Presupuestos (hasta 2018); la línea roja continua, los efectivamente liquidados a cierre del ejercicio (hasta 2016); y la línea gris, el PIB. En este segundo gráfico se observa, primero, que los gastos liquidados se han encontrado sistemáticamente, como ocurría con los ingresos, por debajo de lo presupuestado (salvo en 2012, por un elemento puntual como fue el plan de pago a proveedores).

No obstante, la desviación en los gastos ha tendido a ser algo menor que la de los ingresos, rondando los 80 millones de euros desde 2010 (con un pico de unos 110 en 2014). Las desviaciones han afectado especialmente a políticas fuertemente basadas en la inversión pública, un tipo de gasto que es más fácil cancelar que otros más ligados al funcionamiento ordinario de la administración. Por ejemplo, entre 2010 y 2014, el gasto final en infraestructuras fue unos 48 millones de euros menor que lo presupuestado; en agricultura, ganadería, pesca y alimentación, en industria y energía y en comercio y turismo la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado fue de unos 11, 9 y 7 millones de euros, respectivamente.

Las desviaciones también han afectado a otras políticas: empleo, donde se han gastado una media de 10 millones de euros menos de lo presupuestado; cultura y vivienda, donde la diferencia ha sido, en promedio, de unos 9 y unos 7 millones de euros, respectivamente; y, en determinados años, a los servicios sociales (donde la diferencia entre el gasto liquidado y el presupuestado superó los 20 millones de euros en 2013 y 2014), la educación y la I+D+i (donde superó los 30 y los 11 millones de euros, respectivamente, en 2012). En algunos casos, por tanto, el incumplimiento de los Presupuestos ha hecho que los recortes hayan sido, en realidad, incluso más graves de lo contemplado en los mismos.

La segunda conclusión que se desprende del gráfico 2 es que los gastos no financieros, a precios equivalentes, también continúan por debajo de los niveles de 2008, incluso si lo que se analizan son los contemplados en el Presupuesto. No obstante, si se toma el conjunto de la última década, la evolución de los gastos no ha sido tan mala como la de los ingresos: en términos reales, los gastos previstos para 2018 se encuentran unos 90 millones de euros por debajo de los de 2008, mientras que la caída de los ingresos es de unos 170 millones.

En la última década, de hecho, los gastos de nuestra comunidad han seguido una evolución similar a la del PIB, mientras que la de los ingresos ha sido peor. Si los gastos no han caído más ha sido por el recurso al endeudamiento, al que se han visto abocadas las comunidades autónomas durante los peores años de la crisis. Sin embargo, una vez finalizada la crisis, dado que la insuficiencia de ingresos persiste, acompañada de las crecientes limitaciones al endeudamiento impuestas por el calendario de reducción del déficit, la recuperación del gasto no está alcanzando, como se comprueba en el gráfico, el ritmo que muestra la recuperación del conjunto de la economía.

De los datos analizados en este artículo se deduce que, presumiblemente, casi todo lo que figura en los Presupuestos que se aprueben en el Parlamento de Cantabria se cumplirá. No obstante, ese “casi” introduce un matiz importante. Sistemáticamente, ni los ingresos ni los gastos de nuestra comunidad (al igual que ocurre habitualmente con casi todas las administraciones) alcanzan lo previsto en los Presupuestos. No obstante, la desviación en los primeros (que, en los últimos años ha rondado los 120 millones de euros, el 6% del Presupuesto) ha sido generalmente inferior a la de los segundos (en torno a los 80 millones, el 4% del Presupuesto). Ello explica el reiterado incumplimiento del objetivo de déficit presupuestario, calculado como la diferencia entre ingresos y gastos no financieros (junto con una serie de ajustes en términos de Contabilidad Nacional).

De todas formas, no debería preocuparnos tanto el incumplimiento del dichoso objetivo en sí (el cual recibe una excesiva, y casi obsesiva, atención política y mediática), sino las causas que subyacen: la insuficiencia crónica de recursos de nuestra comunidad, en particular, y del grueso de autonomías españolas, en general, que genera un estrangulamiento de la financiación de las políticas que prestan. Y que son, fundamentalmente, las correspondientes a los servicios públicos del Estado del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales, que suponen en torno a tres cuartas partes del presupuesto autonómico), junto con otras importantes competencias en lo que respecta a políticas económicas y sectoriales o materias como las infraestructuras y la I+D.

Los ingresos públicos autonómicos no están recuperando el terreno perdido durante la crisis al ritmo suficiente como para permitir que los gastos puedan recuperarse, al menos, al mismo ritmo que la economía sin tener que recurrir al endeudamiento. Por ello, en un momento en el que ya ha comenzado a discutirse la reforma de la financiación autonómica (y, de momento, con expectativas no demasiado positivas, precisamente, para Cantabria), hemos de reflexionar acerca de tres preguntas. Primero, ¿queremos una administración autonómica más pequeña (esto es, que haga menos cosas, o que las haga de manera menos ambiciosa)? Y, si es así, ¿qué cuestiones vamos a recortar? Segundo, ¿estamos dispuestos a pagar más impuestos en nuestra comunidad? Y, si es así, ¿quiénes, y cómo, lo van (lo vamos) a pagar? Y tercero, ¿queremos una financiación autonómica más dependiente del Gobierno central, o de las autonomías más ricas? Y, si es así, de nuevo, ¿quiénes, y cómo, lo van a pagar? (y cómo vamos a convencerles para que lo hagan).

En el actual escenario, estas tres preguntas no admiten tres 'no' por respuesta. Será necesario responder 'sí' a al menos una de ellas o, incluso, un 'sí' parcial a dos de ellas, o a una combinación de las tres. De qué decidamos depende no solo la sostenibilidad de nuestras autonomías, sino también nuestro modelo de sociedad, de Estado y de convivencia. No es poca cosa.

En mi artículo del mes pasado hice referencia a algunos resultados del estudio sobre la internacionalización de la economía de Cantabria que, por iniciativa de la Cámara de Comercio y en el marco de un proyecto europeo, hemos elaborado un grupo de profesores de la Universidad de Cantabria. Este estudio analiza una serie de claves de la situación y las perspectivas económicas de nuestra comunidad. De ellas, en este artículo me centraré en describir dos cuestiones: en primer lugar, la capacidad de las empresas de Cantabria para vender en el exterior; y, en segundo lugar, la relación entre dicha capacidad y el tamaño de nuestras empresas.

El gráfico 1 muestra la evolución, desde 2001, de las ventas al exterior (las exportaciones) en Cantabria y en las CCAA más cercanas, como porcentaje del PIB respectivo. Del gráfico pueden extraersedos conclusiones. En primer lugar, se diferencian dos CCAA con una elevada capacidad para vender sus productos al exterior (Navarra, cuyas exportaciones suponen casi el 45% de su PIB, y el País Vasco, donde superan el 30%) y otras tres con resultados sustancialmente más modestos (Cantabria y Castilla y León, que rondan el 19%, y Asturias, que se queda en el 16%). En segundo lugar, en cuanto a la evolución del indicador, nuestra comunidad muestra, en lo que llevamos de siglo, el menor incremento de las exportaciones en relación al PIB: apenas 1,2 puntos (del 17,5% en 2001 al 18,7% en 2016), frente a 7,4 en Navarra, 5,4 en el País Vasco, 4,5 en Castilla y León y 5,9 en Asturias.

En lo que llevamos de siglo, según datos del Banco Mundial, la actividad económica en España ha crecido un 22%; a nivel mundial, lo ha hecho casi un 52% (más del doble), mientras que las exportaciones mundiales han aumentado casi un 87%.Más del 40% de la nueva actividad económica generada en el mundo, en estos años, está ligada al comercio. Para adaptarnos a un escenario cada vez más globalizado, es fundamental (aunque no es lo único) tener la capacidad para vender nuestros productos en el exterior. Los datos de Cantabria, sin embargo, reflejan que no se está aprovechando lo suficiente el potencial que el sector exterior ofrece. Si las exportaciones de nuestra comunidad hubieran crecido, desde 2001, al mismo ritmo que en Navarra, nos habrían aportado unos 800 millones de euros más de lo que han hecho; de haber crecido al mismo ritmo que la media española, habrían supuesto unos 400 millones más. Esto último es, por hacernos una idea, el equivalente a la actividad económica anual en municipios del tamaño de Piélagos o El Astillero, o la suma de Reinosa y Cabezón de la Sal. Nada desdeñable, en definitiva.

La capacidad de exportar de una economía está muy relacionada con su estructura productiva y, también, con el tamaño de sus empresas. Con carácter general, cuanto menor sea el tamaño de una empresa, mayores dificultades tendrá para desarrollar las capacidades y contar con los recursos necesarios para exportar. De hecho, según datos de la OCDE, las empresas grandes concentran más del 60% de las exportaciones españolas, y las empresas medianas un 20% adicional, mientras que las más pequeñas contribuyen a apenas el 10%.

Ese tipo de empresas, grandes y medianas, constituyen la principal carencia del tejido productivo de España y, en particular, del de Cantabria. El gráfico 2 muestra el número de empresas existentes en Cantabria y en las CCAA más cercanas, en relación a su número de habitantes, para cinco tipologías de empresas, según su tamaño (de acuerdo con la clasificación oficial que hace la Unión Europea): las denominadas grandes empresas, que serían aquellas de más de 249 trabajadores; las medianas empresas, aquellas con entre 50 y 249 trabajadores; las pequeñas empresas, entre 10 y 49 trabajadores; las microempresas, entre 1 y 9 trabajadores; y las empresas sin empleados. Todos estos datos se representan en relación a la media española (que, para mayor simplicidad, se hace equivaler siempre a 100).

Como se observa, para las dos categorías de menor tamaño (las empresas sin empleados y las microempresas), el número de empresas con el que cuenta Cantabria es, en relación a su población, similar al de las CCAA cercanas y al promedio estatal. Las diferencias comienzan a aparecer en las denominadas pequeñas empresas (las que tienen entre 10 y 49 trabajadores) cuyo número en relación a la población es, en nuestra comunidad, solo ligeramente superior al de Asturias y Castilla y León, casi un 15% inferior a la media española y un 30-40% inferior al del País Vasco y Navarra. Para las medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores), Cantabria está alrededor de un 20% por debajo del promedio estatal, y un 60% por debajo del País Vasco y Navarra. En el caso de las grandes empresas, el dato de Cantabria es un 25% más bajo que la media española y también claramente inferior a los de Navarra y el País Vasco, si bien superior a los de Asturias y Castilla y León. Esta distribución de las empresas por tamaño explica que, según datos del ICEX, el último año solo una de cada 32 empresas cántabras exportó (a nivel estatal, una de cada 22); de ellas, además, apenas el 28% (poco más de 300 empresas) lo hizo por un valor superior a los 50.000€.

En España, en los últimos años, se ha insistido continuamente en la importancia del apoyo al “emprendimiento”. Ello, de manera equivocada, se ha trasladado al objetivo de tratar de crear el mayor número posible de las denominadas microempresas, llegándose a argumentar que ello permitiría solucionar nuestro gravísimo problema de desempleo. Sin embargo, la creación de más microempresas, aunque haya podido ser interesante para algunas personas, no es, ni mucho menos, la solución general a los problemas de nuestro país. El tejido productivo español no necesita más microempresas: su peso en el empleo en España es, ya, casi el doble del existente en Francia y más del doble del de Alemania; los esfuerzos en relación a estas microempresas habrían de centrarse no en crear más, sino en solventar determinadas dificultades que padecen las que ya existen. En cambio, lo que sí necesitamos es más empresas grandes (que, en nuestro país, solo suponen el 27,2% del empleo, frente al 38,6% en Francia y el 37,1% en Alemania) y medianas (el 13,3% en España, por el 15,6% en Francia y el 20,1% en Alemania). Las empresas más grandes tienen, en general, una mayor productividad y generan un tejido productivo sólido, algo que las microempresas, por si solas, no son capaces de hacer. Ilustrativamente, en España, el salario medio de los trabajadores de empresas grandes fue, en 2016, de 2.641€ mensuales, y el de los de empresas medianas, 2.253€; mientras, el de las microempresas fue de 1.363€. Un modelo productivo más avanzado, con más empleo de calidad y, también, con mayores niveles de internacionalización, necesitará, sin duda, más empresas de las denominadas “grandes” y “medianas”.

En Cantabria, dada la pequeña escala de nuestra comunidad, la clasificación de las empresas por su tamaño que utiliza la Unión Europea puede resultar llamativa, e incluso dar lugar a confusiones. Lo que la UE llama “pequeñas” empresas (de 10 a 49 trabajadores) son, para nosotros, empresas de un tamaño importante, cuyo número en nuestra comunidad ronda las 1.300. Lo que denomina “medianas” empresas (de 50 a 249 trabajadores) son, para Cantabria, empresas bastante grandes (de hecho, solo tenemos 191 de estas características). Y lo que llama empresas “grandes” (más de 249 trabajadores) son, para nosotros, más grandes aún (solo tenemos 37 de estas). La atracción de empresas de las denominadas “grandes”, aunque obviamente es muy deseable, no es sencilla, máxime en un contexto en el que la creación de este tipo de empresas no abunda, y el tamaño relativamente pequeño de nuestra comunidad. Por ello, gran parte de nuestras oportunidades, tanto presentes como futuras, se basarán en las denominadas “pequeñas” y “medianas” empresas (que, para Cantabria, como he señalado, no serían ni tan “pequeñas” ni tan “medianas”). A este tipo de empresas habrá, por tanto, que prestar especial atención. A tratar de atraer más y, también, a impulsar el desarrollo de las ya existentes, en particular en aquellas cuestiones que, como la internacionalización, tengan un mayor potencial para el futuro de nuestra comunidad.

Parece difícil, estos días, escribir sobre alguna cuestión diferente a la del monotema de Cataluña. Sin embargo, me gusta siempre escribir desde la reflexión, y me resulta imposible no hacerlo desde la emoción al referirme a un lugar en el que he pasado dos grandes años de mi vida y al que sigo vinculado con tantos buenos momentos. Es, además, un tema sobre el que ya se están escribiendo bastantes cosas. Para reflejar cómo me siento, me basta con remitirme a lo que están diciendo autores como Jordi Évole, Iñaki Gabilondo, Ignacio Escolar, Roger Senserrich y Javier Gallego, por ejemplo. No he podido omitir una referencia al (mono)tema que más me preocupa, para pedir a los políticos de uno y de otro lado, y a las personas que los ponemos ahí, que no nos lleven al conflicto. Pienso, en todo caso, que no podemos dejar de hablar también de otros temas importantes, a lo cual dedicaré el resto de mi artículo.

Porque, a pesar de todo, la vida ha continuado. Esta semana, presentábamos el informe que he elaborado, junto con los profesores Daniel Díaz y Julio Revuelta, sobre la internacionalización de la economía de Cantabria. El estudio, desarrollado por iniciativa de la Cámara de Comercio, se enmarca dentro de un proyecto financiado por la Unión Europea, en el que participan otras seis regiones del continente. En un próximo artículo sintetizaré los principales resultados del informe, puesto que señala algunas de las claves para poder mejorar la economía de Cantabria. Hoy, pondré el acento en una cuestión previa, que surgió al iniciar el análisis. ¿Con qué factores contamos, en Cantabria, para tener éxito en la internacionalización?

Ser una economía competitiva es, ni más ni menos, estar integrado en los circuitos económicos internacionales de comercio e inversión y ser capaz de vender tus productos fuera de tu territorio. Esto se puede lograr, básicamente, por tres vías (o mediante una combinación de ellas): una, hacer las cosas más barato que otros; dos, hacer las cosas mejor que otros; y tres, hacer cosas diferentes. Las estrategias para conseguirlo son muy diversas. Una opción que puede venir fácilmente a la cabeza es la de reducir los salarios, poniendo el acento exclusivamente en la primera vía (la de abaratar costes). Tiene como ventaja que puede ofrecer resultados a más corto plazo que otras alternativas. Sin embargo, su gran inconveniente es que lleva al empobrecimiento de los trabajadores (la gran mayoría de la población) y, con ello, de la demanda interna que sustenta a las empresas y a las economías en su conjunto. Es, por tanto, una vía inadecuada, que confunde los medios (la competitividad) con los fines (la calidad de vida de la población).

Necesitamos otras alternativas si, efectivamente, nuestro objetivo es vivir cada vez mejor. La estrategia económica de la Unión Europea, con la pretensión de conjugar la competitividad internacional con un modelo avanzado tanto económico como social, pone el acento en dos cuestiones: la educación y la innovación. La educación permite avanzar en la segunda vía para ser competitivos (hacer las cosas mejor), e incluso puede ayudar en la tercera (hacer cosas diferentes) y en la primera (hacerlas con menor coste). La innovación, por su parte, puede servir para avanzar en cualquiera de las tres vías, o en varias a la vez. El problema de la educación y la innovación es que sus resultados no se ven de manera inmediata, sino a largo plazo. El esfuerzo en innovación, en particular, tampoco garantiza el éxito: algunos proyectos saldrán bien, y otros no. Pese a todo, con carácter general, la inversión en estas dos cuestiones suele valer la pena. Educación e innovación son, de hecho, las claves que caracterizan a las economías más avanzadas de Europa.

La siguiente pregunta a resolver es saber cómo estamos en Cantabria en relación a estas dos cuestiones. El gráfico 1 muestra la situación de nuestra comunidad (en color rojo) y de las demás comunidades autónomas españolas (en color naranja), en cuanto a dos indicadores clave relativos a la educación (el porcentaje de ocupados con al menos educación secundaria superior, en el eje horizontal) y la innovación (el gasto total en I+D en el periodo 2011-2014, como porcentaje del PIB, en el eje vertical); el tamaño de las burbujas representa el tamaño de la economía de cada comunidad (el PIB). El gráfico 2 muestra esta misma información, pero comparando Cantabria y las demás autonomías españolas (en rojo y en naranja, respectivamente) con todas las regiones europeas (en azul).

Si se compara con el resto de comunidades españolas, la situación de Cantabria en lo que respecta al nivel educativo de su población es bastante buena: el porcentaje de ocupados con al menos educación secundaria superior en nuestra comunidad es del 70,5%, solo por detrás del País Vasco, Madrid, Navarra y Asturias. Aquí tenemos una fortaleza interesante, al menos dentro del contexto de España: nuestros niveles de lo que se denomina capital humano son suficientes como para tratar de enfocarnos más hacia actividades de mayor valor añadido, lo cual será más difícil en comunidades cuya población tenga un menor nivel educativo. En materia de innovación, en cambio, nuestra posición es más mediocre: solo País Vasco, Navarra, Madrid y, en menor medida, Cataluña, destacan con valores de gasto en I+D más elevados, mientras que Cantabria se sitúa, con un 0,99%, en línea con el grueso de las comunidades españolas.

La valoración de la posición de Cantabria y la del resto de comunidades españolas es mucho más negativa si se comparan con el conjunto de las regiones europeas. En lo que respecta a educación, en 222 de las 271 regiones para las que existen datos, el porcentaje de ocupados con al menos educación secundaria superior es mayor que el de Cantabria; en 182 de ellas, de hecho (dos tercios del total), supera el 80%. En cuanto a la innovación, Cantabria ocupa el puesto 162 de las 269 regiones europeas para las que existe información. En 66 regiones el gasto en I+D supera el 2% del PIB, tratándose de un grupo en el que se sitúan, con carácter general, las economías más avanzadas del continente. En cambio, las regiones donde este indicador muestra valores más bajos se encuentran, en general, entre las más atrasadas de Europa.

Por tanto, Cantabria, como el grueso de las comunidades españolas, se sitúa en el furgón de cola europeo en materia de educación e innovación, los dos elementos clave de la estrategia europea para tratar de hacer compatible el progreso económico y social y la competitividad internacional. Solo País Vasco, Madrid y Navarra se sitúan en parámetros más semejantes a los de las regiones europeas más exitosas. No por casualidad son, con diferencia, las tres comunidades con mayores niveles de actividad económica por habitante. El resto de autonomías, si no corregimos esta situación, nos vemos abocados a una especialización en actividades de valor añadido relativamente bajo, con la cual solo seremos capaces de competir internacionalmente por la vía de los bajos costes y, en concreto, de los bajos salarios.

Educación e innovación, más que los ingredientes de una receta mágica (que no existe), son un excelente termómetro de la salud del tejido productivo. El futuro va por ahí, si pretendemos seguir abriéndonos cada vez más al mundo y, a su vez, continuar mejorando nuestros actuales niveles de bienestar económico y social. Tratar de hacer las cosas mejor y, si es factible, ser capaces también de hacer cosas que otros no puedan hacer. Es por lo que decidieron apostar hace décadas en las regiones más avanzadas de Europa. Y son los frutos que, espero, podremos cosechar nosotros también, dentro de varias décadas, si apostamos por ello ahora.

Lo que está en juego no es llenar los hoteles el próximo fin de semana, sino favorecer nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos en esta tierra. Con ese objetivo, hemos de mirar más hacia arriba y, con ello, cambiar nuestra perspectiva.

A finales de los noventa, Televisión Española solía emitir una gala denominada “Murcia, ¡qué hermosa eres!”, que muchos recordamos haber visto durante escasos minutos, antes de optar por cambiar de canal. Se trataba de un programa de variedades, al más puro estilo de José Luis Moreno, que giraba en torno a las actuaciones de cantantes famosos y presentadores igualmente famosos, y que tenía como finalidad la promoción turística de la comunidad murciana. Pagado (y ahí radicaba la principal diferencia con los programas de José Luis Moreno) con dinero público murciano. Cuando observo determinadas actuaciones con las que, desde Cantabria, se está poniendo especial énfasis en la promoción turística de nuestra Comunidad (sirva como ejemplo el reciente concierto de Enrique Iglesias), me vienen a la cabeza aquellas galas murcianas. No dudo de las buenas o malas intenciones de estos esfuerzos, como tampoco de los que previamente hicieron desde Murcia. Lo que pretendo con este artículo es responder a dos preguntas más concretas: ¿qué tal le ha ido a Murcia con su modelo de desarrollo económico?; ¿es el modelo murciano una buena referencia para Cantabria?

El gráfico 1 muestra la evolución del PIB por habitante de Murcia desde el año 2000 a la actualidad, tomando como referencia la media española (igual a 100). El PIB por habitante es el indicador más habitual para medir el nivel de actividad económica en un territorio. Como se observa, Murcia tenía en el año 2000 un PIB por habitante alrededor de un 16% más bajo que la media estatal; desde entonces, la diferencia se ha profundizado, alcanzando el 19% en 2016. El gráfico muestra también el dato para Cantabria, donde la tendencia ha sido similar. Nuestra Comunidad partía en el año 2000 de un nivel económico inferior a la media española, aunque a mucha menor distancia que Murcia (menos de un 7%); en lo que llevamos de siglo, la brecha se ha incrementado hasta más de un 10%. En cambio, en el País Vasco, cuyo dato también muestra el gráfico, se observa justamente lo contrario: tenía inicialmente un PIB por habitante un 22% por encima de la media estatal y, desde entonces, la diferencia ha aumentado hasta acercarse al 33%.

Los resultados descritos anteriormente para Cantabria no se limitan a la comparación con estas dos comunidades en un periodo concreto. Los mapas 1 y 2, incluidos a continuación, muestran a todas las CCAA españolas según su PIB por habitante en 1980 (izquierda) y en 2016 (derecha), en relación al promedio estatal. En color verde, se representan aquellas con una renta superior a la española (con una tonalidad más oscura, cuanto más ricas); y, en color naranja, las situadas por debajo de la media (con una tonalidad más oscura, las más alejadas).

Cantabria tenía, hasta hace pocas décadas, un nivel económico notablemente superior a la media española. En 1980, a pesar de llevar ya varias décadas de declive relativo, su PIB por habitante era aún casi un 8% superior al promedio estatal, mientras que actualmente estamos un 10% por debajo. Esa caída de 18 puntos supone que Cantabria es la CCAA que menos actividad económica ha generado en los últimos 36 años en relación a su población, seguida por Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Por el contrario, entre las CCAA que más han aumentado su actividad económica destacan Madrid y el País Vasco, que ya partían de niveles muy altos, junto con Aragón; otras CCAA como Extremadura, Galicia y Castilla y León, partiendo de niveles bajos (en mayor medida la primera), se han acercado notablemente al promedio.

Desde mediados del S. XX, Cantabria fue perdiendo su fortaleza en los sectores industrial y primario, con un declive que se acentuó en la década de los ochenta. Posteriormente, nuestra Comunidad no ha sido capaz ni de revitalizar sus sectores otrora punteros ni de encontrar otros nuevos que le permitan recuperar el terreno perdido (algo que, por ejemplo, sí ha hecho el País Vasco, que también pasó por una severa crisis industrial), de forma que ha seguido perdiendo posiciones respecto a la media estatal. Si nuestra actividad económica hubiera crecido desde 1980 al ritmo al que lo ha hecho en el conjunto de España, sería actualmente casi 4.300€ por habitante más alta que la que tenemos; si hubiéramos mantenido la distancia que teníamos entonces con el País Vasco, el incremento sería de casi 4.800€. El modelo económico que surgió del declive de nuestros tradicionales motores no está funcionando. Y no lo hace porque los motores que han tomado el relevo son demasiado débiles.

El gráfico 2 describe el peso que tienen en el empleo los sectores de la industria (en color azul, más oscuro cuanto mayor sea su intensidad tecnológica) y los servicios (en color morado, más oscuro los más intensivos en conocimiento y más claro los restantes), en Cantabria, el País Vasco y Murcia.

En cuanto a la industria, mientras la de intensidad tecnológica muy alta tiene en general escaso peso, los resultados más interesantes se observan para la de tecnología media-alta: su peso en el empleo en Cantabria es del 3%, muy alejado del 9,1% en el País Vasco, y mucho más cercano al 2,4% en Murcia. Para la industria de tecnología media-baja, nuestra comunidad (5,8%) se encuentra en un punto intermedio entre la vasca (7,7%) y la murciana (3,3%). Finalmente, el mayor peso de la industria de intensidad tecnológica baja se observa en Murcia (6,2%), seguida de Cantabria (5,2%) y el País Vasco (3,6%).

Los servicios, por su parte, tienen un peso mayor en la economía de Cantabria que en las otras dos CCAA. Sin embargo, en lo que respecta a las ramas intensivas en conocimiento, su peso en nuestra comunidad (34,1%) es inferior al del País Vasco (36,2%), aunque notablemente superior al de Murcia (28,8%). Mientras, el peso de las ramas de servicios menos intensivas en conocimiento en Cantabria (40,1%) es muy superior al que tienen en el País Vasco (34,7%), y similar al de Murcia (39,7%).

La estructura productiva y los resultados económicos de Cantabria, en resumen, se parecen mucho más a los de Murcia, una comunidad lejana y económicamente modesta, que a los del País Vasco, comunidad vecina y mucho más boyante. Y lo hacen cada vez más. Cantabria, como Murcia, y al contrario que el País Vasco, muestra un predominio de actividades de servicios poco intensivas en conocimiento, junto con una carencia de industria de intensidad tecnológica media-alta. Esta estructura inadecuada explica nuestra pérdida de posiciones en materia de actividad económica. Los servicios intensivos en conocimiento y la industria de intensidad tecnológica media-alta son actividades con alto valor añadido, en las que se basa la economía y la creación de empleo en las regiones más exitosas de Europa. La cuestión del valor añadido es esencial porque las actividades que generan más valor permiten repartir más: salarios más altos, que a su vez refuerzan el consumo y la actividad en otros sectores (por ejemplo, el comercio); y mayores beneficios empresariales, con capacidad para traducirse en más inversión y, con ello, para sostener el crecimiento. En cambio, las actividades de bajo valor añadido, como las que están liderando la creación de empleo en Cantabria, tienden a basarse en puestos de trabajo precarios y mal remunerados para generar un beneficio empresarial que, además, suele ser limitado e insuficiente para dinamizar la actividad en el territorio.

Nuestro modelo económico, por tanto, no habría de ser el murciano. Primero, porque no es un modelo exitoso. Y segundo, porque nuestras características y capacidades son muy distintas. Por ejemplo, el clima y la temperatura del mar no son favorables para un turismo de sol y playa, condenado en Cantabria a un carácter extremadamente estacional. Tampoco nuestro relieve agreste y la singularidad de nuestro paisaje se prestan a la construcción masiva de viviendas utilizadas como segunda residencia, puesto que limita enormemente otros usos alternativos como el industrial o el disfrute de la naturaleza. En cambio, tenemos otras fortalezas, con las que no todas las regiones españolas o del mundo cuentan: el elevado nivel educativo de nuestra población, que merecería un mucho mayor esfuerzo para evitar la fuga de jóvenes en busca de oportunidades de empleo; nuestra herencia industrial, que habría que reformular para tratar de adaptarla al S. XXI; nuestra fortaleza en el sector servicios, donde habrían de potenciarse actividades intensivas en conocimiento (sin que ello signifique que tengan que desaparecer las restantes); o nuestra buena posición geográfica, cercana al núcleo de la economía europea y muy próxima a un polo de desarrollo como es el País Vasco. La comunidad vecina es, precisamente, un buen ejemplo al que mirar, al que tratar de aproximarse. No necesitamos, para ello, ni traer a cantantes famosos ni inventarnos galas televisivas. No necesitamos vender lo que no tenemos, sino creer en lo que sí tenemos y, sobre todo, en lo que podemos llegar a tener. Lo que está en juego no es llenar los hoteles el próximo fin de semana, sino favorecer nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos en esta tierra. Con ese objetivo, hemos de mirar más hacia arriba y, con ello, cambiar nuestra perspectiva.

“Y ahora, ¿de vacaciones hasta septiembre?”. Es la pregunta que, estos días, me hacen reiteradamente. Como respuesta, trato de explicar que el trabajo de un profesor universitario tiene dos componentes. Uno, el más conocido, es la docencia, que impartimos a lo largo del curso académico. El otro, no menos importante, y que no se limita al periodo lectivo, es la investigación: el desarrollo de trabajos en profundidad sobre temas muy específicos, que acaban plasmándose en publicaciones científicas, y que tienen como objetivo contribuir al avance del conocimiento en nuestra disciplina.

En mi caso, en los últimos años he participado en varios proyectos de investigación centrados en evaluar la provisión de servicios públicos desde la perspectiva de los ciudadanos. Los servicios públicos (o servicios de interés general, de acuerdo con la terminología europea) se definen como aquellos servicios que cumplen funciones destacadas de interés social. Estos servicios (entre los que se encuentran la electricidad, la telefonía, internet, el agua y el transporte) tienen en común que, con independencia de que su provisión sea pública o privada, el sector público ha de encargarse de garantizar los objetivos de interés general ligados a dichas funciones. Ejemplos de actualidad serían el acceso a internet en zonas rurales, o evitar los cortes de electricidad para las familias con menos recursos.

En un proyecto reciente, hemos extendido este enfoque al caso de los servicios bancarios, también entendidos como servicios de interés general. Los resultados de esta investigación, que he desarrollado junto con las profesoras Judith Clifton y Myriam García Olalla, han dado lugar a un artículo publicado hace unas semanas en la revista Journal of Economic Policy Reform el cual, por gentileza de la editorial, se puede consultar libremente. El punto de partida de nuestro trabajo son los graves problemas, puestos de manifiesto con la crisis, que han afectado a los ciudadanos como consumidores de servicios bancarios, dando lugar a una profunda pérdida de confianza en el sector. Entre ellos, en España han destacado casos como el de la comercialización de participaciones preferentes y el de las cláusulas suelo de las hipotecas. Estos problemas han sido particularmente relevantes para determinados grupos “vulnerables”. Como la vulnerabilidad es un concepto difícil de medir, en nuestros análisis utilizamos características tales como contar con un bajo nivel de estudios, tener una edad avanzada, encontrarse en desempleo o vivir en una zona rural, como indicadores de una “potencial vulnerabilidad”, o un mayor riesgo de afrontar situaciones de desventaja que requieran ser objeto de atención por parte de las políticas públicas.

El gráfico 1 muestra cómo, a nivel de la UE, el uso de los servicios bancarios entre estos grupos potencialmente vulnerables está menos extendido que en el conjunto de la población. Mientras el 85,7% de los europeos mayores de 14 años utiliza algún servicio bancario, y el 76% tiene una cuenta bancaria, las cifras son menores entre los que cuentan con estudios básicos o inferiores, los mayores de 64 años, los parados y los residentes en zonas rurales. ¿Es esto un problema? No necesariamente. No lo será si se debe a motivos voluntarios. Sí, en cambio, al menos desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, si se debe a motivos como que no pueden acceder a estos servicios, no pueden pagarlos o no pueden entender las condiciones que requieren, por ejemplo.

Analizar estas cuestiones se ha vuelto enormemente difícil, no ya solo para los servicios bancarios, sino para el conjunto de los denominados servicios de interés general. Las estadísticas al respecto prácticamente han desaparecido, a nivel europeo, en la última década. Esto refleja el cambio en la orientación de las políticas que se están aplicando en la UE y en muchos de los estados que formamos parte de ella: el énfasis en los derechos de la ciudadanía en relación a la provisión de estos servicios, previamente central, ha perdido mucha fuerza, dejando paso a políticas más enfocadas hacia el individualismo y la competitividad, que conciben a las personas más como consumidores que como ciudadanos. Sobre esta cuestión estoy, precisamente, preparando otro artículo de investigación.

Para encontrar datos sobre los problemas de los ciudadanos para acceder o para pagar los servicios públicos es necesario remontarse hasta el Eurobarómetro del año 2006 (el último de una serie de ellos que analizó estas cuestiones). El gráfico 2 muestra estos datos, en términos porcentuales y para distintos grupos socioeconómicos, para el caso de los servicios bancarios.

Los servicios bancarios presentaban problemas de accesibilidad para el 11,7% de los europeos. Estos problemas están ligados, fundamentalmente, a la lejanía física, pero también a otros factores como la falta de horarios adecuados, la incomprensión de los servicios existentes o la falta de medios de transporte. Los problemas de accesibilidad eran, como se observa, notablemente más frecuentes entre personas con bajo nivel educativo (16,6%), mayores de 64 años (15,5%), parados (14,9%) y residentes en zonas rurales (15,5%). En los últimos años, la tendencia al cierre de oficinas presumiblemente habrá agravado estos problemas en casos como el de las zonas rurales, un tema que merecería ser analizado en profundidad.      

Por otro lado, el 25,6% de los europeos señalaba que el precio de los servicios bancarios no era asequible o era excesivo. La cifra ascendía hasta el 30,1% para los que tenían únicamente estudios básicos, el 29,1% para los mayores de 64 años y el 34,7% para los desempleados. En general, cuanto menor es el nivel de recursos económicos de un ciudadano, más probable es que aparezca este tipo de problemas, bien porque las comisiones o tarifas resulten más difíciles de asumir o bien porque las condiciones ofrecidas por las entidades sean menos atractivas para ellos, una práctica bastante frecuente en otros países y que ha tendido también a proliferar en España en los últimos años.

Los problemas de acceso y de precio excesivo dificultan, o incluso llegan a impedir, el uso de los servicios de interés general. No obstante, también se detectan problemas de gran relevancia para los ciudadanos una vez usan dichos servicios. La detección de estos problemas, en el caso de los servicios bancarios, es, de hecho, el elemento central de nuestro artículo antes mencionado, aprovechando que, para los usuarios de los servicios, sí disponemos de fuentes de información más recientes. En nuestro artículo, nos centramos en dos grupos sociales particularmente vulnerables: las personas de edad avanzada y aquéllos que cuentan con un bajo nivel de estudios. Tomando una serie de indicadores desde el punto de vista de los usuarios de la banca (satisfacción, confianza o facilidad para comparar ofertas, entre otros), tratamos de detectar, con datos a nivel europeo, dónde existe una relación entre un peor resultado en estos indicadores y alguna de esas dos características.

Los resultados obtenidos, descritos en detalle en el artículo, se resumen en el gráfico 3. Para las personas de edad avanzada, los mayores problemas se detectan en lo que respecta a productos de inversión: los mayores de 64 años tienen un 34,5% más de probabilidad de haber sufrido un problema reciente con alguno de estos productos, un 6,9% menos de satisfacción y un 7,4% menos de confianza en la protección de los consumidores ante los mismos. Los mayores de 64 tienen también dificultades particularmente destacadas con las cuentas bancarias, donde su satisfacción es un 4,6% más baja y su dificultad percibida para cambiar de entidad, un 6,2% mayor. Finalmente, los problemas para las personas con un bajo nivel educativo se manifiestan especialmente con las hipotecas, donde su confianza en la protección de sus derechos es un 8,2% más baja y su dificultad para comparar distintas ofertas, un 5,4% más alta.

Los resultados de esta investigación reflejan que los ciudadanos ni somos iguales, ni tenemos las mismas dificultades de cara a la provisión de servicios de interés general. Somos heterogéneos, en gran medida debido a circunstancias como nuestros recursos económicos o cognitivos o nuestro lugar de residencia. Al tratarse de servicios con una gran relevancia social, las políticas públicas han de tener también en cuenta esta heterogeneidad. En el caso de los servicios financieros, la nueva directiva europea MiFID II es un paso positivo en esta dirección. Esta directiva va a requerir que los productos financieros estén mejor adaptados al perfil de los consumidores y a prohibir la comercialización de productos particularmente complejos o de riesgo. Veremos, no obstante, hasta qué punto es exitosa en la reducción de los problemas que, en este sector, hemos sufrido en los últimos años.

En otros servicios, sin embargo, no se observan avances de este tipo. Al contrario, la crisis ha servido para acrecentar una tendencia hacia la pérdida de derechos de los ciudadanos ante servicios como la sanidad y la educación, pero también otros como el transporte y el agua, y su desatención en el caso de nuevos servicios clave para la igualdad de oportunidades, como internet. Me preocupa el abandono progresivo del tradicional concepto de “servicios públicos”, y de su más reciente sucedáneo europeo (“servicios de interés general”). Me preocupa que, con ello, estemos dejando de ser “ciudadanos”, con sus derechos y sus deberes, para convertirnos más bien en “consumidores”, en “contribuyentes” o en “emprendedores”, en individuos cada vez más aislados de la sociedad de la que forman parte. Me preocupa la excesiva confianza en la mano mágica (que ya no solo “invisible”) del mercado como solución de todos los problemas, como me preocuparía una excesiva confianza en la del Estado. Son, todas ellas, cuestiones en las que los servicios públicos desempeñan un papel central, y que me interesa analizar en mi faceta investigadora. Aunque, volviendo a la pregunta con la que inicié este artículo, ese interés no impide que, como casi todo el mundo, esté también deseando que lleguen mis vacaciones.

No son buenos tiempos para las personas que vivimos de nuestro trabajo. Cantabria contó en 2016 con casi 30.000 empleos menos que 8 años atrás, según la EPA. A pesar de la recuperación económica, que cumple su tercer año, en nuestra comunidad hay actualmente un 11% de puestos de trabajo menos que en 2008. A nivel estatal, se han perdido alrededor de 2,1 millones de empleos este periodo (un 10%, en términos porcentuales). Además, en líneas generales, se han deteriorado notablemente las condiciones de los puestos de trabajo existentes, en particular de los ingresos que reportan (los salarios).

La caída de los salarios ha sido más notoria entre los segmentos de menor renta: como describí en otro artículo en este medio, uno de cada cuatro trabajadores cántabros gana menos de 12.700 euros brutos al año; uno de cada diez, menos de 7.200. En un momento en el que los salarios vuelven a situarse en el centro del debate público y la negociación colectiva, en este artículo dedico mi atención a describir cuál ha sido su evolución reciente, en Cantabria y en España, y cuáles son las claves para favorecer su incremento sostenible a largo plazo.

El gráfico 1 muestra la evolución, entre 2000 y 2015, de la remuneración media por cada hora de trabajo en Cantabria, España y la Unión Europea (UE). La remuneración de los asalariados se define como el total de pagos recibidos por los trabajadores, en salario o en especie, incluyendo también todas las cotizaciones a la Seguridad Social. Para calcular el indicador representado, lo divido entre el total de horas trabajadas en el año; y corrijo también el efecto de la evolución de los precios (esto es, lo expreso en su valor equivalente a precios actuales, lo que se denomina en términos reales).

En el conjunto de la UE, en el año 2000 un trabajador recibía, en promedio, el equivalente a 15,8 euros actuales por cada hora de trabajo. Como se observa, a nivel europeo dicha remuneración se ha incrementado de manera continuada, durante todo lo que llevamos de siglo, a un ritmo de aproximadamente el 1% anual. Un trabajador europeo medio ganó en 2015, en términos reales, casi un 17% más que 15 años atrás.

En cambio, la evolución de los ingresos de los trabajadores en España y en Cantabria ha sido mucho menos positiva. Como recoge también el gráfico, únicamente se incrementaron de manera destacada entre 2007 y 2009, coincidiendo (paradójicamente) con el estallido de la crisis. Esto se debió fundamentalmente a un efecto estadístico: en esos años se destruyó mucho empleo, en gran medida ligado a contratos temporales y con salarios inferiores al promedio, por lo cual la media de los salarios creció. Pero más allá de este periodo excepcional, los ingresos reales de los trabajadores se han mantenido prácticamente estancados tanto en Cantabria como en España: no aumentaron en los años de crecimiento previos a la crisis, ni tampoco lo están haciendo en la actual fase de recuperación, tras haber caído notoriamente en la segunda parte de la crisis. En consecuencia, la brecha entre los ingresos/hora de un trabajador medio español y uno europeo se ha profundizado sensiblemente. Aún mayor es la diferencia en la remuneración por hora entre un trabajador cántabro y la media de la UE, que ha pasado del 13% en el año 2000 a más del 17% en 2015.

Por tanto, en España y, en particular, en Cantabria, a diferencia de lo que se observa en buena parte de Europa, no solo las oportunidades de empleo escasean, sino que los salarios apenas crecen. No es, seguramente, el escenario que soñaron nuestros abuelos para el futuro, ni el que desearíamos nosotros para nuestros nietos. En la senda del progreso económico y social estamos más bien estancados e, incluso, algo perdidos. ¿Cuáles pueden ser las claves para retomar dicha senda con paso decidido?

Un concepto clave para el análisis económico es la productividad. La productividad mide cuál es el valor de lo que se produce en relación a los recursos empleados. Aquí me centraré en la productividad por hora trabajada: el valor de la producción obtenida por cada hora de trabajo. El gráfico 2 muestra la evolución reciente de la productividad media por hora trabajada en Cantabria, en España y en la UE, entre 2000 y 2015 (al igual que con los salarios, en términos reales). A medio y largo plazo, la evolución de la productividad está muy ligada a la de los salarios: en la medida en que aumente el valor de lo producido (porque se trabaje de manera más eficiente, con una mejor tecnología o, mejor aún, porque se dedique el tiempo a actividades más productivas), será más fácil y sostenible lograr incrementos de la remuneración obtenida con ese trabajo. A este respecto, es ilustrativo que, en el conjunto de la UE, el ritmo de crecimiento de la productividad real por hora trabajada desde el año 2000 ha sido prácticamente idéntico al de los salarios: en torno al 1,1% anual, aumentando un total de un 18% en el conjunto del periodo. Estos datos reflejan que, a nivel europeo, el aumento de la productividad es el elemento que impulsa el incremento de los salarios.

Mientras, como se observaba también con los salarios, tanto en España como en Cantabria la productividad real por hora trabajada ha permanecido estancada durante la mayor parte del periodo. Solo aumentó durante la crisis, debido fundamentalmente a que la destrucción de empleo se concentró en actividades de productividad inferior a la media, como la construcción. En cambio, cuando la economía crece, la productividad no lo hace. Ni lo hacía antes de la crisis ni lo hace ahora. Esto es, el valor de lo que se obtiene por cada hora de trabajo no aumenta, a pesar de las mejoras de la tecnología, de la formación, de las comunicaciones, del comercio, de la organización de las empresas… ¿Cómo es posible? La explicación radica en el modelo de crecimiento económico, orientado fundamentalmente a la potenciación de actividades de poco valor añadido, con menor productividad que la media y que, al ganar peso, hacen que dicha media caiga. Y si la evolución a nivel estatal es preocupante, el caso de Cantabria es paradigmático: en lo que llevamos de siglo, la productividad en nuestra comunidad ha crecido poco más de la mitad que a nivel nacional, y prácticamente lo ha hecho solo en los años del estallido de la crisis. La productividad real de un trabajador cántabro en 2006 era, en promedio, inferior a la de 2000; en 2015, prácticamente la misma que en 2012. Como resultado, la diferencia entre el valor medio de una hora de trabajo en Cantabria y en el conjunto de la UE, e incluso también respecto a la media estatal, se ha disparado en los últimos quince años.

El actual modelo de crecimiento económico español y, en particular, su aplicación en Cantabria, son la vía hacia el estancamiento económico y social y hacia el atraso en relación a las regiones más exitosas de Europa. El modelo, basado en el desarrollo de actividades de bajo valor añadido (tales como la construcción y la hostelería) en periodos positivos del ciclo económico, lleva a un estancamiento de la productividad y, con ello, de los ingresos de los trabajadores. Es un modelo muy rentable en términos políticos, dado que permite la creación de un gran número de puestos de trabajo cuando la economía marcha con el viento a favor y, de esta forma, ganar votos y elecciones a corto plazo. Se trata, sin embargo, en gran medida de un empleo inestable y muy vulnerable ante las crisis económicas, como hemos comprobado reiteradamente cada vez que hemos tenido que afrontar alguna.

La clave para reorientar el modelo pasa por aumentar la productividad por hora de trabajo, para lo cual es fundamental incrementar el peso en la economía de las actividades más productivas: la industria y los servicios intensivos en conocimiento. No obstante, además de aumentar la productividad, necesitamos crear puestos de trabajo, dado que nuestra tasa de paro es descomunal. Para conjugar ambos objetivos, la reducción del desempleo habría de basarse no en la creación de empleo de baja calidad, sino en la disminución del tiempo de trabajo: que los que tenemos un empleo trabajemos menos, para que trabajen más personas; y que la pérdida de salario derivada de la menor duración de la jornada laboral pueda compensarse gracias a la mayor productividad por hora. Puede sonar utópico, pero no lo es. Es lo que se hace en países como Alemania, Holanda y Dinamarca, donde hay prácticamente pleno empleo, pero cada ocupado trabaja alrededor de 250 ó 300 horas menos al año que en España, según datos de la OCDE, y tanto la productividad por hora como los salarios son muy superiores a los de nuestro país. Es lo que los economistas y los trabajadores más lúcidos defendieron a lo largo del siglo XX que nos habría de traer el progreso económico, como refleja la importancia que tuvieron las reivindicaciones para reducir la jornada laboral a 8 horas diarias: más puestos de trabajo, más rendimiento del tiempo dedicado a la producción y, a la vez, más tiempo para disfrutar de la vida (y gastar nuestro salario). Justo lo contrario de lo que estamos haciendo en el siglo XXI.

Por último, aunque en este artículo no he entrado en cuestiones distributivas, un funcionamiento equilibrado de la economía requiere que los aumentos de la productividad se trasladen a incrementos salariales (lo cual no puede darse por garantizado), además de actuar para reducir la desigualdad. En ello juegan un papel fundamental los sindicatos, a través de la negociación colectiva y del diálogo social, puesto que los trabajadores, salvo en casos excepcionales, no tenemos capacidad para lograrlo si actuamos de manera individual y aislada. En mi opinión, es el momento de pensar ya en todo ello. En reorientar el modelo económico para reorientar también el modelo de sociedad. En poner la política económica al servicio de un futuro mejor, y no simplemente al del objetivo de ganar las próximas elecciones.

La recuperación económica ha llegado ya a Cantabria, por fin. Según la Contabilidad Regional, que acaba de publicar el INE, la actividad económica en nuestra Comunidad creció un 1,2% en 2014, un 2,6% en 2015 y un 2,3% en 2016. Estas cifras, sin embargo, son bastante inferiores a las del conjunto de España, que creció dos décimas más que Cantabria en 2014, seis más en 2015 y nueve más en 2016. La diferencia supone unos 210 millones de euros menos de actividad económica en nuestra Comunidad (el equivalente a una décima parte de nuestro PIB industrial). Lo preocupante, no obstante, no es el dato, sino la tendencia: como explicaré a continuación, la falta de dinamismo de nuestra economía está vinculada a la profundización de nuestros desequilibrios productivos y territoriales.

Empezaré por estos últimos. El mapa 1 muestra la creación de empleo en Cantabria entre 2013 y 2016, por municipios. En color verde se representan aquellos donde el empleo se ha incrementado de manera importante, con una tonalidad más oscura cuanto mayor haya sido dicho incremento; en amarillo, aquellos donde no ha habido variaciones destacadas; en naranja, los municipios donde ha disminuido el empleo; y en rojo, aquellos donde lo ha hecho con particular intensidad. Como se observa, la creación de empleo se está concentrando enormemente en torno a Santander y los municipios más próximos. Aparte de ello, casi todos los demás municipios donde se ha creado empleo de manera significativa se encuentran en la costa, en particular en la Oriental.

En sentido contrario, entre los municipios que lideran la pérdida de empleo en los tres últimos años destacan Torrelavega (junto con otros cercanos como Reocín y San Felices de Buelna) y Reinosa, además de Marina de Cudeyo. Se encuentran en este grupo, y no es un hecho a pasar por alto, las dos ciudades que, hasta hace pocas décadas, lideraban un potente eje industrial en nuestra Comunidad. Por otro lado, en prácticamente todo el interior de Cantabria son muy pocos los municipios donde se ha creado empleo de manera significativa; de hecho, en muchos de ellos incluso se han perdido puestos de trabajo desde 2013, en gran medida por la crisis de uno de sus tradicionales recursos, como es la ganadería.

El gráfico 1, donde agrupo los municipios de Cantabria en grandes áreas, muestra el peso de cada una de ellas tanto en los nuevos empleos creados en los tres últimos años (la barra verde) como en el empleo total existente en la Comunidad (el cuadrado rojo). Como se observa, de los alrededor de 10.000 puestos de trabajo netos creados en Cantabria desde 2013 (una cifra aún muy insuficiente para revertir los alrededor de 45.000 perdidos en los cinco años anteriores), casi la mitad se concentra en la capital; otra cuarta parte corresponde a la franja de municipios próximos a la costa que va desde Miengo y Polanco hasta Astillero y Penagos (que denomino Costa central). Tanto Santander como la Costa central tienen un mayor peso en los nuevos empleos creados que en el total de los existentes, lo cual refleja que la preponderancia de estas dos áreas en la economía regional se está incrementando notoriamente. Trasmiera y la Costa oriental (con el 17,1% de los nuevos empleos) y la mucho más modesta en su dimensión económica Costa occidental (con el 5,7%) también están ganando algo de peso. Por el contrario, Torrelavega y la Cuenca del Besaya y el resto del interior de la región están perdiendo cada vez más importancia. Estas dos áreas solo están aportando, respectivamente, uno de cada 50 y uno de cada 20 nuevos empleos creados en Cantabria, muy por debajo de lo que les correspondería de acuerdo con su peso.

La economía de Cantabria, por tanto, se está inclinando cada vez más hacia la costa y, dentro de ella, hacia el centro. Es como si tuviéramos dos Cantabrias: una, por encima de la Autovía del Cantábrico y sin alejarse mucho de la A-67 o la S-10, donde la actividad reverdece tras la crisis; otra, el resto de la Comunidad (donde aún vive más de la mitad de la población y cuyo territorio representa nada menos que el 95% de la superficie regional), que muestra un estancamiento o, en determinados casos, un declive que se profundiza. El creciente desequilibrio territorial de Cantabria lleva consigo, además, un no menos preocupante desequilibrio productivo, el cual explicaré a continuación.

El gráfico 2 muestra el peso de varios sectores de actividad en los nuevos empleos creados en Cantabria en los tres últimos años (la barra roja) y en el empleo total existente en la Comunidad (el cuadrado verde). Hay dos sectores cuya contribución a los nuevos puestos de trabajo es claramente muy superior a la que les correspondería de acuerdo con su peso en el empleo existente: la hostelería, con el 17,7% de los empleos creados desde 2013; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con el 16,1%. Son, por tanto, los dos sectores hacia los que se orienta exageradamente la actividad económica que se está generando en Cantabria. Actividades, por lo general, con baja productividad y valor añadido. Por el contrario, otras actividades con elevada productividad como son la industria y los servicios incluidos en la categoría denominada otros servicios privados (que recoge, en general, actividades que requieren una elevada cualificación) están perdiendo peso.

La industria y los servicios intensivos en conocimiento son las actividades que lideran las economías de las regiones más exitosas de Europa. En cambio, en Cantabria, la industria solo ha contribuido a crear el 0,1% de los nuevos empleos; es decir, prácticamente nada. Algo mejor le ha ido a la rama donde se incluyen los servicios de mayor productividad, que ha aportado el 12,8% de los nuevos puestos de trabajo, si bien por debajo de su peso en la economía regional. Por otro lado, el sector primario, otro de los puntales tradicionales de nuestra economía, aunque muy venido a menos desde hace décadas, no solo no está contribuyendo a la creación de puestos de trabajo, sino que los está perdiendo. En el último año, el valor medio de la producción de un trabajador español (la productividad) aumentó un 0,5%, lo cual es muy poco. Pues bien, en Cantabria no solo no aumentó sino que se redujo un 0,4%. Esto no significa que los cántabros con un empleo trabajemos menos, sino que nuestra economía se está orientando cada vez más hacia actividades que aportan menos valor, llevan asociada una menor remuneración y, con ello, tienen menor capacidad para impulsar otras actividades y el conjunto de la economía.

Los datos reflejan, en resumen, que el crecimiento económico que está teniendo lugar en Cantabria está profundizando los preocupantes desequilibrios territoriales y productivos existentes en nuestra Comunidad. Llevamos décadas perdiendo lo que en su momento fueron los buques insignia de nuestra economía y que la situaban tradicionalmente entre las más avanzadas de España: la industria y el sector primario. El problema es que no se está produciendo un relevo adecuado, el cual debería estar liderado por actividades de alta productividad y valor añadido tanto en los servicios como en la industria, como ocurre en todas las regiones avanzadas de España y de Europa. Nuestra economía, que hace 30 años contaba con una producción por habitante un 5% inferior a la media estatal, está ahora un 10% por debajo. En este tiempo, Cantabria se ha inclinado demasiado hacia la costa y, en paralelo, ha otorgado un protagonismo excesivo a los sectores hacia los que esta se ha orientado, como el turismo, la construcción y, en general, actividades de bajo valor añadido. Mientras, el interior ha quedado cada vez más vacío de actividad económica, de empleo y de población joven, y nuestro otrora potente eje industrial Besaya-Campoo ha sufrido un tremendo declive. Santander y los municipios de su entorno han quedado como prácticamente el único polo relevante de actividad económica, no por su capacidad para atraer actividades de alto valor añadido en la industria y los servicios de alta cualificación (claramente insuficiente), sino por la ausencia de otros polos siquiera remotamente comparables.

Los vientos de la economía soplan ahora favorables. Es buen momento para repensar los cimientos de nuestra estructura productiva, con un horizonte a largo plazo. Para que no vuelva a derrumbarse con el primer temporal. Para tratar de potenciar una especialización más en línea con la de las regiones más avanzadas de España y de Europa, en lugar de caminar hacia la de las más atrasadas. Para impulsar la existencia de múltiples ejes de actividad económica en nuestra Comunidad en lugar de uno solo, y para favorecer con ello también una mayor diversidad productiva, aprovechando múltiples potenciales. Para evitar que el interior de la región se convierta en uno de los desiertos más verdes y más bonitos del mundo. Es importante plantearse todo ello porque Cantabria necesita algo más que mes y medio al año de avalancha de turistas, chalets inundando la costa y jóvenes cualificados haciendo las maletas. Somos capaces de hacer cosas más valiosas, actividades con mucho más potencial para impulsar el empleo y la calidad de vida en nuestra Comunidad. ¿Por qué no intentarlo?

La crisis ha tenido un mayor impacto sobre los hogares cántabros que a nivel nacional: la renta media ha caído más que en el conjunto del Estado, y la tasa de pobreza ha aumentado más.

España tiene un grave problema de desigualdad y exclusión social. Según datos de Eurostat, nuestro país es ya el más desigual de Europa occidental, tras experimentar en los últimos años el mayor incremento de la desigualdad de todos los países de nuestro entorno. Como consecuencia, 13,2 millones de españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, 2,8 millones más que antes de la crisis.

Datos como estos, que periódicamente aparecen en los medios de comunicación, despiertan una honda preocupación a muchos, la incredulidad de algunos y la curiosidad de otros. ¿A qué se deben estas cifras, y qué suponen en nuestro entorno más cercano? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cómo hemos de interpretar estos datos? Este artículo pretende dar respuesta a estas preguntas, a partir de una descripción de los últimos datos disponibles para España y para Cantabria.

Desde el punto de vista económico, se definen como personas en riesgo de pobreza a aquellas cuya renta disponible equivalente (esto es, considerando las prestaciones recibidas, descontando los impuestos pagados y ajustando todo ello por el tamaño y composición del hogar) se encuentra por debajo de un determinado nivel, que se denomina la línea o umbral de pobreza. En Europa, el umbral de pobreza más habitual es el 60% de la renta mediana a nivel nacional (siendo ésta el nivel de renta para el que hay tantos hogares por encima como por debajo). Además de este componente monetario, Eurostat considera como personas en riesgo de exclusión social a los residentes en hogares con una serie de carencias materiales o con baja participación en el mercado laboral. No obstante, en este artículo me ceñiré únicamente a analizar el componente monetario de la pobreza.

En el gráfico 1, incluido a continuación, las barras verticales representan la evolución, entre 2007 y 2015, del umbral de pobreza en España (corregido por el incremento del IPC), para dos tipologías de hogares: en color más claro, aquellos en los que reside únicamente un adulto; en color más oscuro, aquellos en los que residen dos adultos y dos menores de 14 años. Como se observa, a partir de 2009 (para el cálculo, se utiliza la renta del año anterior), al caer notablemente la renta de los hogares y, con ello, la mediana de su distribución, el umbral de pobreza se ha ido reduciendo también. De este modo, la crisis ha llevado también, por un efecto estadístico, a disminuir el listón de acuerdo con el cual se considera a una persona en riesgo de pobreza. Actualmente, en España se consideran en riesgo de pobreza a las personas que viven solas con una renta disponible inferior a unos 8.000 euros anuales, o a los residentes en hogares con dos adultos y dos niños cuya renta disponible no supere los 16.800 euros.

Como muestra también el gráfico 1, el 22,1% de la población española cuenta con una renta inferior a dichos umbrales, casi 5 puntos más que en el conjunto de la UE (17,3%). A nivel estatal, cerca de 10,2 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza (medida exclusivamente por su componente monetario). De ellas, más de 2,1 millones son niños menores de 16 años, y casi 1,9 millones son jóvenes de entre 16 y 29 años, dos grupos entre los que el número de pobres ha crecido más de un 20% y un 25%, respectivamente, con la crisis. Aún peor le ha ido al segmento de entre 30 y 64 años, en el que las personas en riesgo de pobreza han aumentado más de un 40%, alcanzando los 5,1 millones. Únicamente entre los mayores de 65 años la pobreza se ha reducido en los últimos años.

Gráfico 1. Evolución de la tasa de pobreza (%) en España y la UE (eje derecho) y del umbral de pobreza (en € actuales) en España para distintas tipologías de hogares (eje izquierdo)

El gráfico 2, que muestra la evolución de la pobreza en España según la actividad principal, resulta clave para sintetizar lo ocurrido. Como se observa, el grupo con mayor riesgo de pobreza son los desempleados, donde la tasa alcanza el 46,5%. El paro es la mayor causa de pobreza en España, puesto que nuestra tasa de desempleo continúa duplicando con creces el promedio europeo. La situación entre los parados españoles, además, se ha agravado con la crisis: según datos del Ministerio de Empleo, en 2014 apenas el 45% de los desempleados cobró una prestación o subsidio (frente al 70% de 2008), mientras que la cuantía por beneficiario se ha reducido alrededor de un 18% en este periodo.

No obstante, los desempleados no son los únicos afectados por el riesgo de pobreza. Un fenómeno de creciente importancia es el de la pobreza laboral: personas que tienen un empleo pero que, pese a ello, cuentan con una renta inferior al umbral de pobreza. En 2015, el 13,1% de los trabajadores españoles se encontraba en riesgo de pobreza por sus bajos ingresos, la tercera mayor tasa de toda la UE (solo por detrás de Rumanía y Grecia). La pobreza laboral afecta especialmente a los trabajadores con contratos temporales (23,3%) y a los que llevan menos de un año en la empresa (22,4%), atrapados en una espiral de empleo precario, ingresos insuficientes y carreras profesionales inestables que dificulta la realización de sus proyectos vitales.

Destaca, por el contrario, el pronunciado descenso del riesgo de pobreza entre los jubilados, que ha pasado del 20,3% al 10,2% actual. Este grupo no ha sufrido el durísimo impacto de la crisis en el mercado laboral. Además, las pensiones no se han visto afectadas, a corto plazo, por las políticas de austeridad aplicadas (sí, en cambio, a medio y largo plazo, como ya ha comenzado a apreciarse con el reciente repunte de la inflación). No es de extrañar, por tanto, que los jubilados se hayan convertido en el principal sustento económico de muchas familias españolas. Y, como reflejan las encuestas, también en el principal granero de votos del partido gobernante.

Gráfico 2. Variación (2007-2015) de la tasa de pobreza (%) en España, según actividad

La Encuesta de Condiciones de Vida, de donde se obtienen estos datos, ofrece también información por autonomías aunque, lamentablemente, el tamaño de la muestra es demasiado pequeño como para realizar un análisis detallado de la pobreza a nivel de Cantabria. No obstante, sí es posible obtener algunas conclusiones relevantes para nuestra comunidad. El gráfico 3 muestra la evolución de la renta media disponible corregida por la tipología de hogar (la cual determina los umbrales de pobreza) y de las tasas de pobreza, tanto para Cantabria (en color rojo) como para el conjunto de España (en color naranja).       

Con el último dato disponible, en torno al 15% de la población cántabra (alrededor de 85.000-90.000 personas) se encuentra en riesgo de pobreza como consecuencia de su baja renta. Esta cifra resulta inferior al promedio estatal, un dato positivo que se puede explicar por la confluencia de una serie de factores: una tasa de paro inferior a la media española; pensiones de jubilación, en promedio, algo superiores a la misma (según datos de la Seguridad Social), lo cual reduce la incidencia de la pobreza en este grupo; y un nivel de desigualdad menor que el nacional (según cálculos del ICANE), lo que permite que haya menos personas que queden por debajo de los umbrales de pobreza.

No obstante, los datos muestran también una serie de elementos preocupantes para Cantabria. La crisis ha tenido un mayor impacto sobre los hogares cántabros que a nivel nacional: como se observa en el gráfico, la renta media ha caído más que en el conjunto del Estado, y la tasa de pobreza ha aumentado más. Por otro lado, están apareciendo nuevas formas de pobreza, como la pobreza laboral, que son especialmente notorias en nuestra comunidad. A diferencia de lo que ocurría en el pasado (como muestra la mayor renta media de nuestros pensionistas), los salarios en Cantabria son actualmente inferiores a la media española: como describí en un reciente artículo en este medio, el salario mediano en nuestra comunidad es unos 750 euros anuales menor que el estatal, mientras que un 10% de los trabajadores cántabros gana menos de 7.135 euros brutos al año. La escasez de buenas oportunidades de empleo también está alentando la emigración, lo cual permite reducir las cifras de desempleo y de pobreza a corto plazo, pero genera un empobrecimiento del territorio a medio y largo plazo, máxime cuando muchas de las personas que lo abandonan son las más formadas. El relativamente buen dato de Cantabria en materia de tasa de pobreza, en definitiva, no ha de ocultar la existencia de todos estos retos, que son clave para mejorar las oportunidades y la calidad de vida, la inclusión social y la equidad en nuestra Comunidad.           

Gráfico 3. Evolución de la tasa de pobreza (%) (eje derecho) y de la renta media por unidad de consumo (en € actuales) (eje izquierdo), en Cantabria y en España

En las últimas décadas hemos ido dejando morir al tren, poco a poco, como aquel medio de transporte vertebrador de nuestra sociedad que nunca tendría que haber dejado de ser. Se ha caído en una obsesión por crear grandes infraestructuras, a un enorme precio, centradas exclusivamente en conectar todas las capitales de provincia con Madrid en el menor tiempo posible. En cambio, hemos abandonado todas las demás funciones que cumplía el tren, olvidando aprovechar toda su potencial rentabilidad económica, ecológica y social.

En Cantabria nos hemos visto también envueltos en esa fiebre, con la particularidad de que (y no es la primera vez), volvemos a ser los últimos en la construcción de las infraestructuras, después de haber pagado la parte que nos corresponde de las de los demás. Mientras, utilizar alguno de los trenes que cruzan nuestra comunidad constituye una experiencia semejante a viajar en el tiempo.

Hace unas semanas tuve la ocasión de viajar en tren de Santander a Torrelavega. Como casi siempre, fue muy puntual. Iba bastante lleno. No vi a ninguna persona atendiendo ante cualquier duda o necesidad, ni pasó tampoco el revisor. Supongo que, con esta política, se dejan de obtener muchos ingresos: nadie controla y, en muchas estaciones, tampoco hay tornos. Tal vez es un buen motivo para argumentar que el medio no es rentable y dejar de invertir en él, para que languidezca poco a poco.

La velocidad no es mala: tarda 34 minutos entre el centro de las dos ciudades, cuando en coche se tardarían al menos 25 o 30 minutos. Incluso hay trenes que hacen el recorrido en 20 minutos, si bien solo con unas pocas frecuencias al día. La frecuencia es, de hecho, el principal elemento negativo. Según el momento en el que llegues, puedes tener hasta 30 o 45 minutos de espera. La gente utiliza masivamente trenes que comunican ciudades cercanas cuando, si lo pierdes, tienes otro no mucho después, dado que al tiempo de viaje se le suma el tiempo de espera.

Un tren que comunique las dos principales ciudades de Cantabria, con parada en los principales pueblos y barrios intermedios, con una velocidad y una frecuencia competitivas frente al coche ha de ser perfectamente factible; de hecho, algunos trenes ya lo hacen cada día. En los que conectan Santander con otras importantes poblaciones cercanas, como Maliaño, Astillero y Solares, la situación es similar: el tren es bastante rápido, pero la frecuencia le resta mucha competitividad.

Falta también una buena conexión con otros medios de transporte, una verdadera red que permita llegar a otros lugares (por ejemplo, desde las Estaciones de Santander) de manera más cómoda y más rápida que con el coche. Decenas de miles de personas se desplazan cada día entre estos municipios, la mayoría para ir a trabajar.

¿Por qué no desarrollar una red potente de transporte público, como existe en otros países europeos o en otras áreas metropolitanas españolas? El grueso de la infraestructura ya existe, y potenciarla ofrecería importantes ahorros de tiempo, contaminación, accidentes y atascos, así como de construcción de nuevas infraestructuras que dejarían de ser necesarias (como nuevas autovías o la ampliación de las existentes). Permitiría, además, cohesionar el territorio y potenciar la actividad económica en el mismo (por ejemplo, el comercio del centro de las ciudades).

Más recientemente, he utilizado también el tren de media distancia de RENFE, que cruza Cantabria uniendo las ciudades que forman su 'columna vertebral', y todas ellas con Castilla. El tren va prácticamente vacío y no me extraña. Tarda más de media hora en llegar de Santander a Torrelavega, más de hora y media a Reinosa y 4 horas a Valladolid. En coche se pueden hacer esos recorridos en poco más de la mitad de tiempo.

Hay también tres Alvias al día, más caros, capaces de recortar el tiempo hasta la capital castellana en una hora; no obstante, aún muy lejos del coche, y eso suponiendo que las escasas frecuencias te encajen. Otra novedad de estos Alvias es que no admiten bicis. Mientras en toda Europa se apuesta por la combinación de tren y bicis como medios de transporte del futuro, en España eso se ve como algo anticuado y, si acaso, con un punto entre romántico y extravagante.

En el viejo tren de RENFE, al menos, es posible encontrar a un trabajador que atiende a los viajeros (y les cobra). Es posible también encontrar con quién hablar de cómo la vía sigue siendo la misma que se construyó en el siglo XIX (una época en la que mucha gente del interior de Cantabria moría sin conocer el mar), y cómo apenas se ha invertido en mejorar la infraestructura desde hace décadas.

El tren sube dando vueltas interminables en lo que, en su día, fue una gran obra de ingeniería. De vez en cuando, como es de vía única, para un rato para que pase otro tren. Este medio, que fue durante muchos años el preferido para viajar entre las principales ciudades de Cantabria, o para llegar hasta Castilla, ha pasado a utilizarse solo de manera excepcional.

Pero aún contamos con trenes peores. Trenes que raramente vale la pena coger. El que une Santander y Oviedo tarda nada menos que 5 horas. El que lleva de Santander a Bilbao, 3 horas, el triple que un coche. Cuando uno viaja a cualquier ciudad europea, es fundamental el tiempo que tarda desde el aeropuerto al que llega y su destino final, un viaje que se hace habitualmente en tren o, en ausencia del mismo, en autobús.

En el caso de Cantabria, está bien tratar de potenciar nuestro aeropuerto, lo cual se ha podido hacer fundamentalmente atrayendo a compañías de bajo coste, y que ha servido para acercar nuestra comunidad al resto de Europa. Pese a ello, el aeropuerto de referencia para llegar desde, o viajar a, casi cualquier lugar de Europa sigue y seguirá siendo el de Bilbao. A apenas 100 kilómetros de Santander, cuenta con conexiones a casi todas las principales ciudades europeas, lo cual es posible fundamentalmente porque atiende a una población cuatro veces la de nuestra comunidad.Sin embargo, llegar a Cantabria desde ese aeropuerto, o viceversa, es una auténtica odisea si no se utiliza o no se dispone de vehículo privado: el tren queda descartado y autobús directo tampoco existe, por lo que el trayecto se hace interminable.

La falta de conexión con Bilbao y con su aeropuerto, además, acaba también limitando enormemente el desarrollo del Aeropuerto de Santander, dado que dificulta que nuestros vecinos (importantes usuarios potenciales debido a su número) puedan llegar hasta él. Con ello, nos situamos de espaldas a nuestra principal área de influencia económica por cercanía geográfica y vecindad (que, dejando a un lado filias y fobias, no cabe duda que es el País Vasco), y nos aleja del resto de Europa, que es donde tendríamos que concentrar nuestras miradas. El volumen de actividad económica en toda Europa, medido a través del PIB, es 71 veces el de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué esa obsesión, en exclusiva, con conectarnos con la capital del Estado?

Dicho esto, un ferrocarril que suponga una buena conexión con Madrid y, a través de él, también con Castilla, es un elemento importante para Cantabria. Para toda la comunidad, por cierto. Hace un par de años, a alguien se le ocurrió reducir en unos minutos el tiempo de viaje entre Santander y Madrid suprimiendo paradas como las de Reinosa. Para eso ya está el avión. Por el contrario, el proyecto de mejorar la infraestructura para disponer de un tren rápido (denominado “de altas prestaciones”) que pretende unir Santander con Madrid en apenas 3 horas, en lugar del AVE y con un coste muy inferior, me parece muy interesante.

Lo que me pregunto es por qué proyectos de este tipo, eficaz a la vez que razonable desde el punto de vista de su coste económico, no se han implementado también para la conexión de otras comunidades con Madrid, en lugar de dilapidar miles de millones de euros en costosísimas infraestructuras que en la mayoría de los casos no son rentables. Por qué no se ha dedicado ese dinero a mejorar la red de transporte ferroviario de mercancías, que en nuestra comunidad hubiera sido esencial para reforzar el eje industrial Santander-Besaya-Campoo y el Puerto de Santander. Por qué no se ha invertido en comunicaciones transversales (esto es, las que no pasan por la capital del Estado), como la que nos conectaría con Bilbao y, a través de ello, con el resto de Europa. Por qué no se han destinado muchos más recursos a crear una buena red de transportes de cercanías, en torno al tren, como la que conectaría Santander, el Arco de la Bahía y Torrelavega.

El libro del profesor y economista Germà Bel 'España, capital París', cuya lectura recomiendo a los interesados en profundizar en este tema, da una serie de claves para entender estas cuestiones, desde una óptica muy crítica con el centralismo de las políticas de infraestructuras en España. Volver a viajar en los viejos trenes que aún recorren Cantabria permite reflexionar sobre estas y algunas otras cuestiones. Permite darse cuenta de que es imprescindible cambiar nuestra política de infraestructuras para que deje de estar exageradamente al servicio de las élites que viajan en los costosísimos AVES, o que se enriquecen construyéndolos. Y que hay que hacerlo poniendo la lógica económica al servicio de las necesidades reales, actuales y futuras, de las personas que mantenemos la osadía de querer continuar viviendo en lugares como este. 

El margen de Cantabria para actuar, aunque existe, no es mucho: sus políticas incidirán sobre el crecimiento económico, pero este depende fundamentalmente de factores nacionales y externos.

En estos días, el Gobierno de Cantabria prevé presentar sus presupuestos para el año 2017, los cuales concentrarán muchas discusiones políticas durante las próximas semanas. Los presupuestos son el documento central de la acción de un Gobierno. Reflejan sus planes o previsiones acerca de los recursos con los que contará en el próximo año y el destino al que los dedicará. Este artículo analiza la evolución de los presupuestos de Cantabria desde 2008 a 2016, con el fin de ofrecer una visión de cómo se ha llegado hasta aquí y, con ello, de las perspectivas para 2017 y años venideros.

El gráfico 1 recoge la evolución de los ingresos y gastos no financieros en el presupuesto de Cantabria (líneas continuas) y en el total de comunidades autónomas españolas (líneas discontinuas), en millones de euros reales (esto es, descontando el incremento de los precios). Los ingresos y los gastos no financieros indican la magnitud de los recursos y de sus empleos, respectivamente, una vez descontadas las operaciones financieras (tales como la emisión y amortización de deuda o préstamos). A partir de la diferencia entre ellos, tras los ajustes pertinentes, se calcula el saldo presupuestario y se evalúa el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Los ingresos de Cantabria, como se observa, se hundieron entre 2008 y 2010; durante los siguientes años continuaron a la baja, y solo a partir de 2014 han comenzado a recuperarse, si bien a un ritmo claramente insuficiente para revertir la pérdida anterior. Los ingresos no financieros de nuestra comunidad son, en términos reales, unos 300 millones de euros (M€) inferiores a los de hace 8 años. En este periodo se produjo un cambio del modelo de financiación de las autonomías, que ha disminuido el peso de las transferencias del Estado y ha aumentado el de los ingresos derivados de la recaudación de impuestos en cada territorio.

Ante el hundimiento de las bases imponibles derivado de la crisis económica (con la caída de los salarios, el consumo y la compraventa de viviendas), ni la recaudación impositiva ni las subidas de tasas y precios públicos han podido compensar la pérdida de recursos procedentes del Estado (para Cantabria, el equivalente a 420 millones de euros desde 2008). La evolución de los ingresos de Cantabria ha sido similar a la del total de comunidades autónomas, si bien en nuestra comunidad se están recuperando de manera más lenta.

Los gastos, por su parte, se mantuvieron bastante estables hasta 2010, a pesar de la caída de los ingresos, dado que las autonomías recurrieron al endeudamiento. En los años siguientes, sin embargo, ante los límites al mismo y la profundización del deterioro de los ingresos, los gastos sufrieron una intensa caída. A partir de 2013 han experimentado una ligera recuperación, algo más notoria en el caso de nuestra comunidad. Pese a ello, los gastos no financieros de Cantabria para 2016 son, en términos reales, unos 165 millones de euros inferiores a los de 2008; al ritmo de crecimiento de los últimos tres años, su nivel anterior a la crisis no se recuperaría hasta 2024.

No todos los gastos se han visto igualmente afectados por esta reducción. Buena parte de los gastos de la administración pública, los denominados gastos corrientes, están ligados a su funcionamiento habitual (gastos de personal, materiales, etc.) y es difícil que experimenten grandes modificaciones. El grueso de la reducción presupuestaria se ha concentrado en los restantes capítulos: las inversiones, que han perdido el equivalente a casi 220 millones de euros; y las transferencias de capital, destinadas fundamentalmente a financiar proyectos de otras entidades, como ayuntamientos y empresas, que han perdido unos 145 millones de euros. La disminución de la inversión pública, tónica dominante tanto en Cantabria como en el resto de comunidad para afrontar las restricciones presupuestarias, ha tenido graves repercusiones sobre la actividad económica y el empleo, contribuyendo a profundizar y a alargar la crisis.

Las reducciones sufridas por el Presupuesto según el tipo de gasto tienen su reflejo también en su distribución por políticas (gráfico 2). Sanidad y educación, las políticas con mayor peso en el presupuesto (unos 1.400 y 900 euros por habitante, respectivamente), fundamentalmente basadas en gasto corriente, han mantenido su asignación total bastante estable, aunque han sufrido algunos recortes importantes: en sanidad, las inversiones se han reducido el equivalente a unos 35 millones de euros, mientras que han aumentado los gastos destinados a materiales y suministros; en educación, desde 2010 se han reducido los gastos de personal el equivalente a unos 9 millones de euros, los gastos de funcionamiento de los centros en unos 5 millones de euros, las transferencias a la Universidad en unos 4 millones de euros y las inversiones en unos 11 millones de euros.

Dos políticas destacan por haber incrementado su asignación entre 2008 y 2016: los servicios sociales, un 32,8%, debido al desarrollo de la Ley de Dependencia, si bien muy por debajo de las expectativas iniciales; y las políticas de empleo (fundamentalmente, programas y subvenciones para la contratación y la formación), un 32%, aunque resulta insuficiente para las necesidades de un número de desempleados que se ha más que duplicado.

Las políticas más focalizadas en proyectos de inversión son las que han sufrido las mayores reducciones presupuestarias: infraestructuras, que ha perdido el equivalente (siempre, calculándolo a partir de la evolución del gasto real por habitante) a unos 179 millones de euros (el 48,1% de su asignación inicial); sector primario y desarrollo rural, que ha perdido unos 60 millones de euros (el 57,2%); industria y energía, unos 33 millones de euros (el 55,5%); cultura, unos 36 millones de euros (el 59,4%); comercio y turismo, unos 22 millones de euros (el 57%); vivienda, unos 17 millones de euros (el 44,2%); e I+D+i, casi 9 millones de euros (el 67,9%).

La debilidad de la recaudación impositiva y las insuficiencias de la financiación autonómica han dado lugar a una escasez de recursos de las comunidades autónomas españolas que amenaza con hacerse crónica. Es también el caso de Cantabria, cuya administración cuenta actualmente apenas con los recursos mínimos para cubrir los gastos ordinarios de unos servicios del Estado del bienestar venidos a menos, implementar contadas inversiones y programas de empleo y satisfacer los pagos correspondientes a la amortización y los intereses de la deuda (que prácticamente se han triplicado desde 2008). Los presupuestos, además, sufren restricciones adicionales en su ejecución durante el ejercicio: por ejemplo, en 2014 (último año con información disponible), el incumplimiento de las previsiones de ingresos provocó que 85 millones de euros inicialmente presupuestados en los principales capítulos finalmente no se gastaran.

El escenario actual presenta la disyuntiva entre mantener bajo mínimos la financiación de las políticas que presta la administración autonómica o tratar de recuperar el volumen de recursos previo a la crisis, existiendo también un abanico de opciones intermedias. El incremento de los recursos puede abordarse fundamentalmente por tres vías: uno, la recuperación de las bases imponibles a partir de la consolidación del crecimiento de la economía; dos, cambios en la financiación autonómica que favorezcan la suficiencia de nuestra comunidad; y tres, reformas fiscales que incrementen la recaudación impositiva. Una recuperación decidida de los ingresos públicos requerirá abordar no solo una de las vías, sino todas o, al menos, varias de ellas. Pero, por ejemplo, si se aprovecha el crecimiento de la economía para reducir impuestos, los ingresos se mantendrán en niveles bajos.

El margen de Cantabria para actuar, aunque existe, no es mucho: sus políticas incidirán sobre el crecimiento económico, pero este depende fundamentalmente de factores nacionales y externos; puede hacer llegar sus demandas sobre la financiación autonómica, pero nada garantiza que se vaya a mejorar su situación; y puede utilizar sus competencias para incrementar la recaudación por sus impuestos propios y algunos de los cedidos, sin perjuicio de que el mayor potencial en este sentido radica en reformas implementadas o coordinadas a nivel estatal.

En este escenario, aunque las restricciones vayan poco a poco aliviándose, la escasez de recursos persistirá al menos varios años. No por ello, sino como un principio general, aunque con más urgencia en este contexto, es importante que los recursos disponibles se empleen adecuadamente, dedicándose a la atención de necesidades y demandas sociales reales y a las inversiones que ofrezcan una mayor rentabilidad a la comunidad. Es decir, no solo hemos de pensar en gastar más (o menos), sino también en gastar bien. Ante los retos existentes, es importante que los gobiernos, así como los ciudadanos (y, dentro de ellos, los empleados públicos también en lo que nos corresponde como tales), pensemos en qué tipo de administración pública queremos y seamos consecuentes con las líneas de actuación que, en su caso, sean necesarias para ello. Si este artículo puede ser parte de esa reflexión, habrá cumplido su objetivo.

Los datos de desempleo de septiembre, que acaban de publicarse, han hecho saltar de nuevo todas las alarmas en Cantabria: volvemos, otra vez, a liderar el incremento del paro en España. Es un titular que nos suena, porque viene repitiéndose durante muchos de los últimos meses. Sin embargo, el verano parecía haber sido muy bueno, con unas cifras que invitaban al optimismo. Esa proliferación de datos contradictorios invita a la confusión, a un sentimiento bipolar que nos lleva pronto de la euforia a la depresión, y viceversa, al pensar en el futuro de nuestra tierra.

Mientras, el debate político sobre el tema se enfrasca en una maraña de argumentos partidistas, con los que cada cual trata de dibujar la realidad que más se ajuste a sus pretensiones. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Nos hundimos o estamos saliendo a flote?

Con objeto de responder a estas preguntas, el gráfico 1, incluido a continuación, muestra la evolución, mes a mes, del empleo en Cantabria y en España, a partir del número de afiliados a la Seguridad Social y tomando, en cada caso, el dato de enero de 2009 como referencia (igual a 100). La tendencia general que se observa es similar: una intensa destrucción de puestos de trabajo hasta 2013, y un incremento del empleo a partir de entonces, aunque insuficiente para recuperar los niveles iniciales.

Existen, no obstante, dos diferencias importantes entre Cantabria y España. Una primera, muy llamativa, son las pronunciadas oscilaciones del empleo que se observan en nuestra Comunidad, pero no en el conjunto del Estado: puestos de trabajo que se crean en primavera y, sobre todo, verano, pero que se destruyen en otoño y en invierno. La segunda diferencia es que la recuperación tras la crisis está llegando con menos fuerza en Cantabria. Las dos cuestiones están muy relacionadas. Como se observa, en el conjunto de España, desde 2014 está aumentando el número de afiliados a la Seguridad Social en primavera y verano, mientras que más o menos se mantiene en otoño y en invierno. Es una evolución que podríamos asemejar a una escalera. En Cantabria, el empleo se está incrementando cada primavera y verano incluso más que a nivel estatal; sin embargo, gran parte de lo que se gana en esos meses se pierde en otoño e invierno. La evolución, más que a una escalera, se parece a unos dientes de sierra.

Gráfico 1. Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en Cantabria y en España (Enero 2009 = 100). 

¿Es este comportamiento del empleo en Cantabria común al de otras comunidades autónomas españolas? El gráfico 2 muestra, para todas las comunidades y el periodo de 2009 a 2016, el crecimiento medio del empleo entre los meses en los que toca mínimos (enero y febrero) y máximos (julio y agosto) (en color verde); y la media de destrucción de empleo entre julio-agosto y enero-febrero del año siguiente (en amarillo).

A nivel estatal, en el periodo analizado, el empleo ha variado una media de alrededor de un 2% entre los meses de verano y los de invierno. Cantabria es, con diferencia, una de las comunidades con mayores oscilaciones estacionales, que han rondado una media del 6% en los últimos años. Por delante solo se encuentra Baleares, con una economía basada en un turismo fuertemente estacional. En ninguna otra región las oscilaciones superan el 4%. Comunidades de nuestro entorno, como Asturias, Castilla y León, Galicia y Navarra, rondan el 2-3%, en línea con el promedio estatal. En otras, el empleo apenas varía entre el invierno y el verano: País Vasco y Madrid, con economías basadas en actividades industriales y/o de servicios de alto valor añadido que mantienen una solidez todo el año; o la Comunidad Valenciana y Andalucía, con un clima que posibilita un turismo alejado de la estacionalidad.

La estacionalidad, además, es un fenómeno que está yendo a más en nuestra Comunidad. El gráfico 3 muestra la evolución en Cantabria y en España, desde 2001, de las variaciones estacionales del empleo entre el mínimo (enero-febrero) y el máximo (julio-agosto). Al iniciarse la pasada década, las oscilaciones estacionales en el empleo rondaban, a nivel estatal, el 2%, una cifra que ha mantenido una tendencia (recogida por la línea de puntos) bastante estable desde entonces. En cambio, en Cantabria la estacionalidad muestra una clara tendencia a incrementarse: mientras durante la década pasada las variaciones estacionales en el empleo rondaron, con carácter general, el 5-6%, actualmente alcanzan o incluso superan frecuentemente el 7%.

Gráfico 2. Variaciones estacionales del empleo, por comunidades. 

Gráfico 3. Evolución (2001-2016) de las variaciones estacionales del empleo en Cantabria y en España

La economía de Cantabria es cada vez más estacional porque, como reflejé en un artículo que publiqué hace unos meses en este medio, nuestra creación de empleo está siendo liderada por sectores de baja productividad y poco valor añadido, basados en puestos de trabajo que exigen una escasa cualificación. Entre enero y agosto de este año, más del 45% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social en Cantabria corresponden a la hostelería; en este sector se han creado casi 1.000 puestos de trabajo en relación al año anterior, más del doble que en la industria y cinco veces más que en las actividades de servicios profesionales, científicos y técnicos. La hostelería y el turismo son sectores que, con carácter complementario, tienen un papel importante en una economía desarrollada. Sin embargo, es una mala señal que constituyan su principal y casi único motor, como ocurre en nuestra Comunidad, ocupando el papel de liderazgo que en todas las regiones más exitosas de Europa, y también de España, desempeñan los sectores con mayor potencial para generar valor añadido, como la industria y los servicios basados en el conocimiento.

En Cantabria, además, esa apuesta es especialmente peligrosa: por nuestro clima, el turismo se concentra enormemente en una pequeña época del año, dando lugar a una actividad económica muy limitada en el tiempo, a puestos de trabajo estacionales y a ingresos relativamente escasos considerando el conjunto del ciclo anual. El modelo hacia el que nos encaminamos, si no se corrige, constituye un grave obstáculo para el progreso económico de nuestra Comunidad.

En resumen, evitando caer en un pesimismo exagerado, los datos de empleo no indican que se esté produciendo un hundimiento de la economía de Cantabria. Sí se observa, sin embargo, una falta de consolidación de la recuperación económica en nuestra región, que no está siendo capaz de generar empleos estables, ni actividad en los sectores de mayor potencial. El otoño y el invierno, muy probablemente, nos traerán malos datos para nuestro mercado laboral. No es lo preocupante, aunque cope los titulares de prensa. El problema clave no es coyuntural, sino estructural, de fondo. Requiere soluciones a medio y largo plazo, que permitan evitar que nuestras cosechas veraniegas, cada año, se evaporen ante la llegada de los rigores invernales.