En su Argelia natal, aún siendo un adolescente, Ludovic-Mohamed Zahed soñaba con un lugar en el que no fuese algo contradictorio encontrarse con Alá siendo él mismo. Entonces no sabía que 30 años después serían sus ideas las que lograrían materializar, en la Francia que le acogió desde los 17, la construcción de la primera mezquita inclusiva del país.

Sus paredes dan hoy la bienvenida a cualquier persona sea cual sea su religión, orientación sexual o identidad de género, y bajo su techo se viven bodas islámicas de parejas homosexuales, entierros de mujeres transexuales y rezos de todo aquel que comparta la visión de un islam para todos. Sus imanes, entre los que también hay mujeres, se turnan cada semana para “erradicar la estructura vertical y lograr una dinámica inclusiva”, asegura Zahed.

Entre el adolescente que estudiaba en una escuela salafista –una de las corrientes islámicas más conservadoras de la rama suní– y el imán gay activista que es hoy, su vida experimentó vueltas de campana y tropezones. El rechazo inicial de su familia al decirle que le gustaban los hombres, el abandono de la fe durante un duro periodo de búsqueda personal o la contracción del VIH por parte de una pareja “poco honesta”.

Hoy, seguro de que su fe y su homosexualidad no están reñidas, recorre Europa participando en actos como SUMMIT, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del Comité Organizador del WorldPride 2017, donde atiende a las preguntas de eldiario.es.

Usted sostiene que el islam no es una religión homófoba, sino que se ha hecho una interpretación homófoba de la misma. ¿Cómo lo justifica?

Desde un punto de vista sociológico, si tú me dices que no puedo ser gay y musulmán, o feminista y musulmán, yo te responderé afirmando que no puedes ser homófobo y misógino y a la vez ser musulmán. Porque el islam es paz, y esos conceptos chocan entre sí.

Esa disforia ética y política, que afirma que el islam es paz y a la vez puede ser perfectamente una forma de discriminación, supone un problema. Un problema al que yo he dejado de enfrentarme porque entendí que soy, ante todo, un ser humano. Y sí, vengo de una tradición musulmana que me ayuda a ser mejor persona, más espiritual y más humano, pero al mismo tiempo vivo una sexualidad pacíficamente con mi pareja que me permite ser alguien más estable y equilibrado, así que no veo ningún tipo de contradicción entre lo primero y lo segundo.

Hay quienes interpretan que, en el Corán, ciertos fragmentos hacen referencias explícitas al odio hacia las personas homosexuales. ¿A qué se debe?

La homosexualidad, como tal, no se menciona en el Corán. En los más de 70 versos que existen sobre Sodoma y Gomorra se habla del patriarcado, no de la homosexualidad. La mirada homófoba sobre los mismos es una construcción, y va más allá de una simple interpretación porque implica ver algo que en realidad no está ni en el texto ni en el contexto.

Hay muchos versos que aseguran que el profeta acepta a todos pacíficamente, personajes como un hombre afeminado y una mujer masculina, mujeres que luchan contra otros hombres para defender a su comunidad, sobre las que además se menciona que nadie debería obligarlas a casarse si ellas mismas se oponen…

Basta con leer el texto y analizarlo de una manera sistemática que permita entender todas estas tradiciones en relación con la diversidad sexual y de género. Esto engloba todo el texto en su conjunto, no sólo aquellas partes que algunos leen desde una perspectiva patriarcal.

Después de una etapa en la que abandonó la fe, descubrió ciertas claves en el budismo, y luego volvió a retomar el islam. ¿Qué respuestas encontró para aceptar su homosexualidad en esta nueva mirada hacia su religión?

Descubrí una mirada inclusiva. El hecho de que no todos los musulmanes, ni el profeta, eran necesariamente como me habían enseñado. Tampoco quiero ser categórico, porque entonces sería como esos otros musulmanes fascistas que pretenden imponer su única visión del islam, y yo no quiero imponer nada. Pero sí que quiero una religión en la que los demás puedan decidir. Yo me di cuenta de que la mayoría de las tradiciones islámicas no son homófobas, sino inclusivas.

Eso me llevó a preguntarme constantemente por qué no me habían enseñado nada de eso en la madrasa [escuela musulmana de estudios superiores]. Y lo cierto es que tardé 30 años en entender que yo era una buena persona, que no era un pervertido. ¿Por qué, si yo trabajaba para los demás, invirtiendo mi esfuerzo, mi tiempo, mi dinero y mi salud, cargando a la espalda con un tratamiento contra el VIH y aún así recorriendo 29 países en dos años para tratar de ayudar a gente por la que nadie se preocupaba en absoluto, no era un verdadero musulmán, y aquellos que pretenden ser “el ser musulmán perfecto” tratan de matar a quienes no comparten sus ideas?

Desde un punto de vista feminista, ¿considerar el islam como una religión misógina es también una construcción?

Yo creo que sí. Fátima Mernissi habló mucho de esto en los 80, y es algo muy interesante para los musulmanes queer, por ejemplo. Todo lo que permita deconstruir una visión impuesta ayuda también a otras minorías, porque la manera en la que tratamos la diversidad y las minorías en una sociedad es un buen indicador de su salud democrática.

El feminismo, la teología queer… deberían empoderar a todos los musulmanes, y es una realidad que no se queda en la teoría. Cuando nosotros creamos la mezquita inclusiva en París fue en parte porque personas heterosexuales habían venido a nuestra organización homosexual islámica a decirnos que ellos también querían formar parte de ese islam del que nosotros hablábamos.

Esto demuestra que hay gente que, aunque a priori no tendría por qué preocuparse por los derechos de las minorías que a ellos no les conciernen, se preocupan. Así que aunque únicamente abramos una pequeña puerta, conseguimos que la mayor cantidad de gente posible salga de la caja en la que se encierra a todos por igual.

Ahmed Daniel, uno de los ponentes de la conferencia en la que usted ha participado, señaló que en algunos países árabes la homosexualidad se asocia con Occidente y que, como consecuencia, la homofobia es entendida como una resistencia al nuevo colonialismo. ¿Está de acuerdo con esto?

Creo que en parte es verdad, pero tenemos que mirar al cuadro completo, porque la colonización no lo explica todo. Esta idea reduce a las sociedades árabes musulmanas a una mirada que las incapacita, como si no pudiesen liberarse por sí mismas de esa colonización.

Es cierto que la colonización trajo consigo estrategias homófobas. Como todo fascismo –los nazis ya lo hicieron en Europa unas décadas atrás, así que no es algo ligado exclusivamente al colonialismo, ni a la cultura árabe, ni al islam–, poner a las minorías sexuales, étnicas o religiosas en el punto de mira y tratarlas como un objetivo es algo fácil, y permite a los regímenes totalitarios dar un ejemplo a toda la población para apartarla del poder, basándose en el miedo.

También es cierto que la colonización tiene un claro efecto de amnesia: nos hace olvidar quienes somos y nos obliga a reconstruir nuestra identidad. Ya nos pasó: importamos la homofobia a países en los que no existía, e hicimos olvidar la existencia de personajes históricos del siglo XVI, como aquellos imanes que escribían poesía homoerótica a sus amantes.

¿Cuál es su opinión acerca del llamado homonacionalismo? ¿Cree que se está usando en Europa?

El homonacionalismo, basado en el “pink-washing” (“lavado rosa”), utiliza los derechos LGTBI para reforzar una perspectiva nacionalista única, y sí lo están utilizando algunos partidos europeos que entendieron que podían dejar de atacar con violencia a las minorías para reforzar su poder, e intentar atraerlas en base a sus propios intereses.

Un ejemplo de esto es lo que hizo Le Pen en Francia al pedir el voto de los homosexuales bajo la justificación de que les protegería contra “la agresividad islamista”, pero cuando los periodistas le preguntaron por si impulsaría una ley de matrimonio homosexual, se negó. Es una manera de utilizar la supuesta defensa de los derechos de una minoría en interés propio, pero sin que realmente te preocupen lo más mínimo.

En el fondo, ese fascismo identitario es una manera de actuar que no se diferencia de la que llevan a cabo los islamistas radicales a quienes pretenden dinamitar. Para mí, es la misma dinámica fascista contra las minorías. Varía en volumen e intensidad, claro, porque la crisis europea no es tan profunda como la que sufren algunos países árabes o africanos musulmanes. Pero las estrategias son las mismas.

Cuando creó la organización HM2F (Homosexuels Musulmans 2 France) en Francia tuvo problemas con otras organizaciones LGTBI, ¿qué les achacaban?HM2F

Era una minoría muy pequeña que intentó hablar por todo el grupo, sin serlo. No tuvimos ningún problema con muchas otras asociaciones LGTBI que nos ayudaron y apoyaron, pero sí es cierto que algunas (pocas) se mostraron molestas simplemente porque éramos musulmanes.

Algunas, que ya habían colaborado con otras asociaciones LGTBI judías y cristianas lo dijeron abiertamente en esta ocasión: “En los musulmanes no podemos confiar”. Eso es islamófobo y racista, pero no quisimos hacer un gran drama de todo ello, sobre todo porque, como digo, no representaban a la mayoría.

Después llegaron algunos problemas con ciertos sectores del Ayuntamiento de París. ¿Cree que también tenían un trasfondo islamófobo o que simplemente abogaban por mantener políticas laicas?

Bueno, para ellos éramos musulmanes antes que gays. Igual que para muchos musulmanes somos gays antes que musulmanes. Falta una mirada de conjunto, que no discrimine en ninguna de las dos direcciones. Pero en este caso, no sabría decirle si lo hicieron porque éramos musulmanes o si habrían hecho lo mismo con otros grupos LGTBI de otras religiones.

Lo que sí es cierto es que en un principio no suponía ningún problema para ellos, hasta que recibieron algunas presiones de cuya procedencia no nos informaron. Nosotros aceptamos que no nos quisieran decir de donde venían esas presiones, porque no queríamos que algo así les causara problemas, así que decidimos buscar otro edificio al que trasladar la mezquita inclusiva.

¿Es por esto que todavía mantienen en secreto la dirección de la mezquita?

Creo que para poder tener un espacio abierto como el nuestro tiene que ser así. Si no, podría ocurrir como con Charlie Hebdo, y sería un gran problema. No queremos ser un objetivo, así que creo que es algo bueno que no puedan saber el lugar exacto en el que se encuentra la organización.

¿Y no contribuye esto a crear una comunidad LGTBI segregada del resto? ¿Cómo podrían incluir su lucha por los derechos de los homosexuales y transexuales dentro del islam hegemónico?

Es una buena pregunta que me planteo constantemente. Trato de fijarme en lo que hacen en otros lugares, como en Berlín, donde hay comunidades cristianas a las que el estado apoya, y que cuentan con sus propios espacios dentro de las iglesias, por los cuales no tienen que pagar un alquiler, como sí hacemos nosotros. En otros países se pagan impuestos para apoyar estas causas, así que es el propio Estado el que empuja a los ciudadanos y a los espacios religiosos a dar la bienvenida a los colectivos LGTBI.

En Francia, sin embargo, el laicismo en las instituciones está provocando que todas estas cuestiones se obvien y queden relegadas a que las manejen y respondan únicamente las élites poderosas patriarcales de las distintas religiones. En el caso del islam, imanes que están formados en Arabia Saudí, Argelia o Turquía, donde les enseñan a difundir que hay que matar a los homosexuales y pegar a las mujeres. Esta claro que tenemos que encontrar un sistema mejor que arregle esto.

Actualmente trabaja dando charlas sobre su visión del islam entre personas migrantes y refugiadas en Europa. ¿Qué papel ha de jugar su llegada a la hora de construir un islam inclusivo en nuestros países?

La gente se sorprendería al ver que, entre estas personas, son aquellas que forman parte del colectivo LGTBI las que más cuestionan mis charlas. Me dicen que ese islam del que hablo es muy bonito, pero que no es islam, porque si ellos les trasladan a sus familias esa idea, simplemente, les matarían.

En segundo lugar, los refugiados llegan desde países muy diversos, con sus propios puntos de vista y su propia cultura, así que, de nuevo, volvemos a la educación como herramienta clave.

En nuestro caso tampoco pasó de la noche a la mañana: las dinámicas gay-friendly, la democracia… conseguir todo eso nos llevó décadas. Y es también importante que nos alejemos de los prejuicios del tipo “no están desarrollados”, porque como europeos, es nuestra responsabilidad entender que las dinámicas de paz son para todos, y a todos nos benefician.

Mientras el debate por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) se ha introducido en las instituciones, el Gobierno ha anunciado la creación de tres nuevos CIE.  ¿Por qué estos centros acumulan tantas críticas de ONG? ¿A quienes se encierra en un CIE? ¿Qué ocurre a diario entre sus paredes?

Respondemos varias preguntas para entender la realidad de los CIE en España. 

¿Qué son?

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Estos centros son competencia de la Dirección general de Policía, dependiente del Ministerio del Interior.

¿A quién se encierra y por qué?

En los CIE españoles permanecen bajo régimen cerrado migrantes en situación irregular que residen en España. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito. 

Algunos de los internos pueden tener antecedentes penales anteriores, pero ese no es el motivo de su ingreso en estos centros, sino su situación irregular. Debido a esto, los CIE encierran a personas que han cometido delitos con otras que no lo han hecho, algo que, según las ONG, criminaliza a la población migrante.

¿Cuántos CIE hay en España?

En España hay actualmente siete Centros de Internamiento de Extranjeros: Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Sangonera La Verde (Murcia), Barranco Seco (Las Palmas), Hoya Fría (Tenerife) y Zona Franca (Barcelona). 

Un estudio elaborado por cuatro universidades españolas detalla que las condiciones de vida de los internos varían considerablemente dependiendo del CIE en el que se encuentren encerrados, aunque concluye que todos incumplen alguno o varios de los requisitos que establece la normativa vigente. 

Tasas de expulsión

A pesar de que la privación de libertad se realiza con el objetivo de formalizar su expulsión del territorio español, más de la mitad de personas encerradas en los CIE finalmente no son expulsadas. Según datos del último informe de la Defensora del Pueblo, el Estado no deportó al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE españoles en pasado año. 

Como consecuencia, miles de personas permanecen privadas de libertad hasta dos meses sin que el Ejecutivo tenga la seguridad de poder deportarles a su país, a pesar de que una instrucción interna emitida por la Dirección General de la Policía en 2014 recordaba que la solicitud de ingreso solo debía hacerse en aquellos casos en los que sea viable la repatriación final.

El hecho de que sea posible o no la deportación desde España depende de diversos factores, como el arraigo en España de la persona internada, los convenios internacionales firmados por el Ejecutivo con los diferentes países de origen o que el interno haya solicitado asilo y aún esté pendiente de resolución. 

Violaciones de los derechos humanos

Las condiciones de los CIE llevan años siendo denunciadas por numerosas ONG y por la Defensora del Pueblo. En diferentes informes las organizaciones han documentado malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente. Estas vulneraciones se producen en mayor o menor medida dependiendo del centro.

Cada vez más colectivos sociales y partidos políticos exigen el cierre definitivo de los CIE ya que entienden que la propia privación de libertad por una falta administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

Entre las denuncias de mayor gravedad destaca la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado. A este fallecimiento se deben sumar al menos otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Vulneraciones del derecho al asilo

Los internos tienen reconocido el derecho a solicitar asilo en las instalaciones del CIE, aunque el procedimiento actual “no cumple todas las garantías”, según han denunciado distintas ONG. 

En algunos casos, como ocurre en el CIE de Aluche (Madrid), los internos sólo pueden solicitar asilo introduciendo su petición en el buzón del director del Centro, sin recibir una copia sellada de la misma que les permita, llegado el caso, dejar constancia de haber realizado el trámite.  Según las ONG, los migrantes pierden el control sobre la gestión y desconocen si los trabajadores del centro la han tramitado.

El pasado 3 de octubre un juez instaba al CIE de Aluche a establecer “un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar su solicitud de asilo en mano”, así como a que se les entregue una copia sellada de la misma.

Opacidad

Las distintas organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos de los migrantes denuncian que existe “opacidad y hermetismo” en la gestión de los CIE españoles.

Pese a que a varias ONG sí se les permite hacer determinadas visitas –mediante las cuales recopilan información para la elaboración de sus respectivos informes y atienden a los internos–, se les ha negado el acceso durante las protestas acontecidas en el CIE de Aluche en la madrugada del martes. 

En otras ocasiones, el Ministerio del Interior ha impedido el acceso a CIE de Aluche a los juristas que estaban realizando un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y la universidad pública. Para los periodistas, las puertas del CIE casi siempre han estado cerradas. 

¿Pueden ser encerrados varias veces en un CIE?

Cuando un migrante queda en libertad, aunque no haya cumplido el máximo de 60 días establecido por ley, no puede volver a ser encerrado en base a las causas del mismo expediente de expulsión por el que fue enviado al CIE inicialmente, según concluyó el Tribunal Supremo en 2015.

Desde entonces, un migrante en situación irregular al que el Ministerio del Interior no haya podido expulsar podrá ser trasladado en repetidas ocasiones siempre y cuando la Policía inicie un nuevo procedimiento de expulsión por cada una de ellas.

El reglamento se incumple

El Consejo de Ministros aprobó en 2014 el reglamento que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros, con medidas que incumplen buena parte de las resoluciones efectuadas por los Juzgados de control, las instancias encargadas de la inspección de las condiciones de los CIE. El propio Ministerio del Interior reconoció hace un año que esta normativa se incumple. 

Tras su aprobación, varios ámbitos quedan aún sin regular y muchas de las denuncias de organizaciones sociales, sin responder: los horarios y duración de las visitas o de las llamadas telefónicas, la separación de los internos con condena penal de los que no han cometido delito alguno o el tiempo mínimo para avisar de una repatriación siguen dependiendo de la dirección de cada centro, que sigue bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía.

La historia de las mujeres palestinas es la historia de una lucha contra dos muros. Mariam se topó con el primero cuando su padre le impidió ir al extranjero a estudiar con una beca, pero no se rindió. Cuando la joven palestina de la franja de Gaza logró convencerle con la ayuda de su hermano y su primo, se presentó con las maletas en el paso de Erez, dispuesta a cruzar hacia Israel. Vencido el muro del patriarcado llegó entonces el segundo: el de la ocupación. Mariam tuvo que regresar a casa porque los soldados israelíes le negaron la salida. Al volver, su padre decidió casarla.

“Las mujeres palestinas no pueden salir del patriarcado porque existe un bloqueo y una ocupación que lo alimentan brutalmente”, asegura Isabel Pérez, periodista especializada en Oriente Medio y residente de la franja de Gaza, quien a diario recoge historias como la de Mariam para mostrar “los efectos de la ocupación en las mujeres palestinas”. 

“Hay que hacer más visible la triple lucha de las mujeres palestinas”: contra el patriarcado, contra la ocupación israelí y contra la mirada occidental, que tiende a relegarlas a un papel doméstico“, apuntan nueve expertas reunidas esta semana en Madrid –algunas de ellas por videoconferencia–  en el debate 'Palestina a través de sus mujeres'.

A esta realidad se llega remontándose a la llegada del movimiento colonial israelí a Palestina, el cual puso freno a los avances que habían empezado a conquistar algunas agrupaciones de mujeres palestinas que existían antes del desastre de la Nakba de 1948.

“Ya a finales del siglo XIX había movimientos de mujeres palestinas que se unieron ante la amenaza de la colonización británica, y otros que después se posicionarían en contra del movimiento sionista”, explica Mar Gijón, doctora en Estudios Árabes e Islámicos y autora del libro “Historia del movimiento de mujeres en Palestina”.

Entre las páginas de este último expone cómo allí, el movimiento feminista no puede desligarse del contexto histórico de resistencia en el que se han visto forzadas a vivir. “La mujer palestina nunca ha estado al margen de la lucha”, concluye Gijón. 

Al otro lado de la pantalla, Haneen Zoabi explica cómo vive la suya propia. Habla desde Palestina, con una rotundidad en sus palabras que camufla el ir y venir de la conexión a internet. “La causa de Palestina es una causa justa. También la lucha de sus mujeres, nosotras. Hablar de ambas cosas es hablar de justicia”, dice para abrir su ponencia. 

Diputada en el parlamento palestino y cofundadora de la ONG L'laam (Centro para la Información de árabes-palestinos en Israel), Haneen ha luchado desde que tiene memoria por mantener la identidad de su pueblo. “Nuestra resistencia es un logro para nosotras y un fracaso para la administración israelí”, añade. 

Resistir desde el espacio privado

Parte de la clave de ese logro reside, según explican las expertas, en que las mujeres palestinas resisten no sólo desde el espacio público –que muchas consiguieron conquistar–, sino también desde dentro del ámbito privado, al que tradicionalmente se les ha relegado. En los vínculos internos de las familias y en el trabajo de los cuidados, ellas son quienes aportan la fuerza de la cohesión social, día a día y “con un aguante exhaustivo”, añaden.

Cuando Mariam Abu Daqqa abandonó las armas tras haber sido una de las primeras mujeres líderes militares del pueblo palestino en los años ochenta, lo hizo convencida de que el papel de la mujer en la liberación de Palestina también era clave en este otro contexto. “Resistencia hoy en día es criar hijos e hijas en Palestina, es estar expulsada pero seguir luchando por tu tierra”, aseguraba en una entrevista con eldiario.es.

La importancia de esa resistencia en el espacio privado quedó también reflejada en la imagen que la periodista Teresa Aranguren, especialista en el conflicto de la región, vio ante sus ojos en abril de 2002, cuando el Ejército israelí se retiró del campo de refugiados de Yenin (en Cisjordania) tras la operación 'Muro Defensivo', una de las más sangrientas.

“En ese momento el único movimiento en el terreno era de mujeres. El escenario era de completa destrucción, pero ellas reaccionaron, salieron a rebuscar entre los escombros, a atender a los demás. Las mujeres rehacen y recuperan la vida en los momentos más atroces”, recuerda Aranguren. 

Capacidad de resiliencia

Una de las consecuencias clave de la ocupación israelí es que ha vuelto más vulnerables a las mujeres palestinas en casi todos sus perfiles y contextos. Desde las adolescentes como Mariam, forzadas a casarse para encontrar “protección” y “liberar de carga económica a sus familias”, hasta las casi 800 adultas mayores que quedaron viudas en 2014 a raíz de la ofensiva militar israelí Margen Protector. 

Como Sameera Abd Alaal, quien tras haber huido de una guerra para acabar en otra al refugiarse en Siria, aún recobró fuerzas para sacar a todos sus familiares del país. Mientras, Khawla Abu Diab superaba un cáncer de pecho en Cisjordania y Manal Abu Saloom lograba montar su propia escuela de apoyo escolar en el campo de refugiados de Marka, en Jordania. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, UNRWA ha lanzado la campaña “mujeres que inspiran”, en la que se recogen estos y otros testimonios de mujeres  palestinas refugiadas en Siria, Líbano, Jordania, Cisjordania y Gaza. 

Todas ellas están entre los casi cinco millones y medio de personas que cuentan con el estatus de refugiado palestino –el 40% de la población refugiada del mundo de larga duración–, según datos de la ONU. Son las vulnerables de los vulnerables, porque al hecho de ser refugiadas y palestinas, suman también el de ser mujeres, apunta la Agencia.  

Pero aunque tras las tres etiquetas se esconde una realidad dura, sus historias son, principalmente, de lucha y superación. “Hay que resaltar la capacidad de resistencia de estas mujeres, que sufren tanto la violencia de género como la violencia contra su pueblo, mientras son ellas quienes dan todo ese apoyo psicosocial para que sus comunidades sigan manteniéndose en pie”, recuerda Miguel. 

La similitud de las luchas

Aunque comprender el contexto histórico en el que se ha desarrollado la lucha de las mujeres palestinas es, según las expertas, un aspecto clave para entender las opresiones que afrontan, parte del discurso también apuesta por encontrar similitudes con otras luchas feministas. 

A Ferial Sabri Kiwan le repitieron hasta la saciedad que “no estaba capacitada” y que “no servía” porque el puesto al que postulaba era “un trabajo de hombres”. También le hicieron creer que no conseguiría el empleo porque estaba embarazada en el momento en que hizo la entrevista. Pero lo consiguió. Esta palestina refugiada en el Líbano es ahora la primera Oficial de Servicios de Campamento en el campamento de Shatila, en Beirut. 

Pese a las diferencias en el contexto, un rápido repaso en la prensa española nos permite comprobar que en nuestro país también hay casos en los que algunas mujeres han sufrido en su entorno laboral juicios similares a los que tuvo que soportar Ferial, tanto por estar embarazadas como por acceder a un puesto de trabajo tradicionalmente desempeñado por hombres. 

“Históricamente hay muchas sociedades patriarcales en el mundo y el patriarcado, en cada cultura y en cada sociedad, es diferente. Sin embargo, las luchas de las mujeres son parecidas”, apunta Sorbida Hussein, cofundadora de la organización Comité Técnico de Asuntos de la Mujer en Palestina (WATC). 

Para reivindicar la unidad y las particularidades de todas esas luchas feministas, este 8 de marzo miles de convocatorias recorren el mundo llamando a exigir igualdad de derechos y oportunidades. También en Palestina, donde sus mujeres se manifestarán contra la opresión de la sociedad patriarcal en la que viven, en su caso especialmente alimentada por el bloqueo israelí. Este miércoles, salen a la calle para derribar sus dos muros. 

Mamadou vive midiendo el tiempo que ha pasado desde que dejó su país. “Un año hasta que logré llegar a la costa española, 72 horas en la Comisaría de Málaga y 49 días en el CIE de Aluche (Madrid)”. Se cumplía su séptima semana de encierro cuando le comunicaron que saldría en libertad aquella misma tarde, un 1 de febrero en el que las temperaturas de madrugada no superaron los 4 grados.

“Cuando nos liberaron nos dijeron que todos los centros de acogida estaban llenos y que no nos podíamos quedar en ninguno. Pasamos el día caminando, con mucho frío y hambre”, recuerda el joven.

Según SOS Racismo, otros 22 inmigrantes como Mamadou se han quedado en la calle tras ser liberados del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche porque no han tenido plaza en los programas de acogida humanitaria que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social financia para las personas en su situación.

“Estaban totalmente desorientados, muchos recién llegados a Madrid, sin saber a dónde ir, sin un solo euro en el bolsillo y humillados por el trato recibido”, denuncia la ONG, que ha presentado una queja ante la Defensora del Pueblo junto con las organizaciones Karibu y Pueblos Unidos.

La campaña contra el frío del Samur social evitó que muchos de ellos pasaran las primeras noches al raso en pleno invierno, pero el servicio únicamente ofrece alojamiento para dormir entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana, momento en el que deben abandonar el albergue y vuelven a verse en la calle.

“Evidentemente esto es insuficiente”, asegura Clara García, portavoz de SOS Racismo Madrid. Recuerda que la situación de vulnerabilidad de estas personas –a quienes liberan tras haber estado privadas de libertad en el CIE hasta un máximo de 60 días por haber cometido una falta administrativa– requiere de una atención especializada que sí proporcionan las plazas del programa de atención humanitaria a inmigrantes.

La Secretaría General de Inmigración y Emigración financia este último a través de subvenciones a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, que proporcionan a los inmigrantes más vulnerables tanto servicios básicos –alojamiento temporal y comida– como apoyo en el proceso de integración, con clases de español, o asistencia legal, entre otras.

Aunque quienes salieron del CIE de Aluche los días 17 de diciembre y 1 de febrero debieron haber recibido esta ayuda, no se les concedió por falta de plazas, según denuncian las ONG. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, responsable directo de la gestión y asignación de las mismas, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es.

Menos plazas tras el cierre de Dianova

Las ONG apuntan que la falta de plazas tiene origen en el reciente cierre del programa de atención humanitaria a inmigrantes en uno de los centros de acogida de la capital, gestionado por la asociación Dianova, a quien el Ministerio ha retirado la subvención después de que la Cadena SER publicara que mantenían a refugiados y toxicómanos en el mismo centro, y que utilizaron a los inmigrantes acogidos como mano de obra ilegal para reparar las deficiencias del centro.

El escándalo salió a la luz gracias a la publicación de un informe que varios extrabajadores del centro entregaron al Ministerio de Empleo en verano, en el que alertaban de las irregularidades y vulneraciones de los derechos de los inmigrantes acogidos. Como consecuencia, el Ministerio no renovó la subvención para el programa de Dianova, que permanece cerrado desde el 31 de diciembre.

Desde la asociación desmienten todas las acusaciones e insisten en que la mayoría de los usuarios “están satisfechos con el trato recibido” y dicen desconocer que ésta sea la razón del cese del programa. No obstante, el Ministerio confirmó que la causa de la no renovación de la subvención a Dianova fueron las quejas recibidas, según la Cadena SER.

A finales de año, los últimos inmigrantes a los que se les había concedido plaza en las instalaciones de Dianova –unos 70 en total, según la propia ONG–, tuvieron que ser reubicados en otras organizaciones, por lo que el número total de plazas disponibles se redujo. Ahora, SOS Racismo exige al Ministerio que compense esta falta y garantice la asistencia a todos los inmigrantes que la requieran.

“Es un programa que tiene muchísima movilidad y suelen quedar plazas vacías rápidamente, pero es cierto que en los últimos meses está habiendo una ocupación muy alta. Nosotros acabamos de presentar un proyecto en el que planteamos que el Ministerio amplíe el número de plazas que gestionamos, dentro de nuestra capacidad”, aseguran desde CEAR, una de las organizaciones que ofrece el servicio.

En 2015 España no deportó al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE, según cifras del último informe de la Defensora del Pueblo. En años anteriores los datos han sido similares, dejando entrever una tendencia que prueba que más de la mitad de las personas a las que se priva de libertad con el objetivo de expulsarlas a sus países de origen son encerradas en balde.

Casi todas ellas, al salir del CIE, requieren la ayuda del sistema de atención humanitaria a inmigrantes. “Necesitan esas plazas. Pensar que estas personas puedan quedar en la calle sin ningún apoyo después de haber estado privadas de libertad, muchas veces sin que nadie haya considerado las vivencias que han tenido en la trayectoria de huida, o si tienen arraigo, no es humano”, asegura Clara García.

Más vulnerables al salir del CIE

García explica por qué el paso por el CIE agrava la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes, motivo por el que las ONG defienden que deban ser especialmente protegidas.

“En primer lugar, están quienes llevan años en España y tienen un arraigo fuerte. Tienen la ventaja de que suelen contar con el apoyo de familiares al salir del CIE, pero en el tiempo que han pasado encerrados han podido perder su trabajo o sus casas”, relata la experta.

Entre estos últimos, describe, se encuentran también muchos inmigrantes afincados en el norte de España, a quienes se suele trasladar al CIE de Aluche, a cientos de kilómetros de sus casas. “Cuando les liberan por la noche no tienen cómo volver”, añade.

La situación de los que acaban de llegar es incluso más compleja. “No conocen nada ni a nadie, no saben dónde ir y están totalmente perdidos”, dice García. Como Mamadou, a quien el frío madrileño se le hizo insoportable mientras caminaba sin rumbo. “Aquí somos nuevos. Nunca había conocido una sensación de frío como esta y tuve que pasar muchas horas en la calle”, recuerda el senegalés al que no le dieron plaza en un centro de acogida tras salir de Aluche.

Hoy, Mamadou vive con su prima gracias a la ayuda que le ha prestado una ONG, a cuya sede llegó caminando después de dar tumbos durante dos días y medio. “Quiero contar esto que me ha pasado porque la ley en España es muy dura. Nos encarcelan aunque no hemos cometido ningún crimen”, dice aún frustrado.

Sigue contando el tiempo que ha vivido desde diciembre de 2015, cuando abandonó su país con otros jóvenes “para ayudar a nuestros padres y madres”. Y sigue sin entender. Cuenta que pasó casi dos meses encerrado en el CIE ansiando una libertad que, cuando se le concedió, le dejó en la calle, solo y sin ayudas. “¿Por qué nos hacen esto si no hemos hecho nada malo? A mí nunca me habían tratado así. ¿De verdad España reconoce los derechos humanos?”, se pregunta.

La situación laboral de nuestro país es aún difícil. Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) abrían el 2017 con 3.760.231 parados, un contexto de dificultad económica que los investigadores sociales consideran “más proclive al conflicto que a la tolerancia” en la actitud de los españoles hacia los inmigrantes. 

La predicción, sin embargo, ha empezado a incumplirse. Según el informe Percepción social de las migraciones en España, publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en los últimos dos años los españoles han mejorado notablemente sus niveles de tolerancia, lo que refleja una menor presencia de respuestas xenófobas en las encuestas de actitudes hacia la inmigración realizadas por el CIS.  

Pese a que los años de mayor incertidumbre económica y laboral en España (2008-2011) sí trajeron consigo un repunte de las actitudes racistas y de rechazo a los inmigrantes, la tendencia ha descendido significativamente desde 2013.

La autora de la investigación, Mª Ángeles Cea D'Ancona, apunta que “como se perciba la presencia de inmigrantes tiene un mayor efecto en las actitudes hacia la inmigración que su número real. Sobreestimar el nivel de inmigración exacerba el sentimiento de amenaza y resucita sentimientos restrictivos”.

A ello se debe que desde 2014 las respuestas en las encuestas revelen un mayor nivel de tolerancia hacia la inmigración, coincidiendo con que los españoles perciben desde entonces una menor presencia migratoria en el país y que las medidas anti-inmigración se han vuelto más restrictivas. 

El otro componente que ha jugado un papel clave en el descenso del rechazo a la inmigración es que buena parte de los jóvenes españoles se han visto forzados a ponerse en el lugar de quien deja su tierra natal en búsqueda de mayores oportunidades en el extranjero. “El 'volvemos a ser emigrantes' propicia la mirada empática y de aproximación al inmigrante”, señala la investigadora.

A la mayor empatía de los españoles se suman los años de convivencia entre autóctonos y foráneos, que han contribuido también a que los que eran vistos como “extraños” ahora sean aceptados como “amigos”. Un 52% de los encuestados en 2014 declaró tener amigos inmigrantes, seis puntos más que en 2012 y 14 más que en 2007. 

La inmigración como amenaza al empleo

Con la crisis económica y el aumento continuo de las tasas de desempleo, los españoles pasaron a ocupar puestos de trabajo que hasta el momento había desempeñado la población inmigrante. Los datos del estudio reflejan que, como consecuencia, la sociedad culpó a los inmigrantes de quitar oportunidades laborales, del aumento del desempleo y de la bajada de los salarios. 

A partir de 2014, sin embargo, la tendencia cambia, y pese a que la tasa de desempleo seguía y sigue siendo hoy elevada, las respuestas que registran desde entonces las encuestas del CIS han dejado de responsabilizar a los inmigrantes por la situación de precariedad laboral. Junto a ello, la opinión de quienes se muestran a favor de “expulsar inmigrantes en paro de larga duración” también ha descendido. 

La imagen del inmigrante “sobreprotegido”

El informe afirma que la crisis ayudó a consolidar entre los españoles la imagen del inmigrante como acaparador de los recursos públicos, pese a que varias investigaciones de Médicos del Mundo, la Fundación de Ciencias de la Salud o el ICE hayan probado que no es cierto. Según recuerda D'Ancona en su estudio, los inmigrantes hacen un uso menor de la atención sanitaria porque cuentan con una edad media menor que la de los españoles nativos, y porque cuando requieren asistencia médica se topan a menudo con barreras de acceso.

Tras la entrada en vigor del real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a 870.000 personas, esas barreras se convirtieron en muros infranqueables para muchos inmigrantes en España. Alpha Pam, Soledad Torrico o Jeanneth Beltran son solo tres de las víctimas que se han cobrado los cuatro años de exclusión sanitaria. Murieron dentro de nuestras fronteras porque se les negó la asistencia médica. 

Aunque ha habido un pequeño descenso en los últimos años, el número de españoles que consideran que “los inmigrantes reciben más ayudas sanitarias” que ellos sigue siendo la mayoría, y un 43% de los encuestados aún defiende que los nacionales deben tener preferencia sobre los inmigrantes a un derecho social básico como es el acceso a la atención médica. “La imagen negativa del inmigrante sobreprotegido alimenta sentimientos xenófobos y despunta en los discursos contrarios a la inmigración”, alerta D'Ancona. 

La “amenaza cultural”

Cuando la sociedad percibe que la inmigración es elevada, se despiertan temores acerca de los cambios que puedan incorporar los extranjeros a las normas, creencias y valores culturales de su país, a lo que la experta se refiere en la publicación bajo el nombre de “amenaza cultural”. 

España no fue distinta a otros países y desarrolló un sentimiento de rechazo cultural principalmente centrado en los musulmanes. Según el informe, la islamofobia en nuestro país aumentó en 2010 y adquirió “un elevado protagonismo en la configuración de las actitudes hacia la inmigración”.

De aquellas actitudes nacieron también medidas políticas, como la que aprobó el 28 de mayo de ese año Lleida, que se convertía en la primera ciudad española que prohibía el uso del velo en edificios públicos. Más tarde se sumarían a la prohibición otros municipios de Andalucía y Cataluña. 

Ese mismo año, las encuestas del CIS registraban sus valores más altos en el número de encuestados que respondieron estar a favor de prohibir el velo en las escuelas y de protestar por la edificación de mezquitas. También de quienes opinaron que “los inmigrantes solo deben mantener aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los españoles”. 

D'Ancona achaca el ascenso notorio de la islamofobia en 2010 al aumento de los debates político-mediáticos sobre estos temas, en consonancia con lo que volvió a ocurrir con la reciente polémica del burkini en Francia y algunos incidentes discriminatorios tras la prohibición de su uso el pasado verano. 

De nuevo, 2014 llegó con datos de esperanza con respecto a la tolerancia, también hacia la multiculturalidad en nuestro país. En todas las preguntas relacionadas con la variedad de presencia de nacionalidades, culturas, color de piel y religión, se alcanzaron las medias más altas de aceptación desde el 2008, según recoge el estudio. 

La conclusión que recogen sus páginas no es tan esperanzadora. Aunque la compresión y la empatía sigan estando entre las causas de la mejora en los niveles de tolerancia, la investigadora explica que la principal causa del descenso en el rechazo a la inmigración es que la sociedad ha dejado de concebirla como una “amenaza” porque ha descendido la presencia inmigratoria real y percibida. 

La noticia llegó como una intimidación esperada. El anuncio este miércoles de la decisión de Donald Trump de suprimir la financiación pública a las llamadas ciudades santuario, donde las autoridades locales no cooperan con las federales para deportar a migrantes indocumentados, ha reafirmado la posición de sus alcaldes.

“Hemos escuchado atentamente las afirmaciones del presidente Trump y quiero asegurar que ninguna de ellas cambiará nuestra condición de ciudad santuario. Una ciudad más segura es aquella que no permite que sus ciudadanos vivan con miedo, y todos, independientemente de su situación administrativa, tienen el derecho a estar protegidos”, asegura el alcalde de San Francisco, Ed Lee.

A sus palabras se sumaron también el alcalde de Seattle, Ed Murray, que afirmó que “no se dejarán intimidar por el mensaje autoritario de la Administración”, o el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quién recalcó estar preparado para “desafiar legalmente” el decreto de Trump. “La orden ejecutiva del presidente va en contra de nuestros valores, pero el golpe de una pluma no cambia a la gente de la ciudad de Nueva York”, añadió de Blasio en su cuenta de Tuiter.

Trump no lo tendrá fácil. Si quiere recortar la financiación federal a estas ciudades, deberá aplicar la medida en más de 300 municipios y ciudades de todo el país, entre los que se encuentran algunas de las principales potencias económicas de EEUU, como Nueva York o Los Ángeles. En la lista destacan también San Diego, San Francisco, Seattle, Miami, Houston, Austin, Dallas, Minneapolis, Phoenix o Denver, donde viven la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados del país.

¿Cómo funcionan las ciudades santuario?

ciudades santuario? La historia de un inmigrante en situación irregular en Estados Unidos varía en función de las fronteras entre las que se encuentre.

Una simple multa de tráfico puede traer como consecuencia en las ciudades “no santuario” que la policía retenga a la persona en prisión para proceder a su deportación si comprueba que no tiene los papeles en regla, pese a que la ilegalidad cometida sea una falta leve y no tenga nada que ver con su condición de inmigrante irregular.

Es lo que el CIS (Center for Immigration Studies) considera “cooperación entre las autoridades locales y las federales en materia de inmigración”, y es una de las principales medidas que algunas de las llamadas ciudades santuario han decidido obviar.

Atendiendo a los datos, el último informe del Immigrant Legal Resource Center mostró que de las 168 ciudades santuario estudiadas, 69 se negaban a mantener a inmigrantes detenidos en comisaría por su situación administrativa con la intención de deportarles, pese a que así se lo solicitan las autoridades federales.

“Vamos a priorizar la persecución y deportación de inmigrantes indocumentados que también han violado nuestras leyes. Después de que estos criminales pasen tiempo en prisión por los crímenes cometidos, serán devueltos a sus países”, ha afirmado Donald Trump este miércoles, sin especificar qué tipo de delitos tendrán en cuenta para acelerar las deportaciones.

Por qué son legales

Las llamadas ciudades santuario afirman estar cumpliendo la legalidad porque la ley federal de inmigración no requiere que las autoridades locales colaboren con los agentes federales en la tarea de perseguir la inmigración. Por lo tanto, en ningún caso desobedecen dicha normativa, sino que se limitan a no cooperar con la misma en las áreas donde tienen competencia.

Quienes se oponen a lo que hacen estas ciudades argumentan que lo que la ley sí prohíbe es que las autoridades locales nieguen información a los agentes federales sobre el estatus migratorio de sus ciudadanos. Sin embargo, las ciudades santuario no incumplen este punto directamente, porque lo que hacen es no preguntar ni recoger información sobre los papeles cuando no lo consideran pertinente.

Como asegura en su informe Deshaciendo el mito de las ciudades santuario la subdirectora de America's Voice, Lynn Tramonte, “las leyes no requieren que los agentes locales pregunten a quienes cometen un delito, o a las víctimas del mismo, por su estado migratorio”.

Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York, ha instado a Trump a revocar la medida porque, según asegura, el presidente “carece de autoridad constitucional para recortar la financiación de los estados que han actuado legalmente para proteger a las familias de inmigrantes”.

Efectos de la supresión de la ayuda federal

Las ciudades santuario reciben dinero de departamentos federales diferentes, y cabe la posibilidad de que la amenaza no afecte a aquellas partidas no relacionadas con asuntos migratorios. Es probable que Trump sí pretenda cortar el grifo con aquellos fondos que provienen de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior.

Las primeras estimaciones recogidas en un análisis de Reuters cifran en unos 2.270 millones de dólares la cantidad que previsiblemente se eliminará de los fondos públicos federales que reciben anualmente las diez principales ciudades santuario.

¿Supone un recorte importante? El porcentaje que representa el recorte con respecto del total de los fondos de cada ciudad varía notablemente. Como se observa en esta gráfica, mientras que Nueva York podría perder con la medida más de 700 millones de dólares, Washington sólo vería afectadas sus arcas con un recorte de 20 millones.

Es importante considerar otras variables que entran en juego, como el total de los fondos de cada ciudad, el tamaño de la misma o sus presupuestos. Teniendo en cuenta que los fondos federales representan en Washington casi un tercio del presupuesto total de la ciudad, la aparentemente pequeña retirada de fondos podría dejar a la Administración ante un reto difícil.

No ocurrirá así en otras ciudades santuario como Santa Fé, donde apenas se notaría el impacto de la medida sancionadora de Trump: recibirán un 2% menos de su financiación total. Su caso, sin embargo, ha puesto sobre la mesa el debate acerca del impacto económico que tendría en estas ciudades la aceptación de medidas que aumentarán las deportaciones, cuando sus industrias las sustenta, en gran medida, el trabajo de las personas inmigrantes.

“Dependemos enormemente del trabajo de los inmigrantes en la industria del turismo, en la economía del cine y las empresas de hostelería. Los 'nuevos inmigrantes' juegan un papel fundamental y proporcionan las aptitudes que necesitamos para ofrecer estos servicios y que han hecho de Santa Fé un lugar tan genial”, aseguró su alcalde en una entrevista con The Rolling Stone.

El problema de la seguridad nacional

Trump argumenta que sus esfuerzos por perseguir la inmigración ilegal con este tipo de medidas pretenden “garantizar la seguridad nacional”. Si bien las autoridades de las ciudades santuario comparten este objetivo, no creen que esta sea la mejor manera de lograrlo.

“Para hacer nuestro trabajo debemos contar con la confianza y el respeto de las comunidades a las que servimos. Fracasamos si la gente tiene miedo a su policía y no sale cuando la necesitamos. Necesitamos la total cooperación de víctimas y testigos, y eso no proviene de personas que ven a su policía como agentes de inmigración”, aseguró ante el Comité Judicial del Senado Tom Manger, jefe de policía del condado de Montgomery.

El debate saca a la palestra el problema de la desprotección de las víctimas de abusos cuando son inmigrantes en situación irregular. Según Amnistía Internacional, cuando los extranjeros desconfían de la policía por temor a ser deportados, se dan las condiciones idóneas para que los delincuentes se aprovechen tanto de las víctimas como de los testigos.

Las ciudades santuario, frente a Obama

El recrudecimiento de la violencia en el triángulo de Centroamérica en los últimos años ha disparado las cifras de personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, Honduras o Guatemala. Sus solicitudes han pasado de 8.052 en 2010 a 56.097 en 2015, según datos de Acnur, un aumento del 597% en apenas cinco años. Entre ellos hay menores no acompañados que buscaron refugio en EEUU y no lo encontraron. Muchos fueron deportados.

La intensificación de las expulsiones comenzó durante el mandato de Obama, cuya Administración deportó a más de 2,5 millones de personas hasta 2015. De sus intentos por aumentar el control en la frontera sur y las medidas para repatriar a inmigrantes indocumentados con antecedentes, las ciudades santuario –que habían surgido en los años ochenta– cobraron fuerza y aumentaron en número y popularidad.

Hoy, la Administración de Trump perpetuará leyes que “desprotegen a potenciales refugiados y criminalizan a migrantes”, según han comprobado las organizaciones de derechos humanos en los últimos años. Ante esto, las ciudades santuario se multiplican y resisten: “Mientras Trump construye un muro, nuestras ciudades construirán un puente”, concluye el alcalde de Seattle, Ed Murray.

El próximo 20 de enero Donald Trump llegará a la casa blanca para poner en marcha las controvertidas medidas que ya anunció durante su campaña electoral. No lo hará solo. El magnate multimillonario y presidente electo de los Estados Unidos ha elegido para su equipo de Gobierno a tres ex generales contrarios al cierre de Guantánamo, un magnate del petróleo cuya empresa construye un oleoducto en una reserva indígena, un acusado por violencia machista y varios senadores islamófobos, entre otros.  

Un breve repaso al currículum de los integrantes de su gabinete deja al descubierto una trayectoria repleta de vulneraciones de los derechos humanos. Estas son algunas de ellas:

Perpetuar el racismo institucional

El nuevo fiscal general de Estados Unidos será Jeff Sessions, el ex senador de Alamaba cuya trayectoria política ha estado marcada por su oposición al matrimonio homosexual, la crítica a la inmigración musulmana y sus repetidos intentos por frenar las propuestas de mejora en el derecho de voto de las personas de raza negra. 

En 1986 Ronald Reegan le propuso para ser juez federal, pero el Senado lo rechazó por acusarle de haber realizado diversos comentarios racistas, entre ellos, cuando calificó a la Asociación Nacional por el Progreso de las Personas Negras (NAACP, por sus siglas en inglés) como “no-Americana”.

Ademas, durante sus años como senador se opuso en repetidas ocasiones a los avances en la Ley de Derecho a Voto y procesó injustamente a varios activistas que luchaban por mejorar los derechos electorales de las personas negras. Hoy, este colectivo sigue sufriendo el racismo institucional al acudir a las urnas, según corroboró la propia Corte Suprema el pasado mes de junio. 

Sessions es también uno de los principales senadores anti-inmigración del país. En 2015 publicó un informe en el que defendía la limitación de los visados de trabajo y la necesidad de un “firme control en la entrada y salida de extranjeros a EEUU”, alegando que la “inmigración incontrolada” estaba deteriorando el empleo y el bienestar general de los trabajadores estadounidenses. 

En contra del cierre de Guantánamo

No es el único en el equipo del nuevo Gobierno que ha manifestado ideas similares. El exgeneral John Kelly, propuesto para ser el nuevo Secretario de Seguridad Nacional, ha anunciado que considera “urgente frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad de sus fronteras”. Con esto en mente, será el encargado de desarrollar o rechazar algunas de las medidas más controvertidas que Trump ha anunciado en materia de inmigración, como la construcción de un nuevo muro en la frontera con México,  la implementación de un registro de inmigrantes musulmanes o la repatriación de los refugiados sirios. 

General retirado, Kelly fue anteriormente jefe del Comando Sur, lo que le convertía en el responsable directo de las actividades norteamericanas en América Latina y el Caribe, entre las que también se incluye el centro de detención de Guantánamo. El que ahora será Secretario de Seguridad Nacional obstaculizó entonces los planes de Obama para cerrar la prisión, pese a las continuas denuncias por vulneraciones de derechos humanos registradas por varias ONG. 

No libró la batalla solo. Kelly contó entonces con el apoyo de numerosos representantes republicanos, incluido el ex-congresista de Kansas Mike Pompeo, quien tiene colgadas en su web una serie de fotografías de algunos detenidos en Guantánamo acompañadas de la frase “este podría ser tu vecino”.

“Estoy luchando para conseguir alejar a los terroristas de Kansas y de América. Tenemos el derecho de mantener Guantánamo abierto para preservar la seguridad nacional”, concluye junto a las imágenes. A mediados de noviembre Trump también le incluyó en su equipo. Será el nuevo director de la CIA.

Acusado por violencia machista

La polémica en la trayectoria política de Pompeo pasa también por sus afirmaciones xenófobas y machistas. En septiembre de 2013 recalcó su posición al matrimonio homosexual al considerar que “no es el entorno ideal para criar a un niño”, y exigió que se protegieran sus opiniones al respecto en el marco de la libertad de expresión y religiosa.

Apenas dos meses antes, en febrero, Pompeo votó en contra de una reforma en la Ley de Violencia Contra las Mujeres que pretendía extender la protección a los colectivos de gays, lesbianas, inmigrantes e indígenas, identificados por Amnistía Internacional como las víctimas más vulnerables. Junto con él, otros 21 republicanos –todos hombres– rechazaron la medida porque estimaron que la ley representaba “un ataque feminista contra los valores de la familia”. 

Años antes de la existencia de esa Ley, las acusaciones de violencia machista recayeron sobre el que es ahora el nuevo Secretario de Trabajo de Estados Unidos, también elegido recientemente por el presidente Trump, Andrew Puzder. El empresario multimillonario acusado de evasión fiscal y de robar parte del salario a sus trabajadores, fue denunciado por su exmujer, Lisa Henning, en 1989.

Según el RiverFont Times, Henning aseguró en los papeles del divorcio que Puzder la había “tirado al suelo y desconectado el teléfono cuando ella intentó llamar a la policía para pedir ayuda”. El mismo medio asegura que Puzder admitió haberla “agarrado por los hombros y empujado”, pero justificó que lo hizo para “evitar que se hiciese daño a sí misma”. A este episodio de violencia machista se sumarían al menos otros dos, también relatados en los documentos del divorcio. Él los negó en reiteradas ocasiones argumentando que eran “acusaciones infundadas”. 

Desde entonces otros escándalos machistas han seguido sacudiendo la trayectoria de Puzder. El último, mucho más reciente, lo protagonizó con el anuncio de su compañía de comida rápida para la Super Bowl, en el que dos mujeres en bikini comían sus hamburguesas bajo el lema “al natural”. Pese a que el vídeo hablaba por sí solo, Puzder decidió corroborar su actitud sexista al afirmar que le gustan “las mujeres guapas que comen hamburguesas en bikini”, y que con aquel anuncio su marca “había tomado parte de su personalidad”. 

Contra los derechos reproductivos de las mujeres

En el currículum del nuevo Secretario de Trabajo hay también espacio para una amplia trayectoria política en contra del aborto, la planificación familiar y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Considerado el principal abogado anti-abortista de Misuri y uno de los miembros más activos del grupo antiabortista “Lawyers for Life” (Abogados Pro Vida), Puzder autorizó una ley que imponía importantes restricciones al uso de dinero público en los servicios de interrupción del embarazo. Finalmente, la medida acabó siendo revocada por la Corte Suprema. 

La misma historia, con el mismo final, se repetía años después en el Estado de Texas, esta vez protagonizada por Rick Perry, a quien Donald Trump acaba de proponer para ocupar el puesto de Secretario de Energía de EEUU.

En 2011, cuando Perry era gobernador de Texas, llamó a las medidas de planificación familiar un “matadero de los no nacidos” e impulsó, como Puzder en Misuri, una ley que obligó a la mayoría de las clínicas abortivas a cerrar debido a los recortes en fondos públicos destinados a la interrupción del embarazo. 

Tuvo consecuencias, según denuncian las ONG. Un estudio de 2015 afirma que entre 100.000 y 240.000 mujeres en edad reproductiva en ese estado –el más contrario al aborto– intentaron abortar por su cuenta en algún momento. Finalmente, y tras años de protestas feministas, en junio de 2016 la Corte Suprema revocó la ley. 

Antes, el equipo de Perry también había bloqueado dos propuestas que pretendían implementar en Texas la educación sexual en los colegios y abaratar el acceso a los servicios de control de natalidad para las mujeres, pese a que otro estudio de 2012 corroboró que la implantación de un sistema planificación familiar gratuito en Estados Unidos lograría reducir el número de abortos a la mitad.

Construir un oleoducto en una reserva indígena

Rick Perry ha sido elegido para liderar el organismo contra la que él mismo cargó en varias ocasiones. Contrario a la existencia de la Agencia de Energía, el nuevo Secretario de la misma es un magnate del petróleo y negacionista del cambio climático. 

Su compañía, Energy Transfer Partners, lidera el proyecto que pretende construir un oleoducto en Dakota del Norte, atravesando el territorio de una tribu indígena. Varias organizaciones ecologistas ya han advertido del riesgo medioambiental de su construcción que, además, cruzaría tierras ancestrales y podría comprometer el futuro de las comunidades nativas, que no callaron.

Tras meses alzando la voz en protestas sin cese los vecinos lograron ganar su particular lucha contra la construcción del oleoducto en noviembre, cuando consiguieron la paralización de las obras. La victoria, sin embargo, fue agridulce. El cese es temporal y Trump no descarta volver a desestimar la voz de los defensores medioambientales e indígenas. Ha anunciado que estudiará la reanudación del proyecto. 

“Odiar a los musulmanes es racional”

El otro gran magnate del petróleo en el nuevo equipo de Gobierno estadounidense es Rex Tillerson, el presidente de la petrolera Exxon Mobil. Tillerson se ha negado a condenar graves violaciones de derechos humanos documentadas por las ONG, como los más de 4.800 asesinatos en Filipinas tras la “campaña anti-drogas” impulsada por su presidente Rodrigo Duarte o la vulneración de los derechos de las mujeres y el encarcelamiento de disidentes en Arabia Saudí. En su opinión, “la información al respecto ”no es suficiente“ para emitir un juicio que las condene.

Tanto Tillerson como Michael Flynn –propuesto para ser el Consejero de Seguridad Nacional– mantienen buena amistad con el presidente Ruso, Vladimir Putin. Flynn, además, ha aparecido en varias ocasiones en Russia Today, la televisión propagandística del regimen ruso. 

Este último, que tendrá un papel clave en la futura política internacional de los Estados Unidos, no ha dudado en mostrar sin tapujos sus ideas islamófobas en declaraciones a la prensa y en las redes sociales, llegando a afirmar que “el miedo a los musulmanes es algo racional”. 

Preguntado por al-Jazeera si apoyaría la amenaza de Trump de asesinar a los familiares de sospechosos terroristas, dijo que “tendría que estudiar las circunstancias”. 

Las afirmaciones de Flynn encabezan el ranking de la polémica del nuevo gabinete junto con las de James Mattis, el que será el nuevo Secretario de Defensa. El ex general, en cuya carrera destaca su presencia en la guerra de Irak y la de Afganistán, llegó a afirmar en 2005 que “era divertido disparar a algunas personas”. 

El balance del año llega al poblado de El Gallinero con una frase contundente de los vecinos: “Todo sigue igual”. Doce meses después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara su “plan de choque” para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del asentamiento chabolista, aún no se ha cumplido. No hay rastro de las prometidas letrinas, más allá de una estructura de madera aún sin acabar de construir. Tampoco de los viales que facilitarían el acceso de la ruta escolar y que evitarían que los niños llegasen embarrados al colegio los días de lluvia.

Apenas 12 kilómetros les separan de la madrileña Puerta del Sol, aunque su realidad quede alejada de la del resto de la ciudad por un Índice de Pobreza Humana (IPH) que en El Gallinero alcanza el 93%, en comparación con el 10,7% de la capital. Allí, las 40 familias de etnia gitana provenientes de Rumanía aún recogen el agua con bidones de las únicas dos fuentes que hay para todos.

En total, unas 230 personas –casi la mitad, niños– tienen que hacer sus necesidades a la intemperie aunque el termómetro roce los cero grados, aunque vuelva a ser invierno y el diciembre pasado les prometieran que aquel sería el último en estas condiciones.

El Ayuntamiento asegura haber logrado realizar en este tiempo algunas intervenciones para dignificar las condiciones de vida de los vecinos, como la desratización del terreno, “una limpieza integral”, la reparación de los puntos de agua o la colocación de contenedores. Las letrinas y el asfaltado, pese a ser las dos peticiones principales de los vecinos y los voluntarios desde hace años, aún quedan fuera de la lista.

La noche del día de Navidad llegó al Gallinero como una sobremesa amarga. Un joven matrimonio tuvo que digerir en cuestión de minutos la escena de su techo en llamas cuando un cortocircuito hizo saltar una chispa y el fuego arrasó con todas sus pertenencias. Ya de día, a sus pies, los trozos calcinados de madera prefabricada aún contrastan con los restos de nieve en el descampado y les recuerdan que se puede perder todo aun cuando apenas se tiene nada.

Construir otra chabola al lado de los escombros de la suya era inviable. “El Ayuntamiento ha puesto muchas restricciones y los vecinos han entendido que no pueden construir nada más, así que están cumpliendo con su parte del trato”, dice Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo e interlocutor de los voluntarios del asentamiento y las autoridades. Se refiere al inicio de las conversaciones con el equipo de Carmena sobre el futuro del asentamiento hace un año. A cambio, los vecinos vieron frenadas las demoliciones constantes de chabolas –que sí ocurrían con Ana Botella– y recibieron la promesa del “plan de choque” que aún esperan.

Un año tarde por “falta de permisos”

El Consistorio de Carmena justifica el retraso en la llegada de las letrinas y el asfaltado –inicialmente anunciaron que las obras comenzarían en enero de 2016– alegando que los terrenos no son propiedad del Ayuntamiento. “Todo lo que implicase hacer modificaciones urbanísticas requería la autorización de los propietarios, y hemos tenido que negociar mucho con la Junta de Compensación para conseguir los permisos”, explican desde el área de Equidad y Derechos Sociales a eldiario.es.

Pero tampoco han bastado los permisos, denuncian los voluntarios. La instalación de las letrinas empezó hace unas semanas y quedó paralizada nada más arrancar. “De momento sólo están las estructuras de las 15 letrinas a medio montar. Nos dijeron que nos las terminarían de construir, por falta de presupuesto, en el primer trimestre de 2017”, explica Baeza.

Baeza relata que viven en una frustración continua. Hoy busca la manera de explicar a más de 100 niños, cuyas viviendas están en una explanada sin nada más que escombros, que no pueden jugar con las estructuras de madera nuevas porque, “algún día, no sabemos cuándo”, serán letrinas para todos.

Si el equipo de Carmena cumple con su última predicción, será pronto. Insiste en que las medidas no quieren consolidar el asentamiento del poblado –el mismo argumento esgrimido por el Consistorio de Ana Botella para negarse a la mejora de las condiciones de El Gallinero–, y esperan “que el acondicionamiento del terreno comience en unos tres días y que las letrinas se instalen a lo largo de esta semana”, aseguran a eldiario.es.

Los voluntarios y vecinos desconfían de estas afirmaciones. “Sobre las letrinas no nos han dicho nada más e igual siguen así hasta marzo. Sobre los viales, sí me informan de que en enero empezarán a asfaltar, por lo que veo que algo sí que han acelerado el proceso”, asegura el párroco. Habla con una mezcla de ilusión e incredulidad con la que, dice, han aprendido a vivir.

“Desmantelar el poblado en nueve meses”

La repentina aceleración de los planes del Ayuntamiento ha llegado apenas un mes después de la protesta que protagonizaron vecinos, voluntarios y colectivos sociales ante su sede en el Palacio de Cibeles el 17 de noviembre.

El “tirón de orejas” consiguió dos respuestas: la de la alcaldesa Manuela Carmena, que prometió que hablaría con el presidente de la Junta de Compensación –conjunto de propietarios de los terrenos– para acelerar los trámites, y la de Marta Higueras, delegada del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, que anunció sus planes para lograr el desalojo total de El Gallinero en un plazo de nueve meses.

La frase cayó como una losa sobre los vecinos y los voluntarios, a quienes el Ayuntamiento sigue sin haberles explicado cómo van a proceder al desalojo. “A mí me consta que este Ayuntamiento sí quiere lograr una empatía que el anterior Gobierno ni planteaba, pero lanzar una información como esa sin concretar lo más mínimo genera muchísimo miedo”, opina Miguel Ángel Vázquez, voluntario habitual y excandidato del partido Por un Mundo + Justo.

El equipo de Higueras ha concretado a este medio que el plan de evacuación de El Gallinero irá acompañado de “una intervención social intensiva”, que analice el caso de cada familia individualmente y atienda sus necesidades con alternativas habitacionales. “Estamos preparados para que todos los vecinos se muden a viviendas de las que ya disponemos para ellos. Queremos convencerles de que abandonen las chabolas y se trasladen a los pisos”, aseguran.

“Tienen miedo porque nadie se lo explica”

Quienes ven la realidad diaria del poblado chabolista –niños haciendo pis entre basura, familias hacinadas en chabolas de 15 metros cuadrados, o el barro hasta las rodillas cuando llueve– creen que lograr el fin de El Gallinero pasa por mejorar la comunicación y la inclusión de los vecinos en todo el proceso. “Es una cuestión de empezar a tratarles como personas y no como objetos de caridad. Pensar lo mejor con ellos y no lo mejor para ellos”, apunta Vázquez

Denuncian que nadie les ha explicado nada. Se enteraron del plan de desalojo en nueve meses por la prensa y tampoco han oído hablar de las alternativas habitacionales que el Ayuntamiento pretende proporcionarles. “Entre tanta incertidumbre es normal que los vecinos estén asustados. La última vez que tuvimos noticias del Ayuntamiento fue en septiembre. Nos dijeron que nos citarían en dos meses pero nunca ocurrió, así que reclamamos la citación. Aún no nos han respondido”, dice Baeza.

Miguel Ángel coincide. Cuenta que en la mente de las madres de El Gallinero, con las que charla en sus habituales visitas de los viernes, la frase “desalojo en nueve meses” retumba a diario. En los 11 años de historia de El Gallinero el poblado ha visto crecer a sus hijos, muchos de los cuales ya han nacido en España. “Temen que les puedan deportar o que se queden sin un techo. Se ponen en lo peor porque las soluciones que les venían dando –desde el Ayuntamiento de Botella– habían sido muy malas. Están acostumbrados a que se les criminalice y se les ha tratado muy mal. Si nadie les explica que el rumbo es diferente, seguirán pensando igual”, añade el voluntario.

Hace una semana, ese 26 de diciembre en el que El Gallinero amanecía con la noticia del incendio que acabó con la chabola de una de las parejas del asentamiento, un grupo de vecinos se ofreció para compartir con ellos su pequeño espacio, mientras les ayudaban a trasladar un somier y un colchón que los voluntarios les habían conseguido. Fue así como hicieron de aquel trozo de espuma y muelles su nuevo hogar. Porque entre la gente de El Gallinero, recuerdan, aún no hay letrinas, ni asfalto, ni casas, pero sí hay hogares.

De cada cuatro frases que dice Roberto (nombre ficticio), tres son la misma: “Yo lo que quiero es volver a la normalidad. Recuperar mi vida”. En su caso, lograrlo implicaba poder volver a la universidad. Tras pasar la mayor parte de sus años en un aula, primero como alumno y después como docente, tuvo que abandonar su vocación, su país y su vida en apenas 15 días. Llegó a Madrid en diciembre, con una maleta de 20 kilos y un vacío que no sabía dónde guardar.

“Al principio no tenía permiso para trabajar, y tampoco podía dar clases de español porque yo ya sé el idioma. Así que pasaba mis días en el centro de acogida sin poder hacer nada. Prácticamente estaba allí para dormir y mirar al techo”, recuerda el venezolano. Esperaba sin saber muy bien qué pasaría con él. Qué decidirían quienes tienen en sus manos el expediente de solicitud de asilo que determinará si puede o no quedarse como refugiado en España.

Su angustia pasa a ser sonrisa cuando recuerda el día en que recuperó la motivación. “La psicóloga de Cear me dijo que estaban abriendo una oficina de atención a refugiados en la universidad, así que vine acá, pregunté, y hasta hoy”, dice contento, mientras explica cómo ha sido su primer día de clase en el máster de Relaciones Internacionales.

Al otro lado del mostrador le atendió Marta Amador, quien pelea por que todos ellos tengan una oportunidad en las aulas. La coordinadora adjunta del Plan de Acogida a Personas Refugiadas, que impulsó la Universidad Complutense de Madrid hace un año, reconoce que “las trabas burocráticas aún son infinitas”. “Aquí intentamos ponérselo un poco más fácil, ver qué documentos pueden presentar para convalidar asignaturas, apoyarles con las ayudas de las que disponemos, pero cada caso es un mundo”, asegura.

Hasta el momento han recibido 29 solicitudes, de las cuales han sido admitidas nueve. El resto aún está en periodo de convalidación: “Lamentablemente, no todas estas personas podrán entrar al sistema. En muchos casos no podemos comprobar su situación previa con ningún documento que pruebe sus competencias”, explica Mercedes García, delegada del rector para la Diversidad e Inclusión de la UCM.

En septiembre de 2015 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) instaba a que los centros facilitasen el acceso a estudiantes refugiados en España que fueran universitarios en sus países de origen. Un año después de la firma de aquel comunicado, en el que aseguraban que “las universidades españolas no pueden permanecer indiferentes ante el drama que asistimos en los últimos meses”, CRUE asegura no haber recopilado aún los datos sobre qué centros han llevado a cabo iniciativas propias.

Algunas universidades han incluido acciones de voluntariado entre los estudiantes nacionales, charlas de concienciación y activismo o clases de español para solicitantes de asilo, pero aquellas que han hecho efectiva la matriculación de solicitantes de asilo en grados o posgrado, por el momento, son muy pocas.

Las pioneras, como la Universidad Camilo José Cela (UCJC), la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad de Santiago de Compostela (USC) o la de Málaga (UMA), han desarrollado becas particulares con un número limitado de plazas para personas con este perfil, siendo las instituciones académicas –sin apoyo estatal en la mayoría de los casos– las que se hacen cargo de la financiación de las mismas.

La Complutense de Madrid, sin embargo, ha optado por abrir un procedimiento que estudie los casos de los solicitantes de manera individual y que trate de adaptar las exigencias burocráticas a las situaciones particulares de cada uno, sin que exista una convocatoria de becas limitadas. “Hoy día hay una sensibilidad mayor que antes, pero la normativa sigue sin estar adaptada”, recalca García desde su despacho en la Complutense. Recuerda que aproximadamente un tercio de las peticiones que han atendido en la universidad con estos perfiles son de solicitantes de asilo que ya estaban en España antes del 2015.

A falta de becas, priorizan buscar trabajo

Wafa ha hecho una apuesta para el futuro. Le habría gustado hacerla antes, pero cayó sobre ella el peso de ser la única que aportaba ingresos a la familia. “Cuando llegamos a Madrid tuve que ponerme a trabajar en una tienda de dulces. Intenté convalidar mi título de ingeniera civil, pero pasaron dos años y siempre me decían lo mismo: 'Estamos estudiando tu perfil'. Hasta que una voluntaria de Acnur me avisó de que existía esta beca para estudiar”, explica.

Entonces inició los trámites, presentó por enésima vez la misma documentación que demostraba su experiencia universitaria previa y esperó aquella llamada que finalmente llegó mientras cuidaba de sus sobrinos. “Me emocioné muchísimo cuando me dijeron que me habían cogido. Es una oportunidad enorme”, dice Wafa. Ella es una de las beneficiarias del Proyecto Integra de la UCJC, de iniciativa privada, por el que diez refugiados y solicitantes de asilo podrán estudiar un grado, alojarse en la residencia universitaria y recibir una manutención.

“Voy a estudiar enfermería porque me han dicho que aquí tiene más salidas que lo mío. Para empezar de nuevo y asegurarnos un futuro mejor”, dice la joven siria, que recuerda: “Yo he podido aceptar la beca porque mi hermano ha encontrado trabajo de albañil”. De no haber sido así, habría tenido que rechazarla.

Es algo habitual. Las organizaciones sociales aseguran que el porcentaje de refugiados o solicitantes de asilo que son universitarios y que deciden homologar sus títulos o retomar sus estudios en España “es limitadísimo”. “Muchos ni se lo plantean, porque tienen la necesidad de cubrir sus necesidades y priorizan encontrar trabajo”, dice Raquel Santos, coordinadora de inclusión de Cear.

Estudiar implica dedicar su tiempo a una carrera durante 4 años, pese a que el programa de apoyo económico a refugiados en España dura un máximo de 18 meses. La opción de recibir una beca de estudios o subvención del ministerio de Educación, en muchos casos, se les niega. “Aquí hay una laguna. Muchas veces no sabemos si las personas que están esperando a que se resuelva su solicitud de asilo pueden o no pedir una beca de estudios estatal que está limitada a estudiantes nacionales”, dice María Zabala, experta en cuestiones de acceso a la educación de Acnur.

La situación deja entonces la pelota en el tejado de las propias universidades, que se ven en la obligación no sólo de desarrollar programas propios de atención y acogida a refugiados –ante la ausencia de un plan estatal común para todas ellas–, sino también de asumir la carga económica de las ayudas a los más vulnerables. “Estamos intentando cubrir nosotros los gastos del alojamiento y la manutención de algunos estudiantes refugiados que empiezan ahora el curso, pero la idea es que eso lo cubra el Estado”, explica la delegada del Rector para la Inclusión en la UCM.

560 euros para homologar sus títulos

Huyó de Ucrania con los documentos que probaban que era licenciada, que tenía un curso y también dos máster, pero al llegar a nuestro país, “faltaban requisitos”. “En el ministerio me decían que no había especialistas que supieran aconsejarme, pero que tenía que apostillar mis títulos en Ucrania y traducirlos oficialmente para que me los homologasen”, dice Olga, ucraniana refugiada en Madrid.

En total, tuvo que pagar 560 euros durante todo el proceso y esperar más de un año. “He conseguido validar tres de los cuatro títulos, pero me lo cuentan como si tuviera solo una carrera. Si quiero que me homologuen el otro máster ahora me dicen que tengo que pagar otros 160 euros”, explica con resignación. Sabe que es la llave para intentar encontrar “un trabajo mejor”.

“El tema de las homologaciones y las convalidaciones es muy complicado, tiene un coste elevado e implica tiempo. Además, en el caso de las personas refugiadas es evidente que no disponen de esa documentación muchas veces”, dice Zabala.

Ignacio Sell, director del Programa Integra de la UCJC, reconoce que esto condicionó fuertemente las pautas de su proceso de selección: “Tuvimos que descartar a todo aquel que no tuviera homologado el título de bachiller”.

Desde Acnur aseguran que es necesario establecer un sistema de más sencillo en el caso de las personas refugiadas, que contemple su situación particular. “Se pueden intentar adoptar otras medidas diferentes para buscar la acreditación profesional o de estudios en el caso de que no tengan los documentos, con algún tipo de prueba o examen, por ejemplo”, explica Zabala.

Vitali llegó a España sin saber español. El joven de 21 años vino huyendo de las armas que, de la noche a la mañana, se vería obligado a empuñar en su Ucrania natal. “Si me quedaba, tenía que ir a la guerra a cambio de nada. Me daba miedo”, explica.

En la oficina de atención al refugiado le sigue ayudando Marta, que también se ha ocupado de su caso desde el primer día. “Acuérdate de que el lunes empiezas el curso de español”, insiste con ternura. Será la primera de las clases que Vitali recibirá en la UCM hasta completar los años que le quedan para poder homologar su título de enfermero, profesión que ya había empezado a ejercer en Ucrania.

Siempre con la cuenta atrás en mente. Le quedan 11 meses hasta que se le termine la ayuda que recibe como parte del programa de integración. “Si entonces no tengo trabajo ni acabo mis estudios antes, me quedo sin nada”, dice con agobio. Pero espera aprobar todo pronto y encontrar un empleo como enfermero que le permita no tener que volver “a la obra”, en la que trabajó como albañil nada más llegar a España.

Marta sonríe por la ilusión de Vitali. “Es una satisfacción ver que todo el esfuerzo que ponemos aquí sirve para conseguir esto”, dice. Sentado en frente, Roberto sostiene la 'tarjeta roja', una cartulina grabada con su foto y sus datos. “Este el único documento que tenemos aquí en España, donde dice que somos sólo eso, 'solicitantes de asilo”, explica él. Marta le contradice: “No, no es el único”. Al lado, en sus carteras, también llevan ahora el carné universitario.

La política de cooperación española está a la cola de Europa. Concretamente, en el puesto 19 de 28, siendo el noveno país de la Unión Europea que menos aporta a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Tras cinco años de recortes consecutivos, en 2015 España sólo ha contribuido a esta partida con un 0,13% de su renta nacional bruta, lo que supone la aportación más baja que nuestro país hace a la cooperación internacional desde la década de los 80.

Así lo reflejan los datos del último informe Aid Watch 2016, realizado por CONCORD (Red de ONGD Europeas), en el que se analiza la contribución económica de los países de la UE a la ayuda al desarrollo, así como la calidad de esos fondos en la lucha contra la pobreza y la promoción de la igualdad y los derechos humanos en terceros países.

Según el estudio, la cifra de la aportación española equivale a la de países como Hungría, y se sitúa por debajo de otros como Malta o Eslovenia. El 65% de la misma es, además, parte de los fondos que España debe aportar obligatoriamente a instituciones multilaterales. “Esto demuestra que no contamos con una verdadera apuesta por esta política, sino más bien un cumplimiento de mínimos al que nuestro país está obligado”, denuncia el informe.

Además, la aportación española resulta ser considerablemente menor a la que inicialmente se anuncia, dado que de cada cinco euros que el gobierno presupuesta en partidas para la cooperación, tan sólo se ejecutan cuatro. “La baja ejecución presupuestaria es una tendencia bastante previsible que se verificará cuando existan datos disponibles”, dice la organización. Hacen referencia al suspenso de nuestro país en la rendición de cuentas, por el que España baja del puesto 10 al 17 en el Índice de Transparencia de la Ayuda.

Cifras infladas con la ayuda a los refugiados

La principal denuncia del informe recae sobre la tendencia de los países de la UE a computar como ayuda al desarrollo partidas que no tienen como foco la lucha contra la pobreza y la desigualdad en terceros países. Es decir, que parte de las cifras destinadas la AOD se quedan dentro de sus propias fronteras: los países inflan los datos de la ayuda al desarrollo con fondos que no repercuten en países empobrecidos.

Como consecuencia, la mayoría de países de la UE incluyen dentro de sus fondos de ayuda al desarrollo partidas destinadas a la concesión de becas de estudios internas, a la condonación de la deuda o la atención a las personas refugiadas que han acogido, siendo este último caso el más común.

Un repaso a los datos permite comprobar que los países europeos que más refugiados han acogido en el último año son también los que más han aumentado sus cifras de AOD: Grecia (un 39%), Alemania (un 26%) y Hungría (25%). En todos estos casos, el incremento en el gasto de ayuda al desarrollo se corresponde a los fondos que destinan a la acogida de refugiados, dentro de sus propias fronteras.

También ocurre en España. Si restamos al escaso 0,13% de la renta nacional bruta que España aporta como AOD la ayuda inflada que no se dedica realmente a la cooperación para el desarrollo, el porcentaje cae hasta el 0,12%. “Hay que acabar con estas prácticas y garantizar que el dinero contribuye de manera efectiva al desarrollo de terceros países”, concluye el CONCORD.

Europa inclumple

Hace un año que se firmaron los Objetivos del Desarrollo sostenible 2030, a los que se sumaron la mayoría de los países europeos para luchar contra la pobreza global, pero cuya agenda aún no se ha puesto en marcha en muchos de los estados firmantes, España entre ellos. Meses más tarde, en mayo, los líderes mundiales volvían a darse cita en la primera Cumbre Mundial Humanitaria, que terminó sin medidas concretas para muchos de los principales retos que se pusieron sobre la mesa.

El compromiso político anunciado en estos últimos eventos tampoco se ve reflejado en los datos generales. Según el informe, solo cinco países de la Unión Europea alcanzaron el compromiso en sus cifras de ayuda al desarrollo (Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido). En total, los 28 países de la UE destinan a la ayuda al desarrollo únicamente el 0,44% de su renta nacional bruta, lejos del 0,7% que marcaba el objetivo fijado por la ONU desde hace años, y que debían haber alcanzado en 2015.

“No es suficiente”, asegura la organización, cuyos expertos alertan de que una de las causas que están “legitimando” el recorte en la AOD europea es “una tendencia que aboga por la solidaridad global para conseguir la reducción de la pobreza”, en lugar de una “apuesta efectiva por políticas de cooperación”.

La radicalización del mensaje racista y xenófobo en algunas políticas europeas es, según apuntan, la otra gran causa que está “comprometiendo la cantidad y la calidad” de la ayuda al desarrollo. “Hemos visto un aumento del discurso político que deshumaniza y promueve el conflicto con el otro, contra los migrantes, refugiados y extranjeros, creando una falta competición entre los intereses nacionales y el presupuesto que se destina a la ayuda externa”, explica CONCORD.

El recorte en los fondos que los países ricos destinan a erradicar en países empobrecidos la desigualdad y la pobreza contrasta con la realidad de la que es ya la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. “Ni España ni Europa pueden eludir sus compromisos porque además de irresponsable es una actitud suicida. Solo aseguraremos nuestro futuro si podemos asegurar también el de todas las personas que comparten con nosotros el planeta y sus recursos”, concluye el informe.

Jorge Fernández Díaz lo llamó “leyenda negra”. Se refería así a las numerosas denuncias existentes alrededor de las condiciones de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). El ministro del Interior en funciones defendía que en su interior se cumplen “claramente” los derechos humanos.

Las ONG especializadas en migración han criticado estas palabras y recuerdan que llevan años documentando vulneraciones de derechos humanos ocurridas en los CIE. Hacemos un repaso de las principales denuncias tras años de visitas a los centros españoles y recordamos algunos de los casos publicados en eldiario.es.

Asistencia médica insuficiente

Internos expulsados con fiebre, falta de ropa de abrigo y enfermos esparcidos por el suelo sin ningún tipo de atención médica, al no estar concertada en este horario. Es el escenario que, según SOS Racismo, se vivió la pasada semana en las instalaciones del CIE de Aluche, pocos días antes de que estallara la última protesta pacífica.

En los CIE de Tarifa, Algeciras, Fuerteventura, Tenerife, Las Palmas, Murcia, Valencia y Barcelona los internos solo pueden acudir a los servicios sanitarios por la mañana, según un informe de la ONG Pueblos Unidos. En el de Madrid no hay ningún médico durante las noches de lunes a viernes y, durante el fin de semana, solo están presentes por la mañana. “El ibuprofeno es la solución para todo. No puedes ponerte malo por las noches, no te hacen caso”, decía un interno a la organización.

Muertes

Cinco años antes, entre esas mismas paredes, a Samba Martine la ignoraron. La joven pasaba sus últimas horas de vida en el CIE, justo antes de que la trasladaran al hospital, donde finalmente murió. Durante los días que estuvo encerrada no recibió el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro de Aluche tenían constancia de su enfermedad.

Según ha reconocido la Audiencia Provincial, su muerte podría haberse evitado. Pero no se hizo. Como tampoco se evitó la de Aramis Manukyan, ni la de Idrissa Diallo, ni la de Mohamed Abagui.

Desde entonces han pasado varios años, pero las organizaciones humanitarias denuncian que la situación sigue siendo la misma y que el Gobierno no ha aplicado las mejoras recogidas el reglamento para los CIE que se aprobó en 2014.

Embarazadas en el CIE

Vanesa (nombre ficticio) se enteró de que estaba embarazada dentro del CIE, casi a la vez que los agentes. “Me llevaron al hospital como si fuese una delincuente. Casi me hacen los análisis con grilletes”, recuerda. Tras conocer su embarazo de riesgo la Policía intentó deportarla, aunque finalmente, su abogado consiguió suspender su expulsión.

Antes, el Gobierno había asegurado que “cuando se tiene constancia de que una mujer está embarazada se opta por otra de las medidas cautelares previstas por la Ley Orgánica 4/2000, diferente a la de su internamiento en el CIE”.

Pero no siempre ocurre así. Al caso de Vanesa se suma el de otras mujeres en estado de gestación, como Adriana, que también pasó 18 días en el CIE de Alcuhe cuando estaba embarazada de seis meses. La brasileña aseguró a este medio que tanto la jueza que ordenó su internamiento, como los agentes de policía, los médicos y el director del centro, conocían su estado. “Tenía un tripón”, relató.

Menores encerrrados

En los CIE no puede haber menores. “Pero los hay”, según denuncian las ONG. El Servicio Jesuita a Migrantes asegura en su último informe que en 2015, al menos 19 internos en seis de los siete CIE españoles no habían cumplido los 18 años.

En algunos casos, pese a que estos chicos portan documentación de sus países de origen que prueban su minoría de edad –como el pasaporte o el certificado de nacimiento–, las autoridades españolas les someten a pruebas médicas de determinación de edad.

En 2014, el Tribunal Supremo prohibió estas prácticas al zanjar en la sentencia que “un inmigrante de cuyo pasaporte se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado”,pero se sigue incumpliendo. “Hemos sacado a varios chavales del centro. Un primer grupo de siete que el juez de vigilancia del CIE sacó cuando vio sus pasaportes, otro chaval de 16 que se veía muy chiquitín…”, aseguraba en febrero Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces.

Deportados sin previo aviso de 12 horas

Viven con incertidumbre, deseando que ese papel nunca llegue. Pero muchas de las veces que llega, lo hace tarde y sin respetar las 12 horas de antelación reglamentarias que les permitan al menos asimilar que se tienen que ir, según han constatado en diferentes ocasiones los jueces de control del CIE de Madrid.

Laurent recibió la notificación de su expulsión a las 23:30 del día anterior a la salida del vuelo, que despegaba por la mañana. Como a Remigus, o a Donald, a quienes se la dieron sólo seis horas antes.

La ONG Karibú recoge sus historias en el último informe sobre el CIE de Aluche, en el que también alerta de que los internos suelen recibir las notificaciones de deportación con falta de datos e información, lo que dificulta que puedan organizar su regreso e informar a sus familiares.

Vulneraciones del derecho al asilo

Christopher tuvo que volver al lugar donde Boko Haram asesinó a su padre, según denuncia Karibu. Tras huir de su Nigeria natal con apenas 20 años, llegó a España en busca de una protección que nunca encontró. Le deportaron. El joven asegura que antes había rellenado en el CIE la fotocopia para pedir asilo, pero el papel habría quedado en el fondo del buzón del director del centro, junto con otras solicitudes que tampoco se tramitarían nunca.

El procedimiento único y habitual en el CIE de Aluche para que los internos puedan pedir asilo implica depositar la fotocopia en ese buzón y no entregarla en mano, por lo que los internos ni reciben una copia de la misma que les permita dejar constancia del trámite, ni pueden saber si solicitud se ha recibido correctamente.

El pasado 3 de octubre un juez se pronunció al respecto e instaba al centro a establecer un “un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar su solicitud de asilo en mano”, así como a que se les entregue un duplicado sellado de la misma.

El auto respondía a las denuncias de asociaciones como SOS Racismo, que aseguraban haber detectado ejemplos como el de Christopher “en numerosas ocasiones”: “Muchas personas han sido deportadas a países donde su vida corre peligro sin siquiera haber sido escuchadas, vulnerándose así el principio de no devolución”, afirma la ONG.

Personas con enfermedades mentales

“La salud mental es la gran olvidada en estos centros”, según Médicos del Mundo. La organización asegura que el estrés y la ansiedad son dos constantes entre los internos, que a menudo no comprenden por qué están privados de libertad sin haber cometido ningún delito. Además, las ONG siguen documentando entre los internos casos de personas con enfermedades mentales graves y, por lo tanto, a las que consideran pertenecientes a un “perfil vulnerable”. Como Fabien, que apenas pudo responder a las preguntas que le hacía una voluntaria. Días antes, cuando saltó la valla de Melilla, sufrió heridas en la cabeza que le provocaron una crisis de amnesia. No fue puesto en libertad hasta 10 días después.

A Ablaye, senegalés de 39, llegaron a entregarle la orden de expulsión. No tuvieron en cuenta que estaba diagnosticado y medicado por esquizofrenia, ni tampoco su ingreso en hospital hacía apenas unos días. Casi por azar, le salvó el clima. Su vuelo de deportación no pudo aterrizar en Dakar debido a las condiciones meteorológicas y le devolvieron al CIE, donde tuvo que pasar otros 58 días hasta que finalmente le liberaron con un informe médico completo.

Ignorando el arraigo

Baydi Kane se perdió los primeros días de vida de su hija recién nacida. Cuando el joven senegalés fue encerrado en el CIE al poco de nacer el bebé, la jueza instructora del caso rechazó la autorización para que pudiera salir al Registro Civil a reconocerla como su hija.

Vivió su tiempo en el centro con el miedo a no volver a verla, a ser deportado y a tener que dejar por obligación el país en el que llevaba viviendo más de once años. Pese a conocer su situación, la Jefatura de Policía había solicitado la ampliación de su internamiento para “materializar su expulsión” a los pocos días. “Voy a hacer cualquier cosa. Todo lo que pueda, hasta el último segundo, para quedarme con mi hija”, decía desde el CIE a eldiario.es.

Y lo hizo. Tras pasar 46 días en el centro, varias resoluciones judiciales y su petición de asilo frenaron la deportación del senegalés. Cuando por fin pudo abrazar al bebé, la edad de la pequeña superaba en solo dos días la duración de su encierro en el CIE.

Como ocurrió con Baydi, el 33% de los internos a los que visitó SOS Racismo durante 2015, llevaba más de 6 años en nuestro país, según datos del último informe de la ONG.

“La mayoría de estas personas tenía familiares en España y presentaba fuertes indicios de arraigo, lo que evidencia un fallo en las políticas de inclusión y revela el papel de los CIE como mecanismo para la segregación y la ruptura de la vida de las personas”, concluye la organización.

SOS Racismo y la Coordinadora de Barrios han presentado este viernes una denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla, para exigir que se investigue “la represión policial que sufrieron los internos del CIE de Aluche (Madrid)” tras la protesta acontecida en la noche del 18 al 19 de octubre en la azotea del centro, cuando 39 de ellos pidieron “libertad” y denunciaron las malas condiciones en las que viven encerrados.

La denuncia, apoyada por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, pide que se investiguen los hechos y exige que se adopten las medidas cautelares pertinentes para evitar la deportación, “hasta que se esclarezcan los hechos”, de aquellas personas “que hayan sufrido agresiones o sean posibles testigos de lo ocurrido”.

Los testimonios recogidos por SOS Racismo coinciden con los publicados el jueves por este medio, en los que varios internos manifestaron haber recibido golpes y malos tratos por parte de los agentes de la Policía nacional: “ Nuestros compañeros han visto a personas con marcas y hematomas. Relatan que estuvieron negociando con los agentes, que llegaron a un acuerdo según el cual no habría represalias si bajaban del tejado, pero que sí las hubo, también contra personas que no participaron en la protesta”, explica la portavoz de SOS Racismo, Clara García.

“Bajamos del techo y la solución fue una paliza tremenda”, decía Omar (nombre ficticio) en conversación con eldiario.es desde el CIE de Aluche, un día después del motín. “Yo tengo el costado con muchísimo dolor. Algunos no pueden casi ni respirar. Tenemos moratones por todos los lados”, añade.

La versión policial

La Policía ha negado que los agentes pegaran a los internos y aseguran tener informes médicos de todas las personas que participaron en la protesta, en los que, según indican, se prueba que “ninguno ha resultado herido”.

“Dudamos mucho de la veracidad de los partes médicos a los que hace referencia el ministro del Interior, en tanto y cuanto el CIE de Aluche se ha distinguido, lamentablemente, por ser un lugar donde la atención médica es tan deficitaria que se llegó incluso a producir hace unos años el fallecimiento de Samba Martín”, ha dicho Javier Baeza, portavoz de la Coordinadora de Barrios.

Baeza hace referencia al caso de la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche en 2011 sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado.

Incomunicados el día después

El ministro del Interior en funciones aseguró que el centro recuperó “la normalidad” después de la protesta, pero eldiario.es comprobó que no fue así. Tras el motín, la Policía activó un dispositivo de seguridad que impidió cualquier contacto con los internos, el acceso al interior del centro y la comunicación con las personas encerradas, incluso con aquellas que no habían participado en el motín.

“Durante todo el día no pudieron hablar con nadie, ni con sus familiares, ni con las ONG ni con sus abogados”, corrobora Clara García, que asegura que actualmente esas comunicaciones ya se han reestablecido.

Fernández Díaz ha defendido “la labor diaria de la Policía” y ha asegurado que los centros españoles están “a la vanguardia” en cuanto a las “garantías de respeto a los derechos humanos que tienen los internos”. Sin embargo, sus declaraciones chocan tanto con los testimonios de los internos tras los acontecimientos de esta semana, como con multitud de informes en los que las organizaciones han documentado durante años malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de las personas encerradas y ausencia de asistencia sanitaria permanente.

SOS Racismo y la Coordinadora de Barrios han aprovechado la concentración mediática frente a los juzgados para reiterar su postura a favor del cierre de los CIE. “Condenamos la respuesta policial y reafirmamos en la denuncia el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia y los tratos vejatorios como práctica frencuente en estos centros, que son un lugar de no-derecho en los que se priva de libertad a migrantes por una simple falta administrativa”, concluyen las ONG.

El motín del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid de un grupo de migrantes que exigía su salida del mismo ha reavivado las críticas sobre las condiciones existen en el interior de estas instalaciones. ¿Qué ocurre a diario entre sus paredes? ¿A quienes se encierra en un CIE? ¿Qué reclaman? 

motín del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid 

Respondemos a las principales cuestiones sobre la realidad de estos centros para entender cómo viven quienes rogaron “libertad” durante más de 11 horas.

¿Qué son?

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Estos centros son competencia de la Dirección general de Policía, dependiente del Ministerio del Interior.

¿A quién se encierra y por qué?

En los CIE españoles permanecen bajo régimen cerrado migrantes en situación irregular que residen en España. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito. 

Algunos de los internos pueden tener antecedentes penales anteriores, pero ese no es el motivo de su ingreso en estos centros, sino su situación irregular. Debido a esto, los CIE encierran a personas que han cometido delitos con otras que no lo han hecho, algo que, según las ONG, criminaliza a la población migrante.

¿Cuántos CIE hay en España?

En España hay actualmente siete Centros de Internamiento de Extranjeros: Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Sangonera La Verde (Murcia), Barranco Seco (Las Palmas), Matorra (Fuerteventura) y Zona Franca (Barcelona). 

Un estudio elaborado por cuatro universidades españolas detalla que las condiciones de vida de los internos varían considerablemente dependiendo del CIE en el que se encuentren encerrados, aunque concluye que todos incumplen alguno o varios de los requisitos que establece la normativa vigente. 

Tasas de expulsión

A pesar de que la privación de libertad se realiza con el objetivo de formalizar su expulsión del territorio español, más de la mitad de personas encerradas en los CIE finalmente no son expulsadas. Según datos del último informe de la Defensora del Pueblo, el Estado no deportó al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE españoles en pasado año. 

Como consecuencia, miles de personas permanecen privadas de libertad hasta dos meses sin que el Ejecutivo tenga la seguridad de poder deportarles a su país, a pesar de que una instrucción interna emitida por la Dirección General de la Policía en 2014 recordaba que la solicitud de ingreso solo debía hacerse en aquellos casos en los que sea viable la repatriación final.

El hecho de que sea posible o no la deportación desde España depende de diversos factores, como el arraigo en España de la persona internada, los convenios internacionales firmados por el Ejecutivo con los diferentes países de origen o que el interno haya solicitado asilo y aún esté pendiente de resolución. 

Violaciones de los derechos humanos

Las condiciones de los CIE llevan años siendo denunciadas por numerosas ONG y por la Defensora del Pueblo. En diferentes informes las organizaciones han documentado malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente. Estas vulneraciones se producen en mayor o menor medida dependiendo del centro.

Cada vez más colectivos sociales y partidos políticos exigen el cierre definitivo de los CIE ya que entienden que la propia privación de libertad por una falta administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

Entre las denuncias de mayor gravedad destaca la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado. A este fallecimiento se deben sumar al menos otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Vulneraciones del derecho al asilo

Los internos tienen reconocido el derecho a solicitar asilo en las instalaciones del CIE, aunque el procedimiento actual “no cumple todas las garantías”, según han denunciado distintas ONG. 

En algunos casos, como ocurre en el CIE de Aluche (Madrid), los internos sólo pueden solicitar asilo introduciendo su petición en el buzón del director del Centro, sin recibir una copia sellada de la misma que les permita, llegado el caso, dejar constancia de haber realizado el trámite.  Según las ONG, los migrantes pierden el control sobre la gestión y desconocen si los trabajadores del centro la han tramitado.

El pasado 3 de octubre un juez instaba al CIE de Aluche a establecer “un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar su solicitud de asilo en mano”, así como a que se les entregue una copia sellada de la misma.

Opacidad

Las distintas organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos de los migrantes denuncian que existe “opacidad y hermetismo” en la gestión de los CIE españoles.

Pese a que a varias ONG sí se les permite hacer determinadas visitas –mediante las cuales recopilan información para la elaboración de sus respectivos informes y atienden a los internos–, se les ha negado el acceso durante las protestas acontecidas en el CIE de Aluche en la madrugada del martes. 

En otras ocasiones, el Ministerio del Interior ha impedido el acceso a CIE de Aluche a los juristas que estaban realizando un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y la universidad pública. Para los periodistas, las puertas del CIE casi siempre han estado cerradas. 

¿Pueden ser encerrados varias veces en un CIE?

Cuando un migrante queda en libertad, aunque no haya cumplido el máximo de 60 días establecido por ley, no puede volver a ser encerrado en base a las causas del mismo expediente de expulsión por el que fue enviado al CIE inicialmente, según concluyó el Tribunal Supremo en 2015.

Desde entonces, un migrante en situación irregular al que el Ministerio del Interior no haya podido expulsar podrá ser trasladado en repetidas ocasiones siempre y cuando la Policía inicie un nuevo procedimiento de expulsión por cada una de ellas.

El reglamento se incumple

El Consejo de Ministros aprobó en 2014 el reglamento que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros, con medidas que incumplen buena parte de las resoluciones efectuadas por los Juzgados de control, las instancias encargadas de la inspección de las condiciones de los CIE. El propio Ministerio del Interior reconoció hace un año que esta normativa se incumple. 

Tras su aprobación, varios ámbitos quedan aún sin regular y muchas de las denuncias de organizaciones sociales, sin responder: los horarios y duración de las visitas o de las llamadas telefónicas, la separación de los internos con condena penal de los que no han cometido delito alguno o el tiempo mínimo para avisar de una repatriación siguen dependiendo de la dirección de cada centro, que sigue bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía.

“Mire en las noticias, a ver si sale muerto”. Fue la respuesta que Alexa (nombre ficticio) recibió de la policía hondureña el día en que denunció la desaparición de su hijo Osvaldo, de 13 años. Ella aún evitaba ponerse en lo peor. No sabía que pocas horas después estaría identificando el cuerpo sin vida del adolescente en la morgue.

A Osvaldo, como a tantos otros, le mataron las maras (pandillas), protagonistas de las altas tasas de homicidios en Honduras, El Salvador y Guatemala. Solo en 2015, se registraron entre sus fronteras un total de 5.148, 6.656 y 5.718 asesinatos, respectivamente. El último informe de Amnistía Internacional denuncia que el repunte de la violencia en los tres países del conocido como Triángulo Norte de Centroamérica ha jugado un papel clave en el aumento de las personas que huyen para pedir protección internacional. 

“La lucha entre las maras por el territorio ha creado unas líneas divisorias invisibles a lo largo de los países que la gente no puede cruzar, aunque su familia, su empleo o su escuela queden al otro lado”, explica la ONG.  Por eso escapan. El número de personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de El Salvador, Honduras o Guatemala que presentaron nuevas solicitudes ha pasado de 8.052 en 2010 a 56.097 en 2015, según datos de Acnur. Un aumento del 597% en apenas cinco años. 

La historia de Alexa se esconde entre esas cifras porque ella también quiso huir. Escapó a México junto a sus otros dos hijos, donde consiguieron la condición de refugiados, pero apenas les dio tiempo a reconstruir su vida. Al año de llegar, la policía les detuvo en el estado de Veracruz. La madre había perdido los papeles que probaban que se les había concedido el asilo, y aunque los agentes podían haber hecho la comprobación en el sistema electrónico, según explica la hondureña a Amnistía Internacional, no lo hicieron. En diciembre de 2015 fueron deportados. 

Deportaciones “sin garantías”

Volvieron al mismo barrio, a su vida deshecha y a los mensajes de texto anónimos que les amenazaban de muerte. Nadie analizó si sus vidas corrían peligro antes de embarcarles en un avión de vuelta al país del que huyeron. “La falta de formación y orientación de las autoridades en las fronteras puede dar lugar a lo que, en la práctica, constituyen deportaciones de personas que pueden tener motivos para solicitar protección”, denuncia Amnistía Internacional. 

Entre 2010 y 2015 el número de personas deportadas desde México a El Salvador aumentó en un 231%, a Guatemala en un 188% y a Honduras un 145%, según la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Coincidiendo con el aumento de operaciones de control migratorio en las fronteras de México y Estados Unidos, las ONG no prevén que estos datos disminuyan en un futuro próximo. 

Mientras, los países centroamericanos afrontan el reto de proteger a aquellos que huyeron de su territorio bajo amenaza de muerte y que ahora se ven obligados a volver. Por el momento,  sin embargo, ninguno de sus gobiernos cuenta con un mecanismo para abordar las necesidades de protección de las personas deportadas. “Los gobiernos están fracasando en esto y se está exponiendo a muchas de estas personas a grandes peligros”, asegura Amnistía. 

Negar lo evidente

Las páginas del informe denuncian que las autoridades de los tres países del Tirángulo del Norte están negando lo evidente al omitir que la violencia es una de las principales causas del aumento en el número de personas refugiadas. “En lugar de eso, prefieren insistir en que la mayoría de la gente opta por partir en busca de mejores oportunidades económicas o para reunirse con familiares que ya han emigrado”, denuncia la ONG. 

Las conversaciones que Amnistía Internacional ha mantenido con migrantes y refugiados centroamericanos permiten comprobar cómo, detrás de los motivos aparentes, huyen por miedo a la violencia y a la inseguridad. Yolanda (nombre ficticio) quiere llegar a EEUU para reunirse con su madre, pero no escapa por el deseo de reunirse en sí, sino por el miedo a que la maten por haber sido testigo de un asesinato. Su caso, sin embargo, es consierado por las autoridades como un ejemplo de quien huye por deseos de reunificación familiar. 

Pero ni la pobreza, ni la falta de empleo y ni la separación familiar no son un fenómeno nuevo en ninguno de los tres países, según las estadísticas de las últimas décadas. “Lo que sí es nuevo es tener la tasa de homicidio más alta del mundo fuera de una zona de guerra: 108 por cada 100.000 habitantes (en El Salvador)”, insiste el informe, que relaciona de forma directa el fuerte aumento en la migración y las solicitudes de asilo con ese incremento de la violencia. 

Devueltos al lugar del que huyeron

Aumentan los asesinatos, con ellos las huidas y con las huidas, en la frontera, las deportaciones. Y vuelta a empezar. Mientras, en el particular círculo vicioso de migración en centroamérica, las autoridades aún no han implantado un protocolo de seguimiento del caso de las personas que vuelven a los barrios de los que escaparon, muchos, con la muerte en los talones. 

Cuando Saúl, de 35 años y padre de cinco hijos, contó su historia a Amnistía Internacional en julio de este año, aún tenía miedo. Poco antes le habían deportado desde México junto con su mujer, Ana, y sus cinco hijos. Entre los agujeros provocados por impactos de bala, el joven hondureño intentaba resguardarse en su casa y “salir lo menos posible”. “Estoy, cómo le digo..., en una zozobra. Me parece que va a volver a pasar algo, quizá a mi”, decía a la ONG.

Y le pasó. Apenas tres días más tarde le mataron a tiros en el barrio. “Su asesinato es un ejemplo de la violencia insoslayable de la que miles de personas tratan de huir, pero de la que no logran zafarse tras ser devueltas”, denuncia Amnistía. De vuelta en Honduras, Ana y sus hijos siguen viviendo entre agujeros de bala. 

Se cumple un año dese que 193 estados, España entre ellos, se sumaron a los 17 Objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). Doce meses desde que los firmantes apostaron por adoptar nuevas medidas para erradicación de la pobreza en el mundo, también con compromisos por parte de los países ricos. “En España aún no se ha hecho nada”, han denunciado desde Oxfam Intermón. 

La ONG ha presentado este miércoles junto con Unicef el informe Un año de Agenda 2030 en España: Mucho por hacer, en el que denuncian que el Gobierno español no ha concretado la puesta en marcha de la Agenda. “Se está utilizando como excusa la falta de gobierno para justificar esa inacción, lo que hay es una falta de voluntad política”, apunta la ONG.

Las particularidades de la situación política en nuestro país han afectado a la implementación de medidas concretas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030. A la falta de gobierno se suma una “ausencia de abordaje estratégico” en las propuestas electorales de los distintos partidos, detalla la ONG. “Ha sido un año perdido. La inacción de la Agenda en nuestro país coincide con pocos avances e incluso retrocesos”, ha advertido Chema Vera, director de Oxfam Intermón.

Mientras, España sigue afrontando retos. Seguimos siendo el sexto país de la UE con la brecha salarial de género (un 18,8%), más del 13% de las personas con empleo continúan bajo la amenaza de la pobreza y aún un 48% de los menores de 25 años no tiene trabajo.

En total, un 28,6% de los españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social, cifra que escala a uno de cada tres en el caso de los niños. Son datos con con rasgos comunes: las familias numerosas, monoparentales o con padres extranjeros están más expuestas a que sus hijos sufran pobreza infantil.

Tomar ejemplo

Los mismos 365 días que “España ha desaprovechado” sí han dado de sí en otros países. Ocho de los 22 estados que presentaron planes voluntarios de revisión en julio tienen un perfil similar al español. Cuatro de ellos pertenecen a la Unión Europea: Francia, Alemania, Finlandia y Estonia.

A diferencia de España, todos ellos hicieron una descripción detallada de los pasos que han ido dando para concretar sus objetivos nacionales y explicar cómo han adaptado sus políticas a los objetivos de la Agenda. “Existe una avanzadilla de países que demuestran que la aplicación de los ODS puede hacerse siempre que exista la voluntad y la planificación de políticas”, recalca Oxfam.

Entre los ejemplos que la ONG destaca positivamente se encuentran Finlandia, Colombia, Alemania o México, que ya cuentan con mecanismos de coordinación para el cumplimiento de la agenda con acceso directo a la Presidencia. Este último, además, ha desarrollado una herramienta multimedia que permite consultar los objetivos y comparar los avances y retrocesos con estadísticas concretas en cada territorio.

Una oportunidad histórica

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en el 2000 dejaron un sabor agridulce que los nuevos Objetivos para el año 2030 pretenden eliminar con importantes novedades. Bajo la mira de la “universalidad”, los compromisos afectan por primera vez a los países ricos y no solo a los empobrecidos, lo que obliga a estados como España a rendir cuentas sobre lo que hace para disminuir la pobreza y la desigualdad dentro de sus fronteras.

Sobre la mesa de Naciones Unidas se plantea ahora una propuesta mucho más ambiciosa en la que los países ya no solo se proponen “reducir” la desigualdad, sino erradicarla. De los ocho objetivos y 21 metas que tenían los ODM se ha pasado a unos ODS con 17 objetivos, 169 metas y 300 indicadores, a cumplir en el plazo de 15 años.

La otra gran novedad que introduce el proyecto es la inclusión de la protección ambiental como uno de sus tres ejes principales, nunca antes abordada en una agenda junto con los problemas de la pobreza. Aunque España también suspende en este aspecto, según las ONG. “El planeta no está en funciones. No hay voluntad para que la sostenibilidad esté en la Agenda”, ha dicho Mario Rodriguez, director de Greenpeace España.

Pautas a seguir para cumplir lo prometido

También hay déficit dentro de los propios objetivos. Las ONG denuncian la existencia de algunas cuestiones “de vital relevancia” que los ODS obvian, como el reto de los desplazamientos forzosos y la movilidad internacional de los trabajadores. Aún en estos casos, Oxfam no considera que este sea un argumento válido para justificar la falta de decisión política al respecto.

“Incluso el lenguaje modesto y limitado del objetivo 10 permite abordar algunas cuestiones centrales en este debate en el que España tiene tantas deudas pendientes”, afirma el informe.

La derogación del Decreto 16/2012 para acabar con la exclusión sanitaria, reducir la tasa de abandono escolar del 20% actual al 10%, elevar el gasto público en protección social del 0,6% al 1,7% de la media europea, reducir al menos a la mitad el número de víctimas por violencia de género o casi duplicar el porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables.

No son metas que nuestro país haya fijado –como sí han hecho otros estados vecinos–, sino indicadores. En el informe presentado junto con Unicef las ONG hacen balance en base a estos y otros datos que consideran esenciales para “el buen rumbo” de nuestro país en la carrera por lograr la meta de los ODS. En la mayoría de los casos, el análisis es aún desesperanzador.

Con el plazo de 2030 a la vuelta de la esquina, España ve pasar el primer año desde su compromiso con los ODS sin avances significativos. “Cuando el periodo de aplicación de los ODS es tan corto ninguno de estos asuntos puede esperar. Otros, dentro y fuera de nuestro país, ya se están moviendo”, concluye Oxfam.

Cuando tenía 10 años, Tania Pariona trabajaba y estudiaba. El peso de esa experiencia, asegura, recae sobre su defensa del empleo infantil en condiciones dignas. Sus recuerdos de aquella época, en la que se organizaba con sus compañeros para defender sus derechos por sí mismos, le empujan a cuestionar desde el Congreso peruano el “paternalismo” con el que, dice, suele observarse a los niños trabajadores.

La diputada indígena peruana y líder del movimiento de los niños y niñas trabajadores de Latinoamérica defiende que no se incluya en el saco de la explotación infantil muchos trabajos que, en su opinión, “dignifican a los niños, les hacen crecer en valores y mejoran su desarrollo educativo”.

Insiste en que bordar tejidos durante su niñez le permitió aprender el arte de sus antepasados indígenas. Vender gelatinas en el mercado, añade, contribuyó a comprar su material escolar. “Lo hacía porque quería, y lo hacía feliz”, reitera la líder indígena. En ningún momento dejó de estudiar.

No siempre ocurre así. Alrededor de 17 millones de niños indígenas trabajan en América Latina en labores agrícolas o desempeñan en las ciudades actividades domésticas, en la construcción o como vendedores ambulantes, según datos de la OIT. “Parte de ellos pueden estar sometidos a labores que se identifican dentro de la explotación infantil”, recuerdan desde la Agencia de la ONU para la Infancia.

La distribución que Unicef considera necesaria para el correcto desarrollo de un niño consiste en ocho horas para estudiar, ocho horas para jugar, ocho horas para dormir. “No es que un niño no pueda ayudar a sus padres en una tienda los sábados por la mañana o colaborar en el campo, pero hay que tener siempre en cuenta que si está trabajando, alguna de esas tres partes se resiente”, puntualizan desde Unicef.

Invitada a Madrid por Podemos, Tania Pariona responde a las preguntas de eldiario.es para exponer su enfoque y explicar sus diferencias con respecto al punto de vista de otras organizaciones. Incide en diferenciar entre trabajo infantil en condiciones de explotación y el empleo digno, reiterando que la clave de la protección de la infancia está en ellos mismos: “Basta con saberles escuchar”.

¿En qué se diferencia el discurso de su colectivo sobre el trabajo infantil del que hacen otras organizaciones como la OIT, el Banco Mundial o Unicef?

La consideración de la niñez que hacemos nosotros es distinta. Actualmente el discurso sobre la infancia es muy paternalista, sobreprotector y adultocentrista. El niño es visto como un objeto de sobreprotección, sin capacidades, no preparado, incapaz. Su opinión no vale. Y con ello se invisibiliza la capacidad de los niños para ser actores que construyen y defienden sus propios derechos, que eligen. La escucha y el derecho a participación de los niños en la sociedad actual están anulados.

En este sentido, un niño trabajador es visto como un pobre, excluido, explotado y, además, sin capacidades. Y esto no siempre es así. Se asocia al niño que trabaja con aquel que no va a la escuela, sin futuro, y todos esos clichés que, por lo general, han tenido un impacto fuerte dentro de la manera de abordar las políticas públicas de protección de la infancia.

¿Por qué no abogan por la abolición del trabajo infantil?

El trabajo infantil en sí mismo no es malo, pero sí algunas formas en las que se da. Ahí es cuando hay que denunciar y condenar la explotación. Nadie está de acuerdo con que se explote a los niños en ningún contexto. Pero tampoco se puede echar en el mismo saco todas las formas de trabajo, sin diferenciar cuáles pueden contribuir a la educación de estos niños, porque algunas pueden sumar al desarrollo de su conocimiento y sus capacidades.

¿En qué casos consideran positivo que un niño trabaje?

Bueno, pensemos en los niños en el campo, por ejemplo. En zonas donde la agricultura es la base de la subsistencia, ellos van creciendo y aprendiendo colaborando en la chacra, aprendiendo de las labores que hacen sus padres. Ese aprendizaje es mucho más que solo verlos labrando la tierra, porque tiene que ver con su entorno, su cultura, la relación del hombre con la naturaleza, con las responsabilidades que van adquiriendo en un contexto familiar y comunitario.

Nuestra crítica pasa precisamente por saber diferenciar entre aquellas formas de trabajo que sí son explotación, y otras en las que los niños tienen poder de decisión y una autoría importante para su país y su familia. Y no pierden su dignidad, por supuesto, sino todo lo contrario. Yo cuando era niña crecí en un espacio organizativo. Trabajaba y estudiaba a la vez, y eso me permitió educarme en valores y en derechos, en reciprocidad y hermandad con otros niños y otras culturas.

[La OIT reconoce que “no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar”. En su último informe, la organización señala que “la participación de los niños en trabajos que no atenten contra su salud y desarrollo personal ni interfieran en su escolarización se consideran positivos].

La infancia es un colectivo especialmente vulnerable, ¿cómo se garantiza que no se les exponga en mayor medida a situaciones de explotación en un entorno laboral?

Yo no diría que la infancia es vulnerable, sino que está en una situación de vulnerabilidad. No es que sean de por sí seres indefensos, sino que los estados no garantizan sus derechos adecuadamente. En Perú, por ejemplo, tenemos una política nacional de protección de la infancia, con un plan escrito y concreto, pero que no está ni presupuestado.

Para mejorar esto hay que escuchar a los niños, dejar que se organicen. Un ejemplo de buena práctica en este sentido, también en mi país, es el de los 'CONOS', en Lima: consejos de niños y adolescentes dentro de las autoridades municipales, donde ellos mismos ponen la agenda de las cosas que les afectan, son consultados y opinan sobre las medidas políticas que les afectan.

¿Dónde está la línea roja en el trabajo infantil?

En el trabajo digno. Porque la explotación no es un trabajo, es explotación. Para que un trabajo sea digno para un niño debe tener garantizados todos sus derechos: acceso a la educación, a la sanidad, a la salud, a ser escuchados y a participar.

Si esto se logra, el trabajo permite el crecimiento de las capacidades de un niño, no las limita. Siempre que ellos decidan, claro. Porque trabajo digno también es eso: cuando un niño opta, elige, se siente feliz porque nadie le impone y nadie le dice “a ti te toca hacer esto”.

¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se asegura que un niño trabaje porque quiere y no por una situación de pobreza o necesidad?

Es evidente que hay contextos en los que esas situaciones de necesidad se dan, y tiene que ver con un problema de pobreza estructural. ¿Cómo se mide la libertad de un niño en esos casos? Yo creo que haciendo más estudios cualitativos que evalúen las circunstancias, para saber en qué medida estos chicos tienen opción de sentirse bien y de decidir.

En mi caso, por ejemplo, nunca tomé como obligación contribuir a la economía familiar, lo decidí libremente. Mi mamá tenía un puesto en el mercado donde vendía quesos y gelatinas, y yo quise ir a vender a las losas deportivas porque sabía que ahí habría más compradores. Conseguí vender en un día unos 200 helados, apenas gané 20 soles (unos 10 dólares), pero me sentí superbien porque sabía que con eso podía contribuir a que todos juntos tomásemos algo un domingo, o a tener más útiles en la casa.

Su postura es crítica con la prohibición de todas las formas de trabajo infantil. Hablan de excluir la explotación, pero, ¿por qué no concretan límites en la edad mínima o el tipo de trabajo?

Porque hay realidades que sobrepasan los marcos legislativos, y no por ello podemos invisibilizarlas o hacer que el Estado no cumpla con su responsabilidad política. ¿Qué pasa con los niños que trabajan con menos de 14 años, la edad mínima legal para trabajar en Perú? ¿No existen? ¿Están desprotegidos? ¿Son niños a los que hay que borrar? ¿A los que hay que sacar de las calles? Eso es por lo que se está optando ahora, una limpieza social. En lugar de proteger sus intereses y estudiar sus casos, los estamos tratando como un estorbo, porque están “faltando a la imagen pública del país”.

Sobre las formas de trabajo, a veces tiene que ver con lo que está bien o mal visto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los niños actores? ¿Por qué esas formas de trabajo no entran en la discusión sobre el trabajo infantil? Claro, les vemos actuar y nos encanta, pero lo que hacen es trabajo también. Nadie pone en duda en estos casos que lo que están haciendo les está aportando cosas buenas, y que pueden estudiar a la vez.

¿Condiciona el trabajo infantil las oportunidades de futuro de ese niño?

Cuando escucho algunos discursos de la OIT o el Banco Mundial, en los que se tacha al niño que ha trabajado como un niño fracasado, no es tan cierto. Los jóvenes de mi generación que hemos estado involucrados en el movimiento por la defensa de nuestros derechos como niños y trabajadores hoy estamos mucho más comprometidos con el cambio social, hemos accedido a estudios superiores y alcanzado niveles grandes de profesionalización.

Limpiabotas, niños que vendían helados en la zona, vendedores ambulantes... hoy son chicos profesionales, antropólogos, facilitadores de procesos, etc. En todos esos casos, el hecho de haber trabajado y haberse organizado para defender sus derechos como niños trabajadores ha hecho de ellos mejores ciudadanos.

¿Es posible compaginar los trabajos de estos niños con el colegio sin que esto repercuta en su rendimiento?

Depende mucho de los horarios. Yo, por ejemplo, trabajaba en mis días libres y los fines de semana, pero siempre tenía y sabía que debía responder a la escuela. Claro que es posible, y no es una carga o una obligación. Muchos se sorprenderían al hablar con ellos y ver cómo estos chicos se organizan tan bien ellos solos, sin que sea una carga.

Yo invito a todo el mundo a que conozca la situación a través de lo que explican ellos. Solo así podemos evitar un discurso sesgado y conocer las realidades de las infancias, porque no hay una única infancia homogénea y monocultural.

El discurso actual y legislativo sobre el trabajo infantil y la protección de la infancia, ¿tiene en cuenta esta multiculturalidad de la infancia?

No siempre. Recuerdo un profesor de una escuela rural que estaba en contra de que los niños aprendieran el arte de su pueblo porque decía que “eso ya no servía”. Pese a que es el saber más cercano y que tiene un vínculo identitario enorme para el niño.

En las políticas públicas hacemos algo parecido. Estamos asistiendo a un discurso mayoritario que construye cómo debe ser la niñez a partir de un único niño modelo, basado en una visión casi europea. Así estamos creando niños sin voz, invisibles.

Cuesta imaginar el horror que describe. Bonyface Ophiyah lo sabe, y busca la empatía de su interlocutor cuando relata lo que él mismo ha sufrido desde niño. “Piénsalo, tu vida vale menos que la del resto desde el minuto en que naces. Te tratan diferente y te ponen un precio”, explica. El Presidente de la Asociación de Personas Albinas en Malawi (APAM) cuenta la realidad de quienes, como él, nacieron en su país con poca o nada melanina en sus genes. 

Amnistía Internacional ha detectado un incremento de los abusos contra personas con albinismo en Malawi desde finales de noviembre de 2014, a quienes con frecuencia la sociedad considera “objetos de valor” cotizables en el mercado negro. Con sus huesos se hacen rituales y amuletos, para lo que algunos saquean sus tumbas o llegan incluso a matarles. 

En total, 69 personas han sido agredidas, mutiladas o asesinadas en el país africano para traficar con su cuerpo desde enero de 2015, según denuncia el informe de su organización. La última, el pasado mes de agosto, cuando la asociación de Bonyface consiguió salvar la vida de una mujer a la que le habían arrancado el brazo en las inmediaciones de la frontera con Tanzania. 

Según explica el experto, buena parte del aumento en las agresiones a albinos en Malawi se debe a que Tanzania y Mozambique estos crímenes han empezado a perseguirse más. “Ahora muchos de los agresores han venido de allí, de los países vecinos. El hecho se ha vuelto tan visible que ya nadie puede ocultarlo”, denuncia. Recuerda que “la cifra real es muy superior, porque muchos de los ataques ocurren con gente en zonas aisladas de las que nunca sabemos nada”.

Aunque la situación en su país también lleva años siendo dramática, hasta ahora permanecía en un contexto de mayor invisibilidad. El trabajo directo con las comunidades ha permitido a APAM y Amnistía Internacional detectar que, en muchos casos, los niños son asesinados nada más nacer: “El desconocimiento es lo que está creando las supersticiones, y cuando a eso le sumas que la gente está atrapada en la pobreza, consigues que los padres accedan a presiones de quienes les dicen que si matan a sus hijos –para venderlos– se harán ricos”, describe. 

“Tu vida vale 10.000 dólares”

A Ishmael Rashid le pusieron precio. “Me dijeron en mi cara que me venderían por 10.000 dólares americanos. Me dolió que alguien pudiera ponerme una etiqueta”, dice en un testimonio recogido por Amnistía Internacional. Según confirma Bonyface, esa la realidad diaria. 

El contexto de analfabetismo y falta de recursos alimenta la losa del estigma social sobre quienes padecen albinismo en Malawi, país situado a la cola en el ranking del índice de desarrollo humano de la ONU y cuya tasa de pobreza supera ya el 50%. “No tener nada lleva a muchos padres a tomar decisiones muy drásticas”, afirma el experto.

Él se considera afortunado. Sus padres supieron desde el primer momento que el valor de su vida y el de la de sus hermanas, también albinas, era el mismo que el de la de sus otros hijos negros. Aunque para ello tuvieron que hacer frente a las presiones, criticas y amenazas de la comunidad y de sus propios familiares.

“Mis tíos por parte de madre y de padre presionaban a mi familia para escondernos, o discriminarnos. Esas cosas desestabilizan a las familias”, recuerda. La suya creció entre insultos y desprecios que hicieron tambalear los cimientos de su infancia. 

Pero cayeron de pie. En parte porque sus padres les enseñaron a quererse como iguales. “A mis hermanos y a mi nos aceptaron y amaron a todos, y nos trataron como seres humanos, pero lamentablemente no es lo normal”, dice con orgullo y pena. Fue esa valentía la que se le contagió casi desde la cuna y le hizo querer luchar por los derechos de los suyos. En 1999, Bonyface se convertía en presidente de APAM, cuando la formación aún era pequeña, les costaba alzar la voz y casi nadie se paraba a escucharles. Aún así, siguieron.

“Al principio nos costó mucho conseguir que la gente se asociara porque el estigma estaba extendido entre los propios albinos, y ni siquiera ellos se querían juntar entre sí”, explica. Y ese ha sido su mayor logro. A base de trabajo y esfuerzo han logrado visibilizar y unir el discurso de las víctimas.

Hoy, dan charlas entre los padres, a quienes intentan concienciar sobre la importancia de tratar a todos sus hijos por igual, pero también entre personas negras que no tienen ninguna relación con el albinismo, más allá de las falsas creencias y supersticiones que la sociedad divulga desde hace años. 

Con estas acciones espera que pronto, “cada vez más niños sean niños”. Que ninguno más tenga que crecer creyendo que es “un monstruo”, “un fantasma”, o que “no es un ser humano”, como vivió él. “Hay que dejar claro que lo que se está creando es una situación que costará mucho manejar en el futuro, porque estamos hablando de generaciones enteras que conviven con miedo, y que se han criado con un trauma. Eso es un gran desafío”, explica Bonyface.

Desde la asociación también luchan para lograr la escolarización de los niños con albinismo, a quienes se suele excluir del sistema escolar por razones de discriminación o porque los padres, por miedo a que los secuestren por el camino, los sobreprotegen. “Conocí una madre en Chitipa que tenía a sus hijos albinos escondidos sin salir de casa por miedo”, cuenta una de las trabajadoras de Amnistía Internacional en un informe publicado a principios de este año. 

Contexto de impunidad

Muchos albinos en Malawi son ya supervivientes y han incorporado el miedo a su forma de vida. Víctimas de secuestros, amputaciones y torturas que han quedado en la impunidad porque, según denuncian APAM y Amnistía Internacional, “la mayoría de los crímenes no se registran, y los que se contabilizan aún están sin revolver”. 

“Hay gente que ha logrado sobrevivir a estas crueldades y que sigue viviendo con miedo porque los agresores son sus vecinos, y están dentro de la propia comunidad. Tienen que soportar que les amenacen, les intimiden y les recuerden todos los días que 'por su culpa' acabaron en la cárcel”, explica Bonyface. En esos casos, opina el experto, “es evidente que la Policía no ha hecho su trabajo, porque no ha seguido protegiendo a las víctimas”. 

El presidente de Malawi ha condenado públicamente los ataques a personas con albinismo en el país y ha anunciado una serie de medidas para implementar la seguridad, entre las que se prevé un Plan de Respuesta Nacional ante el aumento reciente de ataques.

Pero, para las ONG, que se codean con la realidad sobre el terreno, “no es suficiente”. “Las penas que se han impuesto a quienes han sido juzgados por este tipo de crímenes no son acordes a la gravedad de los mismos y están creando un clima de impunidad muy grave”, defiende Amnistía. 

En la misma dirección apuntan las conclusiones del informe del experto de la ONU, en el que aseguraba el pasado mes de marzo que la desprotección de las víctimas y la invisibilización del problema son evidentes: “Mientras que la discriminación basada en el color de piel es una realidad diaria para muchas personas con albinismo, este un discurso muy poco frecuentado”. 

Y para eso trabaja Bonyface cada día. “Para que se vea que es una situación de discriminación y que deberían protegernos”, reclama, e insiste en la necesidad de que la comunidad internacional presione a los gobiernos de aquellos países africanos en los que, como Malawi, se perpetúan estos crímenes. Habla tranquilo, pero alza la voz para concluir su postura: “De momento hemos conseguido unirnos entre nosotros, y eso ya es un gran logro. Ahora falta el resto de la sociedad”. 

Buena parte de la discriminación xenófoba en España queda oculta, denuncia SOS Racismo. Los casos registrados por la organización reflejan que muchos de los incidentes racistas en nuestro país no entran en las estadísticas porque las víctimas deciden callar. Entre las causas de este silencio destacan el miedo a las represalias, la desprotección o la normalización del racismo. “A veces forma parte de la vida cotidiana de las víctimas, hasta tal punto que lo normalizan”, explican.

El último informe anual de la ONG recoge 247 incidentes xenófobos que llegaron a sus oficinas a lo largo del 2015 entre los que señalan que un 28% fueron conflictos y agresiones racistas, un 22% por racismo institucional y un 12% por denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos.

“Esta cifra es únicamente una fotografía para dar cuenta de la persistencia de estas situaciones discriminatorias, pero en ningún caso representa la verdadera magnitud de esta lacra social, que es mucho mayor”, ha advertido el secretario general de la Federación, Mikel Mazkiaran. La organización cifra en un 40% las situaciones de racismo que detectan y que acaban sin ser denunciadas porque, en un determinado momento, la víctima decide no seguir adelante.

El principal motivo de que esto ocurra es, según apuntan, que la protección de las víctimas de racismo en España queda condicionada a su situación administrativa, lo que acaba por impedir que denuncien aquellas personas que están en situación irregular. “¿Cómo van a ir a denunciar a la Policía si saben que, en muchos casos, la Policía les va a detener?”, indica Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid.

Las consecuencias del racismo institucional

La ciudadanía de origen extranjero cada vez confía menos en el sistema judicial, según asegura el informe. Esto ocurre en mayor medida en los casos en los que las propias instituciones son acusadas de haber cometido algún delito racista, los cuales suponen un 20% del total de los incidentes que la ONG recogió el año pasdo.

SOS Racismo añade que en caso de denuncia, la justicia en España ampara casi en exclusiva los intereses de la policía, especialmente cuando la víctima es una persona joven de origen extranjero. “Hemos llegado al punto en el que acabamos considerando una victoria que a la víctima no se la juzgue por temas de desacato contra la autoridad de forma sistemática”, denuncia Alba Cuevas, portavoz de SOS Racisme Cataluña.

Entre las principales situaciones de racismo institucional que detecta la organización prevalecen las “excesivas trabas innecesarias” durante los trámites de extranjería que tienen que pasar las personas cuando intentan regularizar su situación administrativa, o cuando acuden a los organismos institucionales para gestionar determinados asuntos.

En uno de los ejemplos que recoge el informe, la Administración denegó la autorización para casarse a una pareja porque uno de los miembros, de origen gambiano y nacionalidad española, desconocía el idioma español.

La losa del racismo oculto

El número de incidentes racistas apenas ha variado en comparación con los datos de años anteriores, lo que no implica que no haya habido un verdadero aumento. “Lo que ocurre es que muchos permanecen invisibles porque el acto discriminatorio se ha normalizado”, advierte Mazkiarán.

Esa normalización tiene su origen en lo que la organización denomina el “racismo social oculto”. El mismo que sufrió “Z” cuando le denegaron el acceso a una discoteca a la que ya habían entrado el resto de sus amigos, sin darle ningún tipo de explicación. “En casos como ese es evidente. Nadie le dice 'no pasas porque eres negro', pero la discriminación racista está ahí”, explica Moha Gerehou.

No son casos aislados. Los resultados de varias investigaciones de un experimento realizado por la Federación sobre el acceso a la vivienda reflejan ejemplos de “discriminación oculta”, en los que diversas agencias inmobiliarias niegan la existencia de oferta de viviendas en alquiler cuando las personas que acuden a preguntar son negras, pero sí la ofrecen cuando son blancas. “Son comportamientos racistas muy preocupantes de nuestra sociedad que no se ven reflejados en ninguna estadística oficial”, denuncia el informe.

Falta de voluntad política

A la dificultad para poder acceder a datos fiables sobre los índices de discriminación racista por la ausencia de denuncia, se suma también la “falta de transparencia” por parte del Ministerio del Interior, a quien la ONG reclama una “cuantificación más precisa” de los mismos y un “mayor seguimiento”.

“La reforma del Código Penal en su artículo 510 mejoró el panorama, pero sigue siendo necesaria una conceptualización del delito de odio mucho más amplia. El problema no se limita a insultos o amenazas”, denuncia SOS Racismo.

La solución, a su entender, pasa por la creación de una Ley Integral contra la discriminación que proteja eficientemente a las víctimas de los delitos del odio. Actualmente las políticas antidiscriminatorias de nuestro país siguen las pautas de una Estrategia Integral contra el Racismo aprobada a finales de 2011, de la cual en los últimos tres años se ha desarrollado únicamente un 35% de las medidas previstas, según el informe.

“Es una cuestión de voluntad política. De cara a la próxima legislatura, pedimos a los partidos políticos el compromiso de impulsar la Ley Integral contra la discriminación”, añade Mazkiaran. En 2011 fue la última vez que ese proyecto se inició, que finalmente quedó aparcado sin que la Ley llegara a ver la luz.

Las vallas con concertinas , las devoluciones en caliente y el hacinamiento en los centros de extranjeros empujan a España a la cola de Europa en la respuesta a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, según ha denunciado Oxfam Intermón en un reciente informe.

El último informe de Oxfam Intermon pone en evidencia las deficiencias del sistema de asilo español y las sistemáticas vulneraciones de los derechos de las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras fronteras. “España es la 14ª economía mundial por PIB y ocupa el puesto número 26 en el índice de desarrollo humano, por tanto dispone de recursos para dar una respuesta adecuada a la actual crisis migratoria”, dice la ONG.

Hasta la fecha, España ha acogido a 474 refugiados: el 18% de los que comprometió el Gobierno a reasentar desde Turquía y El Líbano, y el 1% de los que aseguró que trasladaría desde Grecia e Italia. La mayoría de estas llegadas se produjeron durante la última campaña electoral.

Ausencia de vías seguras

El derecho internacional prevé la existencia de vías legales y seguras que permitan huir a los potenciales refugiados sin jugarse la vida y conseguir una protección internacional efectiva. Pero la realidad es otra, denuncian desde Oxfam Intermón.

“La miopía de no establecer estos mecanismos por 'miedo' a promover un 'efecto llamada' ha causado incontables consecuencias, entre ellas la vida de muchos migrantes y refugiados”, recuerda la ONG. Según la Organización Internacional de Migraciones, más de 4.300 personas han muerto intentando escapar de la guerra y la falta de oportunidades, de las cuales 3.207 se ahogaron en el Mediterráneo.

Al incumplimiento de sus compromisos de reasentamiento y reubicación de refugiados, España continúa poniendo trabas a los mecanismos de reunificación familiar y sigue sin incluir en su legislación la opción de los visados humanitarios, añade Oxfam Intermón.

Ante las críticas de diversas ONG por la violación sistemática del derecho de asilo, el Gobierno argumenta que los migrantes y refugiados pueden solicitar protección internacional tanto en los consulados y las embajadas como en los puestos fronterizos que existen en las vallas de la frontera Sur.

Según denuncia Oxfam, solo el 5% de los solicitantes de asilo entre 2009 y 2014 pudieron acceder a este primer mecanismo, mientras que la Defensora del Pueblo ha constatado en uno de sus últimos informes que ninguna persona de origen subsahariano ha podido acceder a tal procedimiento en Ceuta y Melilla.

Para los “afortunados” que sí consiguen solicitar asilo en España el panorama tampoco es sencillo, recuerda la ONG. Nuestro país denegó en 2015 casi el 70% de las resoluciones internacionales sobre protección internacional, según datos del informe.

Control migratorio “ejemplar”

Oxfam denuncia que el modelo migratorio que adopta la frontera sur logra frenar la llegada de inmigrantes y refugiados a costa de devoluciones en caliente que “violan el derecho de asilo, el uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades”, la presencia de vallas con concertinas o cuchillas o el hacinamiento en los centros de estancia temporal para extranjeros. “Son medidas que España ha puesto en marcha para conseguir tales resultados y que están lejos de ser modélicas”, relata el informe.

Las mismas que países como Reino Unido o Hungría han tomado como ejemplo por “su eficiencia en la frenada de llegadas”, señalan. Hace un año, la embajadora de Hungría en España decía que “Europa debe aprender de lo que Ceuta lleva años trabajando” en materia de inmigración. Siguiendo ese modelo fronterizo han anunciado la construcción de una nueva valla, igual que ya hicieron otros países comunitarios como Austria o Macedonia.

Caida imparable de la ayuda humanitaria

En el foco de los conflictos de los que huyen quienes intentan llegar a Europa, la ayuda humanitaria cada vez llega más a cuentagotas. España ha reducido casi en un 70% los fondos para la respuesta a la crisis mundial de los desplazados desde hace cinco años, siendo la partida más recortada de los presupuestos del Estado: un 67% desde 2011 cayendo a 44 millones en 2015.

“Nuestro país ha destinado 16 millones a Siria, muy poco para atender las enormes necesidades, e ignora otras crisis humanitarias que también provocan millones de refugiados, como las de Irak o Afganistán”, denuncia Oxfam.

La denuncia de Oxfam llega a pocos días de que se celebre la primera Cumbre sobre los Refugiados y Migrantes, anunciada por el Secretario General de Naciones Unidas. “Es una ocasión única para que España de un giro radical a las políticas de migración y refugio, haciendo que los derechos prevalezcan por encima de cualquier otra política”, reclama la ONG.

Las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceta y Melilla siguen produciéndose, y con ellas las heridas y los golpes. Distintas ONG desplegadas en el terreno denuncian que la deportación inmediata y sin garantías sigue siendo una práctica frecuente pero apuntan que la violencia que se vivió este sábado, cuando 239 migrantes intentaron llegar a Ceuta saltando la valla fronteriza, fue “especialmente brutal”.

Las imágenes publicadas por El Faro de Ceuta muestran cómo los agentes marroquíes golpean y arrastran a los inmigrantes que se encuentran en el entrevallado, mientras lanzan objetos contra los que aún permanecen encaramados. Cuando logran que bajen, proceden a su traslado a territorio alauí, aunque algunos estuvieran heridos.

Ca-minando Fronteras avisó al 112, donde les aseguraron que “la Guardia Civil ya estaba en el lugar”, pero cuando preguntaron si ellos prestarían asistencia sanitaria, se hizo el silencio. “Nadie nos dijo si les iban a atender, y con muchos no lo hicieron. Es una valla que está pensada para hacer daño, y una vez que se pasan nueve horas sobre concertinas todo el mundo está herido. Es mentira que no haya lesiones”, asegura la ONG.

“El médico que atendió a uno de ellos en Marruecos dijo que le podían haber matado, que fue una cuestión de centímetros. Y como este, hay muchos otros casos”, cuenta Helena Maleno, miembro del colectivo Ca-minando Fronteras. Relata las consecuencias de las decenas de devoluciones en caliente que la Guardia Civil llevó a cabo este sábado.

Nadie les preguntó de qué huían ni qué les llevaba a subirse a una valla de seis metros esquivando cuchillas. Tampoco les ofrecieron pedir asilo. Pese a que Acnur denuncia que “es evidente que entre ellos podría haber refugiados”, solo cinco lograron quedarse en Ceuta y ser atendidos en el hospital español. El resto, menores incluidos, fueron recibidos a golpes en Marruecos y hacia allí acabaron siendo empujados al otro lado de la frontera por los agentes españoles.

Adolescentes golpeados y devueltos en caliente

“Había críos de 14 y 15 años. Niños de los que, nada más verles, cualquier funcionario del Estado podría haber sospechado que eran menores y haberles identificado”, dice Maleno. No se hizo. Fueron devueltos igual que el resto, pese a que el derecho internacional prevé para ellos mecanismos especiales de protección.

“Ningún marco legal, incluido el español, puede impedir que se identifique a un menor en la frontera. Aún menos cuando se trata de niños que reclaman protección internacional y que son mucho más vulnerables”, dice a eldiario.es Sara Collantes, responsable de políticas de la infancia de Unicef. Muestra su preocupación por la situación en la frontera sur, donde asegura haber recibido denuncias de ONG que constatan la presencia de adolescentes que quieren entrar a España y son devueltos en la frontera.

Unicef denuncia que en estos casos la vulneración de derechos es triple: porque no se identifica si es o no un menor, porque no se detecta si es o no una víctima de trata y porque se ignora si necesita protección. “Por eso hay que acabar con las devoluciones automáticas, porque anulan los mecanismos de protección internacional de estos niños y quedan desprotegidos”, añade Collantes.

Acnur: “el derecho de asilo no depende de cómo entren”

Es la patera o la valla. La falta de oportunidades y alternativas legales para solicitar protección internacional deja a miles de subsaharianos con estas dos únicas opciones en su viaje de huida. Tras los acontecimientos del sábado, la Defensora del Pueblo ha recordado en un comunicado que “la legislación española y la internacional no permiten las devoluciones automáticas sin verificar de forma individualizada las circunstancias de cada persona”, tal y como se hizo en este caso, ignorando la presencia de potenciales refugiados y menores de edad entre las personas que intentaron saltar.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), por su parte, ha criticado duramente esta postura argumentando que “el aspirante a refugiado no tiene más que solicitar asilo en los puestos fronterizos” que Ceuta y Melilla deben proveer para tales fines. Los mismos que, según la Defensora del Pueblo, no funcionan.

En un informe que publicaba el organismo el pasado julio quedaba constancia de que “los ciudadanos subsaharianos no tienen acceso a al procedimiento” para pedir asilo en la frontera con Marruecos, hasta el punto de que no se ha recibido ninguna solicitud hasta la fecha.

Además, el Estatuto de los Refugiados no limita la posibilidad de pedir asilo a las personas que necesiten protección internacional, en función del modo o el lugar por el que entrar en un país. “Sea de forma regular o irregular se les debe garantizar esa posibilidad”, recuerda Acnur.

La enmienda a la Ley de Extranjería que pretendía legalizar las devoluciones en caliente, cuya retirada solicitó Naciones Unidas, tampoco avala las devoluciones automáticas. “España debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional y no negar sus derechos”, concluye Acnur.