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DESALAMBRE

Casi el 60% de los inmigrantes encerrados en los CIE en 2015 no fueron expulsados

El número de extranjeros retenidos en centros de internamiento en 2015 fue de 6.930, de los que fueron expulsados 2.871, según el informe de la Defensora del Pueblo

La institución informa también de la supervisión de vuelos de deportación, en los que el Gobierno negó la recomendación de realizar exámenes médicos previos

Las llegadas en patera y cayucos aumentaron el pasado año: 16.851personas respecto a las 12.549 de 2014

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Interior del CIE de Zona Franca, en Barcelona. / Imagen cedida.

Interior del CIE de Zona Franca, en Barcelona. / Imagen cedida.

En plena batalla de varios ayuntamientos, en especial el de Barcelona, en contra de los centros de internamientos de extranjeros (CIE), la Defensora del Pueblo ha publicado su  informe anual que los supervisa. Según los datos de la institución, en 2015 aumentó la proporción de personas que no pudieron ser expulsadas tras su encierro: en total un 59%, respecto al 53% de 2014.

La ineficacia de los centros de internamiento es una de las críticas a estos edificios, además de las críticas a las vulneraciones de los derechos humanos en su interior.

Los CIE son centros dirigidos por la Dirección General de Policía –dependientes por tanto del Ministerio del Interior–, cuya función es retener a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia en España con el objetivo de repatriarlos. Esa misión es la que queda de nuevo en evidencia con las cifras del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura(MNP) del Defensor del Pueblo: el número de internos en CIE en 2015 fue de 6.930, de los que fueron expulsados 2.871.

Las cifras que más destacan son las del CIE de Las Palmas, con solo un 2,8% de personas expulsadas tras su encierro, el de Algeciras, con el 20,5% y el de Barcelona, con un 27,7%.

Entre los motivos por los que los inmigrantes no son repatriados suelen destacar la incapacidad para saber de qué país proceden, que no haya acuerdos de repatriación con su país de origen y que se exceda el tiempo máximo de internamiento (60 días) sin que se completen todos los trámites necesarios, entre otros.

Diferentes colectivos sociales piden que cese esta práctica de detención porque, además de ineficaz, la considera innecesaria por el sufrimiento que ocasiona a los internos.

Críticas al funcionamiento de los CIE

En su función de control, la Defensora del Pueblo visitó el pasado año los centros de internamiento de CIE de Tarifa y Algeciras. La institución destaca que "sigue sin prestarse asistencia psicológica y psiquiátrica, lo que sería recomendable", que "resulta necesaria la ampliación del servicio de asistencia jurídica" a sus internos o que en Tarifa "no existe presencia permanente médica" y no han adoptado el protocolo de prevención de suicidios, entre otras.

La defensora también recomienda la asistencia social y cultural prevista en el Reglamento de los CIE y que no se aplica en estos centros. En el CIE de Tarifa, el informe indica que no se cumple con la recomendación de la institución en materia de viedovigilancia de ciertos espacios, para controlar el cumplimiento de los derechos en su interior.

Datos de expulsiones totales

En total, el informe recoge que España expulsó a 10.594 ciudadanos extranjeros en 2015, según los datos facilitados por la Dirección General de la Policía. La cifra suma a las 6.869 personas que fueron expulsadas y a las 3.725 devueltas ("personas que trataron de entrar en España por puestos no habilitados como fronteras").

De las 6.869 personas que fueron expulsadas, 5.864 tenían antecedentes penales y el resto, fueron deportados por estancia irregular.

Los datos reflejan que 3.133 extranjeros personas fueron expulsadas en operativos de deportación específicos, por lo que el resto habrían sido devueltos a sus países en vuelos regulares, con datos que recoge de la Comisaría de Extranjería y Fronteras. El grupo más amplio, 1.463 fueron ciudadanos marroquíes expulsados por Ceuta en 79 operaciones distintas. Asimismo, figuran 918 personas repatriadas a Argelia en 82 viajes en barco.

160 personas fueron trasladadas en cinco vuelos de repatriación de la agencia europea de fronteras Frontex organizados por España y 80 embarcados en 10 vuelos de Frontex organizado otros países.

Llegadas en patera

Respecto a las llegadas irregulares a España en embarcaciones, el Mecanismo Nacional de la Tortura recoge los datos del Ministerio del Interior y señala que en 2015, llegaron 16.851 personas en pateras y cayucos. La tendencia al alza se consolida: en 2014, fueron 12.549; en 2013, 3.237.

A la Península llegaron 4.248 personas, otras 9.169 lo hicieron a Melilla, 2.455 arribaron a Ceuta, 955 a las Islas Canarias y 24 a las Islas Baleares.

Vuelos de repatriación

En el año 2015 el Mecanismo ontra la Tortura supervisó cuatro  vuelos de deportación financiados por FRONTEX. En tres casos, los operativos estuvieron organizados por España, con destino a: el 28 de enero a Bogotá (Colombia) y Santo Domingo (República Dominicana); el 15 de abril a Islamabad (Pakistán); y el 24 de abril a Tirana (Albania) y Tbilisi (Georgia). El cuarto operativo, del 23 de julio y con destino Lagos (Nigeria), fue organizado por Holanda y contó con la participación de España.

En tres operativos la supervisión se alargó hasta la llegada a destino, mientras que en el de Pakistán la visita se centró en la recepción de los ciudadanos extranjeros, traslado hasta la aeronave y el embarque. Los vuelos de deportación son prácticas policiales muy opacas, de las que apenas se informan por ser "operativos policiales", en las que el Gobierno planea gastar casi 12 millones en 2016 y 2017.

La mayoría de las personas entrevistadas por la institución "se quejaron de haber sido avisados con poca antelación de la materialización de la expulsión y haber tenido problemas para comunicarse con su familia en su país de origen o para recoger todas sus pertenencias". Aunque la delegación no presenció hechos violentos, sí recogió la queja de una persona que denunciaba haber sufrido malos tratos en el traslado desde el CIE.

El informe incluye que la Administración ha rechazado la recomendación de la Defensora del Pueblo de hacer exámenes médicos a las personas antes del embarque para asegurar que la salud de esa persona le permite volar, aunque se ha aceptado la recomendación de hacerlo en caso de repatriación fallida.

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